EL ESTADO DE EXCEPCI

THE STATE OF EXCEPTION AS DAILY LIFE: POLITICAL REMILITARIZATION AND ITS IMPACT ON CITIZEN SECURITY IN VENEZUELA

  1. Introducción

    Mientras se escriben estas líneas en Caracas se escuchan disparos, en julio de 2021, una coalición de bandas de barrios caraqueños, desafiaron a los cuerpos policiales, lo que fue respondido por las autoridades, desatándose enfrentamientos entre ambos bandos. En medio del fuego cruzado, transeúntes y vecinos, que viven bajo el dominio de estos grupos delictivos, padecen ahora mayores niveles de violencia institucional que a los que ya estaban acostumbrados. En menos de una semana se cuentan 37 fallecidos (Monitor de Víctimas, 2021).

    El discurso gubernamental sobre estos eventos los presentó como un nuevo ataque de la oposición política que ahora se aliaba con grupos delictivos para derrocar al gobierno, en complicidad con sectores políticos de Colombia y EEUU. Discurso que en determinados momentos de crisis suele ser utilizado, especialmente en contextos de años electorales (Ávila, 2016, 2017). Se fusionan enemigos internos y externos como una eficaz forma de criminalizar a la oposición política y exculpar sus propias responsabilidades en la dotación y fortalecimiento de estas bandas delictivas (Antillano y Ávila, 2017; Zubillaga et al., 2021). Este es solo un ejemplo de la recurrente mezcla de políticas de seguridad ciudadana con políticas de seguridad nacional, intereses político-partidistas y electorales con mercados lícitos e ilícitos, todo en el marco de una lógica bélica.

    ¿No resulta paradójico que este tipo de violencia armada surja en el seno de un estado autoritario? ¿No se espera que éste tenga todo bajo control? ¿Es un desajuste del sistema político, un déficit, o por el contrario, es una expresión funcional del propio sistema? ¿Formará parte de un estado de guerra y de excepción permanente que se ha impuesto en el país?

    Las políticas de mano dura que reconfiguran y empoderan a algunos grupos criminales (Cruz, 2010; Antillano y Ávila, 2017; Rodrigues, 2019; Lessing, 2020; Zubillaga et al., 2021), engranan de manera armónica con una aparente fragmentación estatal y lógica bélica que genera múltiples funcionalidades políticas (Vásquez, 2009; Ávila, 2017, 2018a; 2022) y económicas para sectores gubernamentales que establecen alianzas, lícitas e ilícitas, con diversidad de actores públicos y privados (Terán, 2021; Vázquez & Rodríguez, 2021; Penfold, 2021; López Maya, 2021; Antillano et al, 2020; Polga, 2019; Andréani, 2018; Fonseca et al., 2016; Mbembe, 2011a).

    En la lógica bélica, las relaciones son de enemistad y "para vivir, es ineludible que masacres a tus enemigos (...) no son los adversarios en el sentido político del término; son los peligros, externos o internos, con respecto a la población y para la población" (Foucault, 2001:231). Esta lógica bélica, este estado de sitio, se instaura a través de un permanente estado de excepción (Agamben, 2005, 2006; Mbembe, 2011b), en el que el gobierno venezolano se presenta estratégicamente como una víctima (Llorens, 2018) constantemente amenazada, por enemigos de diversa naturaleza, que dependiendo de la coyuntura y de los requerimientos oficiales pueden mutar, intercambiarse o fusionarse, pasar de externos a internos o viceversa.

    Entre sus enemigos externos destaca el imperialismo norteamericano y sus aliados. Los internos están compuestos, en primer lugar, por los jóvenes pobres y racializados, que son estigmatizados como delincuentes, blancos de una represión masiva y letal a través de operativos policiales militarizados, que se realizan en nombre de la seguridad ciudadana. En un nivel muy distinto se ubicaría también la oposición política o cualquier disidente, que son objeto de una represión menos letal y más selectiva, cuantitativamente menos significativa, pero con mucho mayor impacto político y mediático (Andréani y Ávila, 2021; Ávila, 2020a; 2018a; Ávila y Gan, 2018). Con estos chivos expiatorios se justifican distintas políticas gubernamentales (sociales, económicas y represivas). Es importante advertir que el chavismo lleva en el poder 23 años, que su comportamiento no es, ni ha sido, uniforme, sus motivaciones y circunstancias han variado. Algunas de las amenazas que el gobierno venezolano ha denunciado partieron de un fundamento real, una vez controladas o extintas fueron estiradas y revividas constantemente en su propio beneficio. Es así como se ha establecido de manera incremental un estado de excepción permanente en el país. ¿Cómo sucedió esto? ¿Siempre ha sido así? ¿Hubo algún detonante?

    Los militares históricamente han tenido un papel protagónico en Venezuela (Irwin, 2003; Fonseca et al., 2016), este rol tuvo un paréntesis entre 1958 y 1998 cuando se crea un nuevo régimen, basado en un sistema populista de conciliación de élites conocido popularmente como el Pacto de Punto Fijo (Van der Dijs, 1999; Rey, 2003), en el que los militares regresaron a sus cuarteles y los civiles dominaron la conducción política del país. Luego de la crisis de ese régimen político, con la victoria electoral de Hugo Chávez en 1998, el protagonismo de los militares en la política nacional retornó, profundizándose e incrementándose a partir del breve golpe de estado del 11 de abril de 2002 (11-A). Después de este momento la lógica bélica impregnó progresivamente todas las áreas de la política nacional, dentro de ellas la seguridad ciudadana y las prácticas policiales. Nicolás Maduro a partir de la muerte de Chávez lo que ha hecho es expandir e institucionalizar estas lógicas y prácticas. En este texto se intentará hacer una primera descripción de este proceso de militarización ocurrido entre los años 1999 y 2020, sus repercusiones sobre las políticas de seguridad ciudadana y el derecho a la vida en la Venezuela post Chávez.

    También se intentará enmarcar diversos trabajos sobre seguridad ciudadana, reforma policial, violencia institucional, uso de la fuerza letal y derecho a la vida que el autor ha realizado durante los últimos siete años (Ávila, 2022; 2020a; 2019a; 2018a; 2017; 2016; 2015), dentro del proceso de militarización generalizado del país, que trasciende en mucho a estas áreas de la política y de la vida social.

    ¿Desde dónde partir? Ideas base y contexto

    La idea de militarización debe acotarse porque pudiera ser cualquier cosa, especialmente en el debate latinoamericano, en especial porque trasciende en mucho al tema policial, así como la naturaleza, adscripción, mando, formación y tácticas de estos cuerpos. En ocasiones se trata de una forma de denuncia general de fenómenos muy diversos entre sí, que se pierden en la compleja y dinámica coyuntura venezolana que no brinda muchas oportunidades para teorizaciones. La militarización no solo se reduce al ejercicio de los militares en determinadas actividades (militarismo), que en el caso venezolano trasciende en mucho al tema de la seguridad para abarcar toda la política del país. Por militarización debe también comprenderse la cultura, prácticas y lógicas bélicas internalizadas y llevadas a cabo por los distintos actores políticos, institucionales y sociales (Ávila, 2019a).

    Para hacer estas reflexiones se considera necesario antes presentar algunas ideas y advertencias que sirven de punto de partida y contextualizan al caso venezolano:

    1. Autoritarismo caótico hibrido: entre la mayoría de los politólogos hay consenso en caracterizar al actual régimen político venezolano como un autoritarismo hegemónico con rasgos totalitarios y sultanísticos (Magdaleno, 2020; López Maya 2021), y predominio militar muy importante (Penfold, 2021; Diamanti & Tedesco, 2020; García-Guadilla, 2020). En este análisis no se pretende presentar al Estado autoritario como un todo ordenado, homogéneo, verticalizado, centralizado, monolítico, que tiene todo bajo control, que está exento de fisuras, fragmentaciones, facciones o contradicciones. Un Estado autoritario puede ser también caótico, precario institucionalmente y promover la creación de pequeños feudos, que operan con ciertos niveles de autonomía, que pueden incluso competir y enfrentarse entre sí, pero a su vez tienen también ciertos niveles de articulación y cohesión (1). Las fuerzas de seguridad son una parte constitutiva de esta lógica, la condición sería que mantengan bajo control a cualquier elemento que pueda disputarle a la coalición gobernante el poder sobre el Estado, su estabilidad, así como las distintas rentas que éste genera. Se trata de una relación de interdependencia que no gira en torno a intereses públicos, sino particulares y corporativos. Justamente por esas características desde el Estado se puede ejercer una mayor violencia, porque se tienen menos límites y controles.

      En ocasiones el caos es generado por el propio régimen político, en otras es dilatado y extendido por éste, en estas situaciones extremas es que puede desarrollar plenamente su carácter hibrido. El caos y la guerra son un hábitat perfecto para este espécimen (2), la excepcionalidad que generan ofrece condiciones y oportunidades que le permite componerse de elementos de distinta naturaleza, lo que le otorga una altísima capacidad de adaptación, resistencia y sobrevivencia. De allí su hibridez entre lo civil y lo militar, lo electoral y lo dinástico, lo legal y lo ilegal, lo oficial y lo no oficial, lo estatal y lo privado, lo público y lo clandestino, lo controlado y lo descontrolado, de afirmación y negación a la vez. Se trata de un régimen político que comparte las mismas características del vigilantismo, escuadrones de la muerte o grupos exterminio (Waldmann, 1995; Ávila, 2022).

      Es algo similar a lo que Mbembe (2011b) describe como la transformación del Estado en una máquina de guerra, que combina una pluralidad de funciones: "Tiene rasgos de una organización política y de una sociedad mercantil. Actúa mediante capturas y depredaciones y puede alcanzar enormes beneficios" (p.59). Es una forma de gobierno privado indirecto, cuyo poder puede...

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