Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Miranda, de 26 de Septiembre de 2013

Fecha de Resolución26 de Septiembre de 2013
EmisorJuzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo
PonenteTania Yanett Rivas Sojo
ProcedimientoRecurso De Nulidad

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL

TRABAJO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE LOS VALLES DEL TUY DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA CON SEDE EN CHARALLAVE.

203° y 154°

N° DE EXPEDIENTE: 561-11

PARTE RECURRENTE: INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.)

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE RECURRENTE: J.T., A.D., KATYAN BASTARDO, J.G., E.A.M.C., C.M.V., J.D.R.H., C.L.U.C., L.Z.O., V.A.M.G., E.M.M., T.P., MARGARET VASQUEZ, JEIKA M.L.P., C.H.G., B.T.D., S.E.M.T., LUBELYS RIVERO COLMENARES, G.G. CONTRERAS Y R.M.D.L.A.G.V. inscritos en el IPSA bajo los Nros. 111.831, 123.267, 105.155, 13.731, 26.482, 97.032, 48.187, 80.966, 82.210, 127.873, 117.136, 116.643, 124.000, 117.677, 17.555, 13.047, 30.725, 108.675, 129.382 Y 144.678, respectivamente.

PARTE RECURRIDA: INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA PARTE RECURRIDA:

(Procuraduría General de la República) NO SE CONSTITUYÓ REPRESENTACIÓN ALGUNA EN EL PRESENTE JUICIO

REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO: Abogada A.C.C., inscrita en el I.P.S.A. bajo el Nro. 75.676, actuando en su carácter de FISCAL TRI DEL MINISTERIO PÚBLICO A NIVEL NACIONAL CON COMPETENCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO.

MOTIVO:

Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad conjuntamente con Medida Cautelar de Suspensión de Efectos, de la P.A. Nº 00180, de fecha 20/07/2011, contenida en el expediente Nº 017-2011-01-00009, emanada de la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, Estado Bolivariano de Miranda, que declaró CON LUGAR la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos del ciudadano trabajador C.A.D.P..

TERCERO INTERESADO: C.A.D.P., titular de la cédula de identidad No. V-6.004.447.

ABOGADA ASISTENTE DEL TERCERO INTERESADO: Abogada ALEXNELLYS ORTÍZ, inscrita en el I.P.S.A. bajo el Nro. 93.638.

ANTECEDENTES DE LOS HECHOS

Se inicia la presente causa mediante escrito presentado por el Abogado J.D.R.H., inscrito en el IPSA bajo el Nº48.187, actuando en su carácter de Apoderado Judicial del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO, (I.F.E.), en fecha 03 de noviembre de 2011, ante la Unidad de Recepción de Documentos de este Circuito Judicial Laboral.

En fecha 08 de noviembre de 2011, se admitió el presente recurso y se ordenó la notificación a la parte recurrida; Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy del Estado Bolivariano de Miranda, al Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela y al Fiscal General del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, se ordenó enviar exhorto a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua a objeto de que practicara la notificación del ciudadano C.A.D.P., titular de la cédula de identidad No. V-6.004.447, como Tercero Interesado en la presente causa, de conformidad a lo previsto en decisión No.1157 de fecha 11 de Julio de 2008, de la Sala Constitucional, con ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

En fecha 15 de noviembre de 2011, se acordó la medida de cautelar de suspensión de efectos de la P.A. Nº 00180, contenida en el expediente Nº 017-2011-01-00009, de fecha 20 de Julio de 2011, emanada de la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy del Estado Bolivariano de Miranda, que declaró CON LUGAR la solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos del ciudadano trabajador C.A.D.P., titular de la cédula de identidad No. V-6.004.447.

En fecha 09 de marzo de 2012 el ciudadano C.A.D.P., titular de la cédula de identidad No.6.004.447, tercero interesado en la presente causa, se dio por notificado, siendo asistido por la Procuradora del Trabajo Abogada LIGMAR M.M.U., inscrita en el I.P.S.A. bajo el No. 97.459, mediante diligencia.

En fecha 12 de abril de 2012, cumplidas como fueron las notificaciones ordenadas, este Tribunal dictó auto mediante el cual fijó la oportunidad para la celebración de la Audiencia de Juicio, para el día 04 de Mayo del 2012 a las diez de la mañana (10:00 a.m.).

En fecha 04 de Mayo de 2012, se celebró la Audiencia de Juicio, dejando constancia de la comparecencia de la Abogada R.M.D.L.A.G.V., inscrita en el I.P.S.A. bajo el Nro. 144.678, actuando en su carácter de Apoderada Judicial de la parte recurrente, INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), así como de la comparecencia del ciudadano C.A.D.P., titular de la cédula de identidad No. V-6.004.447, en su condición de Tercero Interesado, debidamente asistido por la Procuradora de Trabajadores Abogada ALEXNELLYS ORTIZ, inscrita en el I.P.S.A. bajo el No.93.638. De igual manera, se dejó constancia de la incomparecencia de (i) la parte recurrida, Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy, ni por medio de Representante Legal o Apoderada Judicial, ni por medio de Apoderado Judicial de la Procuraduría General de la República; y (ii) de la representación del Ministerio Público.

DE LA COMPETENCIA DE ESTE JUZGADO DE JUICIO DEL TRABAJO

Como punto previo, debe este Tribunal pronunciarse acerca de la competencia para conocer de la presente causa, y al respecto observa que en el caso de autos se pretende la nulidad de la P.A. signada con el Nº 00180, contenida en el expediente Nº 017-2011-01-00009, de fecha 20 de Julio de 2011, emanada de la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy del Estado Bolivariano Miranda, que declaró CON LUGAR la solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos del ciudadano trabajador C.A.D.P., titular de la cédula de identidad No. V-6.004.447.

En este orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia de carácter vinculante No. 955 de fecha 23/09/2010, que interpretó el numeral 3º del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuya sentencia dejó establecido que los Tribunales del Trabajo tienen competencia para conocer de los actos administrativos dictados por la Inspectoría del Trabajo, relacionados con la inamovilidad en el marco de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo, relativos a la inejecución de dichos actos administrativos; siendo reiterado tal criterio mediante decisiones signadas con los números 254 y 256 de fecha 15/03/11, ambas emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así las cosas, y visto que el presente juicio se refiere a un Recurso de Nulidad ejercido en contra de la P.A. supra mencionada, en total acatamiento de las decisiones antes nombradas, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Charallave, se declara COMPETENTE para conocer de la presente acción. ASÍ SE DECIDE.

FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO

La representación judicial de la parte recurrente señala en su escrito recursivo, que el acto administrativo impugnado emanado de la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, P.A. signada con el Nº 00180, contenida en el expediente Nº 017-2011-01-00009, de fecha 20 de Julio de 2011, que declaró CON LUGAR la solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos del ciudadano trabajador C.A.D.P., titular de la cédula de identidad No. V-6.004.447, contiene violaciones de orden Constitucional y Legal. En este sentido, delata la recurrente los siguientes vicios:

1) Vicio de Falso Supuesto: indicando a tal efecto que la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, del Estado Bolivariano de Miranda, partió de un falso supuesto al establecer la carga de la prueba sobre los hechos controvertidos al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), a fin de que demostrara tanto la inamovilidad como el despido, manifestando la representación judicial de la recurrente a tal efecto, que la carga de la prueba le correspondía al trabajador C.A.D.P., y que, de haberlo considerado así la Inspectoría, el mismo no hubiese logrado probar la inamovilidad, toda vez que como está probado en autos -a su decir- el trabajador era empleado público contratado y mal podría pretender el reconocimiento de la inamovilidad del mismo por parte del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), en el desempeño de un cargo público, cuando la única forma de ingresar a la carrera administrativa es mediante concurso público, de conformidad con lo establecido en el artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hecho éste que no fue considerado por la Inspectora del Trabajo, por cuanto de haberlo hecho, habría declarado SIN LUGAR la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos efectuado por el trabajador C.A.D.P..

2) Quebrantamiento de normas: señalando la representación judicial del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.) que la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, del Estado Bolivariano de Miranda, quebrantó el artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al ordenar el reenganche de un empleado público contratado, obligando de tal manera al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.) a ingresar al ciudadano antes identificado, mediante una forma distinta a la prevista en la norma constitucional, que es a través de concurso público. Además, manifestó que la Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy quebrantó el artículo 39 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, ya que el contrato no puede constituirse como una vía para el ingreso a la Administración Pública, y la orden impartida por la ciudadana Inspectora del Trabajo constituye un constreñimiento para ingresar por vía inconstitucional e ilegal al ciudadano C.A.D.P.. Finalmente, delata que la Inspectora del Trabajo quebrantó el artículo 89 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en virtud de que nada refirió en relación a que el trabajador era un funcionario contratado, pues de haberlo considerado no habría declarado Con Lugar la solicitud y, en consecuencia, ordenado el Reenganche y Pago de Salarios Caídos.

DE LA AUDIENCIA DE JUICIO

En la Audiencia de Juicio que fue celebrada en fecha 04 de Mayo de 2012 en la sede de este Tribunal, de conformidad con el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la Apoderada Judicial del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.) -hoy recurrente-, Abogada R.M.D.L.A.G.V., inscrita en el I.P.S.A. bajo el Nro. 144.678, consignó escrito de pruebas constante de dos (02) folios útiles sin anexos y escrito de resumen de alegatos constante de tres (03) folios útiles, y en relación a la exposición de sus alegatos indicó lo siguiente:

Se interpone recurso de nulidad contra providencia 00180, de fecha 20/07/2011, mediante la cual se ordena el Reenganche y Pago de Salarios Caídos a favor del ciudadano C.A.D., incurriendo la administración en falso supuesto. Violentando el artículo 146 CRBV, toda vez que la orden impartida constituye un constreñimiento a ingresar a la (sic) trabajadora (sic) a la administración pública de forma contraria a dicha norma. Artículo 39 LEFP, por cuanto el contrato no es una forma de ingreso a la administración pública. Artículo 89 LOPA, los asuntos sometidos al conocimiento del ente administrativo deben ser resueltos y la inspectoría no se pronunció con respecto a que se tratara de una (sic) trabajadora (sic) contratada (sic) a tiempo determinado. Es por ello que solicitamos se declare con lugar el recurso de nulidad.

Por su parte, la Abogada Asistente ALEXNELLYS ORTIZ, inscrita en el I.P.S.A. bajo el No.93.638, asistiendo en este acto al ciudadano C.A.D.P., tercero interesado en la presente causa, consignó escrito de pruebas constante de dos (02) folios útiles y dos (02) anexos de siete (07) folios útiles, y con respecto a la exposición de sus alegatos indicó lo siguiente:

Es importante destacar que estamos acá como terceros interesados en virtud del despido efectuado al trabajador en fecha 02/01/2011, por lo cual se amparo (sic) por la inamovilidad e interpuso procedimiento y obteniendo p.a. 00180, seguidamente se inicio (sic) la ejecución de la misma, y quedo (sic) plasmada la negativa de la empresa, posteriormente en fecha 03/10/2011, fue reenganchado a su puesto de trabajo en las mismas condiciones, todo ello en virtud de la inamovilidad previstas (sic) para su condición solicitamos se declare sin lugar el recurso de nulidad. Solicitamos sea declarada sin lugar la solicitud de nulidad.

Posteriormente la ciudadana Juez solicita dejar constancia de lo indicado por el trabajador, quien señaló lo siguiente:

Ingresé al IFE el 01/08/2008, como AUXILIAR DE TRAFICO A, mi reincorporación se efectuó el día 03/10/2011, fui llamado por Recurso Humanos del IFE para prestar servicio nuevamente.

Asimismo, durante el desarrollo de la Audiencia de Juicio, se dejó constancia de la incomparecencia de (i) la representación del Ministerio Público; y (ii) de la parte recurrida Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy, ni por medio de Representante Legal o Apoderado Judicial, ni por medio de Apoderado Judicial de la Procuraduría General de la República.

DE LAS PRUEBAS APORTADAS:

PRUEBAS DE LA PARTE RECURRENTE

INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.)

Pruebas Documentales:

1- Marcado con la letra “B”, cursa desde el folio 19 al 29 de la pieza principal del presente expediente, documental presentada adjunta al escrito recursivo, correspondiente a copia simple de la P.A. signada bajo el No. 00180, de fecha 20/07/2011, correspondiente al Expediente Administrativo No.017-2011-01-00009, llevado ante la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, del Estado Bolivariano de Miranda, en relación con el procedimiento de Reenganche y Pago de Salarios Caídos interpuesto por el ciudadano C.A.D.P., titular de la cédula de identidad No.V-6.004.447, en contra del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.).

En lo concerniente a la referida documental, se observa que por ante la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, del Estado Bolivariano de Miranda, cursó procedimiento con motivo de la solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos, incoada por el ciudadano C.A.D.P., titular de la cédula de identidad No.V-6.004.447, y que la referida Inspectoría mediante P.A.N.. 00180 de fecha 20/07/2011 procedió a declarar CON LUGAR dicha solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos, ordenando al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), a restituir al ciudadano C.A.D.P., a su puesto de trabajo en las mismas condiciones que poseía para el momento del despido. Se evidencia también, que se adjudicó a la hoy recurrente la carga de probar los hechos nuevos alegados. Igualmente, se observa que la Inspectoría del Trabajo recurrida no le otorgó valor probatorio a los documentales denominados “MEMORANDUM Nº M-GORC-09-0271, DEPÓSITO DE IAFE, PLANILLA DE RECAUDACIÓN, MEMORANDO Nº M-ORH-440, CARNET, COMUNICACIÓN DE ENTREGA DEL BONO DE ALIMENTACIÓN” (folios 51 al 57, 61, 66 y 68 del presente expediente), indicando que, a su criterio, no se desprende de ellos que el cargo de “Auxiliar de Tráfico A” revista las características de un trabajador de confianza, y por ende, no demuestran los fines pretendidos por el promovente. Ahora bien, visto que el instrumento probatorio fue presentado en copia simple, y por cuanto el mismo reviste el carácter de documento público de carácter administrativo, al no ser desvirtuado mediante otro instrumento, en tal sentido, de conformidad con lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, concatenado con lo dispuesto en los artículos 1.359 y 1360 del Código Civil Venezolano, se le otorga pleno valor probatorio. Y ASÍ SE ESTABLECE.

2- Marcado con la letra “C”, cursa al folio 30 de la pieza principal del presente expediente, documental presentada adjunta al escrito recursivo, correspondiente a copia simple de Cartel de Notificación de fecha 20/07/2011 emanado de la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, del Estado Bolivariano de Miranda dirigido al representante legal del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), correspondiente al expediente administrativo 017-2011-01-00009.

En cuanto a la mencionada documental, se observa que el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), fue notificado de la P.A. objeto del presente Recurso de Nulidad, en fecha 28/07/2011. Este Juzgado evidencia que dicha documental fue presentada en copia simple, y en virtud de que reviste el carácter de documento público administrativo y al no ser desvirtuado mediante otro instrumento, conforme a lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en los artículos 1.359 y 1360 del Código Civil Venezolano, en consecuencia, se le otorga valor probatorio. Y ASÍ SE ESTABLECE.

3- Marcado con la letra “D”, cursa desde el folio 31 al 90 de la pieza principal del presente expediente, documental presentada adjunta al escrito recursivo correspondiente a copias certificadas del Expediente Administrativo No. 017-2011-01-00009, correspondiente al procedimiento de Reenganche y Pago de Salarios Caídos interpuesto por el ciudadano C.A.D.P., titular de la cédula de identidad No. V-6.004.447 en contra del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), llevado ante la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, del Estado Bolivariano de Miranda.

Se evidencia de las documentales in commento que, por ante la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, del Estado Bolivariano de Miranda, cursó procedimiento con motivo de la solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos interpuesta por el ciudadano C.A.D.P., titular de la cédula de identidad No. V-6.004.447, en contra del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), el cual fue signado con el No. 017-2011-01-00009, en el que se dictó la P.A.N.. 00180, de fecha 20 de julio del 2011, que declaró CON LUGAR la solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos, ordenando al referido Instituto restituir al trabajador accionante a su puesto de trabajo, en las mismas condiciones que poseía para el momento del despido. Ahora bien, revisadas como han sido las copias certificadas antes mencionadas, es de imperiosa necesidad para este Juzgado, hacer especial énfasis en las siguientes documentales:

1) Cursa a los folios 45 y 46 Acta de fecha 03 de marzo de 2011, con motivo de la oportunidad para que la representación del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), diera contestación a la solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos interpuesta en su contra por el ciudadano C.A.D.P..

En lo que respecta a la referida Acta, se observa que en la oportunidad para que el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), diera contestación a la solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos interpuesta en su contra por el ciudadano C.A.D.P., acudió la representación del Instituto mediante el abogado S.M.T., inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nro. 30.725, siendo preguntado por el funcionario de la Inspectoría del Trabajo, de conformidad con lo previsto en el artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo, sobre los siguientes particulares: (i) ¿Si el solicitante presta servicios para la empresa?; (ii) ¿Si reconoce la inamovilidad del solicitante?; y (iii) ¿Si se efectuó el despido, el traslado o la desmejora invocada por el solicitante? Contestando negativamente a los tres particulares y alegando, además, hechos nuevos que se traducen en que el ciudadano C.A.D.P. era un empleado de confianza –a su decir-, motivo por el cual esa Inspectoría era incompetente para conocer del asunto, ya que no se trata de un obrero, sino de un empleado público a quien se le aplica las normas estatutarias, mas no las laborales, según el artículo 3º del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, y por ello no goza de inamovilidad ni estabilidad laboral. En tal sentido, siendo que la referida documental es un documento público de carácter administrativo que no fue desvirtuado por otro medio probatorio este Juzgado en consecuencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.359 y 1.360 del Código Civil Venezolano, les otorga pleno valor probatorio. Y ASÍ SE ESTABLECE.

2) Riela a los folios 51 al 53, “MEMORANDUM” de fecha 20 de octubre de 2009, emitido por la “Gerencia Operativa Región Central”, y dirigido a la Oficina de Recursos Humanos, través del cual se realiza la Descripción del Cargo de Auxiliar de Tráfico A.

Del prenombrado instrumento probatorio se desprende que las funciones a desempeñar por el personal en el cargo de Auxiliar de Tráfico A, en el cual se encontraba prestando servicios el ciudadano C.A.D.P., consistían en:

• Asegurar una excelente atención a los pasajeros mediante el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos por la Institución;

• Informar al supervisor sobre cualquier incidencia suscitada en el área donde desempeña funciones en la estación;

• Realizar diariamente la venta de boletos (token y tarjetas), recarga, actualización de tarjetas sin contacto (TSC) y cobro de multas; y

• Cumplir fielmente con los horarios y rutinas establecidas por la Institución. (Subrayado de este Juzgado).

A tal respecto, se observa que se trata de funciones que se realizan durante la actividad diaria y permanente dentro del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), sin que ello comporte algún tipo de conocimiento técnico especializado para ejecutarlas. En este sentido, siendo que la referida documental es un documento de carácter privado que no fue atacada ni desvirtuada por otro medio probatorio, este Juzgado en consecuencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con los artículos 1.363 y 1.364 del Código Civil Venezolano, les otorga pleno valor probatorio. Y ASÍ SE ESTABLECE.

3) Riela a los folios 56 y 57, “MEMORANDO” de fecha 02 de marzo de 2011 emitido por el Jefe de la “Oficina de Recursos Humanos” y dirigido a la “Oficina de Consultoría Jurídica” a través del cual se realiza Descripción del Cargo de Recaudador.

En cuanto a esta documºental, se aprecia que se trata de la descripción de las funciones que realiza el personal con cargo de “Recaudador” dentro del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), sin embargo, por cuanto nos encontramos ante el presente caso de un empleado que se desempeñó con el cargo de “Auxiliar de Tráfico A”, reconocido así por las partes desde un principio, el cual en modo alguno guarda relación con la presente causa, toda vez que el ciudadano C.A.D.P. no se desempeñó como Recaudador para el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), sino que su cargo era de Auxiliar de Tráfico “A”, en tal sentido, este Juzgado visto que la documental in commento no guarda relación con el punto controvertido en la presente causa, en consecuencia no le otorga valor probatorio alguno, y en consecuencia la desecha por impertinente. Y ASÍ SE ESTABLECE.

4) Riela a los folios 62 y 63, “Recibos de Pago”, correspondiente al ciudadano C.A.D.P., titular de la cédula de identidad Nro. V-6.004.447.

En lo referente a la documental señalada en este punto, observa este Juzgado que entre el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.) y el ciudadano C.A.D.P., titular de la cédula de identidad Nº 6.004.447, existió un vinculo laboral, prestando el referido ciudadano sus servicios en dicho organismo como personal contratado, y desempeñándose con el cargo de Auxiliar de Tráfico “A”. En tal sentido, siendo que la referida documental es un documento de carácter privado que no fue atacada ni desvirtuada por otro medio probatorio, este Juzgado en consecuencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con los artículos 1.363 y 1.364 del Código Civil Venezolano, les otorga pleno valor probatorio. Y ASÍ SE ESTABLECE.

5) Cursa a los folios 73 al 83, P.A.N.. 00180 de fecha 20/07/2011 dictada por la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, del Estado Bolivariano de Miranda, en el expediente No. 017-2011-01-00009.

En lo que respecta a la documental in commento se observa que cursó por ante la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, del Estado Bolivariano de Miranda, procedimiento contentivo de la solicitud de Reenganche y Pago de los Salarios Caídos interpuesta por el ciudadano C.A.D.P., titular de la cédula de identidad No.V.-6.004.447, en contra del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), la cual fue declarada CON LUGAR ordenando al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), restituir al ciudadano ut supra identificado a su puesto de trabajo, en las mismas condiciones que poseía para el momento del despido, así como cancelar los salarios dejados de percibir por el trabajador desde el momento del ilegal despido hasta la fecha en la que se produzca la reposición efectiva a su puesto de trabajo. En tal sentido, siendo que la referida documental es un documento público de carácter administrativo que no fue desvirtuado por otro medio probatorio este Juzgado en consecuencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.359 y 1.360 del Código Civil Venezolano, le otorga pleno valor probatorio. Y ASÍ SE ESTABLECE.

6) Riela al folio 85 Cartel de Notificación dirigido al Representante Legal del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), haciendo de su conocimiento que mediante la P.A.N.. 00180 de fecha 20/07/2011, la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, del Estado Bolivariano de Miranda, declaró CON LUGAR la Solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos interpuesta por el ciudadano C.A.D.P..

En lo que concierne a la documental supra mencionada de la misma se evidencia que el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.) fue notificado debidamente en fecha 28/07/2011, de la decisión proferida por la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, del Estado Bolivariano de Miranda, que declaró CON LUGAR la Solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos interpuesta por el ciudadano C.A.D.P. en contra del referido Instituto. En tal sentido, siendo que la referida documental es un documento público de carácter administrativo que no fue desvirtuado por otro medio probatorio este Juzgado en consecuencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.359 y 1.360 del Código Civil Venezolano, le otorga pleno valor probatorio. Y ASÍ SE ESTABLECE.

7) Cursa al folio 86 y 87 Acta de fecha 02/08/2011, emanada de la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, con motivo del acto para que la representación del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), diera cumplimiento voluntario a la orden de Reenganche y pago de Salarios Caídos del ciudadano C.A.D.P..

En lo que respecta a la referida acta, se observa que en la oportunidad para que el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.) diera cumplimiento voluntario a la P.A. Nº 00180, de fecha 20/07/2011, emanada de la Inspectoría del Trabajo en los valles Tuy, mediante el cual se declaró CON LUGAR la solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos interpuesta por el ciudadano C.A.D.P., titular de la cédula de identidad No. 6.004.447, en contra del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), se dejó constancia en dicha acta de la no comparecencia de la parte accionada al acto de cumplimiento voluntario a lo ordenado en la P.A. in commento. En tal sentido, siendo que la referida documental es un documento público de carácter administrativo que no fue desvirtuado por otro medio probatorio este Juzgado en consecuencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.359 y 1.360 del Código Civil Venezolano, le otorga pleno valor probatorio. Y ASÍ SE ESTABLECE.

8) Cursa al folio 88 “Memorandum”, de fecha 02/08/2011, dirigido al SERVICIO DE SANCIONES, suscrito por la Inspectora del Trabajo Jefe ABG. N.M.J.F..

En lo que respecta a la referida documental, se evidencia que en virtud del incumplimiento voluntario a la P.A.N.. 00180, de fecha 20/07/2011, por parte de la accionada, INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), en proceder a restituir al ciudadano C.A.D.P., a su puesto de trabajo, en las mismas condiciones que poseía para el momento en que se produjo el despido, se libró Memorandum dirigido al Servicio de Sanciones de la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, a los fines de dar inicio al procedimiento sancionatorio al referido instituto. En tal sentido, siendo que la referida documental es un documento público de carácter administrativo que no fue desvirtuado por otro medio probatorio este Juzgado en consecuencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.359 y 1.360 del Código Civil Venezolano, le otorga pleno valor probatorio. Y ASÍ SE ESTABLECE.

9) Cursa al folio 89 “Informe de Inspección Ejecución Forzosa”, suscrito por el Abogado I.G., en su condición de JEFE DE SALA LABORAL (E) EN LOS VALLES DEL TUY.

En lo que concierne a la documental supra mencionada de la misma se evidencia que en virtud del incumplimiento del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.) a la P.A.N.. 00180, de fecha 20/07/2011, correspondiente al expediente administrativo Nº 017-2011-01-00009, llevado ante la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY, en proceder a restituir al ciudadano C.A.D.P., a su puesto de trabajo en las mismas condiciones que poseía para el momento en que se efectuó el despido, procediendo la Inspectoría del Trabajo a través de funcionario adscrito a dicho organismo, a trasladarse a la sede del referido Instituto a los fines de constatar si se efectuó el reenganche del ciudadano trabajador C.A.D.P. a su puesto de trabajo, y a tal efecto se dejó constancia. En tal sentido, siendo que la referida documental es un documento público de carácter administrativo que no fue desvirtuado por otro medio probatorio este Juzgado en consecuencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.359 y 1.360 del Código Civil Venezolano, le otorga pleno valor probatorio. Y ASÍ SE ESTABLECE.

PRUEBAS DE LA PARTE RECURRIDA

En la oportunidad de la Audiencia de Juicio se dejó constancia de la incomparecencia tanto de la parte recurrida, INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY, DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, así como de representación alguna por parte de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por lo tanto la misma no consignó escrito de pruebas, por lo cual este Juzgado deja establecido que no hay prueba alguna sobre la cual emitir pronunciamiento. ASÍ SE ESTABLECE.

PRUEBAS DEL TERCERO INTERESADO.

ÚNICO: En cuanto a las pruebas documentales consignadas por el tercero interesado, ciudadano C.A.D.P., titular de la cédula de identidad No. V-6.004.447, se encuentran las siguientes:

1- Marcado con la letra “A”, cursa desde el folio 128 al 133 de la pieza principal del presente expediente, copia simple de RECIBOS DE PAGO emitidos en fecha 26/04/2012, correspondientes al periodo Enero-Marzo del 2012, expedido por la Oficina de Recursos Humanos del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), correspondiente al ciudadano C.A.D.P., titular de la cédula de identidad No. V-6.004.447.

En cuanto a la mencionada documental, este Juzgado evidencia que, para el 24 de abril de 2012, fecha en que se expidieron los recibos de pago del ciudadano C.A.D.P., correspondientes a los meses de enero al mes de marzo de 2012, el antes identificado trabajador había cumplido un tiempo de servicio de tres (3) años con ocho (8) meses y veinticinco (25) días, en el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), en el cargo de “Auxiliar de Tráfico A” desde el 01/08/2008. En tal sentido, siendo que las referidas documentales son documentos de carácter privado que no fueron atacadas ni desvirtuadas por otro medio probatorio, este Juzgado en consecuencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con los artículos 1.363 y 1.364 del Código Civil Venezolano, les otorga pleno valor probatorio. Y ASÍ SE ESTABLECE.

2- Marcado con la letra “B”, cursante al folio 134 de la pieza principal del presente expediente, copia simple de C.D.T. emitida en fecha 26/04/2012 emanada de la Oficina de Recursos Humanos del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), correspondiente al ciudadano C.A.D.P., titular de la cédula de identidad No. V-6.004.447, en el cargo de Auxiliar de Tráfico A.

Conforme a la documental precedente, se aprecia que el ciudadano trabajador C.A.D.P., titular de la cédula de identidad No. V-6.004.447, se encontraba prestando servicios para el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), desde el 01/08/2008, desempeñándose en el cargo de “Auxiliar de Tráfico A”. En tal sentido, siendo que las referidas documentales son documentos de carácter privado que no fueron atacadas ni desvirtuadas por otro medio probatorio, este Juzgado en consecuencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con los artículos 1.363 y 1.364 del Código Civil Venezolano, les otorga pleno valor probatorio. Y ASÍ SE ESTABLECE.

DE LA OPINIÓN FISCAL

La Abogada A.C.C., inscrita en el I.P.S.A. bajo el Nro. 75.676, actuando en su carácter de FISCAL TRIGÉSIMA TERCERA DEL MINISTERIO PÚBLICO A NIVEL NACIONAL CON COMPETENCIA EN MATERIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y CONTENCIOSO ESPECIAL INQUILINARIO, mediante escrito presentado en fecha 04 de octubre de 2012, emitió su opinión en los siguientes términos:

En criterio de esta Representación Fiscal, la Inspectoría del Trabajo de los Valles del Tuy del estado Miranda, no ha debido entrar a considerar que el trabajador estaba protegido por la inamovilidad laboral alegada, sin entrar a analizar prima facie la condición del trabajador, por estar éste al servicio de un Instituto del estado.

Sobre este particular, quien suscribe, considera que la referida Inspectoría del Trabajo incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho, al considerar a el (sic) ciudadano C.A.D.P., como un empleado amparado por el decreto de inamovilidad, a pesar de que el mismo se desempeñó como contratado del Instituto de Ferrocarriles del Estado y en consecuencia no resultaba procedente su reenganche, pues ello establecería una forma ilegal de ingreso a la administración pública distinta al concurso, siendo que el caso de los trabajadores contratados a tiempo determinado por la administración, difiere sensiblemente del caso de aquellos contratados por empresas privadas.

(…)

De igual manera y sin lugar a dudas al estarse en presencia de una relación de empleo público el Inspector del Trabajo no era el funcionario competente para conocer del asunto sometido a su conocimiento, pues, son lo (sic) Jueces Superiores con Competencia en lo Contencioso Administrativo los llamados a conocer de cualquier conflicto que se suscite entre los empleados públicos y el órgano respectivo, por establecerlo así el artículo 93 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

(…)

En consecuencia, al haberse configurado de manera palpable y clara los vicios de falso supuesto de hecho y la incompetencia del funcionario, en los términos antes expuestos, lo que genera la nulidad absoluta del acto administrativo recurrido y en consecuencia se considera inoficioso pronunciarse sobre el resto de los vicios denunciados.

VII

CONCLUSIÓN

En virtud de lo anteriormente expuesto esta Representación del Ministerio Público considera que el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, interpuesta (sic) por el Abogado J.D.R.H., actuando en su carácter de Apoderado Judicial del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE), contra la P.A. Nº 00180, de fecha 20 de julio de 2011, dictada por la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, debe ser declarado CON LUGAR y así solicito sea declarado por este honorable Tribunal.” (Negrillas del Escrito).

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

El Tribunal con el objeto de emitir el presente fallo, observa que la parte actora recurre contra el acto administrativo contenido en el expediente administrativo Nº 017-2011-01-00009 referido a la P.A.N.. 00180, dictada en fecha 20 de Julio de 2011 por la Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy que declaró CON LUGAR la Solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos interpuesta por el ciudadano C.A.D.P., titular de la cédula de identidad No. V-6.004.447, en contra del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), sobre la base de que la misma fue dictada bajo Falso Supuesto y con Quebrantamiento de Normas Constitucionales y Legales; en tal sentido, este Juzgado procede a pronunciarse sobre la procedencia de los vicios delatados por la recurrente, de la siguiente manera:

  1. FALSO SUPUESTO DE HECHO.

    En cuanto al referido vicio, señala la representación judicial de la parte recurrente, que la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, del Estado Bolivariano de Miranda, incurrió en Falso Supuesto de Hecho al adjudicar al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.) la carga de probar la inamovilidad y el despido del ciudadano C.A.D.P., ya que era al referido trabajador a quien le correspondía cumplir con dicha carga y no a su representado, pues, de haber considerado que la carga de la prueba la tenía el actor, éste no logró probar la inamovilidad, sino por el contrario, de las pruebas aportadas al procedimiento llevado a cabo por ante la Inspectoría del Trabajo, se infiere que era un empleado público contratado, por lo que no podía el accionante pretender un reconocimiento de la inamovilidad en el desempeño de un cargo público, puesto que la única forma de ingresar a la carrera administrativa, es mediante concurso público, transgrediendo de esta manera la norma prevista en el artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

    Ahora bien, para emitir pronunciamiento al respecto, es menester para este Tribunal indicar que el vicio de Falso Supuesto de Hecho, ha sido definido de manera diuturna por la Sala Político Administrativo como aquel que se verifica en el acto administrativo cuando la Administración fundamenta su decisión en hechos inexistentes, es decir, en acontecimientos que no ocurrieron, o que existieron pero ocurrieron de forma diferente a la apreciación dada por el órgano administrativo; en otras palabras, se trata de un hecho positivo y concreto que ha sido establecido falsa o inexactamente a causa de un error de percepción, cuya inexistencia resulta de las actas. (Vid., entre otras, Sentencia No. 01752 de fecha 27/07/2000; No. 02807 de fecha 21/11/2001; No. 44, de fecha 03/02/2004; No. 1708 del 24/10/2007 y No. 00810 del 09/07/2008, todas emanadas de la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia)

    Determinado lo anterior, este Juzgado procede a pronunciarse sobre el alegato expresado por la representación judicial de la parte recurrente en su escrito libelar, -al momento de denunciar el vicio de falso supuesto- referido a que:

    siendo que la carga de la prueba corresponde es a la actora, ya que es a ella a quien le corresponde probar la inamovilidad invocada y el despido y no a mi representada, por lo que la Inspectora partió de un falso supuesto al establecer la carga de la prueba sobre los hechos controvertidos y ello vicia de nulidad el procedimiento, porque de haber considerado que la carga de la prueba la tenía la actora, ésta no logró probar la inamovilidad (…), y tratándose de un empleado público contratado, como está plenamente probado en autos, mal puede el accionante pretender el reconocimiento de una inamovilidad en el desempeño de un cargo público, cuando la única forma de ingresar a la carrera administrativa es mediante el concurso público tal como expresamente lo determina el artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (…), hecho este que no fue considerado por la Inspectora del Trabajo al sentenciar, ya que de haberlo realizado, habría declarado SIN LUGAR la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos.

    (Folios 6 y 7 de la pieza principal)

    Así las cosas, evidencia quien aquí decide, que la representación judicial de la parte recurrente fundamenta el falso supuesto en dos situaciones, a su decir, (i) La errónea adjudicación de la carga de la prueba en cuanto a la inamovilidad invocada y el despido; y (ii) la Inspectoría del Trabajo no consideró que la condición del ciudadano C.A.D.P., era el de un empleado público contratado al cual no podía otorgársele el reconocimiento de la inamovilidad en el ejercicio de un cargo público.

    (i) En cuanto a la errónea adjudicación de la carga de la prueba.

    A objeto de pronunciarse sobre la delación efectuada, es necesario para quien preside este Tribunal señalar que en la P.A. recurrida, se evidencia un extracto de la oportunidad de Contestación del procedimiento administrativo, en los siguientes términos:

    (…) ¿Si reconoce la inamovilidad del solicitante? CONTESTO: (sic) ‘No tiene inamovilidad porque es empleado de confianza y esta excluido (sic) de la estabilidad’, es todo. c) ¿Si se efectuó el despido, traslado o desmejora invocada por el solicitante? CONTESTO: (sic) ‘No hubo despido. Alego como punto previo la incompetencia de esta inspectoría del trabajo para conocer de la reclamación planteada (…)

    .

    Así mismo, observa este Tribunal que en el capítulo SEGUNDO, de la P.A. impugnada, (Folios 23 y 77) la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, del Estado Bolivariano de Miranda consideró:

    (…) Observa ésta Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy que la representación del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE), en el acto de litis contestación, reconoció la relación de trabajo, negando la inamovilidad laboral decretada por el Ejecutivo Nacional a favor de todos los trabajadores así como el despido, traslado o desmejora, fundamentando sus dichos en el hecho de que el ciudadano C.A.D.P., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V.-6.004.447, es empleado pública (sic) de confianza. En consecuencia, la representación del empleador se limitó a contradecir tanto la inamovilidad como el despido, por lo que el primer hecho –existencia de la relación laboral - ha quedado admitido, quedando en consecuencia, excluido del debate probatorio, constituyéndose como puntos controvertidos la inamovilidad y el despido; en ese sentido, es claro que la carga de la prueba recae sobre la accionada, a fin de que demuestre sus alegatos. ASÍ SE ESTABLECE.

    (Subrayado de este Tribunal).

    Ahora bien, en consideración al establecimiento del despido y la carga de probar éste, esta Juzgadora debe realizar algunas consideraciones sobre quién tiene atribuida la carga de la prueba del despido, y a determinar si efectivamente la P.A. Nº 00180, dictada en fecha 20/07/2011, se encuentra viciada del Falso Supuesto de Hecho alegado por la representación judicial de la hoy recurrente.

    A este respecto, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, prevé en su artículo 72, el principio general de la distribución de la carga de la prueba, en los siguientes términos:

    Artículo 72. Salvo disposición legal en contrario, la carga de la prueba corresponde a quien afirme hechos que configuren su pretensión o a quien los contradiga, alegando nuevos hechos. El empleador, cualquiera que fuere su presencia subjetiva en la relación procesal, tendrá siempre la carga de la prueba de las causas del despido y del pago liberatorio de las obligaciones inherentes a la relación de trabajo. Cuando corresponda al trabajador probar la relación de trabajo gozará de la presunción de su existencia, cualquiera que fuere su posición en la relación procesal.

    (Subrayado de este Juzgado)

    En atención al precitado artículo, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 30 de marzo de 2006, mediante sentencia No.0552, estableció:

    Omissis…

    (…) el demandado tiene la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pretensiones del actor, con lo cual, hay una modificación en la distribución de la carga de la prueba en el proceso laboral, y por tanto, el actor estará eximido de probar sus alegaciones cuando en la contestación a la demanda el demandado admita la prestación de un servicio personal aun cuando el demandado no la califique como relación laboral -presunción iuris tantum establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo-. Cuando el demandado no rechace la existencia de la relación laboral, se modificará la distribución de la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral, por tanto, es el demandado quien deberá probar, por tener en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicio, vacaciones pagadas, utilidades, entre otros, que no es el caso bajo examen.

    (Negrillas de este Tribunal)

    Por lo tanto, como corolario de la normativa adjetiva laboral y el criterio jurisprudencial antes expuesto, se colige que el demandado en el proceso laboral tiene la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pretensiones del actor. Por lo que, si bien es cierto que la carga de probar el despido le corresponde al actor, no es menos cierto que, en la oportunidad de dar contestación a la solicitud del Reenganche y Pago de Salarios Caídos, la representación judicial del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.) al momento de responder la pregunta referente a ¿Si reconoce la inamovilidad del solicitante? contestó: “No tiene inamovilidad porque es empleado de confianza y esta excluido de la estabilidad, es todo.”

    De igual manera, al momento de responder la pregunta referente a ¿Si se efectuó el despido, el traslado o la desmejora invocado por el solicitante?, contestó: “No hubo despido. Alego como punto previo la incompetencia de esta inspectoria del trabajo para conocer de la reclamación presentada (…)”

    Siendo ello así, al llevar la representación judicial del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), al procedimiento administrativo nuevos hechos, como lo es la calificación del ciudadano C.A.D.P. como empleado de confianza, era a dicha representación a quien le correspondía la carga de probar tal alegato, el cual se configuraba como un hecho positivo contrario capaz de desvirtuar el alegato del trabajador referente al despido, por lo que la Inspectoría del Trabajo de manera correcta adjudicó al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.) la carga de la prueba del despido. Y ASÍ SE ESTABLECE.

    Ahora bien, de acuerdo a lo antes expuesto, y siendo que el vicio de Falso Supuesto se manifiesta de dos maneras, esto es: (i) cuando la Administración, al dictar un acto administrativo, fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o no relacionados con él, o los asuntos objeto de decisión, o que ocurrieron de manera distinta a la apreciación efectuada por el órgano administrativo (falso supuesto de hecho), y (ii) cuando los hechos existen, son ciertos y atañen a lo acontecido, pero la administración subsume dichos hechos en una norma que no es aplicable al caso concreto, estamos en presencia del vicio de falso supuesto de derecho, (Vid. Sentencia No. 01752 de fecha de fecha 27/07/2000, Nº 1708 de fecha 24 de octubre de 2007 y No. 00810 de fecha 09/07/2008, todas emanadas de la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia). No evidencia este Tribunal el vicio de falso supuesto delatado, toda vez que al haber impuesto la Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy de manera correcta la carga de la prueba, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Charallave, deja establecido que dicho órgano administrativo no incurrió en el vicio de falso supuesto delatado por la representación judicial de la parte recurrente, por lo cual quien aquí decide declara IMPROCEDENTE el vicio de falso supuesto denunciado referente a la errónea adjudicación de la carga de la prueba. Y ASÍ SE ESTABLECE.

    (ii) En cuanto al alegato referido a que la Inspectoría no consideró que el ciudadano C.A.D.P., era un empleado público contratado, no pudiendo pretenderse el reconocimiento de la inamovilidad en el desempeño de un cargo público.

    Al respecto alega la representación judicial de la parte recurrente, que teniendo el ciudadano C.A.D.P., la condición de empleado público contratado, mal puede el accionante “pretender el reconocimiento de una inamovilidad en el desempeño de un cargo público, cuando la única forma de ingresar a la carrera administrativa es mediante el concurso público tal como expresamente lo determina el artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (…), hecho este (sic) que no fue considerado por la Inspectora del Trabajo al sentenciar, ya que de haberlo realizado, habría declarado SIN LUGAR la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos.” (Folio 7 de la pieza principal)

    Ahora bien, estima pertinente esta Juzgadora analizar en un primer momento, la naturaleza del vínculo que existió entre el ciudadano C.A.D.P., titular de la cédula de identidad Nos. V-6.004.447, y el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), así, observa este Tribunal que el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.) es un ente que, para el momento en el que se produce el despido alegado por el mencionado trabajador, se encontraba adscrito al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, adscripción que se evidencia del contenido de la Disposición Transitoria Decimocuarta, numeral 7, del decreto N° 6.626, sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Publica Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.130 de fecha 03 de Marzo de 2009, regido por el Decreto Nº 6.069 con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Transporte Ferroviario Nacional de fecha 14 de mayo de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.889 Extraordinario, de fecha 31 de julio de 2008, y que para la actualidad se encuentra adscrito al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y COMUNICACIONES, según Decreto No. 7.513, publicado en Gaceta Oficial No. 39.451 de fecha 22/06/2010, por lo cual se evidencia que entre el ciudadano C.A.D.P. y el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), existió una relación de empleo público, toda vez que el mismo prestaba servicio para la Administración Pública Centralizada.

    No obstante lo anterior, es conveniente aclarar que si bien es cierto que, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el cual se establece el concurso público como requisito indispensable para ingresar a la Administración como funcionario público, no es menos cierto que se permite a la Administración Pública la posibilidad de desarrollar su actividad mediante la contratación de personal, en tal sentido la Ley del Estatuto de la Función Pública, prevé en su Titulo IV artículos 37, 38 y 39, el régimen aplicable al personal contratado, de la siguiente manera:

    Titulo IV

    PERSONAL CONTRATADO

    Artículo 37. Sólo podrá procederse por la vía del contrato en aquellos casos en que se requiere personal altamente calificado para realizar tareas específicas y por tiempo determinado.

    Se prohibirá la contratación de personal para realizar funciones correspondientes a los cargos previstos en la presente Ley.

    Artículo 38. El régimen aplicable al personal contratado será aquel previsto en el respectivo contrato y en la legislación laboral.

    Artículo 39. En ningún caso el contrato podrá constituirse en una vía de ingreso a la Administración Pública

    .

    De conformidad con la normativa supra transcrita, se evidencia que la Ley del Estatuto de la Función Pública permite la contratación de personal, pero única y exclusivamente en los casos que se requiere personal altamente calificado, esto es, personal con conocimiento técnico especializado o adiestramiento especial, para realizar tareas específicas y por un tiempo determinado, en cuyo caso el régimen aplicable al personal contratado será el previsto en el respectivo contrato y en la legislación laboral, todo ello en concordancia con lo establecido en el Artículo 8 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, hoy artículo 6 de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores; y en ese sentido, el criterio reiterado por nuestro M.T. es que la función pública puede ser realizada ya sea mediante el ejercicio de cargos públicos ejercidos por funcionarios públicos, los cuales se rigen por las disposiciones contenidas la Ley del Estatuto de la Función Pública, y también mediante las relaciones de empleo público bajo la modalidad de contratos a tiempo determinado, las cuales quedan reguladas por las disposiciones contenidas en el respectivo contrato y en la Ley Orgánica del Trabajo (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, N° 1.232 de fecha 25/06/2007). Así las cosas, corresponde a quien aquí decide, verificar primeramente bajo qué modalidad se vinculó el ciudadano C.A.D.P. con el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.).

    En este orden de ideas, este Juzgado procede a realizar breves consideraciones acerca de las modalidades de celebración de contratos de trabajo, así, encontramos que la normativa sustantiva laboral venezolana ha establecido las modalidades del contrato de trabajo, en este sentido, el artículo 72 de la hoy derogada Ley Orgánica del Trabajo, aplicable ratione temporis al presente caso establece:

    Artículo 72.- El contrato de trabajo podrá celebrarse por tiempo indeterminado, por tiempo determinado o para una obra determinada.

    Así mismo, la vigente Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores dispone en su artículo 60 lo siguiente:

    Artículo 60.- El contrato de trabajo podrá celebrarse por tiempo indeterminado, por tiempo determinado o para una obra determinada.

    Ahora bien, de conformidad con la normativa ut supra transcrita, el contrato individual de trabajo, puede celebrarse bajo tres modalidades: 1) por tiempo indeterminado; 2) por tiempo determinado; ó, 3) para una obra determinada.

    El contrato de trabajo a tiempo indeterminado, es aquel que se celebra sin establecer la fecha de terminación del contrato, contrario al contrato a tiempo determinado en los que al momento de su celebración se prevé su duración en forma cierta y precisa; y el contrato para una obra determinada en el que se acuerda que el mismo se extinguirá al terminar la obra, o la parte de la obra que corresponde al trabajador dentro de la totalidad proyectada.

    Por regla general, y en atención al Principio de Conservación de la Relación Laboral contenido en el artículo 8 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, el contrato de trabajo debe celebrarse a tiempo indeterminado; sin embargo, ello no excluye la posibilidad de que puedan celebrarse contratos limitados en el tiempo, como lo son el contrato a tiempo determinado y el contrato para una obra determinada, pero en esos dos últimos casos, por imperativo legal debe el patrono justificar la contratación temporal del trabajador de acuerdo a lo exigido en la Ley.

    Tan es así, que en razón de la connotación social y de la protección dada por el legislador al hecho social trabajo, de forma expresa se limita únicamente la contratación a tiempo determinado en los casos previstos en la ley. Así tenemos que la, hoy derogada, Ley Orgánica del Trabajo, en su artículo 77 dispone:

    Artículo 77.- El contrato de trabajo podrá celebrarse por tiempo determinado únicamente en los siguientes casos:

    1. Cuando lo exija la naturaleza del servicio;

    2. Cuando tenga por objeto sustituir provisional y lícitamente a un trabajador; y

    3. En el caso previsto en el artículo 78 de esta Ley.

    (Negrillas de este Juzgado)

    En este mismo sentido, la nueva Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores consagra en su artículo 64, los supuestos en los que procede la contratación laboral a tiempo determinado, en los siguientes términos:

    Artículo 64.- El contrato de trabajo podrá celebrarse por tiempo determinado únicamente en los siguientes casos:

    a) Cuando lo exija la naturaleza del servicio.

    b) Cuando tenga por objeto sustituir provisional y lícitamente a un trabajador o trabajadora.

    c) Cuando se trate de trabajadores o trabajadoras de nacionalidad venezolana que prestarán servicios fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en esta Ley.

    d) Cuando no haya terminado la labor para la que fue contratado el trabajador o trabajadora y se siga requiriendo de los servicios, bien sea por el mismo trabajador o trabajadora u otro o otra.

    Será nulo el contrato de trabajo por tiempo determinado por causas distintas a las antes señaladas, en consecuencia el trabajador o trabajadora se encontrará investido de la estabilidad prevista en esta ley.

    (Negrillas de este Juzgado).

    De la disposición antes señalada, se colige que el legislador venezolano ha pretendido proteger y garantizar la contratación a tiempo indeterminado, estableciendo de forma taxativa aquellos supuestos en los cuales las partes únicamente podrán contratar a tiempo determinado. En efecto, el primer supuesto del artículo 77 de la Ley Orgánica del Trabajo -hoy artículo 64 de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores- contiene una condición específica de la actividad o labor a cumplir por el trabajador, esto es “Cuando lo exija la naturaleza del servicio”, ahora bien, en lo que respecta a la contratación a tiempo determinado en razón de la naturaleza del servicio, resulta oportuno citar la opinión del autor F.V.B. en su obra "Comentarios de la Ley Orgánica del Trabajo", Volumen I, páginas 178 y 179, quien sostiene que: "(…) resulta impensable que el Legislador haya dejado a la voluntad de las partes la determinación de los servicios que requieran contratación por tiempo determinado (…)" indicando dicho autor las circunstancias bajo las cuales se justifica tal contratación a saber:

    "(…) 1) La necesidad de atender el incremento de la demanda, en determinadas épocas del año. Por ejemplo: para un industrial es previsible, que en la época navideña se va a suscitar una demanda extraordinaria de sus productos, pero que una vez transcurridas las festividades de fin de año, la capacidad de demanda volverá a la normalidad (…).

    2) La ejecución de labores, cuya naturaleza supone un carácter transitorio, dentro de la actividad normal o habitual de la empresa; por ejemplo: una empresa puede perfectamente contratar por tiempo determinado a un técnico o especialista, con la finalidad de dar entrenamiento a su personal ordinario sobre materias como productividad, seguridad en el trabajo, utilización de maquinarias o equipos, relaciones humanas, etc.

    3) La necesidad de asegurar los servicios al trabajador dentro de determinado lapso de tiempo, cuando la empresa ha suministrado los gastos de entrenamiento o de formación profesional del trabajador.

    Es muy común, que en los contratos en que el empresario asume los costos de la formación profesional del trabajador, se introduce una estipulación en virtud de la cual éste se obliga a prestar servicios para aquél, durante determinado lapso de tiempo".

    En este orden de ideas, de no establecer el legislador que la contratación laboral a tiempo determinado se realice de forma excepcional, se permitiría que a través de la figura de un contrato por tiempo determinado se regule la prestación de un servicio subordinado que, por su naturaleza y realización, se circunscribe a una prestación de servicios cuyas funciones y tareas encuadran dentro de las previsiones que lo enmarcan en un contrato indeterminado en el tiempo, hecho éste que nuestro Legislador no permite, pues ello atentaría contra el derecho constitucional a la estabilidad en el trabajo, previsto en el artículo 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que al permitir la existencia de contratos de trabajo por tiempo determinado en servicios cuya naturaleza no lo exija, daría lugar a abusos y violaciones a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela e iría en contra del Hecho Social Trabajo garantizado y protegido por nuestra Carta Magna en su artículo 89; así como en el artículo 18 de la hoy vigente Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y Los Trabajadores. Además, se violentaría el Principio de Conservación de la Relación Laboral contenido en el artículo 8 del vigente Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, principios y normas éstas de eminente orden público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de nuestra Carta Magna y el artículo 10 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, hoy artículo 2 de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores.

    Ahora bien, se evidencia que al momento de llevarse a cabo el acto de contestación por parte del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), a la solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos interpuesta por ante la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy del Estado Bolivariano de Miranda, por el ciudadano C.A.D.P., según acta de fecha 03/03/2011, (folios 45 y 46), la representación del referido Instituto al ser preguntado por el funcionario del trabajo actuante sobre ¿Si reconoce la inamovilidad del solicitante? Contestó:

    (…) No tiene inamovilidad porque es empleado de confianza y esta excluido de la estabilidad (…)

    (Negrillas de este Juzgado)

    Asimismo, cuando se le preguntó ¿Si se efectuó el despido, el traslado o la desmejora invocada por el solicitante? Contestó:

    (…) No hubo despido. Alego como punto previo la incompetencia de esta inspectoria del trabajo para conocer de la reclamacion (sic) planteada por el ciudadano C.D. en virtud de que tal como lo afirma la solicitud se desempeño (sic) como Auxiliar de Trafico (sic) ‘A’ por el IFE, cargo este (sic) segun (sic) el registro de informacion (sic) de cargo es grado 99 y dadas las funciones desempeñadas lo califica como un empleado de confianza (…). Y de acuerdo con las funciones realizadas como es la recaudacion (sic) del dinero, realizar diariamente la venta de boletos (toquen y tarjetas) recargas, actualizacion (sic) de tarjetas sin contactos y cobro de multas, asi (sic) como realizar el conteo y arqueo del dinero diario establecido en la caja del cierre de turno y dejarlo por escrito y firmado para la verificación (sic) del turno siguiente. Tambien (sic) realiza la facturacion (sic) y emision (sic) de fichas segun (sic) solicitud de pasajero, toda (sic) estas funciones las (sic) califican como empleada (sic) de confianza y por ende no goza de estabilidad (…)

    (Negrillas de este Tribunal)

    En tal sentido, se observa del contenido del Acta supra mencionada, que las funciones desempeñadas por el ciudadano C.A.D.P., en el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), por su naturaleza, no requieren ejecutarse por un tiempo determinado, pues son funciones que necesariamente el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.) debe realizar de manera permanente para el normal funcionamiento de sus actividades, las cuales se circunscriben al transporte ferroviario de personas desde Caracas a los Valles del Tuy y viceversa; así tenemos que, el asegurar una excelente atención a los pasajeros, informar al supervisor sobre las incidencias suscitadas en el área donde desempeñen sus funciones, realizar diariamente la venta de los boletos (token y tarjetas), recarga, actualizaciones de tarjetas sin contacto y cobro de multas, son actividades que por máximas de experiencia de quien aquí juzga, se realizan de forma continua; día a día, por los trabajadores que prestan sus servicios en el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), por lo cual no hay fundamento legal alguno para celebrar un contrato de trabajo a tiempo determinado para la realización de dichas funciones, las cuales –se insiste- necesariamente se deben realizar cotidianamente en forma diaria, permanente y constante en el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), cuya actividad fundamental es el transporte ferroviario de personas.

    Ahora bien, como al inicio se determinó, el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), es un ente que para el momento en el que se produce el despido alegado en sede administrativa por el ciudadano trabajador C.A.D.P., se encontraba adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda, adscripción que se evidencia del contenido de la Disposición Transitoria Decimocuarta, numeral 7, del decreto N° 6.626, sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.130 de fecha 03 de Marzo de 2009, y que para los actuales momentos se encuentra adscrito al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y COMUNICACIONES, según Decreto No. 7.513, publicado en Gaceta Oficial No. 39.451 de fecha 22/06/2010, por lo que se observa que entre el ciudadano C.A.D.P., y el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), existió una relación de empleo público por ser un empleado contratado al servicio de la Administración Pública Central.

    No obstante, es de imperiosa necesidad para esta Jurisdicente señalar que nuestra Carta Magna, en su artículo 93 contempla el derecho a la Estabilidad Laboral, limitando toda forma de despido injustificado, postulado éste que se configura en el marco de un Estado Social de Derecho y de Justicia (Art.2º ejusdem); y como quiera que dicha estabilidad está intrínsecamente ligada a la previsión contenida en el artículo 89 constitucional, y por cuanto éste precepto expresa claramente que “el trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado”, siendo que representa un derecho fundamental inherente al ser humano, ello así, el Órgano Jurisdiccional está obligado a garantizar la tutela constitucional, en el entendido que los despidos contrarios a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, son nulos; y como quiera que Nuestra Carta Magna, no establece distinción alguna en lo relativo a la protección y seguridad que se debe garantizar al trabajador en su puesto de trabajo, dicha protección procede indistintamente del régimen jurídico al cual se encuentre sometida la prestación de servicios personal. ASÍ SE ESTABLECE.

    A los fines de ilustrar lo que antecede, se hace necesario traer a colación la sentencia N° 790 del 11/04/2002, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la que expuso el alcance del “trabajo como hecho social” a la luz de su mención en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expresando la referida Sala lo siguiente:

    (…) Observa esta Sala, que la Constitución de 1999 pretende reforzar las conquistas que -de forma progresiva- se han alcanzado en nuestro país, en el régimen jurídico del trabajo, tanto público como privado, dada la universalidad de los derechos fundamentales y su condición expansiva, que no excluye, sino por el contrario, integra, a grupos o comunidades en el disfrute de éstos, y que viene a sumarse al poco más de medio centenar de Convenios Internacionales del Trabajo, que se han suscrito; en especial, los relativos a la libertad del trabajo (Convenios números 29, de 1930 y 105, de 1957, sobre el trabajo forzoso u obligatorio), a la igualdad (Convenios número 100, sobre igualdad de remuneración, 1951 y número 111, sobre la discriminación-empleo y ocupación-, 1958) y a la libertad sindical (Convenios número 87, sobre la libertad sindical y protección del derecho de sindicación, 1948, y número 98, sobre el derecho de sindicación y protección colectiva, 1949), así como los demás Convenios que cubren una amplia gama de materias, que van desde el empleo, política social, administración del trabajo, relaciones profesionales, condiciones de trabajo, hasta la seguridad social. (Vid. E.M.Q. y F.I., Ob.cit, p.49).

    Apunta esta Sala, que la intención manifiesta en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), es la de consagrar una serie de principios y derechos (Artículos 87 al 97), que procuran resguardar un ámbito de seguridad para los trabajadores, indistintamente del régimen al cual estén sometidos, por cuanto no establece distinción alguna; incluso, en el caso del derecho a la negociación colectiva o del derecho a la huelga (Artículos 96 y 97), se niega expresamente la posibilidad de tratamientos diferenciales, al precisar, reforzando lo obvio, que todos los trabajadores y las trabajadoras del sector público y del privado gozan de los mismos derechos.

    De allí que, el derecho al trabajo haya sido considerado en nuestra Constitución como un hecho social, al ser el conductor a través del cual el Estado puede perfeccionarse y brindar una mayor satisfacción al conglomerado social, y la tutela protectiva al trabajador de cualquier clase, se convierte en uno de los pilares que sostiene el derecho social constitucional (…)

    (Negrillas y Subrayado de este Juzgado)

    Dicho esto, es conveniente señalar que el Juez en su eficiente labor de administrar Justicia, debe tener por norte de sus actos, una interpretación a tono con las normas constitucionales, ello a tenor de lo establecido en los artículos y de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los cuales se lee:

    Artículo 2º. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

    Artículo 3º. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de las personas y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de su voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo, y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución (…)

    . (Negrillas se este Juzgado)

    En este orden de ideas, en lo que respecta a la interpretación que debe dársele al Estado Social de Derecho, la Sala Constitucional mediante decisión No. 85 del 24 de enero de 2002 (Caso: ASODEVIPRILARA), señaló:

    A juicio de esta Sala, el Estado Social debe tutelar a personas o grupos que en relación con otros se encuentran en estado de debilidad o minusvalía jurídica, a pesar del principio del Estado de Derecho Liberal de la igualdad ante la ley, el cual en la práctica no resuelve nada, ya que situaciones desiguales no pueden tratarse con soluciones iguales.

    El Estado Social para lograr el equilibrio interviene no solo en el factor trabajo y seguridad social, protegiendo a los asalariados ajenos al poder económico o político, sino que también tutela la salud, la vivienda, la educación y las relaciones económicas, por lo que el sector de la Carta Magna que puede denominarse la Constitución Económica tiene que verse desde una perspectiva esencialmente social.

    El Estado Social va a reforzar la protección jurídico-constitucional de personas o grupos que se encuentren ante otras fuerzas sociales o económicas en una posición jurídico-económica o social de debilidad, y va a aminorar la protección de los fuertes. El Estado está obligado a proteger a los débiles, a tutelar sus intereses amparados por la Constitución, sobre todo a través de los Tribunales; y frente a los fuertes, tiene el deber de vigilar que su libertad no sea una carga para todos. Como valor jurídico, no puede existir una protección constitucional a expensas de los derechos fundamentales de otros. Tal como decía Ridder, “...el Estado se habilita para intervenir compensatoriamente, desmontando cualquier posición de poder siempre que lo estime conveniente”, pero, agrega la Sala, fundado en la ley y en su interpretación desde el ángulo de los conceptos que informan esta forma de Estado.

    El Estado Social, trata de armonizar intereses antagónicos de la sociedad, sin permitir actuaciones ilimitadas a las fuerzas sociales, en base al silencio de la ley o a ambigüedades de la misma, ya que ello conduciría a que los económicos y socialmente mas fuertes establezcan una hegemonía sobre los débiles, en la que las posiciones privadas de poder se convierten en una disminución excesiva de la libertad real de los débiles, en un subyugamiento que alienta perennemente una crisis social.

    (Negrillas y Subrayado de este Juzgado)

    Señalando la Sala igualmente en la referida decisión que:

    En las áreas de interés social, la plena autonomía de la voluntad de las partes sólo es tolerada si con ella se persigue el bienestar social, lo que significa que una parte no pretenda -fundada en la autonomía- esquilmar a la otra, como puede ocurrir en el Estado de Derecho Liberal. (Negrilla y Resaltado de este Tribunal)

    Por otra parte, la Sala Constitucional de Nuestro M.T., mediante decisión No. 1049 de fecha 23/07/2009, dispuso:

    A la luz de las consideraciones hechas anteriormente, de acuerdo con las cuales los poderes públicos, en virtud de la cláusula de Estado social, tienen el deber de proteger, promover y garantizar positiva y proactivamente el ejercicio equitativo y justo de los derechos fundamentales, incluso de los llamados derechos de libertad clásicos, la regulación que el legislador dicte en este sentido debe presumirse producto de una combinación de los mandatos que éstos contienen en pro de lograr dichos objetivos. Es decir, “si los principios son normas que se ponderan, las reglas –por ejemplo, la Ley que somete el inicio de una determinada actividad económica a la práctica de una comunicación- deben entenderse como el resultado de una ponderación previamente desarrollada” por el legislador. (Cfr.: L.A.J., Op. cit, pág. 38). (Paréntesis de la Sala, Negrilla y Subrayado de este Juzgado)

    Así las cosas, en atención a la consideración antes expuesta y visto que el Derecho al Trabajo se instituye como un Derecho Fundamental, que goza de protección constitucional (Artículo 89 de la Constitución), de conformidad con la última de las decisiones ut supra transcritas, es por ello que los poderes públicos “en virtud de la cláusula de Estado social, tienen el deber de proteger, promover y garantizar positiva y proactivamente el ejercicio equitativo y justo de los derechos fundamentales”. (Vid. Sentencia No. 1049 de fecha 23/07/2009, Sala Constitucional)

    Bajo este hilo argumentativo, en el caso de marras se observa que el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.) no dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Trabajo -hoy artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores- toda vez que en razón de la naturaleza de los servicios prestados por el trabajador C.A.D.P., esto es: asegurar una excelente atención a los pasajeros, informar al supervisor sobre las incidencias suscitadas en el área donde desempeñe sus funciones, realizar diariamente la venta de los boletos (token y tarjetas), recarga, actualizaciones de tarjetas, cobro de multas, así como cumplir fielmente con los horarios y rutinas establecidas por la institución, no observa esta Juzgadora algún elemento que justifique la contratación a tiempo determinado y, muy especialmente, que dichas funciones necesiten de conocimientos técnicos o adiestramiento especial que indique que el personal que presta servicios debe ser altamente calificado. Siendo ello así, de acuerdo a las previsiones del artículo 77 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo; hoy artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores, no se determina en el contrato de trabajo celebrado entre el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.) y el ciudadano C.A.D.P., alguno de los casos en los que excepcionalmente el legislador autoriza la celebración de un contrato a tiempo determinado. Y ASÍ SE ESTABLECE.

    Conforme a esta argumentación, para afianzar tal postura, es menester acotar lo que ha establecido la Sala de Casación Social de manera reiterada, pacífica y diuturna, en relación a los requisitos que deben cumplirse para considerar que un contrato es a tiempo determinado, así, en sentencia No. 703 del 01/07/2010, dispuso:

    “La Sala para decidir observa:

    (…) para verificar lo aseverado por el recurrente, precisa esta Sala transcribir extractos de la sentencia recurrida, lo cual hace de la manera siguiente:

    Por otra parte corresponde a esta Juzgadora establecer si la relación de trabajo existente entre el accionante y PDVSA, fue a tiempo determinado o indeterminado, para lo cual hará las siguientes observaciones:

    El artículo 74 de la Ley Orgánica del Trabajo, establece expresamente:

    El contrato celebrado por tiempo determinado concluirá por la expiración del termino convenido y no perderá su condición especifica cuando fuese objeto de una prorroga. (…)

    Aun cuando en el contrato de trabajo suscrito entre el accionante y PDVSA, evidencia fecha cierta de culminación, por cuanto se indica en el mismo que este podrá ser prorrogado por un año, desprendiéndose de los autos comunicación en la cual se prorroga el mismo, no obstante esto no lo subsume dentro de los supuestos taxativos previstos en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Trabajo, siendo forzoso para esta Juzgadora establecer que nos encontramos frente a un contrato a tiempo indeterminado, en consecuencia resulta improcedente la indemnización por incumplimiento del termino del contrato prevista en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Trabajo.

    De la transcripción precedentemente expuesta, se observa que la recurrida determinó que, a pesar de que el contrato individual de trabajo sólo fue objeto de una prórroga a efectos de considerarse un contrato suscrito a tiempo determinado, sin embargo, los supuestos contenidos en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Trabajo no se encontraban presentes en este caso en particular, concluyendo por consiguiente que el contrato en cuestión lo fue por tiempo indeterminado y en consecuencia declaró la improcedencia de la indemnización reclamada por el actor en conformidad con el artículo 110 de la Ley Orgánica del Trabajo, de lo cual se verifica que no incurrió el ad-quem en la infracción delatada.

    En efecto, se observa que el juez de la recurrida de acuerdo a lo alegado y probado en autos, estableció el hecho cierto de que el contrato individual de trabajo suscrito entre las partes lo fue a tiempo indeterminado, independientemente de la prórroga de que fue objeto, al no encontrarse dicho contrato subsumido en los supuestos contenidos en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Trabajo, esto es, no se demostró que la naturaleza del servicio prestado exigiera este tipo de contratos, ni que el mismo fue suscrito para sustituir provisionalmente y lícitamente a otro trabajador, y mucho menos que fue suscrito para la prestación del servicio fuera del país.” (Negrillas y Subrayado de este Juzgado) (En este mismo sentido, Vid. Sentencia No. 0939 del 05/08/2010; No. 1186 del 28/10/2010 y No. 1402 del 01/12/2010, todas emanadas de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia)

    En ese sentido, como corolario de lo anterior, es necesario indicar lo que la Sala de Casación Social en un caso análogo, mediante sentencia No. 554 de fecha 04/06/2012, (Caso: Y.M.L.G. en contra del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO I.F.E.) con ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena Cordero, señaló:

    Omissis…

    Ahora bien, en cuanto al primer punto a resolver, si se trata de un contrato a tiempo determinado o indeterminado, como ya se señaló, la actora comenzó a laborar mediante un contrato verbal desde el 04 de octubre del año 2004 -según constancias de trabajo cursantes a los folios 121 y 122 del expediente-, en el cargo de asesora al presidente del Instituto demandado. Posteriormente, fue celebrado contrato escrito, para el cargo de auxiliar de protocolo jefe, para la oficina de información y relaciones públicas de la demandada, desde el 01/01/05 al 31/12/05, con un salario de Bs. 1.757,00 mensuales -folios 56 al 58 del expediente-, prosiguió prestando servicios en el año 2006 de manera continua y, posteriormente, celebró contrato escrito entre la demandada y la actora, para el cargo de protocolo jefe, desde el 01/01/2007 al 30/03/2007, para la oficina de información y relaciones públicas de la demandada, con un salario de Bs. 2.093.570. Dicho contrato fue rescindido de forma unilateral por la demandada, luego de su expiración.

    El artículo 76 de la Ley Orgánica del Trabajo estipula que en los contratos por tiempo determinado, los empleados no podrán obligarse a prestar servicios por más de tres años, es decir, se trata de un solo contrato escrito celebrado a tiempo determinado, por lo que en el caso que nos ocupa, al haberse celebrado en primer lugar un contrato verbal y posteriormente, más de un contrato escrito, no puede aplicarse el supuesto de hecho de la norma in comento al presente caso.

    Por otra parte, no consta en autos que los servicios prestados por la actora fueran para una obra determinada o para un tiempo determinado. La relación laboral entre la actora y la demandada era a tiempo indeterminado, como se evidencia de la planilla de liquidación de prestaciones sociales que cursa al folio 119 del expediente, debidamente firmada y sellada por la demandada, en la que se indica que la antigüedad de la parte actora abarca desde el 01/10/2004 al 30/03/2007, sin que pueda alegarse el cambio de cargo como terminación de una relación laboral para el inicio de una diferente, pues se trata del mismo patrono y del mismo trabajador.

    Tampoco se cumplen los supuestos previstos en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Trabajo, es decir, la trabajadora no fue contratada para prestar servicios especiales en operativos temporales, en determinada época del año (por ejemplo, en época navideña o vacaciones colectivas, etc.), tampoco sus servicios fueron contratados por el exceso de demanda en situaciones esporádicas, como por ejemplo, conflictos sociales, alteraciones del orden público, eventualidades o contingencias de la naturaleza.

    En el caso específico de la actora, la misma no fue contratada para situaciones extrañas o poco frecuentes que generen situaciones en las cuales se requiera el auxilio o asesoría de ciertos trabajadores, es decir, no fue contratada hasta que dichas situaciones fueran solventadas, no fueron solicitados sus servicios para cumplir un objetivo o meta específica, ni para suplir a un trabajador en reposo, de vacaciones o permiso por estudio, etc..

    En atención a lo expuesto y, dado que el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo consagra que el contrato a tiempo determinado es de carácter excepcional y se le debe dar preferencia a los contratos de trabajo por tiempo indeterminado, es por lo que resulta forzoso atribuirle a la relación laboral existente entre la actora y la demandada, el carácter de contrato de trabajo a tiempo indeterminado. Así se declara.

    (Negrillas de este Juzgado)

    Transcrito lo anterior, es impermitible y de imperiosa necesidad para esta Jurisdicente señalar que el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), realizando contratos bajo la figura a tiempo determinado, cuando en realidad las tareas específicas que desempeña el contratado, no se adaptan a los casos excepcionales que autorizan la contratación a tiempo determinado, contraviene la Ley del Estatuto de la Función Publica, en su artículo 37 que dispone:

    “Artículo 37. Sólo podrá procederse por la vía del contrato en aquellos casos en que se requiere personal altamente calificado para realizar tareas específicas y por tiempo determinado. (Negrillas de este Juzgado)

    Así, vemos como la Ley del Estatuto de la Función Pública permite la contratación de trabajadores SÓLO en aquellos casos donde se requiera personal altamente calificado para realizar tareas específicas (conocimiento técnico especializado) y por tiempo determinado, supuesto éste que no es cumplido por el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.) para contratar personal a tiempo determinado, ya que, como se determinó ut supra, las funciones desempeñadas por el ciudadano C.A.D.P., por su naturaleza; no son eventuales ni temporales, y mucho menos se requiere personal altamente calificado para su ejecución, relacionados con conocimientos técnicos de alta envergadura.

    En este contexto, considera este Juzgado que, el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), con su actuar se aparta de las disposiciones contenidas en el Título IV de la Ley del Estatuto de la Función Pública, referente al Personal Contratado, manteniendo en sus instalaciones como prestatarios de servicios a trabajadores contratados a tiempo determinado, ejerciendo funciones que por su naturaleza son labores que NO requieren alta calificación, sino que son permanentes y necesarias para el desarrollo diario de sus actividades cotidianas, como es el transporte ferroviario de personas, cuando lo cierto es que la contratación únicamente procede en casos especiales y excepcionales; es decir, cuando se requiera personal altamente calificado para realizar tareas específicas y por tiempo determinado, transgrediendo de tal forma el referido Instituto, no sólo la Ley del Estatuto de la Función Pública, sino que de igual forma vulnera derechos fundamentales de los contratados, como lo es el Derecho al Trabajo, que debe ser garantizado y protegido por los organismos de la Administración Pública en el marco de un Estado Social, de Derecho y de Justicia de conformidad con nuestra Carta Magna.

    Asimismo, en razón de que los cargos contratados deben necesariamente estar destinados a tareas específicas, especiales; distintas a las actividades que desempeñen los cargos de carrera o de libre nombramiento y remoción, o para suplir alguna vacante temporal de algún cargo, el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.) mediante la contratación de personal para realizar tareas permanentes, continuas, que no requiere personal altamente calificado, y que por su naturaleza, en el marco de la legislación laboral han de realizarse a tiempo indeterminado, ha creado una nueva categoría de empleados públicos, esto es contratados bajo la modalidad a tiempo indeterminado, lo cual a todas luces es contrario al orden legal (artículo 37 de la Ley del Estatuto de la Función Publica), sin embargo, dicha irregularidad y desnaturalización de la figura de los contratados al servicio de la Administración Pública, en modo alguno puede ser usada para el desconocimiento del Hecho Social Trabajo, y de la protección que por mandato constitucional (artículo 89 de la nuestra Carta Magna) debe brindar el Estado a los trabajadores al ser el Derecho del Trabajo un derecho fundamental reconocido y garantizado por Nuestra Carta Magna, máxime cuando Venezuela se constituye en un Estado social de Derecho y de Justicia (artículo 2 de la Constitución), estando el Estado obligado a proteger a los débiles, a tutelar sus intereses amparados por la Constitución, sobre todo a través de los Tribunales (Vid. Sentencia No. 85 del 24/01/2002 emanada de la Sala Constitucional), teniendo así mismo los poderes públicos el deber de proteger, promover y garantizar positiva y proactivamente el ejercicio equitativo y justo de los derechos fundamentales (Vid. Sentencia No. 1049 de fecha 23/07/2009 emanada de la Sala Constitucional). Y ASÍ SE ESTABLECE.

    En este orden, debe atenderse a lo dispuesto en artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece:

    Artículo 146.- Los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados y contratadas, los obreros y obreras al servicio de la Administración Pública y los demás que determine la Ley

    . (Negrillas de este Juzgado).

    La referida disposición constitucional ha sido desarrollada, a su vez, por la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.482 del 11-07-2002, reimpresa el 6 de septiembre de 2002, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.522, la cual establece de forma expresa en su artículo 39:

    Artículo 39. En ningún caso el contrato podrá constituirse en una vía de ingreso a la Administración Pública.

    Por su parte, el artículo 38 eiusdem dispone lo siguiente:

    Artículo 38.- El régimen aplicable al personal contratado será aquél previsto en el respectivo contrato y en la legislación laboral.

    Así las cosas, aprecia este Juzgado que en el caso bajo examen, la relación laboral se inició y culminó bajo la figura de contrato de trabajo, toda vez que las partes de conformidad con las pruebas aportadas al proceso, así como de acuerdo a lo indicado por el trabajador actuando como Tercero Interesado en la presente causa en la celebración de la Audiencia de Juicio, se vincularon desde un inicio desde el 01/08/2008 hasta el 02/01/2011, fecha en la cual ocurrió el despido, siendo reincorporado a su puesto de trabajo el 03/10/2011, entendiéndose de tal manera que nunca hubo una fecha preestablecida para la finalización del contrato, por lo que, de conformidad con las normas antes transcritas (artículo 146 de la Constitución, 38 y 39 de la Ley del Estatuto de la Función Publica), el ciudadano C.A.D.P., queda excluido de la aplicación del régimen de la función pública, por no cumplirse con los requisitos esenciales establecidos en el ordenamiento jurídico para el ingreso a la carrera o función pública, es por lo que al referido ciudadano le es aplicable las disposiciones contenidas en el contrato de trabajo y en la normativa sustantiva laboral. Y ASÍ SE ESTABLECE.

    En tal sentido, es importante señalar el criterio establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 05 de abril de 2001, Expediente N° 00-051, caso: Naudy G.R.H., contra la Alcaldía del Municipio Barinas, el cual es del siguiente tenor:

    (…) si bien algunos de los que trabajan en la Administración Pública se rigen por las normas especiales sobre carrera administrativa, éstos no conforman la totalidad del personal al servicio de la Administración, pues hay quienes están expresamente excluidos de las normas sobre Carrera Administrativa Nacionales, Estadales o Municipales, como es el caso de los que prestan servicios bajo contrato por tiempo determinado por necesidades especiales de la Administración (…)

    (Negrillas de este Juzgado)

    Al respecto, la Sala Político Administrativo en sentencia N° 00135 de fecha 19/02/2004, Caso: R.R.R.B. contra la Gobernación del Estado Apure, dispuso:

    En consecuencia, al no encontrarse el accionante amparado por el régimen estatutario aplicable a los funcionarios públicos consagrado en la Ley del Estatuto de la Función Pública, en virtud de haberse desempeñado bajo el régimen de contratado con el cargo de Administrador del Departamento de Relaciones Públicas en la Gobernación del Estado Apure, al mismo le resultan aplicables las disposiciones consagradas en la Ley Orgánica del Trabajo…

    Igualmente, la Sala Político Administrativa en decisión N° 01264 de fecha 22/10/2002, Caso: N.E.M.C.V.. Dirección General de Soberanía, Límites y Asuntos Fronterizos del Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló:

    Así las cosas, no se observa de autos que la actora fuera miembro del personal diplomático, como ella alega, ni que cumpliera con los requisitos esenciales establecidos en el ordenamiento jurídico para el ingreso a la carrera o función pública, por el contrario, de los elementos cursantes en el expediente (entre ellos, los diferentes contratos suscritos entre la quejosa y el Ministerio de Relaciones Exteriores) se evidencia que la relación laboral existente era de carácter contractual, de allí que, el régimen jurídico aplicable no es el previsto en la Ley del Servicio Exterior, sino en la Ley Orgánica del Trabajo (…)

    (Negrillas de este Juzgado)

    Así mismo, al no encontrarse el ciudadano C.A.D.P. amparado por el régimen estatutario aplicable a los funcionarios públicos consagrado en la Ley del Estatuto de la Función Pública, en virtud de haberse desempeñado bajo el régimen de contratado con el cargo de Auxiliar de Tráfico “A”, conforme a lo establecido en el artículo 38 de la Ley del Estatuto de la Función Publica, así como en los criterios jurisprudenciales supra transcritos, al mismo le resulta aplicable las disposiciones consagradas en la legislación laboral. Y ASÍ SE ESTABLECE.

    Ahora bien, con fundamento al análisis que antecede, considera esta Jurisdicente, que el contrato celebrado entre las partes contraviene la disposición prevista en el artículo 77 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, hoy artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores, y con ello el artículo 89 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela; toda vez, que –se insiste una vez mas- de las pruebas traídas a los autos (Acta de contestación a la Solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos, Memorandum, Recibos de pago, Memorando, C.d.T.) no se evidencia que el trabajador haya sido contratado de conformidad con la normativa sustantiva laboral bajo la modalidad de contrato a tiempo determinado, ya que más allá de la intención de las partes (que en el presente caso es vincularse a tiempo indeterminado), están las normas imperativas de la legislación laboral, las cuales conforme lo prevé el artículo 10 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, hoy artículo 2 de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores, son de orden público, concluyéndose, en tal sentido, que en el marco de un Estado Social de Derecho, los alegatos formulados por el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.) con referencia a la vigencia del contrato de trabajo carecen de fundamento alguno, pues, independientemente que las partes hayan acordado suscribir un contrato a tiempo determinado, las condiciones que autorizan a dicha contratación, previstas en el artículo 37 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y el artículo 77 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, hoy artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores, no se encuentran presentes en el caso de autos, por lo que mal puede pretenderse a través de la realización de contratos de trabajo a tiempo determinado la transgresión de derechos fundamentales, tal como lo es el Derecho al Trabajo, el cual está garantizado y protegido por mandato constitucional (artículo 89 de la nuestra Carta Magna), en virtud de constituirse Venezuela en un Estado social de Derecho y de Justicia, obligado a proteger a los débiles, a tutelar sus intereses amparados por la Constitución, sobre todo a través de los Tribunales (Vid. Sentencia No. 85 del 24/01/2002 emanada de la Sala Constitucional), teniendo de igual manera los poderes públicos el deber de proteger, promover y garantizar positiva y proactivamente el ejercicio equitativo y justo de los derechos fundamentales (Vid. Sentencia No. 1049 de fecha 23/07/2009 emanada de la Sala Constitucional); por ello, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Charallave, con fundamento en los razonamientos ante expuestos, y en obsequio de la Justicia, declara que el vínculo laboral que unió al ciudadano C.A.D.P. con el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), corresponde a la modalidad de UN CONTRATO DE TRABAJO A TIEMPO INDETERMINADO, sin que tal declaratoria constituya en modo alguno el ingreso del trabajador a la Administración en condición de Funcionario Público, toda vez que el vínculo existente entre el trabajador C.A.D.P., y el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), fue por un contrato de trabajo (a tiempo indeterminado), motivo por el cual se infiere que la relación que unía a las partes, no tenía naturaleza funcionarial, sino laboral. Y ASÍ SE ESTABLECE.

    Ahora bien, determinado como ha sido que el régimen aplicable al ciudadano C.A.D.P. es la legislación laboral, este Juzgado a objeto de pronunciarse sobre el vicio delatado referente a que la Inspectoría no consideró que el ciudadano C.A.D.P. era empleado público contratado, por lo cual incurrió en un falso supuesto ya que el referido ciudadano no gozaba de inamovilidad, es conveniente para quien aquí decide, hacer algunas consideraciones sobre la inamovilidad laboral.

    En tal sentido, tenemos que en relación a la inamovilidad, estableció la Sala Político-Administrativa en sentencia Nro. 2677 de fecha 28/11/2006, caso: O.S.G., contra la Sociedad Mercantil PDVSA Petróleo, S.A., lo siguiente:

    (…) Sin embargo, en la Ley Orgánica del Trabajo se establecen situaciones en las cuales en atención a la inamovilidad que podrían disfrutar en un momento determinado ciertos trabajadores, la calificación previa del despido le corresponde a las Inspectorías del Trabajo. Entre estos trabajadores figuran: a) la mujer en estado de gravidez; b) los trabajadores que gocen de fuero sindical; c) los trabajadores que tengan suspendida su relación laboral; y d) los que estén discutiendo convenciones colectivas. A estos supuestos de inamovilidad que requieren la calificación de despido ante el respectivo órgano administrativo, se agrega el caso de inamovilidad laboral cuando ésta es decretada por el Ejecutivo Nacional en uso de las potestades que la Constitución y la Ley le confieren

    (Resaltado de este Tribunal)

    Conforme a la decisión supra transcrita, es importante para esta Juzgadora hacer énfasis en que, cuando se habla de inamovilidad laboral; principalmente en aquellos casos donde la inamovilidad que protege al trabajador es la decretada por el Ejecutivo Nacional, será competencia del Inspector del Trabajo la calificación del despido, en los procedimientos de reenganche y pago de salarios caídos intentado por los trabajadores investidos de la inamovilidad especial por ante la Inspectoría del Trabajo.

    Así mismo, la Sala Político Administrativa mediante decisión Nº 716, de fecha 01 de junio de 2011, en el caso: R.O.R.M. contra la Contraloría del Municipio San R.d.O.d.E.P., afirmó:

    (…) De las normas transcritas se desprende la imposibilidad de despedir a un trabajador amparado por la inamovilidad laboral especial, a menos que existiera una causa justificada debidamente comprobada por el Inspector del Trabajo, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 453 de la Ley Orgánica del Trabajo. Asimismo, se señala cuáles son los supuestos en los que se exceptúa la aplicación de la referida prórroga de inamovilidad laboral especial.

    Ahora bien, efectuadas las anteriores consideraciones y con vista a los alegatos expuestos por la parte actora, la Sala aprecia lo siguiente: 1) que la trabajadora comenzó a prestar sus servicios en la Contraloría del Municipio San R.d.O.d.E.P. el 1° de septiembre de 2005, y que para el momento en que fue notificada de su despido, esto es, el 5 de mayo de 2009, tenía acumulados más de tres (3) meses de antigüedad; 2) que para el momento del despido devengaba un salario mensual de Ochocientos Ochenta Bolívares (Bs. 880,00), cantidad esta inferior a la establecida en el señalado Decreto de Inamovilidad Laboral; y 3) que se desempeñaba como ‘Secretaria’, de lo cual no se evidencia que tenía atribuidas funciones de dirección o confianza.

    Por tales razones, considera la Sala que la ciudadana R.O.R.M., para el momento del despido se encontraba presuntamente amparada por la inamovilidad laboral prevista en el precitado Decreto Presidencial N° 6.603, en razón de lo cual debe la Sala declarar que corresponde a la Administración Pública por órgano de la Inspectoría del Trabajo respectiva el conocimiento del asunto, con lo cual el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer y decidir el caso de autos. Así se declara.

    (Negrillas y subrayado de este Juzgado)

    De la sentencia ut supra transcrita, se colige que los trabajadores investidos de la inamovilidad laboral especial decretada por el Ejecutivo Nacional, no podrán ser despedidos, trasladados o desmejorados sin antes cumplir con el procedimiento previsto en el artículo 453 del referido texto sustantivo laboral, toda vez que la inamovilidad laboral –especial- de la que son titulares, hace referencia no sólo a la permanencia en el cargo, sino a la imposibilidad por parte del patrono, de desmejorar o trasladar al trabajador amparado por dicha inamovilidad. Por lo que tal condición más que un derecho de permanencia en el trabajo, constituye un privilegio devenido de la investidura por el fuero del que goza (Vid. Sentencia Nro. 1076 del 02 de junio de 2005, caso: revisión de la desaplicación de los artículos 125 y 126 de la ley Orgánica del Trabajo, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).

    En este mismo orden de ideas, considera pertinente esta Juzgadora citar la decisión Nº 2011-0152, de fecha 14 de febrero de 2011, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en la cual señaló:

    Ahora bien, en relación a la estabilidad y condición del personal contratado al servicio de la Administración Pública, el artículo 37 de la Ley del Estatuto de la Función Pública dispone que éstos ciudadanos, prestaran sus servicios en ‘tareas específicas y por tiempo determinado; la afirmación del Legislador, instituye que el régimen de estabilidad aplicable al personal contratado, es el denominado `sistema de estabilidad relativa´, sobre el cual, la culminación, o el cese del contrato de trabajo, estará regido por las disposiciones previstas en la misma ley, vale decir, la terminación del contrato de trabajo, o el despido justificado.

    (…)con meridiana claridad se desprende lo siguiente: 1) La inamovilidad laboral amparaba a los trabajadores del sector público y privado que se encontraban regidos por la Ley Orgánica del Trabajo, sin hacer distinción de una condición contractual; en el caso de marras, como se explicó anteriormente, la ciudadana A.C.V.G., ostentaba la condición de personal contratado, y de conformidad con lo previsto en los artículos 37 y 38 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se encontraba regida por los postulados de la legislación laboral; 2) Para proceder al despido de cualquier trabajador protegido por la inamovilidad especial decretada, los respectivos patronos debían solicitar, previamente, la instauración del procedimiento de calificación de faltas ante la Inspectoría del Trabajo; 3) El incumplimiento de la tramitación del procedimiento de calificación de faltas, da derecho a que el trabajador afectado, pueda acudir a la Inspectoría del Trabajo para solicitar el reenganche y pago de salarios caídos; 4) Quedan exceptuados del amparo, del referido decreto de inamovilidad laboral, quienes tengan menos de tres (03) meses al servicio de un patrono, y los funcionarios del sector público, quienes conservarán la estabilidad prevista en la normativa legal que los rige.

    Al criterio de quien hoy sentencia, el vicio de incompetencia manifiesta propuesto por el apoderado judicial de la parte recurrente, carece de asidero jurídico posible, por cuanto es conteste este Despacho Judicial que, en todo caso, la cualidad acreditada de la ciudadana A.C.V.G., como profesora docente contratada, constituye una relación de materia laboral que debió ser resuelta ante la Inspectoría del Trabajo, al encontrarse amparada en los postulados del Decreto de Inamovilidad Laboral, dictado en el decreto presidencial Nº 3957 de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil cinco (2005) y publicado en la Gaceta oficial Nº 38.280 del veinticinco (25) de septiembre del año dos mil cinco (2005); por tales razones, se desecha el vicio de incompetencia manifiesta denunciado por los apoderados judiciales del hoy recurrente, al encontrarse manifiestamente infundado. Y así se decide.

    (Negrillas y Subrayado de este Juzgado)

    Al respecto, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo mediante decisión de fecha 11/07/2012, según expediente AP42-R-2011-001242, indicó:

    “(…) el personal contratado al servicio de la Administración Pública, de acuerdo a lo establecido en los artículos 37 y 38 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se regirán por la legislación laboral. De igual forma, se colige que tal personal podrá acudir ante el Inspector del Trabajo para procurar su reenganche y el pago de salarios caídos, en virtud de cualquier despido injustificado siempre y cuando dicho trabajador goce de la garantía especialísima de la inamovilidad laboral, siendo que en el caso que nos ocupa, la inamovilidad por decreto del Ejecutivo Nacional, pues fue por este supuesto el cual motivó al trabajador para ampararse en sede administrativa.

    Precisado lo anterior, esta Corte estima puntualizar que cuando un patrono pretenda despedir por causa justificada a un trabajador investido de inamovilidad, o trasladarlo o desmejorarlo en sus condiciones de trabajo, es necesario que se cumpla con el procedimiento previsto en el artículo 453 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, aplicable ratione temporis, es decir, que deberá ‘solicitar la autorización correspondiente del Inspector del Trabajo de la jurisdicción donde esté domiciliado el sindicato’, es decir, que se trata de una condición privilegiada del que goza el trabajador o trabajadora investido esa protección especial, ante el eventual intento del empleador de desvincularlo por decisión unilateral, de su puesto de trabajo o cargo sin que amerite causa justificada para ello.

    De igual modo, cuando ‘un trabajador que goce de fuero sindical sea despedido, trasladado o desmejorado sin llenar las formalidades establecidas en el artículo anterior, podrá, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes, solicitar ante el Inspector del Trabajo el reenganche o la reposición a su situación anterior’ (ex artículo 454 eiusdem), así que, aquel trabajador investido de inamovilidad, ante un despido írrito, consecuentemente podrá acudir a la vía administrativa dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a dicho acto, y ampararse a los fines de solicitar su reenganche y reposición al cargo y condiciones que venía desempeñando para el momento del injustificado despido del que fue objeto, no obstante, de conformidad con la parte final del artículo 454 ut supra, ‘el Inspector verificará si procede la inamovilidad, y si así fuere, ordenará la reposición a su situación anterior y el pago de los salarios caídos.’

    Ahora bien, este Órgano Jurisdiccional observa que el ciudadano V.E.C.L. prestó sus servicios como Operadora de Tren en el Instituto de Ferrocarriles del Estado devengaba una remuneración menor a tres salarios mínimos, por lo que gozaba de la garantía especialísima de la Inamovilidad Laboral por Decreto del Ejecutivo Nacional Nº 5752 del 27 de diciembre de 2007, publicado en Gaceta Oficial Nº 38.839 (Negrillas y Subrayado de este Juzgado)

    Ello así, en atención a las decisiones ut supra transcritas, se colige que los trabajadores (contratados al servicio de la Administración Pública) que gocen de la inamovilidad especial dictada por el Ejecutivo Nacional podrán, ante un despido injustificado, esto es, sin que el trabajador hubiere incurrido en alguna de las causales para la procedencia del mismo, acudir a la Inspectoría del Trabajo a objeto de solicitar su Reenganche y Pago de Salarios Caídos.

    Ahora bien, visto que los trabajadores contratados al servicio de la Administración Pública, que gocen de inamovilidad, pueden acudir a la Inspectoría del Trabajo, ante la existencia de un despido injustificado, a objeto de solicitar su reenganche y pago de salarios caídos, es necesario analizar si el ciudadano C.A.D.P., gozaba de inamovilidad laboral, y por ende podía acudir al referido órgano administrativo a los fines de solicitar su reenganche y pago de salarios caídos.

    A este respecto, cabe destacar que esta protección especial que brinda el Estado (inamovilidad laboral especial), deja de tener eficacia cuando el trabajador devengare una cantidad superior al equivalente a tres (3) salarios mínimos mensuales, es decir, cuando llegare a devengar una cantidad superior a tres mil seiscientos setenta y un bolívares con sesenta y siete céntimos (Bs. 3.671,67); cuando ejerciera un cargo de dirección o de confianza; cuando sea un trabajador temporero, eventual u ocasional; y los funcionarios del sector público, quienes conservarán la estabilidad prevista en la normativa legal que los rige, todo ello de conformidad con el Decreto No.7.914 publicado en Gaceta Oficial No. 39.575, de fecha 16/12/2010, el cual dispone:

    (Omissis)

    Artículo 2°. Los trabajadores amparados por la prórroga de la inamovilidad laboral especial no podrán ser despedidos, desmejorados, ni trasladados, sin justa causa, calificada previamente por el Inspector del Trabajo de la jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 453 de la Ley Orgánica del Trabajo. El incumplimiento de esta n.d. derecho al trabajador a solicitar el reenganche y pago de salarios caídos correspondientes. (…)

    (Negrillas y subrayado del Tribunal).

    Asimismo, el artículo 4 del Decreto en referencia, se establece lo siguiente:

    Artículo 4°. Quedan exceptuados de la aplicación de la prórroga de la inamovilidad laboral especial prevista en este Decreto, los trabajadores que ejerzan cargos de dirección, quienes tengan menos de tres (3) meses al servicio de un patrono; quienes desempeñen cargos de confianza; los trabajadores temporeros, eventuales y ocasionales; quienes devenguen para la fecha del presente Decreto un salario básico mensual superior a tres (3) salarios mínimos mensuales y los funcionarios del sector público, quienes conservarán la estabilidad prevista en la normativa legal que los rige.

    (Negrillas y subrayado del Tribunal).

    En este orden de ideas, procede este Tribunal a verificar si el trabajador se encontraba en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 4° del referido Decreto; y visto que el mismo tenía mas de tres (3) meses al servicio del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), y que no gozaba de la condición de funcionario público, se procederá a verificar si el ciudadano C.A.D.P. era trabajador de dirección o de confianza, si era trabajador temporero, eventual u ocasional, o, si devengaba un salario básico superior a los tres (3) salarios mínimos. Ahora bien, de un análisis del contenido del Acta de contestación a la Solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos, se evidencia que las funciones desempeñadas por el arriba mencionado trabajador, consistían en:

    (…) la recaudacion (sic) del dinero, realizar diariamente la venta de boletos (toquen y tarjetas) recargas, actualizacion (sic) de tarjetas sin contactos y cobro de multas, asi (sic) como realizar el conteo y arqueo del dinero diario establecido en la caja del cierre de turno y dejarlo por escrito y firmado para la verificación (sic) del turno siguiente. Tambien (sic) realiza la facturacion (sic) y emision (sic) de fichas segun (sic) solicitud de pasajero, toda (sic) estas funciones las (sic) califican como empleada (sic) de confianza y por ende no goza de estabilidad (…)

    Del contenido del Acta previamente transcrita, se evidencia que el trabajador desempeñaba funciones que no intervenían directamente en la toma de decisiones, que determinasen el rumbo del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), e igualmente no realizaba funciones de representación del Instituto o destinadas a obligarlo frente a los demás trabajadores. Por ello, resulta oportuno citar la decisión No. 542 proferida por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 18/12/2000 (Caso: J.R.F.A. contra I.B.M. de Venezuela, S.A.), en la que dispuso:

    Para que un trabajador pueda ser calificado como empleado de dirección, debe quedar claro que éste participa en la toma de decisiones y no sólo ejecuta y realiza los actos administrativos necesarios para cumplir con las órdenes, objetivos y políticas que han sido determinadas previamente por el patrono y los verdaderos empleados de dirección.

    Así las cosas, visto que el trabajador C.A.D.P., no participaba en la toma de decisiones del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), este Juzgado deja establecido que el ciudadano trabajador anteriormente identificado, quien se desempeñaba como Auxiliar de Tráfico “A” para el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), no ejercía un cargo de dirección, y visto que las funciones que realizaba no ameritaba el conocimiento de secretos industriales y comerciales, no supervisaba a otros trabajadores, ni participaba en la administración del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), de conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la hoy derogada Ley Orgánica del Trabajo, no ejercía un cargo de confianza. Y ASÍ SE ESTABLECE.

    Por otra parte, este Juzgado procederá a verificar si el ciudadano C.A.D.P. era trabajador temporero, eventual u ocasional; y en tal sentido, se reitera lo establecido en el inicio de la presente motivación, referido a que en el caso de marras se observa que el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.) actuando alejado del contenido de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Trabajo; hoy artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores, celebró un contrato de trabajo a tiempo determinado con el ciudadano C.A.D.P., no obstante, en razón de la naturaleza de los servicios prestados por el referido ciudadano, esto es: (i) asegurar una excelente atención a los pasajeros; (ii) informar al supervisor sobre cualquier incidente suscitado en el área donde desempeña sus funciones; (iii) realizar diariamente la venta de los boletos (token y tarjetas), recarga, actualizaciones de tarjetas, cobro de multas, (iv) cumplir con los horarios y rutinas establecidos; así como (v) cualquier otra instrucción asignada por el supervisor inmediato, no observa esta Juzgadora algún elemento que justifique la contratación a tiempo determinado, ya que por máximas de experiencias de quien aquí juzga, dichas actividades se realizan de forma continua y permanente, día tras día, por los trabajadores que prestan sus servicios en el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), para garantizar el normal funcionamiento de las actividades del mismo, las cuales se circunscriben al transporte ferroviario de personas desde Caracas a los Valles del Tuy y viceversa. Siendo ello así, de acuerdo a las previsiones del artículo 77 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo- hoy artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores- no se determina en el contrato de trabajo celebrado entre el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.) y el ciudadano C.A.D.P., alguno de los casos en los que únicamente (casos de excepción) el legislador autoriza la celebración de un contrato a tiempo determinado; por lo cual el ciudadano C.A.D.P. no ejercía funciones propias de un trabajador temporero, eventual y ocasional. Y ASÍ SE ESTABLECE.

    Determinado lo anterior y en esta misma perspectiva, es necesario dejar establecido que el equivalente a tres (3) salarios mínimos para la época en la que se produjo el despido alegado por el trabajador C.A.D.P., esto es el 02/01/2011, alcanzaba la cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN BOLÍVARES CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 3671,67), y el mencionado trabajador devengaba un salario mensual de DOS MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 2.200,00), cantidad ésta inferior al equivalente de los tres (3) salarios mínimos arriba señalados, por lo que al no ser el ciudadano C.A.D.P., un trabajador de dirección o de confianza, tampoco trabajador temporero, eventual u ocasional, y al devengar un salario inferior a los tres (3) salarios mínimos, y al encontrarse excluido de la aplicación de la Ley del Estatuto de la Función Pública por no ser un Funcionario Público, se encontraban amparadas por la protección especial del Estado, con fundamento al Decreto No.7.914 publicado en Gaceta Oficial No. 39.575, de fecha 16/12/2010, por lo que, en consecuencia gozaba de inamovilidad laboral especial –absoluta- por encontrarse dentro de los parámetros del referido Decreto, razón por lo cual la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, del Estado Bolivariano de Miranda, actuó ajustada a derecho al considerar que el ciudadano C.A.D.P. gozaba de inamovilidad laboral. Y ASÍ SE ESTABLECE.

    Así las cosas, verificado como ha sido que la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, del Estado Bolivariano de Miranda, no adjudicó de forma errónea la carga de la prueba y actuó ajustada a derecho al considerar que el ciudadano C.A.D.P. gozaba de inamovilidad laboral, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Charallave, declara IMPROCEDENTE el vicio de Falso Supuesto delatado por la representación judicial del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.). Y ASÍ SE ESTABLECE.

  2. QUEBRANTAMIENTO DE NORMAS.

    En lo que concierne al mencionado vicio, la representación judicial de la parte recurrente señala que la Inspectoría del Trabajo quebrantó el artículo 146 de Nuestra Carta Magna, así como el artículo 39 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, toda vez que el contrato no puede constituir la vía de ingreso a la Administración Pública; indicando así mismo, que la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, del Estado Bolivariano de Miranda contravino lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, puesto que nada refirió en la P.A. que hoy se recurre, sobre que el ciudadano C.A.D.P., era un empleado público contratado.

    Así, observa esta Juzgadora que el vicio de quebrantamiento de normas delatado por la representación judicial de la parte recurrente, INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), lo fundamenta en dos situaciones, a saber: (i) El quebrantamiento del articulo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el quebrantamiento del artículo 39 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; y (ii) el quebrantamiento del artículo 89 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. En tal sentido, este Tribunal procede a pronunciarse sobre el quebrantamiento de normas de la forma siguiente:

    a En cuanto al quebrantamiento del articulo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del artículo 39 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

    Al respecto, es necesario citar lo dispuesto en el artículo 146 de Nuestra Carta Magna, el cual es del siguiente tenor:

    Artículo 146. Los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados y contratadas, los obreros y obreras al servicio de la Administración Pública y los demás que determine la Ley.

    El ingreso de los funcionarios públicos y las funcionarias públicas a los cargos de carrera será por concurso público, fundamentado en principios de honestidad, idoneidad y eficiencia. El ascenso estará sometido a métodos científicos basados en el sistema de méritos, y el traslado, suspensión o retiro será de acuerdo con su desempeño.

    Por otra parte, el artículo 39 de la Ley del Estatuto de la Función Pública desarrolla la disposición constitucional supra transcrita, en los términos siguientes:

    Artículo 39- En ningún caso el contrato podrá constituirse en una vía de ingreso a la Administración Pública.

    En tal sentido, observa quien aquí decide que la representación del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), fundamenta el quebrantamiento por parte de la Inspectoría del Trabajo de la referida norma constitucional, “al ordenarse el reenganche de un empleado público contratado, ya que se está obligando a [su] representado a ingresar a un funcionario mediante una forma distinta a la prevista en la norma constitucional, que es a través del concurso público.” (Corchetes de este Juzgado. Folio 7 del presente expediente)

    De igual manera, fundamenta el quebrantamiento por parte de la Inspectoría del Trabajo del artículo 39 de la Ley del Estatuto de la Función Pública en el hecho de que “…el contrato, como lo señala la norma no puede constituir una vía para el ingreso a la Administración Pública y la orden impartida por la ciudadana Inspectora no es más que el constreñimiento al ingreso del ciudadano C.A.D.P., mediante una forma distinta a la contemplada en el artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que pudiera considerar un fraude a la ley.” (Mayúscula y Negrillas del escrito recursivo. Folio 7 Pieza No. I).

    Ahora bien, visto los fundamentos en que se apoya la delación del quebrantamiento de normas realizada por la representación judicial de la parte recurrente, resulta necesario para quien aquí decide, señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de Nuestra Carta Magna, ut supra transcrito “(…) en principio quienes prestan servicios a la Administración Pública serán Funcionarios de Carrera, y que no obstante ello, por vía de excepción, también podrán prestar sus servicios a la Administración otro tipo de Servidores Públicos, a saber: los Funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción; Los Funcionarios de Elección Popular; y los Trabajadores al servicio de la Administración (obreros y contratados), siendo que los primeros están sometidos al régimen del Estatuto de la Función Pública y los últimos están sometidos a las estipulaciones de la Legislación Laboral.” (Jorge C. Kiriakidis L. El Régimen Jurídico de la Función Pública en Venezuela Homenaje a la Doctora H.R.d.S.. 2005).

    Así las cosas, en virtud de que el caso de marras versa sobre un personal contratado al servicio de la Administración Pública, no constando en autos que el ciudadano C.A.D.P. haya participado en concurso alguno para ingresar a la Administración Pública, ni que se haya procedido a su nombramiento como Funcionario Público, en modo alguno puede ser considerado como tal, por ello, es necesario señalar que la Sala Político Administrativa en casos similares al que se analiza, ha esgrimido en forma reiterada (sentencias números 01641 de fecha 22 de octubre de 2003, 00113 del 12 de febrero de 2004, 04597 del 30 de junio de 2005, 00910 en fecha 05 de abril de 2006 y 01252 del 12 de julio de 2007, respectivamente), lo siguiente:

    “(…) el artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone:

    ‘Artículo 146. Los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados y contratadas, los obreros y obreras al servicio de la Administración Pública y los demás que determine la ley.

    El ingreso de Los funcionarios públicos y las funcionarias públicas a los cargos de carrera será por concurso público, fundamentado en principios de honestidad, idoneidad y eficiencia. El ascenso estará sometido a métodos científicos basados en el sistema de méritos, y el traslado, suspensión o retiro será de acuerdo con su desempeño’. (...)

    Asimismo, los artículos 38 y 39 de la Ley del Estatuto de la Función Pública establecen:

    ‘Artículo 38. El régimen aplicable al personal contratado será aquel previsto en el respectivo contrato y en la legislación laboral’.

    ‘Artículo 39. En ningún caso el contrato podrá constituirse en una vía de ingreso a la Administración Pública’.

    De las normas transcritas se evidencia que de manera expresa se excluyó del régimen de la función pública a los contratados, al puntualizarse con especial énfasis que ‘(...) el contrato no es vía de ingreso a la Administración Pública (…).’, debiendo entenderse por ello, que no es un medio para adquirir la condición de funcionario público.

    De manera que circunscribiéndonos al caso de autos, observa esta Sala tanto de la revisión de las actas que conforman el expediente (…) como de los alegatos expuestos por la parte actora, que su desempeño laboral estuvo supeditado a un contrato de trabajo, razón por la cual al haber prestado sus servicios como contratado, no tiene el carácter de funcionario público. (Negrillas de este Juzgado).

    En tal sentido, se reitera que al vincularse el ciudadano C.A.D.P. con el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.) bajo la modalidad de un contrato de trabajo, no tiene el referido ciudadano el carácter de funcionario público, y sería contrario al ordenamiento jurídico venezolano concederle tal calificación. Y ASÍ SE ESTABLECE.

    No obstante, es de especial relevancia traer a colación lo dispuesto por la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, del Estado Bolivariano de Miranda, en la P.A. hoy recurrida; así, la referida Inspectoría del Trabajo, una vez analizado que el vínculo que unió al ciudadano C.A.D.P. con el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.) fue a razón de un contrato de trabajo a tiempo indeterminado, procedió a declarar:

    (…) CON LUGAR, la solicitud de REENGANCHE Y PAGO DE SALARIOS CAÍDOS, incoado por el ciudadano C.A.D.P., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V.-6.004.447, en contra del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE). Y ASÍ EXPRESAMENTE SE DECIDE.

    En consecuencia se ORDENA al representante legal del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE), se sirva de restituir a la trabajadora (sic) accionante a su puesto de trabajo, en las mismas condiciones que poseía para el momento del despido, como ASISTENTE DE TRAFICO A, lo que deberá efectuarse en la sede de la accionada ubicada en: Avenida Perimetral, estación Charallave Norte, Edificio N° 5, Estado Miranda (…)

    (Negritas de la Inspectoría, Subrayado de este Juzgado)

    Al respecto, no se desprende del contenido de la P.A. hoy recurrida, que la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, del Estado Bolivariano de Miranda, haya ordenado el reenganche del ciudadano C.A.D.P., a una condición de FUNCIONARIO PÚBLICO DE CARRERA, sino por el contrario, la Inspectoría del Trabajo fue conteste en señalar que el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.) mantenía una relación a razón de un contrato de trabajo a tiempo indeterminado con el trabajador antes nombrado, sin que en ningún momento señale la P.A. recurrida que deba ser reenganchado como funcionario de carrera, circunstancia ésta que sin lugar a dudas hubiera sido contraria a las disposiciones contenidas en el artículo 146 de Nuestra Carta Magna y 39 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Y ASÍ SE ESTABLECE.

    Así las cosas, cabe destacar que en un caso similar al de autos la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en sentencia No. 2011-0152 de fecha 14/02/2011 señaló:

    En relación al primero de los argumentos sostenidos, este Despacho Judicial no comparte el criterio expuesto por el mandatario especial del Ente recurrente, pues no se desprende del contenido de la p.a. cuestionada, que el Inspector del Trabajo haya ordenado el reenganche de la trabajadora A.C.V.G., a una condición de empleo público de carrera; en efecto, fue conteste el Inspector del Trabajo en señalar que, producto de las defensas esgrimidas por el representante judicial del Ente patronal, la ciudadana A.C.V.G. ‘mantenía una relación a tiempo indeterminado a partir de la culminación de la relación contrato celebrado por las partes’, y en ningún momento, señala, al menos, el texto del referido acto administrativo, que la ciudadana A.C.V.G. deba ser reenganchada como funcionaria de carrera, circunstancia que, al criterio de quien hoy decide, hubiera constituido una trasgresión directa de las normas denunciadas como infringidas.

    (…)

    En relación al tercer argumento, por medio del cual el apoderado judicial del organismo recurrente expresa que `los contratados no gozan de la inamovilidad ni de la estabilidad, dado que en el sector público los contratos por tiempo determinado no pierden su naturaleza independientemente del número de ellos, porque de considerarlos y asimilarlos a como opera en el sector privado, constituiría una forma de ingresar a la Administración que vulneraría las normas de los artículos 144 y 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela´, este Juzgado observa: Ciertamente, la forma en la cual opera la sucesión reiterada de los contratos, dentro de la Administración Pública, dista mucho de ser semejante a la suscitada en el medio laboral privado, pues la norma del artículo 37 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, exige que el personal contratado, a ser requerido por los entes públicos, sean empleados por tareas específicas y a tiempo determinado.

    A simple vista, el criterio asomado por el apoderado judicial de la parte recurrente, goza de toda veracidad, pues, en principio, el personal contratado al servicio de la Administración debería prestar sus servicios a tiempo determinado, sin embargo, éste yerra al referir que el personal contratado no es beneficiario del régimen de estabilidad e inamovilidad consagrado en la legislación laboral, pues como se explicó en párrafo precedentes, éstos serán beneficiarios de los precitadas prerrogativas, siempre y cuando cumplan con los requisitos de ley.

    Sin embargo, lo anterior no es óbice para aclarar que el personal contratado, al ser legítimamente reenganchado, no pasa a ser funcionario público o funcionario de carrera, pues su condición de contratado persistirá en el tiempo, hasta que alguna circunstancia, modifique dicho status quo…

    (Negrillas de este Tribunal)

    Así las cosas, de conformidad con lo antes expuesto y haciendo suyo esta Juzgadora el criterio sentado por la Corte Primero de lo Contencioso Administrativa en la decisión ut supra transcrita, y al no haber declarado la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, del Estado Bolivariano de Miranda, el Reenganche del trabajador al ejercicio de un cargo de funcionario público o funcionario de carrera, sino que el Reenganche versa sobre la condición de contratado que tenía y que perdurará en el tiempo, hasta que alguna circunstancia modifique su status quo, es forzoso para quien aquí decide declarar que la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, del Estado Bolivariano de Miranda no violentó de modo alguno el precepto constitucional contenido en el artículo 146 de Nuestra Carta Magna y el precepto legal contenido en el artículo 39 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, toda vez que dichas normas prohíben que se pretenda ingresar a la Administración Pública (Funcionario Público de Carrera), mediante un contrato, caso éste totalmente alejado de la presente controversia, por cuanto lo que dispone la P.A. hoy recurrida es que se restituya al ciudadano C.A.D.P. a su puesto de trabajo, en las mismas condiciones que poseía para el momento del despido, como AUXILIAR DE TRÁFICO “A”, cargo éste que venía ejerciendo a razón de un contrato de trabajo y es bajo esa modalidad que deberá ser restituido, de acuerdo a las previsiones contenidas en la normativa sustantiva laboral. ASÍ SE ESTABLECE.

    En este orden de ideas, conforme al análisis ut supra realizado y por cuanto la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, del Estado Bolivariano de Miranda actuó ajustada a derecho al dictar la p.a. hoy recurrida, sin infringir lo dispuesto en el artículo 146 de Nuestra Carta Magna, ni en el artículo 39 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, este Juzgado declara IMPROCEDENTE el vicio de quebrantamiento de normas de los precitados artículos (146 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 39 de la Ley del Estatuto de la Función Pública). Y ASÏ SE ESTABLECE.

    b En lo que respecta al quebrantamiento del artículo 89 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

    En lo concerniente al delatado vicio, la representación judicial de la parte recurrente señala que se quebrantó el artículo 89 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos “(…) toda vez que la Inspectora del Trabajo nada refirió en su p.A. en relación a que se trataba de un funcionario contratado como está plenamente probado en autos (…) ya que de haberlo considerado no habría declarado con lugar la solicitud y en consecuencia no habría ordenado el reenganche y pago de salarios caídos.” (Folios 7 y 8 de la pieza principal del presente expediente)

    En tal sentido, es necesario indicar que la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en su artículo 89 dispone:

    Artículo 89. El órgano administrativo deberá resolver todos los asuntos que se sometan a su consideración dentro del ámbito de su competencia o que surjan con motivo de recurso aunque hayan sido aleados por los interesados

    La norma en referencia consagra el principio de globalidad administrativa o principio de congruencia; el cual, al igual como sucede en los procesos judiciales, obliga a la Administración a tomar en cuenta y analizar todos los alegatos, y defensas opuestas por las partes -al inicio o en el transcurso del procedimiento- para poder dictar su decisión (Vid. Sentencia de Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia No. 491 de fecha 22 de marzo de 2007 caso: Benetton Group, S.P.A.).

    En lo que respecta a dicha norma legal, es conveniente indicar que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 1970 de fecha 05/12/2007 (Caso: Tamanaco Advertaising C. A., contra el Ministerio de Infraestructura), estableció lo siguiente:

    Respecto al vicio denunciado, es necesario señalar que al igual como sucede en los procesos judiciales, la Administración se encuentra obligada a tomar en cuenta y analizar todos los alegatos y defensas opuestas por las partes -al inicio o en el transcurso del procedimiento- para poder dictar su decisión. En efecto, los artículos 62 y 89 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establecen lo siguiente:

    Artículo 62.- El acto administrativo que decida el asunto resolverá todas las cuestiones que hubieren sido planteadas, tanto inicialmente como durante la tramitación.

    Artículo 89.- El órgano administrativo deberá resolver todos los asuntos que se sometan a su consideración dentro del ámbito de su competencia o que surjan con motivo del recurso aunque no hayan sido alegados por los interesados.

    Las normas antes transcritas consagran el principio de globalidad administrativa, referido a la obligación por parte de la Administración de resolver dentro del ámbito de su competencia, todos los pedimentos o cuestiones planteadas tanto al inicio como en la tramitación de las causas puestas a su conocimiento

    . (Negrillas de este Tribunal)

    De conformidad con la norma en referencia y los criterios jurisprudenciales supra transcritos, se desprende que el principio de globalidad o congruencia, está directamente referido a la obligación por parte de la Administración de resolver dentro del ámbito de su competencia, todos los pedimentos o cuestiones planteadas tanto al inicio como en la tramitación de las causas puestas a su conocimiento (Vid. Sentencia Nº 00775 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 22 de mayo de 2007, Caso: Multinacional de Seguros, C.A.).

    En este orden de ideas, y visto que el quebrantamiento de normas delatado por la representación judicial de la parte recurrente se circunscribe a su decir, en que Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, del Estado Bolivariano de Miranda, nada refirió en su p.A. en relación a que el ciudadano C.A.D.P. era empleado público contratado al servicio del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), considera pertinente esta Juzgadora, indicar que la Inspectoría del Trabajo en la P.A.N.. 00180 de fecha 20/07/2011 (hoy recurrida) señaló, entre otras cosas, que:

    (…) Al respecto quien decide observa, que se trata de documento con carácter administrativo de índole interno, dirigido a la Oficina de Recursos Humanos del empleador, del cual evidenciándose las funciones a realizar por los ciudadanos allí relacionados, las mismas no se encuadran en los supuestos establecidos por la Normativa Laboral para que exista su adecuación a la figura de Trabajador de Confianza, establecido en el Artículo 45 del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo. (…)

    (…) Igual suerte corre la documental cursante al folio 22 de autos, ya que de acuerdo a lo establecido por el legislador laboral, el Artículo 45 (…) de la Ley Orgánica del Trabajo, para el caso de los trabajadores de confianza, establece como requisito sine qua nom, la participación en la administración del negocio, sin que deba entenderse necesariamente, que quienes desempeñen funciones relativas a la recaudación o recolección de dinero, se constituyan en ese subtipo. (…)

    (…) Sin embargo, se evidencia de manera clara, de acuerdo al contenido del instrumento en análisis, que de acuerdo al salario devengado, el trabajador accionante se ve investido de la protección extraordinaria, contenida en el Decreto de Inamovilidad Laboral Presidencial, al comprobarse que el mismo no excede de los tres (03) salarios mínimos establecido como requisito para su aplicabilidad (…)

    Así las cosas, evidencia quien aquí decide, que la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, del Estado Bolivariano de Miranda, en la P.A. hoy recurrida, se pronunció respecto de las pruebas aportadas, descartando que el ciudadano C.A.D.P. no desempeñaba funciones que se identifiquen con el cargo de un Trabajador de Confianza, tal como alegaba la representación del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), evidenciando que el referido ciudadano se encontraba investido por la inamovilidad invocada.

    En tal sentido, de conformidad con lo anterior, y visto que la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, del Estado Bolivariano de Miranda, en la P.A. impugnada, contrariamente a lo indicado por la representación judicial de la parte recurrente, sí procedió a referirse acerca de la naturaleza del cargo que desempeñaba el trabajador en el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), actuando de tal manera ajustada a derecho, no quebrantando en modo alguno el principio de globalidad administrativa o congruencia contemplado en el artículo 89 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Y ASÍ SE ESTABLECE.

    En razón de las consideraciones antes expuestas, visto que la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, del Estado Bolivariano de Miranda, no quebrantó el artículo 89 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Charallave, declara IMPROCEDENTE el vicio de quebrantamiento de normas legales (artículo 89 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos) delatado por la representación judicial del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.). Y ASÍ SE ESTABLECE.

    Ahora bien, determinado como ha sido por este Tribunal que la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, del Estado Bolivariano de Miranda, actuó ajustada a derecho al adjudicarle la carga de la prueba sobre la inamovilidad y el despido al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), por haber llevado dicho Instituto nuevos hechos al procedimiento administrativo; así mismo declaró ajustada a derecho que el ciudadano C.A.D.P. gozaba de inamovilidad laboral, sin infringir el artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ni el 39 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, toda vez que no ordenó el reenganche del referido trabajador como Funcionario Público, sino que en el reenganche que fue dictaminado por la Inspectoría del Trabajo fue ordenada su restitución en las mismas condiciones que desempeñaba para el momento en el que ocurrió el despido injustificado, esto es como Contratado, y al no violentar el principio de globalidad o congruencia administrativa al dictar la P.A. hoy recurrida, es forzoso para quien preside este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Charallave, declarar SIN LUGAR el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, conjuntamente con Medida Cautelar de Suspensión de Efectos interpuesto por el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), en contra de la P.A. Nº 00180, contenida en el expediente Nº 017-2011-01-00009, de fecha 20 de Julio de 2011, dictada por la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, del Estado Bolivariano de Miranda, en consecuencia FIRME la P.A. recurrida supra señalada, por lo que la misma conserva su plena eficacia jurídica y deberá ser acatada en los términos en los cuales fue proferida. Y ASÍ SE DECIDE.

    En mérito de lo anteriormente expuesto, es ineludible para quien preside este Tribunal LEVANTAR LA MEDIDA CAUTELAR de suspensión de efectos solicitada por el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.) y acordada por este Tribunal, en fecha 15 de noviembre de 2011, por medio de la cual se suspendieron los efectos jurídicos del acto administrativo, Nº 00180, contenido en el expediente Nº 017-2011-01-00009, de fecha 20 de Julio de 2011, emanado de la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, del Estado Bolivariano de Miranda. Y ASÍ SE ESTABLECE.

    Finalmente, visto que en el ámbito laboral, el bien tutelado por el Órgano Jurisdiccional es el Derecho al Trabajo, y por cuanto ese carácter tutelar está intrínsecamente ligado al ser humano, consagrándose de tal manera el Derecho del Trabajo como un Derecho Fundamental, que prima facie, después del derecho a la vida, se considera el más importante a razón de que su fin inmediato no es otro que hacer posible el ejercicio del trabajo en condiciones que garanticen la subsistencia, la salud, la obtención de los recursos necesarios al trabajador para su manutención y el de su grupo familiar, así como su pleno desarrollo integral, en tal sentido, es de impretermitible e imperiosa necesidad para quien preside este Tribunal destacar que el Juez del Trabajo, en razón de su especialidad cuenta con un amplio bagaje de competencias para la aplicación de las normas tanto sustantivas como adjetivas que garanticen una recta administración de justicia laboral, autónoma, independiente, especializada e imparcial, teniendo siempre como norte la protección del trabajador en el ámbito laboral, en cuanto sea procedente en derecho, de allí que la sentencia No. 955 del 23/09/2010, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Caso: B.J.S.T. y otros contra la sociedad mercantil Central La Pastora, C.A.) otorgó a los Tribunales Laborales la competencia para el conocimiento de recursos ejercidos en contra de los actos administrativos emanados de las Inspectorías del Trabajo en el marco de una relación laboral, de ello se colige que este Órgano Jurisdiccional se constituye como un Juzgado Contencioso Administrativo Laboral, y en ese sentido en relación a los poderes inquisitivos del Juez Contencioso Administrativo, es menester traer a colación sentencia número 962 del 9 de mayo de 2006 emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Caso: Cervecerías Polar Los Cortijos y otras contra el artículo 211 del Decreto N° 1.546 con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario) en la cual se dejó establecido que:

    …el legislador, de acuerdo con el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, está facultado para establecer las condiciones de actuación del juez contencioso administrativo, para lo cual debe legislar en términos de disponer lo necesario para que el órgano jurisdiccional pueda lograr su cometido constitucional, como es el restablecimiento de las situaciones jurídicas de los particulares ante la actuación de la administrativa, independientemente del sentido activo o negativo de dicha actuación, lo cual conlleva a que frente a la omisión de la actividad administrativa, el juez contencioso, pueda intervenir restableciendo los derechos o intereses eventualmente vulnerados.

    Es esta la ratio de los poderes inquisitivos del juez contencioso, como un efecto de la concepción social y de justicia del Estado venezolano, caracterizado por una institucionalidad que se adecua a lo que sea oportuno y posible en un momento determinado. Para ello, se tiene en cuenta la situación real de los ciudadanos y se adoptan normas normativas que persiguen disminuir las desigualdades sociales, permitiendo que las personas ajenas al poder público o privado obtengan una mejor calidad de vida…

    (Negrillas de este Juzgado)

    Así las cosas, en razón de los poderes inquisitivos del juez contencioso (Vid. Sentencia de fecha 9 de marzo de 2006 ut supra transcrita), y con las más amplías facultades otorgadas por la Ley a este Juzgado, en perfecta consonancia con el principio plasmado en Nuestra Carta M.d.E.S.d.D. y de Justicia, y en total acatamiento del postulado constitucional que consagra al trabajo como un HECHO SOCIAL que goza de protección del Estado de conformidad con el artículo 89 de la Constitución, este Juzgado en aras de una recta, imparcial e idónea administración de justicia laboral, EXHORTA al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), a:

    1. Acatar los lineamientos previstos en la Ley del Estatuto de la Función Pública, referido a que sólo podrá procederse (de manera excepcional) a la contratación de personal, en aquellos casos en que se requiera personal altamente calificado para realizar tareas específicas y por tiempo determinado.

    2. Normalizar o regularizar la situación del personal contratado, a los fines de no contrariar lo dispuesto en el primer aparte del artículo 37 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y así mismo a no contrariar lo previsto en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores, antes, artículo 77 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, ya que la vía del contrato debe ser la excepción y no la regla, siempre y cuando se ajuste a los requisitos plasmados en la norma sustantiva que rige esta clase de contratación. Y ASÍ SE DECIDE.

    DISPOSITIVA

    En base a todos los razonamientos de hecho y de derecho antes expuestos y en atención a los méritos que de ellos se desprenden; este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE LOS VALLES DEL TUY, DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHARALLAVE, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: COMPETENTE este Juzgado para conocer de la presente acción, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia Nº 955 de fecha 23 de septiembre de 2010 emanada de la Sala Constitucional. SEGUNDO: SIN LUGAR, el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por el abogado J.D.R.H., inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 48.187, en su carácter de apoderado judicial del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), contra la P.A. signada con el Nº 00180, contenida en el expediente Nº 017-2011-01-00009, de fecha 20 de Julio de 2011, dictada por la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy del Estado Bolivariano de Miranda, que declaró CON LUGAR la solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos del ciudadano trabajador C.A.D.P., titular de la cédula de identidad N° V- 6.004.447. TERCERO: Se declara FIRME la P.A. signada con el Nº 00180, contenida en el expediente Nº 017-2011-01-00009, de fecha 20 de Julio de 2011, dictada por la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy del Estado Bolivariano de Miranda ut supra identificada, por lo que la misma conserva su plena eficacia jurídica y deberá ser acatada en los términos en los cuales fue proferida.

    Finalmente, por cuanto la presente decisión se publica fuera del lapso legal, se ordena notificar del presente fallo, a (i) la Procuradora General de la República Bolivariana de Venezuela, (ii) al Fiscal General del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela, (iii) a la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, del Estado Bolivariano de Miranda (iv) a la parte recurrente, INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), en la persona de su apoderado judicial abogado J.D.R.H., o en su defecto en la persona de cualquier otro de sus representantes judiciales o legales, y (v) a la parte tercera interesada, ciudadano C.A.D.P., titular de la cédula de identidad No. V-6.004.447, para lo cual se ordena librar exhorto a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y a tal efecto se ordena librar copia certificada del presente fallo que será remitida adjunta a las notificaciones ordenadas en los particulares (i) y (ii) ut supra descritos.

    Igualmente se deja establecido que vencido el lapso de ocho (08) días previsto en el artículo 86 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para entender consumada la notificación dirigida a la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, se dejará transcurrir dos (02) días continuos como término de la distancia, y seguidamente, comenzará el lapso de cinco (5) días hábiles para recurrir de la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, se ordena dejar copia certificada de la presente sentencia en el archivo del Tribunal.

    Se ordena la publicación de la presente decisión en la página WEB del Tribunal Supremo de Justicia en el site denominada Región Miranda.

    PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA

    Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Miranda. En Charallave, a los Veintiséis (26) días del mes de Septiembre dos mil trece (2013) AÑOS: 203° y 154°

    DRA. T.R.S.

    LA JUEZA DE JUICIO

    ABG. A.J.A.P.

    EL SECRETARIO

    Nota: En esta misma fecha siendo las 3:00 de la Tarde, se dictó y publicó la anterior Sentencia.

    EL SECRETARIO

    TRS/AJAP/jmg.-

    Sentencia N° 103-13

    Exp. 561-11

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