Decisión de Tribunal Segundo de Control de Monagas, de 20 de Septiembre de 2012

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Segundo de Primera Instancia Penal en Función de Control

Circuito Judicial Penal del Estado Monagas

Maturín, 20 de Septiembre de 2012

202º y 153º

ASUNTO PRINCIPAL : NP01-P-2012-003599

ASUNTO : NP01-P-2012-003599

Vista la solicitud interpuesta por ante este Tribunal por la ciudadana M.E.G.A., titular de la Cédula de Identidad Nº V-8.858.730, quien requiere la entrega del vehículo de las siguientes características: MARCA: CHEVROLET, MODELO: SILVERADO LT, AÑO: 2008, COLOR: ROJO, TIPO: PICKUP, CLASE: CAMIONETA, PLACAS: 67PRAB, SERIAL DE CARROCERIA: 3GCEK1GM88G764836, SERIAL DE MOTOR: G764836, al respecto este Tribunal hace las siguientes consideraciones:

Se observa de actas procesales que, la presente causa se inició en fecha 10 de Abril de 2012, en virtud de denuncia común, interpuesta por la ciudadana M.E.G.A., quien expone: “Comparezco ante este Despacho con la finalidad de denunciar que dos sujetos desconocidos entraron a mi residencia portando armas de fuego y bajo amenazas de muerte de mi vehiculo MARCA CHEVROLET, MODELO SILVERADO LT, AÑO 2008, COLOR ROJO, TIPO PICKUP, CLASE CAMIONETA, PLACAS 67PRAB, SERIAL DE CARROCERIA 3GCEK1GM88G764836, SERIAL DE MOTOR, G764836, valorado en la cantidad de Trescientos mil bolívares fuertes aproximadamente, también lograron sustraer una computadora tipo Laptop, varias prendas, relojes varios, un equipo de sonido, valorado en la cantidad de veinticinco mil bolívares aproximadamente”.

Corre inserto al folio 10 de autos, INSPECCIÓN TÉCNICA N° 1799, de fecha 10 de abril de 2012, suscrita por los funcionarios AGENTES JESÚS CARRIZALES Y A.G.; realizada en la siguiente dirección: CASA NUMERO 34, CALLE 15-B, URBANIZACIÓN LAS GARAZAS, MATURÍN ESTADO MONAGAS; quienes dejan constancia que se trató de un sitio de suceso CERRADO.

Corre inserto al folio 16 de autos, ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL, de fecha 10 de Abril de 2012, en la que el funcionario C.P., adscrito a la Coordinación policial comunal, dependientes del Instituto Autónomo de policía del Municipio Maturín, quien deja constancia de lo siguiente: “En esta misma fecha siendo aproximadamente las once horas de la mañana, para el momento en que encontrándome realizando labores inherentes al servicio, en compañía de los funcionarios oficiales T.A. y E.B., a bordo de la unidad perteneciente a nuestro comando, en el sector de las Carolinas, para el momento en que nos desplazábamos por la calle 7, con transversal 02 y 03 de esta ciudad observamos a un vehiculo con las siguientes características: MARCA CHEVROLET, MODELO SILVERADO, COLOR ROJA, PLACA : 67PRAB, CALSE CAMIONETA, TIPO PICKUP, el cual se encontraba en estado de abandono por las condiciones como se encontraba aparcado ya que presentaba los vidrios bajos, por lo que nos acercamos al mismo y realizamos una inspección interna y externa, observando que su interior se apreciaba en registros, asimismo bajo el asiento del copiloto se encontraba la llave de encendido del mencionado automotor, por lo que de inmediato le hice llamada radiofónica al centralista de guardia de mi comando informándole sobre la recuperación del descrito vehiculo”.

Corre inserto al folio 18 de autos, ACTA DE ENTREVISTA de fecha 10 de Abril de año 2012, tomada a la ciudadana M.E.G.A., en el Instituto Autónomo de Policía del Municipio Maturín; quien entre otras cosas afirma: “Resulta ser que el día de ayer 09/04/2012, aproximadamente como a las 10:00 horas de la noche me encontraba en mi casa en la dirección antes mencionada, cuando de pronto llegaron dos sujetos portando armas de fuego y bajo amenaza de muerte nos despojaron de nuestra s pertenencias personales , de igual forma se llevaron una camioneta con las siguientes características: MARCA CHEVROLET, MODELO SILVERADO 4X4, TIPO PICK-UP, COLOR ROJO, PLACAS 67P-RAB, SERIAL DE MOTOR G764836, SERIAL DE CARROCERIA 3GCEK1GM88G764836, propiedad de mi esposo valorada en trescientos mil bolívares”.

Corre inserto al folio 19 de autos, Constancia de experticia N° 030111-602241, suscrita por el funcionario Cabo Primero F.D., adscrito al Cuerpo Técnico de Vigilancia y T.T., quien realizó inspección al vehículo MARCA CHEVROLET, MODELO SILVERADO 4X4, TIPO PICK-UP, COLOR ROJO, PLACAS 67P-RAB, SERIAL DE MOTOR G764836, SERIAL DE CARROCERIA 3GCEK1GM88G764836, a los fines de verificar los seriales y características del vehiculo”.

Corre inserto a los folios 20, 21, 22 de autos, documento Original de Compra Venta, donde el ciudadano L.A.T.P., da en venta a la ciudadana M.E.G.A., de un vehículo MARCA CHEVROLET, MODELO SILVERADO 4X4, TIPO PICK-UP, COLOR ROJO, PLACAS 67P-RAB, SERIAL DE MOTOR G764836, SERIAL DE CARROCERIA 3GCEK1GM88G764836, debidamente autenticado por ante la Notaria Pública Quinta de Maracaibo, de fecha 22 de Julio de 2012, quedando anotado bajo el número 100, Tomo 93 de la libros de autenticaciones llevados por ante esa Notaria.

Corre inserto al folio 23 de autos, INSPECCIÓN TÉCNICA POLICIAL N° S/N, de fecha 11 de Abril de 2012, suscrita por el funcionario Adscrito al Cuerpo de Investigaciones Cientificas Penales y Criminalisticas R.A., realizada al vehiculo: MARCA CHEVROLET, MODELO SILVERADO, COLOR ROJO, PLACAS 67PRAB, SERIAL DE CARROCERIA 3gcek1gm88g764836, el cual fue inspeccionado en su parte externa , así como su parte Interna.

Corre inserto al folio 26 de autos, Experticia practicada en el serial de carrocería y motor a fin de su reconocimiento legal Nº 052, al vehiculo MARCA CHEVROLET, MODELO SILVERADO, CLASE CAMIONETA, YIPO PICKUP, PLACAS 67PRAB, la cual dio como resultado: 1.-) Que la chapa que identifica el serial de carrocería ubicada en el lado superior izquierdo del tablero o panel de instrumentos donde se lee la cifra 3GCEK16M88G764836 se encuentra FALSO, ya que la configuración de los dígitos, así como el material de elaboración difiere del utilizado por la planta ensambladora; 2.-) que la etiqueta identificativa del serial de carrocería ubicada en la puerta izquierda 8puerta del chofer), donde se lee la cifra 3GCEK16M88G764836, se encuentra FALSO, ya que la configuración de los dígitos así como el material de elaboración difiere del utilizado por la planta ensambladora; 3.-) que la etiqueta de seguridad identificativa del serial de carrocería ubicada en la guantera del vehiculo donde se lee la cifra 3GCEK16M88G764836 se encuentra FALSO, ya que la configuración de los dígitos así como el material de elaboración difiere del utilizado por la planta ensambladora; 4.-) que las etiquetas identificativas del serial de carrocería ubicada en ambos travesaños del chasis, se encuentra DESINCORPORADAS; 5.-) que el serial de motor se encuentra DEVASTADO; 6.-) Mediante el procedo químico de pulimentación y la aplicación de reactivo regenerador de caracteres borrados sobre metal (FRY) sobre el área donde se estampa el serial del motor, no se logró obtener cifra alguna que identifique el automotor.

Corre inserto al folio 64 de autos, oficio N° 196-0342, de fecha 07/09/2012, procedente de la Notaria Pública Quinta de Maracaibo Estado Zulia, donde remite anexo copias certificadas del documento autenticado en dicha Notaria, anotado bajo el número 100, tomo 93, de fecha 22-07-2011.

Por los elementos cursantes en autos, es indispensable para este Tribunal, analizar el contenido de las decisiones emanadas del m.T. que refieren la forma de proceder en casos de solicitudes de vehículos con adulteración en sus seriales de identificación. A saber, la Sala Constitucional del M.T. de la República de fecha 30-06-2005, plasma criterio de lo que debe hacerse en casos en los cuales se haya solicitado la entrega de un vehículo que presente adulteración en sus seriales de identificación, sin embargo, ha de establecerse que, el criterio asentado no es vinculante y de obligatoria aplicación para los Tribunales de la República, toda vez que, el pronunciamiento que lo contiene no fue realizado por interpretación de una norma constitucional y no establece la señalada decisión que su aplicación sea de carácter vinculante.

No obstante lo anterior, también aprecia este Tribunal que el criterio antes aludido ha sido sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y acogido por la Sala Penal del m.T., en decisiones donde han dejado ver su completa aplicación al respecto.

De otro lado, en decisión de fecha 27 de Abril de 2007 emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia N° 744, con ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera, donde resolvía recurso de apelación de un amparo decidido por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de este Estado Monagas, se aprecia que, aún cuando la Sala Constitucional del m.T. confirma la decisión emanada de la Corte de Apelaciones, reitera el criterio sostenido por ella en el caso citado con anterioridad (Sentencia de la Sala Constitucional).

En consecuencia, hecha la puntualización anterior, resulta necesario para quien decide verificar el contenido de la decisión de la Sala Constitucional del M.T. de fecha 30-06-2005, Número 1.817, que reza:

…No obstante la anterior declaratoria, estima la Sala propicia la oportunidad, para hacer diversas acotaciones relacionadas con el asunto del presente p.d.a., esto es, la devolución de vehículos objeto de los delitos de hurto o robo recuperados por cualquier autoridad de policía.

En tal sentido, apunta la Sala, que uno de los f.d.D. es la justicia, cuyo principio se encuentra expresamente consagrado en el artículo 257 constitucional, que establece: “el proceso constituye un instrumento fundamental de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites (…). No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”.

Los esquemas tradicionales de la justicia, esencialmente formales, a la luz de la Constitución vigente, desaparecieron cuando ésta enunció un amplio espectro de los derechos protegidos y recogió principios generales que rigen la convivencia social. Por ello, si la interpretación de las normas legales choca con la posibilidad de precisar, en forma concreta, el sentido general del Derecho, ésta debe hacerse con el auxilio del texto constitucional.

De allí, que no puede entonces una ley contrariar la Constitución y, por tanto, los derechos y garantías constitucionales deben ser el norte que guíe la interpretación. La interpretación de la ley procesal debe garantizar el ejercicio de los derechos en el proceso y, ante diversas interpretaciones debe elegirse la que mejor mantenga el equilibrio entre las partes, desechando las que a pesar de atenerse al texto legal, puedan menoscabar el derecho a la defensa consagrado en la Constitución.

Las anteriores consideraciones, a juicio de la Sala, son de innegable valor a los fines de la interpretación que deben hacer el Ministerio Público y el juez penal, de las normas que disciplinan la entrega o devolución de vehículos recuperados, consagradas en la Ley especial -sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores- y en el Código Orgánico Procesal Penal.

En efecto, en materia de devolución de objetos incautados en el curso de una investigación, el señalado texto adjetivo penal establece dos normas al respecto: los artículos 311 y 312. El artículo 311 obliga al Ministerio Público a devolver, lo antes posible, los objetos recogidos o que se incautaron y que no son imprescindibles para la investigación. No obstante, en caso de retraso injustificado del Ministerio Público, las partes o los terceros interesados podrán acudir ante el juez de control solicitando su devolución, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y disciplinaria en que pueda incurrir el fiscal si la demora le es imputable.

El artículo 312 regula el procedimiento relativo a las reclamaciones o tercerías que las partes o terceros entablen durante el proceso con el fin de obtener la restitución de dichos objetos, el cual se tramitará ante el juez de control, conforme a las normas previstas por el Código de Procedimiento Civil para las incidencias.

Por su parte, el artículo 10 de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, establece la entrega de los vehículos objeto de los delitos de robo o hurto, por parte del juez de control o del Ministerio Público, a quienes acrediten ser sus propietarios. En caso de que varias personas reclamen el vehículo, el Ministerio Público con fundamento en los artículos 108.12 y 312 del Código Orgánico Procesal Penal, solicitará al juez de control la fijación de una audiencia, en la cual se decidirá a quien devolver el vehículo cuya entrega se solicitó.

Ahora bien, de lo contenido en los artículos precedentemente señalados, se observa que si bien el legislador –en aras de la protección del derecho de propiedad- fue inflexible en el referido procedimiento de entrega, ya que debe estar comprobada, sin que medie duda alguna, la titularidad del derecho de propiedad que posea un ciudadano sobre el objeto recuperado que se reclama en el proceso penal, para que pueda ordenarse su entrega; no obstante, a juicio de la Sala, tanto el Ministerio Público como el juez de control deben ser lo suficientemente diligentes en ordenar la práctica de todos los dictámenes periciales que sean necesarios, según las características de cada caso en concreto, a los fines de establecer la identificación, en este caso, del vehículo objeto del delito, el cual pudo haber sido sometido a una alteración, incorporación, desincorporación, remoción, suplantación o devastación de los seriales que lo individualizan, o presenten irregularidades en la documentación.

En casos como estos, en que pueda resultar imposible determinar la propiedad del vehículo, ya que los seriales u otras identificaciones en el motor, en la carrocería o en otro sector del vehículo, no pueden ser cotejados con datos de los legítimos documentos de propiedad, o tal cotejo funcione sólo parcialmente, impidiendo una plena prueba, el juez que conoce la reclamación o la tercería debe aplicar como principio general el postulado del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, postulado general del derecho, el cual sostiene que en igualdad de circunstancias, provenientes de la imposibilidad del cotejo entre los datos identificatorios que aún quedan en el vehículo –si es que existen- y los que reproducen los documentos presentados por quienes pretenden la propiedad sobre el mismo, favorecerán la condición del poseedor, lo que se ve apuntalado por el artículo 775 del Código Civil, el cual reza: “En igualdad de circunstancias es mejor la condición del que posee”, y el 794 eiusdem, que señala: “Respecto de los bienes por su naturaleza y de los títulos al portador, la posesión produce, a favor de los terceros de buena fe, el mismo efecto que el título …”.

A juicio de la Sala, la falta de diligencia del Ministerio Público o en su caso, del juez de Control, o la adopción de un criterio muy restrictivo al respecto, quebranta los derechos de acceso a la justicia y a contar con un proceso debido, que integran el derecho a la tutela judicial efectiva enunciado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…

De otro lado, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia en decisión N° 338 de fecha 18-07-2006, reitera el criterio emitido por la Sala Constitucional del m.T. de la República y agrega lo siguiente:

“…NULIDAD DE OFICIO…Riela a los autos, documento de compra del vehículo Fiat, al ciudadano G.J.H.G., por parte del ciudadano F.L.P.S., emanado de la Notaría Pública Primera de Barquisimeto, Estado Lara. Además de certificado de origen N° 35339 a nombre del citado G.J.H.G..

Ahora bien, la Sala observa, que en el presente caso no existe sobre el vehículo retenido, denuncia o reclamo por parte de persona alguna, sino que el mismo fue detenido por efectivos de la Guardia Nacional y puesto a la orden de la Fiscalía, cuando era conducido por el ciudadano F.L.P.S., al ver que éste no presentaba matrícula. A posteriori, al chequear los seriales de seguridad del vehículo en cuestión, se encontró que los seriales de carrocería y motor habían sido igualmente alterados.

Consta en autos, acta de investigación penal practicada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la Delegación del Estado Lara, folio 49, en la que se señala que el vehículo marca Fiat, modelo Palio, año 2001, color verde, tipo Sedán, sin placa, serial carrocería 9BD15573382476685, no aparece solicitado y no aparece registrado en el SETRA.

Asimismo consta en autos que el vehículo en cuestión se encuentra desde el día 18 de enero de 2005 en el estacionamiento C.d.B., Estado Lara, a la orden de la Fiscalía Superior del Ministerio Público del Estado Lara, en calidad de depósito.

El ciudadano F.L.P., ha solicitado reiteradamente a la Fiscalía, al Tribunal de Control y a la Corte de Apelaciones, le sea devuelto su vehículo, el cual es su único medio de transporte para realizar su trabajo y así poder llevar el sustento a su familia, aduciendo además que tal retención le ha acarreado pérdidas por pago de estacionamiento y deterioro del vehículo señalado.

El artículo 8 de la Ley Contra Robo y Hurto de Vehículos Automotores establece que:

…Cambio Ilícito de Placas de Vehículos Automotores. Quienes sustraigan, cambien o alteren ilícitamente las placas de vehículos automotores, de su serial de carrocería o de motor, para asegurar la impunidad de los autores de delitos de hurto o robo, o de sus cómplices, o para obtener un provecho económico para sí o para un tercero, serán sancionados con pena de dos a cuatro años de prisión

.

El vehículo Fiat, no se encuentra solicitado por hurto o robo, por lo que mal podría abrirse de oficio una averiguación por alteración de seriales o carrocería del mismo.

La Sala advierte la gravedad de un procedimiento como éste, el cual es usual, y en el que sin mediar denuncia alguna, “de oficio” los cuerpos policiales, Guardia Nacional o fiscales, retienen vehículos a sus propietarios o poseedores de buena fe, bajo el pretexto de averiguaciones. Tal actuación se pudiera prestar para realizar cobros indebidos por “rescates” o “adjudicaciones a dedo” de tales vehículos.

En relación con la entrega de vehículos en el proceso penal por parte del Juzgado de Control o por la fiscalía, ha dicho la Sala Constitucional que:

……’.

A juicio de la Sala, la falta de diligencia del Ministerio Público o en su caso, del Juez de Control, o la adopción de un criterio muy restrictivo al respecto, quebranta los derechos de acceso a la justicia y a contar con un proceso debido, que integran el derecho a la tutela judicial efectiva enunciado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Establecida por la vía aquí señalada, a quien corresponde el vehículo, la copia certificada del fallo servirá para la inscripción en el Registro Automotor Permanente

(Exp. N° 04-2397, sentencia de fecha 30 de junio de 2005).

En virtud de lo antes expuesto, considera la Sala que lo ajustado a derecho en el presente caso, es remitir el expediente al Juez Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, a fin de que lo distribuya en un Tribunal de Control, para que éste recabe las actuaciones necesarias, y una vez constatado que el vehículo no está solicitado, y sea probada la propiedad o posesión legítima del mismo por el ciudadano solicitante F.L.P.S., ORDENE la inmediata entrega bajo custodia del auto en cuestión al referido ciudadano…

De las decisiones antes transcritas se desprende que, para que pueda procederse a la entrega de un vehículo automotor que presente irregularidades en los seriales de identificación, se hace necesario cumplir con ciertos requisitos, a saber, que el fiscal del Ministerio Público y el juez de Control hayan realizado todas las diligencias necesarias para la identificación real del vehículo siendo infructuosa tal operación; que el solicitante sea poseedor de buena fe habiendo acreditado la documentación necesaria de propiedad del mismo y que el vehículo no se encuentre solicitado por algún organismo de seguridad del Estado por la comisión de un hecho punible.

Como puede apreciarse de las actas que conforman la presente causa que, la ciudadana M.E.G.A., presentó documentos para acreditar la propiedad del vehículo y su tradición; por lo tanto a criterio de quien decide, la misma fue sorprendido en su buena fe al adquirir el vehículo sin saber que presentaba problemas en los seriales de identificación de carrocería los cuales según la experticia realizada los seriales de carrocería son falsos y el serial del motor se encuentra desvastado. De otro lado se aprecia de las actas específicamente al folio 14, que funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística verificaron el status del vehículo por ante el Sistema Integrado de Información Policial, siendo informados por el Agente GLEOMAR MARTINEZ, que le corresponden los datos y que presenta solicitud en la presente investigación I-948.585, por el delito de Robo, en virtud de la denuncia interpuesta por la propia solicitante M.E.G.A., y dicha ciudadana es la poseedora del mismo y única solicitante; motivos por los cuales estima quien decide que, están dadas en el caso de marras, las exigencias plasmadas en las decisiones emanadas del M.T. de la República, para que pueda procederse a la entrega en Calidad de Depósito de un vehículo, en consecuencia se ACUERDA LA ENTREGA del vehículo incoada por la ciudadana M.E.G.. Y así se declara.

DECISION

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley ACUERDA LA ENTREGA DEL VEHICULO solicitado por la ciudadana M.E.G.A., titular de la Cédula de Identidad Nº V-8.858.730, el cual tiene las siguientes características MARCA CHEVROLET, MODELO SILVERADO 4X4, TIPO PICK-UP, COLOR ROJO, PLACAS 67P-RAB, SERIAL DE MOTOR G764836, SERIAL DE CARROCERIA 3GCEK1GM88G764836, la cual se hará en CALIDAD DE DEPÓSITO, con la expresa obligación para la ciudadana M.E.G.A., de presentarlo ante la autoridad que lo solicite ó este Tribunal cuando sea requerido, a no venderlo, arrendarlo, cederlo o traspasarlo de forma alguna, toda vez que el mismo fue entregado en calidad de depósito, dejando a salvo los derechos de terceros. Líbrese los correspondientes oficios al Sistema de Información Policial (SIIPOL) del Cuerpo de investigaciones Científicas Penales y Criminalística, a fin de dejar sin efecto y Excluir de dicho sistema, al vehículo MARCA CHEVROLET, MODELO SILVERADO 4X4, TIPO PICK-UP, COLOR ROJO, PLACAS 67P-RAB, SERIAL DE MOTOR G764836, SERIAL DE CARROCERIA 3GCEK1GM88G764836, el cual fue Recuperado y entregado, así como al encargado del Estacionamiento “KATAR”, ubicado en esta Ciudad de Maturín Estado Monagas, informándole lo aquí decidido y ordenándole se le haga entrega del vehículo que nos ocupa a la solicitante, a quien deberán exonerarle el 30% de los emolumentos que por concepto de estacionamiento haya generado dicho vehículo durante su estadía. De igual manera procédase a la devolución de los Documentos originales a la solicitante, previa certificación en autos, así como de la presente decisión.

Notifíquese la presente decisión, y una vez definitivamente firme la misma, remítase las actuaciones a la Fiscalía Décimo Tercera del Ministerio Público del Estado Monagas. Cúmplase.

La Juez

ABG. DELMYS GAMERO DE CHAYAN

La Secretaria,

ABG. SILVIA RONDON