Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Mercantil de Merida (Extensión Mérida), de 16 de Octubre de 2012
| Fecha de Resolución | 16 de Octubre de 2012 |
| Emisor | Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Mercantil |
| Ponente | Albio Antonio Contreras Zambrano |
| Procedimiento | Reivindicación |
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA. Mérida, dieciséis de octubre de dos mil doce.
202º y 153º
Mediante auto que riela a los folios 129 y 130, se admitió demanda que por reivindicación, fue interpuesta por el ciudadano E.J.E.F., venezolano, domiciliado en la ciudad de Caja Seca, Municipio Sucre del Estado Zulia, titular de la cédula de identidad número 12.299.967, procediendo en su propio nombre y en nombre y representación de los menores de edad S.D.C.E.S. y C.A.E.C., debidamente asistido por el abogado en ejercicio M.Á.V.M., titular de la cédula de identidad número 9.757.422, e inscrito en el Inpreabogado bajo el número 72.175, en contra de los ciudadanos OSMER R.B.B. (†) y M.H.B.L., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números 4.070.508 y 1.246.803 respectivamente, domiciliada la segunda en esta ciudad de Mérida, estado Mérida y el primero representado por sus coherederos ciudadanos L.D.V.B.D.B., en nombre propio y en representación de su hijo A.J.B.B. e YNÉS BRIYITH BECEIRA DE POLEO; LUCENY COROMOTO FERNÁNDEZ, en representación de su hija M.D.L.A.B.F. y OSMER J.B.M. y el coheredero C.J.B.M..
Al folio 827, consta diligencia de fecha 15 de octubre de 2012, suscrita por la ciudadana M.E.B.L., en su condición de co-demandada en el presente juicio, debidamente asistida por el abogado en ejercicio F.S.M.C., titular de la cédula de identidad número 11.467.852 e inscrito en el Inpreabogado bajo el número 105.742, mediante la cual consignó instrumento poder que otorga personería jurídica al abogado en ejercicio F.C.Z., que fue debidamente otorgado por ante la Notaría Pública Tercera del Estado Mérida, en fecha 24 de septiembre de 2012, inserto bajo el número 39, Tomo 97, folio 131 de los libros de autenticaciones llevados por dicha notaría.
Ahora bien, el Juez de este Tribunal está comprendido en causal de inhibición con el referido profesional del derecho, abogado F.E.C.Z., en orden a la previsión legal contenida en el ordinal 18º del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual no puede ser admitida su representación en orden a lo consagrado en el primer aparte del artículo 83 eiusdem, de tal manera, que teniendo conocimiento el mencionado profesional del derecho de la citada causal de inhibición que ha sido declarada con lugar por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, mediante sentencia de fecha 9 de marzo de 2012, no obstante, incurre como en otras ocasiones a pretender actuar en este Tribunal cuando tal situación le está vedada por imperio del artículo 83 ibídem.
De tal manera que este Tribunal para decidir sobre la exclusión del indicado abogado, hace previamente las siguientes consideraciones:
Establece el único aparte del artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:
No serán admitidos a ejercer la representación o asistencia de las partes en juicio quienes estén comprendidos con el Juez en algunas de las causales expresadas en el artículo 82, que hubiere sido declarada existente con anterioridad en otro juicio, el cual se le ha indicado por el juez en su pronunciamiento de oficio o a solicitud de parte. Cuando en el lugar donde se siga el juicio no existiere sino un solo Tribunal competente para conocer del asunto la representación o la asistencia de la parte con el abogado comprendido con el Juez en algunas de las causales previstas en el artículo 82, ya declarada existente con anterioridad en otro juicio ante el mismo Tribunal, sólo serán admitidas si el apoderado o asistente se presentare a ejercer la representación o la asistencia de la parte antes de la contestación de la demanda
(Lo destacado y subrayado fue efectuado por el Tribunal).
La disposición procesal anteriormente transcrita establece dos situaciones jurídicas distintas, la primera, con relación a la existencia en la jurisdicción de varios Tribunales competentes para conocer del asunto, en cuyo caso se ordena no admitir a ejercer la representación o asistencia de la parte en juicio a aquél abogado comprendido con el Juez en alguna causal de inhibición, que es el caso que se refiere lo subrayado en la citada disposición legal y en el presente caso con relación al abogado en ejercicio F.E.C.Z., y la segunda parte del transcrito artículo que se refiere a un caso distinto y es cuando en el lugar donde se sigue el juicio no existiere sino un solo Tribunal competente para conocer del asunto; esta última parte del artículo nada tiene que ver con el presente caso.
Formulada como fue la inhibición en otro expediente y declarada la misma con lugar por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, mediante sentencia de fecha 9 de marzo de 2012, --tal como consta de las copias que aquí se agregan--, por cuanto tal inhibición fundamentada en la causal consagrada en el ordinal 18º del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, referida a la enemistad manifiesta del Juez Titular de este Tribunal con el mencionado abogado F.E.C.Z., es lo que hace aplicable el señalado primer aparte del artículo 83 eiusdem, tal como lo ha señalado reiteradamente la más acreditada doctrina patria y las decisiones reiteradas de las diferentes Salas del Tribunal Supremo de Justicia con la única excepción de la materia penal, en donde no procede la aplicación del artículo 83 del señalado texto procesal, de tal manera que en dicha materia no se puede excluir a un abogado como defensor del acusado tal como lo señaló la Sala Constitucional en sentencia número 2539, de fecha 17 de septiembre de 2.003, contenida en el expediente número 02-2816 con ponencia del Magistrado Dr. A.J.G.G..
Con relación a la exclusión del abogado F.E.C.Z. para seguir conociendo de la presente causa, este Tribunal trae a colación la decisión de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 23 de septiembre de 1.999, ante una acción de amparo constitucional contra decisión judicial, donde expresó:
...la Sala concluye que el Juez está facultado para impedir actuar en el Tribunal al abogado comprendido con él en alguna causal de recusación, ya declarada previamente con lugar en otro juicio anterior ante ese Juzgado. No obstante, esta potestad no es absoluta, pues el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, dispone que ella no puede ser ejercida cuando en el lugar del juicio no existiere sino un tribunal competente para que conozca del asunto, siempre que el apoderado o abogado asistente actuare en el proceso antes de la contestación de la demanda.
En el caso concreto, el solicitante del amparo y la Juez en sus informes reconoce que existe entre ellos enemistad manifiesta y que esta causal de recusación, prevista en el ordinal 18º del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, ha sido declarada en otras oportunidades. Además, el presunto agraviado expresamente señala en la solicitud de amparo que su derecho al trabajo resulta lesionado porque se le impide ejercer en “...en uno de los dos tribunales laborales de primera instancia que funcionan en Barquisimeto...”
Por consecuencia, estima la Sala que no existen las pretendidas lesiones constitucionales porque la Ley establece la facultad del Juez Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, de inhabilitar al solicitante del amparo para actuar en ese Tribunal, por estar comprendido con la Juez Titular en una causal de recusación como lo es la enemistad manifiesta, ya declarada existente con anterioridad en otro juicio ante ese Juzgado, y existe otro Juzgado competente en la localidad. Así se establece
. (Lo destacado y subrayado fue efectuado por el Tribunal).
De igual manera la expresada Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, produjo una sentencia de fecha 28 de septiembre de 1.994, mediante la cual expresó:
...En efecto, no encuentra la Sala violación alguna del artículo 84 de la Constitución pues el Juez de Alzada, se limitó a aplicar el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, lo que trajo como consecuencia que el abogado resultara excluido.
La decisión proferida por la Alzada, se encuentra en un todo ajustado a derecho, y como consecuencia de ello, la Sala considera que la solicitud de amparo ejercida es inadmisible y así se declara
En ese mismo orden de ideas, la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, en fecha 16 de febrero de 1.994, indicó:
...se entiende el interés superior de la recta administración de justicia que subyace en la norma denunciada y que justifica plenamente la imposición de una limitación de las condiciones de ejercicio del derecho a patrocinar ante un determinado Juez, que eventualmente pueda corresponder a un profesional del derecho. No adolece entonces de inconstitucionalidad. Y así se decide
Este elenco de decisiones del M.T. de la República, han sido permanentemente reiteradas por las precitadas Salas de la M.J.d.P. y se traen a colación, por estar referidas a la exclusión de un profesional del derecho en los juicios en los cuales litiga, se ha producido una inhibición y la misma hubiese sido declarada con lugar por un Tribunal Superior. En ese mismo orden de ideas, con respecto a la imposibilidad de conocerle al mencionado profesional del derecho, cabe destacar lo siguiente:
El propio legislador patrio en la EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, del actual Código de Procedimiento Civil, señala en unas de sus partes lo siguiente:
... sin embargo se ha querido regular de modo especial dos aspectos fundamentales de la misma, que viene produciendo serios perjuicios a la Administración de Justicia actualmente : Uno de estos aspectos es el que se origina hoy en la práctica maliciosa de aprovechar la existencia de una causal de recusación entre el Juez y el apoderado de una de las partes, declarada existente con anterioridad en un proceso, para hacerla valer en otro proceso, distinto en el cual interviene el mismo apoderado inhabilitándose así permanentemente al Juez para conocer de todas las causas en que actúa dicho apoderado. Para poner fin a esta práctica perjudicial al proceso se ha establecido en el artículo 83 del proyecto que: No serán admitido a ejercer la representación de las partes en juicio
Advierte el Tribunal, que si bien es cierto, que en la Exposición de Motivos del Proyecto se señaló lo antes transcrito, en el artículo 83 vigente del referido texto legal, no solo se refiere a la REPRESENTACIÓN sino también a la ASISTENCIA de las partes, con la observación de que el artículo 82 eiusdem en su encabezamiento, incluye también los asuntos de jurisdicción voluntaria.
De igual manera, en orden a lo antes expuesto el tratadista patrio Dr. R. MARCANO RODRÍGUEZ, en su extraordinaria obra APUNTACIONES ANALÍTICAS, Tomo III, página 447, segunda edición, Caracas 1.960, señala que sé prohíbe aceptar diligencia y escritos:
...que contengan concepto injuriosos o indecentes. La libertad de las partes no puede llegar a esos extremos: sin la compostura que impone el mutuo respeto entre las personas, sin la consideración que merece el honor y la buena reputación de los demás, los Tribunales se convertirían en campos de Agramonte, los juicios en vulgares e insufribles reyertas y las partes en gladiadores de la injuria y de la difamación, con mengua de la majestad de la ley. El juez no debe, pues, aceptar tales escritos, ni el secretario extender tales diligencias; pues esos conceptos fueren notados después de la aceptación del escrito o diligencia el juez ordenará testarlos, de oficio, apercibiendo al infractor con una multa (...) El carácter de injurioso o indecente de los conceptos emitidos en el escrito o diligencia es de la soberana apreciación de la juez de la causa; pero en nuestro sentir, el juez debe ser lo menos tolerable posible en esta materia, pues hay que cortar de raíz la funesta costumbres que tienen algunos abogados y procuradores de esgrimir el insulto vulgar, la procacidad y hasta la difamación como argumento de debate en foro, en donde sólo deben reinar comedimiento, la razón jurídica y las mutuas consideraciones para suavizar y hacer amable y grato el ejercicio de la profesión del derecho y el ambiente del foro
.
Este criterio fue transcrito en sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 5 de mayo de 1.983, aparecido en el volumen 5 de la obra “JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA”, recopilada por el Dr. O.P.T..
Sobre este mismo particular el reputado autor venezolano Dr. A.R.R., miembro de la nueva Comisión Redactora del Nuevo Código de Procedimiento Civil Venezolano, de 1.987 volumen V, página 412, Editorial Arte, Caracas 1.992, enseña:
... es la corruptela llamada en el lenguaje de la práctica del foro, del abogado sacacorcho, porque mediante pingües estipendios, este personaje podría lograr, en beneficio de algunas de las partes, sacar al juez del conocimiento del asunto, con la simple presentación de una de las partes, que provocaba la inhibición del juez. Para poner fin a esta corruptela se introdujo en el artículo 83 del proyecto original la previsión correspondiente...
.
Por su parte el eminente procesalista Dr. R.H.L.R., en su obra “Código de Procedimiento Civil, comenta:
...a fin de poder coto a la ímproba intención de algunos abogados de granjease una codiciada enemistad con el Juez para lucrarla en provecho propio, mediante la práctica colusiva de hacerse dar poder del litigante a quien perjudicaría la providencia o sentencia del juez, el Código ha incluido el nuevo aparte de la disposición, según el cual el efecto para el representante o abogado asistentes de la declaratoria con lugar de inhibición o recusación, será el quedar excluido dicho representante de toda actuación judicial en el tribunal del juez impedido...
Es de meridiana claridad que de conformidad con el único aparte del artículo 83 del vigente Código de Procedimiento Civil, el abogado que esté incurso en una causal de inhibición declarara existente con anterioridad en otro juicio no podrá ser admitido para ejercer la representación o asistencia de las partes en juicio y según el encabezamiento del artículo 82 eiusdem, ni aún en asuntos de jurisdicción voluntaria.
Por todas las razones legales, doctrinarias y jurisprudenciales anteriormente expuestas, es por lo que este Tribunal excluye del conocimiento de la presente causa al abogado F.E.C.Z., quien actúa como apoderado de la parte co-demandada ciudadana M.E.B.L., y en garantía de los derechos de la mencionada parte y por cuanto el presente juicio no puede entrar ni en suspensión ni en paralización, es por lo que la mencionada ciudadana debe otorgarle poder a otro abogado de su confianza, razón por la cual es por lo que el mencionado abogado aquí excluido deberá avisarle a la parte codemandada, por el medio más rápido para que provea lo conducente, todo ello por aplicación analógica del primer aparte del artículo 159 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que los apoderados están sometidos en sus gestiones en el proceso, a las disposiciones del Código Civil, en cuanto a las facultades, deberes y formalidades, en concordancia a lo pautado en el artículo 169 eiusdem.
Distinta es la situación jurídica que se presenta, cuando ingresa un expediente al Tribunal en donde aparece como apoderado o asistente un abogado a quien el Juez se le inhibe, en cuyo caso el Juez está en la obligación de producir su correspondiente inhibición.
EL JUEZ TITULAR,
A.C.Z.
LA SECRETARIA TITULAR,
S.Q.Q.
ACZ/SQQ/ymr.
CONTIENE:
AUTO EXCLUYENDO ABOGADO DICTADO EN EL EXPEDIENTE Nº 6150.
DEMANDANTE(S): E.J.E.F..
DEMANDADO(S): O.R.B.B. y M.H.B.L..
MOTIVO: REIVINDICACIÓN.
MÉRIDA, 16 DE OCTUBRE DE 2012
ACZ/ymr.
