Decisión de Juzgado Superior del Trabajo de Lara, de 13 de Julio de 2004

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara

Barquisimeto, 13 de julio de 2004

194º y 145º

ASUNTO: KP02-R-2004-000777

PARTES EN EL JUICIO:

PARTE DEMANDANTE: F.M.P., venezolano, mayor de edad, cédula de identidad N° V –6.653.271 y de este domicilio.

ABOGADOS ASISTENTES DE LA PARTE DEMANDANTE: A.C.R. y S.R.M., abogados en ejercicio, inscritos en el I.P.S.A bajo los N° 22.667 y 39.904, de este domicilio.

PARTE DEMANDADA: SEGURA ASOCIADO, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo del Estado Lara, bajo el N° 1, Tomo 1-A de fecha 31 de enero de 1996 y JEVI C.A., inscrita por ente el Registro Mercantil Segundo bajo el N° 45, Tomo 45, de fecha 27 de mayo de 1999, representadas por el ciudadano V.R.S.E., venezolano, mayor de edad, cédula de identidad N° V –10.820.761y de este domicilio.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.

SENTENCIA: DEFINITIVA.

I

BREVE RESEÑA DE LOS HECHOS

Se inicia la presente causa por demanda de cobro de prestaciones sociales presentada en fecha 13 de mayo de 2004, por el ciudadano F.M.P., venezolano, mayor de edad, cédula de identidad N° V –6.653.271 y de este domicilio, asistido por los ciudadanos A.C.R. y S.R.M., abogados en ejercicio, inscritos en el I.P.S.A bajo los N° 22.667 y 39.904, de este domicilio, en contra de Segura Asociado, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo del Estado Lara, bajo el N° 1, Tomo 1-A de fecha 31 de enero de 1996 y Jevi C.A., inscrita por ente el Registro Mercantil Segundo bajo el N° 45, Tomo 45, de fecha 27 de mayo de 1999, representadas ambas por el ciudadano V.R.S.E., venezolano, mayor de edad, cédula de identidad N° V –10.820.761y de este domicilio.

Recibida la demanda en fecha 19 de mayo de 2004 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, se ordenó la revisión de la misma a los fines del pronunciamiento sobre su admisión y en fecha 19 de mayo de 2004 el referido tribunal se abstuvo de admitirla por no llenarse los requisitos establecidos en los numerales 3 y 5, por no determinar con exactitud las operaciones aritméticas y no indicar la dirección del demandante para la notificación.

En fecha 10 de junio de 2004 el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara dictó sentencia mediante la cual declaró inadmisible la presente causa, aduciendo que el demandante se dio por notificado tácitamente de la orden de subsanación en fecha 01 de junio de 2004, oportunidad en la cual consignó poder apud acta, disponiendo de dos días hábiles siguientes para proceder a la corrección del escrito libelar, lo que no fue cumplido por éste, trayendo como consecuencia la perención de instancia declarada por el aquo.

En fecha 17 de junio de 2004, el abogado A.C.R., apoderado judicial del actor, interpuso recurso de apelación contra dicho decisión, el cual fue oído por el juez de instancia en ambos efectos el día 25 de junio de 2004 y remitida la causa a esta Superioridad.

Una vez recibidos los autos por este Despacho el 07 de julio de 2004, se le dio entrada y se fijó oportunidad para la celebración de la audiencia oral, la cual tuvo lugar en fecha 12 de julio de 2004, en donde se declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto y se confirmó el fallo recurrido.

II

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

Llegada la oportunidad para publicar los fundamentos del fallo, esta Superioridad procede a hacerlo en los términos que se exponen a continuación:

La apelación del recurrente tiene por objeto la impugnación de la decisión dictada en fecha 10 de junio de 2004 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara mediante la cual se declaró inadmisible la presente causa, aduciendo que el demandante se dio por notificado tácitamente de la orden de subsanación en fecha 01 de junio de 2004, oportunidad en la cual consignó poder apud acta, disponiendo de dos días hábiles siguientes para proceder a la corrección del escrito libelar, lo que no fue cumplido por éste, trayendo como consecuencia la perención de instancia declarada por el aquo.

En este sentido y a los fines de pronunciarse sobre el presente recurso, esta Superioridad debe observar lo siguiente:

La necesaria estructuración de todos los modelos procesales para su desarrollo en fases ordenadas y sucesivas, tanto como la conveniencia de acelerar el trámite de la causa concentrando ciertas actividades del órgano y de las partes, acentuando la búsqueda de la rápida definición de la admisibilidad de las pretensiones y oposiciones, ha conducido a idear una serie de mecanismos encaminados a la obtención de esos objetivos primarios y de otros conexos que resultan complementarios.

De entre ellos resulta imprescindible aludir a los más conocidos, que son los originados en la legislación austriaca de 1895, la audiencia preliminar y el de inspiración luso brasileña, el despacho saneador. Modelos que, a despecho de significativas transformaciones, tanto en los ordenamientos de origen como en otros en que se adoptaran, siguen siendo el punto de referencia obligada cada vez que se genera un nuevo intento de instauración para un régimen determinado.

Es sabido que, en consonancia con las propuestas doctrinarias, el modelo austriaco de F. Klein de 1895, con ciertos retoques, sigue inspirando las legislaciones más avanzadas, tanto en los sistemas del common law, como en los del civil law continental, europeo y sus epígonos. Es palpable una generalizada tendencia encaminada a admitir un pronunciado aumento de los poderes del juez para ser ejercido en la faz preliminar o preparatoria del proceso.

Así, en el sistema del common law se ha enfatizado la experiencia de mecanismos que persiguen igual finalidad, aunque no se articulan concentradamente. La etapa del pre-trial permite una suerte de procedimiento preparatorio del juicio que tiene lugar predominantemente entre las partes, sin perjuicio de la intervención del órgano jurisdiccional, a través del intercambio de escritos tendentes a determinar los materiales fácticos y a la delimitación de las cuestiones controvertidas.

En el derecho continental europeo, no puede obviarse la referencia a una de las experiencias más fructíferas de las últimas décadas, cual es la que proporciona el conocido “modelo Stutgart”, encarecido como un probado esquema superador de las principales fallas que exhibía el avanzado proceso alemán. Se trata, en síntesis de un método para el logro de soluciones autocompuestas por las partes bajo el influjo del Tribunal, y para el mejor rendimiento de la audiencia de vista de la causa, que se apoya en la cuidadosa y prolija preparación anticipada de la recepción de las pruebas.

Con relación al ámbito iberoamericano, importa resaltar que el despacho saneador, originario del derecho portugués y que inspiró luego la legislación brasileña, ha sido, sin dudas una de las fuentes directas de la regulación del anteproyecto de Código Procesal Civil modelo, como se destaca en la exposición de motivos.

En los antecedentes brasileños, el despacho saneador estaba regulado en el Código de P.C. de 1939, con el objeto de sanear en profundidad el proceso, regularizarlo, expurgar los vicios: en una sola oportunidad el juez se pronunciaba sobre las nulidades, se verificaban las condiciones de la acción, y se designaba, en su caso, la audiencia de instrucción y juzgamiento.

El ordenamiento vigente desde 1974 reformó la normativa anterior, designando a la institución como saneamiento do processo y confiriéndole función solamente positiva, que se lleva a cabo en forma fraccionada; así la declaración de las nulidades insanables se efectúa como providencia preliminar al juzgamiento, conforme al estado del proceso. En el sistema actual el despacho saneador constituye una de las modalidades posibles del “juzgamiento conforme al estado del proceso”; a esa altura de la fase de saneamiento –explica Barboza Moreira- puede suceder que no haya necesidad o utilidad en proseguir la causa. De ahí que el despacho saneador tiene lugar justamente en las hipótesis restantes; se configura como el acto por el cual, el juez verificada la admisibilidad de la acción y la regularidad del proceso, lo impulsa en dirección a la audiencia por no estar todavía madura la causa. A su vez, el proceso se extingue sin juzgamiento en el mérito, “cuando no concurran cualesquiera de las condiciones de la acción: la posibilidad jurídica, la legitimación de las partes o el interés procesal”, en cuyo caso el juez conocerá de oficio, en cualquier tiempo y grado de la jurisdicción.

El despacho saneador es pues una institución procesal tomada de la legislación brasileña, que alude a la solución sumaria de las cuestiones previas procesales por parte del juez, sin apertura de procedimiento alguno.

El objeto esencial que se persigue con el despacho saneador, reside en eliminar de la litis concentradamente y en una etapa inicial –en contraposición al sistema tradicional difuso en donde la actividad se desperdiga- todos aquellos obstáculos que entorpezcan, suspendan o interrumpan el debate sobre el fondo de lo pretendido. Esa genuina función de “purgar” precozmente el proceso, desembarazándolo de impedimentos procedimentales para facilitar el rápido y ordenado pasaje a la etapa de juzgamiento del mérito, constituye una finalidad abierta susceptible de ser alcanzada por variados caminos.

Según las ideas de Ayarragaray, el objetivo del saneamiento es que, a través de un procedimiento inmaculado se dicte una sentencia en la cual triunfe la justicia, dando a cada uno lo suyo y no que consagre un pronunciamiento que lleve el sello de la superchería, de la maniobra, de la deficiencia procesal, del triunfo del ritual, existente desde el principio de la formación del proceso o introducido en él, durante su crecimiento.

En el ordenamiento jurídico patrio, la figura del despacho saneador había sido incorporada por el legislador venezolano en el procedimiento de estabilidad laboral previsto en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Trabajo, que entró en vigencia el 1° de mayo de 1991, al disponer que el juez tiene las más amplias facultades para requerir de las partes que subsanen los errores en que hayan incurrido en el procedimiento.

Mas tarde, La Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en su artículo 19 prevé facultades especiales para ordenar que se corrijan los defectos u omisiones vistos en la querella, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación que se le haga al solicitante. (Gaceta Oficial N° 34.060 Extraordinaria, de fecha 27 de septiembre de 1988).

Recientemente, en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en sus artículos 124 y 134, se consagró la institución del despacho saneador en dos momentos estelares del proceso, en los siguientes términos:

Artículo 124: “Si el juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, comprueba que el escrito libelar cumple con los requisitos exigidos en el artículo anterior, procederá a la admisión de la demanda, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su recibo. En caso contrario, que corrija el libelo de la demanda, dentro del lapso de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación que a tal fin se le practique.”.

Artículo 134: “Si no fuera posible la conciliación, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución deberá, a través del despacho saneador, resolver en forma oral todos los vicios procesales que pudiere detectar, sea de oficio o a petición de parte, todo lo cual reducirá en un acta.”.

En efecto, lo que se debe sanear a la luz del nuevo ordenamiento procesal del trabajo versa sobre dos aspectos fundamentales: en primer lugar, nos encontramos que una vez introducida la demanda ante el Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, el juez debe verificar si éste cumple con los requisitos establecidos en el artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en caso afirmativo procederá a admitir dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a su recibo.

En consecuencia, debe el juez de sustanciación, mediación y ejecución examinar si está bien identificada la parte demandante y demandada, atendiendo a la condición de persona natural o jurídica o una organización sindical, debiéndose indicar los datos concernientes a su denominación, domicilio, representantes legales, estatutarios, judiciales; en el caso de los sindicatos, datos de registro, actas de proclama de Junta Directiva, visto bueno del C.N.E., entre otros.

También debe analizarse la descripción del objeto de la demanda, el punto esencial de lo que se pide o se reclama, con una narrativa de los hechos que producen o de los que se derivan los derechos laborales reclamados y como último elemento previsto en el artículo en comento, la dirección del demandante y del demandado para efectos de la notificación a que se refiere el artículo 126 eiusdem.

Esta dirección de las partes no debe estar limitada al lugar donde tenga su asiento los negocios e intereses y tampoco a la dirección donde tenga su residencia en caso de ser persona natural o las oficinas en caso de ser una persona jurídica; en obsequio al principio de celeridad en los lapsos, debe suministrarse correo electrónico, líneas inter-fax y demás avances tecnológicos informáticos que sirvan de vehículo para poner en conocimiento al demandado de la interposición de la acción.

El legislador estableció como punto aparte o separado, ciertas informaciones que también deben estar insertas en el libelo cuando se trate de acciones que derivan de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, cuales son: 1) La naturaleza del accidente o enfermedad, cómo se produjo, su evolución en el tiempo. 2) Tratamiento médico o clínico. 3) Centro asistencial donde se recibe o recibió el tratamiento. 4) Naturaleza y consecuencias probables de la lesión y por último 5) Una descripción breve de las circunstancias del accidente.

El juez, advertido que el libelo adolece de ciertas informaciones anteriormente reseñadas, ordenará al solicitante o libelista que corrija la demanda dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación que a tal fin se le practique, con apercibimiento de perención.

Así pues, se tiene in procesum el primer despacho saneador, donde el juez como director del proceso debe depurar el libelo de cualquier inobservancia u omisión que impida obtener una justa sentencia.

Tales defectos de forma no son los únicos casos donde el juez puede ordenar la subsanación ad procesum, ya que ante la imposibilidad de conciliación en la audiencia preliminar, debe purgar de obstáculos e impedimentos procedimentales que sean advertidos, bien de oficio o a petición de parte.

Es esta la segunda oportunidad trascendental donde el saneamiento coadyuvará además de la oralidad y la concentración, a que el proceso fluya sin dilaciones de ningún tipo, siendo válida la opinión del procesalista Henríquez La Roche en su obra “Nuevo Proceso Laboral Venezolano”, respecto a la inadmisibilidad de las cuestiones previas.

Infiere el autor “…que el legislador lo que pretendió prohibir es el trámite especifico de cuestiones previas a los fines de lograr celeridad procesal. Por tanto, ninguna excepción procesal o de inatendibilidad de la pretensión es capaz de generar un procedimiento incidental para que sea dirimido antes de la promoción de pruebas o antes de la contestación de la demanda”.

Es allí donde Henríquez La Roche coincide con el profesor J.A.C., procesalista de la Facultad de Derecho de la Universidad de México, en cuanto a las cuestiones susceptibles de saneamiento invocables por las partes, vale decir, la falta de jurisdicción, de competencia, acumulación prohibida de pretensiones, cuestiones de legitimidad del representante de alguna de las partes, litispendencia, conexidad, cosa juzgada, prescripción, caducidad, plazo o condición, en fin, las cuestiones previas son formas que depuran el proceso y en tal sentido resultan indispensables para la validez y eficacia del proceso, solo que su tramitación incidental de conformidad con la práctica forense abrogada, no es permitida, debiendo el juez resolver inmediatamente lo que antes podía tardar meses.

Bajo esta perspectiva y como quiera que en el caso de autos, al analizar las actas procesales se evidencia que el Juez de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, si está facultado para ordenar, por vía de despacho saneador, subsanar los vicios que advierta a fin de purificar el proceso, además considera esta Alzada que el referido Juzgado al dictar el auto de fecha 19 de mayo de 2004, lo que hizo fue activar una institución procesal que deviene del derecho portugués cual es el Despacho Saneador, cuyo incumplimiento genera sanciones gravísimas, conforme lo establecido por el legislador patrio en el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cual es la perención de la causa por falta de corrección.

En efecto, como ya se señaló, la doctrina patria al referirse al nuevo proceso laboral contempla dos momentos estelares para activar el despacho saneador: el primero, al momento de consignarse el libelo cuando el juez procede a su revisión como punto previo a la admisión de la querella y el segundo, cuando se da por terminada la audiencia preliminar ante el fracaso de una mediación, tal como lo establecen los artículos 124 y 134 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Ahora bien, si analizamos el escrito de fecha 03 de junio de 2004 mediante el cual la parte actora hace una serie de objeciones al auto que ordena el despacho saneador, en el cual el tribunal de la causa se abstiene de admitir la demanda, podemos concluir que en ningún pasaje de dicho escrito la parte actora cumple con la orden emanada de la instancia, siendo importante destacar que a las partes les está vedado calificar la importancia de los requisitos establecidos en el artículo 123 eiusdem porque, en definitiva, ésta es una norma procesal de estricto cumplimiento, cuya inobservancia trae como consecuencia la aplicación de un mecanismo de subsanación cual es el despacho saneador, que debe ser acatado en procura del debido proceso.

Así pues, si bien es cierto que esta Superioridad ha determinado en otros fallos que los jueces de Sustanciación, Mediación y Ejecución deben ser flexibles al momento de analizar y valorar la demanda, especialmente al especificar el objeto de la demanda, no es menos cierto que en el caso de autos no se está solamente en presencia de una omisión al indicar operaciones aritméticas, las cuales pudieran realizarse en cualquier oportunidad e inclusive en plena audiencia preliminar, sino que además la parte actora omitió mutatis mutandis indicar su dirección, lo cual si produce los efectos determinados en la sentencia recurrida, de tal modo, que el juez de instancia lo que hizo fue ordenar el despacho saneador y aplicar las consecuencias del incumplimiento del mismo, por ende, su actuación fue ajustada a derecho. Así se determina.

III

D E C I S I O N

En virtud de las consideraciones expuestas previamente, este JUZGADO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO LARA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto en fecha 17 de junio de 2004, por el abogado A.C., apoderado judicial de la parte demandante, contra el auto dictado en fecha 10 de junio de 2004 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en juicio seguido por F.M.P., venezolano, mayor de edad, cédula de identidad N° V –6.653.271 y de este domicilio, en contra de SEGURA ASOCIADO, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo del Estado Lara, bajo el N° 1, Tomo 1-A de fecha 31 de enero de 1996 y JEVI C.A., inscrita por ente el Registro Mercantil Segundo bajo el N° 45, Tomo 45, de fecha 27 de mayo de 1999, representada por el ciudadano V.R.S.E., venezolano, mayor de edad, cédula de identidad N° V –10.820.761y de este domicilio.

Queda así CONFIRMADO el fallorecurrido.

No hay condenatoria en costas.

Expídase copia certificada de la presente sentencia para ser agregada al Libro respectivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y remítase oportunamente el expediente al Tribunal de la causa.

Dada, firmada, sellada y refrendada por el Juez Superior del Trabajo del Estado Lara, Dr. A.D.Y.F., en la Sala de Audiencia del Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Barquisimeto, a los trece (13) días del mes de julio del año dos mil cuatro.

Años: 194º de la Independencia y 145º de la Federación.

El Juez, La Secretaria,

Dr. A.Y.F.A.. Rosalux Galíndez

En igual fecha y siendo la 1:40 p.m., se publicó y se expidió copia certificada conforme a lo ordenado en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

La Secretaria,

Abog. Rosalux Galíndez