Decisión de Juzgado Undecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 19 de Diciembre de 2011

Fecha de Resolución19 de Diciembre de 2011
EmisorJuzgado Undecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito
PonenteAngel Eduardo Vargas Rodriguez
ProcedimientoCobro De Bolívares

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Caracas, 19 de Diciembre de 2011

201º y 152º

ASUNTO: AH1B-V-2005-000114

Sentencia Interlocutoria con Fuerza de Definitiva

PARTE ACTORA:

• FUNDACIÓN FONDO NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO (FONTUR), fundación sin fines de lucro, constituida y domiciliada en la ciudad de Caracas, ordenada su creación mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1.827, de fecha cinco (05) de septiembre de 1991, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 34.808, de fecha veintisiete (27) de septiembre de 1991, inscrito su Documento Constitutivo y Estatutos Sociales por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Federal, en fecha 30 de diciembre de 1991, bajo el Nro. 38, Tomo 48 del Protocolo Primero, actualmente adscrita al Ministerio de Infraestructura, según Decreto Presidencial Nro. 257, de fecha dieciocho (18) de agosto de 1999, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nro. 36.775 del treinta (30) de agosto de 1999, actualmente adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura según decreto presidencial Nro. 5.246, de fecha 20 de Marzo de 2007, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 38.654, de fecha 28 de Marzo de 2007.

APODERADOS JUDICIALES PARTE ACTORA:

• Y.V., M.V., MARIA SUAZO, IDELSA MARQUEZ, T.T.D.M., L.R.M., L.S.O., HEITEL A.R., M.A.S.N., MARIA CONSUEL VALLEJOS LAMELA, YOHELEN RENGIFO, L.N., T.R., M.E.B.A. y R.D.M., abogados en ejercicio inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 76.811, 58.783, 63.410, 91.213, 14.295, 73.349, 8.445, 11.092, 70.797, 58.784, 118.750, 49.157, 57.357, 118.567 y 95.927 respectivamente.

PARTE DEMANDADA:

• E.C., venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nº 6.310.730.

MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES.

I

G.D.L.I.

Se inició el presente juicio, incoado por las Profesionales del Derecho Y.V. e IDELSA MARQUEZ, abogados en ejercicio inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 76.811 y 91.213, respectivamente, actuando en su carácter de apoderadas judiciales de FUNDACIÓN FONDO NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO (FONTUR), fundación sin fines de lucro, constituida y domiciliada en la ciudad de Caracas, ordenada su creación mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1.827, de fecha cinco (05) de septiembre de 1991, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 34.808, de fecha veintisiete (27) de septiembre de 1991, inscrito su Documento Constitutivo y Estatutos Sociales por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Federal, en fecha 30 de diciembre de 1991, bajo el Nro. 38, Tomo 48 del Protocolo Primero, actualmente adscrita al Ministerio de Infraestructura, según Decreto Presidencial Nro. 257, de fecha dieciocho (18) de agosto de 1999, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nro. 36.775 del treinta (30) de agosto de 1999, actualmente adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura según decreto presidencial Nro. 5.246, de fecha 20 de Marzo de 2007, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 38.654, de fecha 28 de Marzo de 2007, contra el ciudadano E.C., venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nº 6.310.730, la cual conoce este Juzgado por haberle correspondido el conocimiento por distribución.

Consignados como fueron los recaudos, este Juzgado mediante auto dictado en fecha 29 de Junio de 2005, procedió a admitir la presente demanda, ordenándose la citación de la parte demandada; y mediante diligencia presentada en fecha 12 de Julio de 2005, la parte actora, consignó los fotostátos pertinentes a los fines de la practica de la citación correspondiente.

Por auto de fecha 18 de Julio de 2005, este Tribunal, ordeno librar compulsa correspondiente a la parte demandada y dejo constancia de haber sido librada.

Mediante diligencia de fecha 08 de Junio de 2006, el alguacil de este Juzgado para la fecha dejo constancia de haber sido imposible la citación de la parte demandada y consigno compulsa respectiva, por lo que consecutivamente el apoderado actor en fecha 14 de Junio de 2006, solicito la citación por carteles, lo cual fue acordado por este Juzgado por auto de fecha 16 de Junio de 2006.

Seguidamente en fecha 19 de Septiembre de 2006, el apoderado actor R.J.D., consigno carteles debidamente publicados, en consecuencia una vez cumplidas con las formalidades del articulo 223 del código de Procedimiento Civil, el apoderado actor solicito se nombrara defensor en la presente causa, lo cual fue acordado por este Juzgado en fecha 17 de enero de 2007.

Este Tribunal en fecha 18 de Octubre de 2007, dejo constancia de aperturar cuaderno de medidas en la presente causa, por otra parte el apoderado actor mediante diligencia de fecha 08 de Enero de 2008, solicito al tribunal avocamiento y manifestó hacer diligencias para contactar a la defensora designada para que acepte o rechace el cargo, por lo que este Tribunal revoco el nombramiento de la defensora designada en fecha 17 de Enero de 2007, y designo nuevo defensor.

Mediante auto de fecha 05 de Diciembre de 2011, el Dr. A.V., se aboco al conocimiento de la presente causa.

II

MOTIVA

Vistas las precedentes actuaciones contenidas en el presente expediente, por cuanto no existen elementos sobre los cuales ameriten un pronunciamiento previo de este Tribunal, se acuerda hacer las siguientes consideraciones:

Establece el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil:

Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto del procedimiento por las partes (sic.)

.

De la norma antes transcrita se infiere que el Legislador ha previsto con la misma, sancionar la conducta omisiva del actor negligente que no impulsa el juicio que ha instaurado para que llegue a su culminación por los trámites procesales pertinentes, ya que tal conducta va contra el principio de economía y la celeridad procesal que busca que éstos sean sustanciados y decididos en los lapsos pertinentes para ello, sin retrasos ni demoras injustificadas.-

La perención constituye una sanción contra el litigante negligente, porque si bien el impulso procesal es inoficioso, cuando no se cumpla aquél debe estar listo a instarlo a fin de que el proceso no se detenga.

Se logra así, bajo la amenaza de la perención, una más activa realización de los actos del proceso y una disminución de los casos de paralización de la causa durante un período de tiempo muy largo, como ocurre en el caso bajo estudio, de tal modo que el proceso adquiere una continuidad que favorece la celeridad procesal por el estímulo en que se encuentran las partes para realizar aquellos actos y evitar la extinción del proceso.

Como lo establece nuestro Autor Patrio R.H.L.R., en su texto Código de Procedimiento Civil, Tomo II, Pág. 330:

…El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso exige que este una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente, hasta su meta natural, que es la sentencia.

Por ello, el juez pueda denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la instancia. Pero esta potestad del juez tiene dos límites, a saber:

a) cuando las partes están de acuerdo en continuar el juicio, pues el interés público no reside en la caducidad del proceso sino en la pendencia indefinida; porque así lo desean ambas partes de consuno, el juez no debería declarar extinguido el proceso aunque ya haya pasado el año de inactividad.

b) El interés público en la perención de la instancia no significa que no exista un momento preclusivo para la perención de la instancia en lo que a las partes se refiere. Si uno de los litigantes actúa en el proceso después de un año de inactividad, sin solicitar la perención, se apropia de los efectos de la pendencia de la litis y por tanto revalida tácitamente el proceso; por lo que no habría deber en el juez de atender positivamente la solicitud de perención que ese litigante haga posteriormente.

Ahora bien, podemos observar que el autor ARISTIDES RENGEL-ROMGERG, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II, relativo a la teoría General del Proceso, ha establecido que los caracteres de la Perención, son los siguientes:

…b) La perención se verifica de Derecho, esto es se realiza Ope Legis, al vencimiento del plazo de un año de inactividad, y no desde el día en que es declarada por el Juez.

c) La perención no es renunciable por las partes.

d) La perención puede declararse de oficio por el juez. Por el carácter irrenunciable que tiene, el juez puede declararla de oficio sin esperar petición de parte para su declaración.

e) La perención puede interrumpirse. Así como la inactividad prolongada por un año opera la perención, la actividad procesal durante el curso del lapso de perención, la interrumpe.

La actividad interruptiva ha de consistir en la realización de uno o más actos procesales que revelen la intención o propósito de continuar el proceso.

En esta línea argumentativa, este Juzgador estima pertinente hacer énfasis a lo establecido con respecto a la perención, y sobre este punto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 01 de junio de 2001 (Caso: F.V.G. y M.P.M.D.V.), establece:

“…El Código de Procedimiento Civil establece la institución denominada perención de la instancia.

Dicho Código señala que toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes (artículo 267); y agrega, que la inactividad del juez después de vista la causa, lo que se entiende que es solo con relación al fallo de fondo, no producirá la perención. Ella tampoco tendrá lugar cuando el proceso se encuentre en consulta legal, ante el juez que ha de conocerla (artículo 270 del Código de Procedimiento Civil).

En su esencia, tal disposición persigue sancionar la inactividad de las partes (de todos los litigantes), y la sanción se verifica de derecho, la que no es renunciable por las partes, tal como lo señala el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil.

El efecto de la perención declarada es que se extingue el proceso, por lo que ella no ataca a la acción, y las decisiones que produzcan efectos, y las pruebas que resulten de los autos, continuarán teniendo plena validez. Simplemente, la perención finaliza el proceso, el cual no continuará adelante a partir de la declaratoria de aquélla.

Como la acción no se ve afectada por la perención, la demanda puede volverse a proponer, y si con ella (la perimida) se hubiere interrumpido la prescripción, tal interrupción sigue produciendo efectos.

Por tratarse de una “sanción” a la inactividad de las partes, la perención, una vez verificado el supuesto que la permite, puede declararse de oficio, sin que valga en contra que las partes o una de ellas actuó después que se consumieron los plazos cuando se produjo la inactividad. Esta última puede tener lugar cuando no se insta o impulsa el proceso en un lapso legal establecido, o cuando el demandante no realiza una actividad específica en determinados plazos (caso del artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, por ejemplo) a la cual lo requiere el Tribunal, a instancia de su contraparte; o cuando debiendo comparecer a una determinada actuación, no lo hace (artículos 756 y 758 del Código de Procedimiento Civil). De estas dos posibilidades para los fines de este fallo, a la Sala le interesa la primera de ellas: la perención que nace por falta de impulso procesal propio…”

Del criterio jurisprudencial previamente trascrito, se reitera nuevamente el hecho de que la Perención de la Instancia constituye una sanción para la parte actora que por negligencia incurre en inactividad y no impulsa el proceso instaurado en el transcurso de un año; por ello acogiendo este Juzgado el criterio contenido en el fallo supra trascrito y aplicándolo al caso sub examine, considera que efectivamente en el presente caso, estamos en presencia de una Perención de la Instancia, puesto que se evidencia que la última actuación de la parte actora en el proceso se circunscribe el 08 de Enero de 2008, de lo cual claramente se desprende, que ha transcurrido mas de un (01) año, sin que conste en autos que la parte actora haya impulsado en forma alguna la continuación del proceso. En consecuencia, no existe actuación alguna realizada por ésta dentro del término previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, adecuándose perfectamente el caso de marras, a lo establecido en el artículo en comento.

Finalmente, resulta importante destacar que la Perención de la Instancia opera ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada, por lo que la perención se verifica desde el mismo momento en que ha transcurrido el término prescrito en la ley. En tal sentido, es necesario reiterar que conforme a lo establecido en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, la institución de la Perención de la Instancia producida por negligencia de la parte demandante en impulsar la continuación del proceso, es una norma de orden público, no renunciable por convenio entre las partes, pudiéndose declarar aún de oficio por el Tribunal que la detecte, acarreando como consecuencia la extinción del presente proceso, y así debe ser declarado en la parte dispositiva del presente fallo. ASI SE DECIDE.

III

DISPOSITIVA

Por todos los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO UNDECIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, Declara: PERIMIDA LA INSTANCIA, en consecuencia extinguido el proceso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.

PUBLIQUESE Y REGISTRESE

Dada, firmada y sellada en la sala de despacho de este TRIBUNAL UNDECIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS. En Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del año dos mil once (2011). Años: 201° de la Independencia y 152° de la Federación.

EL JUEZ,

LA SECRETARIA,

DR. A.V.R.,

ABG. S.C..

En esta misma fecha, siendo las 3:17 pm, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en el copiador de sentencia de este Tribunal la copia certificada de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.

LA SECRETARIA,

ABG. S.C..

ASUNTO: AH1B-V-2005-000114

Nº Antiguo: 22253

AVR/SC/Ana*

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