Decisión nº 100-14 de Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 29 de Abril de 2014

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SUPERIOR DÉCIMO DE LO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DE LA REGIÓN CAPITAL

Expediente Nro. 0774-08

En fecha 7 de mayo de 2002, la abogada M.C.A., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 19.655, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano G.A.S.C., titular de la cédula de identidad Nro. V- 11.669.611, consignó ante el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, actuando como Tribunal Distribuidor, escrito contentivo de la querella funcionarial interpuesta contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en el Oficio Nro. 220/01 de fecha 1° de octubre de 2001, suscrito por el Director Presidente y la Directora de Personal del INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA DEL ESTADO MIRANDA.

Previa distribución efectuada el 7 de mayo de 2002, correspondió el conocimiento de la presente causa al Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital.

Por auto de fecha 21 de mayo de 2002, ese Tribunal admitió el presente recurso y ordenó las notificaciones del entonces Procurador General del estado Miranda y del Director de Personal del Instituto Autónomo de Policía del estado Miranda. En la misma oportunidad se solicitó el expediente administrativo de la parte querellante.

En fecha 23 de julio de 2002, el Alguacil del Juzgado antes mencionado, dejó constancia de haber practicado la citación del Procurador General del estado Miranda y del Director de Personal del Instituto Autónomo de Policía del estado Miranda. En esta misma fecha el Tribunal dictó un auto subsanando el error de haber notificado al Director de Personal del Instituto Autónomo de Policía del estado Miranda, ya que no era a quien correspondía notificar y ordena la notificación del ciudadano Director del Instituto Autónomo de la Policía del estado Miranda, librando el Oficio Nro. 02-0860.

El 6 de agosto de 2002, los abogados F.C.O. y E.I.O.Á., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 3.559 y 75.438, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales del Instituto de Policía del estado Miranda, consignaron escrito de contestación a la querella.

Por auto de fecha 9 de agosto de 2002, se abrió a pruebas la presente causa y en fecha 20 de septiembre de 2002, la abogada M.C., antes identificada, actuando con el carácter de apoderada judicial del querellante, consignó escrito de promoción de pruebas.

Por auto de fecha 16 de octubre de 2002, este Tribunal se pronunció con respecto a la admisión de las pruebas promovidas por la parte querellante.

En fecha 6 de diciembre de 2002, vencido el lapso probatorio en la presente querella, se fijó el tercer (3er) día de despacho siguiente para que tuviese lugar el acto de informes de conformidad con lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Carrera Administrativa, aplicable ratione temporis.

Mediante acta de fecha 10 de enero de 2003, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, dejó constancia de la incomparecencia de ambas partes al acto de informes, declarándose desierto el mismo.

En fecha 25 de febrero de 2003, la abogada M.C., antes identificada, actuando con el carácter de apoderada judicial del querellante, consignó copia fotostática de sentencia de fecha 19 de febrero de 2003, en caso similar, a fin de colaborar con el Tribunal.

El 3 de julio de 2003, compareció el abogado F.C.O., antes identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte querellada y consigna el expediente administrativo del querellante.

El 21 de agosto de 2003, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital dijo “vistos” en la presente causa.

En fecha 10 de junio de 2004, la abogada M.M.A. de Lugo, según designación de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia el 9 de marzo de 2004, se abocó a la presente causa.

El 18 de septiembre de 2007, la abogada S.d.L., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 40.445, en su carácter de apoderada judicial de la parte accionada consignó copia certificada del Acta de nombramiento y aceptación del ciudadano G.A.S.C., de fecha 02 de enero de 2006, en el cargo de Agente, así como del instrumento poder que acredita su representación en juicio.

El 21 de febrero de 2008, la abogada S.d.L., antes identificada solicitó se dicte sentencia en la presente causa.

En fecha 18 de abril de 2008, este Tribunal recibió la presente causa proveniente del Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en virtud de la redistribución de causas ordenada en el artículo 4 de la Resolución Nro. 2007-0017 emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

El 30 de mayo de 2008, el abogado E.R., en su condición de Juez de este Juzgado, se abocó al conocimiento de la presente causa, ordenando la notificación de las partes.

El 26 de septiembre de 2011, la abogada N.C.D.G., en su condición de Jueza Temporal, se abocó al conocimiento de la presente causa, otorgando un lapso de cinco (5) días de despacho para que las partes ejercieran su derecho de recusación de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, más diez (10) días de despacho para la continuación de la causa.

El 27de marzo de 2013, el abogado A.A.G.G., actuando con el carácter de Juez Temporal de este Juzgado de este Juzgado, se abocó al conocimiento de la presente causa, otorgando un lapso de tres (3) días de despacho para que las partes ejercieran su derecho de recusación de conformidad con lo establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, mas diez (10) días de despacho para la continuación de la causa.

Realizado el estudio de las actas procesales pasa este Órgano Jurisdiccional a decidir, sobre la base de las siguientes consideraciones:

I

DEL RECURSO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL

La representación judicial del querellante fundamentó su pretensión sobre la base de los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

Manifestó que su representado ingresó el 1 de junio de 1964 a la Policía del estado Miranda, donde permaneció hasta el 14 de mayo de 1996, cuando pasó a formar parte de los Funcionarios del Instituto Autónomo de Policía del estado Miranda.

Expresó que mediante Oficio Nro. 220/01 del 1° de octubre de 2001 suscrito por la Directora de Personal y el Director Presidente del Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda, se notificó a su representado de la medida de destitución.

Alegó que “le fue negado su derecho a la defensa, al debido proceso, a la asistencia jurídica, a no ser sancionado por faltas o delitos no calificados como tales, en leyes preexistentes, y por su puesto a encontrarse amparado por la legalidad de un procedimiento regido por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y por todas las leyes que rigen la metería (…)”.

Arguyó que la Administración no probó la presunta falta cometida por su representado y que no se cumplieron los extremos legales para que la averiguación administrativa y la destitución que se produjo como consecuencia de ella surtieran efectos legales.

Manifestó que desde la fecha de apertura del procedimiento administrativo hasta cuando el organismo finalmente tomó la decisión de destituir a su representado, transcurrieron ocho (8) meses y veintiún (21) días lo que a -su juicio- representa una contravención de las normas que rigen la materia administrativa, incluyendo el Reglamento Disciplinario del Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda.

Narró que el querellante “contó con dos (2) oportunidades para declarar, desde la fecha de los presuntos hechos; la primera el 20 de julio de 2001, a seis (6) meses, de la fecha en que presuntamente ocurrieron los hechos, y la segunda oportunidad el 13 de agosto de 2001, casi siete meses de la fecha en ocurrieron los presuntos hechos, y a veintisiete (27) días de la primera ilegal declaración tomada al funcionario, sin evidencia de asistencia jurídica alguna”. (Resaltado del escrito).

Indicó que “no fue entregado al funcionario un oficio o notificación formal y expresa, en la cual se concedieran los lapsos legales para presentar el escrito de de defensa, o en su descargo, como lo establece en el artículo 112 de la Ley de Carrera Administrativa. (…)”.

Sostuvo que el órgano querellado “no respetó la condición de presunción, en la que se encuentra todo ciudadano (artículo 49 numeral 2 de la Constitución Nacional), hasta que se compruebe su responsabilidad. (…)”.

Precisó que del análisis jurídico del acto administrativo de destitución queda en evidencia que el Reglamento de Personal y Régimen Disciplinario del Instituto de Policía del Estado Miranda, “altera notablemente los lapsos establecidos en la Ley de Carrera Administrativa (…)”, por lo que considera que no debió ser aplicado.

Arguyó que de la lectura del acto impugnado se “desprende que el organismo imputó la falta al recurrente, sin haber cumplido con los extremos legales del procedimiento, lo que hace nula cualquier prueba aportada al expediente, tal y como lo establece el artículo 49 numeral 1 (…)”.

Manifestó que su mandante haciendo uso de los medios tipificados en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, interpuso recurso de reconsideración ante el Presidente del Instituto, indicando que el acto impugnado “lesionó el derecho a la defensa, a haberle impuesto en dos oportunidades de la apertura de una averiguación administrativa, en consecuencia, al no haberse respetado la oportunidad para dar respuesta a la imposición del presunto hecho perpetrado por el recurrente, al no haber sido impuesto oportunamente de la apertura de la averiguación donde conste expresamente la notificación formal de la presunta falta perpetrada por el funcionario, y la firma del destinatario, donde conste que se dio por notificado de tal imposición (…)”. (Resaltado del escrito).

Asimismo, expresó que en su recurso de reconsideración sostuvo que la Administración “lesionó [su] derecho al debido proceso, hecho éste que se ve corroborado en que el proceso se ciñó, de acuerdo a las afirmaciones del propio instructor, al Reglamento modificado en fecha 20 de agosto de 2001, y como quiera que éste Reglamento, cercena los derechos de los funcionarios a los que se le aplica, ya que no se respetan los lapsos para instruir el procedimiento (…)”. (Resaltado del escrito).

Narró que la Administración “lesionó el derecho a la asistencia jurídica, ya que en ninguna oportunidad se permitió la asistencia de un profesional del derecho que acompañara al recurrente, en su permanencia en el organismo, en ninguna de las actuaciones se evidencia que se encontraba un abogado asistido al recurrente, para así ejercer sus derechos (…)”.

Indicó, que la Administración “lesionó [su] derecho a no ser sancionado por actos u omisiones que no fueran previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. (nulla poena sine lege) Se lesionó al funcionario cuando le aplican una sanción como es la destitución, invocando faltas que no han sido previstas como tales en leyes preexistentes, como por ejemplo: Ordinal 06 (por demás errado en su numeración y contenido en el acto administrativo) 'haber cometido el acto conjuntamente o en presencia de otros funcionarios'; ordinal 08: 'haber cometido varias faltas a la vez'.”

Expresó que “haciendo uso de los recursos tipificados en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, interpuso el Recurso de Reconsideración por ante el Director Presidente del Organismo, y la respuesta obtenida vuelve a vulnerar los derechos del mismo, toda vez que ratifica el acto administrativo de destitución, el cual fue decidido sin causa comprobada (…)”.

Finalmente, solicitó se declare la nulidad del acto administrativo impugnado, en consecuencia, se ordene la reincorporación del querellante en el cargo que venía desempeñando y la cancelación de los salarios dejados de percibir y toda acreencia que le corresponda en su condición de funcionario.

II

DE LA CONTESTACIÓN

La representación en juicio del órgano querellado dio contestación a la demanda en los siguientes términos:

Alegó que “hacemos valer como notorio que fueron agotados los recursos administrativos de reconsideración y jerárquico hecho que es de igual manera expresado en el escrito contentivo del recurso. De total relación que hemos hecho valer, resulta de certeza absoluta que el procedimiento investigativo que se le siguiera al ex funcionario estuvo en todo momento sujeto a las previsiones que para tal se contienen en el Reglamento Disciplinario de fecha 20 de agosto de 2001, en consecuencia hemos evidenciado haberse cumplido el debido proceso como respetado el derecho a la defensa”.

Manifestó, respecto a la negativa de haberse negado el derecho a la asistencia jurídica, que el funcionario objeto de investigación en ningún momento se presentó con un profesional que lo asistiera, por tanto fue este quien no ejerció su derecho.

Expresó, en relación al alegato de violación de su derecho a no ser sancionado por faltas no previstas en leyes preexistentes, “ que la sanción de la cual es objeto el accionante se encuentra consagrada en el anterior REGLAMENTO DE PERSONAL Y REGIMEN DISCIPLINARIO DEL INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA DEL ESTADO MIRANDA, pues era el vigente para la oportunidad en que tuvieron lugar los hechos. Por lo que el acto estuvo totalmente ajustado a derecho, dado que los hechos que le fueran imputados sucedieron el 5 d enero de 2001, oportunidad para la cual estaba vigente el antes citado Reglamento (…).”

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a este Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, pronunciarse sobre la querella interpuesta por la abogada M.C.A., actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano G.A.S.C., ya identificado, contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en el Oficio Nro. 220/01 de fecha 1° de octubre de 2001, suscrito por el Director Presidente y la Directora de Personal del Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda.

La parte actora denunció que el acto impugnado incurrió en una serie de vicios, los cuales independientemente del orden en que fueron planteados por el representante judicial del querellante, serán a.d.l.s. manera: (i) violación del derecho a la defensa y al debido proceso, (ii) aplicación del Reglamento de Personal y Régimen Disciplinario del Personal del Instituto de Policía del estado de Miranda, (iii) incumplimiento de los lapsos para tramitar el procedimiento administrativo, (iv) falta de asistencia jurídica del recurrente, (v) violación de la presunción de inocencia, y (vi) falso supuesto de hecho.

Delimitada así la controversia, pasa este Tribunal a realizar las siguientes consideraciones:

1. - Violación del derecho a la defensa y al debido proceso.

   Manifestó la representación judicial de la parte querellante que el acto impugnado “lesionó [su] derecho a la defensa, a (sic) haberle impuesto en dos oportunidades de la apertura de una averiguación administrativa, en consecuencia, al no haberse respetado la oportunidad para dar respuesta a la imposición del presunto hecho perpetrado por el recurrente, al no haber sido impuesto oportunamente de la apertura de la averiguación donde conste expresamente la notificación formal de la presunta falta perpetrada por el funcionario, y la firma del destinatario, donde conste que se dio por notificado de tal imposición (…)”.

   De igual forma, sostuvo que la Administración “lesionó [su] derecho al debido proceso, hecho éste que se ve corroborado en que el proceso se ciñó, de acuerdo a las afirmaciones del propio instructor, al Reglamento modificado en fecha 20 de agosto de 2001, y como quiera que éste Reglamento, cercena los derechos de los funcionarios a los que se le aplica, ya que no se respetan los lapsos para instruir el procedimiento (…)”.

   Por su parte, la representación en juicio del ente querellado expresó que (…) “negamos y sustentamos ante el hecho de que no consta del contenido del expediente administrativo, que el funcionario objeto de investigación hubiese hecho valer el derecho a la asistencia jurídica, entendiendo que el derecho a la asistencia jurídica es de carácter de subjetivo, por lo que quien disponga hacerlo valer debe inquirir su ejercicio, derecho subjetivo que en ningún momento fuera ejercido por el investigado y como consecuencia de ello el Instituto no pudo haber incurrido en la violación que le es imputada (…)”.

   De acuerdo a los argumentos expuestos por las partes este Tribunal observa lo siguiente:

   El derecho al debido proceso previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, comprende el desarrollo de los derechos fundamentales de carácter procesal, cuyo disfrute satisface una serie de derechos y principios que tienden a proteger al individuo frente al error o a la arbitrariedad, con miras a posibilitar el reconocimiento de un juicio justo.

   Así, la violación del debido proceso se encuentra íntimamente ligada a la vulneración del derecho a la defensa del administrado, cuando el interesado: i) no conoce el procedimiento que pueda afectarlo, ii) se le impide su participación, iii) se le impide el ejercicio de sus derechos, o iv) se le prohíbe realizar las actividades probatorias que considere necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses.

   De esta manera, el debido proceso no se limita a que el acto administrativo que afecta al administrado haya sido dictado luego de instruido un procedimiento, pues ello depende de las garantías y derechos que en el transcurso de éste se le hayan otorgado, tales como el derecho de alegar y de promover pruebas, entre otros.

   En este mismo sentido, cuando la Administración aplica un procedimiento distinto al legalmente establecido y ello trae como consecuencia que se atenúe sustancialmente las garantías relativas a la defensa de los administrados, el acto que culmine el procedimiento debe ser declarado nulo. (Vid. Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia Nro. 1421 de fecha 6 de junio de 2006 caso: Á.M.F.).

   Respecto al derecho a la defensa, la Sala Político Administrativa ha establecido que éste constituye una de las manifestaciones más relevantes del derecho al debido proceso, razón por la cual la violación del mismo podría vaciar de nulidad los actos dictados por la Administración pues, en ese caso, el administrado se ve imposibilitado de hacer valer sus derechos e intereses contra la actuación administrativa. (Vid. Sentencia de la Sala Político Administrativa Nro. 01281 del 18 de octubre 2011 caso: Viajes Miranda, C.A.)

   En conexión con lo antes señalado, los referidos postulados constitucionales (derecho a la defensa y al debido proceso) implican la posibilidad de ser oído, dado que en caso contrario, no puede considerarse que realmente se ha ejercido defensa alguna; el derecho a ser notificado de la decisión administrativa; el derecho a tener acceso al expediente, con el propósito de examinar en cualquier estado de la causa las actuaciones que la componen; el derecho a presentar pruebas tendentes a enervar las actuaciones administrativas que se le imputan; el derecho a ser informado de los recursos y medios de defensa que le asisten y, por último, el derecho a recibir oportuna respuesta a sus solicitudes.

   Aunado a lo anterior, es necesario señalar que el debido proceso es una manifestación de un grupo de garantías procesales, entre las cuales destaca el derecho a la defensa, el acceso a la justicia, el acceso a los recursos legalmente establecidos, así como el derecho a un tribunal competente y a la ejecución del procedimiento correspondiente.

   En tal sentido, se evidencia de los autos que conforman el presente expediente judicial que el acto administrativo recurrido fue sustanciado conforme a lo dispuesto en los artículos 58 al 62 del Reglamento de Personal y Régimen Disciplinario del Instituto de Policía del Estado Miranda, razón por la cual este Órgano Jurisdiccional considera oportuno traer a colación lo establecido en los referidos artículos, a saber:

   Artículo 58.- La División de Asuntos Internos abrirá una averiguación sumaria de carácter disciplinario cada vez que tenga conocimiento de la comisión de alguna falta que amerite sanción mayor a la establecida en el Aparte tres (3) del Artículo 55 o que no haya sido sancionada debidamente, independientemente de la fecha en que haya sido cometida la falta.

   UNICO (sic): La División de Asuntos Internos obra por delegación del Director General

   .

   Artículo 59.- El Sumario disciplinario abierto por la División de Asuntos Internos se harán con sujeción a las Normas del Código de Enjuiciamiento Criminal, en la instrucción de sumarios, observando en especial el Secreto Sumarial

   .

   Artículo 60.- El Sumario disciplinario abierto por la División de Asuntos Internos deberá concluirse en un plazo no mayor de treinta (30) días a partir de la apertura del mismo, salvo que medien especiales circunstancias, con indicación de la prórroga que se acuerde.

   El funcionario iniciado tendrá acceso al expediente el mismo día de haber sido practicada la notificación del acto que acuerda la destitución, a los fines de hacer exposición por escrito, por sí, o mediante la ayuda de algún Funcionario de la Policía del Estado tendiente a su defensa.

   UNICO (sic): Todos los expedientes instruidos por la División de Asuntos Internos son de carácter confidencial

   .

   Artículo 61.- El Jefe de la División de Asuntos Internos, podrá imponer medida provisional de arresto acorde al Artículo 55 cuando lo juzgue necesario, según la gravedad de la falta.

   Articulo 62.- El Director General resolverá dentro del plazo de cinco (5) días hábiles después de recibir el expediente, con vista a las actuaciones instruidas o seguirá el procedimiento pautado en el Artículo siguiente.

   Artículo 63.- El Director General podrá someter la causa a consideración de una Junta Disciplinaria que revisará las actuaciones cumplidas por la División de Asuntos Internos y dará al Director General, la opinión correspondiente.

   Artículo 64.- La notificación del acto de destitución se hará personalmente al interesado y se exigirá recibo firmado en el cual se dejará constancia de la fecha en que se realiza el acto y del contenido de la notificación. La notificación debe contener indicación expresa de la causal o de las causales en que se apoye la medida, de los recursos que procedan y los términos para ejercerlos, así como de los organismos ante los cuales deben interponerse.

   Artículo 65.- Cuando resulte impracticable la notificación, se procederá a la publicación del acto en un diario de mayor circulación Estadal o Nacional, en este caso, se entenderá notificado el interesado cinco (5) días después de la publicación, circunstancia que se advertirá en forma expresa.

   Precisado lo anterior, este Tribunal observa de las actas procesales que cursan en copias certificadas en el expediente administrativo los siguientes documentos:

   - Al folio 1 se aprecia Acta Policial de fecha 10 de enero de 2001, emanada de la División de Asuntos Internos del Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda, mediante la cual se dejó constancia de lo siguiente: “Encontrándome en la sede de la División de Asuntos Internos, recibí de manos de la Inspector General de los Servicio, Comisario General, C.E.R., una documentación ilustrada con fijaciones fotográficas, que guardan relación con los hechos sucedidos en fecha cinco de enero de dos mil uno cuando funcionarios uniformados y armados, adscritos a las Divisiones de Orden Público tomaron la sede del Instituto”

   - A los folios 3 al 4 riela el Informe de fecha 7 de enero de 2001 “relacionado con la toma de las instalaciones de la Comandancia General por parte de Funcionarios adscritos a la División de Orden Público” (folios 2 al 4 de la primera pieza del expediente administrativo) suscrito por el Subcomisario C.J.S.L., en su condición de Jefe de los Servicios del Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda dirigido al Comisario General C.E.R., Jefe de Inspectoría General de los Servicios de dicho Instituto, en el cual se reseñó lo siguiente:

   Siendo aproximadamente las 05:15 Hrs de la madrugada del día 05-01-2001, irrumpieron a la Sala de Transmisiones de la Comandancia General Los Agentes de la COMISION DE ORDEN PÚBLIC: AGENTE A.A., AGENTE EDUARDO GUDIÑO, AGENTE A.P., portando armas largas subametralladoras y chalecos equipados con bombas lacrimógenas, dirigiéndose a mi persona el AGENTE A.A., manifestándome en un tono voz imponente ‘Comisario con todo el respeto que usted se merece le informo que nosotros hemos tomado las instalaciones de la Comandancia General y le agradezco se mantenga aquí tranquilo y no haga algo para impedir nuestra acción’, porque esa actitud de rebeldía y así armados, respondiéndome el AGENTE A.A., el cual estaba custodiando por los otros dos agentes es que ya estamos cansado que esta gente nos tenga sometidos, no nos han pagado lo que no deben, tenemos que pagar nosotros las hospitalizaciones, si chocamos una unidad en servicio no las descuentan a su criterio, nos ignoran en los ascensos, así como otras solicitudes que tenemos en este escrito, le pregunte que si ellos habían hecho esas solicitudes ante los órganos regulares y me informo que no era oídos, posteriormente se retiraron del cubículo de la Jefatura de los Servicios cerrando la puerta apoderándose de la Radio de Transmisiones y la Central Telefónica, en ese momento procedió a llamar al COMISARIO GENERAL H.R.P. e informarle de la situación que estaba pasando en la Comandancia, después de explicarle, me informo que tuviera la calma y que procediera a llamar a la COMISARIO GENERAL C.E.R., al COMISARIO JEFE A.S., al COMISARIO FURELO ENRIQUE y al Dr. A.A., para que se trasladaran hasta la Comandancia ya que el venia subiendo. Posteriormente entra el AGENTE A.M.C., en Short y Franela y le ordeno que se uniforme y se traslade hasta el área del reten policial y esconda las llaves del parque y si preguntan por las mismas dijera que yo las tenia, mientras los funcionarios de orden público estaban en la Central Telefónica y la radio de trasmisiones, haciendo llamado a otras unidades para que se le uniera al paro, yo escondí mi arma de reglamento y me quedaba con el correaje puesto. Posteriormente realice llamadas telefónicas a todos los Jefe de los Servicios de todas las regiones para indicarles que todas las instrucciones hechas por teléfono o vía radio no le hicieran caso, explicándole el porqué. A las 07:00 Hrs de la mañana, aproximadamente me informan que el Director del IAPEM había llegado y estaba en la parte de afuera de la Comandancia y no lo dejaban entrar, es entonces cuando bajo y me traslado hasta la prevención y observo que en cada una de las puertas de la prevención están las unidades de la División de Orden Público atravesadas y funcionarios de esa División en las casillas de la puertas, me dirijo hacia el lugar donde se encuentra el Director del IAMPEM, el cual me pregunta unos detalles de la acción que mantenían lo funcionarios de Orden Público, después de decirle me da algunas instrucciones y me retiro hasta mi lugar de trabajo, posteriormente entro al recinto donde yo estaba el INSPECTOR F.B. y en tono de voz amenazante me dijo ‘Comisario entrégueme la llaves del parque’, me lo repitió dos veces, ya que no le respondí, entonces le dije yo las bote, el INSPECTOR murmuro algo que no le entendí y se marcho de la Sala de Transmisiones, en un momento que bajo el AGENTE GUDIÑO EDUARDO y se encontraba AGENTE A.A., ocupado en la central telefónica me traslade hasta la consola de trasmisiones y desconecte los cables apagándose la red de comunicaciones.

   A las 8:30 Hrs, aproximadamente baje por segunda vez y me traslade hasta la prevención donde estaba la COMISARIO GENERAL C.E.R. y pude observar que el personal directivo y algunos funcionarios que iban a recibir su servicio se encontraban en los alrededores de la Comandancia, hablando con la Comisario quien le ordenaba a los funcionarios de orden público que allí estaban (AGENTE P.A. Y AGENTE E.M.J.) (…)

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   - Al folio 16 se observa el “AUTO DE APERTURA DE AVERIGUACIÓN ADMINISTRATIVA”, de fecha 10 de enero de 2001 suscrita por el “FUNCIONARIO INSTRUCTOR”, de la División de Asuntos Internos del Instituto Autónomo de Policía del estado Miranda.

   - A los folio 77 al 81, 84 al 85, 87 al 88, 93 al 98, 100 al 102, 104 al 105, cursan las declaraciones de diferentes ciudadanos, sobre lo hechos acontecidos en la Policía del Estado Miranda.

   - A los folios 179 al 182 rielan los artículos de periódicos donde se publicaron los hechos relacionados con la protesta de los funcionarios policiales pertenecientes al Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda.

   - Al folio 260 riela el Oficio Nro. 0403 de fecha 28 de febrero de 2001, sucrito por la Comisario General del Instituto querellado notificó al recurrente, que a partir de la referida fecha debía presenta en su puesto habitual de trabajo a la orden de la Inspectora General.

   - A los folios 282, 287, 290, 291, de la primera pieza del expediente administrativo, y al folio 2 de la segunda pieza del expediente administrativo, cursan Actas Policiales prorrogando por treinta (30) días el lapso para decidir la averiguación administrativa.

   - Al folio 73 la segunda pieza riela el “ACTA POLICIAL” de fecha 20 de julio de 2001, suscrita por el Subinspector y el Sub. Comisario de la División de Asuntos Internos de la Policía del estado Miranda, en la que se indicó lo siguiente:

   “En esta misma fecha, siendo las: 11:45 horas de la mañana compareció por ante [ese] despacho de la División de Asuntos el funcionario: Agente: S.C.G.A., titular de la cédula de identidad N° 11.669.611 adscrito a la División de Orden Público a quien se le impuso del hecho objeto de la presente averiguación administrativa número 01/010 y por la cual acudió espontáneamente a la sede de esta dependencia a rendir declaración testifical, con relación a averiguación aperturaza por la División de Asuntos Internos, en relación a “Los hechos sucedidos en fecha viernes cinco de enero de dos mil uno, cuando funcionarios adscritos a las Divisiones de Orden Público a la cual se encuentra adscrito y la División de Seguridad Interna, tomaron armados las instalaciones policiales de la sede principal del Instituto Autónomo de Policía del estado Miranda, ubicada en Los Teques, Avenida Bicentenario Estado Miranda” (…)”.

   - Al folio 74 de la segunda pieza se puede apreciar el “ACTA POLICIAL” de fecha 20 de julio de 2.001, suscrita por el “FUNCIONARIO INSTRUCTOR”, “EL SECRETARIO” y “EL EXPONENTE”, mediante el cual se dejó constancia de lo siguiente:

   “(…) Yo, S.C.G.A., C.I. 11.669.611 adscrito a la División de Orden Público declaro que en esta misma fecha he tenido acceso a todas las actuaciones que conforman la averiguación administrativa 01-010, instruida por la división de asuntos Internos, “En proceso de Instrucción” y tuve la oportunidad de exponer argumentos en mi defensa, es todo (…)”.

   - Al folio 75 de la segunda pieza corre inserta la “DECLARACIÓN” del 20 de julio de 2001 suscrita por el “FUNCIONARIO INSTRUCTOR”, “EL SECRETARIO” y el querellante, donde se expresó lo siguiente:

   (…) impuesto de los hechos que se investigan y de las generales de Ley que sobre testigos reza el Código Orgánico Procesal Penal vigente, manifestando no tener impedimento alguno para rendir declaración y en consecuencia expuso: ' Voy a esperar que den decisión de Coordinación policial en relación a las investigaciones que ellos adelantan, que una vez que den respuesta rendiré declaración sobre los hechos objeto de la investigación de Asuntos Internos, es todo. TERMINADA LA EXPOSICIÓN LA DECLARANTE EL DESPACHO PROCEDE A INTERROGARLO DE LA SIGUIENTE MANERA. PREGUNTA 01: Diga Usted, en el ejercicio de su derecho a la defensa, tiene conocimiento de que puede rendir testimonio, que puede promover testigo ahora o posteriormente o que puede consignar documentos que guarden relación con los hechos sucedidos en fecha cinco de enero de dos mil uno relacionados a la toma de las instalaciones policiales?. CONTESTO: 'Si tengo conocimiento PREGUNTA 02, Diga Usted, desea agregar algo más a la declaración? CONTESTO: 'No, es todo'. (…)

   - Al folio 20 de la tercera pieza se puede apreciar “ACTA” de fecha 13 de agosto de 2001, suscrita por el “FUNCIONARIO INSTRUCTOR”, “EL SECRETARIO” y “NOTIFICADO”, mediante el cual se indicó que “ siendo las 03:05 de la tarde, compareció por ante [ese] despacho, División de Asuntos Internos, el funcionario: S.C.G.A., Cédula de identidad 11.669.611 adscrito la: División de Orden Público, a quien se le impuso del hecho objeto de la presente averiguación administrativa número 01/010 y por la cual acudió previa citación a la sede de esta dependencia a rendir declaración testifical (…)”.

   - Al folio 21 de la tercera pieza cursa el “ACTA” de fecha 13 de agosto de 2001, suscrita por el “FUNCIONARIO INSTRUCTOR”, “EL SECRETARIO” y el querellante, por medio de la cual se dejó constancia que el recurrente tuvo acceso a las actuaciones que conforman la averiguación administrativa 01-010.

   - A los folios 113 al 274, riela un Resumen del Expediente Administrativo Nro. 01/010 emanado de la Inspectoría General de los Servicios, División de Asuntos Internos del Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda, en el cual se puede apreciar las recomendaciones a los fines de sancionar a los funcionarios policiales que actuaron en las irregularidades dentro de la Institución, entre los que se encuentra el recurrente. Así mismo, en el mencionado Resumen se señaló que los funcionarios actuantes asumieron un comportamiento “violatorio de lo preceptuado en el Reglamento de Personal y Régimen Disciplinario del Instituto vigente para la época y su Reforma parcial al decidir tomar armados las instalaciones de la sede principal del Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda ubicada en la Avenida Bicentenario de los Teques (…)”. En tal sentido, se concluyó que las faltas disciplinarias cometidas por el ciudadano G.A.S.C., entre otros funcionarios, se encuentra prevista en el artículo 4, artículo 30, artículo 38, artículo 44, numeral 6 del artículo 46, numerales 18 y 52 del artículo 48, numerales 3, 4 y 6, 8 y 9 del numerales 18 artículo 54, y artículo 55 del Reglamento de Personal y Régimen Disciplinario del referido Instituto, por lo que recomendó su destitución.

   De la lectura de los instrumentos probatorios antes mencionados, este Tribunal observa i) que la Administración indicó al querellante los acontecimientos por los cuales se dio inicio a la averiguación administrativa, relacionado con “ su participación en los hechos sucedidos en fecha viernes cinco de enero de dos mil uno, cuando funcionarios adscritos a las Divisiones de Orden Público a la cual se encuentra adscrito y la División de Seguridad Interna, tomaron las instalaciones policiales de la sede principal del Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda (…)” ii) que el querellante fue llamado por la Administración a los fines de rendir declaración en dos oportunidades sobre los hechos imputados, a saber: en fechas 20 de julio y 13 de agosto de 2001, quien manifestó no tener nada que declarar sobre los hechos acontecidos e informó que esperaría la decisión de la Coordinación Policial en relación a las investigaciones que adelantan, que luego de ello rendiría declaración sobre los hechos objeto de la investigación de Asuntos Internos, iii) que la Administración informó al querellante en las referidas oportunidades, que a los fines de ejercer su derecho a la defensa podía rendir su declaración sobre los hechos ocurridos, promover documentos o testigos que guarden relación con los mismos, iv) que al querellante se le garantizó el derecho de acceso al expediente administrativo, tal y como se desprende de las actas de fechas 20 de julio y 13 de agosto de 2001, razón por la que considera este Tribunal que el ciudadano G.A.S.C., tuvo la oportunidad de hacer alegatos en su defensa, así como de promover pruebas que le permitieran desvirtuar las imputaciones por las cuales resultó sancionado.

   En este sentido, tal como se expuso en consideraciones anteriores, del análisis exhaustivo del procedimiento disciplinario de destitución incoado contra el querellante, se evidencia que la Administración hizo del conocimiento del actor el procedimiento del cual era objeto, pudiendo éste tener una participación activa dentro del mismo, exponiendo sus defensas y promoviendo las pruebas que considerare pertinentes, razón por la cual se puede apreciar que en ningún momento se trasgredió su derecho al debido proceso. Así se establece.

   Por tanto, este Tribunal considera que en el presente caso el procedimiento disciplinario cumplió con las formalidades esenciales para el respeto del debido proceso del querellante, resolviendo el asunto y otorgando las oportunidades para el ejercicio de su derecho a la defensa, razón por la cual se desestima el alegato del de violación del derecho a la defensa y al debido proceso. Así se decide.

2. - De la inaplicación de las normas previstas en el Reglamento de Personal y Régimen Disciplinario del Personal del Instituto de Policía del Estado Miranda. (Aplicación del artículo 112 de la Ley de Carrera Administrativa).

   El recurrente indicó que “el Reglamento en cuestión lesiona gravemente los derechos del recurrente, toda vez, que solo atribuye tres (3) días hábiles para promover las pruebas, cuando legalmente le corresponden, quince días, tal y como lo establece la ley citada [artículo 113 de la Ley de Carrera Administrativa]. A mayores males, la apertura del lapso probatorio, no fue notificado formalmente, mediante escrito, tal y como fue señalado ut supra, sino a través de otro recibo de pago”.

   Igualmente sostuvo que “no fue entregado al funcionario un oficio o notificación formal y expresa, en la cual se concedieran los lapsos legales para presentar el escrito de de defensa, o en su descargo, como lo establece en el artículo 112 de la Ley de Carrera Administrativa. (…)”.

   Ahora bien, observa este Tribunal que el acto administrativo mediante el cual fue sancionado el recurrente con la destitución del cargo, ciertamente tuvo fundamento en el Reglamento de Personal y Régimen Disciplinario del Personal del Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda, publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario del Estado Miranda del 15 de mayo de 1996.

   Al respecto, cabe destacar que nuestro M.T. ha venido sosteniendo, con respecto al alcance que han de tener los Reglamentos con respecto a los derechos fundamentales, que “(…) Es la norma de rango legal la que puede intervenir en la determinación del contenido de esos derechos, no las normas reglamentarias, ni mucho menos simples actos de la Administración no apoyados concretamente en Ley alguna. Siendo estos derechos ‘materia reservada’ a la Ley, corresponde al Reglamento un papel muy reducido en su regulación (…) La Ley y solamente la Ley debe definir los límites de los derechos individuales de modo que la Administración no pueda intervenir en éste ámbito sino en virtud de habilitación legal, esto es, mediante pronunciamiento expreso, contenido en norma legal formal, que el Reglamento no puede ni suplir ni ampliar”. (Vid. Sentencia de la Corte en Pleno de fecha 17 de noviembre de 1986.)

   Lo anteriormente expuesto, configura la declaración explícita del principio de legalidad, que en el campo administrativo envuelve la necesidad de que los actos de la Administración sean cumplidos o realizados dentro de las normas o reglas predeterminadas por el órgano competente, toda vez que la autoridad administrativa en el ejercicio de su actividad está sujeta no sólo a normas externas, sino a las reglas que ella misma ha elaborado. (Vid. Sentencia Nro. 2011-0124 dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo el 17 de febrero de 2011).

   En tal sentido, los principios desarrollados por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que deben ser respetados por la Administración al producir sus actos, siempre han integrado el ordenamiento jurídico administrativo y la invalidez que afecta la actuación de la Administración por carecer de uno de ellos, configura la base fundamental del ordenamiento administrativo que ha desarrollado tanto la doctrina como la jurisprudencia administrativa.

   Alguna de estas exigencias se refiere a las formalidades que deben cumplirse al dictarse los actos administrativos y otras están referidas al acto mismo, por tanto cuando el acto cumple con las exigencias legalmente establecidas debe considerarse perfectamente válido.

   En ese orden de ideas, observa este Tribunal que el Reglamento de Personal y Régimen Disciplinario, fue dictado en ejecución de la Ley de Policía del Estado Miranda, publicada en la Gaceta Oficial Número Extraordinario del Estado Miranda de fecha 15 de mayo de 1996, sancionada y aprobada en Sesión de Cámara efectuada el día 7 de mayo de 1996.

   En ese orden de ideas, el artículo 44 de la anotada Ley prevé que “Todo el personal que trabaje para la Policía del Estado Miranda se regirá por el Reglamento Interno de Administración de Personal y Régimen Disciplinario que se dicte al efecto”. Así, debe concluirse que tal como lo ha mencionado la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, tanto la validez como la eficacia jurídica del mencionado Reglamento de rango sublegal han derivado de un texto normativo con rango de ley preexistente al momento en que fue dictado el acto impugnado, y por lo tanto resulta aplicable al caso bajo estudio, aún con preferencia a la Ley de Carrera Administrativa, razón por la cual este Tribunal considera que el lapso de promoción de pruebas previsto en el referido reglamento resulta aplicable al procedimiento disciplinario iniciado al querellante.

   Igualmente cabe destacar que en el presente caso tampoco era aplicable la disposición contenida en el artículo 112 de la Ley de la Carrera Administrativa, ya que el referido Reglamento, que es el texto normativo que regula el Procedimiento administrativo en el caso bajo análisis, no establecía la obligación a cargo de la Administración de notificar los lapsos para presentar el escrito de defensa.

   De acuerdo a lo antes expuesto, este Órgano Jurisdiccional desestima el alegato planteado por la querellante en relación a la inaplicación de las normas previstas en el Reglamento del Instituto querellado. Así se declara.

3. - Del incumplimiento de los lapsos para tramitar el procedimiento administrativo.

   Por otra parte, el recurrente indicó que “(…) no cabe duda que el Organismo, no cumplió con los lapsos establecidos en las leyes y pero aún, de su propio Reglamento, modificado y ‘AJUSTADO’ (de acuerdo al segundo Considerando del Decreto reformado) a la normativa administrativa, ya que el excedente de tiempo, es de casi cuatro meses, entre la fecha del inicio de la averiguación de oficio y la notificación de la destitución. Desde la fecha en que ocurrieron los presuntos hechos, es decir el cinco (5) de enero del año 2001, hasta el 01 de octubre del año 2001 fecha de la destitución, han transcurrido ocho (8) meses, y veintiún (21) días”.

   La representación judicial de la parte querellada, manifestó en cuanto a que la averiguación excedió el tiempo previsto en el Reglamento y lo expresado la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que tal alegación no fue denunciada como constitutiva de lesión a los derechos del accionante ni como incidentes en la nulidad solicitada por lo que considera que no se generó lesión alguna.

   En este sentido, considera oportuno este Tribunal traer a colación lo establecido en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos el cual reza lo siguiente:

   Artículo 60.- La tramitación y resolución de los expedientes no podrá exceder de cuatro (4) meses, salvo que medien causas excepcionales, de cuya existencia se dejará constancia, con indicación de la prórroga que se acuerde.

   La prórroga o prórrogas no podrán exceder, en su conjunto, de dos (2) meses

   .

   De la disposición precedentemente transcrita, se desprende que la Administración dispone de un plazo de cuatro (4) meses para sustanciar el procedimiento disciplinario, pudiendo prorrogarlo por dos (2) meses, en caso de ser necesario de acuerdo a la complejidad del asunto.

   Ahora bien, advierte este Tribunal que puede ocurrir que una vez concluido el plazo legal para sustanciar el procedimiento, así como su prórroga, podrían quedar por practicar algunas actuaciones necesarias e importantes para el esclarecimiento de los hechos, actos u omisiones investigados, dentro de los procedimientos llevados a cabo por la Administración.

   Así, tenemos que aún cuando un acto administrativo sea dictado con posterioridad al vencimiento del lapso legalmente establecido para ello, no lo vicia necesariamente de nulidad. La obligación de resolver dentro de un lapso determinado en la ley, tiene por objeto dar un tiempo prudencial para que el administrado obtenga una decisión en relación al asunto conocido en sede administrativa. Sin embargo, este Juzgado no puede dejar de advertir que ello no exime a la Administración del pronunciamiento expreso solicitado (Vid. sentencia Nro. 00799 de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia del 11 de junio de 2002).

   Al respecto, considera necesario este Juzgado traer a colación el criterio sostenido por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, para casos de similar naturaleza, mediante sentencia Nro. 2011-0124 de fecha 7 de febrero de 2011, caso “Andrés Rosario Rodríguez Palma”, donde se dejó establecido lo siguiente:

   En este sentido esta Corte considera conveniente recordar que la actuación del órgano administrativo en todo momento debe sujetarse no sólo a las normas jurídicas aplicables, si no que, además debe orientarse a cumplir una serie de principios que constituyen una pieza fundamental dentro de dicho procedimiento.

   Así, la doctrina clasifica los principios reguladores del procedimiento administrativo en tres grandes grupos: a) El principio de legalidad; b) Los principios relativos a las garantías jurídicas de los administrados, como son los principios de audire alteram partem o principio de contradictorio administrativo, de igualdad de los participantes en el procedimiento, de publicidad de las actuaciones y de motivación del acto administrativo; y, c) Los principios que garantizan la eficacia de la actuación administrativa, tal es el caso de de los principios de: economía procedimental, preclusividad, flexibilidad probatoria, de actuación de oficio o inquisitivo y de control jerárquico. En el procedimiento de averiguaciones administrativas es indiscutible que el principio de legalidad debe tenerse presente a lo largo del mismo.

   Por su parte, los principios que se encuentran vinculados con las garantías de los administrados, también entran en juego en la etapa de sustanciación del procedimiento disciplinario. En efecto, se tendrán en cuenta tales principios cuando el órgano sustanciador procede a citar para escuchar las declaraciones de aquellos sujetos que pudieran tener vinculación con los hechos investigados, los que deberán tener derecho a que se les escuche, a que se les trate en igualdad de condiciones respecto a los demás investigados, los que deberán tener derecho a que se les escuche, a que se les trate en igualdad de condiciones respecto de los demás involucrados en el procedimiento disciplinario, a que la Administración valoren sus intervenciones de manera imparcial, a tener acceso a las actuaciones recogidas en el expediente administrativo y a que la decisión definitiva que se adopte se encuentre debidamente motivada. En suma, a que se garantice el derecho a la defensa.

   Del mismo modo, cabe destacar que tiene una gran importancia en esta fase de sustanciación del procedimiento disciplinario aquellos principios que aseguran la eficacia de la Administración, por tanto existe la posibilidad de practicar actuaciones excediendo el tiempo establecido en la Ley, de manera excepcional, y sólo puede admitirse cuando la causal que originó el procedimiento haga indispensable para Administración requerir más tiempo de lo previsto, tal y como sucedió en el caso de autos.

   Del fallo parcialmente trascrito, se desprende que la Administración al momento de instaurar un procedimiento no solo debe ceñirse a las normas legales aplicables al caso, sino que de igual formal debe cumplir con una serie de principios orientados a garantizar la eficacia de sus decisiones, por lo que resulta posible que se practiquen actuaciones excediendo el tiempo legalmente establecido, de manera excepcional, cuando la causal que origine el procedimiento administrativo haga que sea indispensable para la Administración requerir más tiempo del legalmente establecido.

   En el caso de marras, se observa que ocurrió un acontecimiento atípico dentro del Instituto Policial querellado en el cual se investigó la participación de algunos funcionarios que presuntamente tomaron sus instalaciones a los fines de formular una serie de reclamos laborales y personales, por lo que considera este Juzgado que dicha circunstancia requería de un análisis amplio de los elementos probatorios obtenidos en sede administrativa, lo que trajo como consecuencia que la duración del procedimiento haya sobrepasado el tiempo que el ordenamiento jurídico concede en estos casos, para contar con fundados elementos que le permitan decidir el asunto con arreglo a la verdad material.

   Adicionalmente, cabe destacar que de la revisión exhaustiva de las actas del proceso pudo apreciar este Tribunal que el tiempo que transcurrió desde el inicio de la averiguación administrativa hasta que se dictó el acto que resolvió la destitución del recurrente, no vulneró los derechos constitucionales denunciados por el accionante, pues éste tuvo la oportunidad de participar en la instancia administrativa a los fines de exponer sus respectivas defensas, asimismo, pudo ejercer el recurso judicial respectivo para impugnar dicha decisión administrativa.

   Con fundamento en lo antes expuesto, considera este Tribunal que la Administración sustanció el procedimiento disciplinario contra el recurrente, atendiendo a los principios que aseguran la eficacia de la Administración, y siendo que en el presente caso se presentó una situación excepcional, este Tribunal desestima la referida pretensión. Así se declara.

4. - De la falta de asistencia jurídica del recurrente

   El recurrente señaló que “En segundo término, de acuerdo al número 2 del oficio de destitución, y como confesión del demandado, el funcionario recurrente contó con dos (2) oportunidades para declarar, desde la fecha de los presuntos hechos; la primera fue el 20 de Julio del año 2001, a seis (6) meses, de la fecha en que presuntamente ocurrieron los hechos, y la segunda oportunidad el 13 de Agosto del año 2001, casi siete meses de la fecha en que ocurrieron los presuntos hechos, y a veintisiete (27) días de la primera ilegal declaración tomada al funcionario, sin evidencia de asistencia jurídica alguna”.

   Por otra parte, la representación judicial de la parte querellada, indicó que “(…) no consta del contenido del expediente administrativo, que el funcionario objeto de investigación hubiese hecho valer el derecho a la asistencia jurídica, entendiendo que el derecho a la asistencia jurídica es de carácter de subjetivo, por lo que quien disponga hacerlo valer debe inquirir su ejercicio, derecho subjetivo que en ningún momento fuera ejercido por el investigado y como consecuencia de ello el Instituto no pudo haber incurrido en la violación que le es imputada (…)”.

   Respecto al alegato de indefensión como consecuencia de no haber contado el querellante con la asistencia de un abogado durante la averiguación administrativa, la Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo mediante sentencia Nro. 2010-175 de fecha 11 de febrero de 2010 sostuvo lo siguiente:

   En lo concerniente al alegato de indefensión como consecuencia de no haber contado el querellante con la asistencia de un abogado durante la averiguación administrativa, es preciso indicar que en el procedimiento administrativo sancionador no debe ser entendido el derecho de asistencia jurídica como un derecho en los mismos términos que en el proceso judicial, pudiendo ocasionarse la indefensión cuando el particular pudiese realizar algún reproche a la Administración por impedirle ésta estar asesorado por abogado durante la averiguación administrativa.

   Asimismo se observa que tal y como lo estableció el a-quo, en ningún momento en las comparecencias que el recurrente tuvo ante el Instituto querellado este se hizo asistir de abogado, por lo que no puede estimarse vulnerado el derecho a la asistencia jurídica por no haber contado con ésta el funcionario investigado durante la tramitación del expediente disciplinario por no haberle designado abogado la Administración durante el procedimiento administrativo, mucho menos podría imputársele a la Administración la indefensión por falta de asistencia jurídica cuando la parte pudo efectuar lo pertinente para contar con la misma

   .

   En ese sentido, tampoco puede considerarse que se le generó indefensión al funcionario investigado, toda vez que este Juzgado pudo apreciar del expediente administrativo que el querellante pudo defenderse de los hechos imputados en su contra.

   En ese mismo orden de ideas, este Tribunal pudo apreciar de las actas de declaración de fechas 20 de julio de 2001 y 13 de agosto de 2001, que en ningún momento la Administración prohibió al querellante estar asistido de abogado, por lo que no puede considerarse vulnerado el derecho a la asistencia jurídica por no haber contado con ésta el funcionario investigado durante la tramitación del expediente disciplinario, o por no haberle designado la Administración un abogado durante el procedimiento administrativo, mucho menos podría imputársele a la Administración la indefensión por falta de asistencia jurídica cuando la parte pudo efectuar lo pertinente para contar con la misma.

   Así las cosas, observa este Órgano Jurisdiccional que el recurrente pudo conocer los hechos por los cuales se abrió la averiguación administrativa en su contra, tuvo oportunidad para esgrimir sus argumentos defensivos a los fines de evidenciar su inocencia, no se desprende de los autos que la Administración recurrida le haya impedido estar durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador asistido por abogado.

   Por lo antes expuesto, este Tribunal desestima el alegato de indefensión expuesto por la parte actora ocasionado por falta de asistencia jurídica. Así se decide.

5. - De la violación de la presunción de inocencia.

   Indicó el recurrente que “(…) el contenido de la participación de instrucción de Averiguación Administrativa, agrede a [su] representado, ya que de una vez, se le dice expresamente, que él FORMA PARTE DE UN GRUPO DE FUNCIONAROS QUE TOMARON ARMADOS LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO, (tal y como se evidencia de comunicación de fecha 20 de julio del año 2001 anexa al presente escrito) es decir, que el organismo, no respetó la condición de presunción, en la que se encuentra todo ciudadano(artículo 49 numeral 2 de la Constitución Nacional), hasta que se compruebe su responsabilidad”.

   Al respecto, este Tribunal observa que el numeral 2 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que “Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario”, es decir, que el Texto Fundamental garantiza a los ciudadanos la realización de un procedimiento previo para poder atribuirle la culpabilidad sobre algún hecho, en el cual pueda exponer sus alegatos y defensas que considere pertinente para luego de determinada la culpabilidad o no del imputado, pueda ser desvirtuada la presunción de inocencia si fuera el caso.

   En ese sentido, su importancia trasciende en aquellos procedimientos administrativos que, como el presente, aluden a un régimen sancionatorio, con la necesaria existencia de un procedimiento previo a la imposición de la sanción, el cual ofrezca las garantías mínimas al sujeto investigado. De esta manera, con la consagración del mencionado principio, se busca garantizar en el curso del procedimiento administrativo sancionatorio, el ejercicio del derecho a la defensa y en consecuencia, el debido proceso. (Vid. Sentencia de la Sala Político Administrativa Nro. 2019 del 3 de diciembre de 2006, caso: R.V.D.).

   En armonía con lo anterior, la presunción de inocencia de la persona investigada debe ser respetada en cada etapa del procedimiento administrativo o judicial, por lo que debe otorgarse al investigado el carácter de “no autor” en los hechos que se le imputan.

   Así, el procedimiento sancionatorio cuenta con tres grandes fases: i) la iniciación del procedimiento, la cual debe llevarse de tal manera que al investigado se le permita desvirtuar los hechos de los que presuntamente es responsable, así como su posible calificación, ya que a quien corresponde probar su responsabilidad es a la Administración; ii) la notificación del investigado para que ejerza su derecho a la defensa, razón por la cual, la Administración, a través de medios de prueba concretos, pertinentes y legales y atendiendo a las razones y defensas expuestas por el indiciado, determinará, definitivamente, sin ningún tipo de duda su culpabilidad y iii) la declaración de la responsabilidad del funcionario y la aplicación de las sanciones consagradas expresamente en las leyes que rijan la materia.

   En tal sentido, respecto a la presunción de inocencia, la Sala Político Administrativa, en forma reiterada (Sentencias Nros. 00051, 01369 0975, 01102 y 00104 de fechas 15 de enero y 04 de septiembre de 2003, 05 de agosto de 2004, 31 de mayo de 2006 y 30 de enero de 2007, respectivamente), ha señalado lo siguiente:

   (…) Con relación a la denuncia de violación a la presunción de inocencia, la Sala observa que de conformidad con lo previsto en el artículo 49 numeral 2, de la Constitución, ‘toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario’. Este derecho se encuentra reconocido también en los artículos 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 8 numeral 2, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

   (…) la referida presunción es el derecho que tiene toda persona de ser considerada inocente mientras no se pruebe lo contrario, el cual formando parte de los derechos, principios y garantías que son inmanentes al debido proceso, que la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (…) exige (…) que tanto los órganos judiciales como los de naturaleza administrativa deban ajustar sus actuaciones a los procedimientos legalmente establecidos (Vid. Sentencia N° 00686, del 8 de mayo de 2003, caso Petroquímica de Venezuela S.A.).

   Igualmente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido que, la presunción de inocencia de la persona investigada abarca cualquier etapa del procedimiento de naturaleza sancionatoria tanto en el orden administrativo como judicial, por lo que debe darse al sometido a procedimiento sancionador la consideración y el trato de no partícipe o autor en los hechos que se le imputan (Vid. Sentencia del 7 de agosto de 2001, caso: A.E.V. vs. Contraloría Interna de la C.A. de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE).

   Así, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en sentencia Nro. 2007-1273 del 16 de julio de 2007, caso: G.E.M.V., señaló lo siguiente:

   la garantía de la presunción de inocencia comporta, entre otros aspectos: i) la necesaria tramitación de una fase probatoria en la cual el particular, sin perjuicio de la actividad probatoria que corresponde en estos casos a la Administración, pueda desvirtuar los hechos o infracciones que se le imputan, permitiendo así que el órgano competente pueda efectuar un juicio de culpabilidad y, ii) que la culpabilidad del indiciado haya sido legalmente declarada. Tales elementos requieren, sin duda, de la previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente, pues, sin el cumplimiento de esta formalidad, es obvio que no pueda verificarse la actividad probatoria que permita derivar la culpabilidad, ni que pueda considerarse que ésta ha sido legalmente declarada.

   En conexión con lo antes expuesto, como la iniciación del procedimiento debe hacerse de tal manera que al investigado se le permita, en la siguiente fase del proceso, desvirtuar los hechos de los que presuntamente es responsable; motivo por el cual la Administración, a través de medios de prueba concretos, pertinentes y legales, atendiendo a las razones y defensas expuestas por el indiciado, deberá determinar, definitivamente, sin ningún tipo de duda, la culpabilidad del indiciado, declarar su responsabilidad y aplicar las sanciones consagradas expresamente en leyes, de manera proporcional.

   De acuerdo con lo expuesto, se observa que en el presente caso hubo un procedimiento administrativo disciplinario de naturaleza funcionarial ante el Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda, en el cual se salvaguardó el derecho constitucional a la defensa y al debido proceso del ciudadano G.A.S.C., antes identificado, a través del cual tuvo la oportunidad de presentar sus argumentos de hecho y de derecho, así como las pruebas que considerara pertinentes.

   Así, la relación de las actuaciones practicadas en el procedimiento administrativo, se desprende que el Instituto Autónomo de Policía del estado Miranda, consideró que efectivos policiales tomaron la instalación del mencionado Instituto, “presumiendo” expresamente la comisión de faltas previstas y sancionadas en el Reglamento de Personal indicado ut supra, en virtud del cual se observa que los hechos alegados al inicio se encontraban provista de una “presunción” durante la etapas al aludido procedimiento por tanto, se constata que el funcionario recurrente fue considerado como inocente durante el procedimiento hasta que se dictó el acto impugnado, por lo que se desestima la presente denuncia. Así se declara.

6. - Del vicio de falso supuesto de hecho del acto administrativo impugnado.

   La parte recurrente en su escrito libelar señaló que “Del contenido y de la fecha del mismo acto administrativo de destitución, se desprende, que el supuesto de hecho que da pie a la aplicación de la sanción mayor, y el procedimiento administrativo en todas sus fases, no pudo haberse cumplido. No fue debidamente comprobada. No fue debidamente comprobada, la presunta falta, y no se cumplieron los extremos legales necesarios para que la averiguación administrativa y la destitución decidida a través de ella surtieran efectos legales”.

   Sobre el vicio de falso supuesto de hecho, ha precisado la Sala Político Administrativa que este se produce cuando la Administración se fundamenta en hechos inexistentes o que ocurrieron de manera distinta a la apreciación efectuada por el órgano administrativo, afectando la causa del acto administrativo y acarreando su nulidad. (Vid. Sentencia Nro. 00504 de la Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo, de fecha 30 de abril de 2008, caso: J.A.O.C. y J.J.B.C.).

   Por otra parte, el falso supuesto de derecho se presenta cuando los hechos que dieron origen a la decisión administrativa existen, se corresponden con lo acontecido y son verdaderos, pero la Administración al dictar el acto los subsume en una norma errónea o inexistente en el universo normativo para fundamentar su decisión, lo cual incide decisivamente en la esfera de los derechos subjetivos del administrado, lo cual acarrearía la anulabilidad del acto. (Vid. Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia Nro. 00371 de fecha 24 de abril de 2012, caso: Banesco Banco Universal, C.A).

   Al respecto, se observa del acto administrativo impugnado que el recurrente en su condición de funcionario policial adscrito al Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda, asumió una conducta contraria al Reglamento de Personal y Régimen Disciplinario del Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda, durante los hechos ocurridos el 5 de enero de 2001, cuando funcionarios uniformados y armados tomaron las instalaciones de la sede principal del referido Instituto Autónomo de Policía, incurriendo en violación de los artículos 4, 30, 38, 44, 46 numeral 6, 48 numerales 18, 52, 54 numerales 3, 4 , 6, 8 y 9 y artículo 55 ordinal 7 del Reglamento de Personal y Régimen Disciplinario del referido Instituto.

   En relación con lo anterior, cabe precisar que la investigación realizada por la Administración respecto a los hechos investigados, debe estar sometidas a varias reglas, a saber: a) la Administración debe verificar los hechos realmente ocurridos, sin omitir ninguno, ni distorsionar su alcance y significación, b) la Administración debe subsumir tales hechos en los presupuestos de la norma adecuada al caso concreto, aplicando la consecuencia jurídica correspondiente.

   Así, cuando el ente u órgano actúa bajo esos parámetros, existirá entonces una perfecta correspondencia entre los hechos acaecidos en la realidad y la consecuencia que, genéricamente, ha sido prevista por el ordenamiento jurídico con respecto a los mismos. Por tanto, la causa o los motivos que originan la manifestación de voluntad del órgano se habrán conformado sin vicio alguno que desvíe la actuación administrativa de los cauces fijados por el legislador (Vid. sentencia N° 2007-293 de fecha 7 de marzo de 2007 dictada por la Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo).

   De esta manera, este Tribunal observa que mediante el auto de apertura de fecha 10 de enero de 2001, la División de Asuntos Internos del Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda acordó el inició las averiguaciones administrativas, ya que presuntamente un grupo de efectivos policiales adscritos al mencionado Instituto Policial, tomaron “la sede como señal de protesta” en reclamo de una serie de beneficios laborales, entre los cuales se encontraba el ciudadano G.A.S.C., hoy recurrente.

   En ese sentido, se puede evidenciar de las actas que conforman el expediente administrativo que a los folios doscientos veintisiete (227) y doscientos veintinueve (229) de la pieza 1, cursan “DECLARACIONES” de los ciudadanos E.A.M.F., y Caceres Contreras D.A., titulares de las cédulas de identidad Nros. 3.364.600 y 9.331.925, respectivamente, de las cuales se desprende que el hoy querellante tuvo una participación activa en los hechos ocurridos el 5 de enero de 2001, donde portando su uniforme y arma de reglamento, conjuntamente con otros funcionarios tomó las instalaciones policiales, manteniendo bloqueadas las entradas principales y no permitiendo el acceso al personal que labora en el Instituto, lo cual no fue desvirtuado por el recurrente al momento de rendir sus testimonio ante la Administración.

   De lo anterior se puede deducir que la conducta del recurrente se subsumió en los hechos que la Administración Estadal le atribuyó en el acto de destitución, pues a consideración de este Juzgado, los hechos narrados guardan estrecha relación con los hechos imputados, establecidos en los el artículo 4, artículo 30, artículo 38, artículo 44, numeral 6 del artículo 46, numerales 18 y 52 del artículo 48, numerales 3, 4 y 6, 8 y 9 del numerales 18 artículo 54, y artículo 55 del Reglamento de Personal y Régimen Disciplinario del referido Instituto, los cuales se refieren a las faltas de extralimitación de sus funciones en desconocer a la autoridad legalmente constituida; perturbar el ejercicio de sus funciones; de modo en general, las faltas que afecten el prestigio de la disciplina o la institución y; las circunstancias agravantes en haber realizado un acto en provecho propio, haberse valido de la condición de funcionario en presencia conjuntamente con otros funcionarios y con premeditación.

   Siendo ello así, considera este Juzgado oportuno señalar, que el ejercicio de la función pública, y más si se trata, como en este caso, del oficio de policía, implica para el servidor público el deber de actuar conforme a los valores éticos que deben regir la actuación de los funcionarios públicos, valga decir, con rectitud de ánimo, integridad y honradez o, en otras palabras, con probidad, pues esa es la conducta que se espera despliegue en todo momento el servidor público. (Vid. Sentencia de Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo Nro. 2007-710, de fecha 18 de abril de 2007. Caso: M.D.V.S.C.).

   Así, cuando el infractor desempeña cargos en los cuales su conducta debe servir de ejemplo para sus compañeros y para la ciudadanía en general, mayor es el grado de responsabilidad, pues al incurrir en faltas que atentan a una conducta correcta, a la luz del ordenamiento jurídico aplicable, son sancionables, estaría influyendo negativamente en la institución en la cual presta sus servicios, promoviendo de esta manera el recurrente la indisciplina dentro de ella, lo cual amerita que el Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda impusiera, previo el debido proceso, la sanción que ordene el Reglamento de Personal y Régimen Disciplinario del Personal del Instituto de Policía del Estado de Miranda, para así fomentar el mantenimiento de la actuación ética y jurídicamente correcta de sus servidores dentro de la institución. (Vid. Sentencia de la Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo Nro. 2009-545, de fecha 2 de abril de 2009, caso: J.C.I.R.V.. Instituto Autónomo Policía del Estado Miranda (IAPEM)).

   Conforme a lo expuesto, este Juzgado evidencia que el Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda, a través de las actuaciones llevadas a cabo en sede administrativa, verificó que ciertamente el querellante participó en la “toma” de la sede de dicho Instituto conjuntamente con otros funcionarios de una manera premeditada.

   De manera que, se puede apreciar de los autos que el querellante en su condición de agente policial tuvo un comportamiento contrario a sus funciones como servidor público, en contra de la disciplina y prestigio de la Institución Policial, lo que trajo como consecuencia la imposición de la sanción disciplinaria de destitución, que implica una ruptura de la relación de empleo público, genera su egreso de la Administración por la comprobación de los hechos mencionados precedentemente que comprometieron su responsabilidad en el ejercicio de sus funciones; por lo que la Administración Pública apreció acertadamente los anteriores hechos y fueron debidamente demostrado en el decurso de las actuaciones administrativas que cursan en autos, razón por la cual se desecha el vicio de falso supuesto de hecho denunciado. Así se declara.

   Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expresados, este Tribunal declara sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la abogada M.C.A., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 19.655, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano G.A.S.C., titular de la cédula de identidad Nro. V- 11.669.611, contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en el Oficio Nro. 220/01 del 1° de octubre de 2001, suscrito por la Directora de Personal del Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda. Así se declara.

   IV

   DECISIÓN

   Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la abogada M.C.A., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 19.655, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano G.A.S.C., titular de la cédula de identidad Nro. V- 11.669.611, contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en el Oficio Nro. 220/01 de fecha 1° de octubre de 2001, suscrito por el Director Presidente y la Directora de Personal del INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA DEL ESTADO MIRANDA.

   Publíquese, regístrese y notifíquese.

   Dada, firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con sede en Caracas, a los treinta (30) días del mes de abril de dos mil catorce (2014). Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.

   EL JUEZ,

   El Secretario Acc.,

   A.A.G.G.

   F.N.

   En esta misma fecha, siendo las nueve y treinta antes meridiem (09:30 a.m.), se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nro. ____2014. Se ordena imprimir dos (2) originales del mismo tenor de la presente decisión, cuyo segundo ejemplar será agregado al copiador de sentencia de este Tribunal, previa su certificación por Secretaría. Cúmplase lo ordenado.

   El Secretario Acc.,

   F.N.

   Expediente Nro.0774-08