Decisión nº 195 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 11 de Junio de 2007

Fecha de Resolución11 de Junio de 2007
EmisorCorte de Apelaciones Sala 2
PonenteGladys Mejía Zambrano
ProcedimientoApelación Contra Auto

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA

CORTE DE APELACIONES

SALA Nº 2

Maracaibo, 11 de Junio de 2007

197º y 148º

Decisión N° 195-07 Causa N°: 2Aa-3629-07

Ponencia de la Juez de Apelaciones Dra. G.M.Z.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:

Imputado: G.M.P.P., de nacionalidad venezolana, de 40 años de edad, Fecha de Nacimiento 24.08.1966, estado civil soltero, titular de la cédula de identidad N° V-7.921.413, de profesión u oficio Técnico Mecánico, hijo de M.P. (D) y M.P., residenciado en la Avenida 22, Sabaneta Larga, Barrio S.C., 100 A-51, Maracaibo Estado Zulia.

Víctima: ESTADO VENEZOLANO (Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas).

Defensa Pública: Profesional del Derecho YASMELY A.F.C., Defensora Pública Trigésima Primera, Penal Ordinario e Indígena, adscrita a la Unidad de Defensa Pública Penal del Estado Zulia.

Representantes del Ministerio Público: Profesionales del Derecho E.P.B. e IRISTELIS RINCON, Fiscales –Principal y Auxiliar respectivamente- de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en colaboración con la Fiscalía Trigésima Quinta del Ministerio, a nivel Nacional con competencia plena y sede en Maracaibo, Estado Zulia.

Delitos: DESVALIJAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 3 de la Ley sobre el Robo y Hurto de Vehículos Automotores.

Se recibió la causa en fecha 28 de Mayo de 2007, se dio cuenta en Sala, y en fecha 30 de Mayo de 2007, se designó ponente a la Juez que con tal carácter suscribe la presente decisión.

Han subido estas actuaciones en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Profesional del Derecho YASMELY A.F.C., Defensora Pública Trigésima Primera, Penal Ordinario e Indígena, adscrita a la Unidad de Defensa Pública Penal del Estado Zulia, contra la decisión signada con el N° 808-07, dictada en fecha 27 de Abril de 2007, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control, del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual resuelve mantener (sic) la medida de privación judicial preventiva de libertad conforme al artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, al imputado G.M.P. titular de la cédula de identidad N° V-7.921.413.

Una vez recibida la causa en esta Sala y verificada la urgencia del caso, se declaró su admisibilidad en fecha 30 de Mayo de 2007, y cumplidos como han sido los trámites procedimentales, este Tribunal Colegiado para resolver realiza las siguientes consideraciones:

PLANTEAMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN

La Profesional del Derecho defensora, interpone el recurso de apelación con fundamento en lo establecido en el artículo 447 numerales 4 y 5 del Código Orgánico Procesal Penal, contra la decisión dictada en fecha 27 de Abril de 2007, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control, del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual resuelve mantener (sic) la medida de privación judicial preventiva de libertad conforme al artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, al imputado M.P. por la presunta comisión del delito de DESVALIJAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 3 de la Ley sobre el Robo y Hurto de Vehículos Automotores, y lo realiza en base a los siguientes argumentos:

En primer término, aduce en el capítulo denominado como PRIMERO, que se le causa gravamen irreparable a su defendido, cuando se viola el artículo 44 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y refiere que adminiculado a lo referido en el acta de presentación de su defendido, considera que mal puede el Juzgador fundamentar su decisión de que no puede decretarse una medida cautelar prevista en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que el delito tiene como víctima al Estado, a pesar de ser un tipo penal susceptible de la aplicación de uno de los medios alternos (sic) a la prosecución del proceso como lo es el Acuerdo Reparatorio porque se trata de bienes de carácter patrimonial,.

Señala que, por cuanto su defendido tiene otra causa ante el Juzgado de El Vigía, Estado Mérida, donde le fue decretada medida cautelar sustitutiva de libertad, y aún aparece solicitado por un asunto del año 1994, no le procede otra medida cautelar, alegando la defensa, que el artículo ut supra mencionado en su último aparte prevé que si puede acordarse una nueva medida.

Así mismo relata, que en relación a la presunción de peligro de fuga, es criterio sostenido por la jurisprudencia y reiterado por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, establecen taxativamente cuales son los requisitos concurrentes para que pueda decretarse conforme a derecho la medida privativa de libertad, por ello el espíritu del legislador es el aseguramiento del imputado, valorando si puede escaparse o entorpecer la investigación, ello se deriva del ejercicio de la acción penal, pero el delito debe ser real, las condiciones que contienen lo denominado por la Doctrina como “columnas de atlas” del proceso penal, son concurrentes valorando la gravedad del delito, la personalidad y antecedentes de éste, a sus relaciones, influencias, arraigo, patrimonio y relaciones familiares.

Pasa de seguidas a citar el criterio que al respecto tiene la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, e igualmente cita un pronunciamiento realizado por la Sala N° 1 de esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Zulia, de fecha 02.12.2005, señalando igualmente que nuestro actual sistema acusatorio prevé no como una falacia (sic) el juzgamiento en libertad, y así debe analizarse el caso concreto ya que el Ministerio Público posee las investigaciones muy adelantadas tomando en consideración el transcurso del tiempo, por lo que, -en su criterio- mal puede la Juez A quo considerar que existe por parte de su defendido peligro de fuga, pues es un hecho cierto que su defendido indicó en todo momento su dirección específica, así como el hecho de no haberse puesto a derecho de inmediato, sólo puede hacer pensar que quizás eso se debió a otras circunstancias, pero no a evadir su responsabilidad.

Finalmente, solicita sea revocada la decisión recurrida, y sea declarada con lugar en la definitiva, acordándose una medida cautelar sustitutiva de libertad, en resguardo al derecho de ser juzgado en libertad, y así mismo a la garantía del debido proceso establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

DE LA CONTESTACIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO

Las Profesionales del Derecho E.P.B. e IRISTELIS RINCÓN, actuando como Fiscales –Suplente y Auxiliar respectivamente- de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en colaboración con la Fiscalía Trigésima Quinta del Ministerio, a nivel Nacional con competencia plena y sede en Maracaibo, Estado Zulia, procedieron a darle formal contestación al recurso de apelación interpuesto por la defensa, argumentando lo siguiente:

Señalan respecto a lo argumentado por la defensa en su escrito, en primer término que no se ha vulnerado ninguna garantía constitucional que le asista al imputado de autos, en razón que la detención del mismo se produjo a través de una orden de aprehensión emitida por el Juzgado Quinto de Control de este Circuito Judicial Penal en fecha 19.09.06, en razón de la solicitud que efectuare la Fiscalía Quinta del Ministerio Público, como consecuencia de una investigación llevada por ese despacho, la cual anexan a la causa 5C-4762-06 llevada por el Juzgado A quo.

En segundo término señalan, que el Juzgado A quo tomó en consideración para decretar la medida privativa de libertad, no solamente lo extraído y resaltado por la defensa en su escrito, sino también todos los requisitos exigidos en la norma procesal para decretar dicha medida, aunado a que dicho imputado no solamente presenta solicitud por el Estado Mérida , extensión El Vigía, -según oficio N° 1708 de fecha 07.07.2004, por el delito de Hurto Calificado sino que también, presenta solicitud por Carora, expediente D-345.921 por el delito de Hurto de Vehículo de fecha 29.08.1994, y por otro lado, al momento de su presentación por el Juzgado Noveno de Control de este Circuito Judicial Penal, evidenciándose también que el mismo se ausentó de su residencia una vez ocurrido los hechos, y no acudió en ningún momento ante la autoridad.

Manifiestan igualmente, respecto al argumento de la defensa, en cuanto a que el delito atribuido es susceptible de una medida alternativa; ello no quiere decir necesariamente que lo procedente en derecho, sea el decreto de una medida cautelar sustitutiva de libertad, ya que ello depende de las circunstancias que se presenten en cada caso en particular y que efectivamente se llenen los extremos previstos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, como se desprende del presente caso, ya que aparece demostrada la comisión de un hecho punible, que merece pena privativa de libertad de 4 a 8 años, cuya acción no se encuentra evidentemente prescrita, en donde existen fundados elementos de convicción para estimar que el imputado G.M.P., presuntamente es el autor en la comisión del delito de DESVALIJAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR; con el acta policial suscrita por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, donde constan las condiciones de las unidades policiales placas P-30741 y P-30792 que le fueron entregadas a los efectos de su debida reparación, las cuales fueron desvalijadas, así como las actas donde consta la aprehensión del imputado; la citación que al mismo le efectuaran en su residencia en fecha 08.06.2006, donde fueron atendidos por su progenitora M.P.D.P. transcurriendo desde esa fecha once (11) meses, en los cuales nunca asistió al cuerpo policial y muchos menos al Ministerio Público.

Mencionan, respecto a la afirmación de la defensa –en su criterio errada-, que de conformidad a lo previsto en el último aparte del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, era procedente otorgar una medida cautelar, realizando afirmaciones que no constan en la investigación y mucho menos han sido consignados como elementos probatorios que hagan presumir su aseveración, pues por el contrario a ello se observan dos solicitudes en otras jurisdicciones judiciales y este Circuito, donde aparece relacionado en una causa por el Juzgado Noveno de Control así como por el sistema iuris, aparte de la presente causa, lo que hace concluir que el mismo presenta tres causas, por tres Juzgados diferentes, presumiéndose con ello que sobre él recaen otras medidas cautelares, de lo cual el Ministerio Público solicitó se oficiara a los diferentes Juzgados con el objeto de obtener mayor información acerca de la situación del referido imputado.

En cuanto a lo planteado por la defensa, sobre la presunción de peligro de fuga, observan que efectivamente en la presente causa se evidencia que el Juez A quo entró a analizar las circunstancias intrínsecas del caso, para establecer que se encuentran llenos los parámetros para decretarle la medida judicial preventiva de libertad, según el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, entre ellas, la prevista en el tercer ordinal referido a la presunción razonable del peligro de fuga o de obstaculización, que a su vez están especificadas en el artículo 251 y 252 (sic), y en cuanto al peligro de fuga en el presente caso, tomando en consideración el comportamiento del imputado en el proceso y la conducta predelictual, contenidas en los numerales 4 y 5 ibídem, lo cual va acorde y en sintonía con la jurisprudencia señalada por la propia defensa en su escrito.

Finalmente señalan, respecto al señalamiento de la defensa que el Ministerio Público tiene la investigación adelantada, y que mal podría el Juez considerar un peligro de fuga, pues es un hecho cierto que el imputado indicó la dirección exacta; pues efectivamente en la investigación se han venido practicando las actuaciones necesarias y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, pero también es cierto que desde el 08.06.06 cuando se le requirió -al imputado- en su residencia, ubicada en el Sector S.C., Avenida 22, casa N° 100A-71, la cual no es la misma indicada al momento de la presentación, éste no asistió al Ministerio Público, ni tampoco al órgano policial, pues durante 11 meses –como se indicó- nunca expresó su voluntad de someterse a la persecución penal, sino que por el contrario se ausento de esta jurisdicción, teniendo que hacerse efectiva la orden de aprehensión para que este apareciera en el proceso, y ser imputado de los hechos objeto de la presente causa; por lo que solicitan sea declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto y sea confirmada la decisión recurrida.

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

Una vez estudiados los argumentos de la recurrente, y revisadas las actuaciones que conforman la presente causa, esta Alzada observa:

Que la defensa alega que la Juez A quo acordó mantener (sic) la medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad, al imputado G.M.P.P., quien fue presentado con motivo de existir en su contra orden de aprehensión dictada en fecha 19.09.2007 (sic) por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, por la comisión del delito de DESVALIJAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 3 de la Ley sobre el Robo y Hurto de Vehículos Automotores, indicando por una parte, que el Juzgador A quo no puede fundamentar su decisión, en el hecho de que la víctima es el Estado, ya que se trata de un tipo penal susceptible de uno de los medios alternos a la prosecución del proceso, como lo es el acuerdo reparatorio por tratarse de bienes de carácter patrimonial, y por otra parte, que no existe peligro de fuga por cuanto no están dados los requisitos concurrentes de los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, violándose con la decisión recurrida, el derecho a ser juzgado en libertad así como la garantía al debido proceso .

Este Cuerpo Colegiado observa que del folio ocho (08) al trece (13) del presente cuaderno de apelación, corre inserta la decisión impugnada, en la cual el prenombrado Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control, del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, señala:

…Escuchadas como han sido las partes, este Tribunal de Control resuelve mantener (sic) la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad que le fuera acordada por este Tribunal de Control en fecha 18.09.06, de conformidad con el Segundo aparte del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto se mantienen cumplidos los extremos exigidos en el encabezamiento del artículo 25° (sic) Ejusdem, toda vez que estamos en presencia de un hecho punible que merece pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentra prescrita, como lo es el delito de DESVALIJAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, (…); existen elementos suficientes de convicción para considerar que el imputado G.M.P.P. es autor o partícipe en dicho hecho punible y existe la presunción de peligro de fuga u obstaculización de la investigación, toda vez que de actas se evidencia que se ausentó de su residencia una vez ocurrido el hecho y no acudió en ningún momento ante la autoridad policial, es decir, ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas a resolver el problema, aunado que presenta otras causas en el Tribunal Noveno de Control de este Circuito Judicial Penal, ante el Tribunal Segundo de Control con sede en el (sic) Vigía, estado (sic) Mérida y presenta otra solicitud ante la Sub Delegación de Carora, Estado Lara, y si bien el delito es de Desvalijamiento de Vehículos, dichos vehículos pertenecen a una institución del Estado, por lo tanto se acuerda Mantener (sic) la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad y que la presente investigación sea tramitada por el Procedimiento Ordinario. Así se declara. Asimismo, se acuerda oficiar al Juzgado Noveno de Control de este Circuito Penal, al Juzgado Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida con sede en el Vigía y a la Sub-Delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, solicitando información con respecto a las solicitudes que el mencionado imputado presenta ante dichos Organismos.(Omissis)

.

Luego de realizado un minucioso análisis de las actas que integran la causa, los miembros de este Tribunal Colegiado, consideran pertinente explanar los siguientes extractos jurisprudenciales:

(Omissis) Ahora bien, el principio del estado de libertad deviene de la inviolabilidad del derecho a la libertad personal. De allí, que toda persona a quien se le impute la participación en un hecho punible tiene derecho a permanecer en libertad durante el proceso, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez en cada caso. (Omissis) De manera tal que, la necesidad del aseguramiento del imputado durante el proceso penal cuando existan fundados elementos en su contra de la comisión de un delito, así como el temor fundado de la autoridad de su voluntad de no someterse a la persecución penal, fundamentan el derecho que tiene el Estado de imponer medidas cautelares contra el imputado, lo que en el presente caso realizó el Juzgado Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, el cual decretó medida judicial de privación preventiva de libertad contra el ciudadano (…), al verificar –aunado a la imputación por la comisión del delito de lesiones graves y agavillamiento-, que al mismo se le seguía otra causa por la comisión del delito de homicidio calificado (Omissis)

. (Sentencia N° 452, de fecha 10-03-2006, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuya ponencia estuvo a cargo de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño).

(Omissis) De lo anterior se infiere que a través de la medida de privación judicial preventiva de libertad no se puede anticipar la protección de un bien jurídico utilizándola como pena, toda vez tal función le corresponde al Derecho penal material (sentencia N° 915/20002, del 20 de Mayo, de esta Sala). Por el contrario, la privación judicial preventiva de libertad debe atender a la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de dicha medida, concretándose aquéllos en la conjuración de ciertos riesgos relevantes, a saber, la sustracción del encartado a la acción de la justicia, la obstrucción de la justicia penal y la reiteración delictiva (STC 33/1999 del 8 de Marzo, del Tribunal Constitucional Español). En pocas palabras, es una medida que esencialmente se justifica por la necesidad de asegurar el proceso, específicamente, garantizar sus resultados y la estabilidad en su tramitación (Omissis)

. (Sentencia N° 1098, de fecha 22-11-2006, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuya ponencia estuvo a cargo del Magistrado Francisco Carrasqueño López).

Por su parte, la autora M.T.S.d.V., en su ponencia “Las Medidas Cautelares Sustitutivas de la Privación de Libertad. Requisitos”, extraída de la obra “Debido Proceso y Medidas de Coerción Personal”, Págs. 192 al 194, dejó sentado lo siguiente:

“Las limitaciones al derecho a la libertad

Los derechos fundamentales no son ilimitados, su vigencia pasa por el respeto del derecho de los demás, pero toda limitación debe llenar ciertas exigencias, ya que por su propia naturaleza tienen fuerza por si solos y no están a disposición de la ley, ellos tienen vigencia y eficacia aun cuando las normas legales no los desarrollen o reglamenten, porque son previos y superiores a la ley (CASAL, J.M.. Ob. Cit.. P. 2515). De allí podemos concluir que de acuerdo a la garantía de la reserva legal, si bien la ley es la única que puede restringir el derecho fundamental, no se puede subordinar el ejercicio del derecho a la existencia de una ley. “No existen derechos ilimitados, todo derecho tiene sus límites que, en relación a los derechos fundamentales, establece por si misma la Constitución en algunas ocasiones y, en otras, deriva indirectamente de la necesidad de proteger o preservar otros derechos constitucionales o bienes constitucionalmente protegidos... un límite de cada derecho es respetar el derecho de los demás.” (GUI MORE, Tomás. Ob. dr. p 1618. Sentencia No. 2 del 29-1-82 del Tribunal Constitucional Español). Como acertadamente lo expresa G.Z., si bien los derechos orientados a la libertad son intrínsecamente ilimitados, salvo que se acepten concepciones extremas, “los límites son posibles e incluso necesarios, aunque solo como límites extrínsecos y al único objeto de prevenir la colisión destructiva de tos propios derechos y de posibilitar su ejercicio a todos,... Desde esa perspectiva, los únicos límites a los derechos son también, y exclusivamente, los derechos (de los demás)”. (ZAGREBEBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Editorial Trorta. Tercera Edición. Madrid. 1999. P. 87). Las limitaciones a los derechos fundamentales las determina el propio texto constitucional, cuando establece condiciones para su ejercicio o disfrute o cuando reduce su alcance con el fin de evitar que se verifiquen conflictos entre varios derechos, sin embargo, en el caso de la ley, toda disposición que pretenda ¡imitar, condicionar o legitimar la injerencia del Estado respecto a un derecho fundamental tiene que estar en estricta sintonía con la Constitución. Se suele decir que toda limitación a un derecho fundamental debe cumplir con una serie de requisitos formales y materiales. Dentro de los primeros, se hace referencia a la reserva legal, a la determinación o precisión de la regulación que permita ser conocida por los titulares y al carácter orgánico que deben tener aquellas leyes que desarrollan los derechos fundamentales, las cuales requieren para su aprobación el voto favorable de dos tercios de los miembros del Parlamento. Respecto a los requisitos materiales se señala la licitud del fin perseguido que debe estar dirigido a proteger esos derechos, la proporcionalidad que implica la ponderación de la limitación respecto al fin perseguido, la intangibilidad del contenido esencial del derecho, destinada a preservar esa parte sustancial sin la cual el derecho pierde su sentido y la compatibilidad con el sistema democrático, en razón de la cual no puede considerarse legítima aquella limitación que si bien cumple todos los requisitos formales exigidos para el caso, sin embargo, constituye una franca o velada negación a los principios democráticos que deben regir todo Estado moderno. En el caso del derecho a la libertad, las limitaciones vienen dadas por el derecho de todos a vivir en libertad, lo que requiere el respeto del derecho de cada uno, lo que solo puede ser garantizado a través del establecimiento de sanciones para aquellos que violen el derecho ajeno. Sin embargo, esa sanción solo puede ser aplicada una vez que haya quedado establecida la responsabilidad de aquellos a quienes se les imputa la violación de un derecho ajeno, pero esa responsabilidad solo pude ser establecida a través del proceso penal, por lo que la garantía de que este pueda realizarse y cumpla con su finalidad de encontrar la verdad es el único fundamento de las restricciones al derecho a la libertad durante el proceso y deben tener como base una seria amenaza de que éste no podrá efectiva y adecuadamente realizarse.”.

En relación a lo alegado por la defensa acerca sobre Juzgador A quo no puede fundamentar su decisión, en el hecho que la víctima es el Estado, ya que se trata de un tipo penal susceptible de uno de los medios alternos a la prosecución del proceso, como lo es el acuerdo reparatorio por tratarse de bienes de carácter patrimonial, y por otra parte, que no existe peligro de fuga por cuanto no están dados los requisitos concurrentes de los artículos 250, 251 y 252 del Código; es de observar que el punto determinante en la presente causa, es que el imputado de autos, posee varias causas a solicitudes inclusive por otras Circunscripciones del país, evidenciándose que en ninguno de los casos, ha observado una conducta de colaboración para con la justicia, tal como lo refiere la defensa en su escrito de apelación, asumiendo una conducta por demás contumaz con la administración de justicia con las obligaciones adquiridas.

Estima la Sala que sí se dan los elementos previstos en los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, para determinar el peligro de fuga, no en razón de la pena que podría llegar a imponerse, sino por la conducta asumida por el imputado de autos, así como por la circunstancia expresada por el Ministerio Público en la contestación al recurso de apelación interpuesto, se observa que -el domicilio aportado por el referido imputado, no es el mismo indicado al momento de su presentación-, observándose igualmente que éste –estando en la obligación de estar a derecho y habiéndose comprometido con el Juzgado de la causa, para la obtención de su libertad, mediante medida cautelar- no acudió al Juzgado de la causa o al Ministerio Público, a informar sobre el cambio de su domicilio, razón por la cual no comparten los miembros de esta Alzada el criterio sostenido por la recurrente, acerca de la inexistencia del peligro de fuga.

Por tanto, la medida decretada constituye una vía para garantizar las resultas del proceso, a tal efecto, resulta pertinente traer a colación el criterio señalado en la sentencia N° 295 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 29 de Junio de 2006, Expediente N° A06-0252, que señaló:“…Evaluación de las circunstancias para determinar la presunción razonable de fuga, estas circunstancias no pueden evaluarse de manera aislada sino analizando pormenorizadamente, los diversos elementos presentes en el proceso, que indiquen un peligro real de fuga, y así evitar vulnerar los principios de la afirmación y el estado de libertad, establecidos en los artículos 9 y 243 del Código Orgánico Procesal Penal. En el presente caso, sin prejuzgar sobre si los hechos constituyen o no el delito de (…), se observa que la pena que pudiera llegar a imponérsele al ciudadano (…), por tal hecho punible no es grave; no sería igual o mayor a diez años, ni la magnitud del daño causado ha sido determinado y probado; y no consta en el expediente que el señalado ciudadano tenga antecedentes. Es por ello, que no concurren en la presente causa ninguna de las circunstancias exigidas en el artículo 251 del Código adjetivo con excepción del numeral 1, para así determinar una presunción razonable de peligro de fuga…”; en consecuencia, conforme a los argumentos expuestos, debe declararse SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Profesional del Derecho YASMELY A.F.C., Defensora Pública Trigésima Primera, Penal Ordinario e Indígena, adscrita a la Unidad de Defensa Pública Penal del Estado Zulia, y en consecuencia SE DEBE CONFIRMAR la decisión recurrida, signada con el N° 808-07, dictada en fecha 27 de Abril de 2007, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control, del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual resuelve mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad conforme al artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, al imputado G.M.P. titular de la cédula de identidad N° V-7.921.413; a quien se le atribuye la presunta comisión del delito de DESVALIJAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 3 de la Ley sobre el Robo y Hurto de Vehículos Automotores cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO (Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas). Y ASÍ SE DECIDE.-

DISPOSITIVA

Por los fundamentos anteriormente expuestos, esta SALA Nº 2 DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Profesional del Derecho YASMELY A.F.C., Defensora Pública Trigésima Primera, Penal Ordinario e Indígena, adscrita a la Unidad de Defensa Pública Penal del Estado Zulia, en su carácter de defensora del imputado G.M.P.P., titular de la cédula de identidad N° V-7.921.413, y en consecuencia SE DEBE CONFIRMAR la decisión recurrida, signada con el N° 808-07, dictada en fecha 27 de Abril de 2007, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control, del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual resuelve mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad conforme al artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, al imputado G.M.P. titular de la cédula de identidad N° V-7.921.413; a quien se le atribuye la presunta comisión del delito de DESVALIJAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 3 de la Ley sobre el Robo y Hurto de Vehículos Automotores cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO (Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas).-

Publíquese, y regístrese en el libro respectivo, déjese copia certificada en archivo, remítase la presente causa en la oportunidad legal correspondiente al Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control, del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia.

LOS JUECES DE APELACIONES

DRA. I.V.D.Q.

JUEZ PRESIDENTE

DRA. G.M.Z.D.. J.J.B.L.

Juez Ponente Juez de Apelación

ABOG. LIEXCER A.D.C.

SECRETARIO

En la misma fecha se publicó la anterior decisión y se registró bajo el Nº 195-07, en el libro respectivo, y se compulsó por secretaría copia de archivo.

EL Secretario,

ABOG. LIEXCER A.D.C.