Decisión nº KH0T2005000124 de Juzgado Primero Transitorio de Juicio del Trabajo de Lara (Extensión Barquisimeto), de 25 de Abril de 2005

Fecha de Resolución25 de Abril de 2005
EmisorJuzgado Primero Transitorio de Juicio del Trabajo
PonenteIván Cordero Anzola
ProcedimientoPensión De Jubilación Y Otros Conceptos Laborales

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En su nombre

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO EN RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA.

Barquisimeto, 25 de abril de 2005.

Años 195° y 146°

_____________________________________________________________

Juez Ponente: Abg. I.C.A.

ASUNTO: KH05-L-2001-000087.

DEMANDANTE: G.A.P.C., venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° 3.811.349.

APODERADOS JUDICIALES DEL DEMANDANTE: F.R.V., S.G. y A.R., Abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 32.743, 49.429 y 6.552 respectivamente.

DEMANDADA: COMPAÑÍA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA, Sociedad Mercantil Constitutita mediante documento inscrito en el Registro Mercantil que llevaba el Juzgado de Comercio del Distrito Federal el día 20 de junio de 1930, bajo el N° 387, y cuya última Reforma Estatutaria quedó debidamente inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 24 de octubre de 1996, bajo el N° 6, Tomo 298-A Pro.

APODERADOS JUDICIALES DE LA DEMANDADA: J.P.M., N.A.Y. y V.C.C.P., Abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los N° 48.195, 36.399 y 62.811 respectivamente.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.

SENTENCIA: DEFINITIVA.

I

RELACIÓN SUCINTA DE LOS HECHOS

Se inicia el presente asunto mediante escrito de demanda instaurada en fecha 27 de noviembre de 2001, por el ciudadano G.A.P., contra la sociedad mercantil CANTV; la cual fue admitida por auto del extinto Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo y de Estabilidad Laboral del Estado Lara, en fecha 05 de diciembre de 2001, ordenándose la citación de la parte demandada; y en fecha 05-03-2002, la parte demandante otorgó poder apud acta, según consta al folio 18.

A los folios 21 al 38 rielan recaudos de citación librados a la parte demandada, que fueron consignados por el Alguacil, en virtud que la persona a citar no se encontraba en la empresa; motivo por el cual se solicitó la citación por carteles mediante diligencia de fecha 24 de septiembre de 2002 (Folio 39), lo cual fue acordado por auto del 07-10-2002; y una vez practicada, fue consignada la resulta por el alguacil según consta al folio 42 de autos.

En fecha 06-02-2003 compareció la parte actora y solicitó que se designara defensor ad-litem, nombrándose al abogado M.V. mediante auto de fecha 19-02-2003.

En fecha 06-03-2003, compareció la Abg. V.C., en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada y consignó instrumento poder que acredita su representación, y se dio por citada en nombre de su representada.

A los folios 72 al 82, riela escrito de contestación de la demanda en fecha 10-03-2003, ratificado en fecha 11-03-2003 y 13-03-2003.

Por auto del Tribunal de fecha 19-03-2003, se agregaron las pruebas aportadas por las partes al proceso.

Observa quien juzga, que riela al folio 473, auto de avocamiento de quien suscribe la presente decisión, mediante el cual se concedió el término establecido en el artículo 14 y 90 del Código de Procedimiento Civil, a partir de que conste en autos la última de las notificaciones que se practicara a las partes, a los fines de que las partes ejercieran su derecho en caso de considerarlo pertinente, en estricta sintonía con los artículos 31 y 36 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y vencido el referido lapso, se procedería a la celebración de la audiencia oral de informes.

Ahora bien, se constata a los folios 472 de la presente causa, diligencia de la parte actora, mediante la cual solicita el avocamiento del juez que suscribe, y al folio 475 riela diligencia del Alguacil, dejando constancia de la notificación de la parte demandada, en fecha 21 de febrero de 2005, es decir, ambas partes se encuentran a derecho.

En fecha 08 de abril de 2005 se celebró la audiencia oral de informes en el presente proceso, mediante la cual se fija el lapso para dictar sentencia, por lo que este Juzgador pasa a decidir en los siguientes términos:

SOBRE EL LIBELO DE LA DEMANDA

Señala el ciudadano G.A.P.C., en el escrito de demanda, que ingresó a prestar servicios para la empresa CANTV el 15-06-1981; que se desempeñó como analista de mercado masivo de telecomunicaciones en la Región Centro Occidental, que su salario mensual era de Bs. 833.225,003, que fue jubilado en fecha 31-01-2001, en virtud de haberse acogido al Programa Único Especial y el beneficio de jubilación por presión de la empresa demandada; que la empresa CANTV le pagó como incentivo para el monto de la pensión un aumento inmediato del 25% sobre el salario; que por su antigüedad en el servicio (20 años) le correspondió el 90% de pensión.

Que CANTV erróneamente sólo consideró para el cálculo del monto de su pensión el salario normal más el bono vacacional, no considerando como parte de ese salario utilidades, servicio telefónico, HCM, traslado, bonificación por resultado del año 1999, que conforman el salario integral.

Solicita en su petitorio que se condene a la demandada CANTV al pago:

  1. - Bs. 5.344.909,00 por diferencia de pensión de jubilación;

  2. - Bs. 5.100.461,00 por noventa (90) días de preaviso;

  3. - Bs. 3.168.775,80 por diferencia de antigüedad al corte de cuenta efectuado en 1997;

  4. - Bs. 396.702,55 por diferencia de antigüedad;

  5. - Bs. 1.470.806,40 por diferencia de bono vacacional;

  6. - Bs. 680.226,30 por bono corporativo del 5%.

  7. - Bs. 1.133.746,60 por diferencia de vacaciones.

  8. - Bs. 3.677.016,60 por diferencia de utilidades conforme a lo dispuesto en la Cláusula 36 de la Convención Colectiva.

  9. - Bs. 796.686,80 por vacaciones fraccionadas conforme a lo dispuesto en la Cláusula 35 de la Convención Colectiva.

  10. - Bs. 980.537,60 por bono vacaciones fraccionado.

  11. - Bs. 306.418,00 por diferencia de utilidades fraccionadas.

  12. - Bs. 10.000.000,00 de indemnización por exoneración del beneficio contemplado en la cláusula N° 34 de la Convención Colectiva.

  13. - Indexación o corrección monetaria.

  14. - Costos y costas del proceso.

    SOBRE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA

    Observa quien Juzga, que a los folios 88 al 98 de autos, riela escrito de contestación presentado por ante la URDD Civil en fecha 12 de marzo de 2003, por los apoderados judiciales de la parte demandada, Abogados J.P.M., N.A.Y. y V.C.C.P., solicitan la reposición de la causa al estado que se notifique al ciudadano Procurador General de la República de la admisión de la demanda contra CANTV. Invocan como defensa la prescripción de la acción de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 64 numeral 1 ejusdem.

    Posteriormente niegan, rechazan y contradicen todos y cada uno de los alegatos y pretensiones del actor en forma fundamentada, señalando que el salario base de cálculo de la pensión de jubilación es el percibido por el trabajador en el mes inmediato anterior a la terminación de los servicios y comienzo del disfrute de la jubilación.

    Rechaza la incidencia de las utilidades y del bono vacacional en el cálculo de la pensión de jubilación, por lo cual alega que debe ser declarada sin lugar tal petición; solicitando finalmente sea declarada sin lugar la presente acción en la definitiva, con la correspondiente condenatoria en costas.

    Ahora bien, el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimiento del Trabajo, establece la forma y el momento de la contestación de la demanda, el cual fue interpretado en sentencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, con ponencia del Magistrado Dr. O.A.M.D., en el caso Jesús Henríquez Estrada contra la Sociedad Mercantil Administradora Yuruary C.A, de fecha 15 de mayo del 2000, sentencia N° 41., y que se acoge conforme lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

    En efecto, el artículo en comento establece la forma y manera así como el momento en que debe contestarse una demanda laboral, señalando en primer término, que la contestación de la demanda debe hacerse de una manera clara, señalándose cuales hechos alegados por el actor en su libelo se admiten y cuales se rechazan, con la particularidad de que los hechos rechazados deben estar fundamentados, so pena de incurrir en admisión de hechos; fijándose así la distribución de la carga probatoria.

    En el caso de marras, no serán objeto de controversia la existencia de la relación laboral entre las partes, el cargo del actor, la fecha de ingreso y fecha de egreso, que le fue otorgado el beneficio de jubilación; y que actualmente se le está cancelando la suma de Bs. 995.647,00 por pensión de jubilación.

    Siendo objeto de controversia: a) si le corresponde o no al demandante como parte del salario integral la incidencia de las utilidades y del bono corporativo; b) que le corresponda al trabajador preaviso, y bono corporativo del 5%, así como la diferencia en el pago de antigüedad al corte de cuenta de 1997, antigüedad hasta el año 2001; bono vacacional; bono corporativo; vacaciones; utilidades; vacaciones fraccionadas; bono vacacional fraccionado y utilidades fraccionadas; c) que le corresponda o no al demandante la cantidad de Bs. 10.000.000,00 de indemnización por exoneración del beneficio contemplado en la cláusula 34 de la Convención Colectiva.

    SOBRE LA IMPORTANCIA SOCIAL DEL

    DERECHO A LA JUBILACIÓN

    En cuanto al beneficio de jubilación y su importancia social, se pronunció la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia del Magistrado IVAN RINCON URDANETA, en el caso jubilados y pensionados de C.A.N.T.V., y miembros de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (AJUPTEL-CARACAS), en el recurso de revisión contra la sentencia dictada en fecha 07 de septiembre de 2004, por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia que declaró sin lugar la demanda, en sentencia de fecha 25-01-2005, donde se estableció en forma magistral que no se puede:

    …desconocer el valor social y económico que tiene la jubilación, pues ésta sólo se obtiene luego que una persona dedica su vida útil al servicio de un empleador, y conjugado con la edad –la cual coincide con el declive de esa vida útil- el beneficio de la jubilación se configura como un logro a la dedicación de un esfuerzo que se prestó durante años. Así, se ha entendido que el objetivo de la jubilación es que su titular –que cesó en sus labores diarias de trabajo- mantenga la misma o una mayor calidad de vida de la que tenía, producto de los ingresos que ahora provienen de la pensión de jubilación, con la finalidad de asegurar una vejez cónsona con los principios de dignidad que recoge el Texto Fundamental en su artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

    Acorde con los postulados de la sentencia parcialmente transcrita, es preciso resaltar el voto concurrente de la Magistrado LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO, en el sentido de que “cuando el trabajador se convierte en jubilado, si bien se extingue la relación laboral ordinaria; no obstante, se mantiene un vínculo jurídico especial como consecuencia de la primera, en cuyo caso deben mantenerse incólumes todos los principios y garantías laborales que orientan el hecho social trabajo”, a saber: la progresividad e intangibilidad de los derechos laborales, la no disminución de las condiciones de trabajo, la prohibición de desmejoras; el principio in dubio pro operario; criterios que se traen a colación aún y cuando en el caso de marras no está en discusión tal derecho, sin embargo, las pretensiones derivan del mismo.

    SOBRE LA PRESCRIPCION DE LA ACCION

    En cuanto a la PRESCRIPCION alegada por la accionada a través de su apoderado judicial, este juzgador considera pertinente establecer la procedencia o no de esta defensa de fondo, por lo que, como punto previo debe pronunciarse al respecto, ya que de ser declarada con lugar se haría inoficioso entrar a evaluar lo otros elementos de este juicio.

    Para considerar lo relacionado con la prescripción alegada como defensa de fondo, tomaremos en cuenta el basamento legal, los criterios doctrinarios y jurisprudenciales, que se explanan a continuación.

    Según el Procesalista uruguayo E.C., el término prescripción es el modo de extinguirse los derechos y las obligaciones, derivado del no uso o ejercicio de los mismos durante el plazo señalado en la ley.

    Por su parte, nuestro Código sustantivo la define como un medio de adquirir un derecho o de libertarse de una obligación por el tiempo y bajo las demás condiciones determinados por la ley.

    En materia de reclamaciones laborales, el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente, establece una prescripción corta que sólo puede destruirse a través de los medios interruptivos, establecida en el derecho común o a través de los medios de interrupción de prescripción establecidos en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo.

    En efecto, establece el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, que la interrupción de las acciones provenientes de la relación de trabajo, se interrumpe por:

    1. Por la introducción de una demanda judicial, aunque se haga ante un juez incompetente, siempre que el demandado sea notificado o citado antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes;

    2. Por la reclamación intentada ante un organismo ejecutivo competente cuando se trate de reclamaciones contra la República u otras entidades de carácter público;

    3. Por la reclamación intentada por ante una autoridad Administrativa del Trabajo. Para que la reclamación surta sus efectos deberá efectuarse la notificación del reclamado o de su representante antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes; y

    4. Por las otras causas señaladas en el Código Civil

      Sobre ésta norma jurídica, consagrada en la ley especial laboral, considera oportuno la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Civil, hace las siguientes consideraciones:

      La disposición transcrita establece como medio interruptivo de la prescripción, la introducción de la demanda laboral, aún cuando se haga ante un juez incompetente, empero, condicionada a que la notificación o citación del demandado se produzca antes de consumarse el lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes, lo que se traduce en un prórroga del término previsto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo

      (Sentencia de fecha 24-05-95, con ponencia del Magistrado Dr. A.R., Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Mayo 1.995, O.P.T., pp. 206-207)

      La intención del legislador de establecer lapso de caducidad así como de prescripción, es la de no dejar en manos de los interesados por el infinito el ejercicio de la acción, en aras de crear seguridad jurídica y de hacer nacer una presunción iure et de iure, de que el interesado dentro del lapso establecido en la Ley, dejó de mecanizar la acción, ha renunciado a ésta.

      Es oportuno resaltar que una de las causas que interrumpen la prescripción es el inicio de un procedimiento judicial, estableciendo al efecto el artículo 1969 del Código Civil, que el solo inicio de un procedimiento judicial no interrumpe de por sí el curso de la prescripción, ya que para ello resulta imprescindible que se cite al demandado, o se registre el libelo de la demanda en la forma antes señalada; sin obviar que en materia laboral se conceden dos meses –adicionales- al lapso de prescripción para que se proceda a la citación del demandado.

      A nivel jurisprudencial, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 29 de mayo del 2000, con Ponencia del Magistrado ALBERTO MARTINI URDANETA, en el juicio que por jubilación especial intentado por la ciudadana C.J.P.d.M. contra CANTV., estableció que el derecho a la jubilación es prescriptible, siendo las excepciones:

      …1) las que se refieren al estado y capacidad de las personas; 2) el ejercicio del derecho de propiedad; 3) los derechos facultativos; 4) el derecho a reclamar cosas inalienables; 5) la acción para reclamar la partición cuando el comunero o coheredero posee a nombre de todos los copartícipes; 6) las excepciones; 7) las acciones contra entredichos e inhabilitados; y 8) ahora, en la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las acciones por salvaguarda del patrimonio público, entre otras. De lo anterior se observa que básicamente, lo resaltante de las acciones imprescriptibles es que su ejercicio no se traduce en un pago de contenido patrimonial, vale decir, el ejercicio de tales acciones no está dirigido a aumentar o disminuir el patrimonio del actor o del demandado.

      En el caso que nos ocupa, el derecho a la jubilación especial convencional, independientemente de lo trascendente de su contenido, dirigido a satisfacer requerimientos de subsistencia de personas que habiendo trabajado determinado número de años se ven impedidas de continuar haciéndolo en virtud de que finalizó la prestación de sus servicios; se traduce en el pago de cantidades de dinero, más disfrute de otros beneficios socioeconómicos que afectan el patrimonio de la persona obligada a ello, de allí que el ejercicio de su acción, por razones de seguridad jurídica, deba limitarse a un determinado tiempo, es decir, esté sujeto a un lapso de prescripción extintiva. Así se establece.

      Es así como, establecido que el derecho a reclamar la jubilación especial convencional prescribe, debe considerarse respecto al caso concreto, si se está en presencia de una simple prescripción de las acciones derivadas de la terminación de la relación de trabajo o si se trata del derecho a la jubilación.

      El artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece expresamente que:

      Los jueces de instancia deberán acoger la doctrina de casación social en casos análogos, para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia

      El sentido y alcance de la norma jurídica transcrita, es determinante a la hora de resolver el caso de marras, pues los derechos reclamados por el accionante emergen de la disposición convencional que contiene los referidos beneficios, lo que conllevará a establecer la procedencia o no de la prescripción opuesta por la accionada.

      Ahora bien, los hechos controvertidos a determinar su prescripción o no, son los siguientes:

    5. si le corresponde o no al demandante como parte del salario integral la incidencia de las utilidades y del bono corporativo;

    6. que le corresponda al trabajador preaviso, y bono corporativo del 5%, así como la diferencia en el pago de antigüedad al corte de cuenta de 1997, antigüedad hasta el año 2001; bono vacacional; bono corporativo; vacaciones; utilidades; vacaciones fraccionadas; bono vacacional fraccionado y utilidades fraccionadas;

    7. que le corresponda o no al demandante la cantidad de Bs. 10.000.000,00 de indemnización por exoneración del beneficio contemplado en la cláusula 34 de la Convención Colectiva.

      En tal sentido, y en busca de la uniformidad de la jurisprudencia, debemos traer a colación el criterio sentado por el Juzgado Superior del Trabajo del Estado Lara, en sentencia de fecha 17 de mayo del 2004, caso G.P.P. contra CANTV, en la cual se estableció que cuando se demanda la inclusión de la doceava parte de las utilidades al término de la relación laboral en el salario integral para el cálculo de la pensión de jubilación y el beneficio de servicio telefónico establecido en la convención colectiva de la CANTV:

      …estamos en presencia de reclamaciones provenientes del derecho común referentes a una diferencia salarial al momento de calcularse el salario integral para efectos de la liquidación de las prestaciones sociales que no es materia de jubilación y obviamente pudiera tener incidencia en los montos liquidados por concepto de pensión de jubilación, pero no sobre el derecho natural per se, lo cual ha sido concedido y liquidado por la empresa al trabajador, GERARDO PËREZ PORTELES, en plena conformidad. Así se determina.

      Sin embargo otro aspecto que ha sido discutido en el caso subjudice es el relativo al beneficio de la exoneración de una parte de la facturación del servicio telefónico, contemplada en el cláusula 34 de la Convención Colectiva de Trabajo Celebrada entre la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y la Federación de Trabajadores de Telecomunicaciones de Venezuela (FETRATEL) (1-999-2001); que reza al respecto:

      “1.-La empresa hará lo posible por dar prioridad a sus trabajadores para la instalación o mudanza del servicio telefónico.

  15. -la empresa concederá sus trabajadores la exoneración en la prestación del servicio telefónico de acuerdo a la siguiente tabla.

    Años de servicios (Antigüedad en la empresa)

    (…)

  16. -Las condiciones, limitaciones y prioridades en la prestación del servicio telefónico serán reguladas en la forma siguiente:

    1. Todos los beneficios de prioridad y exoneración se refieren a una sola línea telefónica residencial, instalada en la residencia del trabajador o de algún familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad inscrito en los registros de la Empresa y siempre que hubiere la posibilidad de prestar el servicio.

    2. Los años de servicio (antigüedad) se computarán desde la fecha del último ingreso.

    3. Todo exceso de los beneficios concedidos, al igual que las llamadas de larga distancia nacional por sistema manual o llamadas de larga distancia internacional, será pagado por el trabajador.

    4. El trabajador disfrutara del beneficio de exoneración contenido en esta cláusula desde la facturación correspondiente al mes inmediatamente siguiente al de la fecha de su solicitud ante la respectiva Unidad de Recursos Humanos.

  17. - Previa aprobación del respectivo supervisor, los trabajadores tendrán derecho a efectuar personalmente, una llamada semanal de larga distancia exonerada, siempre que esta se efectué en su propio centro de trabajo, que su duración no sea superior a tres (3) minutos y que no obstaculice la marcha de los servicios ni la ejecución de las labores. Los trabajadores enviados por dos (2) días o mas fuera de su localidad habitual trabajo en misión de la Empresa, podrán efectuar dos (2) llamadas semanales desde el centro de trabajo de la localidad donde se encuentren, en las mismas condiciones señaladas este numeral.

    En base a lo anterior (sic) mal podría tenerse este derecho como inherente al derecho natural de jubilación cuando se trata en realidad de un concepto vinculado a la relación de trabajo existente de deviene de la convención colectiva celebrada entre la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela… y la Federación de Trabajadores de Telecomunicaciones de Venezuela… (1-999-2001) y que por ello no puede ventilarse por la de jubilaciones (sic) y en cuyo caso no es aplicable la prescripción trienal, por lo que debe entonces aplicarse en este caso, el lapso de prescripción que opera para el reclamo de derechos laborales comunes. Así se determina.

    En el caso de marras, se constata que la relación laboral finalizó en fecha 31-01-2001, tal como lo alegó el accionante en su escrito de demanda, así como con la hoja de cálculo de prestaciones sociales que riela al folio 113 de autos, que se aprecia en todo su valor probatorio conforme lo dispuesto en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil.

    En tal sentido, es necesario pronunciarse sobre este aspecto en los siguientes términos: A) Fecha en que culminó la relación laboral: 31/01/2001. B) Interposición de la demanda laboral: 27/11/2001. C) Perfeccionamiento de la citación: 15/10/2002. Es decir, la citación del demandado debió verificarse durante el año y dos (02) meses siguientes a la fecha de culminación de la relación de trabajo, no obstante, consta en autos la citación en fecha posterior: 15 de octubre de 2002, es decir, 01 años 08 meses y 15 días después de finalizada la relación laboral al haberse acogido el accionante al beneficio de la jubilación, máxime, cuando en autos no consta algún acto interruptivo de la prescripción, de acuerdo a lo expuesto Supra, es por lo que se declara prescrita la presente acción, al serle aplicable la prescripción anual establecida en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo. Y así se establece.

    Tomando en consideración la declaratoria de prescripción de la acción, en el caso de marras, considera el juzgador inoficioso entrar a realizar el análisis y valoración de los medios de pruebas aportados por l as partes al proceso, dada las consecuencias de tal declaratoria. Y así se establece.

    D E C I S I O N

    En razón de las consideraciones expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio en Régimen Procesal Transitorio del Trabajo del Estado Lara, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:

PRIMERO

CON LUGAR la defensa de prescripción de la acción interpuesta por la empresa CANTV; y como consecuencia de ello, SIN LUGAR la demanda intentada por el ciudadano G.A.P.C., contra la COMPAÑÍA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA, Sociedad Mercantil Constitutita mediante documento inscrito en el Registro Mercantil que llevaba el Juzgado de Comercio del Distrito Federal el día 20 de junio de 1930, bajo el N° 387, y cuya última Reforma Estatutaria quedó debidamente inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 24 de octubre de 1996, bajo el N° 6, Tomo 298-A Pro.

SEGUNDO

Se exonera en costas a la parte demandante, por ser el trabajador el débil económico en la relación jurídica que motivó la demanda y porque son los órganos jurisdiccionales los medios con que cuentan éstos para hacer valer sus derechos e intereses, así aceptado por la doctrina reiterada por los Tribunales de Primera y Segunda Instancia del Trabajo.

Publíquese, Regístrese y Déjese Copia Certificada.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio en Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En Barquisimeto, 25 de abril de 2005. Años: 194° de la Independencia y 146° de la Federación.

Abg. I.C.A.

Juez Temporal

M.P.

La Secretaria

Nota: En esta misma fecha, 25/04/2005, siendo las 11:15 a.m., se dictó y publicó la anterior decisión. Años: 194° de la Independencia y 146° de la Federación.

M.P.

La Secretaria

ICA/M/jrm/sa.-

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