Sentencia nº 1372 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 29 de Mayo de 2003

Fecha de Resolución:29 de Mayo de 2003
Emisor:Sala Constitucional
Número de Expediente:00-0858
Ponente:Antonio García García
Procedimiento:Recurso de Nulidad
 
CONTENIDO

SALA CONSTITUCIONAL Magistrado Ponente: A.J.G. García El 15 de febrero de 2000 la Secretaría de la Sala Plena de este Tribunal Supremo remitió a esta Sala Constitucional el expediente número 00-0858, contentivo del recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad interpuesto por los abogados Gertrud Frías Penso y N.A.L., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 18.042 y 61.272, respectivamente, contra las normas contenidas en los artículos 82, 83, 84, 85, 86 y 94 del Código Policial del Estado Yaracuy, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1.730 de esa Entidad Federal, del 18 de agosto de 1986.

El 8 de marzo de 2000 fue recibido el expediente y se designó ponente al Magistrado Héctor Peña Torrelles.

El 25 de abril de 2000 esta Sala declaró con lugar la medida cautelar innominada solicitada por la parte recurrente ordenando, en consecuencia, al Gobernador del Estado Yaracuy que se abstuviese de ordenar arrestos con fundamento en la norma contenida en el artículo 82 del Texto Normativo impugnado.

Posteriormente se reasignó la ponencia al Magistrado A.J.G. García, quien con tal carácter, suscribe el presente fallo.

I El recurso se interpuso el 25 de enero de 1999 ante la extinta Corte Suprema de Justicia en Pleno, y el 3 de febrero de ese año se dio cuenta del escrito y de sus anexos, ordenándose la remisión de los autos al Juzgado de Sustanciación.

El 11 de febrero de 1999 se admitió el recurso y se ordenó la notificación del Presidente de la Asamblea Legislativa del Estado Yaracuy y del Fiscal General de la República, así como la expedición de un cartel de emplazamiento a los interesados en el proceso. Asimismo, se ordenó la remisión del expediente, una vez que constasen las notificaciones, a la Corte en Pleno para que se pronunciara sobre la medida cautelar que fue solicitada conjuntamente con el recurso.

El 25 de febrero de 2000, una vez suprimida la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría de la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia en Pleno remitió el expediente a esta Sala.

El 25 de abril de 2000 se concedió la medida cautelar solicitada en los términos ya referidos.

El 27 de abril de 2000 la parte actora solicitó copia de esa decisión.

El 1º de junio de 2000 el Juzgado de Sustanciación de esta Sala ordenó expedir el cartel de emplazamiento a los interesados.

El 30 de mayo de 2001 se recibió en esta Sala la opinión del Fiscal General de la República en este proceso, solicitando que el recurso fuese declarado con lugar, al estimar que las normas impugnadas violan disposiciones constitucionales.

El 4 de octubre de 2001 la parte actora solicitó certificación de la copia del escrito presentado por el Ministerio Público y el 15 de ese mes se ordenó efectuar la certificación requerida.

II

Tal como se ha reseñado, la última actuación en este procedimiento consistió en la orden dada el 15 de octubre de 2001 de certificar copia del escrito presentado en esta causa por el Ministerio Público. A partir de esa fecha no ha existido acto procesal alguno, ni se expidió el cartel de emplazamiento ni se abrió el período para la promoción de pruebas ni, por supuesto, se dio inicio a la relación de la causa.

Es evidente, entonces, que se está en presencia del supuesto previsto en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, según el cual “la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un año”.

Ahora bien, el artículo 87 de esa misma Ley permite al M.T. continuar conociendo de una causa en la que se ha producido la perención, si el acto impugnado viola normas de orden público.

Destaca esta Sala, al efecto, que si bien todas las disposiciones constitucionales deben ser respetadas, en su carácter de normas supremas, tienen una especial naturaleza de orden público todas aquellas que se refieren a ciertos derechos fundamentales, como el de la libertad personal, pues en ellos descansa la existencia misma del Estado de Derecho.

En el presente caso, se ha denunciado que el Código Policial del Estado Yaracuy viola la reserva legal, afectando gravemente la libertad personal. No vacila esta Sala al afirmar -sin que implique prejuzgamiento- que es tal derecho constitucional uno de los más necesitados de protección, lo que la obliga a continuar conociendo de esta causa -así hubiere sido abandonada por los accionantes-, a fin de mantener la vigencia del Texto Fundamental en tan preciado valor.

Sin que esta Sala pretenda desmerecer el resto de los derechos, es indudable que desde los orígenes mismos del Estado moderno, la garantía a la libertad personal se ha considerado de imprescindible mantenimiento, al punto que fue el derecho a la libertad personal una de las primeras manifestaciones de derechos particulares que se conoció en la evolución histórica de los derechos humanos. De hecho, existe un recurso especial, con denominación propia, que sirve para protegerlo: el hábeas corpus. Basta recordar que durante la vigencia de la Constitución de 1961, si bien erradamente se entendió que no podía existir la acción de amparo mientras no se hubiera dictado la ley que la regulase, no se negó la procedencia del hábeas corpus, recurso de tanta importancia que el propio Constituyente le dedicó una norma especial, en la que reguló ciertos aspectos procesales.

Por lo expuesto, esta Sala considera que la protección de la libertad personal es un asunto de orden público y ello hace que a una causa en la que se impugnen normas legales que supuestamente vulneren tal derecho, deba aplicársele la disposición excepcional contenida en el artículo 87 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en el que se lee:

El desistimiento de la apelación o la perención de la instancia dejan firme la sentencia apelada o el acto recurrido, salvo que éstos violen normas de orden público y por disposición de la Ley, corresponda a la Corte el control de la legalidad de la decisión o acto impugnado

.

En el caso de autos se han impugnado cinco disposiciones legales, que permiten a diferentes órganos la orden de arresto. El texto de las normas es el siguiente:

Artículo 82: El Gobernador de la Entidad Federal podrá imponer multas o arrestos hasta por ocho días, mediante resolución razonada, para mantener el orden, la moral, la decencia pública, la seguridad social y la protección de las personas y sus bienes.

Parágrafo Único: El Gobernador de la Entidad Federal queda exclusivamente facultado para imponer las penas de confinamiento o expulsión.

Artículo 83: El Comandante General de las Fuerzas Armadas Policiales podrá imponer sanción de arresto hasta por cinco días.

Artículo 84: Los Comandantes de Policía de Unidades Operativas podrán imponer sanción de arresto hasta por setenta y dos horas.

Artículo 85: Los Prefectos de Distritos podrán imponer sanción de arresto hasta por setenta y dos horas.

Artículo 86: Los Alcaldes de Municipio, Jefes Civiles, y los Comandantes de Policía de esas jurisdicciones, podrán imponer sanción de arresto hasta por setenta y dos horas

.

Artículo 94: Cuando se hubiere impuesto una multa y el sancionado no pudiera satisfacerla tendrá derecho a solicitar que se le conmute en arresto.

Los impugnantes expusieron en su libelo que, con base en el transcrito artículo 82, el Gobernador del Estado Yaracuy dictó los Decretos Nº 520 y 524, del 14 y 17 de diciembre de 1998, y ordenó el arresto por ocho días de trece ciudadanos, entre los que se encontraba uno de los accionantes (N.A.L.), por subvertir el orden público, la decencia pública, la seguridad social y por irrespetar la investidura del Gobernador del Estado. En criterio de la parte actora, la existencia del referido Código de Policía del Estado Yaracuy amenaza continuamente a la ciudadanía, y permite violaciones al derecho a la libertad personal, al debido proceso, a la defensa, a ser juzgado por el juez natural y al libre tránsito. Por ello, solicitaron la anulación de las seis disposiciones transcritas, pero en especial requirieron una medida cautelar, con fundamento en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, a fin de que se le ordenara al Gobernador de dicha Entidad Federal que se abstuviera de ordenar arrestos con fundamento en el citado artículo 82.

Según expusieron los accionantes, la facultad para ordenar arrestos está expresamente atribuida al Poder Judicial en la Constitución, correspondiendo, además, exclusivamente al Poder Legislativo Nacional “la creación de normas reglamentarias de las garantías que otorga el texto fundamental y la legislación penal vigente”.

Como se observa, se trata de un asunto de evidente orden público, que exige a esta Sala la continuación del proceso hasta su resolución, pese al abandono de la parte actora.

Precisado lo anterior, estima conveniente esta Sala formular las siguientes consideraciones relacionadas con el abandono del trámite por parte de los demandantes, quienes, sin embargo, sí supieron aprovechar la medida cautelar que solicitaron con su libelo. Para esta Sala, en vista de que el recurso de anulación de textos legales tiene una relevancia indiscutible en nuestro régimen constitucional, que ha llevado incluso al legislador a establecer una suerte de acción popular, debe destacarse lo siguiente:

Es de suponer que el abandono del trámite procedimental por parte de los accionantes obedeció al hecho de haber encontrado satisfacción a su interés personal a través de la concesión de la medida cautelar, pues mediante ella se suspendieron los efectos de una de las normas impugnadas: la que permite al Gobernador del Estado ordenar arrestos y que, precisamente, había sido aplicada a uno de los recurrentes.

Ahora, si bien no es violatorio de ninguna norma el abandonar un proceso, siendo su única consecuencia la declaratoria de perención, es evidente que los litigantes no deben ocupar la Justicia con causas en las que su interés no les aconseja llegar hasta las últimas consecuencias, pero ello es especialmente preocupante en casos en que se hace uso del mecanismo procesal más relevante -junto con el amparo- que prevé nuestro ordenamiento, como lo es el recurso de nulidad, pues con él no sólo se busca el respeto de la Constitución, como también lo hace el amparo, sino la desaparición misma de toda norma que se haya dictado en desapego de aquélla, a fin de que no sea aplicada nunca más ni al demandante ni al resto de la colectividad. Se trata, entonces, de un recurso básico del Estado de Derecho, en el que el accionante ejerce el más relevante papel que ciudadano alguno puede asumir.

Ahora bien, aun siendo cierto lo anterior, el recurso de anulación contra normas legales no es una simple denuncia de inconstitucionalidad, sino una auténtica demanda, en la que el accionante, con su libelo, trae al juez constitucional un caso, a fin de que se analice la posible contradicción con el Texto Fundamental y se ordene lo conducente para reparar la infracción en caso de haber ocurrido. Como demandante, tiene deberes que no puede obviar, y que son comunes a cualquiera que ponga en marcha el aparato jurisdiccional. Pero no debe olvidar, a la vez, que el convertirse en demandante en un proceso constitucional le coloca necesariamente en una posición distinta al del demandante en un proceso de otra naturaleza, en la que sí existe sólo un interés personal.

Lo anterior explica que el abandono de los procesos no deba verse de idéntica manera en uno u otro caso, toda vez que aunque no existía obligación alguna, el demandante en un recurso de inconstitucionalidad asume la representación de la sociedad en su conjunto y ésta espera de él que no cese, salvo justificación, en su empeño en lograr el apego de las leyes a las normas fundamentales. Pero, además, esa misma sociedad no puede juzgar aceptable que quien se presentó en defensa de las normas, principios y valores supremos, que atañen a todos, abandone el trámite, una vez que obtuvo satisfacción a un interés que no era el colectivo, sino uno meramente privado.

Si bien esta Sala, como tribunal constitucional, dispone de amplísimos poderes -incluso de fijación de criterios vinculantes, en virtud de su carácter de máximo intérprete constitucional-, y si bien en ciertos casos su análisis debe ir más allá de lo que las partes expongan, en realidad no desaparece el principio dispositivo que rige los procesos judiciales en nuestro ordenamiento jurídico.

De esta manera, aunque la necesidad de mantener la vigencia del texto constitucional hace que los recursos de anulación contra normas legales tengan características muy especiales que les separan del resto de recursos de los que conocen otros órganos jurisdiccionales, ni siquiera así pierde relevancia la figura del demandante, quien es el que debe impulsar el proceso hasta su fin. Por supuesto, para evitar casos de grave perjuicio a los principales valores constitucionales, la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia fue sumamente prudente al prever la posibilidad de que el juez prescinda de las partes, si fuese imprescindible continuar el proceso, como es justamente este caso.

Lo que no es éticamente aceptable, sin embargo, es que en un recurso de nulidad dirigido contra normas legales, el demandante solicite algún tipo de protección cautelar y, luego de obtenerla, se olvide del resto de la demanda, como si no tuviese para él la entidad suficiente para continuar con ella. Es su derecho, sin duda, pero también debe recordar que su acción puso en movimiento todo el aparato jurisdiccional, con los costos que ello implica.

Para esta Sala, en un Estado de Derecho existe la obligación colectiva de hacer respetar la ley, máxime el Texto Fundamental, por lo que no resulta comprensible que quien se presentó ante el Tribunal, denunciando graves violaciones constitucionales, deje de actuar cuando obtiene una protección cautelar. Su dejación del trámite pondría de manifiesto que su voluntad no necesariamente era la de hacer respetar las normas supremas como valores fundamentales de la población en su conjunto, sino que asumió el recurso como un medio para lograr una defensa concreta de su situación particular.

Está consciente la Sala de que en otros ordenamientos jurídicos se ha instaurado un sistema como el ahora mencionado para la protección constitucional: su defensa a través de los casos concretos, pero no así en Venezuela, donde se optó por estipular una acción amplísima, para que no fuera necesario el interés que surge de un caso concreto, para poder activar los mecanismos de control. Claro está que el accionante puede hacer valer ante el juez el interés que lo lleve a juicio, el cual puede ser general o concreto, pero ello en definitiva resulta secundario frente a la razón última del recurso.

Sobre lo que esta Sala desea llamar la atención es el caso en que el recurrente hace uso de una vía que excede de su real pretensión, cuando tal vez pudo utilizar otras. En el caso de autos, tal vez el interés del recurrente no era realmente la anulación de todas las normas impugnadas, sino que se vería satisfecho simplemente por la suspensión de una norma en concreto. A eso se refiere esta Sala con su advertencia: aparte del esfuerzo del juez en actuar siempre con corrección y del propio Estado en asegurarle los medios para su labor, es imprescindible el prudente ejercicio de las acciones judiciales para lograr una justicia efectiva.

No niega la Sala que -de no estar involucrado el orden público, como es el presente caso- la declaratoria de perención, y con ello la extinción del proceso y el archivo del expediente, haría fenecer la medida cautelar acordada, con lo que de alguna manera se evitaría que los demandantes se aprovechasen de medidas cautelares con pretensiones de continuidad indefinida en el tiempo, pero ello no niega que la inactividad de los interesados obliga al Tribunal a la Sala ocupar tiempo, recursos y esfuerzo en casos en los que sí existe interés real por parte de los accionantes en llegar hasta el fin, que no debe ser otro que el respeto al orden constitucional que la colectividad se ha dado.

En definitiva, observa la Sala que en el presente recurso está involucrado el orden público y, además, la medida cautelar fue concedida en atención al interés público y no por el interés concreto de los demandantes, por lo que esta Sala ordena la continuación del proceso, mas, perecido como se encuentra el recurso, esta Sala deja sin efecto el auto del 1° de junio de 2000 a través del cual se ordenó expedir el cartel de emplazamiento a los interesados al que hizo referencia el auto de admisión del 11 de febrero de 1999. En tal virtud se ordena la continuación del procedimiento. Así se decide.

Además, visto que es evidente que en esta causa sólo versa sobre aspectos jurídicos, esta Sala declara de oficio que se trata de un proceso de mero derecho, por lo que, en atención a la jurisprudencia seguida en casos como el presente, se ordena la eliminación del período probatorio y de la primera etapa de la relación, mas no así el acto de informes, razón por la cual se ordena al Juzgado de Sustanciación que una vez realizadas las notificaciones de la presente decisión al Fiscal General de la República y al Presidente del C.L. delE.Y., remita las actuaciones a la Secretaría de esta Sala para que fije la oportunidad en que ha de celebrarse el acto de informes. Así se declara.

III DECISIÓN

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ordena la tramitación del recurso de nulidad interpuesto por Gertrud Frías Penso y N.A.L., contra las normas contenidas en los artículos 82, 83, 84, 85, 86 y 94 del Código Policial del Estado Yaracuy, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1.730 de esa Entidad Federal, del 18 de agosto de 1986 como un asunto de mero derecho, en consecuencia, se ordena la eliminación del período probatorio y de la primera etapa de la relación, mas no así el acto de informes, razón por la cual se ordena al Juzgado de Sustanciación que una vez realizadas las notificaciones de la presente decisión al Fiscal General de la República y al Presidente del C.L. delE.Y., remita las actuaciones a la Secretaría de esta Sala para que fije la oportunidad en que ha de celebrarse el acto de informes. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación. Tramítese la causa según lo ordenado.

Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los 29 días del mes de mayo de dos mil tres. Años 193° de la Independencia y 144° de la Federación.

El Presidente,

I.R.U. El Vicepresidente,

J.E. CABRERA ROMERO

Magistrados,

A.J.G. GARCÍA JOSÉ M. DELGADO OCANDO Ponente

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

El Secretario,

J.L. REQUENA CABELLO

Exp-: 00-0858