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Los glaciares ganaron un round

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Vincent

Al final, hubo un final feliz para los glaciares. Después del veto presidencial a la ley de protección de estas formaciones en noviembre de 2008, la discusión acerca de la necesidad de la preservación de las principales reservas de agua dulce de Argentina quedó ensombrecida por intereses políticos y económicos de las provincias mineras.

En el decreto 1837/2008, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner consideró que la prohibición de las actividades que implicaran la destrucción de los glaciares como la liberación de sustancias contaminantes, la instalación de industrias o la exploración y explotación minera, podría afectar el desarrollo económico de las provincias, dado que imposibilitaría cualquier tipo de actividad u obra en las zonas cordilleranas.

De esta manera, la figura legal que protegería a los glaciares argentinos quedaba engavetada en un cajón del Congreso de la nación y varios controverti dos emprendimientos mineros Âcomo los de Veladero y Pascua Lama en la provincia de San Juan, a cargo de la empresa canadiense Barrick Gold Corp. siguieron tomando su curso.

Pero, a pesar de la presión de las provincias mineras como San Juan, Salta, Catamarca, La Rioja y Jujuy, el Senado argentino logró aprobar la ley el pasado 30 de septiembre con una diferencia de apenas 2 votos.

En esta ocasión, la presidenta Kirchner aseguró que no vetaría la nueva legislación.

Ahora todas las iniciativas económicas en las zonas periglaciares inmediaciones de estos deberán presentar de nuevo un informe de impacto ambiental.

César Gioja, senador por la provincia de San Juan y opositor a la ley, piensa que las críticas al texto legal nunca estuvieron orientadas a fomentar la explotación minera en el área.

Siempre ha existido el criterio de protegerlos por encima de todo tipo de actividad. Lo que queremos hacer es compatibilizar el desarrollo minero con la protección de los glaciares, indicó.

El argumento de los senado res y gobernadores contrarios a la ley se centra en que Argentina, como Estado federal, debe permitir que las provincias administren sus propios recursos naturales. El nuevo texto legal entrega esta potestad al Gobierno.

Los recursos naturales son propiedad de las provincias. En función de esa pertenencia, deben tener mayor injerencia en su control. Esta ley desconoce esa jurisdicción y se reserva temas que...

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