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Gobernaciones y alcaldías se declaran en sesión permanente por la LOT

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Vincent

La nueva Ley Orgánica del Trabajo ha generado un fuerte impacto en las gobernaciones y alcaldías, estén en manos de la oposición o del oficialismo, por lo que se han constituido equipos especiales para evaluar las nuevas disposiciones legales y el costo que tendría en las regiones y municipios. Es el caso, por ejemplo, de los gobiernos de Zulia, Monagas, Portuguesa y la Alcaldía de Sucre, en Miranda. Aún no hay un cálculo financiero total, pero la conclusión es que a las regiones les resulta cuesta arriba cumplir con la nueva LOT, promulgada a finales de abril, sobre todo cuando presentan déficit desde el año pasado y están pendientes los desembolsos del Gobierno, proveniente de los ingresos petroleros extras. La Gobernación del Zulia se declaró en sesión permanente y designó a la Comisión de Asuntos Laborales, integrada por los secretarios de Gobierno, de Recursos Humanos, Consultoría Jurídica y la Procuraduría Estadal, para que dentro de dos semanas tenga listo un informe. La secretaria de administración regional, Zulay Medina, explicó que estudian el contenido de la LOT que luego cotejarán con el reglamento Âque redactará el Gobierno para determinar los costos para el estado. "No hay recursos para cumplir con la nueva LOT", afirmó. La nómina del Zulia es de 45.000 personas, entre trabajadores, pensionados y jubilados (26.000 activos y 21.000 jubilados). El director de recursos humanos del Zulia, Nelson Camba, señaló: "Por el volumen de trabajadores, la ley es un cuello de botella, así que es cuesta arriba ejecutar el mandato de la Inspectoría del Trabajo con normas presupuestarias restrictivas. Por ejemplo, hay que pagar salarios caídos y reenganche que no están presupuestados".

Diferentes patronos. Las prestaciones y los pasivos laborales son los puntos más críticos de la LOT, porque los estados presentan déficit de recursos para cancelarlos, debido al retraso en la entrega del Situado Constitucional y la aprobación de créditos adicionales. La procuradora de Monagas, Omyl Nathaly Rondón, explicó que a los patronos privados se les hace más fácil cancelar las prestaciones sociales a los cinco días posteriores al cese de la relación laboral, puesto que no tienen que gestionar los recursos en instancias burocráticas. "Es un lapso demasiado breve para las gobernaciones. Este tipo de decisiones debe pasar por el Consejo Legislativo y por la Dirección de Presupuesto, lo que genera cierta presión y atenta contra las gobernaciones y alcaldías...

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