El gobierno intensifica uso de la justicia militar para reprimir a civiles

 
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Cada vez son más los casos de civiles juzgados por tribunales militares. Marino Alvarado, abogado que trabaja con Amnistía Internacional y Provea, aseguró que la cifra se ha incrementado considerablemente. En los últimos 5 años más de 100 civiles han sido procesados por la justicia militar.Advirtió que el gobierno acu de con más frecuencia a la Fiscalía Militar para imputar delitos castrenses: ataque al centinela, ultraje al centinela, asociación para la rebelión u ofensa a las FANB. Se va a utilizar más la Dirección General de Contrainteligencia Militar como órgano de represión; que no solo se dedique a investigar, perseguir y capturar a militares, sino también a civiles. La justicia militar es parte fundamental de la política represiva del gobierno.Subrayó que la Constitución es clara en su artículo 261, que establece que la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar. El Tribunal Supremo de Justicia, sin embargo, lo ha interpretado a través de sentencias de la Sala Plena y la Sala Constitucional señalando que hay civiles que cometen delitos de naturaleza militar.Esa interpretación es total mente contraria a todos los criterios que han establecido los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, que aseguran que ningún civil puede ser juzgado por la justicia militar, destacó Alvarado.Indicó que solo los militares en servicio cometen delito militar. Cada vez se restringe más el uso de la justicia militar en el ámbito internacional, pero en Venezuela vamos en línea contraria.Alvarado explicó que no son homogéneos los casos de civiles procesados por la justicia militar. Detalló que no solo son políticos o activistas, como el diputado Gilber Caro, preso en la PGV de Guárico y que por instrucción del Tribunal Supremo de Justicia debe ser juzgado en tribunales militares, y Steyci Escalona, de Voluntad Popular, sino también un número significativo de ciudadanos que han sido detenidos por protestar, individual o colectivamente, y que han tenido altercados con la GNB en las colas para comprar comida o en manifestaciones por servicios básicos.En los últimos seis meses se ha hecho común que las que acusen sean las instancias militares, sobre todo porque el Ministerio Público se ha negado a hacer las acusaciones, como sucedió con Yon Goicoechea o con el concejal José Vicente García...

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