Decision nº 90-2014 of Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los Estados Monagas y Delta Amacuro of Monagas, of November 04, 2014

Sentencia del Juzgado Superior Juzgado Superior Agrario de la

Circunscripción Judicial del Estado Zulia y Falcón, N° 372, del 16/06/2010, Exp. 794, caso: J.E.R.G., con ponencia del Juez Johbing Á.A., la cual señala que:

“(…) este Tribunal resulta competente para el conocimiento del recurso de apelación, por ser este, el Superior Jerárquico vertical del Juzgado a quo, de conformidad con lo establecido en el artículo 269 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario que textualmente nos indica lo siguiente: …Omisis.. “Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios, además de conocer en alzada de los juicios ordinarios entre particulares en materia agraria, conocerán igualmente del contencioso administrativo y demandas contra los entes agrarios, de conformidad con lo establecido Capítulo II del presente Título” Del contenido normativo de las indicadas normas se verifica una competencia especifica, que comprende el conocimiento de acciones con arreglo al derecho común (…)”. (Cursiva de este Tribunal Superior Agrario).

Sentencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia N° 24, del 16/04/2008, Exp. 06-0241, caso: F.d.C.M.d.M., con ponencia del Magistrado Francisco Antonio Carrasqueño López, en la cual se establece que:

(…) la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (…) dispone (…) corresponde a los tribunales de primera instancia agraria, el conocimiento general de todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria, desarrollando así el principio de exclusividad agraria a tenor del cual, los órganos jurisdiccionales con competencia en la materia, tienen un fuero especial atrayente (…)

. (Cursiva de este Tribunal Superior Agrario).

De la interpretación, tanto del criterio de Instancia citado, como de lo establecido por nuestro m.T. en Sala Plena, se infiere con total claridad, que los órganos jurisdiccionales que conforman la competencia especial agraria, son los llamados al conocimiento de todo asunto que surja cuando el controvertido este revestido de agrariedad, motivado a que el principio de exclusividad agrario tiene un fuero especial atrayente, derivado de la especialidad técnica propia de ésta materia, la cual, en modo alguno puede ser conocido por un órgano jurisdiccional distinto a los juzgados especializados. Así se establece.

Ahora bien, sin perjuicio de lo antes expuesto, y en vista, que el presente asunto versa sobre un recurso de apelación interpuesto el 14/03/2014 contra la sentencia dictada el 31/01/2014 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, todo con ocasión a una Acción Reivindicatoria interpuesta el 28/10/2002, vale decir, hace mas de once (11) años a la fecha en que se decide la causa, es razón por la cual, estima necesario quien suscribe, hacer las siguientes consideraciones.

Si bien es cierto, que con la promulgación de la Constitución Bolivariana de 1999, se refunda la República, estableciéndose un Estado de Justicia, en el que prevalecen los valores de Paz, Solidaridad, Bien Común y se aseguran Derechos Fundamentales, en razón, que la República Bolivariana de Venezuela se ha constituido en un Estado Social de Justicia y de Derecho, según lo preceptuado en el artículo 2 Constitucional, a través del cual el mismo estado se ha obligado a darle sustentabilidad y equilibrio al sector económico, mediante el impulso de la actividad agraria (agrícola-pecuaria, estableciéndose igualmente en nuestro país que la producción de alimentos es uno de los fines esenciales del Estado, a través de la consagración del principio de la Seguridad Agroalimentaria, previsto en los artículos 305, 306 y 307 eiusdem, con los cuales se ha garantizado la concepción de un derecho Agrario Autónomo y Especial, con Instituciones propias y garantistas de sus fines, por una parte, y por la otra, que con el nacimiento de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, se han creado no solo normas sustantivas destinadas a establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable de la Nación, sino que también se fomentó la instauración de normas adjetivas (procesales), que han permitido una correcta aplicación de las políticas agrarias, ajustándose a las realidades sociales, pudiendo así trascender en los procesos Judiciales de la verdad Procesal a la verdad real, dirimiendo los conflictos y devolviéndole la tan anhelada paz social al campo, motivado ha que antes de la promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario las controversias que se suscitaban con ocasión a esta materia debían ser resueltas por Tribunales no especializados bajo un procedimiento que tutelaba sólo los derechos de los particulares en conflicto sin considerar los derechos del colectivo (que indirectamente se encuentran involucrados) y sin atender a los elementos técnicos propios de la materia.

Sin embargo, no es menos cierto, que aún cuando una decisión es proferida con posterioridad a la promulgación de una norma, pero previo a ello se ha sustanciado debidamente un procedimiento por la ley vigente anteriormente, motivado a que esta última era la aplicable al momento de la interposición de la acción, debe entonces, obligatoriamente concluirse el proceso en base a los postulados de la norma vigente para el momento del nacimiento de la acción, por cuanto, lo contrario sería una flagrante violación a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el principio del irretroactividad de la Ley, los cuales garantizan uno de los f.d.D., a saber, la Seguridad Jurídica, tal y como lo ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 1290, del 08/10/2013, Exp. 13-0581, caso: A.A.Z.P., con ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, al puntualizar lo siguiente:

“(...) Como puede evidenciarse, si bien, la sentencia fue emitida después de la promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (2001), ya previo a ello se había llevado a cabo todo el procedimiento, aplicando los postulados del Código Civil y Código de Procedimiento Civil, en ausencia de ley especial. Por ello, mal podría el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico haber tramitado el procedimiento en cuestión siguiendo los postulados de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, cuando ésta aún no era ley vigente de la República. Por tanto, considera esta Sala que la decisión asumida por el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, de declarar la nulidad absoluta de todo lo actuado en el presente expediente y reponerla al estado de admisión, después de más de once (11) años de incoada la demanda primigenia, sí representa un atentado a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, máxime cuando los argumentos del Juzgado Superior de autos, se centran en la inaplicación de una ley que no estaba en vigencia para el momento exigido. Todo lo anterior, evidencia la violación del derecho constitucional al debido proceso; y al respecto ha señalado esta Sala que el mismo comprende el acceso a la justicia, al juzgamiento con las debidas garantías y a la ejecución del fallo; en los siguientes términos: “Por otra parte, este Tribunal Superior de Justicia, en sentencia del 8 de agosto de 2000 dictada por la Sala Político-Administrativa, ha precisado que el derecho al debido proceso (artículo 49 de la Constitución de 1999) es un derecho complejo que encierra un conjunto de garantías que se traducen en una diversidad de derechos para el procesado entre los que figuran el derecho a acceder a la justicia, a ser oído, a la articulación de un proceso debido, de acceso a los recursos legalmente establecidos, a un tribunal competente, independiente e imparcial, a obtener una resolución de fondo fundada en derecho, a un proceso sin dilaciones indebidas, a la ejecución de las sentencias, entre otros que se vienen configurando en la jurisprudencia. Todos estos derechos se desprenden de la interpretación de los ocho ordinales que consagra el artículo 49 de la Carta Fundamental. (Sentencia Nº 1.614 del 29.08.01).” Por otro lado, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 708/01, caso “Juan A.G. y otros”, interpretó con carácter vinculante los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así: “Observa esta Sala, que el artículo 26 de la Constitución vigente, consagra de manera expresa el derecho a la tutela judicial efectiva, conocido también como la garantía jurisdiccional, el cual encuentra su razón de ser en que la justicia es, y debe ser, tal como lo consagran los artículos 2 y 3 eiusdem, uno de los valores fundamentales presente en todos los aspectos de la vida social, por lo cual debe impregnar todo el ordenamiento jurídico y constituir uno de los objetivos de la actividad del Estado, en garantía de la paz social. Es así como el Estado asume la administración de justicia, esto es, la solución de los conflictos que puedan surgir entre los administrados o con la Administración misma, para lo que se compromete a organizarse de tal manera que los mínimos imperativos de la justicia sean garantizados y que el acceso a los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, en cumplimiento de su objeto, sea expedito para los administrados. El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho deacceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura. La conjugación de artículos como el 2, 26 ó 257 de la Constitución de 1999, obliga al juez a interpretar las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles. En este orden de ideas, considera esta Sala, que la decisión de un tribunal de última instancia mediante la cual se declare inadmisible una acción, basada en un criterio erróneo del juzgador, concretaría una infracción, en la situación jurídica de quien interpone la acción, del derecho a la tutela judicial efectiva, lo cual si bien no ha sido alegado por los accionantes, puede ser a.d.o.p.e. juez constitucional, tal como ya lo ha dicho esta Sala en numerosos fallos”. En el caso objeto de examen juzga esta Sala que el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, obvió por completo los criterios que anteceden, con respecto a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, al exigir la aplicación retroactiva de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, utilizando argumentos que no resultan adaptables al caso concreto, y absteniéndose de decidir en base a lo alegado y probado en autos, pues lo correcto era resolver la apelación propuesta por el solicitante, vulnerando así la seguridad jurídica de las partes. Cabe destacar, que el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece el principio de la irretroactividad de la Ley, al señalar: “Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes procedimentales se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aún en los procesos que se hallaren en curso (…)”. Al respecto, en sentencia N° 3.180, dictada el 15 de diciembre de 2004, caso: “Tecnoagrícola Los Pinos Tecpica, C.A.”, la Sala estableció con respecto a la seguridad jurídica, lo siguiente: “Seguridad Jurídica se refiere a la cualidad del ordenamiento jurídico, que implica certeza de sus normas y consiguientemente la posibilidad de su aplicación. En ese sentido en Venezuela existe total seguridad jurídica desde el momento que la normativa vigente es la que se ha publicado, después de cumplir con los diversos pasos para su formación, en los órganos de publicidad oficiales, por lo que surge una ficción de conocimiento para todos los habitantes del país, y aún los del exterior, de cuál es el ordenamiento jurídico vigente, el cual no puede ser derogado sino por otra ley, que a su vez, tiene que cumplir con los requisitos de validez en su formación, y con los de publicidad. Pero, a juicio de esta Sala, este no es sino un aspecto de la seguridad jurídica, ya que el principio lo que persigue es la existencia de confianza por parte de la población del país en el ordenamiento jurídico y en su aplicación, por lo que el principio abarca el que los derechos adquiridos por las personas no se vulneren arbitrariamente cuando se cambian o modifican las leyes; y porque la interpretación de la ley se hace en forma estable y reiterativa, creando en las personas confianza legítima de cuál es la interpretación de las normas jurídicas a la cual se acogerán. Estos otros dos contenidos generales de la seguridad jurídica (a los cuales como contenido particular se añade el de la cosa juzgada), se encuentran garantizados constitucionalmente así: el primero, por la irretroactividad de la ley sustantiva, lo que incluye aspectos de las leyes procesales que generan derechos a las partes dentro del proceso (artículo 24 constitucional); y el segundo, en la garantía de que la justicia se administrará en forma imparcial, idónea, transparente y responsable (artículo 26 constitucional), lo que conduce a que la interpretación jurídica que hagan los Tribunales, en especial el Tribunal Supremo de Justicia, sea considerada idónea y responsable y no caprichosa, sujeta a los vaivenes de las diversas causas, lo que de ocurrir conduciría a un caos interpretativo, que afecta la transparencia y la imparcialidad. Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la mayor responsabilidad en la interpretación normativa, ya que es la estabilización de la interpretación lo que genera en la población y en los litigantes, la confianza sobre cual sería el sentido que tiene la norma ante un determinado supuesto de hecho (a lo que se refiere la uniformidad de la jurisprudencia)". Así pues, examinar la actuación del Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico en el fallo objeto de la presente revisión, a la luz de los precitados criterios jurisprudenciales, lleva a concluir que el mismo violó varios principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tratados, pactos y convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, como lo son los principios de seguridad jurídica, debido proceso y tutela judicial efectiva, así como también lesionó varios derechos constitucionales relacionados con esos principios, como lo son los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, obviando tácitamente interpretaciones del Texto Constitucional contenidas en las referidas sentencias dictadas por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado. Por lo que precede, se declara ha lugar a la revisión solicita y, en consecuencia, se anula la sentencia que pronunció el 24 de octubre de 2011, el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, quien deberá fallar nuevamente, pronunciándose sobre el fondo del recurso de apelación ejercido por el ciudadano A.A.Z.P., contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, el 8 de julio de 2008, donde se declaró improcedente la oposición que éste había intentado contra el acto donde se le restituye el fundo objeto de la querella Interdictal restitutoria al ciudadano J.R.R., y así se decide. Asimismo, en complemento a lo anterior y para una lógica consecución de la justicia, se anulan todos los actos procesales llevados a cabo con posterioridad a la sentencia dictada el 24 de octubre de 2011, por el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, ejecutados tanto por el citado Juzgado Superior, como por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, y así se decide. Por último, debe hacerse la advertencia al Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, que para la resolución de la apelación en cuestión, debe prestar atención a las garantías contenidas en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en la medida de resultar aplicables, en resguardo de los derechos de los justiciables, y así se decide (…). (Cursiva de este Tribunal Superior Agrario).

Como advirtiera la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia parcialmente trascrita supra, en modo alguno puede aplicarse los postulados de una norma a la sustanciación de un juicio el cual nació antes de su entrada en vigencia, por cuanto se vulneraría la Tutela Judicial Efectiva y el debido Proceso. Así se establece.

En este orden de ideas y visto de autos, que la interposición de la acción reivindicatoria en la cual se sustancia el presente recurso ordinario de apelación, es interpuesta el 28/10/2002 (folio 1 Pza 1), es decir, antes del 27/09/2006, fecha en la cual la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia acordó declarar en proceso de reestructuración la competencia especial agraria y en consecuencia, modificar la organización de las circunscripciones judiciales de esta competencia en todo el territorio nacional, es motivo por el cual, estima esta Instancia Superior Agraria verificar lo establecido en la Resolución N° 2009-0053, del 30/09/2009, mediante la cual la referida Sala Plena acordó modificar la estructura de la competencia agraria de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, la cual estableció lo siguiente:

“(…) CONSIDERANDO Que el 10 de diciembre de 2001, entró en vigencia la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.323 del 13 de noviembre de 2001, reformada parcialmente el 18 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.189 Extraordinario Nº 5.771, y que el artículo 269 de dicha Ley prevé que el Tribunal Supremo de Justicia por órgano de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, quedará encargado de crear y dotar la estructura de los Tribunales agrarios necesarios que la Ley menciona para la creación de la competencia especial agraria, CONSIDERANDO Que esta reorganización implica la supresión, creación, reubicación y modificación de los tribunales con competencia agraria (…) CONSIDERANDO Que el Tribunal Supremo Justicia a los fines de dar cumplimiento a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en reunión de Sala Plena del veintisiete (27) de septiembre de 2006, acordó declarar en proceso de reestructuración la competencia especial agraria y en consecuencia, modificar la organización de las circunscripciones judiciales de esta competencia en todo el territorio nacional,(…) CONSIDERANDO Que en la actualidad en el estado Nueva Esparta no existen tribunales de primera instancia especializados en materia agraria para dirimir conflictos suscitados entre particulares con ocasión de la actividad agraria, y los derivados de la pesca artesanal, CONSIDERANDO Que en la actualidad en el estado Nueva Esparta y en las entidades adyacentes como Sucre y Anzoátegui predomina aun la práctica latifundista del mar conocida como retropesca, práctica contraria al interés social y colectivo, y violatorio de los derechos ambientales, del espíritu y propósito de la Ley de Pesca y Acuicultura, y de la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria, entre otros cuerpos normativos que rigen la materia, cuyos conflictos pudieran ser dirimidos ante los tribunales agrarios, CONSIDERANDO Que en el estado Nueva Esparta, existe en la actualidad condiciones apropiadas para la instalación de un nuevo tribunal agrario especializado en La Asunción, RESUELVE I CREACIÓN DE JUZGADO CON COMPETENCIA AGRARIA Artículo 1: Modificar la estructura de la competencia agraria de la circunscripción judicial del estado Nueva Esparta, en la forma que determina la presente Resolución. Artículo 2: Suprimir la competencia en materia agraria a los Juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, respectivamente, con sede La Asunción. Artículo 3: En virtud de la supresión de competencia establecida en el artículo 2 de la presente Resolución, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, con sede en La Asunción, se denominará JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, con competencia territorial en todos los municipios de dicha entidad federal. Artículo 4: En virtud de la supresión de competencia establecida en el artículo 2 de la presente Resolución, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, con sede en La Asunción, se denominará JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, con competencia territorial en todos los municipios de dicha entidad federal. Artículo 5: Crear un juzgado de primera instancia agraria con competencia en todos los municipios del estado Nueva Esparta, que se denominará JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, con sede en la Asunción. (…) II DISPOSICIONES TRANSITORIAS (…) Segunda: Los Juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, respectivamente, en La Asunción, cuyas competencias en materia agraria quedaron suprimidas conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la presente Resolución, realizarán un inventario de causas agrarias reorganizándolas (…) Causas en Primera Instancia Cuarta: Las causas agrarias en donde se haya fijado la audiencia de pruebas de conformidad con lo establecido en los artículos 233 y siguientes de la ley de Tierras y Desarrollo Agrario, así como las demás que se hallaren en estado de sentencia para el momento de la entrada en vigencia de la presente Resolución, serán decididas por el Juzgado que las haya sustanciado. (…) Disposiciones Comunes (…) Séptima: Hasta tanto el tribunal creado mediante la presente Resolución inicie sus actividades judiciales, no les serán remitidas las causas objeto del inventario aquí indicado.(…) Octava: Durante el tiempo que transcurra entre la entrada en vigencia de la presente Resolución y la oportunidad en que el nuevo juzgado inicie sus actividades judiciales, las causas susceptibles de remisión seguirán su curso de ley en el juzgado en el que estén siendo sustanciadas. (…) Tercera: Se derogan todas las resoluciones e instrumentos de igual rango normativo anteriores a la presente Resolución que colidan con la misma. Quinta: La presente Resolución iniciará su vigencia desde la fecha de su aprobación por Sala Plena. Se ordena su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Así mismo, se ordena su publicación en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia. Comuníquese y publíquese. (Cursiva y subrayado de este Tribunal Superior Agrario).

Del análisis de la Resolución citada parcialmente ut supra, se infiere, que si bien es cierto la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, acordó la reestructuración de la competencia agraria en el estado Nueva Esparta, no es menos cierto que tal reestructuración, se acuerda en el año 2009, vale decir, seis (06) años y once (11) meses después, que se interpone la acción reivindicatoria que da origen al presente recurso ordinario de apelación, asimismo, considera quien suscribe resaltar, que por notoriedad Judicial, a este Juzgado Superior le consta que de una revisión de la página web del Tribunal Supremo de Justicia (http://nueva-esparta.tsj.gov.ve/jueces.asp?juez=4312&id=017), se observa que el Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria inicio su operatividad funcional el 20/05/2011, vale decir, luego de once (11) años de interpuesta la acción, todo esto por una parte, y por la otra, que se infiere igualmente del análisis de la Resolución N° 2009-0053 en comento, que motivado a la transitoriedad en la ejecución de la misma, aquellos Juzgados Múltiples – competentes a los que se les suprimió la competencia agraria, estaban obligados tanto a continuar con la sustanciación del conocimiento de las causas, como a dictar las sentencias definitivas en esos asuntos, como se observa, ocurrió en el presente caso, en el cual el juzgado A Quo emitió pronunciamiento definitivo mediante sentencia del 31/01/2014, vale decir, once (11) años y tres (3) meses después de haberse interpuesto la acción, motivo por el cual, considera este Juzgado Superior Agrario, que al interponerse la acción el 28/10/2002, fecha en la cual, aún no se había declarado en proceso de reestructuración, ni la competencia agraria la cual se reestructura en el año 2006, así como tampoco la competencia agraria del estado Nueva Esparta la cual se reestructura en el año 2009, como se señalara en líneas anteriores, es razón por la cual, considera este Juzgado Superior Agrario que el conocimiento del presente recurso ordinario de apelación corresponde es al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, por ser el Superior jerárquico al que dicto el fallo definitivo, para el momento en que nació el proceso con el ejercicio de la acción el 28/10/2002, presentándose entonces, un conflicto negativo de no conocer el presente Recurso Ordinario de Apelación tal y como se declarará en el dispositivo del presente fallo. Así se declara.

Sin perjuicio de la anterior declaratoria de incompetencia, estima necesario dejar claro quien suscribe, que al analizar detalladamente las actas procesales, sin lugar a dudas se evidencia, que el Juzgado A quo, aún cuando tenía atribuida la competencia agraria en el estado Nueva Esparta, la cual le correspondió hasta la formal instalación del Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria del referido estado, en fecha 20/05/2011, sustanció y decidió la causa en sede Civil, conforme a las normas del derecho común y su procedimiento, establecido en los artículos 338 del Código de Procedimiento Civil, al constarse los siguientes actos del proceso: I) admisión y emplazamiento para los veinte días de despacho siguiente a que conste su citación por auto del 07/11/2002 (folio 65 Pza 1) II) promoción de pruebas de ambas partes conforme a lapso establecido en el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil (folios 108 al 114 Pza 1), III) pronunciamiento sobre la admisión de las pruebas promovidas por las partes por auto 04/08/2003 conforme al lapso establecido en el artículo 398 del Código de Procedimiento Civil (folio 115 Pza 1), IV) apelación sobre la negativa de admisión de las pruebas promovidas (folio 116 Pza. 1), V) auto del 11/08/2003 oyendo la apelación en un solo efecto y remisión al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Nueva Esparta (folio 117), VI) sentencia del 17/05/2004, emanada del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, mediante la cual declara con lugar la apelación y ordena al Juzgado A quo fijar lapso para evacuar las pruebas (folio 159 al 162 Pza 1), VII) Sentencia del 31/01/2014, dictada por el Juzgado A quo mediante la cual declara sin lugar la demanda de reivindicación (folios 251 al 274 Pza 1), VIII) diligencia del 14/03/2014 contentiva de apelación (folio 304), IX) auto del 19/03/2014 oyendo la apelación en ambos efectos y remisión al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Nueva Esparta (folio 305), motivo por el cual, considera esta Instancia Superior Agraria, que el referido Juzgado garantizó a las partes en el presente asunto, tanto el derecho a la defensa, como el debido proceso, aún cuando actúo en sede Civil y no en sede agraria, considerando entonces quien suscribe que una reposición de la presente causa al estado de tramitarla y decidirla conforme al procedimiento ordinario agrario que era el vigente conforme al entonces Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario del 09/11/2001, sería una flagrante violación a la Garantía de Acceso a la Justicia prevista en el artículo 26 de la Constitución Nacional.

Ahora bien, se evidencia de actas igualmente, que una vez ejercido el recurso de apelación por ante el Juzgado A quo y al ser reciba la causa en el Juzgado A quem, éste último, inició igualmente la tramitación del recurso ordinario de apelación conforme a lo establecido en las normas del derecho común, tal y como consta de autos, de la forma siguiente. I) auto del 02/04/2014 emanado del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Nueva Esparta recibiendo el recurso de apelación y fijando el lapso de informes de veinte (20) días establecido en el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil (folio 309 Pza 1), II) Escrito de informes presentado por la parte actora – apelante, en el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Nueva Esparta conforme al p.C. establecido en el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil (folios 10 al 15 Pza 2), y III) auto del 26/05/2014 dictado por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Nueva Esparta mediante el cual se reserva el lapso para dictar sentencia en el presente recurso de apelación conforme a lo establecido en el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil (folio 21 Pza 2), todas éstas, actuaciones del procedimiento de segunda instancia de las normas del Derecho Común, las cuales una vez mas hacen inferir a este Juzgado Superior Agrario que la causa continúo su sustanciación en sede Civil y no en sede Agraria, por una parte, y por la otra, que al igual que en la primera instancia, también en la segunda instancia, se garantizó tanto el derecho a la defensa de las partes, como el debido proceso, motivo por el cual, considera este Juzgado Agrario, que yerro el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Nueva Esparta al declinar la competencia a esta Instancia Superior Agraria, motivado ha que tanto la tramitación de todo el asunto ha nacido y se ha desarrollado en Sede Civil y no Agraria, como ha que este Juzgado Superior Agrario al tramitar un recurso de apelación sometido a su conocimiento debe hacerlo conforme a las normas que rigen el procedimiento ordinario agrario por ser su especialidad, es decir, de conformidad con lo establecido en el procedimiento ordinario agrario de segunda instancia previsto en el artículo 229 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario vigente (antiguo artículo 244 del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario del 09/11/2001), y que a todas luces, es incompatible con el procedimiento ordinario de segunda instancia del derecho común, previsto en el artículo 516 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, motivo por el cual, al no ser éste Juzgado Superior Agrario, el superior jerárquico del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, quien sustanció y decidió la presente causa en sede Civil y siendo su Alza.N. es el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, es razón por la cual, este Juzgado Superior Agrario con competencia transitoria en el estado Nueva Esparta debe declararse incompetente para conocer del presente recurso de apelación, presentándose entonces, un conflicto negativo de no conocer tal y como se declarará en el dispositivo del presente fallo. Así se declara.

Por toda la argumentación judicial expuesta, la cual constituye la motivación de quien suscribe el presente fallo, es razón por la cual este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los estados Monagas y D.A. con competencia transitoria en los estados Nueva Esparta, Sucre, Anzoátegui y Bolívar, se declara INCOMPETENTE para conocer del presente Recurso de Apelación interpuesto por el abogado L.A.M.B., actuando en su condición de apoderado judicial de la parte demandante, ciudadanos G.C.G., A.T.G.D.S., IRAIZE J.G., E.A.G., E.M.G.J., E.J.G.J., E.A.G.J. y EGLYS J.G.J., contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, todo con ocasión a la Acción Reivindicatoria, interpuesta por los ciudadanos G.C.G., A.T.G.D.S., IRAIZE J.G., E.A.G., E.M.G.J., E.J.G.J., E.A.G.J. Y EGLYS J.G.J., contra el ciudadano D.E.M., presentándose entonces, un conflicto negativo de no conocer, haciéndose necesaria La Regulación de la Competencia, a los fines de garantizar que la causa sea resuelta por el Juez natural, vale decir, por un Juez competente, correspondiéndole entonces a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia conocer, de la presente Regulación de Competencia, por no existir Superior Común de los dos Juzgados que han declarado su incompetencia, es por ello, que este Juzgado Superior Agrario, lo solicita de Oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, se ordena remitir el presente expediente con oficio, a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, tal y como lo hará en el dispositivo del presente fallo. Así se declara. Líbrese oficio.

IV

DISPOSITIVA

En mérito de los razonamientos anteriormente expuestos este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los Estados Monagas y D.A. con Competencia Transitoria en los Estados Nueva Esparta, Sucre, Anzoátegui y Bolívar, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, se declara incompetente para conocer del presente Recurso de Apelación interpuesto por el abogado L.A.M.B., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-6.503.385, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 45.168, actuando en su condición de apoderado judicial de la parte demandante, ciudadanos G.C.G., A.T.G.D.S., IRAIZE J.G., E.A.G., E.M.G.J., E.J.G.J., E.A.G.J. y EGLYS J.G.J., venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad N° V- 4.942.608, V- 8.387.173, V- 4.652.729, V- 8.348.659, V- 10.061.565, V- 8.968.787, V-8.470.589 y V-13.031.740, respectivamente, con domicilio procesal en la Calle La Marina, Edificio El Cañón, final Boulevard Guevara, Mezzanina, Porlamar Estado Nueva Esparta, contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, todo con ocasión a la Acción Reivindicatoria, interpuesta por los ciudadanos G.C.G., A.T.G.D.S., IRAIZE J.G., E.A.G., E.M.G.J., E.J.G.J., E.A.G.J. Y EGLYS J.G.J., supra identificados, contra el ciudadano D.E.M., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V- 5.477.287, domiciliado en la Calle Principal, Sector La Sabana de Guacuco, Municipio A.d.E.N.E., presentándose entonces, un conflicto negativo de no conocer, en tal sentido y vista la solicitud de regulación de competencia solicitada de oficio por este Juzgado Superior Agrario, se remite el presente expediente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, por no existir Superior Común de los dos Juzgados que han declarado su incompetencia, a los fines de que decida la Regulación de Competencia aquí solicitada y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil.

Líbrese oficio, publíquese, regístrese y déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con lo establecido en los artículos 247 y 248 del Código de Procedimiento Civil y a los fines de los Ordinales 3° y 9° del artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los Estados Monagas y D.A. con Competencia Transitoria en los Estados Nueva Esparta, Sucre, Anzoátegui y Bolívar. En Maturín a los cuatro (04) días del mes de noviembre del año dos mil catorce.

El Juez,

L.J.M..

La Secretaria,

M.L.V..

En la misma fecha, siendo las once y treinta minutos de la mañana (11:30 a.m.) se publicó y registro la anterior decisión. Conste,

La Secretaria,

M.L.V..

Exp. 0349-2014

LJM/mlv/hernán.