Decisión de Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral, con sede en Cagua de Aragua, de 27 de Enero de 2011

La litis queda planteada conforme a las alegaciones efectuadas por las partes, en las oportunidades legalmente establecidas al efecto. Así, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, el Juez debe decidir exclusivamente conforme a lo alegado y probado en autos.

Lo apuntado implica que aquellos hechos que no han sido debidamente alegados por las partes en las respectivas oportunidades procesales que están previstas en la Ley para que las partes aleguen, AJUSTADO A DERECHO, no pueden ser demostradas válidamente durante el proceso; pues éste, ciertamente esta sometido a los principios de la preclusión y de la seguridad jurídica y atenta contra el derecho a la defensa el cual se manifiesta igualmente en las probanzas.

Este notado aspecto del proceso judicial, en la cual inciden decisivamente las cargas procesales de las partes, no puede ser obviado por este Juzgador y es tenido en cuenta para esta Decisión, por lo cual la misma se ajustará exclusivamente a aquellos hechos que han sido oportuna y debidamente alegados por las partes y posteriormente probados de modo válido en el proceso y a los hechos que de alguna manera estén demostrados en los autos, ambas conforme a los Principios Procesales de la Comunidad de la Prueba y de la Adquisición de la Prueba.

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, la Sentencia debe decidir lo alegado y probado en autos, es decir, lo que oportunamente ha sido alegado y probado por las partes en el curso del proceso, y ello implica que las alegaciones deben preceder a las probanzas, pues, de lo contrario se violaría el derecho a la defensa en todo estado y grado de la Causa, establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Así el proceso judicial patrio está sometido al Principio de la Preclusión y por consiguiente las oportunidades procesales para la realización de los actos del procedimiento dentro del proceso judicial, realizados o no dichos actos, no es posible pretender realizarlos. Así pues el Tribunal hace acotamiento que las oportunidades que respectivamente tienen conforme a la Ley son el acto de interposición del Libelo de Demanda y el acto de Contestación a la Demanda. Recuerda este Tribunal que la reiterada realización de alegaciones extemporáneas por las partes: a) atentan contra la buena marcha del proceso y lo entorpece; b) las partes tienen la obligación de efectuar sus alegaciones y demás actuaciones procesales conforme a una adecuada técnica jurídica, lo que infine redundaría en el propio beneficio de ellas.

Las alegaciones deben ser efectuadas circunstancialmente, las partes al hacerlo deben explanar las circunstancias de tiempo, lugar y modo atinente a los hechos, pues el m.d.p. es reconstructivo y en consecuencia, en la demanda y en la contestación se deben indicar todas aquellas alegaciones que luego en las oportunidades probatorias, legalmente establecidas al efecto, deberán evidenciar para llevar a la intima convicción al Juzgador de su concurrencia. En consecuencia, aquellas alegaciones que en sus oportunidades procesales se realicen en forma genérica, sin indicar el tiempo, lugar y modo en que ocurrieron, no podrán ser objeto de Pruebas, ya que atentaría contra el derecho al debido proceso en el cual esta implícito el derecho a la defensa y en amparo de estos derechos, no serán apreciadas a favor ni en contra de ninguna de las partes, pues al ser derechos constitucionales son de orden público, a pesar de que por el principio de exhaustividad de la Sentencia, deban analizarse y juzgarse.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, reguladores de la carga de la prueba, corresponde al que afirma hechos, el demostrarlos. Solamente los hechos negativos absolutos quedan exceptuados de su prueba, por parte de quien niega, por distribución de la carga probatoria y los hechos notorios. Así los hechos controvertidos deben ser objeto de las probanzas y estos son aquellos en los que las partes no están contestes.

El Principio Procesal de la Comunidad de la Prueba, implica que toda aquella prueba realizada válidamente produce efectos en el juicio, con independencia del sujeto procesal que la haya producido.

La apreciación de las pruebas se hace conforme a la regla de la Sana Crítica, salvo aquellas en que la misma tenga alguna regla de valoración especial expresamente establecida en la Ley, tal como ocurre en el caso de documentos públicos y en el de la confesión judicial y extrajudicial.

El pago de las costas de un proceso incluye, los costos del juicio y honorarios del Abogado. Las costas procesales son un efecto del proceso, dependiendo su condena del vencimiento total en un juicio o en una incidencia en el mismo. Y así se aclara.-

Observadas las reglas procesales que se aplican en la presente causa, se pasa a decidir de la siguiente manera:

-II-

DE LA PRETENSIÓN DEDUCIDA Y DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS

Del análisis del libelo de demanda y de la contestación al fondo de la misma, se concluye que la pretensión de la parte actora es la declaración de la existencia de la unión y relación concubinaria entre la ciudadana G.M.D. y E.R.V.H., durante los años 1996 al 2009 y consecuencialmente los derechos que de su declaración se derivan. Basando su pretensión con fundamento en los artículos 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 767 del Código Civil.

Asimismo se verifica que los hechos controvertidos y objeto de prueba en la presente causa son todos y cada uno de los alegados en el escrito libelar por la parte actora, ya que fueron negados y rechazados en el acto de la contestación al fondo de la demanda, vale decir:

1) Que la accionante haya su concubina hasta la fecha del fallecimiento del de cujus E.R.V.H..

2) Que la accionante cohabitaba ininterrumpidamente hasta la fecha del fallecimiento del de cujus E.R.V.H..

-III-

DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y COMUNIDAD DE LA PRUEBA

Cursa a los folios 3 y 4 del presente expediente, copias fotostáticas simples de cedulas de identidad, que se valoran como documento público, y se tiene como fidedigna de su original, al no haber sido impugnadas por la parte contraria con la cual se demuestra la identidad de la parte actora y del de cujus E.R.V.H.. Pero sin ningún efecto probatorio en la presente Causa, relacionada con los hechos controvertidos o las afirmaciones de hecho de las partes, objetos de pruebas. Y así se declara y valora.

Cursa al folio 05 del expediente acta de defunción original correspondiente al ciudadano E.R.V.H. consignado por la parte actora. La cual se valora como documento público, con la cual se demuestra que el ciudadano E.R.V.H. falleció el día 14 de mayo de 2009. Y así se valora y aprecia.

Cursa al folio 06 del expediente, original de carta de concubinato emanada de la Prefectura de Palo Negro, Municipio Libertador del Estado Aragua, de fecha 28 de mayo de 1998, correspondiente a los ciudadanos E.V. Y G.D.. Y así se valora y aprecia.

Cursa al folio 07 del presente expediente, original de carta de concubinato de cuando fallece uno de los concubinos, emanada del Registro Civil de Palo Negro, Municipio Libertador del Estado Aragua, correspondiente a la ciudadana G.D. y al de cujus E.V.. Y así se valora y aprecia.

Cursa al folio 20 del expediente, original de constancia de trabajo emanada de la Dirección de Recursos Humanos de la Alcaldía del Municipio Libertador, que hace constar que el de cujus E.R.V.H. laboró en esa institución desde el 14 de marzo de 1996 al 14 de mayo de 2009, consignada por la parte actora. Valorándose como documentos públicos administrativos. Y así se valora y aprecia.

Cursa a los folios 21, 22 y 23 del expediente, fotocopia simple de documento autenticado por ante el Registro Inmobiliario de los Municipios Mariño, Libertador y F.L.A.d.E.A., en fecha 16 de junio de 2006, quedando anotado bajo el N° 48, folios 233 al 236, tomo 38, protocolo primero, consignada por la parte actora, que se valora de conformidad con lo pautado en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, como fidedignas de documentos públicos. Pero sin ningún efecto probatorio en la presente Causa, por cuanto no guarda relación con los hechos controvertidos o las afirmaciones de hecho de las partes, objetos de pruebas. Y así se declara y valora.

Cursa al folio 34 del expediente, fotocopia simple de carta de concubinato emanada por la Prefectura del Municipio Libertador del Estado Aragua, en fecha 27 de agosto de 1987, correspondiente a los ciudadanos E.R.V.H. y P.M., consignada en original cursante al folio 58, consignada por la parte demandada; la cual se desecha por no ser el medio idóneo para demostrar una relación estable de hecho o concubinato, vale decir, dicha constancia de concubinato, presupone un valor prácticamente nulo, es decir, nada aporta como hecho demostrativo de la relación concubinaria. Y así se desecha.

Cursa al folio 35 del expediente, fotocopia simple de certificado de defunción emitido por el C.N.E., perteneciente al De Cujus E.R.V.H., consignado por la parte demandada, el cual se desecha por cuanto la parte que lo produjo no trajo a los autos el original. Y así se desecha.

Cursa a los folios 36 y 37 del expediente, fotocopias simples de partidas de nacimientos Nros. 215 y 1319 respectivamente, pertenecientes a los menores YOSMAN ALEJANDRO y K.Y. respectivamente, emanadas del Registro Civil del Municipio Tinaco, Estado Cojedes, hijos de la demandada S.C.V.M.. Pero sin ningún efecto probatorio en la presente Causa, relacionada con los hechos controvertidos o las afirmaciones de hecho de las partes, objetos de pruebas. Y así se desecha.

Cursa al folio 38 del expediente, constancia de no poseer vivienda emitida en fecha 22 de octubre de 2009, por la Prefectura del Municipio Autónomo Tinaco del Estado Cojedes, perteneciente a la ciudadana S.C.V.M.. Pero sin ningún efecto probatorio en la presente Causa, relacionada con los hechos controvertidos o las afirmaciones de hecho de las partes, objetos de pruebas. Y así se desecha.

Cursa al folio 39 del expediente, fotocopia de constancia de carga de familiar, emitida por el Registro Civil del Municipio Tinaco del Estado Cojedes, en fecha 22 de octubre de 2009, perteneciente a la ciudadana S.C.V.M..

Cursa a los folios 40 al 53 del expediente, solicitud de declaración de p.m. N° 68109, efectuada por la ciudadana S.C.V.M., por ante el Juzgado de los Municipios Libertador y F.L.A. de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, que de conformidad con lo pautado en el artículo 1357 del Código Civil, como documento público, al haber sido autorizado con las solemnidades legales por el Juez, quien está facultado para darle fe pública; de cuyo contenido se desprende que “falta el ultimo auto donde se declara los único y universales herederos del De Cujus E.R.V.H.”, por lo que para este Juzgador no tiene ningún valor probatorio. Y así se decide.

Cursa al folio 64 del expediente, fotocopia de libreta N° 1078091, correspondiente a la cuenta de ahorro N° 0151 0061 37 062-623051-1 de la entidad bancaria Fondo Común, a nombre de la ciudadana G.M.D., promovida por la parte actora; la cual se desecha por haberse promovido en copias simples y por cuanto la misma no es demostrativa de la relación concubinaria cuyo reconocimiento se solicita.

Cursa al folio 65 del expediente, copia simple de consulta de pensión, Dirección General de Afiliación y Prestaciones en Dinero, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, bajada de la página web “www.ivss.gob.ve:8080/pensiones_portal/pensionado CTRL, de cuya lectura se desprende, cédula: V-3629021, tipo de pensión: sobreviviente”, promovida por la parte actora; el cual de conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 6 del Decreto con fuerza de Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, tiene la misma eficacia probatoria que una fotocopia de documento escrito, que al no haber sido asociado con una firma electrónica (la cual al cumplir los requisitos legales, surte los mismos efectos que la firma autógrafa), carece de firma, en consecuencia, se trata de un documento escrito, no suscrito por ninguna persona, menos aún por las partes en el presente juicio, no oponible a la parte demandada y sin ningún efecto probatorio ni a favor ni en contra de las partes en la presente causa, por lo que forzosamente debe desecharse. Y así se desechan.

Cursa al folio 66 del expediente, carnet perteneciente al de cujus E.V.H., emitido por la Asociación Civil Centro Clínico Industrial S.C., otorgado por la Alcaldía del Municipio Libertador del Estado Aragua, promovida por la parte actora; los cuales se valoran como documento escrito, no suscrito por ninguna persona, menos aún por las partes en el presente juicio, en consecuencia, no oponible a la parte demandada y sin ningún efecto probatorio ni a favor ni en contra de las partes en la presente causa. Y así se desecha.

Cursa al folio 67 del expediente, libreta N° 04966900, correspondiente a la cuenta de ahorro N° 0134-0154-32-1542072934, a nombre del ciudadano E.R.V.H., emitida por la entidad bancaria BANESCO, promovida por la parte actora; la cual se desecha por no ser el medio idóneo para demostrar una relación estable de hecho o concubinato, vale decir, dicha libreta, presupone un valor prácticamente nulo, es decir, nada aporta como hecho demostrativo de la relación concubinaria. Y así se desecha.

Cursa al folio 68 del expediente, carnet de identificación del de cujus ciudadano E.R.V.H., emanados de la alcaldía del Municipio Libertador del Estado Aragua, promovidos por la parte actora, los cuales constituyen fidedignas de documentos públicos con las que queda establecida la identidad del mismo. Y así se valora, aprecia y declara.

Cursa a los folios 69 al 74, documentos representativos consistentes en doce (12) reproducciones fotográficas sin consignar sus originales (comúnmente denominados negativos), las cuales se tienen como fidedignas puesto que no fueron impugnadas por el adversario, sino por el contrario invocó el principio de la comunidad de la prueba, en cuanto a las reproducciones fotográficas, este juzgador desecha las mismas, por no haber sido acompañadas con su respectivo original, esto es con los negativos; en este sentido se ha reiterado que las fotografías de personas, actividades o de animales son un medio de prueba libre a los que se refiere el articulo 395 del Código de procedimiento Civil, cuando quieran valerse de ellas las partes, siempre que al momento de promoverlas las relacionen con los hechos litigiosos y las circunstancias en que fueron tomadas por terceros o por las partes, pero debe garantizarse la autenticidad, es decir, se debe manifestar quien la realizo, fecha hora y que la parte contraria pueda tener acceso al negativo, por ello junto con el escrito de pruebas debe promoverse además de la fotografía, su negativo, por ser este el verdadero original de la misma para que la contraparte pueda contradecir los hechos o convenir en ellos y también indicarse todos los datos necesarios para comprobar la autenticidad y la veracidad de la fotografía, tales como la fecha, nombre del fotógrafo, cámara utilizada, además, es necesario adminicularla con la prueba testimonial, por ejemplo del fotógrafo o de quienes presenciaron el hecho reproducido por la fotografía, en consecuencia a esta prueba no se le otorga valor probatorio. Y así se desecha.

Cursa a los folios 91 al 94 del expediente, declaración de los ciudadanos R.M.P.S. y F.A.P., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-3.284.746 y V-5.273.887 respectivamente, rendidas por ante el Juzgado de los Municipios Libertador y F.L.A. de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua en fecha 21 de junio de 2010, promovidas por la parte actora, a las cuales de conformidad con lo establecido en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, se le otorga pleno valor a la declaración de dichos testigos por cuanto no existe contradicción en sus dichos y fueron sometidos al control de la prueba quedando contestes en los hechos siguientes: que conocen a la señora G.D., desde hace más de trece años; les consta que la señora GRACIELA vivía con el señor E.V. antes de su fallecimiento asimismo les consta que los mencionados ciudadanos tenían aproximadamente trece años de convivencia; les consta que la señora G.D. y el señor E.V.v. en la calle Cedeño, S.A., Municipio Libertador, Estado Aragua; en varias oportunidades en sus visitas al hogar del señor E.V. y G.D., coincidieron con la ciudadana S.C.V. hija del de cujus; Siendo repreguntados por la contraparte a los cuales fueron contestes en responder las preguntas formuladas, relativas a la relación amistosa con la ciudadana G.D.; la frecuencia con que visitaba el hogar de la señora G.D.; tenían conocimiento que de cujus E.V. antes de su fallecimiento cohabitaba con la señora G.D.. Y así se valoran y aprecian.

No existiendo ningún otro documento sobre el cual deba existir pronunciamiento valorativo.

-IV-

MOTIVACIÓN

De la valoración de las pruebas acompañadas por la accionante en el libelo de demanda, este juzgador observa que ha quedado suficientemente demostrada la existencia de la unión estable de hecho entre los ciudadanos G.M.D., venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N° V-3.629.021 y E.R.V.H., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-3.433.987, unión estable de hecho que al perpetrarse entre un hombre y una mujer, sin coexistir vínculo conyugal, se denominaría concubinato, no obstante de la revisión de las actas que conforman la presente causa se observa a los folios 33, escrito consignado en fecha 12 de mayo de 2010, presentado por el apoderado judicial de la parte demandada abogado J.I.P.O., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 109.724, mediante el cual procede a dar contestación a la demanda negando, rechazando y contradiciendo que el ciudadano E.R.V.H. mantuvo relación concubinaria con la ciudadana G.M.D. hasta la fecha de su fallecimiento.

Por otra parte, en el concubinato o unión concubinaria no se tiene la fecha cierta de cuando comienza la misma, contrario al matrimonio que se perfecciona mediante el acto matrimonial, recogido en la partida de matrimonio; Sin embargo alega y prueba la parte actora la permanencia o estabilidad en el tiempo, que son signos exteriores de la existencia de la unión concubinaria con el ciudadano E.R.V.H., la cual se prolongó por más de Dos (02) años, que es lo mínimo que se exige para calificar la permanencia, ya que ese fue el término contemplado por el artículo 33 de la Ley del Seguro Social, al regular el derecho de la concubina a la pensión de sobrevivencia.

Unión estable significa permanencia en una relación, caracterizada por actos que, objetivamente, hacen presumir a las personas (terceros) que se está ante una pareja, que actúan con apariencia de un matrimonio o, al menos, de una relación seria y compenetrada, lo que constituye la vida en común. Por lo que de lo narrado en el libelo por la actora, y de las deposiciones de los testigos evacuados ante el Juzgado de los Municipios Libertador y F.L.A. de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, según documentos traídos a los autos y suficientemente valorados, se evidencia que los mismos afirman que los ciudadanos E.R.V.H. y G.M.D., mantuvieron v.C. durante trece (13) años.

Si bien es cierto que la parte demandada de igual forma consignó documentos traídos a los autos y suficientemente valorados, lo cuales se desecharon por no ser los medios idóneos para demostrar una relación estable de hecho o concubinato, vale decir, presuponen un valor prácticamente nulo, es decir, nada aportaron como hechos demostrativos de la no existencia de una relación concubinaria entre los ciudadanos E.R.V.H. y G.M.D.. Y así se decide.-

Ahora bien esta declarativa de concubinato trae como consecuencia ciertos efectos que fueron establecidos detalladamente en la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 15 de Julio de 2005, así pues en dicha sentencia se interpreta con carácter vinculante el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) que ya de antemano establece que “Las uniones estables entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio”. Sin embargo, el sólo hecho de decir que produce los mismos efectos que el matrimonio, es dar al concubinato una connotación muy amplia, ya que existen disposiciones legales aplicables al matrimonio, que serían imposible de aplicación a los concubinos, por el hecho de que atenta contra su propia naturaleza, la de ser una situación de hecho y no de derecho. Entre los principales efectos destacados en la mencionada sentencia, es preciso recalcar los siguientes:

La existencia de la comunidad concubinaria entre las partes en la presente causa, la cual se entiende disuelta desde el mismo momento en que culminó la relación de hecho, esto es, el día 24 de Octubre de 2007; por lo que de haber adquirido bienes han de partirse los mismos, independientemente que se encuentren a nombre de uno sólo de los ciudadanos o de ambos, pero condicionando su adquisición dentro del período de cohabitación, supra mencionado.

Los terceros que tengan acreencias contra la comunidad podrán cobrarse de los bienes comunes con respecto de lo adquirido, al igual que en el matrimonio, durante el tiempo que duró la unión y, como comunidad. Así pues, si la unión estable o el concubinato no ha sido declarada judicialmente, los terceros pueden tener interés que se reconozca mediante sentencia, para así cobrar sus acreencias de los bienes comunes. Para ello tendrán que alegar y probar la comunidad, demandando a ambos concubinos o sus herederos.

La posibilidad de que el concubino o concubina pueda solicitar las medidas contenidas en el artículo 171 del Código Civil (1982), a fin de administrar los bienes comunes.

Es nula la venta de los bienes comunes entre los concubinos, ya que sería un fraude para los acreedores de cualquiera de los concubinos, aceptar que uno vendiera al otro los bienes comunes documentados a su nombre o poseídos por él y, en consecuencia, quien demuestre que la venta ha ocurrido entre ellos, puede invocar la existencia de la unión y tratarlos como bienes comunes o, según los casos, pedir la nulidad del negocio.

-V-

DISPOSITIVA

Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Cagua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

CON LUGAR LA ACCIÓN MERODECLARATIVA DE CONCUBINATO, incoada por la ciudadana G.M.D., venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N° V-3.629.021, la cual se tendrá como cierta desde el 31 de Diciembre de 1996 hasta la fecha del fallecimiento del ciudadano E.R.V.H., quien era venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-3.433.987, vale decir 14 de mayo de 2009.

No hay condenatoria en costas en razón dela naturaleza del presente fallo.

Por cuanto la presente decisión fue dictada fuera de término, se ordena la notificación de las partes, de conformidad con lo previsto en los artículos 251 y 233 del Código de Procedimiento Civil.

Déjese copia certificada de la presente decisión en el Copiador de Sentencia llevado por este Tribunal.

Dado, Firmado y Sellado en la Sala de Despacho del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Cagua, a los veintisiete (27) días del mes de enero del año dos mil once (2011). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación. Regístrese, Publíquese.-

EL JUEZ,

LA SECRETARIA,

ABG. E.P.T.

ABG. L.T.A.

En esta misma fecha se publicó la anterior Sentencia, siendo las 02:51 p.m.-

LA SECRETARIA,

ABG. L.T.A.

EXP.09-15828

EPT/LTA/dc