Sentencia nº 1008 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 26 de Octubre de 2010

Fecha de Resolución:26 de Octubre de 2010
Emisor:Sala Constitucional
Número de Expediente:09-1261
Ponente:Luisa Estella Morales Lamuño
Procedimiento:Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrada Ponente: L.E.M. LAMUÑO

Expediente N° 09-1261

El 2 de noviembre de 2009, se recibió en esta Sala el Oficio N° 547-09 del 30 de octubre de 2009, anexo al cual la Sala Nº 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, remitió el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano G.Z.N., titular de la cédula de identidad Nº 1.884.184, asistido por la abogada P.J.J., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 31.804, contra la decisión del 20 de julio de 2009 dictada por el Juzgado Cuadragésimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del señalado Circuito Judicial Penal, en la que declaró sin lugar la solicitud de nulidad absoluta del allanamiento practicado el 21 de mayo de 2009 en la quinta Las Cerraduras e inmueble aledaño, ubicados en la calle A.J. con Cuarta Transversal de la Urbanización Los Chorros, Municipio Sucre del Estado Miranda.

Tal remisión se efectuó en virtud de la apelación ejercida tempestivamente, el 28 de octubre de 2009, por el prenombrado accionante, asistido en este acto por las abogadas P.J.J. (ya identificada), J.T.S. y Osmil T.S., inscritas las dos últimas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 56.979 y 113.144, respectivamente, contra la decisión del 22 de octubre de 2009, dictada por la referida Sala de la Corte de Apelaciones, mediante la cual declaró sin lugar la acción de amparo interpuesta.

El 11 de noviembre de 2009, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada L.E.M. Lamuño quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones:

I

DE LA ACCIÓN DE A.C.

Fundamentó la parte accionante su pretensión, en lo siguiente:

Que “En fecha 21 de mayo de 2009, se dio inicio a un proceso penal, debido a información obtenida por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de que en una vivienda de la Urbanización Los Chorros (…) se encontraban estacionados unos vehículos. En la misma fecha se practicó visita domiciliaria en la quinta Las Cerraduras, ubicada en la calle A.J. con cuarta transversal en la Urbanización Los Chorros del Municipio Sucre (…) inmueble propiedad de la empresa INVERSIONES ZULU, C.A., (…) de la cual es accionista el ciudadano G.Z.N., así como en el inmueble contiguo al anteriormente mencionado, para el cual los funcionarios no estaban autorizados a entrar, pues la orden judicial emanada del Juzgado Cuadragésimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de manera muy precisa autorizaba la visita sólo en la quinta Las Cerraduras y no en el inmueble contiguo (…)” (Negrillas y mayúsculas del accionante).

Que “De esta diligencia resultó la ubicación, precisamente, en el inmueble que colinda con el terreno donde se encuentra la quinta Las Cerraduras, de veinticuatro (24) vehículos, de diversos modelos de la marca Toyota, los cuales, aún presentándose copia de los documentos que acreditaban quienes eran sus propietarios fueron trasladados a la Dirección de Vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas”.

Que “En fecha 10 de julio de 2009, el ciudadano G.Z.N., asistido por sus defensoras privadas, solicitó la nulidad absoluta del allanamiento (…). El 20 de julio de 2009 el Juzgado Cuadragésimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas dicta decisión mediante la cual declara sin lugar la solicitud de nulidad absoluta (…). La decisión mencionada antes (…) es, precisamente, el acto que se califica de lesivo de derechos constitucionales del ciudadano G.Z.N. (…) específicamente sus derechos a la tutela judicial efectiva (…) y al debido proceso (…) en su vertiente principal del derecho a la defensa (…) resolución que resulta infundada, pues fue emitida sin que el tribunal resolviera todos los alegatos esenciales contenidos en la solicitud efectuada (…)” (Negrillas y mayúsculas del accionante).

Que “El Juzgado Cuadragésimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas vulneró (…) el derecho a la tutela judicial efectiva (…) por cuanto ante la solicitud de nulidad del allanamiento (…) dictó una decisión absolutamente infundada porque no resolvió (…) los alegatos esenciales en los cuales se basa la solicitud (…). En efecto, al solicitarse la nulidad se alegó, en resumen, lo siguiente: la orden de allanamiento (…) autorizaba la diligencia sólo a la quinta (…) y no ningún otro inmueble contiguo (…). La orden de allanamiento autorizaba para realizar la visita (…) a los doce (12) funcionarios siguientes (…) sin embargo, al lugar accedió una cantidad indeterminada de personas, mucho mayor a la que estaba judicialmente autorizada (…). Se le exige (…) al tribunal que requiriera del Ministerio Público las actas de investigación (…). Sin embargo, el Juzgado Cuadragésimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas tomó su decisión, sin previamente requerir las actuaciones al Ministerio Público (…)”.

Que “El Juzgado Cuadragésimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas vulneró (…) el derecho al debido proceso (…) en su vertiente principal del derecho a la defensa (…) por cuanto ante la solicitud de nulidad del allanamiento (…) dictó una decisión absolutamente infundada porque no resolvió (…) los alegatos esenciales en los cuales se basa la solicitud (…). Así las cosas, la falta de resolución de los alegatos esenciales en los que se fundamenta la solicitud de nulidad, se traduce en falta de motivación (…)”.

Finalmente solicitaron que “(…) la presente acción de amparo constitucional sea admitida y declarada con lugar en la definitiva, lo cual traería como consecuencia, la nulidad de la decisión accionada (…)” (Negrillas del accionante).

II

DEL FALLO IMPUGNADO

El 22 de octubre de 2009, la Sala Nº 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, declaró sin lugar la acción de amparo interpuesta por el ciudadano G.Z.N., en base las consideraciones siguientes.

“(…) Este Tribunal, en aras de resolver la presente solicitud de A.C. (sic), considera necesario, distinguir que el derecho a la defensa y contradictorio de las partes que lo sean o deban serlo, debe en todo momento respetarse en cualquier proceso e igualmente, implica el ejercicio de la defensa técnica y material, sin más limitaciones, que las de orden ético y deontologías (sic). En definitiva, debemos resaltar, que tales derechos, no pueden suplirse por hipotéticas coincidencias argumentales con lo aducido por las restantes partes procesales.

En otro orden de ideas, observa (sic) los Jueces integrantes de este Tribunal Colegiado (sic), actuando en Sede Constitucional (sic) que El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva (sic), comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de Justicia (sic) establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también (sic) implica que la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tutelando la garantía del ejercicio del Derecho a la Defensa (sic) del cual puedan hacer alarde las partes (…).

(…omissis…)

Por otra parte, este Tribunal Colegiado actuando en sede Constitucional (sic), denota, que la solicitud de amparo en estudio, versa en la presunta violación de los derechos fundamentales antes aludidos, por parte de la Juez Cuadragésima Cuarta en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, quien en fecha 20/07/2009 (sic) declaró el Sin Lugar (sic) la solicitud de Nulidad Absoluta (sic), que en fecha 16 de julio de 2009, presentara el ciudadano G.Z.N..

De los argumentos del quejoso de autos, se observa, que él señala a través de su apoderada judicial, que la Juez Cuadragésima Cuarta de Primera Instancia en Funciones de Control, que (sic) el fallo que declara sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta, resulta inmotivado en virtud que la presunta agraviante en su fallo no resolvió los alegatos esenciales en los que se apoya la solicitud de nulidad, de tal forma que se quebrantó la disposición contenida en el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, así como se le vulneró al presunto agraviado ciudadano G.Z.N., su derecho a la Tutela Judicial Efectiva (sic) que le garantiza el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al no examinarse ni pronunciarse sobre todos y cada uno de los alegatos que fundamentan la antes aludida solicitud de nulidad de (sic) allanamiento.

En razón a la precitada denuncia, estos decidores, evidencian del fallo dictado con motivo a la solicitud interpuesta por el accionante en fecha 16/07/2009 (sic), que la Juez de Instancia presunta agraviante de manera cronológica y fundamentada explicó y adecuó el procedimiento de allanamiento a las normas legales contenidas en los artículos 210, 211 y 212 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ello es así ya que de la decisión dictada en fecha 20/07/2009, literalmente se evidencia lo siguiente: ‘…Respecto a la observación realizada por el solicitante ciudadano G.Z.N., en lo que respecta a que dicha visita domiciliaria fue realizada por otros Funcionarios (sic), que no se encontraban autorizados por el Tribunal en la orden respectiva, es evidente que, la actuación de los Funcionarios (sic) adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, obedece al cumplimiento de un mandato legal, toda vez que los mismos representan el órgano principal en materia de investigaciones penales, y en tal sentido se encuentran en la obligación de practicar todas las diligencias que ordene el Ministerio Público, que se encuentren encaminadas a investigar y hacer constar la perpetración de un hecho punible, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos del delito.

En tal sentido, el allanamiento practicado en la residencia antes identificada, y en la dirección señalada en la correspondiente orden, es y corresponde a un acto de investigación penal, con el fin de descubrir y comprobar científicamente la presunta comisión de un delito y la identificación de las personas que puedan estar involucradas como autores o partícipes.

En este sentido, considera esta Juzgadora que nos encontramos en presencia de actos cumplidos con plena observancia de las formas y condiciones establecida en la Ley (sic); esto en el sentido, de que fue emitida la correspondiente orden de allanamiento de morada, con el cumplimiento de sus requisitos formales a tenor de lo establecido en el Artículo (sic) 211 del Código Orgánico Procesal Penal, y que en su ejecución, se permitió el acceso, presencia e intervención del solicitante, ciudadano G.Z.N., quien en todo momento se ha encontrado debidamente asistido por sus abogados de confianza; cumpliéndose en consecuencia, con las normas relacionadas con la intervención, asistencia y defensa del Imputado.

En este sentido, en cuanto a la posibilidad de que sea procurado el saneamiento, la rectificación, la renovación o la convalidación, como medios procesales viables, a los fines de subsanar de algún modo alguna infracción, observa este Tribunal, que no encontrándose comprometida la inobservancia o violación a Normas del Debido Proceso (sic) que garantizan Derechos fundamentales a la Defensa (sic), y Normas Fundamentales (sic) referidas a la licitud tanto de la práctica como de la incorporación de las pruebas al proceso, y de la correcta aplicación del procedimiento a seguirse, conforme a la Normativa (sic) establecida por la Ley Adjetiva Penal (sic), en consecuencia NO PROCEDE en este caso la declaratoria de Nulidad Absoluta (sic), requerida por el ciudadano G.Z.N., asistido por sus abogados defensores, toda vez que las nulidades absolutas en el proceso penal son aquellas que afectan de manera esencial la búsqueda de la verdad, el debido proceso y el derecho a la defensa…’.

En atención a lo ut supra indicado este Tribunal actuando en sede Constitucional (sic), observa del detenido estudio de las actas que conforman la presente Acción de A.C. (sic) y de la audiencia celebrada al efecto, que el Tribunal Cuadragésimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, no ha incurrido en violación alguna en contra del Debido Proceso, del Derecho a la Defensa, de la Tutela Efectiva (sic) consagrados en los artículos 49 ordinal 1° (sic) y 26, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela respectivamente, por cuanto se evidenció que la prenombrada Juez dio oportuna respuesta al peticionante y fue garante del conjunto de normas sustanciales y procesales especialmente diseñadas para asegurar la legalidad, regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional en la investigación y juzgamiento de los hechos presuntamente punibles, con miras a todos aquellos derechos que puedan verse afectados.

Así las cosas, este Tribunal Constitucional, determinan (sic) que la Juez (sic) accionada, no incurrió en violación a los derechos fundamentales del accionante, y su fallo cumple con el requisito de motivación previsto en el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual expresamente dispone: ‘Las decisiones del tribunal serán emitidas mediante sentencia o auto fundados, bajo pena de nulidad, salvo los autos de mera sustanciación.

Se dictará sentencia para absolver, condenar o sobreseer.

Se dictarán autos para resolver sobre cualquier incidente’.

De la precitada disposición legal, se determina, la imperiosa necesidad que toda decisión sea ésta, interlocutoria o definitiva, debe estar debidamente motivada o fundamentada, es decir, que todo juez al dictar una resolución judicial debe realizar un juicio lógico y razonado sobre lo que decide, explicando pormenorizadamente el por qué de lo decidido, y sobre cual disposición legal, éste argumenta su fallo, informando de esta forma, no solamente a las partes del proceso, sino también, a la sociedad en general.

(…omissis…)

De los razonamientos antes descritos, este Tribunal Colegiado (sic) actuando en sede Constitucional (sic), observa que la Juez Cuadragésima Cuarta de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, explicó como en Derecho (sic) corresponde, los motivos por los cuales consideraba que la solicitud de allanamiento, la orden de allanamiento y la posterior práctica del allanamiento, fueron actos llevados acabo (sic) con estricto cumplimiento de las normas y garantías legales y constitucionales sin que se evidenciase que la accionada con su fallo haya incurrido en un indebido razonamiento, pues expresa su relación con el caso de autos, por tanto se encuentra absolutamente motivada su resolución judicial, y el resultado por ser contrario a las pretensiones del peticionante no puede tomarse como violación a las Garantías del Debido Proceso y la Tutela Judicial Efectiva (sic), que fueron garantizados a todas las partes intervinientes en el presente proceso.

En consecuencia y por todo lo antes expuesto es por lo que esta Sala actuando en sede Constitucional (sic) declara que lo procedente y ajustado a Derecho (sic), en el presente caso, es declarar SIN LUGAR la Acción de A.C. (sic) interpuesta por el ciudadano G.Z.N., en su condición de presunta víctima, debidamente asistido por la Profesionales del Derecho (sic) P.J.J., OSMIL T.S. y J.T.S., en contra de la decisión dictada en fecha 20 de julio de 2009, por el Juzgado Cuadragésimo Cuarto (44°) (sic) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, ya que, no se evidenció ni se determinó que efectivamente al quejoso de autos, se le haya violentado derechos fundamentales tan preciados como el Derecho a la Defensa, al Debido Proceso y a la Tutela Judicial Efectiva (sic) o se le haya amenazado con violación de los derechos fundamentales denunciados, todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 26, 27 y 49 numeral 1° (sic) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con los artículos 173, 190, 191, 195, 196, todos del Código Orgánico Procesal Penal. (…). Y ASÍ SE DECLARA” (Mayúsculas y negrillas del fallo).

III

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

Fundamentó el accionante su apelación ante el a quo, sobre la base de los alegatos siguientes que de seguida, se resumen:

Que “(…) la Sala número (sic) 5 de la Corte de Apelaciones (…) decidió desestimar las pruebas que fueron ofrecidas por el accionante y evacuadas durante la audiencia constitucional, sin haber explanado en el fallo su examen detallado y sólo limitándose a afirmar, de manera genérica, vaga e imprecisa, que esas pruebas no contribuían a demostrar las presuntas violaciones de (sic) derechos constitucionales alegadas (…) (Negrillas del apelante).

Que “(…) sin realizar ningún tipo de análisis y, específicamente, sin confrontar con la decisión accionada, cada uno de los argumentos en los que se fundamenta la acción de amparo interpuesta (…) concluye, igualmente, sin exponer razones, que la decisión de fecha 20 de julio de 2009 dictada por el Juzgado Cuadragésimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, no había incurrido en violación de los derechos constitucionales del accionante y se encontraba ‘…absolutamente motivada...’ (…)” (Negrillas del apelante).

Que “(…) la decisión apelada no resolvió uno a uno los argumentos que fundamentaron la petición de tutela constitucional (…) esencialmente la acción de amparo denunciaba que el Juzgado de Control (sic) no había decidido los argumentos esenciales que sustentaban la solicitud de nulidad absoluta de la mencionada visita domiciliaria (…) sin embargo, la Sala Quinta (sic) no se pronunció resolviendo cada uno de los alegatos, sino que se limitó a expresar –sin exponer las razones que tenía para ello- que la sentencia accionada en amparo había dado respuesta motivada a las peticiones de los solicitantes de la nulidad”.

IV

DE LA COMPETENCIA

En primer lugar, debe esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente apelación, y a tal efecto observa:

En virtud de lo dispuesto en sentencia de esta Sala Nº 1 del 20 de enero de 2000, caso: “Emery Mata Millán”, el artículo 25.19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela y, a tenor de lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, resulta necesario reiterar que le corresponde a esta Sala Constitucional conocer las apelaciones de las sentencias provenientes de los Juzgados o Tribunales Superiores de la República -exceptuando los Superiores en lo Contencioso Administrativo-, las Cortes de lo Contencioso Administrativo y las C. deA. en lo Penal, en tanto su conocimiento no estuviere atribuido a otro Tribunal, cuando ellos conozcan la acción de amparo en primera instancia.

En el caso de autos, visto que la decisión apelada fue dictada -en primera instancia constitucional- por una Sala de una Corte de Apelaciones en lo Penal, concretamente, la Sala Nº 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia resulta competente para conocer del recurso de apelación ejercido, y así se declara.

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

La pretensión de tutela constitucional tiene su origen en la decisión que dictó el 20 de julio de 2009, el Juzgado Cuadragésimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en la que declaró sin lugar la solicitud formulada por el ciudadano G.Z.N., de la nulidad absoluta del allanamiento practicado el 21 de mayo de 2009 en la quinta Las Cerraduras e inmueble aledaño, ubicados en la calle A.J. con Cuarta Transversal de la Urbanización Los Chorros, Municipio Sucre del Estado Miranda, la cual el prenombrado ciudadano la estimó lesiva de sus derechos constitucionales al debido proceso -en su expresión del derecho a la defensa- y a la tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 49 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Ello así, toda vez que, según el accionante, el referido Juzgado de Control “(…) ante la solicitud de nulidad del allanamiento (…) dictó una decisión absolutamente infundada porque no resolvió (…) los alegatos esenciales en los cuales se basa la solicitud (…)”.

Por su parte, la Sala Nº 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, estimó sin lugar la referida pretensión de tutela constitucional, por cuanto “(…) el Tribunal Cuadragésimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, no ha incurrido en violación alguna en contra del Debido Proceso, del Derecho a la Defensa, de la Tutela Efectiva (sic) consagrados en los artículos 49 ordinal 1° (sic) y 26, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela respectivamente, por cuanto se evidenció que la prenombrada Juez dio oportuna respuesta al peticionante y fue garante del conjunto de normas sustanciales y procesales especialmente diseñadas para asegurar la legalidad, regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional en la investigación y juzgamiento de los hechos presuntamente punibles, con miras a todos aquellos derechos que puedan verse afectados”.

El criterio sustentado por la primera instancia constitucional fue objetado por el accionante con base en que la señalada Sala de Apelaciones “(…) sin realizar ningún tipo de análisis y, específicamente, sin confrontar con la decisión accionada, cada uno de los argumentos en los que se fundamenta la acción de amparo interpuesta (…) concluye, igualmente, sin exponer razones, que la decisión de fecha 20 de julio de 2009 dictada por el Juzgado Cuadragésimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, no había incurrido en violación de los derechos constitucionales del accionante y se encontraba ‘…absolutamente motivada...’ (…)”.

Planteados así los límites de la controversia estima la Sala preciso acotar, lo siguiente:

El derecho a la tutela judicial efectiva protegido en forma directa por el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, comprende no sólo el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, derecho de acceso, sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión motivada, esto es, razonable, congruente y fundada en derecho, determinen el contenido y la extensión de la pretensión deducida.

De allí que si bien la motivación de la sentencia es un derecho subjetivo que tienen las partes en el proceso, su ejercicio no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que dichas partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que deben considerarse motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles fueron los criterios jurídicos en los que se fundó, es decir, la motivación puede no ser exhaustiva, pero si tiene que ser razonable. De la exigencia de motivación lo que deriva es la razonabilidad del fallo, el cual lo que no puede contener es contradicciones internas o errores lógicos que lo hagan manifiestamente irrazonable por contradictorio y, por ende, carente de motivación.

En sintonía con lo precedentemente expuesto, a criterio de esta Sala, en este caso en concreto, no se evidencia la infracción constitucional denunciada –tutela judicial efectiva y debido proceso- en la cual incurrió la Juez del Juzgado Cuadragésimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en cuanto a la “decisión absolutamente infundada” mediante la cual declaró sin lugar la solicitud de nulidad absoluta formulada por el ciudadano G.Z.N., toda vez que, a su juicio, la referida juzgadora “no resolvió (…) los alegatos esenciales” en los cuales se basó dicha solicitud.

En efecto, del análisis de las actas que conforman el presente proceso comprueba esta Sala, que si bien el hoy accionante en el escrito contentivo de la solicitud en comento esgrimió una serie de alegatos que, a su juicio, afectaban de nulidad absoluta el acto de la visita domiciliaria practicada el 21 de mayo de 2009 en la quinta Las Cerraduras e inmueble aledaño, ubicados en la calle A.J. con Cuarta Transversal de la Urbanización Los Chorros, Municipio Sucre del Estado Miranda, no es menos cierto que los mismos están circunscritos a la supuesta inobservancia de las formas y condiciones previstas en la ley adjetiva penal –artículos 210, 211 y 212 del Código Orgánico Procesal Penal- para la práctica del allanamiento de morada.

De allí que la juez del Juzgado Cuadragésimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, cuando declaró sin lugar la solicitud de nulidad absoluta no actuó “fuera de su competencia”, menos aun infringió “derechos constitucionales”. Por el contrario, cuando consideró que “(…) el allanamiento practicado en la residencia antes identificada, y en la dirección señalada en la correspondiente orden, es y corresponde a un acto de investigación penal, con el fin de descubrir y comprobar científicamente la presunta comisión de un delito y la identificación de las personas que puedan estar involucradas como autores o partícipes.

En este sentido, considera esta Juzgadora que nos encontramos en presencia de actos cumplidos con plena observancia de las formas y condiciones establecida en la Ley (sic); esto en el sentido, de que fue emitida la correspondiente orden de allanamiento de morada, con el cumplimiento de sus requisitos formales a tenor de lo establecido en el Artículo (sic) 211 del Código Orgánico Procesal Penal, y que en su ejecución, se permitió el acceso, presencia e intervención del solicitante, ciudadano G.Z.N., quien en todo momento se ha encontrado debidamente asistido por sus abogados de confianza; cumpliéndose en consecuencia, con las normas relacionadas con la intervención, asistencia y defensa del Imputado (sic) (…)”, proveyó sobre lo cardinal de los alegatos formulados, toda vez que dicha apreciación fue el resultado del razonamiento o juzgamiento del mérito de la solicitud de nulidad formulada, sobre la base del examen de las actas del expediente. Se trata de la apreciación de dichas actas por el juzgador, y contra ello conforme la jurisprudencia reiterada de esta Sala, no procede el amparo, por tratarse de la actividad y criterio del juez, salvo que comporte una “grave usurpación de funciones o abuso de poder (incompetencia sustancial); aunado a ello, (…) que tal proceder ocasione la violación de un derecho constitucional (acto inconstitucional)”.

Por otra parte, respecto de los alegatos esgrimidos por el accionante para sustentar el recurso de apelación ejercido, la Sala advierte que el sentenciador de la segunda instancia expresó motivadamente las razones por las cuales –a su criterio- el Juzgado Cuadragésimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas no infringió derechos constitucionales del hoy accionante “(…) por cuanto se evidenció que la prenombrada Juez dio oportuna respuesta al peticionante y fue garante del conjunto de normas sustanciales y procesales especialmente diseñadas para asegurar la legalidad, regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional en la investigación y juzgamiento de los hechos presuntamente punibles, con miras a todos aquellos derechos que puedan verse afectados (…) explicó como en Derecho (sic) corresponde, los motivos por los cuales consideraba que la solicitud de allanamiento, la orden de allanamiento y la posterior práctica del allanamiento, fueron actos llevados acabo (sic) con estricto cumplimiento de las normas y garantías legales y constitucionales sin que se evidenciase que la accionada con su fallo haya incurrido en un indebido razonamiento, pues expresa su relación con el caso de autos, por tanto se encuentra absolutamente motivada su resolución judicial, y el resultado por ser contrario a las pretensiones del peticionante no puede tomarse como violación a las Garantías del Debido Proceso y la Tutela Judicial Efectiva (sic), que fueron garantizados a todas las partes intervinientes en el presente proceso”.

Es por ello que la presente acción de amparo resulta sin lugar como la declaró la Sala Nº 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, toda vez que el Juzgado Cuadragésimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, cuando dictó la decisión impugnada por vía de amparo no actuó fuera de su competencia menos aun vulneró las garantías constitucionales denunciadas por el ciudadano G.Z.N., en razón de lo cual esta Sala pasa a confirmar la sentencia apelada y a declarar sin lugar la apelación ejercida, y así se declara.

VI

DECISIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR la apelación ejercida por el ciudadano G.Z.N., asistido por las abogadas P.J.J., J.T.S. y Osmil T.S., ya identificadas, contra la decisión del 22 de octubre de 2009 dictada por la Sala Nº 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en la que declaró sin lugar la acción de amparo incoada por el prenombrado ciudadano, contra el fallo del 20 de julio de 2009 proferido por el Juzgado Cuadragésimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del señalado Circuito Judicial Penal, mediante la cual declaró sin lugar la solicitud de nulidad absoluta del allanamiento practicado el 21 de mayo de 2009 en la quinta Las Cerraduras e inmueble aledaño, ubicados en la calle A.J. con Cuarta Transversal de la Urbanización Los Chorros, Municipio Sucre del Estado Miranda. En consecuencia, se CONFIRMA el fallo apelado.

Publíquese y regístrese. Devuélvase el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 26 días del mes de octubre de dos mil diez (2010). Años: 200° de la Independencia y 151º de la Federación.

La Presidenta de la Sala,

L.E.M. LAMUÑO

Ponente

El Vicepresidente,

F.A.C.L.

Los Magistrados,

J.E. CABRERA ROMERO

P.R. RONDÓN HAAZ

M.T. DUGARTE PADRÓN

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

A.D.J. DELGADO ROSALES

El Secretario,

J.L. REQUENA CABELLO

Exp. Nº 09-1261

LEML/

Quien suscribe, Magistrado P.R. Rondón Haaz, manifiesta su disentimiento del fallo que antecede, razón por la cual, de conformidad con el artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, salva su voto en los siguientes términos:

  1. En el caso sub lite, los abogados defensores del ciudadano G.Z.N. interpusieron, ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, demanda de amparo constitucional contra el acto jurisdiccional que dictó, el 20 de julio de 2009, el Juzgado Cuadragésimo Quinto de de Primera Instancia en funciones de Control de ese Circuito Judicial Penal, mediante el cual declaró sin lugar la solicitud de nulidad absoluta del allanamiento que fue practicado, el 21 de mayo de 2009, en la Quinta Las Cerraduras e inmueble aledaño, que están ubicados en la calle A.J. con Cuarta Transversal de la Urbanización Los Chorros, Municipio Sucre del Estado Miranda. La Corte de Apelaciones en referencia, como primera instancia constitucional, declaró sin lugar la pretensión de amparo constitucional. Contra ese pronunciamiento apeló la defensa.

  2. La mayoría de la Sala declaró sin lugar la apelación y confirmó la sentencia objeto de impugnación que había declarado sin lugar la pretensión de protección constitucional.

  3. Ahora bien, este Magistrado observa que el juzgamiento de la mayoría de la Sala expresó (f. 10): “…se hace necesario reiterar que si bien la motivación de la sentencia es un derecho subjetivo que tienen las partes en el proceso, su ejercicio no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que dichas partes puedan tener en la cuestión que se decide, sino que deben considerarse motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conoce cuáles fueron los criterios jurídicos en los que se fundó, es decir, la motivación puede no ser exhaustiva, pero si tiene que ser razonable”. Respecto de tales afirmaciones discrepa este votosalvante pues, en primer lugar, la motivación de la sentencia no es un derecho subjetivo de las partes en el proceso, es una obligación del juez so pena de nulidad de la misma. Así, esta Sala en sentencia n.° 1201/2009, de 30 de septiembre, caso: A.D.L. deV. C.A., expresó que el debido proceso requiere que los actos jurisdiccionales estén debidamente fundamentados y no se adjudique la razón a una de las partes de cualquier manera. Es necesario que el juez, al momento de la consideración de los hechos a través del examen de las cargas probatorias, no incurra en arbitrariedad en su razonamiento.

  4. De los artículos 26 y 49 del Texto Fundamental se deriva que los actos de juzgamiento que expidan los jueces deben contener, necesariamente, el análisis razonado y lógico de los hechos controvertidos y la justificación del dispositivo de la decisión, lo cual “constituye un requisito ineludible de validez constitucional”, de modo que el veredicto sea congruente y determinado, para el conocimiento y la comprensión de las partes, en garantía de su seguridad jurídica, como condición y presupuesto para el control de la legalidad del pronunciamiento del órgano jurisdiccional. De manera que, el requisito de la motivación del acto jurisdiccional se afinca en el principio de legalidad de los actos jurisdiccionales. La tutela judicial eficaz significa, entonces, respuestas de los órganos de administración de justicia, que estén basadas sobre los motivos de hecho y de derecho en que apoye su dispositivo. (Vide., s.S.C. n.° 1893/2002, del 12 de agosto, caso: C.M.V.S.. Este criterio fue ratificado, entre otras, en sentencia n.° 3711/2005, de 6 de diciembre, caso: D.A.C.B. y otros).

    En el mismo sentido, esta Sala concretó aspectos sobre la motivación de la sentencia en los términos que siguen:

    …la exigencia de que toda decisión judicial deba ser motivada es un derecho que tienen las partes en el proceso, el cual no comporta la exigencia de un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que deben considerarse motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentaron la decisión.

    Esta exigencia de motivación deviene, en primer lugar, de la razonabilidad, es decir, la motivación no tiene que ser exhaustiva, pero sí tiene que ser razonable; y, en segundo término de la congruencia, que puede ser vulnerada tanto por el fallo en sí mismo, como por la fundamentación. De allí, que dicha exigencia se vulnera cuando se produce “un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formulan sus pretensiones, al conceder más, menos o cosa distinta de lo pedido” [sentencia del Tribunal Constitucional Español n.o 172/1994]; (…)./ [Cfr. s.SC. n.° 4.594/2005, caso: J.G.D.V.].

  5. Se observa que, en efecto, tal como lo delató la parte accionante, ni el Juez de Control –cuando resolvió la solicitud de nulidad-, ni la Corte de Apelaciones se pronunciaron respecto de las denuncias específicas que fueron formuladas en relación con que el allanamiento no cumplió con lo que autorizó el Juez en la orden que expidió, pues solo autorizó a 12 funcionarios, aun cuando el allanamiento lo realizaron muchos más y en cuanto a que el allanamiento fue autorizado para la quinta Las Cerraduras y, sin embargo, fue practicado, igualmente, en un inmueble aledaño. De modo que, tanto el Tribunal de Control Cuadragésimo Quinto como la Corte de Apelaciones, ambos de Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, debieron dar respuesta a las alegaciones del accionante en ejercicio de la tutela judicial eficaz y el debido proceso.

  6. Por último, se observa que en el acto jurisdiccional del que se disiente se expresó, asimismo, que “… si bien el hoy accionante en el escrito contentivo de la solicitud en comento esgrimió una serie de alegatos que, a su juicio, afectaban de nulidad absoluta el acto de la visita domiciliaria practicada (…), no es menos cierto que los mismos están circunscritos a la supuesta inobservancia de las formas y condiciones previstas en la ley adjetiva penal –artículos 210, 211 y 212 del Código Orgánico Procesal Penal- para el allanamiento de morada”.

    Al respecto, estima este disidente necesario recordar que “la inviolabilidad del domicilio constituye un derecho básico que se reconoce y garantiza dentro de la esfera jurídica tanto nacional (artículo 47 de la Constitución de la República) como internacional, no pudiendo efectuarse ninguna entrada y registro en un domicilio sin consentimiento del titular o resolución judicial” (vide s.SCP n.° 1065/2000); y que, por su parte, “El artículo 210 del Código Orgánico Procesal Penal, garantiza la inviolabilidad del domicilio al establecer que para el registro de una morada, establecimiento comercial, en sus dependencias cerradas o en recinto habitado, se requerirá la orden escrita del Juez Conforme a lo dispuesto en el artículo 213 ejusdem (…)” (vide s.SCP n.° 122/2003). De allí que, las alegaciones de los accionantes respecto al incumplimiento de los términos en que se habría autorizado el allanamiento constituyen más que una simple “inobservancia de las formas y condiciones”, y requerían, necesariamente, un pronunciamiento expreso respecto de cada una de las denuncias por parte de los órganos jurisdiccionales.

    Queda así expuesto el criterio del Magistrado disidente.

    Fecha retro.

    La Presidenta,

    L.E.M. LAMUÑO

    El Vice-presidente,

    F.A.C.L.

    Los Magistrados,

    J.E. CABRERA ROMERO

    P.R. RONDÓN HAAZ

    Disidente

    M.T. DUGARTE PADRÓN

    CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

    A.D.J. DELGADO ROSALES

    El Secretario,

    J.L. REQUENA CABELLO

    PRRH.sn.ar.

    Exp. 09-1261