Decisión nº 166-2009 de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 17 de Diciembre de 2009

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En su nombre:

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL

EXPEDIENTE Nº 8587

El 6 de noviembre de 2009, la abogada M.K.R.H., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 118.267, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano R.D.H.S., mayor de edad, venezolano, titular de la cédula de identidad No.22.447.002, interpuso ante éste Juzgado Superior, en funciones de distribuidor de causas, solicitud de amparo constitucional contra el INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES), por la presunta negativa de ese organismo de acatar el contenido de la P.A. N° 0086-2009, dictada el 27 de febrero de 2009 por la Inspectoría del Trabajo “Pedro Ortega Díaz”, Sede Caracas Sur.

Asignado por distribución el libelo a este juzgado superior, por auto de fecha 16 de noviembre de 2009 se admitió el amparo y ordenó practicar las notificaciones de ley.

Cumplidas las formalidades de notificación a las partes, el día 1º de diciembre de 2009 se celebró la audiencia oral y pública con la presencia de la parte actora y su apoderada judicial, abogada M.K.R.H., de la abogada L.F.O., apoderada judicial de la parte accionada y de la ciudadana MINELMA PAREDES RIVERA, Fiscal Trigésimo Primero del Ministerio Público a Nivel Nacional con competencia Nacional en materia Contencioso Administrativo y Tributario. Una vez concluidos los alegatos de las partes el Tribunal enunció el dispositivo de la sentencia y declaró con lugar la pretensión del actor.

Efectuado el estudio de las actas que integran el expediente, procede este Juzgado Superior a publicar el fallo definitivo in extenso, en los siguientes términos:

ALEGATOS DE LA PARTE ACCIONANTE

En el escrito contentivo de su solicitud, alegó la apoderada judicial de la parte accionante como fundamento de su pretensión, lo siguiente:

Que en virtud del despido injustificado del cual fue objeto su representado por parte del INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES), este solicitó ante la Inspectoría del Trabajo “Pedro Ortega Díaz”, Sede Caracas Sur, su reenganche y pago de salarios caídos. Afirmó que el procedimiento aperturado por el funcionario del trabajo culminó con la P.A. N° 0086-2009 dictada en fecha 27 de febrero de 2009, que declaró con lugar la solicitud de su representado.

Alegó que el citado organismo inició a un procedimiento de multa contra el ente accionado, en el curso del cual le impuso en fecha 31 de agosto de 2009 la sanción de multa prevista en los artículos 637 y 639 de la Ley Orgánica del Trabajo, por no haber acatado la orden de reenganche y pago de salarios caídos a su representado.

Denunció que con el expresado desacato el INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES), le conculcó al actor los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y a un salario justo consagrados en los artículos 87, 88, 89, 91 y 93 del Texto Constitucional, al no respetar la supeditación que debe tener la actividad administrativa a los principios constitucionales supra señalados.

Con base a lo expuesto solicitó se declare con lugar la acción de amparo constitucional que interpuso y se ordene al INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES), acatar en forma inmediata la decisión emanada de la Inspectoría del Trabajo que conoció del procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos incoado en su contra por el actor.

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Mediante escrito presentado en fecha 03 de diciembre de 2009, la ciudadana Minelma del C.P.R., Fiscal Trigésimo Primero del Ministerio Público a Nivel Nacional con competencia en materia Contencioso Administrativo y Tributaria, manifestó que en el presenta caso no operó la caducidad de la acción aducida por la parte agraviante ya que el lapso para ejercer el amparo comenzó a correr desde el momento de la notificación al patrono del acto administrativo mediante el cual se le impuso la sanción de multa. Que en el caso bajo estudio se verifican los requisitos de procedencia fundamentales para obtener la ejecución a través de un amparo autónomo de un acto administrativo emanado de las Inspectorías del Trabajo. Que de actas se desprende la violación de los derechos constitucionales del actor, al negarse la parte agraviante a darle cumplimiento a la P.A. No.0086-2009, dictada el 27 de febrero de 2009 por la Inspectoría del Trabajo “Pedro Ortega Díaz”, Sede Caracas Sur, motivo por el cual solicita se declare con lugar la solicitud de amparo interpuesta.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Se solicita en el presente caso la ejecución por vía de amparo constitucional de la P.A. que ordenó la reincorporación del ciudadano RUBEN DARÌO HENAO SÀNCHEZ, a su puesto de trabajo en el INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES)), así como el pago de los sueldos que dejó de percibir desde la fecha de su despido.

Denunció el actor la presunta violación de los derechos constitucionales al trabajo, a la estabilidad laboral y a un salario justo, consagrados en los artículos 87, 88, 89, 91 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por parte del INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES), en virtud de la negativa de ese ente a cumplir lo ordenado por la Inspectoría del Trabajo en el citado acto administrativo, solicitando por ende se declare con lugar su pretensión y se libre al efecto mandamiento de amparo constitucional ordenándole al ente accionado reincorporarlo a su puesto de trabajo y pagarle las indemnizaciones de ley, en la forma dispuesta en la P.A. N° 0086-2009.

Ahora bien, jurisprudencialmente se venía admitiendo la posibilidad de obtener la ejecución de actos dictados por los organismos administrativos del trabajo mediante el ejercicio de la acción autónoma de amparo constitucional, por no existir en nuestro ordenamiento jurídico ningún tipo de previsión que le permitiese al trabajador afectado impugnar, tanto el descuido de la administración en hacer cumplir sus propios actos, como la desobediencia de los patronos en acatar las providencias administrativas que dicten los Inspectores del Trabajo.

En desarrollo de esta tesis la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Sentencia de fecha 02 de agosto de 2001, caso: N.J.A.R.), y posteriormente, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativa (Sentencia de fecha 22 de agosto de 2002, caso: A.J.T.), establecieron los lineamientos a seguir ante este tipo de situaciones, a saber:

1) Teniendo atribuida la jurisdicción contencioso administrativa la competencia para conocer de las demandas de nulidad en contra de decisiones provenientes de los organismos de la administración del trabajo, en ejercicio de esa competencia, debe poseer igualmente la potestad para resolver los conflictos que surjan con motivo de la ejecución de este tipo de providencias que han quedado firmes en sede administrativa.

2) En el ejercicio de esa competencia deben los mencionados juzgados, conocer de los problemas que se susciten cuando se interpongan acciones de amparo relacionadas con esta materia.

Conforme a lo anterior, al comprobarse la contumacia del patrono en cumplir la orden impartida por el Inspector del Trabajo, le correspondía al Juez que conociese del asunto en sede constitucional, preservar los derechos constitucionales que le hubiesen sido conculcados al trabajador, pues los mismos, no solo comportan la violación del derecho al trabajo y a la estabilidad, sino también a la salud, en atención al carácter alimentario que revisten las remuneraciones que percibe el trabajador con ocasión de su prestación de servicio, el cual, sin duda alguna, constituye un derecho fundamental.

La tesis en comento no pretendía atribuirle a la acción de amparo la cualidad de ser el medio idóneo para lograr la ejecución de los actos administrativos, sino de garantizar la tutela de los derechos constitucionales involucrados, pues no se concibe al procedimiento sancionatorio previsto en los artículos 639 y 647 de la Ley Orgánica del Trabajo (procedimiento de multa), como el medio eficaz para satisfacer la pretensión del trabajador al restablecimiento de la situación jurídica infringida. En tal sentido, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de fecha 30 de julio de 2003, caso: R.O.L.M. contra la Alcaldía del Municipio V.d.E.C., estableció los requisitos necesarios para acceder a la tutela judicial del estado, con miras a obtener el cumplimiento de la orden de reenganche expedida por el Inspector del Trabajo, disponiendo al efecto:

(…) esta Corte reitera, que a los fines de poder solicitar y proceder a la ejecución de un acto administrativo de naturaleza laboral, es necesario que se cumpla con los presupuestos siguientes: 1) Que no hayan sido suspendidos los efectos del acto cuya ejecución se solicita o declarado su nulidad; 2) Que exista una abstención de la Administración en ejecutar su acto y/o contumacia del patrono en ejecutarlo y 3) Que exista violación a derechos constitucionales del trabajador beneficiado con el acto.

Posteriormente, mediante sentencia N° AB412005000493, de fecha 15 de junio de 2005, caso MARYURIS CHACOA CAMARGO, contra la sociedad mercantil FIESTAS EL GRAN POOL DE GUATIRE, C.A., la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, incorporó un cuarto requisito de procedencia de las pretensiones de amparo constitucional que se ejerzan para obtener la ejecución de actos dictados por los organismos administrativos del trabajo, al exigir que:

“(…) la p.a. cuya ejecución se pretende obtener por vía de amparo constitucional no sea franca y groseramente inconstitucional, sin que ello suponga o pueda ser interpretado como una revisión de la legalidad del acto o un pronunciamiento sobre el fondo del tema debatido, ya que el fundamento de la revisión encuentra explicación en la naturaleza misma de los derechos y libertades fundamentales (“…”) como principios superiores al ordenamiento dotados de efectividad inmediata y preferente frente a todos los poderes públicos y, por supuestos, ante la Administración y ante los Tribunales (“…”) (Ver: Eduardo García de Enterria/Tomás-R.F. “Curso de Derecho Administrativo”, tomo 1, Págs. 620 y siguientes Civitas año 1999); Libertades y Derechos Fundamentales, cuyos garantes son en primer lugar los jueces de la República.”

Este criterio fue modificado a finales del año 2005, oportunidad en la cual la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 6 de diciembre de 2005, caso S.R.P. contra la Gobernación del Estado Yaracuy, estableció con carácter vinculante para el resto de los Tribunales del país, la doctrina conforme a la cual, en casos como el de autos las Providencias Administrativas deben ser ejecutadas por la misma autoridad que las dictó, sin requerir para ello de intervención judicial alguna, por no ser el amparo la vía idónea para ejecutar un acto que ordene el reenganche.

Se abandonó de esta forma la tesis expuesta en la sentencia del 20 de noviembre de 2002, caso: R.B.U., emitida por esa misma Sala Constitucional respecto a que el amparo era la vía idónea para lograr el cumplimiento de las Providencias Administrativas provenientes de la Inspectoría del Trabajo, estableciendo que constituye un principio indiscutible en el derecho administrativo la circunstancia de que el órgano que dictó el acto puede y debe el mismo ejecutarlo, recogido como principio general en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, concluyendo, que al estar dotado de ejecutoriedad el acto administrativo que ordene el reenganche de un trabajador, no requiere de su homologación por parte de los organismos jurisdiccionales.

Esta última doctrina fue flexibilizada por la propia Sala Constitucional mediante sentencia dictada en fecha 14 de diciembre de 2006, caso GUARDIANES VIGIMÁN, S.R.L., conociendo de la solicitud de revisión de la sentencia Nº 474, dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo el 18 de marzo de 2005, reabriendo la posibilidad de utilizar el amparo autónomo siempre que las vías ordinarias no resulten operativas para lograr la ejecución de un acto administrativo. En el precitado fallo, con relación a los efectos de los actos emanados de las Inspectorías del Trabajo dejó asentado dicha Sala lo siguiente:

(…) la ejecución de las decisiones administrativas debe ser exigida primeramente en vía administrativa y, en caso de no ser fructífera la gestión, agotado como haya sido el procedimiento de multa previsto en la Ley Orgánica del Trabajo Título XI, podría recurrir a los mecanismos jurisdiccionales ordinarios de los que conocen los tribunales de lo contencioso administrativo.

(Subrayado del Tribunal)

Del contenido del fallo parcialmente trascrito se colige que sólo en casos excepcionales, cuando el incumplimiento afecte un derecho constitucional puede el interesado recurrir al amparo constitucional, para exigir un mandamiento judicial que ordene la ejecución de lo que debió obtenerse en sede administrativa, pues la naturaleza del amparo constitucional, en atención a la pacífica jurisprudencia de esa Sala, es la de un mecanismo extraordinario que sólo procede cuando se han agotado las vías ordinarias o, cuando no es posible exigir ese agotamiento en vista de las circunstancias del caso concreto y de la urgencia de resolución de la controversia, debiendo cada asunto ser resuelto tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso, teniendo como principio la necesidad, por un lado, de mantener los poderes de la Administración, en especial la ejecutoriedad, y por el otro, el respeto a los derechos de los particulares, que no pueden verse negados en caso de que las vías ordinarias demuestren su ineficacia. Este criterio, se afirma, es común a cualquier demanda de amparo, al ser una acción judicial que sin pretender sustituir a las vías ya existentes en el ordenamiento jurídico, está consagrada para proteger lo que a veces esas vías no son capaces, resultando por ello indispensable la valoración del caso en concreto.

En el caso sub examine se observa que corre inserta a los folios 34 al 40 del expediente, copia certificada de la P.A. No.0086-2009, dictada en fecha 27 de febrero de 2009 por la Inspectoría del Trabajo “Pedro Ortega Díaz”, Sede Caracas Sur, que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por el ciudadano R.D.H.S., contra el INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES), por encontrarse amparado para la fecha de su despido por la inamovilidad laboral prevista en el Decreto Presidencial N° 6603, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.090 de fecha 02 de enero de 2009.

A los folios 46 y 47 del expediente, corre inserta copia certificada de la Acta de Inspección suscrita por el Supervisor del Trabajo, ciudadano N.P., en la cual consta que se trasladó hasta la sede principal del INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES), a los fines de constatar el reenganche y pago de salarios caídos del accionante y que esas gestiones resultaron infructuosas, por haberse negado el citado ente a cumplir lo ordenado por el Inspector del Trabajo en la P.A. N° 0086-2009.

Cursa igualmente a los folios 61 y 63 del expediente, copia certificada de la P.A. N° 00421-2009, dictada en fecha 31 de agosto de 2009 por la Inspectoría del Trabajo “ Pedro Ortega Díaz”., Sede Caracas Sur, mediante la cual le impuso al INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES) multa por la cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO BOLIVARES CON TREINTA CENTIMOS (Bs. F. 1.758,30), en base a lo dispuesto en los artículos 639 y 642 de la Ley Orgánica del Trabajo, por haber desacatado la decisión dictada en fecha 27 de febrero de 2009 que le ordenó el reenganche y pago de salarios caídos al precitado trabajador.

Ahora bien, de los instrumentos supra mencionados se evidencia:

1) Que contrariamente a lo argumentado por la apoderada judicial de la presunta agraviante, en el caso bajo estudio no operó la caducidad de la acción interpuesta, dado que, desde el día 25 de septiembre de 2009 fecha en la cual consta en actas fue notificada la accionada del contenido de la Providencia N° 00421-2009, mediante la cual se le impuso la sanción de multa y comenzó por ende a discurrir el lapso de seis (6) meses a que se contrae el ordinal 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, para el ejercicio tempestivo de la presente solicitud, y hasta el 6 de noviembre de 2009, oportunidad en la que compareció el actor ante este Tribunal a solicitar se ordene la ejecución de la Providencia No.0086-2009, discurrió un período de 1 mes y 11 días, por lo que debe considerarse oportunamente ejercida la presente acción de amparo.

2) La negativa del INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES) a darle cumplimiento a la P.A. N° 0086-2009 de fecha 27 de febrero de 2009, pese al inicio del procedimiento sancionatorio en el curso del cual se le impuso la sanción de multa por la cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO BOLÍVARES CON TREINTA CÉNTIMOS (Bs. F. 1.758,30), razón por la que, al no evidenciarse en actas que en el presente caso hubiese recaído alguna decisión que suspenda los efectos de ese acto administrativo o declare su nulidad, como en efecto fue reconocido por la apoderada judicial del ente accionado en el interrogatorio que le fue formulado por la representante del Ministerio Público; que la aludida p.a. no resulta manifiestamente grosera ni inconstitucional (conforme al señalado cuarto requisito de procedencia); que el actor agotó ante el funcionario del trabajo competente el procedimiento de multa previsto en los artículos 639, 642 y 644 de la Ley Orgánica del Trabajo; y que no existen vicios en la notificación del acto cuya ejecución se pretende en ese juicio, por lo que adquirió firmeza y ende ejecutividad, estima este juzgador que esa situación de rebeldía por parte del citado organismo le conculcó al trabajador, hoy accionante en amparo, los derechos constitucionales al trabajo y a la estabilidad en el mismo, denunciados a lo largo del libelo. Así se decide.

Por los motivos expuestos, se ordena al INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES) darle inmediato cumplimiento a la P.A. N° 0086-2009 de fecha 27 de febrero de 2009, debiendo como consecuencia de ello, restituir al ciudadano R.D.H.S. a su sitio de trabajo en la forma establecida en el mencionado acto administrativo y pagarle los salarios que dejó de percibir desde la fecha de su despido, hasta la fecha de su efectiva reincorporación en ese organismo.

DECISIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO

CON LUGAR la solicitud de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano R.D.H.S., por intermedio de su apoderada judicial, abogada M.K.R.H., contra el INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES), todos identificados en la parte motiva del presente fallo.

SEGUNDO

Se ordena a la parte accionada darle inmediato cumplimiento a la orden de reenganche y pago de salarios caídos contenida en la P.A. N° 0086-2009, dictada en fecha 27 de febrero de 2009 por la Inspectoría del Trabajo “Pedro Ortega Díaz”, Sede Caracas Sur, en los términos expresados en la parte motiva del presente fallo.

TERCERO

El presente mandamiento de amparo deberá ser acatado por todas las autoridades de la República, so pena de incurrir en desacato a la autoridad judicial.

Publíquese, regístrese y notifíquese.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de dos mil nueve (2009). Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación.

EL JUEZ,

J.N.M.

LA SECRETARIA,

M.I.R.

En la misma fecha de hoy, siendo las nueve y diez (9:10 a.m.), quedó registrada bajo el Nº 166-2009.

LA SECRETARIA,

M.I.R.

Exp. Nº 8587

JNM/npl