Decisión nº PJ0152007000609 de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Zulia, de 2 de Octubre de 2007

En fecha 15 de enero de 1975, comenzó a prestar sus servicios para la demandada, siendo su último cargo el de Supervisor en la Gerencia de Automatización Industrial, hasta el 01 enero 2002.

Que la relación laboral culminó mediante la opción presentada por la empresa de una jubilación especial, por lo que para la fecha contaba con 26 años y 16 días de antigüedad.

Que devengó como último salario mensual la cantidad de Bs.1.389.375,00.

Que a partir del año 1998 la patronal, a su criterio, cambió el régimen contractual que hasta entonces venía disfrutando equiparables en cuanto a sus beneficios, conceptos y cálculos de prestaciones sociales y demás conceptos laborales al contenido del Contrato Colectivo Petrolero, para el nuevo sistema aprobado de 1997 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Que conciente de los derechos que tienen todos los trabajadores a fin de mantener su acción instauró formal reclamación por ante la Inspectoría del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

Que la patronal no canceló las prestaciones sociales y demás conceptos laborales conforme al régimen del cual venía disfrutando en iguales términos que la Contratación Colectiva Petrolera, lo cual según su decir era más favorable, en efecto, que no le fueron calculados los conceptos laborales conforme al último salario devengado, supuestamente bajo la premisa de que a los mismos les correspondía su cálculo conforme al régimen vigente por la Ley Orgánica del Trabajo de junio de 1997, situación ésta que atenta contra sus derechos adquiridos conforme a normas imperativas y de orden público como son las de Derecho Laboral.

Que para el supuesto negado que su representado estuviera excluido de dicha normativa contractual, ello tampoco justifica el cambio de régimen, por cuanto tal y como es reconocido por la patronal, los conceptos cancelados obedecen a una normativa interna que se equipara a iguales beneficios contenidos en la Convención Colectiva Petrolera.

Que la patrona le adeuda por diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, la cantidad de Bs.64.834.549,12.

Dicha pretensión fue controvertida por la demandada PDVSA PETRÓLEO, S. A., con fundamento en los siguientes alegatos:

Admitió la existencia de la relación de trabajo, así como que la misma terminó por motivo de la jubilación del actor en fecha 01 de enero de 2002.

Negó que el régimen aplicable al vínculo laboral mantenido con el actor sea el contenido en el Contrato Colectivo Petrolero, pues según se establece en la nota de minuta No.1, de la cláusula 3 del referido Contrato Colectivo lo que se contempla como beneficios para los trabajadores de Nómina Mayor son una serie de condiciones que en su conjunto en ningún caso son inferiores a las existentes para el personal cubierto por el Contrato Colectivo Petrolero.

Que como el actor pertenecía a la categoría de trabajadores denominada nómina mayor, según se desprende de documentos que el mismo acompaña, es obvio que nunca estuvo amparado por el contrato colectivo, sino por condiciones que lo igualan o superan.

Que si el actor hubiere estado amparado por la Contratación Colectiva Petrolera no tendrá derecho alguno al pago de los conceptos a que se refiere el artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Que el actor le atribuye un falso sentido y alcance a la Ley Orgánica del Trabajo, pues afirma que los trabajadores solamente se pueden acoger a la reformada Ley Orgánica del Trabajo de 1997, si dichas disposiciones resultaren más beneficiados.

Que la nueva Ley Orgánica del Trabajo obliga a aplicar aquellos regímenes que en su conjunto y no en forma particularizada como se infiere al vocablo íntegramente fuesen más favorables al trabajador en relación con los beneficios consagrados en los artículos 108, 125, 133 y 146 los cuales se aplicarán con preferencia en forma integral y no serán acumulables.

Finalmente, negó que PDVSA le adeude al actor la suma de Bs.64.834.549,12.

A fecha 31 de enero de 2007, el Juez de Juicio dictó sentencia desestimativa de la demanda, en cuya parte dispositiva declaró improcedente la pretensión de cobro de diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, incoada por la parte actora, en contra de la sociedad mercantil PDVSA Petróleo, S.A., decisión contra la cual la parte actora ejerció recurso ordinario de apelación.

La representación judicial de la parte actora recurrente, fundamentó su apelación señalando que la sentencia dictada por el a quo, no se atuvo a la regla de la carga de la prueba, por cuanto se reclama diferencia de prestaciones sociales en virtud de una diferencia salarial. Asimismo, señaló que la demandada manifestó que el actor era de nómina mayor, lo que si bien era cierto, el ciudadano H.G. no ejercía cargos de confianza ni de dirección y no tenía personal a su cargo, correspondiendo a la parte demandada desvirtuar lo alegado por el actor. De otra parte señaló que al actor no se le hizo corte de cuenta sino que se le pasó de un régimen a otro, existiendo según su decir elementos de autos que demuestra que percibía beneficios de la Contratación Colectiva.

Los fundamentos de la apelación fueron rebatidos por la representación judicial de la parte demandada, señalando que de actas se evidencia que el actor si era un empleado de nómina mayor, solicitando así sea ratificada la sentencia dictada por el a quo.

Planteada la controversia en los términos que anteceden, observa el Tribunal que conforme al artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, bajo cuya vigencia se dio contestación a la demanda, el demandado o quien ejerza su representación en el acto de contestación deberá determinar cuáles de los hechos admite y cuáles rechaza, teniendo el demandado la carga procesal de determinar con claridad cuales de los hechos invocados en el libelo admite como ciertos y cuales niega o rechaza, con la finalidad de simplificar el debate probatorio, dando por admitidos los hechos del demandante, que no hayan sido expresa y razonadamente contradichos por el patrono, estando obligada la parte demandada a fundamentar el motivo del rechazo o de la admisión de los hechos, lo cual tiene su asidero en la circunstancia de que según como el accionado dé contestación a la demanda, se fijará la distribución de la carga de la prueba en el proceso laboral, teniendo el demandado la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pretensiones del actor, por lo que se tendrán por admitidos aquellos hechos alegados por la parte accionante en su libelo, que el respectivo demandado no niegue o rechace expresamente en su contestación, o cuando no haya fundamentado el motivo del rechazo, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los autos en la oportunidad legal, alguna prueba capaz de desvirtuar dichos alegatos del actor, por lo que la demandada tendrá la carga de desvirtuar en la fase probatoria, aquellos hechos sobre los cuales no hubiese realizado en la contestación el fundamentado rechazo, de lo contrario, el sentenciador deberá tenerlos como admitidos.

De la misma manera, la Sala de Casación Social ha precisado que no todos los alegatos y rechazos que se expongan en la contestación, deberán recibir idéntico tratamiento, porque la adecuada o suficiente precisión en el rechazo o en la exposición de las razones y fundamentos de las defensas, en relación con la carga de la prueba o el riesgo de no aportarla, dependerá de la naturaleza y circunstancias de cada asunto y resultará del examen de las mismas que debe practicar el juzgador, tarea en la cual hará uso de las presunciones establecidas a favor del trabajador pero de la que no puede eximirse con el solo fundamento de indicar que por efecto de declararse la existencia de la relación de trabajo alegada, se tendrán por admitidos todos los hechos y pedimentos planteados con fundamento y por derivación de ella, aún cuando se los hubiere rechazado expresa y precisamente y se trate de rechazos o negativas que se agotan en sí mismas, como son las opuestas a condiciones distintas o exorbitantes de las legales, señalando la Sala, como ejemplo, que si se ha establecido que una relación es de carácter laboral, con una remuneración y tiempo determinado y bajo condiciones legales, es claro que el riesgo de no quedar demostrados los pagos que derivan de esos supuestos no recae sobre el trabajador demandante, sino sobre el patrono demandado, aunque éste haya rechazado punto por punto lo reclamado, pero no puede ser igual cuando se han alegado condiciones y acreencias distintas o en exceso de las legales, como un preaviso en monto equivalente a cuatro o seis meses de salario, o especiales, circunstancias de hecho como horas extras o días feriados trabajados, pues a la negación de su procedencia y/u ocurrencia en el mundo de lo convenido o llevado a cabo no hay, salvo algún caso especial, otra fundamentación que dar; siendo necesario analizar y exponer las demostraciones y razones de hecho y de derecho conforme a las cuales sean o no procedentes los conceptos y montos correspondientes.

El Alto Tribunal de la República en sentencia del 1 de julio de 2005 estimó conveniente señalar que lo expresado anteriormente en nada colidía con los criterios de la Sala de Casación Social con respecto al alcance y extensión del artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, y que ahora contiene el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pues es esta la norma que determina el principio de la distribución de la carga probatoria en materia laboral, siendo de aplicación conjunta con dicha disposición los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, como reglas generales de la carga de la prueba, en los casos en que el hecho controvertido se trate de un hecho negativo absoluto que se genere en función al rechazo que se exponga en la contestación, así como de la exposición de los fundamentos de defensa realizados por el demandado y que evidentemente presuponen el riesgo o la imposibilidad de no poder demostrarse por ser estos de difícil comprobación por quien lo niega y que por otro lado, supletoriamente se aplicarían las normas enunciadas anteriormente como reglas generales de la carga de la prueba, en el último supuesto contenido en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, es decir, cuando se trata de hechos notorios, por ser este un presupuesto que no está contenido en el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, observa el Tribunal que en la forma como la demandada dio contestación a la demanda han quedado admitidos los hechos relativos a la existencia de la relación de trabajo entre las partes, sus fechas de inicio y terminación, el cargo desempeñado, que el trabajador pertenecía a la nómina mayor de la empresa demandada, hechos que quedan fuera de la controversia, la cual queda limitada a determinar si efectivamente el cambio de régimen prestacional constituyó un desmejoramiento para el trabajador y si dicha situación atentó contra sus derechos adquiridos conforme a normas imperativas y de orden público como lo son el Derecho Laboral.

Establecido lo anterior, este Tribunal pasa a valorar las pruebas que constan en el expediente, a fin de determinar cuáles de los hechos controvertidos han quedado demostrados en el proceso:

En la oportunidad de la promoción de pruebas, la parte demandante por intermedio de sus apoderados judiciales, procedió a promover los siguientes elementos probatorios:

Con el libelo de la demanda consignó copia simple de finiquito de prestaciones sociales emanado de la demandada, de la cual se solicitó su exhibición, observando éste Tribunal que el mismo fue reconocido por la demandada en la audiencia de juicio, en consecuencia se le otorga pleno valor probatorio, por cuanto del mismo se evidencia, la fecha de inicio y finalización de la relación laboral, que el actor pertenecía a la nómina mensual mayor, su salario mensual conformado por un sueldo básico, una ayuda de ciudad y un bono compensatorio, el salario integral devengado por la cantidad de 1 millón 717 mil 421 bolívares con 87 céntimos, el motivo de la terminación de la relación laboral por jubilación normal, así como los pagos efectuados por la demandada a favor del actor por la cantidad de 28 millones 461 mil 645 bolívares con 84 céntimos, por concepto de indemnización de antigüedad por norma y el preaviso legal.

Copia simple de expediente administrativo de reclamación por diferencia de prestaciones del ciudadano H.G., documental que es desechada por cuanto no aporta elementos que coadyuven a dirimir la presente controversia.

Copia simple de finiquito de vacaciones correspondiente al período 2000-2001, y cancelado en fecha 31 de agosto de 2001, documental que es desechada por cuanto no aporta elementos que coadyuven a dirimir la presente controversia. -

Copia simple de detalles de sueldo del actor, observando éste Tribunal que los mismas fueron reconocidos por la demandada en la audiencia de juicio, en consecuencia se les otorga pleno valor probatorio por cuanto se evidencia el salario básico devengado, que el actor pertenecía a la nómina mensual mayor, así como el pago efectuado por la demandada por ayuda única especial, bono compensatorio, utilidades anuales, gozando además de seguro catastrófico, seguro de vida, de hospitalización, cirugía y maternidad, plan odontológico, seguro de accidente opcional, plan de vida opcional, seguro de accidentes, entre otros.

Copia simple y original de comunicación emitida por la demandada al Banco Mercantil, la cual fue promovida a los fines de demostrar que el actor había dejado de prestar sus servicios para la demandada a partir del 01 de enero de 2002, lo cual no es un hecho controvertido en la presente causa, en consecuencia la misma es desechada. -

Junto con el escrito de promoción de pruebas invocó el mérito favorable que arrojan las actas, lo cual no es un medio de prueba, sino una solicitud que el juez está en el deber de aplicar de oficio siempre, sin necesidad de alegación de parte, siendo una pretensión de la parte en base a su misma necesidad de resultar favorecida en la valoración de los elementos probatorios existentes en el proceso con base al principio de la comunidad de la prueba, razón por la cual al no ser promovido un medio susceptible de valoración, este Tribunal no tiene elemento alguno que valorar.

Copia simple de Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre PDVSA Petróleo y Gas, S.A., y las Organizaciones Sindicales FEDEPETROL, FETRAHIDROCARBUROS SINTRAIP y los DELEGADOS ELECTOS POR LOS TRABAJADORES PETROLEROS, correspondiente al periodo 2000-2002, la cual conoce ésta Alzada de conformidad con el principio iura novit curia. Así se decide.-

Promovió la prueba de exhibición de las siguientes documentales:

• Finiquito emanado de la empresa demandada, de fecha 01 de enero de 2002. Respecto de ésta documental se observa que la misma fue aceptada por la parte contraria, sobre la cual ya se pronunció ésta Alzada supra.

• Detalle de pago mensual correspondiente al mes de septiembre del año 2001, a los efectos de demostrar que en dicho mes el actor laboró para la empresa demandada, quedando según su decir interrumpido el disfrute de sus vacaciones causadas en el período Enero 2000 – Enero 2001. Respecto de ésta prueba se observa que no consta en actas la exhibición por parte de la demandada de la referida documental, no obstante, la parte requirente no acompañó una copia simple del documento, así sea fotostática o mecanografiada, a los fines de que reflejara su contenido, así como tampoco suministró un medio de prueba que constituyera presunción grave de que el instrumento se encuentra actualmente o se ha encontrado anteriormente en poder del requerido, en consecuencia, no existe elemento de convicción alguno sobre el cual pronunciarse éste Tribunal.

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De su parte la parte demandada únicamente procedió a invocar el mérito favorable que se desprenden de las actas procesales, sobre la cual ya se pronunció ésta Alzada supra.

Ahora bien, el Juez de juicio, haciendo uso de las facultades que le confiere el artículo 103 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, procedió a interrogar al ciudadano H.G.D., parte actora en la presente causa, quien manifestó que comenzó a laborar para la empresa demandada como obrero en el año 1975, que es Técnico Químico Medio, que su último cargo fue el de Supervisor en el Departamento de la Gerencia de Automatización Industrial; pero que anteriormente a esto se había desempeñado como Supervisor de Planta, supervisando los trabajos en la misma. Asimismo, manifestó que su trabajo consistía en supervisar que los trabajos que se realizaban en planta fueran idénticos a los planos, para no ocasionar daños catastróficos.

Respecto de la declaración del actor, éste Tribunal observa que el mismo desempeñó el cargo de supervisor, cuya función consistía en supervisar los trabajos realizados por otros trabajadores, es decir, el ciudadano H.G. tenía personal bajo su cargo. Así se establece.

Delimitada la carga probatoria y valorados como fueron los elementos probatorios aportados por las partes, el Tribunal, para decidir, observa:

La nota de minuta No. 1 de la Convención Colectiva Petrolera establece que la nómina mayor de la industria petrolera está conformada por un grupo de empleados cuyo nivel dentro de la estructura organizativa de la empresa, tiene como soporte un conjunto de beneficios y condiciones plasmadas en una básica filosofía gerencial cuyas normas y procedimientos contemplan condiciones que en su conjunto en ningún caso son inferiores que las del personal cubierto por la convención, y conforme lo establece la doctrina (Sainz Muñoz), estos trabajadores que están integrados por los profesionales y técnicos de la industria petrolera, son los que la Ley Orgánica del Trabajo califica como trabajador de confianza.

Estos trabajadores de la nómina mayor están excluidos de la Convención Colectiva Petrolera, firma contratos individuales de trabajo, y tienen igualmente “paquetes” de condiciones de alto contenido económico y social, constituyen el soporte profesional de las tecnologías de punta petrolera y han sido objeto de una intensiva y permanente preparación, estando subordinados a la nómina ejecutiva y efectivamente, por decisión de la nómina ejecutiva de la empresa fueron transferidos al nuevo régimen de prestaciones.

Así que tenemos que en la industria petrolera, la nómina ejecutiva, por razones obvias, expresa el autor S.M.g. de beneficios muy superiores a la nómina mayor con la alta gerencia y la nómina mayor tiene beneficios muy superiores a la nómina contractual, diaria o menor y a los trabajadores de la nómina mayor se les pasó al nuevo régimen de prestaciones sociales, manteniéndose la nómina contractual en el régimen prestacional de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990.

Ahora bien, alega el actor que a partir del año 1998 su patronal, a su criterio, cambió el régimen contractual que hasta entonces venía disfrutando equiparables en cuanto a sus beneficios, conceptos y cálculos de prestaciones sociales y demás conceptos laborales al contenido del Contrato Colectivo Petrolero, para el nuevo sistema aprobado de 1997 establecido en la Ley Orgánica del Trabajo. Asimismo, alegó que la patronal no canceló las prestaciones sociales y demás conceptos laborales conforme al régimen del cual venía disfrutando en iguales términos que la Contratación Colectiva Petrolera, lo cual según su decir era más favorable, en efecto, que no le fueron calculados los conceptos laborales conforme al último salario devengado, supuestamente bajo la premisa de que a los mismos les correspondía su cálculo conforme al régimen vigente por la Ley Orgánica del Trabajo de junio de 1997, situación ésta que atenta contra sus derechos adquiridos conforme a normas imperativas y de orden público como son las de Derecho Laboral. Finalmente, alegó que para el supuesto negado que su representado estuviera excluido de dicha normativa contractual, ello tampoco justifica el cambio de régimen, por cuanto tal y como es reconocido por la patronal, los conceptos cancelados obedecen a una normativa interna que se equipara a iguales beneficios contenidos en la Convención Colectiva Petrolera.

Ahora bien, del análisis comparativo de los sistemas prestacionales de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990 y de la Ley de 1997, observa este sentenciador que el régimen de 1997, contrario a lo que propugna el actor en su libelo, y que se aplica tanto a la nómina ejecutiva y a la nómina mayor de la empresa en modo alguno es menos beneficioso que el aplicado a la nómina contractual.

La causa por la cual el régimen de 1997 debe ser considerado más beneficioso para los trabajadores es porque esa reforma no sólo comprende el sistema de liquidación de prestaciones sociales, sino también la noción de salario del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, que incluso es más amplio que la cláusula 8 de la Convención Colectiva Petrolera, que deja por fuera mayores excepciones que las previstas en el parágrafo tercero del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Por otra parte la cláusula 9 del régimen de prestaciones sociales de la Convención Colectiva Petrolera, si bien establece una liquidación doble, es decir 60 días por año, este beneficio de 60 días por año se consolida en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo e incluso lo supera al prever dos (2) días adicionales acumulativos a partir del primer año, independientemente de los 30 días por año adicionales en caso de indemnizaciones por despido hasta un máximo de 150 días.

Así mismo, en el sistema previsto en la cláusula 9 de la Convención Colectiva Petrolera, el preaviso se cancela a salario normal, mientras que en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo se cancela a salario integral.

Ahora bien, el sistema de la Convención Colectiva Petrolera plantea una liquidación al último salario, que se ve compensado en el sistema de la Ley Orgánica del Trabajo con el abono mensual de las cantidades que corresponden al trabajador por antigüedad, lo cual permite que esa cantidad genere intereses sobre prestaciones sociales mes a mes, capitalizados anualmente.

Cuando el artículo 672 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que los regímenes de fuentes distintas a la Ley, que en su conjunto fueren más favorables al sancionado en los artículos 108, 125, 133 y 146 de la Ley, esto es, aquellos que regulan lo relativo a la prestación de antigüedad, la noción de salario, las indemnizaciones por despido injustificado y la base de cálculo de esta última, esto es, los temas fundamentales que fueron modificados con la reforma parcial de la Ley Orgánica del Trabajo, se aplicarán con preferencia, establece que no se pueden acumular beneficios, de modo que un trabajador que aceptó un cambio de régimen (sin alegar despido indirecto dentro de los 30 días siguientes al cambio), que le permitió beneficios superiores a los que su régimen inicial le permitía, mal puede pretender alegar ahora, terminada la relación laboral, tal desmejoramiento y mucho menos señalar discriminación.

Ahora bien, respecto al hecho alegado por la parte actora en cuanto a que le eran cancelados dentro de las documentales señaladas como detalles de sueldos / salarios consignados por éste, los conceptos concebidos en la Contratación Colectiva Petrolera como lo son: ayuda única especial y bono compensatorio, ello obedece a lo que la propia parte accionante señaló en su escrito libelar, es decir, que el ciudadano H.G., venía disfrutando de beneficios, conceptos y cálculos de prestaciones sociales y demás conceptos laborales equiparables o en iguales términos al contenido del Contrato Colectivo Petrolero, todo ello en virtud de que los beneficios de las nóminas ejecutiva y mayor, en su conjunto en ningún caso son inferiores a los de la nómina contractual, a la cual el actor pretende ser asimilado luego que durante la relación laboral disfrutó de aquellas. Así se establece.

Surge en consecuencia, la desestimación del recurso de apelación ejercido por la parte demandante, por lo que resolviendo el asunto sometido al conocimiento de este Juzgado Superior, en el dispositivo del fallo se exonerará a la demandada de las pretensiones ejercidas en su contra, confirmando el fallo apelado. Así se decide.

DISPOSITIVO

Por lo expuesto, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en el ejercicio de sus facultades legales, administrando justicia por autoridad de la Ley, declara: 1) SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte demandante, contra la sentencia de fecha 31 de enero de 2007, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en el juicio que sigue H.G.D. frente a la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO, S.A. 2) SIN LUGAR la demanda intentada por H.G.D. frente a la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO, S.A. 3) SE CONFIRMA el fallo apelado. 4) SE CONDENA en costas procesales a la parte demandante recurrente tanto respecto de la demanda intentada como en cuanto al recurso de apelación ejercido, todo en conformidad con los artículos 59 y 60 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE.

NOTIFÍQUESE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Dada en Maracaibo a dos de octubre de dos mil siete. Año 197° de la Independencia y 148° de la Federación.

EL JUEZ

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Miguel Agustín URIBE HENRÍQUEZ

La Secretaria

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Alejandrina ECHEVERRÍA CORONA

Publicada en el mismo día su fecha a las 12:57 horas. Registrado bajo el No. PJ0152007000609

La Secretaria

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Alejandrina ECHEVERRÍA CORONA

MAUH / AEC / jmla

VP01-R-2007-000693