Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Carabobo, de 19 de Diciembre de 2012

En fecha 10/04/2012, se recibió escrito de la Fiscalía Décima Sexta mediante el cual notifica a este tribunal del inicio de la investigación seguida al ciudadano R.N.D.F.V., por la presunta comisión de delitos previsto y sancionado en la Ley Orgánica Sobre el derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana B.G.M.Q., asimismo la antes mencionada fiscalía solicito audiencia para oír a las partes.

El día 14/06/2012, se recibió escrito de la defensa del ciudadano R.N.D.F.V., mediante el cual solicita se deje sin efecto las medidas de protección y seguridad impuestas a favor de la victima de conformidad con lo establecido en el articulo 87 ordinales 3, 5 y 6 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Consta inserta a los folios ciento cuarenta al ciento cincuenta y cuatro (140-154) del presente asunto primera pieza, solicitud suscrita por los ciudadanos fiscales del Ministerio Publico, Abg. M.G., en representación de la Fiscalía Trigésima Primera (31) como fiscal comisionada y el abogado R.E.S.D.F. auxiliar encargado O.S. (82) con Competencia en Materia de Defensa Para la Mujer a Nivel Nacional.

Omissis…

Constituido que fue el Tribunal se procedió a ceder el derecho de palabras a las partes en el orden siguiente:

A las representantes del Ministerio Publico, abogada M.G., fiscal Trigésima Primera, quien expuso: “…En fecha 10/04/2012 la Fiscal Nº 16º del Ministerio Público, presentó escrito donde solicita la fijación de audiencia conforme a lo previsto en el artículo 88 de la ley especial, con la finalidad de que este Juzgado imponga medidas de protección y seguridad al ciudadano R.D.F., posteriormente fueron remitidas las actuaciones a la Fiscalía 31º y una vez recibidas, del análisis minucioso que hizo a las actuaciones se observa que no se habían impuesto medidas al investigado, con ocasión de los hechos denunciados ante la Sub-Delegación las Acacias, por parte de la ciudadana Bhades Gabriela Montenegro Quintero…

Posteriormente toma la palabra la Fiscal Nº 82 (A) del Ministerio Público a Nivel Nacional con competencia plena en materia de Defensa de la Mujer, Abg. M.B.M.C., exponiendo: “…Esta representación fiscal con competencia nacional en materia de Defensa de la Mujer, fue comisionada por la Dirección de Defensa para la Mujer con sede en la ciudad de Caracas, ya que la víctima fue hasta esa sede y manifiesta que a pesar de la data de su denuncia, hasta la fecha de esa entrevista no le habían sido dictadas medidas de protección y seguridad por parte de la Fiscalía 16º, que era el despacho que llevaba la causa…

Seguidamente se le cedió el derecho de palabra a la victima ciudadana B.G.M.Q., venezolana, mayor de edad, titular de la cedula identidad No. V- 11.359.654, la cual expone: “…Yo duré 12 años casada con el señor R.N.D.F.V., sufro de Violencia domestica desde hace 12 años, golpes amenazas con arma de fuego, desde la tercera semana del matrimonio él se volvió agresivo, yo quise divorciarme muchas veces, pero el señor me decía que se iba a volar los sesos y que yo sería la única responsable, una vez estando de vacaciones en España me subió por la escaleras 04 pisos hacia arriba, me puso toda morada, el 25 de diciembre de este año que acaba de pasar, el señor R. por una molestia que agarró no se con quien, llegó bravo, me agarró, me tiro en la cama, me escupió la cara, se me montó encima, que yo no podía ni abrir los ojos, me escupió varias veces en la cara, delante de mis hijos, porque muchas veces los niños presenciaron esta Violencia, siempre me decía “pela huevo, puta, maldita, sucia, desgraciada, vete de mi casa, vete de mi empresa, ponte a trabajar, no eres nadie”, esto delante de los empleados y de cualquier persona que estuviese, hace dos años decidí que no más, y fue cuando le hablé de divorcio, le dije vamos a conciliar, agarra lo tuyo, dame lo mío y terminamos con esto, desde hace dos años el decidió que yo no entrara más a la empresa, me corría de la casa todo el tiempo, en fecha 07-02-12 fue cuando denuncié por primera vez en el CICPC de las Acacias en fecha 13-02-12, también la Policía del Bosque me asistió a la casa, pero no le impusieron medidas, nosotros nos divorciamos en el 2010, en ese hogar quedamos ambos, compartíamos la casa, vivíamos todos juntos, el día 07-01-12 como a las 02:00 de la tarde, discutimos porque, me llamaron del colegio avisando que los niños estaban todavía allá, él apagó el teléfono, no avisó nada y cuando llegó yo le reclamé que había pasado con los niños, él se molestó y comenzó a agredirme, me golpeó por los brazos y los antebrazos, en ese momento la señora J. delC., El le compró un carro, por eso declaró a favor de él, ahí fui a Medicatura Forense, el 13-03-12 cuando iba llegando del colegio con los chamos me conseguí el cerco electro del portón cortado, con 04 hombres de una empresa de vigilancia dentro de la casa, él se metió con su hijo mayor también y violaron todas las puertas, imposibilitando mi acceso, desde el 07-02-12 que él me golpeó se despareció hasta el 13-03-12 que hizo todo ese desastre, que nos sacó de la casa a mí y a sus hijos, no nos dejó ni sacar un juguete de los niños, él se mofaba y hacía como unos gemidos de gato burlándose de sus propios hijos, el día 13-03-12 fui a la Fiscalía 16º donde me atendió la F.M.E., ella me dijo que no tenían competencia para conocer porque esas medidas eran a favor de los niños, que debía ir a una Fiscalía con competencia en materia de Protección, fui a la Fiscalía 21º que era la que estaba de guardia, pero allí me dijeron que no podía hacer nada, el 14-03-12 fui de nuevo a la Fiscalía 16º donde la F.M.C.T., me dijo que no podían hacer nada porque no había flagrancia. Ciudadana Jueza no es fácil vivir sin medios económicos, costeando un hotel, yo no puedo trabajar porque este señor no me deja ni entrar a la empresa donde yo laboraba y de la que soy copropietaria, de paso una cuenta que yo tenía en la que él tenía firma autorizada, el señor me la vació, el no le pasa ni medio a los niños desde hace 05 meses, he ido a la Fiscalía de Protección, a los Consejos de Protección, a la Fiscalía Nacional pero todo se ha quedado ahí, yo solicito que me reingresen a mi hogar, con mis hijos, que me protejan de él, que lo desarmen, todo el tiempo vive amenazando a uno con esa arma, que no es una pistolita de agua, prueba de ello es que el día 23 de mayo que vino al Palacio de Justicia, tuvo que dejarla abajo en seguridad, yo no quiero estar más con la mortificación de que este señor me va a dar un tiro a mí o a mi familia, su conducta hacia mí es demasiado agresiva, reiterada y bien precisa hacia mí, con ofensas, golpes, amenazas y maltratos físicos y verbales, el tiene es una pistola con dos cacerinas de 46 balas cada una, yo nunca denuncié porque tengo mis dos hijos y por esa razón aguanté todo esto, ya no tengo más a donde recurrir, denuncié y fíjese todo lo que pasó, hasta el expediente se extravió en el CICPC, porque no aparecía la Medicatura, luego fue que apareció, el CICPC nunca me informó que yo debía acudir a Fiscalía cuando yo denuncie, me siento indefensa en esta situación, solo pido que se me proteja ante todo, es todo...”

Acto seguido se le cedió el derecho de palabra al ciudadano Q.A.. J.V.S., cual expone: “…Esta representación quiere ratificar y adherirse en todas y cada una de sus partes a la solicitud que hiciera la representación fiscal en esta audiencia, y especialmente solicita al Tribunal confirme las medidas de protección dictadas con ocasión a la solicitud que se hiciera por ante la Fiscalía Nacional y que corre inserta en autos, y solicita también se dicte la medida de protección contenida en el artículo 87 de la ley de Violencia contra la Mujer, en los numerales 9….

Seguidamente se le impone al ciudadano R.N.D.F., del Precepto Constitucional contenido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, especialmente en su ordinal 5to, el cual establece “Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad...” y de las demás disposiciones legales aplicables, y se identifico de la siguiente manera: R.N.D.F.V., venezolano, natural de Valencia-estado Carabobo, de 46 años de edad, fecha de nacimiento 27-06-1966, titular de la cedula N° V- 7.099.960, de profesión u oficio Licenciado en Sistemas Automotrices mención D., grado de instrucción universitario, hijo de A.D.F. (F) y S.V. (V), R. en Colinas de Guataparo, Conjunto Residencial El Solar, calle 03, parcela Nº 81, vía el Hato Royal, Parroquia San José, Municipio Valencia, estado Carabobo, teléfono: 0412-3417200; el cual manifestó su deseo de declarar y en garantía del derecho de ser oído se le concedió el derecho de palabra y expuso: “…Yo me enamoré de la señora B. en el año 200, me casé con ella, la respeté y la amé durante muchos años, jamás la toqué, la quería más que a mi vida, lo que fue un error por cierto, en el año 2009 debido a varias fracturas del amor, decidimos en buena pro (mutuo acuerdo) divorciarnos, ese mismo año ella viajó para Francia a realizar unos negocios para Madrid, Barcelona y Valencia, España como consta en el expediente a partir de ese año, tiene un contrato de arrendamiento en un Edificio en la Trigaleña llamado Tivoli, desde el 2009, los dos menores hijos y su padre se quedaron viviendo conmigo, ella vivía en el Tivoli, ella se fue sola, por eso es mentira lo que ella dice porque ella ya no vivía allí, ella se fue a vivir a ese Edificio con su nueva pareja, cuando nos divorciamos hicimos la partición de bienes, ella se quedó con dos inmuebles, dinero en efectivo y el valor de las acciones de la empresa a la que ella dice que no se le permitió el acceso, esa empresa ella firmó y tiene sus huellas digitales donde ella no tiene nada que ver en la empresa, todo lo que yo estoy diciendo se puede constatar con los movimientos migratorios, ese día 13-03-12 ella fue almorzar a la casa, porque el padre le permitió el acceso, ella misma citó a la señora de servicio a la PTJ y ella ha dado una sola versión, yo solo cambié el control del portón, y el padre de ella que residía conmigo tiene el control, mis 04 hijos están a su merced, yo estoy viviendo en Castillito porque la casa la alquilé, usted sabe cuántas veces ha ido la Fiscalía, los funcionarios que han ido a la casa, los funcionarios del CICPC; eso ha mermado el trabajo, eso me ha afectado, allí están los contratos de arrendamiento y los vouchers de depósito, porque yo pagaba los alquileres por el dinero que le debía de la empreza, yo soy tan malo que yo fui quien me quedó cuidando los niños, y con su padre, porque ella dijo que los apartamento que están en el Viñedo con lo que ella se quedó, ella me dijo que no estaban a su nivel y por eso no se iba a mudar allí, y decidió alquilar un carísimo en el Viñedo, nosotros nos divorciamos en el año 2009 y luego en el 2010 ratificamos, primero me dijeron que éramos concubinos, luego me dijeron cosas atroces, ella también vivió en la Avenida Cuatricentenaria vía Guataparo Country Club, Residencias Terrazas del Mirador, T.C., piso 13, apartamento 13-C, al padre de ella lo quería como un padre, el se quedó viviendo conmigo, mientras ella iba al exterior, luego ella regresó al país, pero su padre y los niños siguieron viviendo conmigo, yo alquilé la casa el día 17-03-12, que sucede la señora se divorcia en el 2009 no hace nada por trabajar, por generar dividendos, sigue viviendo x cosas, 03 años viviendo una vida como la que ella vivía, le han mermado sus dividendos y ella tiene que buscar quien le genere los dividendos, supuestamente a ella le falsé la mano, llamaron a declarar a la señora J.G., quien prácticamente fue quien crió nuestros hijos, en el 2009 cuando ella se retiró del ámbito familiar los niños eran unos bebés, tengo porte arma, pero actualmente no la porto, tengo una sola marca G. de calibre 45, mis amados hijos estaban solo medio tiempo en “Niños en acción”, desde que ella los tiene estudian todo el día, están a tiempo completo, mis hijos no deben medio porque eso lo estoy pagando yo, allí comen, se bañan, pasan todo el día, yo no entiendo porque ella no se lleva a los niños a su apartamento alquilado en Terrazas del Bosque, solo quiero paz para mis niños, paz para mí y hasta para ella, nosotros nos amamos infinito en algún tiempo, cuando yo le impido el acceso a ella cuando cambien el control, mis hijos y el padre de ella no pudieron entrar, las cosas de ella no están en la casa no hay nada ella se las llevó, los de los niños está todo y hay algunas cosas de él, pregúntele al señor quien lo cuidaba, quien le dio el carro, quien lo llevaba a las operaciones, porque su hija no quedó con él, yo tengo arma, debido a mi trabajo, yo a veces me traslado al lugares rurales para reparar máquinas, pago nómina en efectivo, quiero paz y ecuanimidad, que se soporte la decisión en esos escritos que constan en el expediente, porque se ha llevado a un rumbo penal, cuando más bien quieren darle un rumbo mercantil, yo no he sacado a mis hijos, yo no quiero que ella ingrese, yo no he dicho que mis hijos no pueden ingresar, ella los puede dejar en la puerta y ellos pueden ingresar, si ella tiene su casa porque ella tiene que cuidar a los niños en mi casa, si nosotros nos separamos en el año 2009, porque es que ahora en el año 2012 ella pretende vivir nuevamente en mi hogar, yo cambié el control porque no puede ser que ella entraba a mi casa cada vez que quería, y su padre le daba acceso, yo por eso me mudé a Castillito, es todo...”

En garantía del derecho a la defensa se le cedió el derecho de palabra al ciudadano abogado H.G., quien expuso lo siguiente: “…Sorprende mucho a esta defensa, de que si estamos bajo la premisa de la norma penal como es el COPP, y como ampara el Ministerio Público el artículo 285 del COPP, no entiendo como la Fiscalía 16º del Ministerio Público no hizo uso de las medidas de protección, en escrito enviado este despacho judicial la ciudadana Fiscal 16º el 09-04-12 indica en su escrito, que en razón a la presente investigación de manera muy responsable ya que la presunta víctima hoy en día le solicitaba su reingreso a su residencia, cita la ciudadana F., la Dra. M.C.T. en su escrito, que llamó a la Dirección general a la ciudad de Caracas y habla con el abogado de dicha dirección, donde entre otras cosas indica la ciudadana F. 16º, que estamos en frente de un inmueble que no es competencia del F. de Ministerio Público, indicándole dicha dirección a través del abogado adjunto a la Dirección General e Caracas, que en vista de la situación se le impusiera a mi representado las medidas de protección preceptuadas en el artículo 87 ordinales 5º y 6º de la ley especial, por eso no comprende como el Ministerio Público hay argumenta que no fueron impuestas medidas de protección, asimismo le solicitaron que se remitiera a esa Dirección una minuta de esa caso, sorprende mucha que la Fiscal 82º nacional a través de un escrito le remite a la ciudadana F. 31º de esta jurisdicción que se le impongan las medidas previstas en los numerales 3º, 4º, 5º y 6º del artículo 87 de la ley especial, como puede haber tal contradicción entre los órganos del Ministerio Público, habiendo indivisibilidad del Ministerio Público, siendo órdenes contradictorias, de imponer unas medidas y luego una orden distintas, sorprende que la Fiscal Nacional remite vía correo oficio, para que la Fiscal 31º, imponga estas medidas las del ordinal 3º, 4º, 5º y 6º, está claro que la señora B. no residía en esta casa, o fuese residencia propia del hogar, ya que establece la norma que para que la presunta víctima sea reingresada y ordenas la salida del agresor de la residencia deben vivir juntos, a fin de evitar las agresiones, como es la parte de protección de la ley, en fecha 07-06-12 se impusieron de las medidas ante la Fiscal 31º de esta jurisdicción, donde le indicamos de que estábamos de acuerdo con las medidas de protección 5 y 6, es decir, que sean mutuas y simultaneas estas medidas de no agresión de ambas partes, ya que la hoy víctima ha hecho agresiones verbales y agresiones físicas cada vez que se encuentran en cualquier parte de esta ciudad, situaciones de las que hay constancia tal como se evidencia de denuncia presentada en fecha 13-02-12, donde tiene un citación a los fines de ser imputada el día 10-07-12 por presuntas lesiones, donde existe una Medicatura Forense en la que se hace constar que el señor R. fue lesionado en parte de la ceja, esta defensa quiere solicitar que se declare sin lugar lo peticionado por las Fiscalía 82º Nacional y 31º del estado Carabobo, con relación al reingreso de la presunta víctima y la salida de mi defendido de su residencia, ya que no es un hogar común, ya que consta en autos copia simple del Título de propiedad, copia simple de los documentos notariados donde se evidencia que la ciudadana B. vive en una residencia distinta a la de mi representado…

Exponiendo la representación fiscal lo siguiente: “…La Fiscal 16º dejó plasmado en el escrito de solicitud de fijación de audiencia para oír a las partes, que se consultó a la Dirección para la Defensa para la Mujer, lo cual es un trámite interno, porque el lineamiento es que el F. cuando impone las medidas debe notificarlo a la Dirección, específicamente el ordinal 3º para poder llevar un control, yo quiero pensar que es una mala técnica de redacción, que ella plasma que no hubo imposición de medidas, creo por error plasma esa conversación entre el F. de Adscripción y la Dirección ubicada en Caracas, lo que si queda claro es que no fueron impuestas medidas por la Fiscalía 16º, y lo plasmado respecto a lo sugerido por la Dirección de Defensa para Mujer del Ministerio Público, no impide en modo alguno, la imposición de medidas, así como también queda claro que no fueron impuestas medidas por el órgano receptor de denuncia, es por ello que ante la omisión la Fiscalía 16º, la Fiscalía 82º Nacional una vez que escucha a la víctima, decide imponer las medidas y remite a la Fiscalía 31º del Ministerio Público, para que este despacho fiscal haga el trámite de la imposición, ya que el señor vive acá en Valencia, previa citación y a los fines de que exponga lo que ha bien tenga de conformidad con el artículo 72.4º de la ley especial, en sede fiscal, en relación a la denuncia que se ventila por ante la Fiscalía 20º del estado Carabobo, asumo mi responsabilidad, hice el señalamiento sin consignar…”

Acto seguido se le cedió la palabra al abogado querellante: “…Según la ley especial basta con la denuncia de la víctima para que procedan las medidas de protección, es decir, no se requieren las pruebas que pide la defensa, las medidas de protección está previstas precisamente para proteger a la víctima de la agresión del hombre, es decir, hay prohibición de ley de imponer las medidas para los dos como lo solicitó la defensa, las medidas serán impuestas al presunto agresor solamente, es todo...”

Garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa y el principio de igualdad se le concedió nuevamente el derecho de palabra a la defensa quien expuso: “…Nuevamente la defensa considera y quiere instar a este Tribunal que el artículo 285 constitucional, que son los derechos inherentes a las fiscalía, si usted ve el contenido del oficio que presentó la Fiscalía donde solicitó la fijación de la audiencia, esto contradice esto, por este error inexcusable debe mi defendido ser impuesto a capricho de la Fiscal de una medidas, lo que debe prevalecer es la constitución, no siendo este el organismo competente para dilucidar esta materia, quien me indica que siendo así debería imponerle las medidas previstas en el artículo 87 ordinales 5º y 6º de la ley especial, aquí contradice la ciudadana fiscal cuando envía este oficio con la solicitud presentada al Tribunal, es por ello que pos las mismas contradicciones de la misma Fiscalía, que son unidad en el proceso, se declare sin lugar la imposición de las medidas del artículo 87 ordinales 3º y 4º de la ley especial, la Fiscalía 16º cuando informa al D. General que la situación puesta ante su conocimiento, es todo…”

Ahora bien, una vez oídas las partes hacer sus alegatos este Tribunal, en estricto apego a las normas constitucionales y legales anteriormente descriptas y fundamentando su decisión en los siguientes artículos 88 y 91 numerales 1 y 2 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, considera esta J. necesario traer a colación el contenido de las normas legales que permiten la confirmación sustitución y revocación de dichas medidas.

El Art. 88 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el cual dispone:

…En todo caso, las medidas de protección subsistirán durante el proceso y podrán ser sustituidas, modificadas, confirmadas o revocadas por el órgano jurisdiccional competente, bien de oficio, o a solicitud de parte. La sustitución, modificación, confirmación o revocación de las medidas de protección procederán en caso de existir elementos probatorios que determinen su necesidad…

(Subrayado de este Tribunal)

Asimismo la norma contenida en el artículo 91 ordinales 1 y 2 de la Ley que rige la materia, lo otorga al órgano jurisdiccional, la potestad de modificar, sustituir, confirmar o revocar las medidas de protección y seguridad impuestas por el órgano receptor de denuncias y acordar aquellas medidas solicitadas por la mujer víctima de violencia o el Ministerio Publico, es por todo lo antes expuesto el tribunal emite los pronunciamientos siguientes:

En virtud de la solicitud efectuada por la Fiscalía 31º del Ministerio Público del estado Carabobo y de la Fiscalía 82º Nacional con competencia en materia de Defensa para la Mujer, de conformidad con los artículos 88 y 91 en su ordinal 1º y 2º de la Ley especial, que facultan a esta J. a confirmar, revocar o modificar las medidas de protección y seguridad dictadas por el órgano receptor, así como acordar cualquier otra medida a solicitud de las partes, vale decir, víctima, Ministerio Público, querellante, por lo que oído lo manifestado por las partes en la sala de audiencia, en relación a los alegatos de la defensa y del presunto agresor. Se acuerda RATIFICAR las medidas de seguridad y protección previstas en los ordinales 5º y 6º del artículo 87 de la Ley especial, consistentes en: La prohibición de acercarse a la víctima, en su lugar de trabajo, residencia o lugar de estudios y Prohibición de perseguir y acosar a la ciudadana victima por sí o por interpuesta persona.

Es necesario en este punto señalar que el investigado manifestó en sala que el inmueble fue arrendado (04) días posterior a que se le impidiera el acceso a la víctima, con un supuesto cano de arrendamiento de diez mil (10.000,00) bolívares fuertes, cabe destacar que ni el presunto agresor, ni su defensa, acreditaron en sala con la presentación de un contrato de arrendamiento del inmueble, bien sea público o privado, donde puedan demostrar que dicho inmueble se encuentra alquilado, por otra parte cuando se le solicitó al investigado sus datos personales y su dirección actual este manifestó y aporto a viva voz la siguiente dirección: Residencia Colinas de Guataparo, Conjunto Residencial El Solar, calle 03, parcela Nº 81, vía el Hato Royal, Parroquia San José, Municipio Valencia, estado Carabobo, siendo esta la residencia donde la víctima manifestó que habitaba con sus hijos, queda claro para esta juzgadora que el ciudadano R.N.D.F.V., reside en dicha residencia, en vista de que el mismo lo indico, también alego la defensa que la señora B. no residía en esta casa, o fuese residencia propia del hogar, ya que establece la norma que para que la presunta víctima sea reingresada y ordenar la salida del agresor de la residencia deben vivir juntos, a fin de evitar las agresiones, como medida de protección de la ley especial. En relación a este argumento cabe enfatizar que se ha señalado en reiteradas oportunidades que la víctima no reside en dicha vivienda porque fue desalojada de la misma en fecha 13/03/2012 por el presunto agresor lo que motivo a la victima acudir a los órganos competentes a vale decir, Ministerio Publico y al órgano jurisdiccional, los fines de su reintegro cuando la defensa hace referencia al hogar en común es en base a lo establecido en el numeral 3 del artículo 87 de la ley especial que rige la materia, sin embargo ha sido tan cuidadoso y garante el legislador que agrega en ese mismo ordinal, que cuando se refiere a la salida del presunto agresor establece que independientemente de su titularidad, refiriéndose al inmueble: A juicio de esta juzgadora, es tan garante el legislador en cuanto a la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, que deja claramente que aún cuando el bien no sea de la propiedad del presunto agresor, debe protegerse a la mujer en su integridad, física, sexual, psicológica y patrimonial.

Ahora bien, quien aquí suscribe oída la declaración de la víctima y su solicitud de reintegro a la residencia con sus menores hijos en virtud que está viviendo en la habitación de un hotel, lo cual acredito con facturas consignadas en el presente asunto, este despacho partiendo de lo preceptuado en el artículo 91 ordinal 2º, que establece que el Tribunal puede acordar aquellas medidas solicitadas por la mujer víctima de violencia y la misma la solicitó ante este Juzgado a viva voz en la audiencia realizada, es por lo que se IMPONE al ciudadano R.N.D.F.V., la medida de protección y seguridad contenida en el ordinal 4º del artículo 87 de la ley especial, que consistente en el reintegro de la ciudadana B.G.M., a la residencia ubicada en el sector Colinas de Guataparo, Conjunto Residencial El Solar, calle 03, parcela Nº 81, vía el Hato Royal, Parroquia San José, Municipio Valencia, estado Carabobo, y la salida simultanea del presunto agresor ciudadano R.N.D.F.V., de dicho inmueble, quedando autorizado por el Tribunal solo a retirar sus enseres personales y herramientas de trabajo. Este Tribunal se aparta del criterio manifestado por el Ministerio Público de no imponer lo indicado en el contenido normativo del artículo 87 ordinal 4º de la Ley especial, en virtud de que el mismo ordenamiento jurídico faculta a la victima a realizar dicha solicitud y así fue esgrimida ante este Tribunal en la sala de audiencia. Para ello se ordenó oficiar al C. General de Brigada, S.R.M., de la Compañía Regional Nº 02 de la Guardia Nacional Bolivariana, con sede en la ciudad de Valencia, a fin de que dos o tres funcionarios de ese Comando acompañen a la ciudadana para su ingreso a la residencia en horas de la mañana del día 03-07-12, a los fines de evitar cualquier tipo de confrontación, y se designo la ciudadana B.G.M.Q., correo especial para el retiro del oficio y su entrega a la Guardia Nacional.

Asimismo, se declara improcedente la solicitud del Ministerio Público, de ratificar el ordinal 3º del artículo 87, en virtud de que es inoficioso por cuanto la víctima ya no se encuentra dentro del inmueble, y con la imposición de la medida prevista en el ordinal 4º se ha ordenado la salida del presunto agresor.

Por todos los argumentos de hecho y de derecho antes mencionados se declara sin lugar la solicitud formulada por la defensa del investigado, en relación a los numerales 3 y 4 del antes mencionado artículo por los cuales hizo oposición la defensa. Igualmente en relación a la solicitud efectuada por el Ministerio Público y no hubo oposición de la defensa en relación al ordinal 11 del artículo 87 en comento, este Tribunal conforme a lo consagrado en el artículo 91 numeral 2 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, IMPONE la medida contenida en el ordinal 11º del artículo 87 ejusdem, consistente en la obligación de suministrarle a la víctima el sustento necesario la cantidad de DOS MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs.2.500,00) MENSUALES, durante un lapso de CINCO (05) MESES, para lo cual la víctima deberá suministrar al juzgado un número de cuenta a fin que el investigado pueda dar cumplimiento a la medida. En la misma audiencia la ciudadana B.G.M.Q., suministro los datos de la cuenta corriente Nº 01910186052100003615 del Banco Nacional de Crédito a nombre de la misma.

En relación a la solicitud de imposición de medidas de seguridad y protección solicitadas por el abogado querellante, relativas a los ordinales 8º y 9º del referido artículo 87; este juzgado a los fines de proteger los derechos y la integridad física de la víctima, acordó IMPONER el ordinal 8º, es decir: El apostamiento policial en el lugar de residencia de la víctima, para lo cual se acordó oficiar a la Estación Policial de la Policía de Carabobo más cercana a la residencia de la misma (victima) a fin de su cumplimiento.

En cuanto a la solicitud de la medida del ordinal 9º del artículo 87 de la Ley especial, así como la petición del abogado querellante con relación de dirigir oficio a la oficina del Alguacilazgo de este circuito judicial para que por esta vía de informes al este despacho si el presunto agresor el día 23-05-12, dejó el arma que portaba bajo el resguardo de ese Alguacilazgo, se declara SIN LUGAR, por cuanto el mismo investigado manifestó en sala que posee arma debidamente permisada, por lo tanto se considero inoficioso, respecto al numeral 9 referido a la retención del arma, también se declara improcedente en vista que no se acredito cual es el estado de peligro o gravedad en la que se encuentra la víctima, a los fines de que este tribunal ordene la retención del arma de fuego aunado al hecho que la víctima se encuentra protegida con el apostamiento policial ordenado, sin embargo a los efectos de verificar si el presunto agresor tiene vigente el porte de arma , SE ACUERDA oficiar al organismo competente a fin que informe si el ciudadano R.N.D.F.V., posee porte de arma a su nombre y en caso de ser afirmativo si dicho porte está vigente.

En consecuencia efectuados los argumentos de hecho y de derecho se declara SIN LUGAR, la solicitud de la defensa del investigado respecto al numeral 8 del artículo 87 de la ley especial, y se DECLARA CON LUGAR la solicitud de no acordar la prevista en el ordinal 9º por los motivos ya mencionados, no así por lo argumentado por la defensa.

Este Tribunal por las facultades conferidas por artículos previamente señalados al inicio de la decisión, IMPONE de oficio las medidas de seguridad y protección conforme a lo previsto en los ordinales 1º y 13º del artículo 87, consistentes en la comparecencia de la víctima y del presunto agresor ante el Equipo Interdisciplinario a los fines de su entrevista, orientación y evaluación conforme a los criterios de dicho Equipo.

Se ordena una intervención o visita social, conforme al artículo 122 ordinal 2º de la ley especial, para lo cual se ordena oficiar al Equipo Interdisciplinaria a fin que se trasladen el día de mañana 03-07-12 a la residencia donde deberá reintegrarse a la víctima, en horas de la mañana.

Se insta al Ministerio Público como parte de buena fe, con el objeto de que se brinde el apoyo a los niños hijos del presunto agresor y la victima para que sean remitidos al Psicólogo, de igual manera se insta a las representantes del Ministerio Público a darle cumplimiento al artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como a dar término a la investigación en el lapso previsto en el artículo 79 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y así se decide.

DECISIÓN

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Materia de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: Primero: En virtud de la solicitud efectuada por la Fiscalía 31º del Ministerio Público del estado Carabobo y de la Fiscalía 82º Nacional con competencia en materia de Defensa para la Mujer, de conformidad con los artículos 88 y 91 en su ordinal 1º y 2º de la Ley especial, que facultan a esta Juzgadora a confirmar, revocar o modificar las medidas de protección y seguridad dictadas por el órgano receptor, así como acordar cualquier otra medida a solicitud de las partes, vale decir, víctima, Ministerio Público, querellante, por lo que oído lo manifestado por las partes en la sala de audiencia, en relación a los alegatos de la defensa y del presunto agresor, se acuerda RATIFICAR las medidas de seguridad y protección previstas en los ordinales 5º y 6º del artículo 87 de la Ley especial. Segundo: Se IMPONE al ciudadano R.N.D.F.V., la medida de protección y seguridad contenida en el ordinal 4º del artículo 87 de la ley especial, que consistente en el reintegro de la ciudadana B.G.M., a la residencia ubicada en el sector Colinas de Guataparo, Conjunto Residencial El Solar, calle 03, parcela Nº 81, vía el Hato Royal, Parroquia San José, Municipio Valencia, estado Carabobo, y la salida simultanea del presunto agresor ciudadano R.N.D.F.V., de dicho inmueble quedando autorizado por el Tribunal solo a retirar sus enseres personales y herramientas de trabajo. Asimismo se declaro improcedente la solicitud del Ministerio Público, de ratificar el ordinal 3º del artículo 87, en virtud de que es inoficioso por cuanto la víctima ya no se encuentra dentro del inmueble, y con la imposición de la medida prevista en el ordinal 4º se ha ordenado la salida del presunto agresor. Se declara sin lugar la solicitud formulada por la defensa del investigado en relación a los numerales 3 y 4 del antes mencionado artículo por los cuales hizo oposición la defensa. Se IMPONE la medida contenida en el ordinal 11º del artículo 87 ejusdem. Tercero: En relación a la solicitud de imposición de medidas de seguridad y protección solicitadas por el abogado querellante, relativas a los ordinales 8º y 9º del referido artículo 87; este juzgado a los fines de proteger los derechos y la integridad física de la víctima, acordó IMPONER, el ordinal 8º de la Ley especial. En cuanto a la solicitud de la medida del ordinal 9º del artículo 87, así como la petición del abogado querellante con relación de dirigir oficio a la oficina del Alguacilazgo de este circuito judicial para que por esta vía de informes al este despacho si el presunto agresor el día 23-05-12, dejó el arma que portaba bajo el resguardo de ese Alguacilazgo, se declara SIN LUGAR, la solicitud de la defensa del investigado respecto al numeral 8 del artículo 87 de la ley especial. Cuarto: Se IMPONE de oficio las medidas de seguridad y protección conforme a lo previsto en los ordinales 1º y 13º del artículo 87 de la Ley especial. Quinto: Se ordena una intervención o visita social, conforme al artículo 122 ordinal 2º de la ley especial. Sexto: Se insto al Ministerio Público como parte de buena fe, con el objeto de que se brinde el apoyo a los niños hijos del presunto agresor y la victima para que sean remitidos al Psicólogo, de igual manera se insto a las representantes del Ministerio Público a darle cumplimiento al artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como a dar término a la investigación en el lapso previsto en el artículo 79 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Remítanse las presentes actuaciones a la Fiscalía Trigésima del Ministerio Publico, al día siguiente de publicada la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el Art. 101 de la ley especial que rige la materia. D., publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión. CÚMPLASE.

2. DEL RECURSO DE APELACION.

El abogado H.G., actuando como Defensor Privado del ciudadano R.N.D.F.V., fundamenta el recurso de apelación en los siguientes términos:

(omissis)

Que habiendo sido dictado Auto donde se ordena imponer Medidas de Protección y Seguridad a mi representado, solicitadas por la Fiscal 31 del Ministerio Público de la Región y 82 con Competencia Nacional, y en tal sentido decreto las Medidas de los numerales 5, 6 y 11 del Artículo 87 de la Ley especial solicitadas por la Fiscalía del Ministerio y los numerales 4 y 8 presuntamente solicitada por la presunta víctima y su abogado, y los numerales 1 y 13 de oficio por Juzgado, por parte de este Tribunal de violencia Primero Primera Instancia en Funciones de Control, de Audiencias y Medidas de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, dicha decisión fue dictada en fecha Dos (02) de Julio de 2012, y debidamente Publicado el auto motivado en fecha Cuatro (04) de Julio del año 2012, violentando así salvo mejor criterio de los Honorables Magistrados los preceptos y garantías constitucionales y procesales previstos en los Artículos 2, 7, 26, 27, 44, 49, 51 Y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 76, 79, 87, 88 Y 91 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como lo preceptuado en los Artículos 4,10,12,13,22, del Código Orgánico Procesal Penal que deben ser apreciados por mandato de la Ley Especial en la Materia, , y dada la posibilidad de injusticia de las decisiones Judiciales los medios de impugnaciones como vías es a través de las cuales se procura mantener el control de esas decisiones en aquellos casos en que se han verificado violaciones legales o procedimentales, es por lo que interpongo formal RECURSO DE APELACION, contra dicha decisión, al amparo en los Artículos 432, 433, 435, 437, 447 Ordinal 5° y 448, todos del Código Orgánico Procesal Penal,

Es el caso H.M. que ha de conocer el presente asunto, a los fines de ilustrarIos del presente asunto quiero hacer de su conocimiento, que el mismo se le da inicio en fecha 13 de Febrero del año 2012 por denuncia de la ciudadana: B.G.M.Q., por ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística Sub Delegación las Acacias quedando signada con la nomenclatura de este cuerpo detectivesco N° 1-917-455 siendo distribuida a la Fiscalía 16 de Ministerio Público Según N° 5644 Y nomenclatura de ese despacho fiscal N° 0289-12, quien al recibir dichas actuaciones ordenó la práctica de unas series de diligencias tendientes a la determinación si la presunta víctima estaba en lo cierto, siendo que en fecha 14 de Febrero del año 2012, se practico una inspección técnica en el lugar de los hechos, se realiza un acta de entrevista en fecha 15 de Febrero del año 2012 a la ciudadana G.N.J. delC., en fecha 14 de Febrero del año 2012 se recibe el Reconocimiento Médico de la presunta víctima, en fecha 21 de Marzo 2012comparece mi representado a la Fiscalía 16 del Ministerio previo notificación en fecha 16 de Marzo del año 2012, en fecha 22 de Marzo del año 2012 se consigna escrito por parte de mi defendido donde se consignan todas las pruebas, en fecha 30 de Marzo del año 2012 la presunta Víctima consigna Partida de matrimonio, Sentencia de Divorcio, Partición de la Comunidad Sucesor al, Contratos de Arrendamiento de la Sociedad de Comercio, Partición de la Comunidad Conyugal, Copia Simple de los Cuadernos de los Niños y Titulo Supletorio de las Bienhechurías del Solar.

Ahora bien H.M., en vista de tales medios de prueba que fueron consignados por la presunta víctima y los medios de prueba que fueron incorporados por la ciudadana fiscal 16 Auxiliar del Ministerio Público de esta Circunscripción Dra. M.C.T.S. fiscal auxiliar 16, y constatando que tales hechos no revestían carácter penal que estamos ante la presencia de una disputa por el bien inmueble toda vez que ambas partes han consignado copias simples de Divorcio, Sentencia, Partición, Declaración Sucesoral, T.S.,. Constancias de Residencias, donde el tema de discusión se presenta por el bien inmueble ubicado en la Urbanización el Solar, Guataparo, Valencia, Estado Carabobo, la Fiscalía 82 del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Defensa de los Derechos de la Mujer, remite Oficio a la Fiscalía Trigésima Primera del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial donde le Ordenaba a mi representado unas Medidas de Protección y Seguridad de conformidad con lo establecido en el articulo 87 numerales 3, 4, 5 Y 6 de la Ley Sobre los Derechos de la Mujer a una vida Libre de Violencia, a favor de la presunta víctima M.Q.B.G., desautorizando de una manera impresionante a la Fiscalía 16 que ya había hecho la solicitud de imposición de unas medidas por ante el Juzgado Primero de Control de Audiencia y Medidas quien ya había fijado la Audiencia a los fines de Oír a las Partes,

H.M. mi representado tal como lo había dicho la representante de la vindicta pública de la Decima Sexta, es lo lógico a los fines de evitar los bochornos, las agresiones verbales y físicas que la presunta víctima le hace a mi representado cada vez que lo encuentra en cualquier lugar de esta ciudad y en su propia residencia, sin embargo como es que Fiscalía 82 del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Defensa de los Derechos de la M. le Ordena la Salida de mi representado de su Residencia y el Ingreso de la presunta víctima donde no convivía con mi defendido sin tener ningún elemento que demuestre su relación y que la misma sean su hogar común, y así lo dejamos plenamente demostrado a la vindicta pública, en este sentido la Ley especial que rige a la materia es clara, contundente y tacita cuando prevé Ordenar la salida del presunto agresor de la residencia en común, así mismo contempla esta norma especial el Reingreso al domicilio a las mujeres víctimas de violencia disponiendo la salida simultanea del presunto agresor, cuando se trate de una vivienda común, como es que se toma una decisión de esta magnitud sin que efectivamente se tuviese una prueba contundente que mi representado y la presunta víctima compartían la residencia en común no existiendo prueba alguna que pusiera en duda lo manifestado por esta defensa y lo dicho por mi defendido y así está en las actuaciones que constan por ante la vindicta pública. Así las cosas H.M., es sorprendente como la presunta víctima en el presente asunto pretende utilizar de manera capciosa, pervertida y doloso salvo mejor criterio de estos Honorables Magistrado con todo respeto debido, quiere utilizar al Poder Judicial y al Ministerio Público.

Omissis…

Existió un proceso por ante la Fiscalía Décima Sexta del Ministerio Público, esto lo manifiesto ya que la hoy presunta víctima compareció por ante la Sub Delegación las Acacias en fecha 13 de Febrero del año 2012 donde manifestó: Comparezco por ante este despacho con el fin de denunciar a mi pareja (Falso no es pareja de mi defendido desde hace mas de tres (3) años) de nombre R.N.D.F., titular de la cédula de identidad N° 7.099.960, quien presuntamente según la victima el día Miércoles 07 de Enero del año 2012 aproximadamente a las 02:00 horas de la tarde se presentó en mi casa (Falso no vive con mi defendido desde hace mas de tres (3) años y no es su residencia común) se suscitó una discusión porque le reclame que porque había buscado a los niños tan tarde al colegio, luego me golpeo en los brazos (Falso) y también fue golpeada la señora de servicio de nombre J.G.N., (Falso la señora declaro en fecha 15 de Febrero del año 2012 v desmiente totalmente lo dicho por la presunta víctima) resulto golpeada en la mano izquierda, por que intervino para que no me siguiera golpeando. Es todo.

Es tan falso lo manifestado en su denuncia que a todas luces estamos frente a una falsa atestación ante un funcionario público, por cuanto la ciudadana J. delC.G.N. en su declaración por ante el CICPC Sub Delegación las Acacias de fecha 15 de Febrero del año 2012 entre otras cosas manifestó "Tengo trabajando cinco años con el señor R.D.F. cuando empecé a trabajar con el aun se encontraba casado con la ciudadana Bhades Montenegro, de esa unión nacieron dos niños varones uno tiene cinco años y el otro de nombre H. que tiene cuatro años, este ultimo niño casi lo crié yo, ya que la señora Montenegro se fue de viaje y les dejo los niños al señor R. y se encargo del cuido y protección de los niños yo atendía a esos niños en su comida y baño posteriormente cuando ella regresa que fue a los meses de haberse ido, ella viene con la decisión de divorciarse del señor R., a el señor R. le pego mucho esa decisión de la señora y trato de resolver la situación con la señora, entonces optaron por introducir la demanda de divorcio, en el transcurrir de esos trámites de divorcio ella se fue como en tres oportunidades de viaje nuevamente para distintos países dejando a los niños con el señor R. y también dejo a su progenitor en la casa al cuido del señor R., cuando ya sale el divorcio ella alquila un apartamento y se muda sola, el apartamento lo alquilo por la Urbanización la Trigaleña, posteriormente se le vence el contrato y alquila otro apartamento por Guataparo donde supuestamente está viviendo con su actual pareja un muchacho que se llama JOSE TOMAS, según es de Valle de la Pascua y lo sé porque ella me lo presento en una de las oportunidades que fue le fui a limpiar el apartamento, pero sin embargo ella siempre iba a la casa donde viven los niños a comer ya fastidiar al señor, hasta el día 08 de Febrero del año 2012, que llego el señor R. con los niños que los traía del colegio, como es la costumbre ya que el señor R. se encargaba de llevar y recoger a los niños todos los días al colegio, y de llevarlosa sus actividades ya que no se ocupa de esos niños entonces le reclamo porque Uegaba tan tarde con los niños del colegio en forma violenta y agresiva casi histérica y entonces empezó a discutir con el señor R. y a tirarle todo lo que se le atravesara, que hasta que rompió al señor R. a la altura de ceja, todo eso ella lo hacía en presencia de los niños, gritaba groserías, y los niños le decían a la mama que se quedara quieta y ella no hacía caso, le vació un bolso de ropa que el señor tenía en su camioneta, agarro algo y le rayo la camioneta al señor estaba furioso, el señor en una oportunidad la tomo por el brazo para que se tranquilizara y ella seguía peleando y discutiendo con el señor, yo me metí para que se calmara, y hasta me doble el dedo por culpa de ella, estaba muy violenta y furica, entonces le dije al señor que mejor agarrara su carro y se fuera de la casa y desde ese entonces ella se instalo en la casa y no quiere irse, el señor R. no puede entrar a su casa y tiene que dormir por fuera y lo hace porque ella es capaz de hacerse en daño físico y culparlo a él, ella toma un medicamento que se llama SERAKOL, y entonces lo que hacia ella es dormir todo el día, comer fumar y hasta ingerir licor y no se ocupa de los niños por nada.

En este sentido H.M., no es como lo ha hecho hacer ver la presunta víctima que ella habita y convivía con mi representado en su residencia, ya que en fecha en fecha 24 de Septiembre del año 2009 de mutuo acuerdo y sin coacción personal decidieron separarse de Cuerpo por diferencias notables en la relación fijándose residencia distinta para ambos cónyuges el cual se consigna marcado con la Letra "A~, trascurrido el año sin que hubiese reconciliación en fecha 06 de Octubre del 2010 se realizó de manera conjunta la Conversión en Divorcio de la Separación de Cuerpo por ante el Tribunal de Protección de Niños y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, quedando con esto legalmente Disuelto el vinculo matrimonial, el cual se consigna marcado con la Letra "B", una vez terminado este proceso de la presunta víctima le dejo de manera irresponsable y sin importarle a sus hijos y su padre de 70 años a mi defendido y se marcho de Venezuela a varios países dejando encargado a mi representado el cuido, educación y su salud física y mental de los niños y de su padre, en fecha 21 de Diciembre del año 2010 se procedió de mutuo acuerdo y sin coacción alguna la liquidación de los bienes de gananciales o patrimoniales pertenecientes a la comunidad conyugal, donde quedo a su entera y cabal satisfacción de la presunta víctima, quedando asentado en documento debidamente autenticado por ante la Notaría Tercera de Valencia quedando anotado bajo el N° 31 Tomo 708 de los Libros de Autenticaciones llevados por ese despacho, el cual se consigna marcado con la Letra "C", en fecha 09 de Febrero del año 2012 la ciudadana B.G.M.Q., se presentó de manera irrespetuosa y violenta al legitimo hogar de mi representado ubicado en el Colinas de Guataparo, Conjunto Residencial el Solar, Calle 03, Parcela N° 81, via el Hato Royal al Norte del dique de Guataparo, parroquia San José del Municipio Valencia del Estado Carabobo, donde es irrefutable que esta propiedad es de posesión única y legitima de mi representado, ya que fue otorgada y adquirida a través de una Cesión en cuanto al Terreno y Bienhechurías, a través de una repartición de Bienes procedentes de una HERENCIA AB INTESTATO, del padre de mi representado hoy fallecido de nombre A.D.F.M., según documento debidamente registrado por ante la Oficina de Registro Primer Circuito Autónomo Valencia Estado Carabobo, quedando inserto bajo el N° 44 Tomo 25 de fecha 29 de Marzo del año 2006, la cual se consigna marcada con la Letra "D" así como el Titulo Supletorio marcado con la Letra "E", donde agredió físicamente mi defendido por la presunta víctima causándome una lesión en la ceja, es por ello que el acudió al CICPC y a la Fiscalía del Ministerio Público siendo la misma distribuida a la FISCALIA DECIMA PRIMERA quedando signada bajo el numero de Distribución N° 3502-12, la cual se consigna marcada con la Letra "F", Y de dicha denuncia ella tiene conocimiento, por cuanto fue notificada en fecha 16 de Marzo del año 2012 a los fines de ser informada de esa investigación penal que se adelanta por ese despacho fiscal, así mismo fue notificada nuevamente a los fines de hacer el acto formal de imputación para el día 07 de Junio del año 2012 y ahora fue citada para el día 10 de Julio del año 2012 a los fines de hacer el acto formal de imputación, así mismo la presunta víctima como no tiene la razón, consigno una demanda por ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo según N° 54380 de fecha 27 de Abril del año 2012, la cual se consigna con la Letra "G".

PUNTO RECURRIBLE

Es por ello que esta defensa Honorables Magistrados Apela de la decisión dictada por el Juzgado de Violencia Primero Primera Instancia en Funciones de Control, de Audiencias y Medidas de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, decisión este que fue pronunciada en fecha Dos (02) de Julio de 2012 y publicado el Auto Motivado en fecha Cuatro (04) de Julio del año 2012, en lo que se refiere a la imposición de las Medidas de Protección y de Seguridad a mi representado que fueron contradictorias, arbitraria, errada y sin un fundamento legal, doctrinal y jurisprudencial alguno violando así disposiciones constitucionales y de igualdad entre las partes. …Omissis… De la revisión exhaustiva de las actas que conforman la presente actuación, se observa que la ciudadana J. se fundamenta para tal decisión en lo previsto en el Articulo 88 y 91 numerales 1 y 2 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia donde a pesar que ella trascribe el precitado articulo. En todo caso, las Medidas de protección subsistirán durante el proceso y podrán ser sustituidas, modificadas, confirmadas o revocadas por el órgano jurisdiccional competente, bien de oficio, o a solicitud de parte, la sustitución, modificación, confirmación o revocación de las medidas de protección de protección procederán en caso de existir elementos probatorios que determinen su necesidad.

En este sentido H.M., esta defensa solicitó a este Juzgado que estaba de acuerdo con tales medidas y que fuesen las mismas acordadas de manera mutuas y simultaneas de no agresión de ambas partes, ya que la presunta víctima ha hecho escándalos, agresiones verbales y agresiones físicas en su propia residencia o cada vez que se lo encuentra en cualquier parte de esta ciudad, situaciones que esta defensa lo probó ante ese despacho con el escrito que consta por ante la Fiscalía Undécima, por cuanto hay denuncia presentada en fecha 13 de Febrero del año 2012, donde la presunta víctima tiene una citación para el día 10 de Julio del 2012 para el acto formal de imputación por ante la Fiscalía Undécima del Ministerio Público según distribución N° 3502-12 por el presunto delito de Lesiones personales, sin embargo se desprende de la decisión de la ciudadana Juez de primera instancia que no se pronuncia al respecto violentándose así la igualdad entre las partes, que a todas luces fue un fallo totalmente parcializado a la otra parte, incurriendo el Juzgado A Quo en este sentido en omisión inexcusable. Omissis Esta defensa con todo respeto indica que a mi defendido se le causo un gravamen irreparable en el sentido que, H.M. que una vez ustedes hagan una revisión exhaustiva del presente asunto, pueden constatar que no se evidencia la consignación de soportes algunos que pudiera demostrar lo narrado y peticionado por el Ministerio Público, la víctima y su Abogado en sentido que mi defendido convivía con ella en la residencia en común, de igual manera no se desprende que hicieran del conocimiento al Tribunal de las supuestas agresiones producidas por mi representado en contra de la presunta víctima, igualmente alega la Vindicta Pública, la presunta víctima y su Abogado en sala que mi defendido compartía la casa con ella, en este sentido mi representado fue muy claro y preciso en manifestar y demostrar que desde el año 2009 no convivía con la presunta víctima y que los bienes se habían separados y a ella le habían quedados varios inmueble s que ella había manifestado que no estaban a su altura por lo tanto no los iba habitar, es por lo que alquilo uno en la Trigaleña (el cual se consigna con la letra "H")y vencido el contrato de este alquila otro en Guataparo (el cual se consigna con la letra "1")donde vivía con su pareja actual, así mismo esta defensa le solicito al Juzgado que las partes no habían soportado 10 dicho en sala, sin embargo el Tribunal consideró que era improcedente en esta fase, es por ello que se desprende que no fue garante de los derechos que le asiste a mi representado…

Omissis

Ciudadana .Jueza, a los fines de ejercer el derecho a la contradicción en el proceso penal y manifestar cuanto sea necesario para convencerle sobre la procedencia de la inadmisibilidad que deberá declarar la Alzada de éste; al respecto, considero prudente señalar lo siguiente:

Capítulo I

De la denuncia interpuesta

Ciudadana Jueza, como consecuencia a los maltratos recibidos de parte de mi ex cónyuge R.N.D.F.V., en la circunstancias de modo, tiempo y lugar que se desprende de los autos, debí recurrir a denunciar tales hechos, consiguiendo se me protegieran mis derechos, con la imposición de sendas medidas de protección y seguridad, al agresor e imputado de autos.

Capítulo II

De la audiencia y del pronunciamiento: Ciudadana Jueza, en fecha: 02 de julio de 2012, se realizó la audiencia especial para escuchar a las partes y decidir respecto de la revisión interpuesta por la defensa privada. Culminada la audiencia y la intervención de las partes, el tribunal procedió a hacer los pronunciamientos siguientes, entre otros…”

Capítulo III

Del fundamento de la inadmisibilidad in limini litis

El abogado H.G., con el carácter de defensor 9 privado del imputado R.N.D.F.V., interpuso en fecha: 02 de julio de 2012, formal recurso de apelación contra la decisión dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia Penal, en funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, donde fue declarada SIN LUGAR, la OPOSICIÓN FORMULADA contra las medidas de protección y seguridad dictadas por el Ministerio Público y ratificadas por el a-quo; y, estando a derecho, en mí carácter de víctima y querellante de autos, me corresponde, conforme a la ley adjetiva penal, contestar el recurso planteado, y lo hago de la forma y manera siguiente: El defensor privado apelante, funda el escrito recursrvo, en el artículo 447 numeral 5 del Código Orgánico Procesal Penal, por considerar que la decisión cuestionada le causa un agravio a su representado; solicitando a la Corte de Apelaciones, declare la NULIDAD de la decisión recurrida, y se ordene el reingreso de su defendido a la vivienda común, pretendiendo se ordene mi salida de la referida vivienda, junto con mis dos niños; lo que no procede en derecho. Cabe resaltar que, la decisión que trata de cuestionar la defensa privada, no produce agravio alguno al imputado de autos, toda vez que se trata de una decisión con carácter eminentemente provisional en el tiempo y en espacio; además, la propia ley especial de violencia contra las Mujeres, permite que se solicite tanto la revisión, como la revocatoria en cualesquier momento que lo consideren conveniente y al tribunal le permite declarar la revocatoria, y lo modificación, cuando las circunstancias así lo aconsejen.

En el anterior sentido, ciudadanos Magistrados, conocedores y decididores de este incidencia de apelación de autos, interpuesto el recurso de impugnación ante el a quo, por el abogado defensor del presunto agresor y querellando de autos: R.N.D.F.V., conforme a 10 establecido al artículo 447 numeral 5 del Código Orgánico Procesal Penal, contra la decisión de fecha 02 de julio de 2012, dictada por el Juzgado Primero de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas de este Circuito .J.P., éste celebró la audiencia para dilucidar la petición formulada por la defensa privada en presencia de las partes, previo el cumplimiento del debido proceso y el derecho a la defensa de las partes, emitió el pronunciamiento parcialmente transcrito supra. En la misma audiencia se libró el oficio al Comando Regional N° 2 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), por mi conducto correo especial designado, al que no se le dio cumplimiento so pretextos débiles que no llegan al caso; siendo que el día 03 de julio de 2012, por intermedio del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penal y Criminalísticas (CICPCC), Sub Delegación Las Acacias, comisionando ésta, a la Brigada Especial contra la Violencia de la Mujer, a cargo del I.J.G.H., en ese sentido, se procedió, en horas de la tarde-noche, a ejecutar la medida de protección acordada a mi favor, por el Tribunal de Control, Audiencia y Medidas de este Circuito Judicial, reingresando, de esta manera, a la vivienda a la que se me había impedido el acceso mi ex esposo, junto a mis dos niños, los que se morían de alegría al momento del reingreso a la casa, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 numeral 4° de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Habiendo abandonado el querellado de autos, a última instancia, de forma voluntaria, la vivienda sobre la cual se materializó la medida acordada, su abogado defensor privado interpuso, en fecha: 10 de julio de de 2012, formal escrito o recurso de apelación, contra la decisión del a-quo. En la misma fecha, el Juzgado Primero de Control, Audiencia y , Medidas de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, libró boleta de emplazamiento a las Fiscalías: 31 ° del estado Carabobo; y, 82° del Ministerio Público, con competencia Nacional; así como a su representación, y a mí persona misma, conforme a lo establecido en el artículo 441 del Código Orgánico Procesal Penal, de forma errónea, pues debió ser aplicado el artículo 449 del COPP, aun vigente, aplicable por remisión expresa del artículo 64 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de dar contestación al recurso interpuesto, quedando notificada, en esta misma oportunidad, es decir, en el día de hoy, por lo tanto, la presente contestación al recurso de apelación presentado, ha sido interpuesta tempestivamente. Así, debe ser observado por esta Superioridad.

Capítulo IV

De la inadmisibilidad in limini litis

…Ciudadanos Magistrados, que tendrán la altísima responsabilidad de dictar el correspondiente pronunciamiento respecto a la ADMISIBILIDAD O NO del recurso de apelación planteado; por lo que, me permito señalar que ante la ausencia de disposición expresa prevista en la Ley Orgánica sobre el Derecho de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para la tramitación del recurso de apelación de autos, corresponde atender lo establecido en el artículo 64 de la Ley en referencia, y traer a colación lo señalado en el artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal, que señala: Artículo 437…

En el anterior sentido, ciudadanos Magistrados, se podrá observar que, con relación a los pronunciamientos impugnados por la defensa privada, que el recurso interpuesto en contra de la decisión mediante la cual se negó la revisión de las medidas de protección objetadas; así como la ratificación de las medidas dictadas y la imposición de otras, por parte del tribunal de la causa, referidas a las medidas de protección y seguridad dictadas a mi favor, en mi carácter de víctima, son decisiones inapelables, todo lo cual se desprende de lo establecido en el artículo 88 de la precitada ley, el cual es del tenor siguien te: " ... en todo caso las medidas de protección subsistirán en el proceso y podrán ser sustituidas confirmadas o revocadas respecto de las medidas, éstas no tienen apelación alguna; igual debe por el órgano jurisdiccional competente ( ... )"; por tanto, inadmisibilidad que deberá ser declarada in limini litis por esta Alzada, criterio éste, compartido por la inmensa mayoría del foro jurídico y Cortes de Apelaciones y Tribunal Supremo de Justicia; amén de que, al ser aplicado en Código Orgánico Procesal Penal, mantenerse tal criterio, respecto de la medidas de protección cuestionadas en el recurso de apelación que se contesta por intermedio del presente escrito. Ciudadanos Magistrados, es palpable con claridad meridiana, que la pretensión del defensor privado impugnante, persigue es la nulidad de la decisión dictada por el a-qua, o en todo caso, la revisión de las Medidas de Protección y de Seguridad establecida en el artículo 87 numeral 3 y 4, entre otras, de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, consistente en la salida del presunto agresor de la residencia en común, lo que supone el riesgo inminente de actos de violencia por parte de éste, en mi contra; y en el caso de autos, esta medida de protección y de seguridad como cualquier otra, puede ser confirmada, revocada, modificada o sustituida por el órgano jurisdiccional, bien sea de oficio o a solicitud de parte, siempre que las circunstancias que la originaron hayan variado, es decir, cuando existieren elementos probatorios que determinen su mutabilidad, tal como ocurrió con la medida de protección, contenida en el numeral 3, de la ley in commento, que no fue ratificada por el tribunal de la causa, y a que la defensa guardó silencio sepulcral, es decir, nada dijo. En el anterior sentido, la decisión recurrida por parte de la defensa privada, es lógico que sea considerada inadmisible por inimpugnable, puesto que no se trata de la declaratoria de procedencia de una medida cautelar, sino de unas medidas provisionales de protección y seguridad, lo que no podrán ser tratadas de otra manera, que inadmisible. Además, ciudadanos Magistrados, el fundamento del recurso de apelación interpuesta por la defensa privada del agresor de autos, basó en el numeral 5° del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, por haberle causado un gravamen, a 10 que se aduce: En cuanto al numeral 5° del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, señalado por el recurrente, se considera necesario analizar desde el punto de vista doctrinario que ha de entenderse por decisiones que causen un gravamen irreparable; en tal sentido, es oportuno traer a colación lo propuesto por el jurista E.V., en su libro titulado: "Los Recursos Judiciales y Demás Medios Impugnativos en Iberoamérica", quien señala el significado de Agravio de la siguiente manera: " ... el agravio es la injusticia, la ofensa, el perjuicio material y moral" ... El agravio o perjuicio, entonces, es lo que mide el interés que se requiere como presupuesto para apelar. El cual debe ser actual y no eventual. Los presupuestos Subjetivos de la Impugnación: Que es la injusticia del acto que contiene el vicio, resulta lógico que se requiera, como primer presupuesto, que exista dicha injusticia reflejada en la situación del impugnante. y por ello que se requiera un gravamen o perjuicio ... en principio un acto procesal que opera dentro del proceso en que se produce, por lo que está reservado a los sujetos procesales. Y tratándose de las resoluciones del Juez, son las partes quienes pueden impugnarlas. Inclusive porque son ellas que pueden resultar agraviadas o lesionadas por ellas ...".

Cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿Constituye el agravio entonces el daño o mal real que se le ha causado al representado por el abogado apelante, y que éste denuncia por vía recursiva ante esta Corte de Apelaciones? La respuesta, es elocuente, en lo que concierne a la irreparabilidad en el campo jurídico se podrá señalar que lo irreparable, es aquello que no es susceptible de volver a su estado inicial; es la imposibilidad de reestablecer las cosas o situaciones a su momento y contra el cual no cabe resarcimiento alguno y no puede deshacerse jurídicamente. Como corolario y en consonancia con la doctrina expuesta, es preciso señalar ¿Qué se debe entender por gravamen irreparable? Según lo concibe el maestro R.R., en su libro: "TRATADO DE DERECHO PROCESAL CIVIL". Tomo n. Editorial Arte, al respecto, quien señala: " ... gravamen irreparable, terminología de construcción procesal civil, al punto que el artículo 289 del Código Procesal Civil (sic) establece: "De las sentencias interlocutorias se admitirán apelación solamente cuando produzcan gravamen irreparable" ... Siendo la expresión gravamen irreparable de construcción en el campo procesal civil, la reparabilidad o irreparabilidad del gravamen que tiene relación directa con la sentencia definitiva, " ... en razón de que puede ocurrir que el gravamen que conlleva la sentencia interlocutoria desaparezca al decidirse la materia principal o única del litigio ... " (Negrillas de la Sala). En tal sentido, segun E.C., gravamen irreparable desde el punto de vista procesal, es aquel que no es susceptible de reparación en el curso de la instancia en que se ha producido. De igual manera, G.C., precisa que, es aquel en el que se está ante un perjuicio procesal que no cabe rectificar por vía normal. El daño irreparable procesalmente, es el mal inferido a una de las partes que a través de una decisión interlocutoria no puede ser enmendado ni atenuado durante el curso del proceso mismo; resultado ser modificable solo en parte, por la sentencia o los recursos admitidos contra ésta. Como se señaló supra, de 10 esgrimido en el escrito de apelación, el recurrente ha interpuesto su recurribilidad, conforme a 10 establecido en el numeral 5 del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, como el motivo procedente para que procediera la apelación interpuesta, lo cual no puede adecuarse en modo alguno a la causa de disidencia invocada; en virtud de lo explanado anteriormente de acuerdo la concepción jurídica de reparabilidad o irreparabilidad del gravamen producido intra proceso; ya que, la pretensión del impugnante persigue la nulidad de la decisión mediante la cual se ratifican unas, se dictan otras y se deja de ratificar una de las Medidas de Protección y de Seguridad, previstas y sancionadas en el artículo 87, numerales: 1, 4, 5, 6, 8, 11 Y 13 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y ratifica la del numeral 4 del referido artículo 87 eiusdem, no ratifica la del numeral 3; dictó la 1, 4, 5, 6, 8, 11 Y 13 en el caso de marras, tal decisión no constituye un gravamen irreparable; toda vez que el J. o la Jueza en Función de Control, Audiencia y Medidas, está facultada para acordar aquellas medidas solicitadas por la víctima o el Ministerio Público, como 10 dispone el artículo 91 numeral 2 eiusdem, así como el presunto agresor, por el principio de igualdad, tal como lo fue solicitado por la defensa, y as{i fue tratado en la audiencia. Por último cabe señalar que dichas Medidas de Protección y de Seguridad, pueden ser acordadas en cualquier estado y grado del proceso cuando existieren elementos probatorios que determinen su necesidad y así mismo su modificación, revocatoria y/o revisión. En este sentido, la decisión recurrida es inadmisible por inimpugnable, puesto que no causa un gravamen irreparable como lo alega el presunto agresor, ya que, las medidas aludidas, como ya se indicó, son susceptibles de mutabilidad durante el proceso y corresponde al Juez o la Jueza de Instancia valorar su necesidad de acuerdo a los elementos de convicción aportados por el Ministerio Público. En corolario a lo anterior, esta S., considera que lo procedente y ajustado a Derecho es declarar Inadmisible, el recurso procesal de apelación interpuesto por el defensor privado del ciudadano R.N.D.F.V., en contra de la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas de este mismo Circuito Judicial Penal, en fecha: 02 de julio de 2012; en virtud de que la referida decisión no causa gravamen irreparable, ni se refiere a la procedencia de una medida cautelar, lo que conlleva que se encuentra comprendida dentro de la causal de inadmisibilidad contenida en el literal "e" del artículo 437, por tratarse de una decisión inimpugnable por mandato expreso del artículo 447 numeral 5 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicado por remisión del artículo 64 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ASÍ, PIDO SE DECLARE. Por lo antes expuesto" y visto que la decisión apelada por la Defensa, es irrecurrible, de conformidad con lo previsto en el artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que no está prevista como una decisión recurrible que taxativamente se mencionan en dicha norma, sino que más bien se encuentra dentro de las consideradas como inimpugnables o irre curribles, conforme al literal "c.", del artículo 437 eiusdem; es por lo que se concluye que la recurrente pretende impugnar una decisión que no es susceptible de ser apelada, por 10 cual dicho recurso se encuentra comprendido dentro de las causales de inadmisibi1idad contenidas en el artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal, específicamente en su literal "C" aplicable por remisión expresa del artículo 64 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por lo que 10 procedente y ajustado a Derecho es declararlo INADMISIBLE IN LIMINI LITIS. y así, espero que 10 decida la Alzada, que conocerá de esta incidencia recursiva. Finalmente, solicito que el presente escrito sea agregado a los autos y tramitado conforme a derecho, y declarado CON LUGAR en los términos expuestos. Es Tutela Judicial Efectiva.

V., a la fecha de su presentación, por ante la URDD PENAL, del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo; y, para ante este tribunal de Control n° 1 ° de Violencia contra la Mujer. la víctima actuante,

4. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:

Del escrito contentivo del recurso de apelación se evidencia que el recurrente pretende impugnar la medida dictada por la juez del Tribunal Primero de Violencia en función de control audiencia y medidas de la Circunscripción judicial del estado Carabobo, mediante la cual impone medidas judiciales de seguridad y protección a favor de la presunta victima de delitos de genero, en contra del ciudadano R.N.D.F.V., decisión esta, que en decir del recurrente, le fue adversa, así como su inconformidad con el tratamiento variado dado por el ministerio público a la investigación en su contra ya que la fiscalía competente para la investigación sólo impuso medidas de seguridad de las previstas en los numerales 5 y 6 de la ley especial, mientras que la fiscalia con Competencia Nacional en la materia solicitó, sin conocimiento de causa, otras medidas de seguridad que les resultan mas gravosas que las dictadas por el órgano fiscal que conocía de los medios de prueba a través de las diligencias de investigación.

1. - Denuncia el recurrente su inconformidad con la imposición de las medidas contenidas en los numerales 4 y 11 del articulo 87 de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en contra de su representado R.N.D.F.V. en la audiencia especial para oir, considerando la defensa VIOLACION DE LAS NORMAS PREVISTAS EN LOS ARTICULOS 26 Y 49 CONSTITUCIONAL, y del mismo articulo 87 de la ley especial sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

En sintonía con lo mencionado supra, de conformidad con lo establecido en el primer aparte del articulo 450 del Código Orgánico Procesal Penal, corresponde a esta S. Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, pronunciarse sobre la procedencia o no del recurso de apelación contra la imposición de medidas de protección y seguridad dictadas en fecha 02 de Julio de 2012, y publicada el 04 de Julio de 2012 por el Tribunal Primero de Violencia en función de control audiencia y medidas de la circunscripción judicial del estado Carabobo, mediante la cual IMPUSO en contra del investigado, las siguientes medidas: 1.- RATIFICAR las medidas de seguridad y protección previstas en los ordinales 5º y 6º del artículo 87 de la Ley especial. 2.- IMPONER la medida de protección y seguridad contenida en el ordinal 4º del artículo 87 de la ley especial, que consistente en el reintegro de la ciudadana B.G.M., a la residencia ubicada en el sector Colinas de Guataparo, Conjunto Residencial El Solar, calle 03, parcela Nº 81, vía el Hato Royal, Parroquia San José, Municipio Valencia, estado Carabobo, y la salida simultanea del presunto agresor ciudadano R.N.D.F.V., de dicho inmueble quedando autorizado por el Tribunal solo a retirar sus enseres personales y herramientas de trabajo. 3.- IMPONER la medida contenida en el ordinal 11º del artículo 87 ejusdem. 4.- IMPONER, el ordinal 8º de la Ley especial. 5.- IMPONER de oficio las medidas de seguridad y protección conforme a lo previsto en los ordinales 1º y 13º del artículo 87 de la Ley especial, por la presunta comisión del delito de violencia psicológica, acoso u hostigamiento, amenaza, violencia física y violencia patrimonial; por considerar que se encuentran lleno los extremos establecidos en el articulo 87 de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; asimismo declaro sin lugar la solicitud de la defensa en relación a los numerales 3 y 4 del articulo entes mencionado.

Ahora bien, de las actuaciones contenidas en el recurso de apelación la Sala observa que:

En fecha 02 de julio de 2012 se celebró LA AUDIENCIA PARA OIR A LAS PARTES, por ante el Tribunal Primero de Violencia en función de control audiencia y medidas de la circunscripción judicial del estado Carabobo, cuyo auto motivado se publicó en fecha 04 de Julio de 2012, en la cual la jueza primera de primera instancia impuso las medidas contenidas en los numerales 4 y 11 solicitadas por el Ministerio Publico en contra del ciudadano R.N.D.F.V., asimismo declaro sin lugar las solicitudes hechas por la defensa técnica.

Contra la mencionada decisión, denuncia el recurrente que, con la no valoración y no pronunciarse respecto de las pruebas presentadas por la defensa y cursantes en autos, como se evidencia, según aduce, del contenido del acta de la audiencia, trascrito en la narrativa de la recurrida, refiere se violó el debido proceso y el derecho a la defensa, deviniendo en inmotivada la decisión, dado que no le permite saber el criterio que tuvo la jueza para apartarse de ellas y no valorarlas a los efectos de imponer o no las medidas, especialmente, las documentales presentadas que demuestran en su decir, que no están dados los supuestos legales para la imposición de las medidas previstas en los numerales 4 y 11 del articulo 87 de la ley especial, muy especialmente las relativas a las pruebas de que la denunciante no tenía en común la residencia del denunciado ni para el momento de la presunta realización de los hechos ni mucho tiempo antes, tales como la declaración de la testigo ciudadana Y.D.C.G.N., las documentales publicas que evidencian el divorcio y separación de la denunciante en el año 2009, la documental publica que prueba que la denunciante vivía alquilada y no con el presunto agresor, entre otras, pruebas todas estas que no fueron valoradas ni manifiesta su opinión respecto de ellas por la jueza que impuso las medidas conforme al ultimo aparte del articulo 88 de la Ley especial, violando con ello el debido proceso establecido en el articulo 49 constitucional, por cuanto no le permite saber el fundamento de su decisión, ni mucho menos obtener una decisión debidamente motivada, apartándose de la pacifica jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia respecto del deber de motivar que tienen los jueces en todas su decisiones.

Al respecto, la Fiscal auxiliar encargada Octogésima Segunda del Ministerio Publico a nivel nacional con competencia en defensa de la mujer, y la abogada M.G.F.T.P. de la Circunscripción Judicial del estado C. expresan la contestación al recurso señalan que el recurrente apela de la decisión impugnada, (sic) por el simple hecho de que no se dictó en los términos que la defensa lo esperaba, y por el hecho de que las medidas no le habían sido dictadas por el órgano auxiliar de investigación penal que había decepcionado la denuncia; siendo que el órgano jurisdiccional dio cumplimiento de las garantías del debido proceso, tutela judicial efectiva y derecho a la defensa que le asisten al apelante en la aplicación del articulo 87 de la Ley especial, y que existen suficientes elementos de prueba que sirvieron de fundamento al órgano jurisdiccional para dictar los pronunciamientos a los cuales arribó, no deviniendo en inmotivacion, luego de explanar los hechos que estimo acreditados en la audiencia respectivas de manera coherente y razonada, por lo que el tribunal actuó ajustado a derecho. Por lo que solicita se declare sin lugar el referido recurso de apelación.

DE LA FUNDAMENTACION DE LA DECISION.

El recurrente señala en su escrito, que fueron vulnerados a su defendido una serie de principios y garantías fundamentales entre las cuales se individualiza el debido proceso, por cuanto la decisión deviene en inmotivada, especialmente a lo que refiere a los numerales 4 y 11 del articulo 87 de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, no motivando su pronunciamiento para adecuarse al presupuesto establecido en dicha norma. En este sentido la Sala considera pertinente citar parte de la referida decisión, a saber:

Ahora bien, una vez oídas las partes hacer sus alegatos este Tribunal, en estricto apego a las normas constitucionales y legales anteriormente descriptas y fundamentando su decisión en los siguientes artículos 88 y 91 numerales 1 y 2 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, considera esta Juzgadora necesario traer a colación el contenido de las normas legales que permiten la confirmación sustitución y revocación de dichas medidas.

El Art. 88 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el cual dispone:

…En todo caso, las medidas de protección subsistirán durante el proceso y podrán ser sustituidas, modificadas, confirmadas o revocadas por el órgano jurisdiccional competente, bien de oficio, o a solicitud de parte. La sustitución, modificación, confirmación o revocación de las medidas de protección procederán en caso de existir elementos probatorios que determinen su necesidad…

(Subrayado de este Tribunal)

Asimismo la norma contenida en el artículo 91 ordinales 1 y 2 de la Ley que rige la materia, lo otorga al órgano jurisdiccional, la potestad de modificar, sustituir, confirmar o revocar las medidas de protección y seguridad impuestas por el órgano receptor de denuncias y acordar aquellas medidas solicitadas por la mujer víctima de violencia o el Ministerio Publico, es por todo lo antes expuesto el tribunal emite los pronunciamientos siguientes: