Decisión nº J2-72-2014 de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del nuevo Régimen y del Régimen Procesal Transitorio de Merida (Extensión Mérida), de 12 de Noviembre de 2014

DOCUMENTALES.

1. Marcado con la letra “A”, en cinco folios útiles, original de la documental denominada “CONTRATO DE TRABAJO A PERIODO DE PRUEBA y DESCRIPCIÓN DE CARGO”, suscrito por el ciudadano H.A.B.G.. Agregados a los folios 164 al 168.

   Al momento correspondiente, las partes indicaron que ya fue evacuado en las pruebas documentales de la parte accionante, y que fueron analizadas ut supra, cuya valoración se da por reproducida. Así se establece.

2. Marcado con la letra “B”, original de documentales denominadas “INFORMACIÓN POR ESCRITO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE LAS CONDICIONES INSEGURAS E INSALUBRES”, “ANALISIS SEGUROS DE TRABAJO, NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES”, “CONSTANCIA DE INFORMACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE LAS CONDICIONES INSEGURAS E INSALUBRES”, “FORMACIÓN DE INDUCCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL”, “FORMATO DE DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)”, “RUTOGRAMA PERSONAL DEL TRABAJADOR DEL RECORRIDO Y TIEMPO EMPLEADO EN EL TRAYECTO DE SU LUGAR DE HABITACIÓN A LA EMPRESA”, “DOTACIÓN DE UNIFORME”, “CERTIFICADO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL”, “CHECK LIST INDUCCIÓN NIVEL BASE”. Insertas a los folios 170 al 180.

   En la oportunidad de la audiencia de juicio, señaló la parte demandada que con ello se observa que la empresa cumplió con lo establecido en la normativa de seguridad e higiene en el trabajo; manifestando la parte demandante, que son informes en la ejecución de su trabajo, y no con ocasión del trabajo especialmente en el uso del tiempo destinado a la recreación. Este Tribunal, de la revisión de la referida documental, advierte que es contentiva de la notificación del trabajador, de las medidas preventivas de las condiciones inseguras e insalubres, del análisis seguro de trabajo (A.S.T.), así como de la notificación de accidentes, de la inducción en seguridad e higiene industrial, y la dotación de equipos de protección personal, realizada al trabajador en fecha 15 de marzo de 2011, valorándose en tal sentido. Así se establece.

3. Marcado con la letra “C”, de la documental denominada “REFERENCIAS LABORALES y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO”. Insertas a los folios 182 y 183.

   Señaló la parte demandante que de ello se evidencia que el trabajador era destacado en su trabajo, advirtiendo la parte demandada que son documentales que se encuentran en el expediente del trabajador. Este Tribunal, de la revisión de la referida documental, observa que no ilustra en los hechos controvertidos de la presente causa, en consecuencia, se desestima su valor probatorio. Así se establece.

4. Marcado con la letra “D”, documental denominada “EXAMEN POST EMPLEO”, de fecha 13 de julio de 2011, inserta al folio 185.

   Al momento de su evacuación, las partes indicaron que fue ratificada mediante prueba testimonial, sin realizar observaciones al respecto, en tal sentido su valoración será realizada de manera concatenada con las testimoniales que serán analizadas posteriormente por este Tribunal. Así se establece.

5. Marcado con la letra “E”, documental denominada “HOJA DE EVOLUCIÓN”, fechada 24 de marzo de 2011, inserta al folio 187.

   En la oportunidad correspondiente, las partes no hicieron observaciones al respecto. Ahora bien, de la revisión de la misma, se advierte que no ilustra en los hechos controvertidos de la presente causa, en consecuencia, se desestima su valor probatorio. Así se establece.

6. Marcado con la letra “F”, documental denominada “INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES”, cuenta individual del trabajador H.A.B.G., inserta al folio 189.

   Las partes intervinientes, no realizaron observaciones al respecto. Este Tribunal, le otorga valor probatorio como demostrativo de que el ciudadano H.A.B.G., se encuentra inscrito en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, bajo el Nº patronal R16125116, correspondiente a las EMPRESAS GARZÓN C.A., valorándose en tal sentido. Así se establece.

7. Marcado con la letra “G”, documental denominada “COPIA CERTIFICADA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, Nº MER-27-IA-11-0307”, por la Coordinación de Inspecciones de la DIRESAT Mérida, inserto a los folios 191 al 251, donde se evidencia:

   1. Informe médico de fecha 17 de abril de 2011.

   2. Informe médico de fecha 20 de abril de 2011.

   3. Informe de investigación de accidente de fecha 20 de octubre de 2011.

   4. Informe de investigación de accidente de fecha 20 de octubre de 2011.

   En la oportunidad correspondiente, la parte demandada señaló que son las mismas agregadas por el demandante, y que fueron impugnadas, sin que la parte demandante hiciera observaciones al respecto. Este Tribunal, advierte que las mismas ya fueron a.u.s.e.l. documentales de la parte accionante, cuya valoración se da por reproducida. Así se establece.

8. Marcado con la letra “H”, documental de fecha 12 de noviembre de 2012, denominado “COMPROBANTE DE RECEPCIÓN DE ASUNTO NUEVO”, Asunto Principal signado con la nomenclatura del Circuito del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, bajo el número LP21-N-2012-000052, inserto al folio 253.

   Las partes intervinientes no hicieron observaciones al respecto, en consecuencia, este Tribunal le confiere valor probatorio, como demostrativo de la presentación de un escrito por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta Sede Judicial, en fecha 12 de noviembre de 2012, valorándose en tal sentido. Así se establece.

TESTIMONIALES

Solicita al Tribunal, oír la declaración de los ciudadanos M.A.H.D., M.N.H.M., D.D.V.D.D., S.C.D.D.M., venezolanos, titulares de las cédulas de identidad números: V-18.798.744, V-18.798.191, V-8.038.488, V-10.157.465, respectivamente y, domiciliados en el Estado Mérida.

En la celebración de la audiencia oral y pública de juicio, se presentaron las ciudadanas M.A.H.D., M.N.H.M., D.D.V.D.D., S.C.D.D.M., quienes al interrogatorio formulado tanto por la parte promovente, como por la parte actora y por esta Operadora de Justicia, respondieron de manera resumida, lo siguiente:

M.A.H.D..

Que, es analista de relaciones laborales de la demandada, desde el 18 de junio de 2010, que no tiene conocimiento de que el ciudadano H.B. en fecha 14 de abril de 2011, haya tenido un accidente en las instalaciones de la empresa Garzón, que en las instalaciones de la empresa no se realiza la Copa 1 de Mayo, que la actividad mencionada se encuentra establecida en el Contrato Colectivo, pero que ningún trabajador está en la obligación de participar en ese evento, que dicha actividad es organizada por el Sindicato y el horario lo organiza el Secretario de Deportes, que en fecha 15, 16 y 17 de abril de 2011, vio laborando al ciudadano H.B., y no estaba cojeando, que el día lunes la mamá se presentó en la empresa, y en la tarde asistió en silla de ruedas para notificar que había tenido un accidente laboral, que, para la Copa 1º de Mayo la empresa sólo da los implementos deportivos y las premiaciones.

Con relación a los dichos de esta testigo, este Tribunal advierte que no ilustra en los hechos controvertidos en el presente asunto, en virtud que indica que días posteriores fue que se enteró del incidente, por ende, se desestima por ser un testigo referencial y no presencial. Y así se decide.

M.N.H.M..

Que, ocupa el cargo de Inspector Chass, Inspector de Calidad, Higiene, Salud y Seguridad Laboral en la demandada, desde el 03 de mayo de 2010, que tuvo conocimiento días posteriores de un incidente deportivo en el Círculo Militar en fecha 14 de abril de 2011, que fue un día jueves, pero que tuvo conocimiento el día lunes cuando la mamá del demandante se presentó a Garzón con un reposo del Seguro Social, que es cuando les hace saber lo que ocurrió, que es la encargada de recibir cualquier incidente ya sea laboral o no que suceda en la empresa, que el trabajador estaba en conocimiento que debía notificarle de cualquier incidente, porque cuando ingresan se les hace una notificación, que el Sr. H.B. debió notificar inmediatamente del incidente, que, el actor laboró en los días siguientes al incidente, y el lunes fue cuando se enteraron de que había ocurrido algo. Que, los trabajadores de Garzón además del servicio médico y del Seguro Social Obligatorio, tienen un Seguro personal por Seguros los Andes, que está afiliado a la Clínica Mérida y a la Clínica S.F., donde pueden asistir en caso de tener un accidente laboral, que, el accionante no lo utilizó porque el primer reposo que llevó era del Seguro Social. Que, se encontraba el día jueves 14 de abril de 2011, en la empresa porque su horario es de 8 de la mañana a 12 y de 2 a 6 de la tarde. Que, el servicio médico lo conforman los médicos, los enfermeros, su persona y el Coordinador Nacional Chass, que al verificar los registros del servicio médico de ese día, se tuvo como un trabajador que asistió a una consulta no como un accidente laboral. Que, las empresas Garzón colaboran con los elementos deportivos para la Copa 1º de Mayo, que en ningún momento se les obliga a asistir a los juegos, y la empresa da permiso a los trabajadores que quieran asistir.

Con relación a los dichos de esta testimonial, este Tribunal advierte que no ilustra en los hechos controvertidos en el presente asunto, en virtud que indica que días posteriores fue que se enteró del incidente, por ende, se desestima por ser un testigo referencial y no presencial. Y así se decide.

D.D.V.D.D.

Que, ocupa el cargo de Sub-Gerente de no alimentos de la empresa demandada, desde hace 2 años, que antes era Coordinador del área de Self Service, que en ningún momento le notificaron de algún incidente en fecha 14 de abril de 2011 en el Club Militar, que era el Supervisor inmediato del demandante, y que ese día y los siguientes asistió a laborar normalmente, que debía movilizarse y no manifestó dolencia, que fue hasta que llegó la mamá con un reposo. Que, no es obligatorio asistir a esas actividades deportivas, que se hace en horarios donde no influya con los horarios, para interrumpir la operatividad de Garzón. Que, el Secretario de Deportes del Sindicato es el que organiza todo, que lleva los horarios y equipos, que el Garzón sólo colabora con las premiaciones, que el día 14 de abril de 2011 no asistió a la actividad deportiva, y no sabe si existía servicio médico.

Con relación a los dichos de esta testimonial, este Tribunal advierte que no ilustra en los hechos controvertidos en el presente asunto, en virtud que indica que días posteriores fue que se enteró del incidente, por ende, se desestima por ser un testigo referencial y no presencial. Y así se decide.

S.C.D.D.M.

Que, es médico ocupacional, y tiene 8 años de experiencia, que es Médico asesor a nivel nacional en el Garzón, que en los casos de lesión como de discapacidad parcial permanente, el dolor es muy fuerte y no se puede poner de pie la persona, porque el paciente no puede estirar la rodilla porque hay una lesión con dolor para deambular, que por la experiencia que adquirió al laborar en el INPSASEL, se debe agotar en un primer momento la discapacidad temporal para luego determinar una discapacidad parcial permanente.

Con relación a los dichos de esta testimonial, este Tribunal advierte que no ilustra en los hechos controvertidos en el presente asunto, por cuanto hace referencia a la opinión emitida como Médico Asesor del Garzón, en casos como el de autos, por lo cual se desestima su valor probatorio. Y así se decide.

RATIFICACIÓN DE CONTENIDO Y FIRMA

Solicita de la declaración de la ciudadana A.D.S.P.G., titular de la cédula de identidad Nº 4.529.187, de este domicilio, para que ratifique el contenido y firma de la documental marcada con la letra “D”, denominada examen post empleo, de fecha 13 de julio de 2011, inserta al folio 185 y vuelto.

En la oportunidad correspondiente, la ciudadana A.D.S.P.G., manifestó al Tribunal lo siguiente:

Que, ratifica la documental inserta al folio 185 y vuelto del expediente, que es su firma, que trabaja en las empresas Garzón, y es Médico ocupacional de la empresa, que está en conocimiento del incidente en fecha 14 de abril de 2011, que para una persona sería casi imposible asistir a laborar. Que, le realizó un diagnóstico pre deportivo al Sr. H.B., donde se encontraba apto para la realización de actividades deportivas, que el día 14 de abril de 2011 no se encontraba en el Servicio Médico, pero que el día lunes 18 de abril de 2011, convalidó un reposo que estaba expedido por el Seguro Social.

Con relación a los dichos de esta testimonial, este Tribunal advierte que a pesar de haber ratificado el contenido y firma de la documental que obra al folio 185, la misma no ilustra en los hechos controvertidos en el presente asunto, ya que es de fecha posterior al accidente denunciado. Y así se decide.

EXHIBICIÓN

Solicita se intime bajo apercibimiento al ciudadano H.A.B.G., titular de la cédula de identidad Nº 17.522.713, para que exhiba la original promovida en el capítulo de la documentales, marcado con la letra “E”, denominada HOJA DE EVOLUCIÓN, de fecha 24 de marzo de 2011, inserta en copia simple al folio 187.

En relación a la prueba de exhibición solicitada, este Tribunal tal como lo indicó en el auto de admisión de las pruebas, negó su admisión, en consecuencia no existe elemento probatorio sobre el cual emitir pronunciamiento alguno.

PRUEBA DE INFORMES

1. Solicita se oficie al Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en la persona de la Juez Glasbel Belandria Pernía, ubicada en la siguiente dirección: Av. 4 Bolívar, Edificio Hermes, cuarto piso, sede del Circuito Laboral del Estado Mérida, para que informe si existe una causa bajo el número LP21-N-2012-000052, donde se evidencia la denuncia de vicio de nulidad del acto administrativo, y el estado en que se encuentra y la decisión si la hubiere.

   El Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, remitió respuesta a lo solicitado lo cual consta al folio 303. Al momento de su evacuación, señaló la parte demandante que de ello se evidencia que fue inadmisible el recurso, sin que la parte demandada hiciera observaciones. Este Tribunal le confiere valor probatorio, como demostrativo de la declaratoria realizada por el Tribunal Primero Superior del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, en fecha 19 de diciembre de 2012, donde declaró inadmisible el recurso de nulidad contra el acto administrativo de la certificación de enfermedad ocupacional, signada bajo el Nº CMO-MER-00262-12, dictada en fecha 27 de marzo de 2012, valorándose en tal sentido. Así se establece.

2. Solicita se oficie al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, ubicada en la Av. Los Próceres, C.C. Ferretero El Llano, Sector Pedregosa, Estado Mérida. 2663394/2664432 (0274) 266.33.94/266.4432, en la persona del ciudadano S.N.B.H.E., en su condición de Jefe de la Oficina Administrativa del IVSS Mérida, para que informe respecto a si se encuentra inscrito ante la institución el ciudadano H.A.B.G., titular de la cédula de identidad Nº V- 17.522.713, y remita copia certificada de la planilla 14-02. Registro de Asegurado.

   El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, remitió respuesta la cual consta agregada a los folios 317 y 318. Al momento de su evacuación, señalaron las partes que no hay objeciones de que el trabajador estaba inscrito en el Seguro Social. Este Tribunal, le otorga valor probatorio como demostrativo de que el ciudadano H.B. se encuentra inscrito en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, bajo el Nº patronal R16125116, correspondiente a las EMPRESAS GARZÓN C.A., valorándose en tal sentido. Así se establece.

COMUNIDAD DE LA PRUEBA

Alega el principio de comunidad de la prueba, en todo lo que favorezca a su representada.

Este Tribunal en el auto de admisión de pruebas negó su admisión, en consecuencia, no existe elemento probatorio sobre el cual emitir pronunciamiento.

Alego a su favor lo establecido en el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en cuanto a la presunción legal establecida por el legislador.

En relación a este alegato, por cuanto no constituye un medio probatorio de conformidad con el artículo 70 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Tribunal en el auto de admisión de prueba negó su admisión, en consecuencia, no existe elemento probatorio sobre el cual emitir pronunciamiento.

PRUEBAS INCORPORADAS DE OFICIO

Esta operadora de justicia, de conformidad a lo establecido en los artículos 5 y 156 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, incorporó a las actas procesales los siguientes elementos probatorios:

1. CONTRATO COLECTIVO EMPRESAS GARZÓN (2010-2013) Y EL REGLAMENTO INTERNO DE EMPRESAS GARZÓN, insertos a los folios 326 y 327. Este Tribunal incorporó a las actas las referidas documentales para ilustrar al mismo, haciéndose la salvedad que las convenciones colectivas se consideran derecho y no simples hechos, sujetos a las reglas generales de la cargas de alegación y prueba que rigen para el resto de los hechos aducidos por las partes en juicio, el cual conoce el Juzgador en virtud del principio iura novit curia, por lo que no son susceptibles de valoración. Así se establece.

2. INCAPACIDAD RESIDUAL, emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Dirección General de Salud, Dirección Nacional de Rehabilitación y Salud en el Trabajo, Comisión Nacional de Evaluación de Incapacidad Residual. Inserta a los folios 381, 395, 396, y 397. Este Tribunal le otorga valor probatorio, por tratarse de un documento público administrativo que da fe de lo allí contenido, y del cual se evidencia que la Sub Comisión Evaluadora de Incapacidad Residual del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, determinó un 25% de pérdida de la capacidad para el trabajo, en fecha 20 de junio de 2014, valorándose en tal sentido. Así se establece

V

MOTIVA

En el caso de autos debe verificarse, que en materia de accidente laboral, corresponde a la parte actora demostrar la ocurrencia del accidente de carácter laboral y el incumplimiento de la normativa en salud y seguridad en el trabajo, y a la parte demandada el cumplimiento de la misma, a los fines de verificar los conceptos peticionados. (Sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, Nº 1152 de fecha 21-10-2010, entre otras).

En este sentido, de la revisión de las actas procesales concretamente del informe de investigación del accidente de trabajo, efectuado por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Mérida, folios 242 y 243, se observa que se señaló dentro de las causas inmediatas del accidente: “…2. Desconocimiento, falta de formación, teórica y práctica en lo que se refiere a la prevención de accidentes específicamente en actividades y programas de recreación, utilización del tiempo libre, descanso, turismo social, incluyendo actividades deportivas (recreación), incumpliendo lo establecido en el artículo 53 numerales 2 y 3, 11; art. 56 numeral 4 de la LOPCYMAT (…). Se constató que la empresa no declaró formalmente el accidente de trabajo ante el IPSASEL…”.

Así mismo, de la certificación realizada por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Mérida, folios 249 y 250, quedó establecida la naturaleza laboral del accidente padecido por el demandante, así como el daño sufrido, quien se encuentra afectado por una: “…DISCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE, con limitaciones para realizar actividades que ameriten manipulación, levantamiento y traslado de cargas pesadas, bipedestación prolongada y caminar trayectos largos, subir y bajar escaleras…”, quedando de esta manera establecido la ocurrencia del accidente por ocasión del trabajo, en atención a lo señalado por el ente competente en materia de Salud y Seguridad en el Trabajo. (Folio 244).

Ahora bien, al quedar determinada la naturaleza del accidente como de carácter laboral, se procede a establecer la procedencia de las indemnizaciones reclamadas por el actor en su escrito libelar, en los siguientes términos:

RESPONSABILIDAD SUBJETIVA

En relación a ello, el empleador tal como lo prevé la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, tiene el deber de proveer a los trabajadores no sólo los elementos de seguridad que sean necesarios para preservar su vida y su salud “contra todos los riesgos del trabajo”, sino como lo establece el artículo 53, en su numeral 2:

…2. Recibir formación teórica y práctica, suficiente, adecuada y en forma periódica, para la ejecución de las funciones inherentes a su actividad, en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, y en la utilización del tiempo libre y aprovechamiento del descanso en el momento de ingresar al trabajo, cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe, cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. Esta formación debe impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo y si ocurriese fuera de ella, descontar de la jornada laboral…

.

Así las cosas, respecto a la indemnización por accidente de trabajo contemplada en el artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, establece dicho artículo lo siguiente:

…En caso de ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional como consecuencia de la violación de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte del empleador o de la empleadora, éste estará obligado al pago de una indemnización al trabajador, trabajadora o derechohabientes, de acuerdo a la gravedad de la falta y de la lesión, equivalentes a:

1.- El salario correspondiente a no menos de cinco (5) años ni más de ocho (8) años, contados por días continuos, en caso de muerte del trabajador o la trabajadora.

2.- El salario correspondiente a no menos de cuatro (4) años ni más de siete (7) años, contados por días continuos, en caso de discapacidad absoluta permanente para cualquier tipo de actividad laboral.

3.- El salario correspondiente a no menos de tres (3) años ni más de seis (6) años, contados por días continuos, en caso de discapacidad total permanente para el trabajo habitual.

4.- El salario correspondiente a no menos de dos (2) años ni más de cinco (5) años, contados por días continuos, en caso de discapacidad parcial permanente mayor del 25 % de su capacidad física o intelectual para la profesión u oficio habitual.

5.- El salario correspondiente a no menos de un (1) año ni más de cuatro (4) años, contados por días continuos, en caso de discapacidad parcial permanente de hasta el veinticinco por ciento (25%) de su capacidad física o intelectual para la profesión u oficio habitual…

.( Negrillas y subrayado de este Tribunal).

En consecuencia se observa de las pruebas aportadas al proceso, que ocurrió un accidente por ocasión del trabajo, tal como consta de la certificación del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Mérida, al señalar en el informe de investigación que las actividades deportivas son promovidas, organizadas y financiadas por la Empresas Garzón, después de su jornada laboral, (folios 214 y 215) indicando entre las causas básicas del accidente: la inexistencia de detección y gestión de riesgos en la actividad incumpliendo los artículos 53.4, Art. 59.2, 3 y Art. 62.2 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, adicionalmente a que no se declaró formalmente el accidente de trabajo, incumpliendo lo establecido en la misma Ley, por lo cual se observa que el trabajador no recibió la información relativa “en la utilización del tiempo libre,” al encontrarse en una actividad recreacional financiada por la parte patronal, en consecuencia, se verifica el incumplimiento en materia de normativa y seguridad en el trabajo por parte del empleador. Así se establece.

Ahora bien, vista la declaratoria anterior resulta menester observar lo contenido en Sentencia Nº 823, de fecha 01 de julio de 2014, emanada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, donde señaló lo siguiente:

…La norma que el demandante denuncia como infringida por no haber sido empleada por el Juez Superior, contiene una indemnización mínima, equivalente al salario correspondiente a no menos de un (1) año ni más de cuatro (4) contados por días continuos, en caso de discapacidad parcial permanente de hasta el veinticinco por ciento (25%) de la capacidad física o intelectual del trabajador para la profesión u oficio habitual.

Respecto de la posibilidad del Juez laboral de ordenar el pago de un concepto diferente al demandado, el parágrafo único del artículo 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, estipula lo siguiente:

Artículo 6. (Omissis)

Parágrafo Único: El Juez de Juicio podrá ordenar el pago de conceptos, como prestaciones o indemnizaciones, distintos de los requeridos, cuando éstos hayan sido discutidos en el juicio y estén debidamente probados o condenar al pago de sumas mayores que las demandadas, cuando aparezca que éstas son inferiores a las que corresponden al trabajador de conformidad con esta Ley y con lo alegado y probado en el proceso, siempre que no hayan sido pagadas. (Énfasis de la Sala).

El artículo anteriormente transcrito en su parte pertinente, ha sido objeto de interpretación por esta Sala de diversas sentencias, en las que se ha juzgado del siguiente modo:

Con relación a la interpretación del artículo 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Tribunal Supremo de Justicia en su Sala de Casación Social, en sentencia de fecha 8 de junio del año 2006, (caso: A. Camacho contra Coca Cola FEMSA de Venezuela), estableció lo siguiente:

(…)

De la redacción utilizada por el legislador en el texto de la disposición, se evidencia que la potestad que tiene el juez laboral de acordar el pago de conceptos que no han sido demandados, o de ordenar el pago de sumas mayores a las reclamadas, es de carácter facultativo. En efecto, tal como se establece en el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil -el cual contiene una interpretación auténtica que rige de forma general para las normas adjetivas-, cuando la ley dice: “El Juez o Tribunal puede o podrá”, se entiende que lo autoriza para obrar según su prudente arbitrio, consultando lo más equitativo o racional, en obsequio de la justicia y de la imparcialidad, y por lo tanto, corresponde a los jueces de instancia establecer soberanamente la procedencia de conceptos o cantidades no reclamadas, guardando siempre los límites fijados por la justicia y la equidad, y tomando en cuenta que la norma le autoriza a proceder de esta forma, sólo cuando tales conceptos han sido discutidos en el juicio y estén plenamente probados.

Adicionalmente, se observa que el Juez no podría ordenar el cumplimiento de obligaciones que no tengan su fuente en un acto jurídico -contrato individual de trabajo o contrato colectivo- o en alguna disposición de la ley, ya que el artículo 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo no le faculta para constituir ex novo relaciones jurídicas o prestaciones distintas de las que se deriven de las leyes sustantivas o de las convenciones de las partes, ni tampoco acordar el cumplimiento de pretensiones contrarias a derecho.

(Omissis)

De manera que la recurrida no sólo incurre en el delatado vicio de incongruencia por extrapetita, el cual se constata y se declara procedente por esta Sala, toda vez, que en conformidad con los criterios doctrinales ratificados al inicio de la presente decisión se condenó el pago de un objeto diferente del señalado en el libelo y extraño al problema judicial debatido entre las partes (…).

Asimismo, la Sala en sentencia N° 904, de fecha 4 de junio de 2009, estableció lo siguiente:

Toda sentencia debe cumplir con el principio de exhaustividad que le impone al juez el deber de resolver sobre todo lo alegado en el libelo y la contestación, y sólo sobre lo alegado.

Sin embargo, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en su artículo 6°, Parágrafo Único, establece una excepción a este principio, al disponer que el Juez de Juicio podrá ordenar el pago de conceptos como prestaciones o indemnizaciones, distintos de los requeridos, cuando éstos hayan sido discutidos en el juicio y estén debidamente probados o condenar el pago de sumas mayores que las demandadas, cuando aparezca que éstas son inferiores a las que corresponden al trabajador de conformidad con dicha Ley y con lo alegado y probado en el proceso, siempre que no hayan sido pagadas.

De la interpretación de la norma, la cual, como norma de excepción que es, debe ser interpretada en forma restrictiva, se infiere que es facultativo del Juez el que se ponga de manifiesto o no la excepción, pues la expresión podrá ordenar debe entenderse como el otorgamiento de un poder discrecional al Juez. Además, el establecimiento del presupuesto que activa ese poder discrecional depende de su soberana apreciación, es él quien establece si los conceptos han sido discutidos y debidamente probados en juicio.

De manera que, sólo cuando el Juez considere que los conceptos han sido discutidos y debidamente probados en juicio, podrá ordenar su pago (…) [Sentencia N° 0460 de 3 de mayo de 2011, caso Ottavio Coffaro Di Pasquale vs. PDVSA Petróleo, S.A. y Bariven, S.A.]. [Resaltado de la cita).

Al conjugar lo establecido en el parágrafo único del artículo 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo con la doctrina jurisprudencial que en torno a dicha norma ha formulado la Sala, se aprecia que la posibilidad que la Ley procesal laboral confiere al Juez del Trabajo, está restringida a la condición de que la prestación o indemnización –distinta de la requerida- haya sido debatida en el curso de la causa y haya quedado debidamente probada, atendiendo a su soberana apreciación.

De los pasajes de la sentencia cuestionada, anteriormente citados, verifica la Sala que el actor demanda el pago de la indemnización a cargo del patrono, contenida en el artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, prevista en caso de la ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, como consecuencia de la violación de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte del empleador o empleadora, de acuerdo con la gravedad de la falta y de la lesión, específicamente la establecida en el numeral 4.

Constata igualmente la Sala, que fue establecido por la recurrida, la discapacidad parcial y permanente del trabajador, debidamente certificada por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL), a consecuencia del accidente de trabajo que el demandante sufrió.

A pesar que en el caso concreto, no estamos frente a una discapacidad parcial permanente mayor del veinticinco por ciento (25%), a fin de que se active la procedencia de la indemnización regulada en el numeral 4 del artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, que fue la reclamada por el accionante; quedó establecido por el ad quem, una discapacidad parcial y permanente del trabajador, debidamente certificada por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL); por lo que, habiendo sido discutida la indemnización y probada en forma idónea el tipo de discapacidad, concluye la Sala atendiendo a su soberana apreciación, aplicar el numeral 5 del artículo 130 ejusdem, correspondiente al pago de la indemnización mínima en caso de discapacidad parcial permanente inferior al veinticinco por ciento (25%), en concordancia con los extremos regulados en el parágrafo único del artículo 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que se cumplen en este juicio. Así se declara…

.

En esta perspectiva, resulta procedente el pago de la indemnización establecida en el artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en su numeral 5, que establece “en caso de discapacidad parcial permanente de hasta el veinticinco por ciento (25%)”, a pesar de que la parte reclamó lo contenido en el numeral 4, referido a una discapacidad parcial permanente mayor del veinticinco por ciento (25%), ya que consta al folio 396, que la Sub Comisión Evaluadora de Incapacidad Residual del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, determinó en 25% el porcentaje de perdida de la capacidad para el trabajo, por lo que quedó establecida una discapacidad parcial y permanente del trabajador, debidamente certificada por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL), Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Mérida; siendo discutida la indemnización y probada en forma idónea el tipo de discapacidad y el porcentaje de la misma, todo en concordancia con los extremos regulados en el parágrafo único del artículo 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que se cumplen en el presente caso. Así se establece.

Entonces, esta Juzgadora considera que el cálculo puede realizarse de la siguiente manera: si el artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo contempla, en su numeral 5, el equivalente al salario correspondiente a no menos de un (1) año ni más de cuatro (4) años, contados por días continuos, en caso de discapacidad parcial permanente de hasta el veinticinco (25%) de la capacidad física o intelectual del trabajador para la profesión u oficio habitual, la cual se cuantifica en virtud de lo establecido en las actas procesales, en un término reducido, calculada a razón del salario integral diario indicado, tomando como referencia para el cálculo del mismo lo indicado en el contrato de trabajo inserto a los folios 9 al 11, vale decir, la cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE BOLÍVARES CON SETENTA Y DOS CENTIMOS (BS. 1.229,72), como salario mensual, resultando un salario diario por la cantidad de CUARENTA BOLÍVARES CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS, por lo que al no configurarse en un hecho controvertido, se toma como salario integral la cantidad de CUARENTA Y TRES BOLÍVARES CON NUEVE CENTIMOS (Bs. 43,09), al incluir lo correspondiente por alícuotas de bono vacacional y utilidades respectivamente.

Indemnización: 1,5 años (365 días x 1,5) = 547,5 días continuos, a razón de Bs. 43.09 (salario integral diario) = Bs. 23.591,77

Resultando así, un total de VEINTITRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN BOLÍVARES CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs. 23.591,77). Así se establece.

RESPONSABILIDAD OBJETIVA DERIVADA DEL RIESGO PROFESIONAL Y DE LA RESPONSABILIDAD POR GUARDA DE COSAS.

Con respecto al reclamo de la indemnización de daño moral en virtud de haber sufrido el actor un accidente laboral, observa esta Tribunal que de las pruebas aportadas al proceso se desprende que el actor padece de una discapacidad parcial y permanente como secuela del accidente laboral ocurrido. En tal sentido, constituye criterio reiterado de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, que este Tribunal acoge, en materia de infortunios de trabajo demostrado el accidente o enfermedad profesional, se aplica la teoría de la responsabilidad objetiva, también denominada del “Riesgo Profesional”, según la cual procede el pago de indemnización por daño moral a favor del trabajador, independientemente de la culpa o negligencia del patrono. Al respecto, véase sentencia Nº 110 de fecha 11 de marzo de 2005, (caso: B.W.R.M. contra Inversiones Gammiero Murgano C.A. y Diversiones Tolón, S.R.L.).

De igual forma, es menester observar lo contenido en sentencia Nº 1202, de fecha 02 de noviembre de 2010, emitida por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, que señaló al efecto lo siguiente:

“…Sobre este particular, la reiterada doctrina jurisprudencial establecida por esta Sala sobre la responsabilidad objetiva del patrono en casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sostiene que, aun cuando no sea posible establecer que los daños experimentados en la salud o integridad física de los trabajadores, esté ligada causalmente a una conducta culposa o dolosa del empleador, éste queda obligado a indemnizar los perjuicios sufridos con ocasión de la prestación de servicios, en virtud de que el daño -lesiones derivadas de accidente o enfermedad profesional- constituye la materialización de un riesgo introducido por el empresario en el tráfico jurídico mediante la explotación de una actividad económica que le reporta un lucro.

De manera que, en materia de infortunios de trabajo se aplica la teoría de la responsabilidad objetiva, también llamada del riesgo profesional, la cual hace proceder a favor del trabajador accidentado el pago de indemnizaciones por daños, independientemente de la culpa o negligencia del patrono.

La responsabilidad objetiva por infortunios del trabajo tiene su fuente en la responsabilidad por guarda de cosas, prevista en el artículo 1.193 del Código Civil, pues nace del supuesto de que el daño causado por un objeto debe ser reparado por su propietario, no porque el patrono haya incurrido en culpa, sino porque su cosa, su maquinaria ha creado un riesgo, sobre el cual debe responder, indemnizando al trabajador tanto por el daño material como por daño moral.

Ha sostenido la Sala que resulta suficiente, para que pueda ser declarada la responsabilidad especial por guarda de cosas que se pruebe suficientemente la existencia del daño, la relación de causalidad conforme a la cual pueda afirmarse que el hecho de la cosa es el que causó el daño, y la condición de guardián de la demandada. Por su parte, la empresa demandada dispone de las siguientes defensas: la demostración de que el hecho proviene de un caso fortuito, de fuerza mayor, del hecho de un tercero o de culpa de la víctima.

En el caso de autos, constituye un hecho no controvertido que el accidente se produjo por el accionar de una máquina propiedad de la demandada, y está demostrado -folios 102 y 103 del expediente- que las lesiones sufridas por el demandante lo incapacitaron total y permanentemente para el trabajo habitual. Por otra parte, no está demostrado en autos que el accidente haya ocurrido por culpa del trabajador como lo alegó la demandada. En consecuencia, se declara procedente la pretensión de indemnización por daño moral…

Con base en lo expuesto, colige este Tribunal que en el presente asunto resulta demostrado el daño, por lo que a fin de establecer la procedencia del daño moral por responsabilidad objetiva, y de su cuantificación, debe observarse lo indicado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 116 de fecha 17 de mayo de 2000, (caso: José Francisco Tesorero Yánez contra Hilados Flexilón S.A.), que esta instancia acoge, donde estableció los parámetros que debe revisar el Juez para su establecimiento, entre ellos, la entidad del daño, tanto físico como psíquico (la llamada escala de los sufrimientos morales); el grado de culpabilidad del accionado o su participación en el accidente o acto ilícito que causó el daño (según sea responsabilidad objetiva o subjetiva); la conducta de la víctima; el grado de educación, cultura, posición social y económica del reclamante; la capacidad económica de la parte accionada; los posibles atenuantes a favor del responsable; y por último, las referencias pecuniarias para tasar la indemnización que considera equitativa y justa para el caso concreto.

En atención a ello, se verifican las siguientes circunstancias:

1. La entidad del daño, tanto físico como psíquico (la llamada “escala de los sufrimientos morales”): Se observa que al trabajador le fue certificada por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL), Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Mérida, una discapacidad parcial y permanente, con una perdida en un 25% de la capacidad para el trabajo, tal como lo indicó la Sub Comisión Evaluadora de Incapacidad Residual del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que le impide la realización de ciertas actividades, que se caracteriza por ciertas limitaciones, como actividades que ameriten manipulación, levantamiento y traslado de cargas pesadas, bipedestación prolongada y caminar trayectos largos, subir y bajar escaleras.

2. El grado de culpabilidad del accionado o su participación en el accidente o acto ilícito que causó el daño: En cuanto a este parámetro, debe observarse que ello quedó demostrado en el caso de autos, al verificarse el incumplimiento en la normativa de higiene y seguridad en el trabajo, antes analizada.

3. La conducta de la víctima: No se evidenció que el accionante haya desplegado una conducta dolosa o culposa atribuible al mismo.

4. Posición social y económica del reclamante: Se observa que el trabajador tiene 27 años de edad, y se encontraba estudiando para el momento de la ocurrencia del accidente laboral, quien se desempeñaba como Ayudante de Self Service en Empresas Garzón C.A., devengando salario mínimo nacional.

5. Los posibles atenuantes a favor del responsable: Se advierte que la parte accionada, el día de la ocurrencia del accidente con ocasión del trabajo, atendió en el servicio médico de la empresa al accionante, donde se le indicó tratamiento.

6. Referencias pecuniarias para tasar la indemnización que se considera equitativa y justa para el caso concreto: Se trata de una sociedad mercantil conformada por una red de supermercados en varias regiones del país.

En consecuencia, este Tribunal por vía de equidad, considera prudente acordar la cantidad de VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 20.000,00) como indemnización por concepto de daño moral. Así se establece.

RESPONSABILIDAD OBJETIVA SEGÚN LEY ORGANICA DEL TRABAJO

En cuanto a las indemnizaciones reclamadas por accidente de trabajo, derivadas de la responsabilidad objetiva del empleador contempladas en el artículo 573 de la Ley Orgánica del Trabajo, aplicable al presente caso, se ha evidenciado del material probatorio cursante en autos que el trabajador se encontraba debidamente inscrito en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) (folios 317 y 318), en consecuencia, el régimen aplicable no es el previsto en la Ley Orgánica del Trabajo, ya que éste es supletorio del consagrado en la Ley del Seguro Social, por lo que es dicho ente quien deberá pagar las prestaciones en dinero correspondientes y el patrono es subrogado de tal obligación, tal y como fue establecido por el Tribunal Supremo de Justicia en reiterados fallos (Sentencia Nº 495, del 30 de julio de 1998, Sala Político-Administrativa; Sentencia Nº 931, del 25 de noviembre de 1998, Sala de Casación Civil; Sentencia Nº 205, del 26 de julio de 2001, Sala de Casación Social), en concordancia con lo previsto en el artículo 2° de la Ley del Seguro Social. Así se declara.

En relación a la Indemnización por asistencia médica quirúrgica, y farmacéutica, en concordancia a lo establecido en el artículo 577 de la Ley Orgánica del Trabajo, aplicable ratione temporis, el artículo 585 de la Ley Orgánica del Trabajo, prevé que este régimen tiene una naturaleza meramente supletoria, respecto de lo no previsto en las leyes de seguridad social.

VI

DISPOSITIVO

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:

PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE LABORAL, por el ciudadano H.A.B.G., en contra de la sociedad mercantil EMPRESAS GARZÓN, C.A. (Ambas partes identificadas en autos).

Se condena a la sociedad mercantil EMPRESAS GARZÓN, C.A., a pagar al ciudadano H.A.B.G., la cantidad de CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN BOLÍVARES CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs. 43.591,77), por los conceptos indicados en la motiva del presente fallo.

Con respecto a los intereses de mora que sean generados por la condenatoria del daño moral, éstos serán calculados mediante experticia complementaria del fallo, desde la fecha de publicación de la sentencia hasta su ejecución, conforme al criterio establecido por la Sala en sentencia Nº 161 del 2 de marzo de 2009 (caso: R.V.P.F., contra Minería M.S.).

Procede el pago de los intereses de mora reclamados respecto a la indemnización acordada con fundamento en el artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, los cuales serán establecidos mediante experticia complementaria del fallo, de conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todo de conformidad a lo establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencias números 2.162 y 863, de fechas 25 de octubre de 2007 y 27 de julio de 2012.

Se ordena la indexación de la indemnización por responsabilidad subjetiva, desde la fecha de notificación de la demandada hasta que la sentencia quede definitivamente firme, excluyendo de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes.

No se condena en costas, por cuanto no existe vencimiento total.

Dada, firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, en Mérida a los doce (12) días del mes de noviembre de dos mil catorce (2014). Años 204º de la Independencia y 155º de la Federación.

Dios y Federación

La Juez Titular,

Dubrawska Pellegrini Paredes

La Secretaria

Yurahí Gutiérrez Quintero

En la misma fecha se dictó y publicó el fallo que antecede, siendo las tres y cinco minutos de la tarde (03:05 p.m.).

Sria