Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Mercantil de Merida (Extensión Mérida), de 12 de Junio de 2006

THEMA DECIDENDUM. En el presente juicio se demandó la partición de herencia, mediante demanda interpuesta por el ciudadano J.H.L.H., asistido por la abogado en ejercicio LEUDIS DEL VALLE VILLARREAL RUZ, contra los ciudadanos M.R., J.A., ALFONSO, G.J., M.L., A.M., B.J. y M.C.L.H.. La parte actora alegó que compró al ciudadano J.L.L.A. viudo de la causante L.F.H.D.L. todos y cada uno de los derechos que como propietario tenía de la comunidad conyugal, que asimismo compró la totalidad de los derechos que le correspondían como co-heredero al ciudadano J.L.L.A., con ocasión del fallecimiento de la prenombrada ciudadana, sobre un inmueble constituido de una vivienda unifamiliar construida sobre el resto del terreno propiedad de la precitada comunidad conyugal, que la titularidad de los derechos vendidos representan el CINCUENTA Y TRES PUNTO DECIMAL TRES Y TRES CENTÉSIMAS sobre el total del inmueble descrito. Por su parte, la defensor ad litem de los herederos desconocidos en su escrito de contestación de la demanda negó, rechazó e hizo formal oposición a la partición de la herencia visto que la parte actora no especificó la cuota parte hereditaria de cada uno de los co-herederos. Por otro lado, fueron presentados dos escritos de contestación de la demanda, producidos por las co-demandadas A.M.L.H. y M.C.L.H., mediante los cuales se opusieron a la acción de partición de herencia por cuanto no se expresó en el libelo de demanda la proporción en que deben dividirse los bienes y porque la demanda consignada se contrae a sólo ocho (8) de los catorce (14) hermanos. De esta manera quedo trabada la litis.

DE LA CONFESIÓN FICTA:

1. - El Tribunal observa del folio 74 al 99 corren agregadas las actuaciones correspondientes a la citación personal de los ciudadanos demandados M.R., J.A., ALFONSO, M.L., G.J. y BELKYS J.L.H. quienes firmaron las respectivas boletas de citación tal como consta a los folios 54, 90, 79, 88 y 92, de igual manera se pudo constatar que al folio 111 del expediente que corre agregada nota secretarial en virtud de la cual se dejó constancia expresa que siendo el día 20 de mayo de 2.005 el último día para que los demandados dieran contestación a la demanda, los co-demandados ciudadanos J.A.L.H., A.L.H., M.R.L.H., M.L.L.H., G.J.L.H. y BELKYS J.L.H., no presentaron ni por si o por medio de apoderado escrito de contestación a la demanda. Sobre este particular el Tribunal considera conforme al artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, el cual determina que si la parte demandada no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en el referido texto legal, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante ni nada probare que le favorezca; en el caso in comento, consta en los autos, que ni los prenombrados co-demandados, ni su defensor judicial, comparecieron a dar contestación a la demanda interpuesta y nada probaron que les favoreciera dentro del lapso legal; razón por la cual es procedente declarar que los ciudadanos J.A.L.H., A.L.H., M.R.L.H., M.L.L.H., co-demandados en el presente juicio, incurrieron en confesión ficta, y en cuanto a las ciudadanas G.J.L.H. y BELKYS J.L.H., el Tribunal observa que en la transacción realizada por las indicadas ciudadanas le dieron en venta al demandante los derechos y acciones que a ellas les correspondían, razón por la cual, las mismas quedaron excluidas del presente proceso.

2. - Establece el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil: “Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca. En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiese promovido alguna, el Tribunal procederá a sentenciar la causa, sin más dilación, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de aquel lapso, ateniéndose a la confesión del demandado. En todo caso, a los fines de la apelación se dejará transcurrir íntegramente el mencionado lapso de ocho días si la sentencia fuere pronunciada antes de su vencimiento.”

   Del artículo antes trascrito se desprenden, tres requisitos fundamentales para que opere la confesión ficta:

   1. Que el demandado no haya contestado la demanda, esto es, la ausencia o extemporaneidad de la contestación.

   2. Que la petición no sea contraria a derecho, es decir, la legalidad de la acción.

   3. Que el demandado en el término probatorio no probara nada que le favorezca, vale decir, la omisión probatoria.

   Al no darse oportuna respuesta a la acción incoada, sólo corresponde al Tribunal constatar los literales “B” y “C” de lo arriba señalado, vale decir, que la acción interpuesta no sea contraria a derecho, ni que aparecieren desvirtuadas las pretensiones del accionante por ninguno de los elementos del proceso, en el presente caso, es preciso señalar y resaltar, que la referida pretensión se subsume a la partición de herencia.

3. - En nuestro derecho, la falta de contestación de la demanda, da lugar a la confesión ficta, esto es, la presunción de confesión que recae sobre los hechos narrados en la demanda, pero no sobre el derecho. Dicha confesión ficta, que por su naturaleza es una presunción iuris tantum, lo cual comporta una aceptación de los hechos expuestos en el libelo de la demanda, no se produce sino por la incomparecencia del demandado a la contestación de la demanda o su comparecencia tardía al mismo, vale decir extemporánea, pues las partes a derecho con su citación para dicho acto y su comparecencia al mismo funciona como la antigua personación o comparecencia, de tal modo que la realización de aquel acto, constituye la liberación del demandado de la carga de contestación, y su omisión o falta, produce la confesión ficta. El lapso de comparecencia tiene así el carácter de perentorio o preclusivo y agotado que sea, ya por la realización de la contestación o por su agotamiento por no haberse realizado aquélla, no podrá ya admitirse la alegación de hechos nuevos, ni la contestación de la demanda, ni la reconvención, ni las citas de terceros a la causa, tal y como lo establece el artículo 364 del Código de Procedimiento Civil.

4. - El alcance de la locución: “nada probare que le favorezca”, tanto la doctrina, como la jurisprudencia han sostenido al respecto, que es permitida la prueba que tienda a enervar o paralizar la acción intentada, hacer contraprueba de los hechos alegados por el actor, demostrar que ellos son contrarios a derecho. En cambio, no es permitida la prueba de aquellos alegatos hechos constitutivos de excepciones que han debido alegar en la contestación de la demanda.

5. - La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 29 de agosto de 2.003, con ponencia del Magistrado Dr. J.E.C.R., en el expediente número 03-0209, sentencia número 2428, sobre la procedencia de la confesión ficta expresó:

   “Para la declaratoria de la procedencia de la confesión ficta, se requiere la verificación de los otros dos elementos como los son, que la petición no sea contraria a derecho y que el demandado en el término probatorio no probare nada que le favorezca.

   Siguiendo este orden de ideas, el hecho relativo a que la petición no sea contraria a derecho tienen su fundamento en el entendido que, la acción propuesta no esté prohibida por ley, o no se encuentre tutelada o amparada o tutelada por la misma; por lo que, al verificar el juez tal situación, la circunstancia de considerar la veracidad de los hechos admitidos, pierde trascendencia al sobreponerse las circunstancias de derecho a las fácticas, ya que aunque resulten ciertos los hechos denunciados no existe un supuesto jurídico que los ampare y que genere una consecuencia jurídica requerida…

   …En cambio, el supuesto negativo a si nada probare que le favorezca, hace referencia a que el demandado que no dio contestación a la demanda, podrá promover cuantas pruebas crea conveniente, siempre y cuando vayan dirigidas a hacer contraprueba a los hechos alegados por el actor. En tal sentido la jurisprudencia venezolana en forma reiterada, ha venido señalando en muchísimos fallos, que lo único que puede probar el demandado en ese “algo que lo favorezca”, es la inexistencia de los hechos alegados por el actor, la inexactitud de los hechos, pero ha indicado de esta forma, que no puede nunca el contumaz probar ni excepciones perentorias, ni hechos nuevos que no ha opuesto expresamente…” (Lo subrayado y destacado fue efectuado por el Tribunal)

6. - La anterior decisión parcialmente transcrita emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para casos análogos, deben ser vinculantes para este Tribunal, ya que en sentencia de fecha 18 de junio de 2.003, la señalada Sala Constitucional, conociendo de un recurso de revisión, estableció el criterio de que el Juez incurre en una conducta indebida en el ejercicio de sus funciones cuando se niega a aceptar el precedente de la Sala Constitucional en el momento de decidir acerca de un caso similar, supuesto en el cual la inobservancia del precedente debe ser sancionada jurídicamente. En efecto, en la sentencia en mención la prenombrada Sala señaló:

   “…omisis… La denuncia planteada lleva a esta Sala distinguir –omisis—que la fuerza obligatoria de un precedente judicial puede ser de dos tipos: jurídica (de iure) o de hecho (de facto). La primera…, corresponde a las decisiones que dicta esta Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios Constitucionales (artículo 335 eiusdem ; en relación con la segunda, se debe decir que al fuerza obligatoria fáctica de los precedentes judiciales la tienen asignadas las decisiones de las demás Salas de este Supremo Tribunal.

   La distinción en uno u otro del precedente judicial, tiene efectos de predecibilidad desde una aproximación sistemática interna y una aproximación sistemática externa respecto al Derecho. Así el punto de vista interno es el que tiene el juez que aplica el derecho como órgano que es del sistema judicial, y en esta función no puede sustraerse a la fuerza obligatoria vinculante del precedente emanado de la Sala Constitucional. En este sentido, encuentra la Sala que el Juez incurre en conducta indebida en el ejercicio de su función si se negara aceptar el precedente de la Sala Constitucional en el momento de decidir acerca de un caso similar; supuesto en el cual, la inobservancia del precedente debe ser sancionada jurídicamente.

   Desde el punto de vista externo, los procedentes judiciales forman parte de las fuentes del Derecho en los que se basa la Dogmática Jurídica para estudiar los articulados del derecho válido; y en este sentido, la fuerza obligatoria del precedente de facto sólo es directiva; significa ello, que en caso de ser inobservada el precedente es altamente probable que sea revocado en una instancia judicial superior. Tal es el efecto que prevé el artículo 178 de la novísima Ley orgánica Procesal del Trabajo al otorgarle la Sala de Casación Social el control de la legalidad de los fallos emanados de los Tribunales Superiores del Trabajo que aún cuando no fueran recurribles en Casación, violentan o amenazan violentar las normas de orden público o cuando la sentencia recurrida sea contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de dicha Sala de Casación.

   …omisis…

   La fuerza obligatoria del precedente de la Sala Constitucional radica en la atribución que tiene conferida la Sala como máximo intérprete de las normas y principios constitucionales, pero esta interpretación con fuerza obligatoria vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República, se extiende al contenido y alcance de las normas de contenido legal para ajustarlas al texto constitucional, máxime cuando todavía prevalece en nuestro ordenamiento jurídico la legislación preconstitucional (…) En este sentido, encuentra la Sala que el Juez incurre en conducta indebida en el ejercicio de su función si se negara aceptar el precedente de la Sala Constitucional en el momento de decidir acerca de un caso similar; supuesto en el cual, la inobservancia del precedente debe ser sancionada jurídicamente. Así se declara. (Lo subrayado y destacado fue efectuado por este Tribunal.)

   De tal manera que el Tribunal se encuentra obligado a aplicar para los casos análogos o similares la interpretación que hace la Sala Constitucional con respecto al contenido y alcance de las normas de contenido legal para ajustarlas al texto constitucional, como máximo intérprete de la Constitución Nacional y de nuestro ordenamiento jurídico.

   Con base a todos los argumentos legales, doctrinarios y jurisprudenciales, el Tribunal llega a la conclusión que en el presente caso se produjo la confesión ficta con relación a los co-demandados ciudadanos J.A.L.H., A.L.H., M.R.L.H., M.L.L.H., y así debe decidirse.

DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE ACTORA:

1) VALOR Y MÉRITO JURÍDICO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTAS DEL EXPEDIENTE EN CUANTO FAVOREZCAN A SU MANDANTE, ESPECIALMENTE EL VALOR Y MÉRITO JURÍDICO DEL LIBELO DE LA DEMANDA.

Con respecto al mérito y valor jurídico probatorio de las actas del proceso en cuanto le sean favorables, el Tribunal señala, que efectuado el aporte de pruebas, las mismas pasan a formar parte del proceso, sin que ninguno de los contendores pueda atribuirse factores favorables y la eliminación de los que no lo sean, toda vez que por el principio de la comunidad de la prueba, ninguna de las partes contendientes puede atribuirse el valor exclusivo de cualquier prueba o de parte de la misma, ya que como antes se indicó, las pruebas aportadas al juicio son propias de éste, y no de las partes en particular.

Con relación a esta prueba, el Tribunal considera pertinente, hacer las siguientes consideraciones: En primer lugar, cuando una prueba es promovida dentro de un proceso cualquiera, no es el promovente el dueño de la prueba, pues la misma puede beneficiar, favorecer o perjudicar a todas las partes que de una u otra forma aparezcan involucradas en la controversia, en atención al principio procesal de la comunidad de la prueba, que permite que una prueba evacuada y producida a los autos pertenece al proceso, guardando total independencia de la parte que la promovió o produjo y no en forma particular a su aportante o promovente, ya que tal como lo estableció la Sala de Casación Civil en sentencia de fecha 19 de noviembre de 1.969, tienen su justificación jurídica en que “... como las pruebas constituyen los elementos utilizados por el Juez para alcanzar el fin del proceso, nada importa quien las haya promovido o aportado”; en segundo lugar, son tres las características fundamentales que se le atribuyen al principio de la comunidad de la prueba: 1) Que se relaciona con el hecho de que toda prueba surte efectos para el proceso quien la adquiere (proceso de adquisición de la prueba) para el proceso, sin que importe la parte que la haya promovido. 2) El destinatario de la prueba no es una parte específica, no es tampoco su promovente, es, siempre y en todo caso el proceso. 3) La valoración de una prueba no toma en cuenta el vínculo generador de ella, pues el mérito y la convicción que de ella dimanan es totalmente independiente del propósito del promovente, sólo subordinado a la soberanía del juzgador; en tercer lugar, si bien, la expresión de reproducir el mérito favorable de los autos en cuanto a que favorezca a la parte promovente, no vulnera en sí el principio de la adquisición procesal, ni tampoco lesiona el principio de la comunidad de la prueba, ni menoscaba la potestad del juzgador de valorar las pruebas, no obstante, la expresión el mérito favorable de los autos en cuanto favorezca al cliente o representado, no constituye por sí misma una prueba, sino una especie de recordatorio al Juez para analizar las actas procesales, sin que ello implique, se repite, una prueba en si misma. Por lo tanto, a esta prueba promovida por la parte actora, el Tribunal no le asigna eficacia probatoria alguna, pues las actas procesales y las pruebas no son patrimonio de una parte en especial sino que corresponden al proceso, y por lo tanto, pueden favorecer o desfavorecer a las mismas.

En cuanto al libelo de la demanda promovido como prueba por la parte actora, este Juzgado considera que ha sido doctrina sostenida por la Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia en reiterados fallos que el mismo no constituye un medio probatorio. En efecto en sentencia de fecha 16 de noviembre de 2.000, número 474, la dicha Sala dejó sentado lo siguiente:

(omissis)...el libelo de demanda no es una prueba, sino la actuación de la parte que contiene la pretensión. En dicho escrito no puede haber confesión, pues no existe el animo de aceptar un hecho dañoso sino de exponer la pretensión; en consecuencia , si el Juez se aparta de los términos de dicha pretensión, omitiendo una alegación que la otra parte considera favorable a sus intereses, cometería vicio de incongruencia, no silencio de prueba. Omissis

(Tomado de Ramírez & Garay, Tomo 170, Noviembre 2.000, número 2702, página 589).

Asimismo en decisión dictada en fecha 28 de noviembre de 2.000, la misma Sala ratifica el criterio in comento al establecer:

(omissis)...en cuanto a la alegación del formalizante, de que se ha debido hacer un estudio comparativo entre el libelo de demanda y su reforma, y que al no haberse realizado se incurrió en silencio de prueba, sino que cualquier omisión de examen constituye vicio de incongruencia.

Sin embargo, en el caso bajo decisión no existe tal error, pues el libelo reformado es sustituido por el nuevo libelo, en virtud de la reforma y no puede constituir fundamento para ningún pronunciamiento, favorable o desfavorable al demandante...

(Tomado de Ramírez & Garay, Tomo 170, Noviembre 2.000, número 2718, página 628).

En este sentido reciente decisión de fecha 2 de octubre de 2.003, de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, contenida en el expediente número AA60-S-2003-000166, con ponencia del Magistrado Dr. J.R.P., se estableció: “Tiene establecido esta Sala que las afirmaciones de hecho contenidas en el escrito de la demanda y contestación, no tienen carácter o naturaleza de “pruebas”, aún cuando, ciertamente, precisan los términos en que las partes han dejado planteada la litis, y en ese sentido, delimitan los extremos cuya prueba deberá ser aportada posteriormente a aquellos cuya demostración no será necesario aportar”. Por lo tanto, tales alegatos no constituyen prueba alguna.

2) VALOR Y MÉRITO JURÍDICO DEL DOCUMENTO DE COMPRA DEL CIUDADANO J.H.L.F.A.C.J.L.L.A.. El Tribunal observa que a los folios 4 y 5 riela documento público en virtud del cual el ciudadano J.L.L.A., cedió y traspasó en forma pura, simple e irrevocable al ciudadano J.H.L.F. todos y cada uno de los derechos que como co-propietario tenía con ocasión de la comunidad conyugal con la ciudadana L.F.H.D.L. así como la totalidad de los derechos que como co-heredero le correspondían en la sucesión aperturada por el fallecimiento de la prenombrada ciudadana. En el mencionado documento la titularidad de los derechos del vendedor, representaba el CINCUENTA Y TRES PUNTO DECIMAL TRES Y TRES CENTÉSIMAS sobre el total del inmueble objeto de la presente demanda, según lo indica el expresado documento. Este Juzgado le asigna a este documento público el valor probatorio a que se contraen los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, ya que el mismo no fue tachado de falsedad conforme a los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.380 del Código Civil.

3) VALOR Y MÉRITO JURÍDICO DE LA PLANILLA DE DECLARACIÓN SUCESORAL, DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2.002, EXPEDIENTE NÚMERO 328/2002 Y EL CERTIFICADO DE SOLVENCIA DE SUCESIONES DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2.002. Observa el Tribunal que al folio 8 riela certificado de solvencia de sucesiones, emitido por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT, signado con el número 328/2.002, en cual figura como causante L.F.H.d.L.. Igualmente corre inserto del folio 9 copia del formulario para autoliquidación de impuesto sobre sucesiones emanado por la referida institución, en el formulario se indicó como causante a L.F.H.d.L.; asimismo a los folios 10 y 11 obran dos anexos en copia de la prenombrada planilla, en los mismos se identificó como causante a L.F.H.d.L.. A estos documentos emanados de la administración pública se les consideran como documentos administrativos, y por tanto este Juzgado los valora como tal, en virtud de que los mismos no fueron impugnados por la parte demandada. Sobre este particular el Tribunal observa que en reiteradas jurisprudencias se ha señalado que los documentos de los funcionarios públicos, en ejercicio de sus competencias específicas, constituyen un género de prueba instrumental, que por referirse a actos administrativos de diversa índole, su contenido tiene el valor de una presunción respecto a la veracidad y legitimidad de su contendido, en razón del principio de la ejecutividad y ejecutoriedad, que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y que, por tanto, deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario, toda vez, que es posible desvirtuar la procedencia del documento administrativo por cualquier otra prueba.

Por su parte, la Sala Político-Administrativa, de fecha 2 de diciembre de 1993, que al referirse al documento público, expresó lo siguiente, que a continuación se transcribe:

“En particular define el artícu¬lo 1.357 del Código Civil el documento público, como aquél (sic) que ha sido autorizado con las formalidades legales por un Registrador, por un juez o por otro funcionario o empleado público que tenga facultad de darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado. El ar¬tículo 1.384 atribuye a los traslados y las copias o testimonios de los documentos públicos o de cualquier otro documento auténtico, la misma fe de los originales si los ha expedido el funcionario competente con arreglo a las leyes’.

Por otro lado, para esta Corte son Documentos, Administrativos, aquellos documentos emanados de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus competencias específicas, los cuales constituyen un género de la prueba instrumental, que por referirse a actos administrativos de diversa índole, su contenido tiene el valor de una presunción respec¬to a su veracidad y legitimidad, en razón del principio de ejecutividad y ejecutoriedad, que le atri¬buye el artículo 8° de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y que por tanto, deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario. Estos documentos están dotados de una presunción favorable a la veracidad de lo declarado por el funcionario en el ejercicio de sus funciones, que puede ser destruida por cualquier medio legal. En consecuencia, no es posible una asimilación total entre el documento público y el documento administrativo, porque puede desvirtuarse su certeza por otra prueba pertinente e idónea, y no sólo a través de la tacha de falsedad...".

El criterio antes expresado fue ratificado por decisión de la Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 6 de junio de 2002, con ponencia del Magistrado Dr. O.V., expediente número 00957.

En consecuencia, este Tribunal le asigna a estos documentos administrativos antes señalados, la eficacia probatoria y el valor jurídico que se desprende del contenido del artículo 1.363 del Código Civil, vale decir, el de plena prueba.

4) VALOR Y MÉRITO JURÍDICO DE LA TRANSACCIÓN JUDICIAL, REALIZADA POR ANTE ESTE TRIBUNAL, POR LAS CIUDADANAS G.J.L.H. Y B.J.L.H., CON SU PODERDANTE CIUDADANO J.H.L.H.. El Tribunal observa que al folio 113 corre diligencia suscrita por las co-demandadas G.J.L.H. Y B.J.L.H., en virtud de la cual celebraron una transacción en la que dan en venta al ciudadano J.H.L.H., los derechos y acciones que les correspondían por herencia de su madre L.F.H.D.L.. Este Tribunal le asigna a esta acta procesal el valor probatorio de documento público de conformidad con los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, ya que dicha acta procesal no fue tachada de falsedad de acuerdo a los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.380 del Código Civil.

5) VALOR Y MÉRITO JURÍDICO DE LAS PARTIDAS DE NACIMIENTO DE LOS CIUDADANOS J.E., M.C., CANDELARIA, M.F.L.H., HERMANOS DE SU MANDANTE.

El Tribunal observa del folio 119 al 122, se encuentran insertas las siguientes partidas de nacimiento de las personas que fueron omitidas como demandados en el escrito contentivo del libelo de la demanda, y a quienes indicó como sus hermanos en el acta de defunción. A los precitados documentos públicos que rielan en originales, este Tribunal les asigna el valor probatorio a que se contrae el artículo 1.359 del Código Civil, ya que dichos documentos no fueron tachados de falsedad conforme a los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.380 del Código Civil.

En tal sentido, desde el punto de vista probatorio, es el que señala el Dr. J.L.A.G., en su texto Derecho Civil-Persona- UCAB. Caracas 1.982, p.119, en donde expresa:

“Respecto de los actos presenciados por la autoridad, las partidas tienen carácter de prueba auténtica. En consecuencia, mientras no sean declaradas falsas hacen plena fe “erga omnes” : 1º) de los hechos que el funcionario declara haber efectuado, si tenía la facultad de efectuarlos; y 2º) de los hechos que el funcionario declara haber visto u oído, si tenía facultad para hacer constar (C.C. art. 1.359). Así, por ejemplo, hace plena fe “erga omnes”, mientras no sean declaradas falsas, en las respectivas partidas de nacimiento, entre otras, las declaraciones del funcionario de que fue presentado un niño en determinada forma, de que le impuso un determinado nombre por no haberlo hecho el presentante y de que éste compareció ante él. A su vez, para que las partidas puedan ser declaradas falsas, se requiere intentar la tacha de falsedad, la cual sólo procede por las causales taxativas señaladas por la Ley (C.C. art. 1.380) y se tramita por un procedimiento especial muy riguroso (C.P.C., art. 318 y siguientes)”.

En tal sentido, el Tribunal observa que en el escrito de promoción de pruebas de la parte actora, su apoderado consignó las partidas de nacimiento de los ciudadanos J.E., M.C., CANDELARIA, M.F.L.H., a quienes consideró como hermanos del demandante, lo que se puede constatar al vuelto del folio 117 en los últimos tres renglones y en el primer renglón del folio 118.

6) VALOR Y MÉRITO JURÍDICO DE LA CONFESIÓN FICTA EN LA QUE INCURRIERON LOS DEMANDADOS M.R., J.A., ALFONSO, G.J., M.L. Y B.J.L.H..

Observa el Tribunal que del folio 74 al 99 corren agregadas las actuaciones correspondientes a la citación personal de los ciudadanos demandados M.R., J.A., ALFONSO, M.L., G.J. y BELKYS J.L.H. quienes firmaron las respectivas boletas de citación tal como consta a los folios 54, 90, 79, 88 y 92, de igual manera se pudo constatar que al folio 111 del expediente corre agregada nota secretarial en virtud de la cual se dejó constancia expresa que siendo el día 20 de mayo de 2.005 el último día para que los demandados dieran contestación a la demanda, los co-demandados ciudadanos J.A.L.H., A.L.H., M.R.L.H., M.L.L.H., G.J.L.H. y BELKYS J.L.H., no presentaron ni por si o por medio de apoderado escrito de contestación a la demanda, sobre este particular el Tribunal observa, que el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil establece que si la parte demandada no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en el referido texto legal, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante ni nada probare que le favorezca. En el caso in comento la parte demandada no dio contestación a la demanda ni probaron nada que les favorezca, ni la petición del demandante es contraria a derecho; sin embargo, se debe precisar que tal confesión ficta no afecta desde el punto de vista jurídico a las ciudadanas G.J.L.H. y BELKYS J.L.H., quienes le dieron en venta a su hermano J.H.L.H., parte actora, los derechos y acciones que le correspondían en la herencia.

DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LAS CO- DEMANDADAS M.C. Y A.M.L.H..

1. VALOR Y MÉRITO PROBATORIO DE LOS AUTOS EN CUANTO LE FAVOREZCAN. El pronunciamiento del Tribunal es de idéntica forma a la prueba de la consideración TERCERA número “1)”, que se refiere al aporte de pruebas efectuado por las partes y que las mismas pasan a formar parte del proceso, sin que ninguno de los contendores pueda atribuirse factores favorables y la eliminación de los que no lo sean, en orden al principio procesal de la comunidad de la prueba.

2. VALOR Y MÉRITO PROBATORIO DEL LIBELO DE LA DEMANDA.

   El Tribunal observa que esta prueba, fue promovida igualmente por la parte actora, particular TERCERA numeral “1)” se evidencia en autos que este Juzgado ya se pronunció al respecto, por tanto sería una inutilidad procesal redundar nuevamente sobre el valor probatorio que le asigna este Tribunal.

3. VALOR Y MÉRITO PROBATORIO DE LA PARTIDA DE DEFUNCIÓN DE LA CAUSANTE L.F.H.D.L., NÚMERO 845. El Tribunal observa que al folio 67 consta acta de defunción expedida por el Registro Civil de la Parroquia D.P., Municipio Libertador del Estado Mérida, signada con el número 845, correspondiente a la causante L.F.H.D.L. titular de la cédula de identidad 3.496.964, en la misma se constata que fue casada con el ciudadano J.L.L. y que dejó catorce (14) hijos a saber: J.M., J.E., M.C., CANDELARIA, J.A., J.A., M.F., M.R., G.J., J.H., M.L., B.J., A.M. y M.C.L.H.; a este documento el Tribunal lo considera como documento público y le asigna el valor probatorio a que se contraen los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, ya que dicho documento no fue tachado de falsedad conforme a los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.380 del Código Civil. Observa de igual manera el Tribunal que la señalada acta de defunción en donde aparecen las catorce personas antes mencionadas como hijos de la causante L.F.H.D.L., se expresa en el texto de la misma que en el día 11 de septiembre de 2.001 se presentó por ante la Prefectura Civil de la Parroquia D.P.d.E.M., precisamente el demandante J.H.L.H., quien declara sobre el fallecimiento de su señora madre y causante antes mencionada ciudadana L.F.H.D.L., y es quien suministra los datos concernientes tanto con respecto a los padres de la mencionada ciudadana como el nombre del esposo de la misma ciudadano J.L.L., y a la vez precisa el nombre y los apellidos de sus catorce hermanos, y agrega la causa de la muerte, es decir, insuficiencia respiratoria, edema pulmonar masivo y cardiopatía hipertensiva, siendo los testigos presenciales de tal acto ciudadanos S.S., titular de la cédula de identidad número 10.105.095 y L.M.S., titular de la cédula de identidad número 8.013.628. Por lo que no le queda ninguna duda al Tribunal que el exponente en la partida y parte actora en el presente juicio J.H.L.H., afirmó que son catorce sus hermanos los cuales mencionó ante el funcionario público a los fines de la redacción de la correspondiente acta de defunción, por lo que al no demandar a sus catorce hermanos en su escrito libelar incurrió en una voluntaria omisión relacionada a sus otros hermanos J.E., M.C., CANDELARIA, M.F.L.H., mientras que en el escrito de promoción de pruebas producido por la abogado LEUDIS DEL VALLE VILLARREAL RUZ, actuando en su condición de apoderada del demandante J.H.L.H., admitió que son hermanos de la parte accionante, en los tres últimos renglones del folio 117 y en el primer renglón del folio 118; a lo que se le adiciona el hecho de que, el demandante no haya señalado con precisión en el escrito libelar la parte alícuota que le correspondía a cada uno de los herederos; pero es más, por máxima de experiencia y por experiencia foral se tiene público conocimiento que el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, (SENIAT), dependiente del Ministerio de Financias de la República Bolivariana de Venezuela, permite efectuar Declaraciones Fiscales Complementarias de bienes pero no permite la declaración o acusación fiscal complementaria de personas, lo que explica que por los errores en las partidas de nacimiento no hubiesen sido agregados al Formulario para Autoliquidación de Impuesto Sobre Sucesiones a los otros hermanos que son los que precisamente no aparecen como demandados, es decir, los ciudadanos J.E., M.C., CANDELARIA, M.F.L.H., a quienes como antes se ha dicho, fueron admitidos como hermanos en el precitado escrito de promoción de pruebas de la parte accionante. Todas las razones anteriormente expresadas permiten afirmar que la acción judicial por partición de herencia no puede prosperar. Y ASÍ DEBE DECIDIRSE.

En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta sentencia en los términos que a continuación quedan expresados: PRIMERO: Sin lugar la acción judicial que por partición de herencia fue intentada por el ciudadano J.H.L.H. debidamente asistido por la abogado en ejercicio LEUDIS DEL VALLE VILLARREAL RUZ, en contra de los ciudadanos M.R., J.A., ALFONSO, G.J., M.L., A.M., B.J. y M.C.L.H.. SEGUNDO: Se condena en costas a la parte demandante, de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, por haber resultado totalmente vencida en el presente juicio. TERCERO: Por cuanto la decisión sale fuera del lapso legal, para evitar la trasgresión de la norma constitucional que garantiza el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso de las partes, previstos en el encabezamiento y numeral 1º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y cumplir asimismo con la igualdad procesal de las partes consagrada en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, se acuerda la notificación de las partes, con el entendido que en el día de despacho siguiente a aquél en que conste en los autos la última notificación, comenzará a contarse el lapso de apelación en ambos efectos, en orden a lo establecido en el artículo 290 del Código de Procedimiento Civil, debe seguirse la forma establecida en los artículos 187, 292, 297 y 298 eiusdem.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA.

DADA, FIRMADA Y SELLADA EN LA SALA DE DESPACHO DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA. Mérida, doce de junio de dos mil seis.

EL JUEZ TITULAR,

A.C.Z.

LA SECRETARIA TITULAR,

S.Q.Q.

En la misma fecha se publicó la anterior sentencia, siendo once y treinta y cinco minutos de la mañana. Conste.-

LA SECRETARIA,

S.Q.Q.

ACZ/SQQ/ymr.