La inconstitucional inhabilitación política y revocación de su mandato popular, impuestos al gobernador del Estado Miranda Henrique Capriles Radonski, por un funcionario incompetente e irresponsable, actuando además con toda arbitrariedad

AuthorAllan R. Brewer-Carías
PositionDirector de la Revista
Pages326-337
LA INCONSTITUCIONAL INHABILITACIÓN POLÍTICA Y
REVOCACIÓN DE SU MANDATO POPULAR,
IMPUESTOS AL GOBERNADOR DEL ESTADO MIRANDA
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI, POR UN
FUNCIONARIO INCOMPETENTE E IRRESPONSABLE,
ACTUANDO ADEMÁS CON TODA ARBITRARIEDAD
Allan R. Brewer-Carías
Director de la Revista
Resumen: Este comentario tiene por objeto analizar la decisión del Contralor Ge-
neral de la República dictada en abril de 2017, declarando la inhabilitación polít i-
ca del Gobernador del Estado Mirand a, Henrique Capriles Radonsky y revocando
su mandato popular, en abierta violación del principio democrático y el derecho
político a ser electo garantizado en la Constitución, que solo pueden ser restringi-
dos por los jueces.
Palabras Clave: Derechos
políticos. Restricción. Princ ipio democrático.
Abstract: These comments have the purpose of analyzing the decision adopted by
the General Comptroller of the Republic, depriving the Governor of Miranda State,
Henrique
Capriles Radonsky
of his political rights, and repealing his popular
mandate, in open violation of the democratic principle and of the right to be elect-
ed guarantied in the Constitu tion, that could only be restricted by the courts.
Key words: Political Rights. Restrictions; Democratic Principle.
El Contralor General de la República mediante una Resolución inconstitucional y arbi-
traria dictada el 6 de abril de 2017, notificada el día siguiente, ha procedido a inhabilitar
políticamente al Gobernador del Estado Miranda, Henrique Capriles Radonski por un término
de quince años, y adicionalmente, ha procedido a revocarle su mandato popular que solo el
pueblo que lo eligió puede hacerlo,1 por supuestamente haber incurrido hace cinco y seis años
en irregularidades administrativas que ni siquiera ameritarían multas por no haber ocasionado
daño alguno al patrimonio público como el mismo Contralor lo reconoce en la Resolución.
Se trata, sin duda, de un acto más de persecución política contra otro de los líderes de
la oposición venezolana, que
se suma a tantos otros, pero esta vez cometida por el funci
o-
nario que bajo su mirada cómplice y abstención total en el control de la Administración
Pública, ha logrado el “milagro” de que en pocos años se haya llegado a considerar al país
1 El alcance de la decisión la captó con toda precisión el titular del reportaje de Anatoly Kurmanaev
en el The New York Times del día 8 de abril de 2017: “Venezuela Bars Opposition Leader From
Holding Office,” en
The New York Times, New York, 8 de abri l de 2017, p. A9.

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