Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil sede en Puerto Ordaz de Bolivar (Extensión Puerto Ordaz), de 18 de Febrero de 2014

CON LUGAR la solicitud de PRORROGA DE ESTADO DE ATRASO, interpuesta por los Abogados en ejercicio, J.M.M.F. Y P.S.A.V., en su carácter de apoderados judiciales de la Sociedad Mercantil EQUIPOS PETROLEROS, COMPAÑÍA ANONIMA,(EQUIPETROL, C.A.), ambos plenamente identificados en el primer Capítulo de este fallo, y en consecuencia, a tenor de lo previsto en el artículo 903 del Código de Comercio, se dictan las siguiente medidas: SEGUNDO: La duración del beneficio de liquidación amigable será de doce (12) meses contados a partir de esta fecha (30/07/2012), obligándose la solicitante a cancelar en dicho lapso las acreencias existentes, con el concurso de la Comisión de Vigilancia, y bajo la dirección de este Tribunal, a quien se dará cuenta de cualquier divergencia o cuestión que pudiere surgir para su resolución en la forma prevista en el Artículo 904 del Código de Comercio. TERCERO: La solicitante debe presentar mensualmente un balance indicativo de los movimientos ocurridos en su patrimonio y del estado de la liquidación, con los correspondientes soportes o documentos comprobatorios. CUARTO: La solicitante no podrá vender o enajenar en cualquier forma ni hipotecar ni gravar en cualquier forma sus bienes muebles o inmuebles sin la autorización del Tribunal previa consulta con la Comisión de Vigilancia. QUINTO: Para la cancelación de las respectivas acreencias, se establece un mínimo del cincuenta por ciento (50%) del monto de cada una de ellas. SEXTO: A los fines de que el patrimonio de la solicitante no se dañe con medidas precautelativas o ejecutivas que puedan intentarse mientras se procede a la liquidación amigable de las acreencias durante el lapso establecido en el presente fallo, se acuerda oficiar en este sentido a los Juzgados Primero de Municipio, Segundo de Municipio y Tercero de Municipio Caroni de este Circuito y Circunscripción Judicial; e igualmente al Juzgado Segundo Civil, Mercantil y Agrario del este Circuito y Circunscripción Judicial; y a los Juzgados de los Municipios Piar y Padre p.C., Municipio El Callao y Gran Sabana del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, y al Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio de este mismo Circuito y Circunscripción Judicial. SEPTIMO: De conformidad con el Ordinal 4° del Artículo 903 del Código de Comercio, para integrar la Comisión de Vigilancia de la Sociedad Mercantil EQUIPOS PETROLEROS, COMPAÑÍA ANONIMA,(EQUIPETROL, C.A.), se designa a los ciudadanos M.I.E., J.T. Y J.R., el primero de nacionalidad chilena, y venezolanos los otros dos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de la Cédula de Identidad Nros. E-82.031.594, V-3.854.307 y V-4.172.218 el primero de los nombrados en representación de la Cooperativa SOLMONTEC R.L., el segundo de los nombrados en representación de la empresa SUPLI-OIL-SERVICE, C.A., y el tercero el representación de la empresa METALMEG, S.A., a quienes se les ordena notificar mediante Boleta a los fines de que comparezcan ante este Tribunal a manifestar su aceptación o excusa, y en el primero de los casos, presten el juramento de ley. OCTAVO: Vencido como se encuentra el lapso del sindico designado en la presente, se procede a designar nuevo sindico apara el periodo de prorroga en la presente causa cargo este recaído en la persona del ciudadano J.E.G.B., abogado en ejercicio, Licenciado en Contaduría Publica, titular de la Cédula de Identidad Nº 4.143.108 y de este domicilio, al cual se ordena su respectiva notificación a los fines de que comparezca por ante este Tribunal al segundo día de despacho siguiente a su notificación y manifieste su aceptación o excusa la cargo designado y en el primer de los casos preste el juramento de Ley. Librándose la correspondiente boleta de notificación. NOVENO: Se desecho la solicitud presentada por el ciudadano E.A.F.R., venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nº Nº 6.393.673, quien compareció alegando su condición de Miembro de la Junta Directiva como Secretario de Organización del Sindicato Sutraequipetrol, por no tener carácter para represente a dicho sindicato en este proceso. Ordenándose la notificación de las parte de dicha decisión.

En fecha 03 de octubre del 2012, el abogado en ejercicio J.E.G.B., en su carácter de sindico de la presente causa, de conformidad con el articulo 902 del Código de Procedimiento Civil, presento escrito de síntesis del presente procedimiento, convalidando las decisiones tomadas en la presente causa.

En fecha 05 de octubre del 2012, tuvo lugar el acto de de aceptación y juramentación de la comisión de vigilancia designada en la prorroga de la presente solicitud de atraso.

En fecha 13 de noviembre del 2012, compareció la abogada en ejercicio M.S., en su carácter de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil ACERIAS 4C, S.A, señalando que su representada es acreedora de la sociedad mercantil EQUIPETROL., consignando anexo copia de los estatutos de la empresa, así como de las facturas emitidas por su representada, de suministro de materiales según orden de compra Nº 105849.

En fecha 10 de enero del 2013, el abogado en ejercicio J.E.G.B., en su carácter de sindico de la presente causa, e informo al Tribunal que por Resolución de la Ministra del Trabajo se le aplica a la empresa EQUIPETROL el artículo 149 de la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT).

En fecha 04 de enero del 2013, compareció la abogada en ejercicio M.S., en su carácter de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil ACERIAS 4C, S.A, solicitó que tanto la comisión de acreedores y al síndico el Dr. J.G., establezcan un fecha de pago de su representada, la cual señalo es la cantidad de Bolívares Ciento Nueve Mil Doscientos siete con Diez céntimos (Bs. 109.207,10).

Por auto de fecha 18 de enero del 2013,, visto el escrito de la abogada en ejercicio M.S., en su carácter de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil ACERIAS 4C, S.A,, señalo tanto al sindico, así como a la Comisión de Acreedores tomar en cuanta la deuda presentada y realizar los análisis correspondientes a los fines que una vez comprobadas sea incluidas en los cronogramas de pago correspondientes.

Mediante diligencia de fecha 15 de febrero del 2013, el abogado en ejercicio J.G., en su carácter de sindico de la presente causa, consigno a los autos copia fotostática de la Resolución de la Ministra del Trabajo se le aplica a la empresa EQUIPETROL el artículo 149 de la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), la cual se ordeno agregar a los autos en fecha 19 de febrero del 2013.

En fecha 03 de abril del 2013, compareció el abogado en ejercicio J.G., en su carácter de síndico de la presente causa, informo al Tribunal que la empresa EQUIPETOL, C.A., se encontraba en proceso de recuperación a partir de la puesta en práctica de la aplicación del artículo 149 de la LOTTT.

En fecha 07 de mayo del 2013, el abogado en ejercicio J.G., en su carácter de síndico de la presente causa, consigno a los autos relación de operaciones correspondiente a los meses de enero a marzo del 2013, lo cual se ordeno agregar a los autos en fecha 16/05/2013.

En fecha 27 de junio del 2013, el abogado en ejercicio J.G., en su carácter de síndico de la presente causa, consigno a los autos relación de operaciones correspondiente al mes de abril del 2013, lo cual se ordeno agregar a los autos en fecha 28/06/2013.

Por auto de fecha 28 de junio del 2013, por cuanto no constaba en autos los informes solicitados por el Tribunal en fecha 22 de marzo del 2013, a los fines de la continuación del presente proceso, se insto a l sindico y a la parte actora consignar en autos lo requerido.

En fecha 23 de julio del 2013, el abogado en ejercicio J.M.F., con el carácter de co-apoderado judicial de la parte solicitante Sociedad Mercantil EQUIPETROL, C.A,, de conformidad con el articulo 908 del Código de Comercio, solicito al Tribunal se le conceda a su representada una prorroga hasta por un (1) año contados a partir de la publicación de la sentencia que recaiga sobre la referida solicitud de beneficio de atraso concedido mediante sentencia proferida en fecha 30 de julio de 2012, dictándose las medidas conservativas que el Tribunal juzgue pertinentes. Consignando al respecto marcado “A” Dictamen de Auditoria del Contador Publico independiente de fecha 20 de junio del 2013

Por auto de fecha 31 de julio del 2013, Vista la solicitud de prórroga presentada en el escrito de fecha 23 de julio del 2013, por el abogado en ejercicio J.M.M.F., identificado en autos, en su carácter de Apoderado Judicial de la empresa EQUIPOS PETROLEROS COMPAÑIA ANONIMA (EQUIPETROL, C.A.), denominada en lo sucesivo a los efectos del presente documento, simplemente EQUIPETROL, parte solicitante del Beneficio de Atraso decretado por este Tribunal en fecha 13 de junio del 2011. visto asimismo Informe de la gestión administrativa, Estados Financieros, correspondientes al año 2011, relación de cuentas por pagar; este Tribunal de conformidad con el articulo 908 del Código de Comercio, se acordó convocar por la prensa a todos los acreedores y la Comisión de Vigilancia de la empresa solicitante integrada por los ciudadanos M.I.E., J.T. Y J.R., el primero de los nombrados en representación de la COOPERATIVA SOLMONTEC R.L, el segundo en representación de la empresa SUPLI-OIL-SERVICE, C.A., y el tercero en representación de la empresa METALMEG, S.A.,, a una reunión de acreedores, la cual se verificara a las Diez hora de la mañana (10:00 a.m)del Décimo (10) día de Despacho siguiente contados a partir de la publicación, consignación a los autos y fijación en la cartelera de este Despacho que del cartel se haga, el cual se ordena su publicación en El Diario de Guayana. Librándose el correspondiente cartel.

En fecha 09 de agosto del 2013, compareció el ciudadano M.E., asistido por la abogada en ejercicio B.C.A., en representación de la empresa COOPERATIVA SOLMONTEC R.L, considero al Tribunal su opinión pertinente a los fines de que le sea concedido un nuevo plazo en el atraso que tiene concedido, consignando marcado “A” resumen del ultimo año 2012-2013, el cual se ordeno agregar a los autos en fecha 27 de septiembre del 2013.

En fecha 29 de octubre del 2013, la representación judicial de la parte solicitante abogado J.M.F., consigno a los autos la publicación del cartel de reunión de acreedores, de fecha 04 de octubre del 2014, en el Diario de Guayana, pagina 9, Sección Política.

En fecha 01 de noviembre del 2013, el Secretario de este Despacho Judicial dejo constancia de la fijación del cartel de reunión de acreedores en la cartelera del Tribunal.

En fecha 18 de noviembre del 2013, oportunidad para que tuviera lugar la reunión de acreedores de la solicitud de prorroga del estado de atraso, por cuanto no se encontraba presente el Sindico, así como tampoco la totalidad de la Junta de Vigilancias, se difirió dicho acto para el sexto días de despacho siguiente a esa fecha las once horas de la mañana.

En fecha 29 de Noviembre del 2013, tuvo lugar el Acto de Reunión de Acreedores en la Solicitud de Prorroga de Atraso, solicitada por la empresa: Sociedad Mercantil INDUSTRIAS EQUIPOS PETROLEROS COMPAÑÍA ANONIMA (EQUIPETROL, C.A.), comparecieron el Abogado en ejercicio, J.M.M.F., domiciliado en la Ciudad de Caracas y aquí de transito, e inscrito en el I.P.S.A. bajo el N° 24.816, en su carácter de apoderado de la empresa INDUSTRIAS EQUIPOS PETROLEROS COMPAÑÍA ANONIMA (EQUIPETROL, C.A.). Así mismo comparecieron: 1)L.A.B., venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad nro.9.905.008, en su carácter de representante de la empresa Metalmeg, C.A., identificada en autos, 2) L.J.V., venezolano, mayor de edad, de este domicilio, Cédula de Identidad Nro.10.301.953, Supervisor General de la empresa Equipetrol, miembro de la junta administradora designada por el Ministerio del Trabajo.- 3)M.I.E.M., Chileno, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cedula de Identidad Nro. E-82.031.594, en su carácter de representante de la empresa SOLMONTEC,R.L., 4) ACERIAS 4C, S.A., identificada en autos, representada por la Dra. M.S., venezolana, mayor de edad, de este domicilio e inscrita en el IPSA bajo el nro.43.299.- Acto seguido el Tribunal le concede la palabra a los acreedores que se hacen presente y al Dr. J.M., en su carácter de apoderado de la empresa EQUIPETROL, quienes expusieron sus alegatos al respecto. Solicitando por su parte el representante de la solicitante EQUIPETROL, el abogado J.M. le sea concedida la prorroga peticionada por su representada, por lo que Tribunal vistas las exposiciones se reservo el lapso legal para decidir sobre la presente solicitud de prorroga. Se ordena agregar a los autos los documentos consignados.-

II

ARGUMENTOS DE LA SOLICITANTE

Según se desprende del escrito de la solicitud del Atraso:

Que la solicitante alega ser una empresa mercantil de reconocida trayectoria tanto en esta zona de Guayana, así como a nivel nacional, e inclusive internacionalmente, ya que en los últimos años ha contratado trabajos de envergadura en su área de metalmecánica y montaje a empresas de reconocido nombre y fama. Que su actividad se encuentra regida por el Código de Comercio y demás leyes idóneas a la actividad meramente mercantil.

Que su actividad se encuentra encuadrada en el ramo de la Metalmecánica, y los productos que ella de manera exclusiva fabrica tales como: Válvulas y equipos utilizados en la industria petrolera y del gas, muy especialmente produce la válvula selectora multipuesto, así como. Válvulas de tapón lubricado, válvula multipuestos, skids, conexiones, cabezales, etc.

Que su representada, desde su creación, ha tenido un giro industrial y comercial que se puede definir como normal y con una constante producción que le ha permitido hasta ahora, el cabal cumplimiento de todas sus obligaciones, que sin embargo, debido a las causas imprevistas, específicamente al elevado crédito fiscal y al exagerado aumento de los intereses financieros y aumento en las materias primas y accesorios y repuestos utilizados en la producción de su renta; han llevado a su representada a una situación sumamente difícil, dada la especial circunstancia que todos los pagos que se realizan a las Instituciones Financieras en abono de sus obligaciones se imputan inexorablemente en un alto porcentaje a “interese” amortizándose, muy poco a veces absolutamente nada a la parte capital, en otras palabras, los elevados intereses bancarios, se están llevando casi todos los ingresos de su representada, y la están devorando, pues no existe empresa en el mundo entero que pueda pagar tales intereses, gastos y costos y además estar solvente para esta fecha con sus acreedores, si sus deudores no le pagan u honran sus obligaciones con ella, pues carece de los más importante, sus ingresos y en consecuencia, crecen de manera geométricas sus cuentas a cobrar, lo cual no sirve para hacer frente con sus obligaciones a tan corto plazo como lo exigen sus acreedores. y que los factores determinantes de un transitorio desequilibrio económico que aducen los representantes legales de la Sociedad Mercantil EQUIPOS PETROLEROS, C.A., (EQUIPETROL, C.A.), que motivaron la interposición de dicha solicitud, es que su representada tiene un activo positivo de TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (Bs. 38.264.099,98), contra un pasivo a la masa de acreedores, por la suma de VEINTISEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS (Bs. 26.183.152,65), siendo su capital social suscrito y pagado la suma de BOLIVARES TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS (Bs. 3.575.232,oo), es decir, que tiene un excedente de sus activo superior a su pasivo de NUEVE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON VEINTITRES CENTIMOS (Bs. 9.092.268,23), y por la falta de efectivo o liquidez monetaria no ha podido cancelar a sus acreedores las obligaciones contraídas, debido a los sucesos imprevistos señalados, cuyos montos y obligaciones se reflejan en el Balance General (comercial) practicado al 20 de abril de 2011, el acompaño al escrito de solicitud marcado con las letras “I”, para lo cual señala que reúne las condiciones establecidas en el ámbito del procedimiento de atraso y en orden a la extinción del pasivo, que permitan la liquidación amigable de la empresa.

En la reunión de acreedores relativa a la solicitud de prorroga, la representación judicial de la parte solicitante la Sociedad Mercantil EQUIPETROL, expuso: que su representación se compromete en este acto a cumplir con el mandato establecido en el código de comercio en su rol de solicitante de la prorroga del atraso, consta de autos que su poderdante consigno todos los documentos y formalidades requeridas para esta solicitud, que el activo de la compañía es positivamente superior a su pasivo, y que de esta reunión no ha surgido una voluntad negativa por parte de ningún interviniente a que esta solicitud no se apruebe, para que su representada pueda liquidar amigablemente sus negocios con los acreedores establecidos en sus estados financieros. Asimismo señalo que el pasivo declarado por la empresa Equipetrol alcanza la suma de Bs.28.000.000,00, el pasivo como obligación de pago a la cooperativa Solmontec presente en esta reunión, según demanda que consta en el expediente 42.888, que lleva la nomenclatura de este Tribunal alcanza la suma de Bs.613.600 Bolívares, lo cual es equivalente al 0.02% del pasivo declarado por la empresa, según la estimación de la representante de la empresa Acería 4C, el pasivo alcanza la suma de 55.000 Dólares americanos, lo que traducido a la moneda nacional significa 346.500,00 Bolívares ello es equivalente al 1.25% del pasivo declarado por la empresa Equipetrol para el supuesto caso que el Tribunal declare que la posición dubitativa de la empresa 4C fuese un voto negativo estaríamos hablando que el 1.27% del pasivo declarado por Equipetrol fue objetado en esta reunión de acreedores eso significa que el 98.73% del pasivo de la compañía, dio su voto favorable para la prorroga solicitada por Equipetrol

Por su parte, el representante de la empresa METALMEG, C.A., expuso que su representada esta de acuerdo en aceptar la solicitud de prorroga del atraso solicitada por el representante de la empresa Equipetrol. Asimismo por su parte el representante de la empresa SOLMONTEC R.L, ya identificado expuso en nombre de Solmontec aclaro que en virtud que no se ha llegado a ningún convenimiento de pago por dos años a pesar de que se declaro que se iba a llegar en la solicitud de prorroga pasada y no se hizo, y que mis facturas son posteriores a la solicitud de prorroga del atraso, se opuso a que se conceda el atraso, así como renunció en nombre de su representada a la comisión de vigilancia designada. La representante de la empresa ACERIAS 4C, expuso en el caso de su representada he estado desde diciembre tratando de llegar a un convenimiento y no se ha llegado a nada, mas bien la empresa Equipetrol, ha negado alguna factibilidad de cobrar, si realmente hubiere una intención de pagar se hubiere planteado un convenimiento y el pago debe hacerse en dólares porque el negocio se realizo en el exterior, la posición de su representada es que la única forma de aceptar una nueva prorroga del atraso es que exista una garantía para el pago. El ciudadano L.J.V., Supervisor General de la empresa Equipetrol, miembro de la junta administradora designada por el Ministerio del Trabajo, señalo ser de los que aspira que la empresa salga adelante y de hecho su esfuerzo esta en estar metido allá y que se conceda el estado de atraso.

Por ultimo el Sindico consigno constante de dos folios útiles con 19 anexos, su posición en cuanto a la solicitud de atraso, donde manifestó que considera procedente tal petición con los términos expuestos en dicho escrito los cuales dio por reproducido, agregando a su informe que la empresa Equipetrol, en esa semana cancelo las utilidades a todos sus trabajadores con lo cual se prueba la operatividad y por consiguiente ratifico su solicitud de la prorroga, manifestando que la empresa esta en posibilidades de recuperación.-

Consta igualmente en autos resolución dictada por el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, de fecha 27-12-13, nro. 8556, en la cual en aplicación a los artículos 149 y 500, numeral 2do del Decreto con Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, a fin de garantizar la fuente de trabajo y los puestos de trabajo en la empresa EQUIPETROL,C.A., resolvió Mantener la Ocupación de dicha empresa por parte de los Trabajadores y Trabajadoras ordenada en resolución nro.8119 de fecha 11-12-12, a través de una junta administradora Especial instalada en fecha 27-12-12, para la reactivación plena de su función social, y prorrogar la vigencia de dicha junta por el lapso de un año.

ARGUMENTOS DE LA DECISION

Para dictar sentencia en la presente causa, este Tribunal pasa a ello, previa las consideraciones siguientes:

En este sentido, considera procedente este Juzgador traer al respeto la Sentencia de fecha veinte (20 ) del mes de diciembre de dos mil dos, Nro. R. C Nº 01- 314, caso En el procedimiento por declaratoria de quiebra iniciado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del T.d.P.C. de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, por la sociedad de comercio COMPAÑÍA ANÓNIMA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO ELÉCTRICO (CADAFE), ponente mag. A.R.J.

La Sala para decidir, observa:

Del examen que se ha hecho de la decisión recurrida, se aprecia que ésta se dictó con ocasión de la segunda solicitud de prórroga hecha por la parte demandada del beneficio de atraso que le fuera concedido, habiendo sido uno de los puntos centrales de la misma establecer si es posible que al comerciante que se le ha concedido un beneficio de atraso y ha obtenido una prórroga, pueda obtener dos y más prórrogas adicionales, la que concluyó afirmativamente en este sentido.

Ahora bien, establece el artículo 908 del Código de Comercio lo siguiente:

...En todos los casos en que se hubiere acordado la liquidación amigable, si durante ésta resulta comprobado haberse pagado a los acreedores que en ella figuran, una parte considerable de las acreencias, o si concurrieren circunstancias especiales que lo aconsejen, podrá el tribunal acordar una prórroga del plazo fijado para la liquidación, que no pase de otro año, siempre que esta medida reúna el voto favorable de la mayoría de los acreedores que representen por lo menos la mitad del pasivo restante

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De la disposición transcrita, aparece clara la posibilidad de conceder una prórroga al comerciante al que se le hubiere concedido el beneficio de atraso, siempre y cuando concurran determinados elementos que así lo recomienden, esto es, que el comerciante hubiere pagado una parte considerable de sus acreencias, o que hayan ocurrido circunstancias especiales que lo aconsejen, siempre que así lo acuerden también la mayoría de los acreedores.

Ahora bien, se cuestiona si la expresión “una prórroga” significa que sólo se podrá conceder al comerciante un período adicional para proceder a su liquidación amigable, o si, por el contrario, a pesar de su redacción en singular, permite la concesión de más de un período adicional para que logre la referida liquidación amigable.

La Sala considera que, aun desde el solo aspecto gramatical, la expresión “una prórroga” genera dudas sobre si la misma se refiere a una expresión singular, esto es, que la palabra “una” está limitando numéricamente a la prórroga, lo que hace que a los fines de dilucidar el alcance y contenido de la disposición denunciada, deban observarse otros aspectos relativos a dicha disposición.

En efecto, si se planteara un caso hipotético en el que un comerciante al que se le hubiere concedido un beneficio de atraso por un año, luego hubiere obtenido una prórroga por otro año, solicitare una nueva prórroga, conservando una situación patrimonial en la que su activo superare ampliamente a su pasivo y todos los acreedores estuvieren de acuerdo en la continuación del estado de atraso, pareciera obvio que en tales circunstancias deba concedérsele una nueva prórroga, pues no hay conflicto de intereses entre los acreedores, quienes eventualmente podrían padecer algún agravio, no hay riesgo en la pérdida del crédito dado que la situación patrimonial ofrece expectativas serias de satisfacerlo íntegramente, ni disminución del mismo, dado que los intereses siguen corriendo durante el tiempo de la liquidación.

Entonces, en el caso hipotético señalado, tenemos que es posible la concesión de más de una prórroga para la liquidación amigable del comerciante al que se le ha concedido un beneficio de atraso, lo que contrasta con la aparente redacción singular de la disposición denunciada; sin embargo, evidentemente se trata de un caso extremo en el que todos los acreedores del comerciante están de acuerdo y no existe conflicto de intereses.

Ahora bien, la Sala debe reflexionar entonces sobre la naturaleza y función del beneficio de atraso y al efecto observa:

El Código de Comercio venezolano, aún vigente, al igual que la mayoría de las legislaciones mercantiles de Europa y Latinoamérica de su misma época, veían en la cesación de pagos una falta grave por parte del comerciante que debía ser sancionada con su declaratoria de quiebra y consecuencial remate de sus bienes para repartir lo que quede entre sus acreedores. Esa concepción ponderaba los intereses que consideraba en juego, por una parte el comerciante deudor que afronta una crisis económica, y por la otra sus acreedores quienes habrían de cobrar a como diera lugar, aunque sólo fuera parte de sus acreencias.

Esa concepción represiva del derecho mercantil con el comerciante que ha incurrido en cesación de pagos, hoy en día, en las modernas legislaciones comerciales tiende a ser modificada, entrando en la ponderación de los intereses la posibilidad de que el comerciante logre superar su crisis económica, pues en la medida que se salve la empresa, se protege la producción, las fuentes de empleo y se fortalece la economía misma.

En este sentido, el catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Barcelona, I.A., en su ponencia en las II Jornadas Internacionales de Derecho Mercantil, celebradas en la Universidad Católica A.B. en Caracas el año de 1989, contenidas en el libro que recogió las ponencias de ese evento, pp. 1011 a 1013, al comentar el proyecto de reforma de la legislación comercial española, expuso lo siguiente:

...A diferencia del sistema tradicional, la quiebra que tenía por objetivo la liquidación y consiguiente desaparición de la empresa, hoy todos los movimientos de reforma comparten el denominador común del saneamiento. Hoy asistimos a un cambio radical en el planteamiento mismo del procedimiento. Ante una situación de insolvencia, el derecho no debe dar satisfacción a los acreedores, despojando primero al deudor de su negocio y liquidando después sus bienes para repartirlos entre los acreedores. El concurso ya no se presenta como un procedimiento de castigo, infamia y consiguiente desaparición del empresario que defraudó el crédito. Hoy se pretende en primer lugar, sanear y conservar la empresa en crisis, para satisfacer después a los acreedores.

Obsérvese que no se trata de un simple cambio de técnica jurídica: sustituir la liquidación por el convenio. Se trata de algo mucho más profundo, que incide en la misma concepción del derecho concursal. La terminología adoptada pone de manifiesto el fenómeno; no se habla de quiebra sino de concurso. ¿Por qué? Simplemente porque las condiciones económicas, las consideraciones sociológicas y las motivaciones políticas que presidieron la redacción de los códigos decimonónicos se han alterado profundamente en lo que va de siglo.

A) En primer lugar, porque la figura del comerciante, el código de la tienda y el almacén ha dado paso al empresario, titular de una empresa que realiza actos en masa, mutando las bases mismas del sistema. El Derecho Mercantil, y con él el concursal, no es un derecho de comerciantes y tendederos; es un derecho de la empresa y del empresario. Derecho privado del tráfico económico. Y naturalmente la empresa es un conjunto de relaciones jurídicas y de hecho susceptibles de un valor superior a la suma de sus elementos. Así puede decirse, y decirse con verdad, que la empresa trasciende al empresario. En efecto, en la empresa en crisis, lo que interesa al derecho concursal, concurren una serie de intereses públicos y privados, que el Estado, la sociedad entera debe velar por su mantenimiento, por su continuidad. Por paradójico que parezca, la satisfacción de los acreedores, finalidad de todo procedimiento, no se consigue mejor, ni desde luego necesariamente, liquidando la unidad productiva. La liquidación significa en todo caso la desaparición de una fuente de riqueza y con ello la desaparición de una posible regeneración y superación de la crisis.

A las empresas en crisis, como a los enfermos, no se les cura matándolos, liquidándolos, sino proporcionándoles el tratamiento adecuado a su enfermedad. Observar, sanear y curar para continuar son las piezas básicas del nuevo tratamiento legal.

Basta pensar, por ejemplo en una empresa de mediano o grande dimensión, cuya liquidación en subasta acarrea la desaparición de todos los puestos de trabajo. Acaso el Derecho Concursal puede abstraerse de imperativos del orden económico? ¿Acaso los trabajadores, en su condición de acreedores laborales, satisfacen mejor sus créditos percibiendo la cuota de liquidación o manteniendo sus puestos de trabajo, a través de un procedimiento que favorece el saneamiento?

La conservación de la empresa se presenta así como un logro político irrenunciable, de ahí que el procedimiento concursal moderno se caracterice, en primer lugar, porque busca una solución de saneamiento. Y a ello responde el convenio más que la liquidación.

B) A la misma conclusión se llega, si analizamos el problema del lado del interés público concurrente. El Estado, en su condición de acreedor, ante la empresa insolvente debe insinuarse en el procedimiento para satisfacer sus créditos por impuestos o contribuciones a la seguridad social. El Estado en su doble condición de acreedor y representante del bienestar social viene mejor pagado, regenerando la empresa como fuente de riqueza futura, que repartiendo los despojos que salen del martillo de la subasta judicial.

(...)

La solución apuntada no es original ni privativa del derecho español. Antes bien, el legislador español se ha limitado a recoger el eco de otros ordenamientos. La mencionada reforma del Capítulo once de la Ley norteamericana ponía el centro de gravedad de la reforma en la finalidad reorganizadora de la empresa. En la misma dirección caminan las reformas operadas en el derecho francés que ratifican las leyes de 1985 que descansa en un doble vértice: por un lado, repuesta la información obligatoria en la fase preventiva de la crisis; y por el otro, introduce el procedimiento de arreglo amistosos (réglement amiable) que maximiza el valor de la empresa en funcionamiento, reconoce el interés de los trabajadores, fomenta la integración de la empresa en los procesos de concentración, separa el titular-empresario de la empresa-patrimonio y arropa las funciones del juez, dando entrada, en fin, a los expertos en crisis de la empresa. (vid. GAVALDA, PATIN, STOUFFLET, Le projet de loi sur le réglement judiciare des entreprises en dificultes, en ‘Recueil Dalloz Sirey’. Chronique. III, 1984, pp. 13-26, esp. V, ya antes sobre los proyectos HOUIN, R ‘Innovations de la loi francaise en matiere de faillite et de procédures cllectives, ou idées novelles dans le droit de la faillite. Louvaine, Bruxelles, 1969, pp. 169, pp. 119.136).

En Gran Bretaña, el citado informe Cork apuesta derechamente en favor de la conservación del negocio del empresario deudor, salvando así los puestos de trabajo..

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En sentido semejante a lo anteriormente transcrito se han pronunciado también, M.O.R., catedrático de derecho mercantil de la Universidad de Sevilla, en su trabajo denominado “El Derecho Concursal: Modernas Orientaciones y Perspectivas de Reforma”, contenido en el Libro “La Reforma de la Legislación Mercantil”, Editorial Civitas, 1979, pp. 315-352; y, J.B.M., profesor de derecho mercantil de la Universidad de Barcelona, en su Libro “La Empresa en Crisis y el Derecho de Quiebras, (Una aproximación económica y jurídica a los procedimientos de conservación de empresas)”, publicaciones del Real Colegio de España, Barcelona, 1986.

Asimismo, R.G.M., en su obra “Derecho Concursal”, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1997, pp. 36 y 37, al referirse a los fundamentos del principio de conservación de la empresa como uno de los fundamentos y principios del Derecho Concursal, expresó lo siguiente:

...La conservación de la empresa ha dejado de considerarse como un simple medio de reservación de los intereses de los acreedores en la ejecución colectiva. Se entiende actualmente la conservación de la empresa como una solución de fondo: no como un medio de lograr una mejor liquidación de la empresa, sino como una de las miras del derecho concursal moderno, como solución de la crisis económica y de preservación de la empresa en dificultades, apartándola incluso de la figura y de la suerte del empresario. Ya no se trata de liquidar para repartir, sino de conservar para salvar.

Sus fundamentos lo podemos encontrar en la Exposición de Motivos de la ley mexicana de 1942: ‘La conservación de la empresa es una norma directiva fundamental. La empresa representa un valor objetivo de organización. En su mantenimiento están interesados el titular de la misma como creador y organizador, el personal en su más amplio sentido, cuyo trabajo se dota de un especial valor y el Estado, como tutor de los intereses generales’.

En nuestra ley 19.551, se expuso como motivo que se ha tenido en cuenta ‘el objetivo de conservación de la empresa mediante la aplicación de soluciones preventivas’.

La ley actual también se preocupa en tutelar a la empresa y a sus acreedores, ‘permitiendo la reconversión, restructuración o salvataje del negocio’ (Exposición de Motivos, 4), con figuras novedosas como el ‘gramdown’, u otra no tan novedosa como la mayor participación de los acreedores. Los acreedores del proyecto originario, Rivera y Vitolo, luego ‘pasado por las horcas caudinas’ del Ministerio de Economía, sostienen, al comentar la continuación de la explotación de la empresa, que ‘la ley no abdica de la continuidad de la actividad como una finalidad del régimen concursal’.

La aplicación del principio de conservación significa la compatibilización entre intereses contrapuestos, a fin de mantener y recuperar la empresa en crisis. En el caso, deben compaginarse los intereses de los acreedores, interesados en cobrar sus créditos, con los intereses del deudor, y con los intereses de la sociedad, a través de cláusulas compromisorias, que permitan aliviar la situación de crisis económica.

La segunda premisa es que es más fácil salvar a un enfermo que revivir a un muerto; de allí que deba evitar en lo posible, el colapso total que significa la quiebra; no sólo por el peso del pasado, sino por el vacío del futuro, pues el naufragio de la empresa supondrá la desaparición del crédito.

Por lo tanto, el mejor método será aquel que tome a la empresa enferma, en crisis, e intente salvarla a través de medidas preventivas, que pueden ir desde los acuerdos preconcursales hasta el concurso preventivo..

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Ahora bien, tomando como base las anteriores citas doctrinarias y la descripción de las modernas corrientes legislativas con respecto al concurso, la Sala considera que siempre que se mantengan los extremos establecidos en el artículo 898 del Código de Comercio y no se incurra en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 907 del mismo Código, será posible, de conformidad con lo establecido en el artículo 908 eiusdem, conceder más de una prórroga al comerciante que hubiere obtenido el beneficio de atraso.

En efecto, la Sala considera que ante aquel comerciante cuyo activo aparezca ser positivamente superior a su pasivo, que cumpla con las obligaciones o condiciones que le fueron impuestas relativas a la administración y liquidación de su patrimonio y que obre de buena fe, será posible mantenerle el beneficio de atraso por el tiempo que sea necesario para la conservación y salvamento de su empresa. Obsérvese que la solución indicada, en modo alguno merma la situación de los acreedores quienes durante la liquidación amigable son pagados proporcionalmente, sus créditos se mantienen por efecto de los intereses que no se paralizan y conservan su potencialidad económica de cobro dada la situación patrimonial del deudor, mientras que éste conserva la posibilidad de salvar su empresa con las consecuentes ventajas para sí, la sociedad, los trabajadores y el Estado.

No obstante lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 908 del Código de Comercio, siempre que el tribunal haya de juzgar sobre la pertinencia y conveniencia de la concesión de nuevas prórrogas del beneficio de atraso que estuviere gozando un comerciante, deberá analizar y ponderar con mucha prudencia los anteriores requisitos así como los extremos indicados en la mencionada disposición.

En base a la trascrita decisión, se observa que en el presente caso que la solicitud de prorroga del Estado de Atraso presentada por el abogado en ejercicio J.M.F., en su carácter de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil EQUIPOS PETROLEROS, COMPAÑÍA ANONIMA, (EQUIPETROL C.A), está ajustada a derecho y fue tramitada de acuerdo al procedimiento pautado en el TITULO I, LIBRO TERCERO DEL CODIGO DE COMERCIO.

Que del análisis al contenido de la solicitud de prorroga, de los detalles de movimiento de cuenta, del Dictamen de Auditoria, a si como de Balance General año 2.011 y año 2012, y demás recaudos acompañados por la solicitante, los cuales no fueron objetados por los intervinientes en este proceso, y fueron acogidos favorablemente por el Síndico, ciudadano J.E.G. y por este Juzgador en cuanto a la veracidad y exactitud de los mismos, se desprende: Que el ACTIVO CIRCULANTE y el ACTIVO FIJO de la Sociedad Mercantil EQUIPOS PETROLEROS C.A., (EQUIPETROL, C.A), aun es mayor, es decir, están por encima del pasivo de la solicitante, no obstante de sus diversas actuaciones por solventar tal situación y en consecuencia, conforme a dicho Balance, Estados Financieros y libros de contabilidad llevados por la solicitante, a criterio de este Juzgador, se aprecia claramente, que el activo de la Sociedad Mercantil EQUIPOS PETROLEROS C.A., (EQUIPETROL C.A), excede positivamente a su pasivo, y ASI SE DECLARA y siendo que las causas invocadas por la representación judicial de la solicitante para fundamentar su falta de numerario que impulsan la necesidad de aplazar los pagos y liquidar amigablemente todos sus negocios, que ha venido realizado desde que le fue concedido el beneficio de atraso esto es, desde el 13 de junio del 2011, como son que se encuentra aun con una carencia de pagos por parte de sus deudores o usuarios del servicio que presta la empresa en cuestión que hace un verdadero efecto domino, porque su iliquidez se traspasa de mano en mano hasta llegar a su representada, y esas sus causas de estancamiento en ciertas operaciones de naturaleza mercantil, ya que sus suplidores prácticamente exigen que se les paguen de contado sus bienes e insumos que suministran en esta actividad, y por ende que su representada viene cumpliendo, con el pago adeudado a su masa de acreedores, hechos estos que a juicio de este sentenciador son imprevisibles, excusables e independiente de la voluntad de la sociedad comercio solicitante, y han provocado un transitorio desequilibrio en el flujo de la Caja Social que no le permiten contar con el numerario suficiente para atender de manera inmediata la satisfacción de la totalidad de los pagos a sus acreedores, a criterio de este Juzgador, justifican la protección especial que al comerciante, a sus acreedores y a la economía nacional presta el legislador mediante el beneficio de Prorroga del atraso y subsiguiente liquidación amigable del patrimonio, solicitado por la Sociedad Mercantil EQUIPOS PETROLEROS C.A., (EQUIPETROL C.A),Y ASI SE DECLARA.

Que el procedimiento de solicitud del beneficio de atraso pautado en la ley ordena considerar muy especialmente la opinión de los Acreedores a cuyos intereses directamente afecte la liquidación, y los informes y observaciones del Síndico, que es parte de buena fe en el correspondiente procedimiento. Ahora bien, en el caso subjudice, observa este Juzgador que en la oportunidad de la reunión de Acreedores, previa convocatoria del Tribunal, comparecieron a dicho acto, el Abogado en ejercicio, J.M.M.F., antes identificado, en su carácter de apoderado de la empresa INDUSTRIAS EQUIPOS PETROLEROS COMPAÑÍA ANONIMA (EQUIPETROL, C.A.), según instrumento poder consignado en autos. Así como también comparecieron: 1) L.A.B., venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nro. 9.905.008, en su carácter de representante de la empresa Metalmeg, C.A., identificada en autos, 2) L.J.V., venezolano, mayor de edad, de este domicilio, Cédula de Identidad Nro.10.301.953, Supervisor General de la empresa Equipetrol, miembro de la junta administradora designada por el Ministerio del Trabajo.- que manifestaron total acuerdo y consentimiento, y ratificaron a este Tribunal su consentimiento y aprobación para que se le conceda la moratoria por el lapso de tiempo que la Ley prevé, ya que es la única forma para que la Sociedad Mercantil EQUIPOS PETROLEROS, COMPAÑÍA ANONIMA,(EQUIPETROL, C.A.),, solucione los problemas que atraviesa y genere los ingresos necesarios para cumplir con los acreedores, Así mismo comparecieron 3)M.I.E.M., Chileno, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cedula de Identidad Nro. E-82.031.594, en su carácter de representante de la empresa SOLMONTEC,R.L., 4) ACERIAS 4C, S.A., identificada en autos, representada por la Dra. M.S., venezolana, mayor de edad, de este domicilio e inscrita en el IPSA bajo el nro.43.299, Acreedores éstos que manifestaron estar en desacuerdo con el otorgamiento de la nueva prorroga a la empresa Solicitante del atraso, el Tribunal en este caso observa que la empresa solicitante de atraso establece un pasivo según sus balances, por la cantidad de Bs.26.183.152,65, de los cuales la deuda con la empresa SOLMONTEC,R.L., la cual esta en litigio, es por la suma Bs.613.600,00 lo que equilvadria al 2,34% del monto del pasivo, y la empresa Acerías 4C un monto de US$ 59-088,00, los cuales equivalen a Bs.372.254,40, al cambio actual de Bs.6,30 x $ correspondiendo este a un porcentaje de 1,42% del pasivo del solicitante del atraso, lo que significa que el 96,24% del pasivo distribuido en los demás acreedores al no comparecer al acto ni presentar observación en contra de la solicitud se entienden que están de acuerdo con la misma, por tal razón este Tribunal desecha la petición presentada y en virtud de las opiniones favorables, así como de la posición planteada por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social en relación a la protección de la fuente de trabajo, y de la convicción que arrojan los demás elementos que consten en los autos, así como el cumplimiento de los requisitos exigidos a juicio de este sentenciador, la solicitud de prorroga presentada es procedente, y así se declarará en el Dispositivo del presente fallo.

DISPOSITIVA

En mérito a todas las consideraciones y razonamientos antes expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Administrando Justicia en Nombre de la República de Venezuela y por Autoridad de la Ley,

PRIMERO declara CON LUGAR la solicitud de PRORROGA DE ESTADO DE ATRASO, interpuesta por el Abogado en ejercicio, J.M.M.F., en su carácter de apoderados judiciales de la Sociedad Mercantil EQUIPOS PETROLEROS, COMPAÑÍA ANONIMA,(EQUIPETROL, C.A.), ambos plenamente identificados en el primer Capítulo de este fallo, y en consecuencia, a tenor de lo previsto en el artículo 903 del Código de Comercio, se dictan las siguiente medidas:

La duración del beneficio de liquidación amigable será de doce (12) meses contados a partir de esta fecha (08/02/2014), obligándose la solicitante a cancelar en dicho lapso las acreencias existentes, con el concurso de la Comisión de Vigilancia, y bajo la dirección de este Tribunal, a quien se dará cuenta de cualquier divergencia o cuestión que pudiere surgir para su resolución en la forma prevista en el Artículo 904 del Código de Comercio.

La solicitante debe presentar mensualmente un balance indicativo de los movimientos ocurridos en su patrimonio y del estado de la liquidación, con los correspondientes soportes o documentos comprobatorios.

La solicitante no podrá vender o enajenar en cualquier forma ni hipotecar ni gravar en cualquier forma sus bienes muebles o inmuebles sin la autorización del Tribunal previa consulta con la Comisión de Vigilancia.

Para la cancelación de las respectivas acreencias, se establece un mínimo del cincuenta por ciento (50%) del monto de cada una de ellas.

A los fines de que el patrimonio de la solicitante no se dañe con medidas precautelativas o ejecutivas que puedan intentarse mientras se procede a la liquidación amigable de las acreencias durante el lapso establecido en el presente fallo, se acuerda oficiar en este sentido a los Juzgados Primero de Municipio, Segundo de Municipio y Tercero de Municipio Caroni de este Circuito y Circunscripción Judicial; e igualmente al Juzgado Segundo Civil, Mercantil y Agrario del este Circuito y Circunscripción Judicial; y a los Juzgados de los Municipios Piar y Padre pedro ++Chien, Municipio El Callao y Gran Sabana del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, y al Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio de este mismo Circuito y Circunscripción Judicial.

De conformidad con el Ordinal 4° del Artículo 903 del Código de Comercio, para integrar la Comisión de Vigilancia de la Sociedad Mercantil EQUIPOS PETROLEROS, COMPAÑÍA ANONIMA,(EQUIPETROL, C.A.), se designa a los ciudadanos 1)L.A.B., venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nro.9.905.008, en su carácter de representante de la empresa METALMEG, C.A., identificada en autos, 2) L.J.V., venezolano, mayor de edad, de este domicilio, Cédula de Identidad Nro.10.301.953, Supervisor General de la empresa Equipetrol, miembro de la junta administradora designada por el Ministerio del Trabajo.- 3) M.I.E.M., Chileno, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cedula de Identidad Nro. E-82.031.594, en su carácter de representante de la empresa SOLMONTEC,R.L., a quienes se les ordena notificar mediante Boleta a los fines de que comparezcan ante este Tribunal a manifestar su aceptación o excusa, y en el primero de los casos, presten el juramento de ley.

Vencido como se encuentra el lapso del sindico designado en la presente, se procede a designar nuevo sindico para el periodo de prorroga en la presente causa cargo este recaído en la persona del ciudadano R.Q.L., titular de la Cédula de Identidad Nº 9.947.338, y de este domicilio, al cual se ordena su respectiva notificación a los fines de que comparezca por ante este Tribunal al segundo día de despacho siguiente a su notificación y manifieste su aceptación o excusa la cargo designado y en el primer de los casos preste el juramento de Ley. Líbrese la correspondiente boleta de notificación.

Se acuerda oficiar al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, informándoles de la presente sentencia remitiéndosele copias certificada de la misma, así mismo remitiéndosele copia certificada a la Junta Administradora Especial, designada por dicho ente a fines de que estén en conocimiento de la presente decisión y den el apoyo necesario al Sindico designado a fines de la consecución de los fines del presente atraso.-

Y así se decide de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 49 ordinal 1ro, 26, 253, y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 12, 242, 243, 254, del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904 y 905 del Código de Comercio.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA DE ESTA DECISIÓN.

DADA, FIRMADA Y SELLADA EN LA SALA DE DESPACHO DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR. EN PUERTO ORDAZ A LOS DIECIOCHO (18) DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE (2.014) AÑOS 203º DE LA INDEPENDENCIA Y 154º DE LA FEDERACIÓN.

EL JUEZ PROVISORIO

ABG, J.S.M.E.S.

ABG. J.C.

Publicada en el día de su fecha, previo anuncio de Ley, siendo las dos horas de la tarde (2:00 p.m.). EL SECRETARIO

ABG. J.C.

JSM/jc/mr

Expediente Nº M-42.581