Iniciativa pública y privada en la actividad minera en Venezuela: una introducción

AutorCarlos García Soto
CargoUniversidad Monteávila, Abogado Magna Cum Laude. Universidad Complutense de Madrid, Doctor en Derecho. Universidad Central de Venezuela, Profesor de Derecho Administrativo. IESA, Profesor de Entorno Regulatorio. Director de Derecho y Sociedad, Revista y Blog de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Monteávila. Tesorero...
Páginas713-732
Iniciativa pública y privada en la actividad
minera en Venezuela: una introducción
Carlos GARCÍA SOTO*
RVL J, N .º 16, 2021, pp. 713-7 32.
SUMARIO
Introducción 1. Iniciativa pública en la actividad minera
1.1. La actividad minera realizada por la Administración
Pública nacional central (la República) 1.2. La actividad
minera realizada por la Administración Pública nacional des-
centralizada (entes descentralizados) 1.3. El caso particular de
las empresas del Estado 2. Iniciativa privada en la actividad
minera 2.1. Modalidades de participación privada en la acti-
vidad minera 2.1.1. Concesiones de exploración y explotación
2.1.1.1. El régimen de concesiones mineras bajo la Ley de Minas
2.1.1.2. La reserva demanial por leyes y decretos 2.1.2. Pe-
queña minería 2.1.3. Mancomunidad minera 2.1.4. Alianza es-
tratégica 2.1.5. Minería artesanal 2.1.6. Las actividades conexas
o auxiliares de la minería 2.1.7. De nuevo, el caso de las em-
presas del Estado (empresas mixtas) 2.1.8. Los contratistas
2.1.9. Recapitulación 2.2. Las excepciones y límites a la parti-
cipación privada en la actividad minera 2.2.1. Inhabilitaciones
temporales 2.2.2. Inhabilitaciones permanentes 3. Algunos
* Universidad Monteávila, Abogado Magna Cum Laude. Universidad Complu-
tense de Madrid, Doctor en Derecho. Universidad Central de Venezuela, Profesor
de De recho Administ rativo. IESA, Profesor de Entorno Regulatorio. Director de
Derecho y Sociedad, Revis ta y Blog de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
de la Universidad Monteávila . Tesorero de la Asociación Venezolana de Derecho
Admin istrat ivo.
714 Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia • N.o 16 • 2021
rasgos del entorno actual para la actividad minera en
Ven ez ue la 3.1. La progresiva ampliación del ámbito de la
reserva de minerales a favor del Estado 3.2. La creación del
Arco Minero 3.3. Las sanciones económicas del Gobierno de
Estados Unidos en el sector minero 3.4. La «Ley Constitucional
Antibloqueo» 3.5. El Proyecto de la Ley de Minas Con clus iones
Introducción
El régimen jurídico-administrativo de la actividad minera en Venezuela está
conformado i. por una legislación general, aplicable de forma directa o suple-
toria, según los casos, a esa actividad, contenida en la Constitución, la Ley de
Minas1 y el Reglamento General de la Ley de Minas2; ii. por una legislación
especial, contenida en leyes y decretos que han reservado la actividad minera en
relación con algunos minerales, y iii. por una legislación complementaria, como
lo es, por ejemplo, la legisla ción ambiental aplica ble a la actividad mi nera.
Desde el punto de vista constitucional, el régimen constitucional de la acti-
vidad minera supone que: i. los yacimientos mineros, cualquiera que sea su
naturaleza, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por
tanto, inalienables e imprescriptibles (artículo 123), y ii. el régimen y adminis-
tración de las minas corresponde al Poder Público nacional (artículo 156.16)4.
1 Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N.º 5382 extraordi nario, del
28-09-99.
2 Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 37 155, del 09 -03-01.
3 Estas caracter ísticas de los yacimientos mineros son reiteradas en el art ículo 2 de la
Ley de Mi nas y por el art ículo 6.4 de la Ley Orgán ica de Bienes Públicos (Gace ta
Oficial N.º 6155 extraord inario, del 19-11-14).
4 Es por ello que señala la Exposición de motivos de la Ley de Minas: « En tal sen-
tido, uno de los principios funda mentales que nutren la s bases de este P royecto de
Decreto-Ley, lo constituye la declarat oria expresa de q ue las minas son propiedad
de la República. Esta declaración aparece consag rada en nuestro ordenamiento
jurídico a partir del Decreto de El Liber tador, dado en Quito el 24 de oc tubre de
1829, adelant ándose en muchí simos años a las nuevas teor ías y sistema s, sobre la
nacionalización de las min as. Sobre la base de este principio, el Estado se comport a

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