Decisión nº 1336 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 8 de Julio de 2008

Fecha de Resolución 8 de Julio de 2008
EmisorJuzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario
PonenteAlexis Pereira Leon
ProcedimientoRecurso Contencioso Tributario

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas

Caracas, 8 de Julio de 2008

198º y 149º

ASUNTO: AF41-U-1994-000030

ASUNTO ANTIGUO: 840 SENTENCIA Nº 1336.-

Vistos, con los informes de las partes.

En horas del día primero (1ero) de Diciembre de 1.994, el ciudadano M.A.C., titular de la Cédula de Identidad N° V-2.086.110, abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 12.765, actuando en este acto con el carácter de Apoderado Judicial de la Contribuyente “INNOVACIONES JAPONESAS, C.A.”, interpuso formal Recurso Contencioso Tributario, de conformidad con lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Código Orgánico Tributario de 1.992, aplicable ratione temporis al caso de autos, en contra de los actos administrativos contenido en la Resolución N° 386 de fecha 17/10/1.994 mediante la cual se declara Sin Lugar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la contribuyente “INNOVACIONES JAPONESAS, C.A.” y la Resolución N° 364 de fecha 22/09/1.994, ambas emanadas de la Dirección de Catastro del Municipio Autónomo Plaza del Estado Miranda, por inconformidad con el avaluó de dos (2) inmuebles consistentes en parcelas de terreno, propiedad de la recurrente ubicados en la zona Industrial Maturín, Matanza “E”, específicamente parcela 2-A, Número de Catastro1-19-15-02 y la parcela 2-B Número de Catastro 01-19-15-03.

Mediante auto de fecha nueve (09) de Diciembre de 1.994, se le dio entrada a dicho Recurso bajo el Nº 840, se ordenó la notificación a las partes.

Estando las partes a derecho, según consta en autos a los folios 15 y 16, ambos inclusive del expediente, en fecha treinta (30) de Marzo de 1.995, se admitió, dicho Recurso.

En fecha veintiséis (26) de Abril de 1.995, se le dio apertura al lapso de pruebas, solo haciendo uso de su derecho la Representación de la Contribuyente.

Dentro la oportunidad procesal correspondiente para fijar el acto de informes el Tribunal fijó dicho acto para el décimo quinto día, en fecha primero (1ero) de Noviembre de 1.995, ambas partes consignaron sus respectivos escritos de informes, conforme a ello el Tribunal en fecha primero (1ero) de Noviembre de 1.995, se dijo Vistos, difiriéndose dicho acto en fecha 06/03/1.996, por treinta (30) días. En fechas 19/01/1.998, 17/09/1.998, 08/04/1.999, 22/07/1.999, 06/10/1.999,17/11/1.999, 13/12/1.999, 01/02/2.000, 01/03/2.000, 20/03/2.000, 26/05/2.000, 11/07/2.000,13/10/2.000, 27/10/2000, la Representación de la Administración Tributaria Municipal, presentó diligencias solicitando que este Tribunal dictase Sentencia.

En la oportunidad procesal de dictar Sentencia, este Órgano Jurisdiccional procede a ello de seguidas:

- II -

M O T I V A C I O N P A R A D E C I D I R

Este Órgano Jurisdiccional, tomando como base la Sentencia N° 01058, de fecha veinte (20) de junio del 2.007, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, pasa de oficio, a decidir la posible prescripción de la obligación tributaria por el transcurso del tiempo, para lo cual se observa lo siguiente:

La prescripción es el medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación, por el transcurso del tiempo y bajo las condiciones señaladas por la Ley, así es expresamente consagrada en nuestro Código Civil, específicamente en su artículo 1.952.

Así, en materia tributaria, la prescripción es uno de los medios de extinción de la obligación tributaria, prevista por el legislador, desde tiempos remotos en los distintos Códigos Orgánicos Tributarios, y opera tanto a favor de los contribuyentes como de la Administración Tributaria respectiva.

Para entender consumada la prescripción es necesaria la concurrencia de 3 elementos o condiciones, a saber:

  1. El transcurso de un determinado tiempo;

  2. La inacción de las autoridades tributarias y

  3. La ausencia de reconocimiento por parte del deudor tributario, de la obligación a su cargo.

La Ley de Régimen Municipal, publicada en Gaceta Oficial N° 4.109 de fecha 15 de junio de 1989, derogada hoy en día por la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, publicada en Gaceta Oficial Nº 38.421 de fecha 21/04/2.006, aplicable rationae temporis al caso de autos, establecía en el artículo 106 todo lo concerniente a la Institución de la Prescripción, a continuación se transcribe lo siguiente:

El artículo 106 consagraba: “Los créditos a favor del Municipio o Distrito prescriben a los 10 años, contados a partir de la fecha en la cual el pago se hizo exigible. La prescripción se interrumpe por el requerimiento de cobro, hecho personalmente o mediante publicación en la Gaceta respectiva, o por la admisión de la demanda, todo ello sin perjuicio de las disposiciones señaladas en el Código Civil sobre la materia. No obstante lo dispuesto en este artículo, la prescripción de la obligación tributaria y sus accesorios, así como la interrupción y suspensión de aquella, se regirán por lo dispuesto en el Código Orgánico Tributario”.

Con relación a ésta institución y a su interrupción, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 26/06/2.001 mediante Sentencia N° 01215, dejó sentado la siguiente posición:

En atención a la controversia de autos, debe esta Sala analizar en primer orden la figura jurídica de la prescripción como una de las formas de extinción de la obligación tributaria, por tener aquella características heterogéneas según los parámetros y construcciones doctrinarias, y muy especialmente lo relativo a los actos con virtualidad interruptiva de la misma, debido sin duda a la enorme trascendencia que implica la permanencia de las obligaciones prescriptibles.

Cabe observar que en materia tributaria el instituto jurídico de la prescripción adquiere particular relevancia, en tanto condiciona el ejercicio de facultades y derechos al paso del tiempo, sancionando la conducta negligente de la Administración o del administrado en razón del principio de la seguridad jurídica y certeza de las relaciones ordenadas por el derecho. Así mismo, ha de atenderse a la importancia de los supuestos de interrupción y de suspensión, cuyo efecto jurídico común es la dilación de los plazos de prescripción antes de su consumación definitiva.

Hecho el análisis respectivo a la institución de la prescripción, quien suscribe, considera necesario transcribir parcialmente la decisión N° 01557 dictada por la Sala Accidental de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 20/06/2.006:

En efecto, el 04 de febrero de 1993 se dijo “Vistos” en el presente juicio, entrando así la causa en estado de sentencia a tenor de lo previsto en el artículo 168 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable temporalmente al caso de autos, por un lapso de sesenta (60) días continuos de conformidad con lo previsto en el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente en razón de lo ordenado en el artículo 88 de la citada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia; luego de lo cual, una vez transcurrido el aludido lapso para sentenciar sin que se hubiese dictado el pronunciamiento de ley correspondiente, la causa quedó paralizada debiendo ser impulsada por alguna de las partes para su continuación, vale decir, desde el 06 de abril de 1993.

Ahora bien, el citado Código Orgánico de 1992, vigente para la fecha en que se produjo la paralización de la causa, establecía en sus artículos 52, 54 y 56, lo que a continuación se transcribe:

Artículo 52: La obligación tributaria y sus accesorios prescriben a los cuatro (4) años.

Este término será de seis (6) años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho imponible o de presentar las declaraciones tributarias a que estén obligados, y en los casos de determinación de oficio, cuando la Administración Tributaria no pudo conocer el hecho.

Artículo 54: El término se contará desde el 1° de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho imponible.

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho imponible se produce al finalizar el período respectivo.

El lapso de prescripción para ejercer la acción de reintegro se computará desde el 1° de enero del año siguiente a aquel en que se efectúo el pago indebido.

Artículo 56: El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos administrativos, hasta sesenta (60) días después que la Administración Tributaria adopte Resolución definitiva, tácita o expresa, sobre los mismos.

Suspende también el curso de la prescripción, la iniciación de los procedimientos previstos en el Título V de este Código, respecto de las materias objeto de los mismos, hasta su decisión definitiva. La paralización del procedimiento hará cesar la suspensión, en cuyo caso continuará el curso de la prescripción. Si el proceso se reanuda antes de cumplirse la prescripción, ésta se suspende de nuevo, al igual que si cualquiera de las partes pide la continuación de la causa, lo cual es aplicable a las siguientes paralizaciones del proceso que puedan ocurrir.

Cuando la paralización del procedimiento ocurra después de presentados los informes, o de la oportunidad para su presentación, la prescripción iniciada se suspende si cualquiera de las partes pide la continuación de la causa, a partir de lo cual se reiniciará su curso. Cumplido el lapso prescriptivo, el interesado podrá pedir, en cualquier momento antes de la sentencia, que se declare en ésta la prescripción, lo cual hará el Tribunal previa audiencia del representante de la otra parte.

(Destacados de la Sala).

De las disposiciones normativas precedentemente transcritas, se observa que la prescripción de la obligación tributaria en el presente caso debía producirse en el término de seis (6) años, en atención a la omisión de la Fundación recurrente de declarar el presunto hecho imponible verificado en el caso de autos respecto de las actividades desarrolladas por ésta; asimismo, por ser la contribución parafiscal de autos liquidable trimestralmente, dicho término comenzaría a contarse al vencimiento de cada trimestre reparado.

Ahora bien, en el caso de autos pudo advertir este Alto Tribunal que el curso de dicha prescripción fue suspendido el 09 de julio de 1987, mediante la interposición del recurso contencioso tributario, manteniéndose suspendido el lapso de la prescripción hasta el 06 de abril de 1993, fecha en la cual una vez transcurridos los sesenta (60) días para sentenciar sin producirse el fallo de esta alzada, la causa quedó paralizada, tal como fue explicado supra, cesando en consecuencia, la suspensión del aludido lapso de prescripción hasta tanto una de las partes impulsara nuevamente el proceso y se reactivase éste, verificándose así otra suspensión en el referido cómputo. No obstante, no fue sino hasta el 10 de enero de 2001 cuando el apoderado judicial del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), compareció ante esta Sala a impulsar de nuevo el proceso, solicitando se dictase sentencia en el mismo.

Derivado de lo anterior, estima este Supremo Tribunal que tal inactividad en el proceso produjo sus efectos jurídicos, en este caso, haber rebasado el aludido lapso de prescripción de la obligación tributaria, visto que desde la paralización de la causa hasta la fecha en que fue nuevamente impulsado el proceso, habían transcurrido casi ocho (08) años, tiempo éste que excede con creces el referido término de seis (06) años para extinguir la obligación tributaria reclamada en el caso sub júdice.

Conforme a lo expuesto, resulta forzoso a esta Sala declarar prescrita la presunta obligación tributaria y sus accesorios reclamada por el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) a la Fundación Magallanes de Carabobo.

Trasladado lo expuesto al caso de autos, éste Órgano Jurisdiccional, considera que la obligación tributaria en materia del Impuesto de Patente de Industria y Comercio del Municipio Plaza, del Estado Miranda, a la que estaba obligado la hoy recurrente, prescribía, de conformidad con lo expuesto en el Código Orgánico Tributario de 1.992, a los cuatro (04) años; no obstante ello, el presente Recurso Contencioso Tributario, se encuentra paralizado desde el 27/10/2.000, fecha en la que fue interpuesta la última diligencia por parte de la Administración Tributaria Municipal, solicitando que se dictase Sentencia, iniciándose nuevamente el lapso de prescripción de la obligación tributaria, debido a la interrupción de la prescripción, por consecuencia de la consignación de dicha diligencia.

En virtud de la paralización de la causa, la inactividad en el proceso por el transcurso del tiempo, produjo como consecuencia jurídica, que en el presente caso se consumara la prescripción de la obligación tributaria, dado que desde la última diligencia interpuesta por la Administración Tributaria, donde solicita que el Tribunal dicte Sentencia, con la cual se inicia nuevamente el lapso de prescripción debido a su interrupción, hasta el día de hoy, ha transcurrido sobradamente el lapso previsto en los artículos 51 y siguientes de Código Orgánico Tributario de 1.992. Así se decide.

- III –

F A L L O

En virtud de las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PRESCRITA LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA Y SUS ACCESORIOS reclamada por el Municipio Plaza del Estado Miranda, a la Contribuyente “ INNOVACIONES JAPONESAS, C.A.” contentiva en contra de los actos administrativos contenido en la Resolución N° 386 de fecha 17/10/1.994 mediante la cual se declara Sin Lugar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la contribuyente; y la Resolución N° 364 de fecha 22/09/1.994, ambas emanadas de la Dirección de Catastro del Municipio Autónomo Plaza del Estado Miranda, por inconformidad con el avaluó de dos (2) inmuebles consistentes en parcelas de terreno, propiedad de la recurrente ubicados en la zona Industrial Maturín, Matanza “E”, específicamente parcela 2-A, Número de Catastro1-19-15-02 y la parcela 2-B Número de Catastro 01-19-15-03.

Publíquese, regístrese y notifíquese a los efectos procesales previstos en el artículo 277 del Código Orgánico Tributario.

Dada, firmada y sellada en horas de Despacho del Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los ocho (08) días del mes de Julio del año dos mil ocho (2.008). Años 198º de la Independencia y 149º de la Federación.-

El Juez Provisorio,

Dr. A.P.L..

La Secretaria,

Abg. J.H.J.

La anterior Sentencia se publicó en su fecha, siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.).--------------------------------------------------------- La Secretaria,

Abg. J.H.J.

ASUNTO: AF41-U-1994-000030

EXP. N° 840.-

APL/macarena

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