Sentencia nº 01912 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 18 de Septiembre de 2001

Fecha de Resolución:18 de Septiembre de 2001
Emisor:Sala Político Administrativa
Número de Expediente:8543
Ponente:Levis Ignacio Zerpa
Procedimiento:Apelación
 
CONTENIDO

MAGISTRADO PONENTE: L.I. ZERPA Exp. N° 8543

El Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, adjunto a oficio N° 1383 de fecha 7 de enero de 1992, remitió a esta Sala el expediente contentivo de la apelación interpuesta por el abogado R.C.S., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 6459, con el carácter de apoderado judicial del INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACIÓN EDUCATIVA (INCE), contra la sentencia dictada por ese tribunal en fecha 21 de noviembre de 1991, mediante la cual se declaró “TOTALMENTE CON LUGAR” el recurso contencioso fiscal interpuesto por la contribuyente BLINDADOS DE ORIENTE, S.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui en fecha 28 julio de 1975, bajo el N° 222, Tomo A-11, en contra de la “Resolución N° 1643 de fecha 20 de julio de 1989, emanada de la Dirección General de Ingresos del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), que determinó un monto total a pagar de Ciento Setenta y Seis Mil Seiscientos Noventa y Nueve Bolívares con Sesenta y Cinco Céntimos (Bs. 176.699,65)...”

El 15 de enero de 1992 se dio cuenta en Sala y por auto de la misma fecha, se ordenó aplicar el procedimiento de segunda instancia previsto en el Capítulo III del Título V de la Ley Orgánica de la Corte Suprema Justicia, se designó ponente al Magistrado Luis H. Farías Mata y se fijó el 10° día de despacho para comenzar la relación.

El día 11 de febrero de 1992 compareció el apoderado judicial del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) y formalizó la apelación.

En fecha 18 de febrero de 1992, fue consignado por el abogado de la contribuyente, escrito de contestación a la formalización.

Mediante diligencia de fecha 5 de marzo de 1992, la parte apelante consignó escrito de pruebas.

En fecha 11 de marzo de 1992 se dio cuenta en Sala y se ordenó pasar el expediente al Juzgado Sustanciación.

Por auto de fecha 2 de abril de 1992, el Juzgado de Sustanciación admitió las pruebas por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes.

El 7 de mayo de 1992 concluida la sustanciación se pasó el expediente a la Sala.

En la audiencia del 10 de junio de 1992 tuvo lugar el acto de informes, comparecieron ambas partes y consignaron sus escritos respectivos, terminó la relación, y se dijo “VISTOS”.

Mediante auto de fecha 14 de abril de 2000, se designó ponente al Magistrado L.I. Zerpa, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

En virtud de la designación de los Magistrados Hadel Mostafá Paolini y Y.J.G., y la ratificación del Magistrado L.I. Zerpa, por la Asamblea Nacional en sesión de fecha 20 de diciembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.105 del día 22 del mismo mes y año, se reconstituyó la Sala Político Administrativa el 27 de diciembre de dicho año, y se ordenó la continuación de la causa en el estado en que se encontraba.

En fecha 17 de enero de 2001, compareció el abogado de la apelante y solicitó se dictara sentencia en la presente causa.

Para decidir, la Sala observa:

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un año a partir del último acto de procedimiento, por lo que, en tal caso, este Supremo Tribunal sin más trámites debe declarar la perención, de oficio o a instancia de parte.

En este sentido, esta Sala en decisión de fecha 13 de febrero del presente año declaró que la perención:

Se trata, así, del simple cumplimento de una condición objetiva, independiente por tanto de la voluntad de las partes, es decir, no atribuible a motivos que le son imputables, y consistente en el solo transcurso del tiempo de un año de inactividad para la procedencia de la perención. Ello refleja la verdadera intención del legislador ya plasmada en anterior decisión de esta Sala (Vid. caso: CEBRA, S.A. del 14 de julio de 1983), no sólo de evitar que los litigios se prolonguen indefinidamente, así como el exonerar a los Tribunales, después de un prolongado período de inactividad procesal, del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes. Se tuvo también en cuenta la necesidad de eliminar la incertidumbre acerca de la firmeza de los actos del Poder Público, los cuales pudieren ser objeto de impugnación por inconstitucionalidad o ilegalidad ante el Supremo Tribunal o ante los demás órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa

(...omissis...)

Así, declarada la perención en el juicio, el efecto se limita a la extinción del proceso privándose de firmeza al acto recurrido cuando se vulnere el orden público, y su control por Ley, corresponda a este Alto Tribunal; por tanto quienes tengan interés personal, legítimo y directo pueden proponer nuevamente la demanda conforme a los supuestos y mediante los mecanismos legalmente establecidos.

Por último, esta interpretación es en un todo coherente con el resto del texto de la Ley bajo examen, por cuanto no contradice el artículo 96 eiusdem que dispone:

‘Los informes constituyen la última actuación de las partes en relación con la materia litigiosa que sea objeto del juicio o de la incidencia de que se trate. Concluido el acto de informes, no se permitirá a las partes nuevos alegatos o pruebas relacionadas con dicha materia, salvo lo dispuesto en el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil (artículo 514 del Código vigente), pero quienes hayan informado verbalmente pueden presentar conclusiones escritas dentro de los tres días siguientes.’

En efecto, cuando la norma transcrita establece que la "última actuación de las partes" en el juicio son los informes, se está refiriendo según el significado de las palabras empleadas y su conexión entre sí a que no se permite a los litigantes después de informes traer nuevos alegatos o pruebas; sin que ello implique un impedimento para seguir actuando en juicio, en la forma de impulsar el procedimiento hasta su definitiva conclusión con el fallo respectivo.

De ahí que no están las partes exceptuadas de actuación en juicio una vez consignados los informes, como pudiera derivarse de una errónea interpretación literal del texto. Por el contrario, como ha quedado puesto de manifiesto la inactividad de las partes en el juicio, aún después de la oportunidad fijada para informes y de vistos, conforme al texto normativo especial que reglamenta los procedimientos que se ventilan ante este Supremo Tribunal, evidencia un abandono del caso que no puede justificar la incertidumbre creada respecto a la firmeza de determinado acto del Poder Público.

En suma, que según los términos del artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable a los procedimientos que se ventilen ante este Tribunal Supremo de Justicia, salvo lo previsto en disposiciones especiales, basta para que opere la perención de pleno derecho, el que se haya paralizado la causa por más de un año, independientemente de que se trate de razones imputables a la parte o del estado en que la misma se encuentre. Así se declara.

Al respecto, examinadas las actas procesales que componen el presente expediente, se constata que la causa estuvo paralizada desde el 10 de junio de 1992, fecha en la cual se dijo “VISTOS”, hasta el 17 de enero de 2001, cuando el abogado de la recurrente solicitó decisión, sin que en ese lapso se hubiese realizado acto alguno de procedimiento por las partes ni por este Supremo Tribunal.

Igualmente, se aprecia que en el caso de autos no se vulnera ninguna norma de orden público con la aplicación de la indicada disposición, por lo cual, habiendo transcurrido con creces el lapso previsto en la misma y siguiendo el criterio jurisprudencial arriba trascrito, se ha consumado la perención. Así se declara.

En virtud de lo anterior, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA CONSUMADA LA PERENCIÓN y, en consecuencia, EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente causa.

Queda así, firme la decisión apelada.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político - Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los catorce (14) días del mes de agosto de dos mil uno. Años 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

El Presidente - Ponente,

L.I. ZERPA

El Vicepresidente,

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI Y.J.G. Magistrada La Secretaria,

ANAÍS MEJÍA CALZADILLA

Exp. N° 8543 LIZ/ccj

En dieciocho (18) de septiembre del año dos mil uno, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01912.