Hay una intención de castigar y eso configura el delito de tortura

 
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El Estado democrático ha venido desapareciendo, lo que nos pone en riesgo a todos, di ce convencida Liliana Ortega, abogada fundadora y coordinadora de Cofavic, quien señala que los derechos humanos requieren instituciones fuertes y democráticas al servicio de los ciudadanos. Las víctimas necesitan tener resortes institucionales y esos resortes están muy debilitados en Venezuela, advierte.Rechaza que en el país ha ya bandos enfrentados: No se puede equiparar la fuerza del Estado a la que tiene la ciudadanía. Aquí lo que hay es una población que está manifestando y por eso es reprimida. El Estado tiene el deber de controlar el orden público, pero debe garantizar los derechos humanos. No hay nada de subversivo que un ciudadano quiera entregar una carta en un ministerio. Las víctimas del Caracazo, por ejemplo, se encadenaron en Miraf lores en una protesta simbólica pidiendo la apertura de las fosas clandestinas de La Peste.A su juicio, uno de los ele mentos prioritarios en la construcción de un nuevo país es contrarrestar el odio, la criminalización y la discriminación: Hablar de la necesidad del reconocimiento del otro crispa los ánimos, pero es necesario porque debemos defender a todas las víctimas.Dice que las víctimas están en una situación muy difícil porque se les divide en buenas y malas, lo que ha hecho mucho daño a la sociedad.--¿Qué opina sobre la apli cación de la justicia militar a civiles? --En Venezuela hay una ruptura del orden constitucional y quizás esto sea lo más claro porque nos coloca en una especie de tutelaje militar. Hay un principio constitucional que no puede ser restringido ni siquiera bajo estado de excepción, que es el debido proceso y una característica fundamental es el derecho al juez natural. Eso está establecido en la Constitución. Aplicar la justicia militar es ponerse de espalda a los estándares internacionales, significa un abandono profundo del Estado de Derecho. Es gravísimo porque es arrebatar las competencias al Ministerio Público. Son sanas esas intervenciones de la fiscal oponiéndose al uso de la justicia militar porque una de sus funciones es la protección de los derechos humanos.--¿Y cómo afecta a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? --Le hace mucho daño por que la pone a violar la Constitución. El uso de la jurisdicción militar nos lleva al recuerdo de la memoria histórica más terrible de América...

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