Sentencia nº 00738 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 30 de Junio de 2004

Fecha de Resolución30 de Junio de 2004
EmisorSala Político Administrativa
PonenteHadel Mostafá Paolini
ProcedimientoRecurso de Nulidad

Magistrado Ponente HADEL MOSTAFÁ PAOLINI Exp. Nº 2004-0278

Adjunto a oficio N° 0715 de fecha 20 de mayo de 2004, recibido el 2 de junio de ese mismo año, el Juzgado de Sustanciación remitió a esta Sala el cuaderno separado contentivo de las copias certificadas relativos a la solicitud de suspensión de efectos formulada en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los abogados G.F. y M.M., inscritos en el Inpreabogado bajo los números 20.802 y 99.335, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil BANCO DE VENEZUELA, S.A., BANCO UNIVERSAL, domiciliada en la ciudad de Caracas, e inscrita originalmente ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil del Distrito Federal, en el tercer trimestre de 1890, bajo el N° 33, folio 36 vto., del Libro de Protocolo Duplicado, y cuya última modificación fue inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 17 de mayo de 2002, bajo el N° 22, Tomo 70-A- Segundo, contra la Resolución N° 231, de fecha 29 de septiembre de 2003, dictada por el MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO que declaró “IMPROCEDENTE el Recurso Jerárquico Impropio interpuesto en fecha 21 de diciembre de 2001 (...) contra la decisión dictada en fecha 8 de noviembre de 2000, por el Presidente del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y Usuario (INDECU) que declaró inadmisible por extemporáneo el Recurso de Reconsideración incoado contra la P.A. N° 2000/028 emitida en fecha 9 de agosto de 2000, por el Coordinador del Indecu Carabobo”, mediante la cual se le impuso una multa a su representado por la cantidad de nueve millones seiscientos mil bolívares (Bs.9.600.000,00).

Tal remisión se efectuó en virtud del auto de fecha 6 de mayo de 2004, mediante el cual el Juzgado de Sustanciación, luego de admitir el recurso de nulidad interpuesto y ordenar las notificaciones y emplazamientos pertinentes, acordó abrir y remitir a esta Sala el cuaderno separado a los fines de emitir el pronunciamiento correspondiente a la suspensión de efectos solicitada por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

El 8 de junio de 2004, se dio cuenta en Sala y se designó Ponente al Magistrado Hadel Mostafá Paolini a los fines de decidir sobre la referida solicitud.

Realizado el estudio de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Político-Administrativa pasa a decidir, conforme a las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

El 31 de marzo de 2004, los abogados G.F. y M.M., actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil Banco de Venezuela, S.A., Banco Universal, anteriormente identificados, interpusieron ante esta Sala recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos contra la Resolución N° 231, de fecha 29 de septiembre de 2003, notificada el 6 de octubre de ese mismo año, dictada por el MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO que declaró “IMPROCEDENTE el Recurso Jerárquico Impropio interpuesto en fecha 21 de diciembre de 2001 (...) contra la decisión dictada en fecha 8 de noviembre de 2000, por el Presidente del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y Usuario (INDECU) que declaró inadmisible por extemporáneo el Recurso de Reconsideración incoado contra la P.A. N° 2000/028 emitida en fecha 9 de agosto de 2000, por el Coordinador del Indecu Carabobo”, mediante la cual se le impuso una multa a su representada por la cantidad de nueve millones seiscientos mil bolívares (Bs.9.600.000,00).

En dicho escrito expresaron lo siguiente:

Que el 9 de agosto de 2000, el Coordinador Regional del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y Usuario (INDECU) en el Estado Carabobo, dictó un acto administrativo sancionatorio contra su representada, por una denuncia formulada por el ciudadano J.L.M., imponiéndole una multa por la cantidad de nueve millones seiscientos mil bolívares (Bs. 9.600.000,00), de conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario.

Expresaron, que en ese acto administrativo le fue señalado a su representado que podía ejercer “el Recurso de Reconsideración por ante el C.D. delI. de conformidad con el artículo 132 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario en concordancia con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (...) dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación”.

Indican, que la referida información le generó a su representada una confusión al habérsele indicado erradamente la forma como debía agotarse la vía administrativa, toda vez que fue omitido el señalamiento sobre el recurso de reconsideración previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, trayendo como consecuencia, que ese acto administrativo se encontrara viciado de “nulidad absoluta y contenía una información errada...”.

Señalan, que su representado ante la confusión generada por el acto dictado por el Coordinador General, decidió el 18 de octubre de 2000, ejercer recurso de reconsideración ante el Presidente y demás miembros del C.D. del INDECU, fundamentándose, entre otras cosas, en la incompetencia manifiesta del Coordinador Regional de dicho organismo para imponer la referida multa.

Manifiestan, que en fecha 8 de noviembre de 2000 el Presidente del INDECU declaró inadmisible por extemporáneo el recurso de reconsideración interpuesto, violándose lo dispuesto en el artículo 77 de la referida Ley.

Aducen, que ante la clara situación de indefensión, su representado, decidió solicitarle al Presidente del organismo “el reconocimiento de la nulidad absoluta del ilegal e inconstitucional acto administrativo sancionatorio dictado por el Coordinador Regional del INDECU en el Estado Carabobo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 eiusdem”, petición que no fue “entendida” por el Presidente del INDECU, en virtud de que el 26 de diciembre de 2001, vencido el lapso que tenía para decidir, le notificó a su poderdante “el acto administrativo mediante el cual se declaró ‘inadmisible el recurso jerárquico por extemporáneo’, cuando en realidad lo que se solicitó fue el reconocimiento de la nulidad absoluta del acto que decidió sancionar con multa a nuestro representado”, señalando en ese mismo acto, que contra dicha decisión debía interponerse el recurso jerárquico impropio ante el Ministerio de Producción y el Comercio.

Continúan señalando, que antes de la notificación del acto del Presidente del INDECU –el 26 de diciembre de 2001- su representado en fecha 21 de ese mismo mes y año, interpuso recurso jerárquico ante el C.D. de ese organismo, esto en virtud de la denegación tácita, producida por el silencio administrativo de la solicitud de reconocimiento de nulidad absoluta del acto administrativo emanado del Coordinador Regional de esa Institución, fundamentando dicho recurso, entre otras cosas, en que con la sanción impuesta a su representado había sido acordado con prescindencia del procedimiento legalmente establecido, violando el derecho al debido proceso, específicamente el derecho a la defensa, a la presunción de inocencia y a ser juzgado por el juez natural.

Señalan, que el 17 de enero de 2002, su representado ejerció recurso jerárquico impropio ante el Ministro de Producción y el Comercio, en virtud de que la notificación de fecha 26 de diciembre de 2001, emanó del C.D. del INDECU y no de su Presidente.

Indican, que el 29 de septiembre de 2003, la Directora General de Consultoría Jurídica del Ministerio de Producción y el Comercio –supuestamente facultada para ello- dictó una Resolución, la cual fue notificada a su representado el 6 de octubre de ese mismo año, por medio de la cual decidió declarar improcedente por extemporáneo dicho recurso jerárquico, agotando con este acto la vía administrativa.

Además, aducen que el acto que agotó la vía administrativa, adolece de ciertos vicios, tales como, violación del debido proceso y a la tutela judicial efectiva, violación del derecho a tener una adecuada respuesta, y falso supuesto de hecho.

Por otra parte, señalan que el acto administrativo dictado por el Coordinador Regional del INDECU del Estado Carabobo, el 9 de agosto de 2000 y notificado el 12 de septiembre de ese mismo año, mediante el cual fue sancionada su representada con una multa de nueve millones seiscientos mil bolívares (Bs. 9.600.000,00), adolece de los vicios de incompetencia manifiesta del Coordinador Regional del INDECU, violación del derecho al debido proceso, ausencia de motivación, falta de proporcionalidad de la sanción impuesta, violación del derecho a la presunción de inocencia y la violación del derecho a ser juzgado por el juez natural.

Por las razones expuestas, solicitan la suspensión de los efectos del acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, y finalmente, que se declare su nulidad absoluta.

II

DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS

En el escrito contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad, los representantes de la recurrente, luego de requerir la nulidad del acto impugnado, solicitaron la suspensión de los efectos del acto administrativo contenido en la P.A. N° 2000/028 de fecha 9 de agosto de 2000, que confirmó la Resolución N° 231 dictada por la Directora General de la Consultoría Jurídica del Ministerio de la Producción y el Comercio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, y con fundamento en las siguientes consideraciones:

“En el caso que nos ocupa, el perjuicio que se le estaría generando a nuestro representado es de índole económico, ya que de procederse a liquidar la correspondiente multa, ello implicaría la erogación de una suma de dinero, siendo que sería difícil la recuperación del monto pagado –el cual asciende a la cantidad de Nueve Millones Seiscientos Mil Bolívares (Bs. 9.600.000,00) de declarase (sic) con lugar el presente recurso contencioso administrativo de nulidad.

Aunado a lo anterior, a tenor de lo establecido en el artículo 133 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, el pago de la multa impuesta a nuestro representado debió tener lugar dentro de los quince días siguientes a su notificación, momento a partir del cual, a falta de pago, la planilla de liquidación que le fue remitida adquirió fuerza ejecutoria. Lo anterior se traduce en que, a tenor de lo establecido en el artículo 56 de la Ley Orgánica de Haciendo Pública Nacional, nuestro representado se ha constituido en mora, debiendo pagar los intereses que ha generado y que continuará generando su deuda. Además, nuestro representado está sujeto a la ejecución forzosa de la multa, en virtud del principio de ejecutoriedad de los actos administrativos.

...omissis...

Por último, es importante destacar que la presunción del buen derecho reclamado se desprende de los alegatos esgrimidos con relación a los vicios que afectan la legalidad del acto administrativo sancionatorio dictado por una autoridad manifiestamente incompetente, como es la Coordinación Regional del INDECU en el Estado Carabobo y su Planilla de Liquidación, confirmada por la Resolución N° 231...

Por tanto... solicitamos muy respetuosamente se proceda a suspender los efectos del acto administrativo contenido en la P.A. N° 2000/028 de fecha 9 de agosto de 2000, confirmando (sic) por la Resolución N° 231 dictada por la Directora General de Consultoría Jurídica del Ministerio de Producción y el Comercio, supuestamente facultada para ello, mientras se decide el presente recurso contencioso administrativo de nulidad”.

III MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Para resolver sobre la solicitud de suspensión de efectos del acto impugnado, esta Sala observa lo siguiente:

Es criterio reiterado de este Alto Tribunal, que la suspensión de efectos de los actos administrativos a que se refiere el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, ahora previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, constituye una medida preventiva establecida por nuestro ordenamiento jurídico, mediante la cual, haciendo excepción al principio de ejecutoriedad del acto administrativo, consecuencia de la presunción de legalidad, se procura evitar lesiones irreparables o de difícil reparación al ejecutarse una eventual decisión anulatoria del acto, porque ello podría constituir un atentado a la garantía del derecho fundamental de acceso a la justicia y al debido proceso.

En este sentido, debe el Juez velar porque su decisión se fundamente no sólo en un simple alegato de perjuicio, sino en la argumentación y acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de un posible perjuicio real y procesal para el recurrente.

Así, la norma prevista en el artículo 136 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia disponÍA:

Artículo 136.- A instancia de parte, la Corte podrá suspender los efectos de un acto administrativo de efectos particulares, cuya nulidad haya sido solicitada, cuando así lo permita la Ley o la suspensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Al tomar su decisión la Corte podrá exigir que el solicitante preste caución suficiente para garantizar las resultas del juicio.

La falta de impulso procesal adecuado, por el solicitante de la suspensión, podrá dar lugar a la revocatoria de ésta, por contrario imperio.

Por su parte, el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, dispone:

El Tribunal Supremo de Justicia podrá suspender los efectos de un acto administrativo de efectos particulares, cuya nulidad haya sido solicitada, a instancia de parte, cuando así lo permita la ley o la suspensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Al efecto, se deberá exigir al solicitante preste caución suficiente para garantizar las resultas del juicio.

Por tanto, la medida preventiva de suspensión procede sólo cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican, esto es, que la medida sea necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación, o bien para evitar que el fallo quede ilusorio, y que adicionalmente resulte presumible que la pretensión procesal principal resultará favorable; significa entonces que deben comprobarse los requisitos de procedencia de toda medida cautelar: el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y la presunción grave del derecho que se reclama.

En efecto, el correcto análisis acerca de la procedencia de la medida cautelar solicitada requiere además de la verificación del periculum in mora, la determinación del fumus boni iuris, pues mientras aquél es exigido como supuesto de procedencia en el caso concreto, la presunción grave de buen derecho, es el fundamento mismo de la protección cautelar, dado que en definitiva, sólo a la parte que posee la razón en juicio puede causársele perjuicios irreparables que deben ser evitados, bien que emanen de la contraparte o sean efecto de la tardanza del proceso. Consecuentemente, el referido principio se encuentra necesariamente inmerso en las exigencias requeridas en el artículo 136 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, para acordar la suspensión de efectos, cuando alude la norma en referencia a que la medida será acordada “teniendo en cuenta las circunstancias del caso”.

Atendiendo a las consideraciones expuestas, debe analizarse en el caso de autos, a los fines de determinar la procedencia de las suspensión solicitada, si se verifican concurrentemente los referidos requisitos que la justifican. En tal sentido, y en cuanto se refiere al periculum in mora, observa la Sala que dicho requisito ha sido fundamentado por la recurrente, en dos razones, a saber: 1) el perjuicio que le ocasionaría lograr el reintegro de la multa pagada, en caso de resultar procedente su nulidad, y 2) el daño patrimonial ocasionado en su esfera económica por el pago de la multa impuesta por el INDECU.

Al respecto, aprecia la Sala que, la devolución de lo pagado por concepto de multa no constituye una prestación de imposible ejecución, toda vez que, una vez acordada la nulidad de la misma, basta la realización del correspondiente procedimiento administrativo para que proceda el reintegro del dinero (Ver Sentencias Nos. 00968 del 1º de julio de 2003 y 00002 del 7 de enero de 2003). De modo que, no obstante el trámite que eventualmente tuviese que realizar la actora a fin de obtener del Estado la repetición de un dinero pagado de manera indebida, el carácter coactivo de las decisiones jurisdiccionales obligaría a la Administración, en el caso de declararse con lugar el recurso incoado, a devolver el monto percibido por concepto de la multa anulada.

En otras palabras, la devolución del monto de la multa impuesta en ejecución de una eventual decisión favorable para el recurrente, no estaría sujeta a la discrecionalidad de la Administración, por el contrario, constituiría un verdadero deber jurídico derivado de una sentencia de obligatorio cumplimiento, cuya inobservancia generaría responsabilidades personales y directas a los funcionarios de la Administración. En virtud de lo expuesto, en el caso de autos debe desecharse el argumento planteado, y así se declara.

Respecto al eventual perjuicio patrimonial que pudiera sufrir la accionante por el pago de la multa impuesta, se observa que en anteriores oportunidades la Sala ha sostenido que a los fines de demostrar tal perjuicio, deben consignarse documentos contables o estados financieros de la sociedad mercantil, de los cuales pueda desprenderse que la ejecución de la pena pecuniaria afectaría significativamente su estabilidad económica.

En el presente caso, advierte la Sala del escrito presentado y de los antecedentes del expediente que no se acompañó medio de prueba alguno del cual pudiera desprenderse que el pago de la multa incide negativamente en el giro comercial de la empresa, comprometiendo su capacidad de pago en las obligaciones ordinarias y afectando significativamente su actividad económica; simplemente, la representación del Banco de Venezuela, S.A., se limita a sostener que de mantenerse los efectos del acto recurrido, su representada tendría que pagar la cantidad en que fue estimada la multa, la cual sería muy difícil de recuperar en caso de que fuera declarado con lugar el recurso.

En consecuencia, considera esta Sala, que más allá de lo argumentado por la institución bancaria recurrente, ésta no aportó a los autos elementos alguno del cual pudiera inferirse seriamente el perjuicio patrimonial irreparable o de difícil reparación por la decisión de mérito, que se causaría de no acordarse la cautelar solicitada.

Así, visto la no verificación de uno de los requisitos de procedencia de la medida cautelar solicitada, es forzoso desestimar la solicitud efectuada, toda vez que los requisitos que deben cumplirse para que sea acordada revisten carácter concurrente. Así se declara.

IV

DECISIÓN

Atendiendo a los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la solicitud de suspensión de efectos formulada por los abogados G.F. y M.M., actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil BANCO DE VENEZUELA, S.A., BANCO UNIVERSAL, contra la Resolución N° 231, de fecha 29 de septiembre de 2003, notificada el 6 de octubre de ese mismo año, dictada por el MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO que declaró “IMPROCEDENTE el Recurso Jerárquico Impropio interpuesto en fecha 21 de diciembre de 2001 (...) contra la decisión dictada en fecha 8 de noviembre de 2000, por el Presidente del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y Usuario (INDECU) que declaró inadmisible por extemporáneo el Recurso de Reconsideración incoado contra la P.A. N° 2000/028 emitida en fecha 9 de agosto de 2000, por el Coordinador del Indecu Carabobo”, mediante la cual se le impuso una multa a su representado por la cantidad de nueve millones seiscientos mil bolívares (Bs.9.600.000,00).

Publíquese, regístrese y notifíquese. Agréguese copia certificada de la presente decisión a la pieza principal. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los veintinueve (29) días del mes de junio de dos mil cuatro (2004). Años 194° de la Independencia y 145° de la Federación.

El Presidente,

L.I. ZERPA

El Vicepresidente-Ponente,

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

La Magistrada,

Y.J.G.

La Secretaria,

ANAÍS MEJÍA CALZADILLA

Exp. Nº 2004-0278

En treinta (30) de junio del año dos mil cuatro, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00738.

La Secretaria,

ANAIS MEJÍA CALZADILLA

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