Sentencia nº 112 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Político Administrativa de 15 de Marzo de 2012

SALA POLÍTICO ADMINISTRATIVA

JUZGADO DE SUSTANCIACIÓN

Caracas, 15 de marzo de 2012

201º y 153º

Mediante escrito consignado en fecha 14 de enero de 2009, el abogado L.A.S.M., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 362, actuando en nombre propio, interpuso demanda por estimación e intimación de honorarios profesionales contra el Centro S.B., C.A., (hoy en proceso de liquidación), derivados de la representación que ejerciera de dicho organismo en la demanda incoada por la sociedad mercantil Constructora Finchel C.A., en su contra, por cumplimiento de contrato y cobro de bolívares.

Por auto de fecha 20 de enero de 2009, la Presidenta de la Sala Político-Administrativa, delegó en este Juzgado de Sustanciación la tramitación correspondiente hasta su definitiva conclusión, de conformidad con el criterio establecido en la decisión Nº 1599 del 28 de septiembre de 2004, ordenó la remisión del expediente a este Despacho a los fines de seguir con el procedimiento previsto en el aludido fallo, y, a tal fin, remitió en fecha 22 de enero de 2009, el presente cuaderno separado.

Recibidas las actuaciones y, en virtud de la delegación conferida, este Juzgado, por decisión de fecha 4 de febrero de 2009, admitió la intimación propuesta, ordenando al efecto el emplazamiento de la intimada Centro S.B. C.A. (hoy en proceso de liquidación), en la persona de su Presidente ciudadano E.S.A.R. o de su Consultora Jurídica ciudadana Y.B..

En fecha 18 de febrero de 2009, el intimante señaló, mediante diligencia, la dirección de las oficinas de la empresa intimada, y dejó constancia de la consignación de emolumentos para el traslado del Alguacil a los fines de practicar la citación ordenada, la cual fue librada el 26 de febrero del 2009, conjuntamente con el oficio de notificación de la ciudadana Procuradora General de la República.

Por diligencia de fecha 31 de marzo de 2009, el Alguacil de este Juzgado consignó boleta de citación recibida en fecha 30 del mismo mes y año por la División de Asuntos Judiciales y Extrajudiciales del Centro S.B. (hoy en proceso de liquidación).

Por oficio Nº G.G.L.-C.C.P. 000255, de fecha 6 de mayo de 2009, el Gerente General de Litigio de la Procuraduría General de la República, ratificó la suspensión del proceso por el lapso de noventa (90) días continuos previsto en el artículo 96 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Mediante escrito presentado en fecha 22 de julio de 2009, la abogada Teoneira J. Acosta Gutiérrez, actuando con el carácter de apoderada del Centro S.B., C.A., consignó escrito de contestación a la intimación de honorarios profesionales propuesta, y consignó el poder que acredita su representación y los estatutos de la referida empresa.

El 29 de julio de 2009, el abogado L.A.S.M., contradijo la oposición formulada por la parte intimada.

Por auto de fecha 6 de agosto de 2009, este Juzgado, en virtud de los escritos de contestación y oposición y, visto asimismo, el vencimiento del lapso de emplazamiento, acordó abrir una articulación probatoria de ocho (8) días de despacho de conformidad con lo establecido en el segundo aparte del artículo 22 de la Ley de Abogados en concordancia con el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, oportunidad en la cual el abogado L.A.S.M., promovió pruebas.

En fecha 22 de septiembre de 2009, este Juzgado de Sustanciación se pronunció sobre la admisión de las pruebas promovidas por el intimante, ordenando asimismo, la notificación de la ciudadana Procuradora General de la República.

El abogado L.A.S.M., mediante diligencia del día 14 de octubre de 2009, consignó copia certificada expedida por la Secretaría de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de documentos que cursan en el expediente signado con el N° AA40X-2007-0030, contentivo de la intimación de honorarios intentada por el indicado ciudadano contra el Centro S.B. (hoy en proceso de liquidación).

El día 22 de octubre de 2009, tuvo lugar el acto inspección judicial acordado en el auto de fecha 22 septiembre de 2009, en la sede de la Secretaría de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

Mediante diligencia de fecha 27 de octubre de 2009, el Alguacil de este Juzgado, consignó en autos la notificación de la ciudadana Procuradora General de la República.

Por diligencia, en fecha 4 de agosto de 2010, la parte intimante, solicitó a este Juzgado dictara sentencia en la presente causa.

En fecha 25 de mayo de 2011, mediante diligencia, el abogado L.A.S.M., solicitó la notificación de la Junta Liquidadora, en la persona de su presidenta, en virtud de la supresión y liquidación del Centro S.B., dictada mediante Decreto N° 8.077 de fecha 1° de marzo de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.629, del 4 de mayo de 2011.

La anterior solicitud de notificación fue acordada mediante auto de fecha 8 de junio de 2011, la cual constó en actas por diligencia del día 19 de julio de 2011, practicada por el Alguacil de este Juzgado.

Ahora bien, este Juzgado pasa de seguidas a pronunciarse sobre la oposición a la intimación de honorarios propuesta, con fundamento en las siguientes consideraciones:

I

Alega el abogado L.A.S.M., parte intimante, que la obligación objeto de la presente estimación e intimación de honorarios profesionales, deviene de la representación que ejerciera del Centro S.B. (hoy en proceso de liquidación) ante esta Sala Político Administrativa en la demanda que por resolución de contrato y cobro de bolívares intentó en su contra la empresa Constructora Finchel; actuaciones que según expone el mencionado abogado se produjeron “en el proceso principal, en todas sus actuaciones que ocurrieron desde el 28 de septiembre de 1.999”. Indicó igualmente que tales actuaciones fueron realizadas en ejecución del contrato de servicios profesionales que suscribiera con el Centro S.B., C.A. en fecha 8 de octubre de 1.991; por lo que fundamenta su petición en lo establecido en la clausula quinta del referido contrato y en las actuaciones efectuadas en el expediente N° 2000-5106.

Por su parte la apoderada del Centro S.B., C.A. (hoy en proceso de liquidación), abogada Teoneira J. Acosta Gutiérrez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 74.840, en su escrito de contestación a la intimación expuso lo siguiente:

Si bien es cierto que EL INTIMANTE, actuó en representación del CENTRO S.B., C.A., en el juicio incoado por CONSTRUCTORA FINCHEL, C.A., en contra del CENTRO S.B., C.A., al cual le fue acumulado el juicio de ejecución de fianza, seguido por el CENTRO S.B., C.A., contra SEGUROS ALTAMIRA, C.A., tal actuación no la realizó en función del contrato de servicios profesionales suscrito en fecha 8 de octubre de 1991, tal como lo pretende hacer valer EL INTIMANTE en su escrito de intimación. Al contrario, es necesario hacer del conocimiento de este Juzgado que mantenía una relación de dependencia con mi representada, en virtud de un contrato de trabajo a tiempo indeterminado, relación ésta que se encontraba amparada tanto por la Ley Orgánica del trabajo (sic) como también por la Contratación Colectiva Vigente, desempeñándose desde su ingreso a esta empresa, en fecha 16 de febrero de 1968, en el cargo de Abogado IV, adscrito a la División de Asuntos Judiciales y Extrajudiciales de la Consultoría Jurídica del CENTRO S.B., C.A., recibiendo una remuneración mensual tan igual que cualquier otro empleado que tuviera (sic) ejerciendo ese mismo cargo, y gozando de todos los beneficios que corresponden a cualquier otro trabajador que pertenezca a la nómina de empleados activos de la Empresa, así como también los derechos tutelados por la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios; en virtud a que en la actualidad EL INTIMANTE se encuentra integrando la nómina del personal Jubilado de la Empresa que represento, como recompensa por sus años de servicios prestados.

Es importante destacar, que una de las funciones ejercidas según la descripción del cargo ABOGADO IV, en la División de Asuntos Judiciales del CENTRO S.B., C.A., es la de ejercer la representación de la empresa, tanto judicial como extrajudicialmente, en los asuntos que le son encomendados, para lo cual mi representada confiere el respectivo poder y en efecto, esta fue la labor desempeñada por EL INTIMANTE, desde su ingreso a la empresa, hasta el momento de su jubilación, tal como también es la labor desempeñada por los otros abogados que trabajan bajo la subordinación y a tiempo indefinido en la citada División.

Por otro lado, es cierto que en función del mandato conferido por mi mandante y de las funciones inherentes al cargo que desempeñaba como personal activo del CENTRO S.B., C.A., , intervino en el proceso de la causa principal que origina el presente procedimiento.

En lo que respecta a la normativa legal contenida en el artículo 22 de la Ley de Abogados invocada por , reconozco su contenido y vigencia tanto en el tiempo como el espacio y en lo que concierne al documento que contiene el contrato presentado por , aunque en los archivos y registros de mi representada no existen indicios de sus existencia, de la revisión efectuada al que contiene los autos se puede evidenciar que quien actúa suscribiendo el contrato en su carácter de presidente del CENTRO S.B., C.A., es el ciudadano O.E., titular de la cédula de identidad N° V.3.415.314, que era efectivamente dicho presidente para la fecha de la celebración del supuesto citado documento, no obstante, con esta afirmación no estoy reconociendo su existencia como lo señala EL INTIMANTE y de existir se habría violentado principios constitucionales consagrados en nuestra Carta Magna desde la constitución de 1.961, [vigente para la fecha de supuesta suscripción], que señalaba en sus artículos 123 y 124 los siguiente:

Artículo 123:

Artículo 124:

Tal situación, también aparece reflejada en la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 148, cuando prevé:

Artículo 148: .

CAUSA LICITA

Aunado a esto, indico a este Juzgado, que de confirmarse la existencia del precitado contrato al que se ha hecho referencia, el mismo no cumplió con los elementos esenciales que debe existir en todo contrato, como lo es la causa y que la misma debe ser lícita. De esta forma la causa lícita, forma parte de los elementos esenciales del contrato. Es la razón o fin que se persigue al contratar de acuerdo a lo contenido en el Art. 1157 Código Civil, ; es decir, es nula la obligación. La causa es ilícita cuando es contraria a la ley, a las buenas costumbres o al orden público, y de acuerdo al Art. 1.158 del Código Civil, la causa se presume que existe y el contrato es válido aún cuando no se exprese.

En este sentido, y tomando en cuenta lo ya expresado, considero que en el caso que nos ocupa, de existir el citado contrato, se estaría violentando principios constitucionales establecidos en nuestra carta magna ya indicados anteriormente, y por tal razón su causa es ilícita, contraria a la ley y por ende también al orden público.

…omissis…

En razón de lo antes señalado, NIEGO, RECHAZO Y CONTRADIGO, el hecho de que mi representada adeude y tenga que pagar a EL INTIMANTE, la suma de SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y CINCO BOLIVARES [Bs. 71.957,35], equivalente al cuatro por ciento [4%] del monto de la cuantía de la causa principal, alegando la relación contractual derivada del supuesto contrato de servicios profesionales. A tal efecto indico a este Juzgado, que si mi mandante debía pagar a EL INTIMANTE, alguna cantidad por concepto de su prestación de servicios a esta empresa, la misma ya fue cancelada y liberada según finiquito de pago de prestaciones sociales, aunado al hecho de que en la actualidad goce del beneficio de jubilación y demás beneficios que la Ley Orgánica del Trabajo y nuestro Contrato Colectivo prevé, pues al pretender EL INTIMANTE cobrar honorarios basado en un supuesto contrato de servicios profesionales, el cual se duda su existencia, se estaría ocasionando un doble pago y por ende un grave daño patrimonial a la Nación, pues mi representada es una empresa, constituida en un cien por ciento [100%], con capital del Estado Venezolano

(folios 66 al 72 de este expediente. Resaltado del texto).

Por otra parte, el abogado L.A.S.M., al contradecir la oposición formulada por la parte intimada en su escrito de contestación a la demanda, consignado por la abogada Teoneira J. Acosta Gutiérrez, alegó que: “[l]a oposición se fundamenta en el alegato de que el contrato de servicios profesionales de fecha 8 de octubre de 1.991, fue suscrito en contravención a los artículos 123 y 124 de la Constitución Nacional de 1961, por lo que según la intimada, es una convención contraria a las Leyes de Orden Público, que tiene causa ilícita. El artículo 123 de la Carta Magna anterior, similar al artículo 148 de la Constitución Nacional actual, se refiere a los funcionarios públicos, por lo que no puede ser violado por actuaciones de la intimada, CENTRO S.B., C.A., pues ésta es una sociedad mercantil, constituida de acuerdo con el Código de Comercio, cuyas relaciones con sus trabajadores se rige y se ha regido siempre, por la Ley Orgánica del Trabajo, aún cuando la casi totalidad de sus acciones sean propiedad de la Nación Venezolana”.

II

Durante el lapso probatorio, la parte intimante, promovió las siguientes pruebas:

1. - Inspección Judicial, solicitada a la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, sobre documentos que rielan en el expediente “…signado con el N° 2001-0101 específicamente en el Cuaderno de Intimación AA40X-2007-00030…”

2. - Prueba Instrumental: 2.1) Reprodujo el valor probatorio de los documentos públicos y tenidos legalmente reconocidos que fueron acompañados al libelo de la demanda en copia fotostática, no impugnada en el acto de contestación a la intimación.

2.2) Original de la certificación expedida en fecha 30 de diciembre de 1998, por el Secretario de la Junta Directiva del Centro S.B. C.A., del Acta N° 61 del 18 de diciembre de 1998, donde consta la decisión de la mencionada junta directiva de acordar el pago de honorarios profesionales, con base al contrato de servicios profesionales de fecha 8 de octubre de 1991, (folios 87 al 89).

2.3) Comprobante (voucher) del cheque N° 38663658 del Banco Interbank, librado por el Centro S.B. C.A., (hoy en proceso de liquidación), en fecha 1° de julio de 1998, a favor de L.A.S.M., por concepto de honorarios profesionales.

2.4) Comprobante (voucher) del cheque N° 38693228 del Banco Interbank, librado por el Centro S.B. C.A., (hoy en proceso de liquidación), en fecha 26 de enero de 1999, a favor de L.A.S.M., por concepto de honorarios profesionales.

2.5) Comprobante (voucher) del cheque N° 10620 emitido por el Centro S.B. C.A., (hoy en proceso de liquidación), en fecha 22 de noviembre de 1977, por concepto de honorarios profesionales.

2.6) Constante de cuatro (4) folios útiles, “Dígalo por Escrito” del 10.04.2000, suscrito por el Consultor Jurídico Adjunto del Centro S.B. C.A., (hoy en proceso de liquidación), anexando punto de cuenta al Presidente, Agenda N° 2, aprobando el pago de la cantidad de Bs. 16.000.000,00 al ciudadano L.A.S.M., por concepto de honorarios profesionales causados en el juicio seguido por el Centro S.B. C.A., (hoy en proceso de liquidación) conta CAVENAS C.A., de acuerdo al contrato de servicios profesionales de fecha 8 de octubre de 1991.

2.7) Marcada “F” constante de diecinueve (19) folios útiles y dos (2) carátulas, actuaciones practicadas por el Juzgado Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con motivo de la notificación judicial practicada en fecha 2 de julio del 2007, en la Consultoría Jurídica del Centro S.B. C.A., en la persona de una de sus apoderadas judiciales solicitando repuesta a las comunicaciones de fe chas 15.12.06 y 12.03.07, reclamando pago de los honorarios correspondientes a los juicios que se discriminan en dichas comunicaciones.

En relación con las instrumentales antes identificadas, estima este Juzgado que, por cuanto no fueron desconocidas ni impugnadas en su oportunidad por la parte intimada, quedaron legalmente reconocidas conforme a las reglas previstas en los artículos 429 y 444 del Código de Procedimiento Civil y 1.364 del Código Civil, por lo que adquirieron el valor de fidedignas indicado en estas normas. Así se declara.

III

Estudiados como han sido el libelo de demanda, el escrito de oposición presentado en fecha 22 de julio de 2009, así como las pruebas aportadas por el abogado actor; y, a.i.l. alegatos de oposición formulados por la representante de la intimada, referidos a que las actuaciones realizadas por el intimante en la demanda incoada por la empresa Constructora Finchel contra el Centro S.B., C.A. (hoy en proceso de liquidación), no fueron ejercidas con ocasión del contrato de servicio profesional suscrito en fecha 8 de octubre de 1991 por el abogado L.A.S.M. y el mencionado Centro, sino bajo la relación de dependencia laboral establecida por tiempo indeterminado a partir del 16 de febrero de 1968, en la cual se desempeñó como abogado IV, ejerciendo entre sus funciones la representación de la empresa; observa este Juzgado que, es un hecho demostrado —contrario a lo alegado por la apoderada de la intimada— la existencia de un contrato de servicios profesionales de fecha 8 de octubre de 1991, suscrito por el Presidente de la sociedad mercantil Centro S.B., C.A., ciudadano O.E. y el intimante Abogado L.A.S.M., el cual consta en autos en copia simple (folios 7 al 12), así como también consta, mediante la inspección judicial realizada por este Juzgado en la Secretaría de la Sala Político Administrativa dejando constancia “...[q]ue a los folios 7 al 12 ambos inclusive del expediente N° 2007-0030 cuaderno separado de intimación, cursa efectivamente el original del contrato de servicios profesionales suscrito en fecha 8 de octubre de 1991, entre el Centro S.B.C.A. y el ciudadano L.A.S. Machado…”.

En tal sentido, se observa que, del contenido de dicho contrato se desprende de su “CLAUSULA QUINTA” lo siguiente:

…Cuando ‘EL ABOGADO’ represente a ‘EL CENTRO’ o a sus empresas filiales en asuntos judiciales, como demandante, cobrará sus honorarios profesionales a la parte demandada. Cuando en cualquier etapa del juicio se ponga fin a éste por medio de transacción o convenimiento ‘EL ABOGADO’ cobrará también a la parte demandada sus honorarios profesionales. En los casos en que los demandados no sean condenados en costas o cuando lo sean y carezcan evidentemente de recursos para cancelar las mismas o en cualquier otro caso en que el demandado no pague los honorarios, ‘EL CENTRO’ pagará los honorarios de ‘EL ABOGADO’ de acuerdo con la siguiente escala que se aplicará en forma proporcional y progresiva: (…) POR FRACCIÓN ENTRE BS. 1,oo a Bs. 20.000,oo 30% Honorarios

POR FRACCIÓN ENTRE Bs. 5.00.001,oo a Bs. En adelante 4% Honorarios.(…Omissis…)

Esta escala se aplicará a la cuantía del juicio, en los casos en que ‘EL CENTRO’ o sus filiales sean los demandados y en los asuntos que se encomienden a ‘EL ABOGADO’ para que actúe como demandante y que se relacionen con acciones posesorias o petitorias, contratos de obra, sociedad, mandatos, depósito, asuntos contenciosos y tributarios, amparos, expropiaciones y otros asuntos de igual o mayor complejidad.

Conforme a la Ley de Abogados y su Reglamento, en los asuntos judiciales o extrajudiciales en que ‘EL ABOGADO’ actúe en representación de ‘EL CENTRO’ o de sus filiales, ‘EL ABOGADO’ podrá estimar, intimar y cobrar para sí, honorarios profesionales a la parte contraria que haya dado lugar a la gestión respectiva

. Resaltado del Juzgado

Por tanto infiere este Juzgado, conforme al contrato parcialmente transcrito, que en los casos en que el Centro S.B., C.A., o sus filiales fuesen los demandados, los honorarios serían del cuatro (4%) sobre la cuantía del juicio; lo que evidencia entonces, que la relación profesional entre el intimante, abogado L.A.S. y la intimada, compañía anónima Centro S.B., C.A. (hoy en proceso de liquidación), estuvo sujeta al contrato de honorarios profesionales suscrito en su oportunidad, en el cual se establecieron, en lo que respecta al pago de los honorarios profesionales causados por las actuaciones realizadas por el intimante, un conjunto de convenciones diferentes a los emolumentos recibidos como remuneración salarial derivados de la relación laboral existente entre el referido abogado y el Centro S.B. C.A., en razón de lo cual, resulta forzoso para este Juzgado declarar improcedente el alegato antes mencionado en los términos expuestos. Así se decide.

Ahora bien, en lo concerniente al argumento de oposición relativo a que el contrato de servicios profesionales antes mencionado, no cumplió con los elementos esenciales que debe existir en su constitución, como lo es la causa y que la misma debe ser lícita, toda vez que, violenta los postulados consagrados tanto en la abolida Constitución de 1961, vigente para el momento de suscribir el contrato, como el establecido en el artículo 148 de la Constitución Bolivariana de Venezuela al prescribir que “…[n]adie podrá desempeñar a la vez más de un destino público remunerado, a menos que se trate de cargos académicos, accidentales, asistenciales o docentes…”; observa este Juzgado que se hace indispensable —a fin de dar respuesta al presente alegato—, en primer término, determinar la naturaleza jurídica del Centro S.B. (hoy en proceso de liquidación) y luego de ello, establecer cuál es el régimen laboral que regía a sus empleados.

Así, tenemos que, en cuanto a sus características, ya esta Sala Político Administrativa ha dejado sentado que el Centro S.B., C.A., “…es una sociedad mercantil cuyo capital accionario pertenece en su totalidad al Estado venezolano por órgano del Ministerio de Infraestructura, Alcaldía Metropolitana y el Instituto Nacional de la Vivienda, estima la Sala que a pesar de que su actividad está regulada por normas de derecho privado, una parte de su actuación se encuentra regulada por normas de derecho público, tales como el sometimiento al control externo de la Contraloría General de la República, presupuesto y crédito público, entre otros…” (vid. Sentencia Nº 01001 de fecha 14 de junio de 2007).

Y, en lo que respecta al régimen laboral al cual están sometidos sus empleados, la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, puntualizó —en un caso análogo—, que:

…Es necesario advertir, sin embargo, que el hecho que la sociedad demandada sea una empresa del Estado no implica que, necesariamente, todas sus decisiones o declaraciones de voluntad se realicen a través de actos administrativos. Por el contrario, dado que se trata en este caso de un ente público constituido de acuerdo con las normas de derecho privado, en principio, sus declaraciones de voluntad están regidas por esas mismas normas, a menos que se trate, en casos puntuales, de la aplicación de normas atributivas de una potestad pública, en virtud de las cuales puedan dictar verdaderos actos administrativos.

Es doctrina constante y reiterada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia que las relaciones de empleo que mantengan las personas naturales con las empresas del Estado están regidas por el derecho laboral, dado que dichos empleados no ostentan la condición de funcionarios públicos y, por ende, están fuera del ámbito subjetivo de aplicación de las normas que rigen la función pública.

En este sentido, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 13 del 30 de abril de 2009, señaló expresamente lo siguiente:

Sobre la naturaleza de las relaciones de trabajo de las empresas del Estado con sus trabajadores, el artículo 106 de la Ley Orgánica de la Administración Pública (2001) establecía:

‘Artículo 106. Las empresas del Estado se regirán por la legislación ordinaria, salvo lo establecido en la presente Ley. Las empresas del Estado creadas por ley nacional se regirán igualmente por la legislación ordinaria, salvo lo establecido en la ley’.

Actualmente dicha disposición es recogida en similares términos en el artículo 107 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Pública (2008), que establece:

‘Artículo 107. Las empresas del Estado se regirán por la legislación ordinaria, por lo establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y las demás normas aplicables; y sus trabajadores se regirán por la legislación laboral ordinaria’.

De lo que se deduce que, por regla general, el Centro S.B., C. A., tiene a la Ley Orgánica del Trabajo como normativa que rige las relaciones con sus trabajadores (cfr. sentencias de la Sala Político Administrativa números 4.260 del 16 de junio de 2005, 5.229 de fecha 27 de julio de 2005 y 429 del 9 de abril de 2008).

Efectivamente, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, refiriéndose a la empresa del Estado: C.V.G. ELECTRIFICACIÓN DEL CARONÍ, C.A. (EDELCA), en sentencia número 4.260 del 16 de junio de 2005 textualmente señaló:

‘…la sociedad mercantil C.V.G. ELECTRIFICACIÓN DEL CARONÍ, C.A. (EDELCA), es una empresa del Estado creada bajo la forma de derecho privado, con personalidad jurídica propia, la cual forma parte de los entes de la Administración Pública descentralizada; cuyo régimen interno y de relaciones laborales se encuentra sujeto al mismo sector privado, de conformidad con lo previsto en el artículo 106 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, el cual establece que las empresas del Estado se regirán por la legislación ordinaria, estando sometidas las personas que en ella prestan sus servicios a las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo’

.

Asimismo, debe señalarse que en reiteradas oportunidades la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia ha declarado la competencia de los tribunales de la jurisdicción laboral para conocer de asuntos relativos a las relaciones de trabajo entre PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S. A. o sus filiales, por una parte, y sus respectivos trabajadores, por la otra, tal como se decidió recientemente en la sentencia No. 34 del 11 de agosto de 2010, y de la misma forma en que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia lo acordó en diversos casos en los que era parte la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO, S. A., lo cual se materializó en las sentencias Nos. 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 y 133, todas del 31 de mayo de 2007, así como en las sentencias Nos. 145, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154 y 158 del 7 de junio de 2007, y en muchas otras decisiones de la misma Sala Plena de este Supremo Tribunal.

Este criterio, tiene hoy sustento legal en el artículo 107 del la Ley Orgánica de la Administración Pública, el cual establece expresamente que “(…) [l]as empresas del Estado se regirán por la legislación ordinaria, por lo establecido en [ese] Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y las demás normas aplicables; y sus trabajadores se regirán por la legislación laboral ordinaria.” (Subrayado y corchetes de la Sala). Sent. Nº 063 dictada por la Sala Plena en Sala Especial Primera en fecha 24.11.11, caso: F.T. contra PDVSA Petróleo S.A. (Resaltado del Juzgado).

Conforme con el criterio expuesto, observa este Juzgado que, si bien es cierto que nos encontramos en presencia de una sociedad mercantil cuyo capital accionario pertenece en su totalidad al Estado venezolano, ello no obsta para concluir —como lo afirma la jurisprudencia antes transcrita—, que dichas empresas “…están regidas por el derecho laboral, dado que dichos empleados no ostentan la condición de funcionarios públicos y, por ende, están fuera del ámbito subjetivo de aplicación de las normas que rigen la función pública…”, en cuya virtud, resulta forzoso para este Juzgado, declarar improcedente el argumento referido a la ilicitud del contrato de servicios profesionales por contrariar postulados constitucionales, toda vez que, el abogado intimante no ostenta el carácter de empleado público. Así se decide.

Visto lo anterior, se declara sin lugar la oposición formulada por la parte intimada y, en consecuencia, procedente la estimación e intimación de honorarios interpuesta por el abogado L.A.S.M., actuando en nombre propio; asimismo, este Juzgado deja establecido que, como quiera que, la intimada es una empresa del Estado (Centro S.B., C.A., hoy en proceso liquidación) decreta la retasa obligatoria a tenor de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Abogados (vid. Sentencia de la Sala Nº 00287, dictada en fecha 7 de abril de 2010). Para conocer de ello, acuerda constituir el Tribunal Retasador, el cual estará conformado por esta sentenciadora asociada con dos abogados de reconocida solvencia, nombrado uno por cada parte, para lo cual se fija las once horas de la mañana (11:00 a.m.) del quinto (5°) día de despacho siguiente a la última notificación que de la presenten decisión se haga. Así se declara.

Notifíquese a la ciudadana Procuradora General de la República, y una vez que conste en autos su notificación, la causa quedará suspendida a tenor de lo dispuesto en el artículo 97 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Líbrese oficio, remitiéndole a dicha funcionaria copia certificada del libelo, del escrito de contestación, de esta decisión y demás documentos pertinentes.

Finalmente, este Juzgado ordena notificar lo aquí decidido, a tenor de lo establecido en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, al abogado L.A.S. con el carácter acreditado en autos, y a la Junta Liquidadora del Centro S.B., C.A., en la persona de cualesquiera de sus representantes, dejando establecido que una vez que conste en autos la última de las notificaciones ordenadas, comenzará a discurrir el lapso ya indicado, para que tenga lugar el acto de nombramiento de los Jueces Retasadores y así se declara. Líbrense boletas.

La Jueza,

M.L.A.L.

La Secretaria,

N.d.V.A.

Exp. Nº 16350/ech

Cuaderno 2009-0006