Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 20 de Julio de 2012

En cuanto al alegato de perención breve de la instancia formulado por la parte demandada observa el Tribunal, luego de una revisión exhaustiva a las actas que conforman el presente proceso, que la perención de la instancia es la extinción del proceso derivada de la inercia o de la inactividad procesal de las partes durante el plazo o término previsto en la ley, o cuando el demandante no realice una actividad específica de impulso procesal en determinado plazo, dejando claro que el legislador utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes; primero, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el juez proceda a instancia de parte; y segundo, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo, ya que la regla general en materia de perención expresa que el sólo transcurso del tiempo sin que las partes hubieren realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil.

El ordinal primero del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, expresamente dispone lo siguiente:

...Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.

También se extingue la instancia:

1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado…

. (Énfasis de esta alzada).

En la disposición ya transcrita, el término instancia es utilizado como impulso; el proceso se inicia a impulso de parte, y éste perime en los supuestos de la disposición legal, provocando su extinción. La perención es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso procesal, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, es un modo de extinguir el procedimiento producto de la inactividad de las partes en un juicio, presumiendo el juzgador que si las partes observaren la paralización, deben, para evitar la perención, solicitar oportunamente al órgano Jurisdiccional su activación, puesto que el Estado, por ser garante del proceso, esta en la necesidad de evitar que estos se prolonguen indefinidamente, manteniendo a las partes en intranquilidad y zozobra y en estado de incertidumbre los derechos privados. En el caso de las perenciones breves, el legislador en la exposición de motivos del Código de Procedimiento, indicó que se buscaba eliminar la práctica común de ejecutar medidas preventivas y no impulsar luego el proceso en perjuicio del demandado. Así, se debe tener como base el hecho cierto de que corresponde a las partes dar impulso al juicio, y que la falta de este podría considerarse un tácito abandono de la causa, siendo menester señalar que la pendencia indefinida de los procesos conlleva el riesgo de romper con los principios de seguridad jurídica y celeridad procesal.

De acuerdo al contenido del ordinal 1º del artículo 267 del Código Adjetivo Civil, la perención de la instancia ocurre cuando, transcurrido el lapso de treinta días contados a partir de la admisión o reforma de la demanda, el actor no haya cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación.

Con respecto a las obligaciones que le impone la ley, han sido diversos los criterios sostenidos. Así, antes de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de Arancel Judicial consagraba la obligación del demandante de pagar el arancel respectivo a los fines de que le fuera librada la correspondiente compulsa. Ante la manifiesta gratuidad constitucional, tanto la doctrina como la jurisprudencia patria han establecido que dichas obligaciones deben ser estrictas y oportunamente satisfechas dentro del mencionado lapso de treinta días, mediante la consignación de los fotostatos respectivos a los efectos de la elaboración de la compulsa, el suministro de la dirección del demandado a los efectos de la práctica de la citación y el pago al alguacil de los recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, ex artículo 12 eiusdem, dejando asentado la sentencia de la Sala de Casación Civil del M.T. de fecha 6 de julio de 2004, con ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, que el incumplimiento de estas obligaciones acarrea la perención de la instancia, decisión que reza así:

No obstante, dado el principio constitucional actual respecto a la gratuidad de la justicia y de la naturaleza que había entre las obligaciones (previstas en la ley para el logro de la citación cuando este haya de practicarse en un sitio que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal), se robustece la tesis planteada argumentando que los ingresos públicos o tributarios se satisfacían dinerariamente, vale decir, pagando con dinero el monto de la obligación tributaria, no siendo posible pagarla en especie o de otra forma, entre tanto que la obligación que aun subsiste de transportación de los funcionarios o auxiliarios de justicia que impone el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial puede satisfacer poniendo a disposición del funcionario o auxiliar de justicia los vehículos necesarios para la transportación, satisfaciendo de esta manera la obligación legal, mediante una forma diferente a la del dinero, lo cual deviene jurídicamente imposible en materia tributaria o de ingreso público, siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previo la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la prestación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando esta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporciono lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, la cual se aplicara para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca esta. Así se establece…

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Empero por razonamiento en contrario, aún para el caso de asumir la tesis de que las partes celebraron la transacción judicial cuando ya había operado la perención breve de la instancia, en opinión de este Juzgador el acto de autocomposición procesal al cual el tribunal de la causa le impartió la respectiva homologación mediante auto de fecha 28 de febrero de 2011, y contra el cual no se ejerció recurso ordinario y ni extraordinario alguno, determina que al allanarse el demandado a la pretensión deducida por el demandante, hace inútil cualquier declaratoria de perención con posterioridad a la materialización de ese acto bilateral de terminación del proceso, lo que además atentaría contra la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 26 del Texto Constitucional, y contra la garantía de que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia.

Resulta forzoso indicar que actualmente, nuestro M.T. ha señalado que no debe prevalecer la forma y en modo alguno puede imponerse la perención sobre la tutela judicial efectiva, y así lo dejó establecido la Sala de Casación Civil, en sentencia Nº 7 de fecha 17 de enero de 2012, caso: B.B. C.A. contra Ferrelamp C.A. y Otros, expediente Nº AA20-C-2011-000305, en estos términos:

…Sobre ese particular es oportuno indicar que la perención es un instituto procesal, que ha sido previsto como sanción para la parte que ha abandonado el juicio, en perjuicio de la administración de justicia, a la cual ha puesto en movimiento sin interés definitivo alguno. Esta sanción no puede ser utilizada como un mecanismo para terminar los juicios, colocando la supremacía de la forma procesal sobre la realización de la justicia, por cuanto ello atenta contra el mandato contenido en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por el contrario, la utilización de esta figura procesal debe ser empleada en aquellos casos en los que exista un evidente desinterés en la prosecución del proceso, pues la determinación del juez que la declara, frustra el hallazgo de la verdad material y la consecución de la justicia. Por esa razón, la aptitud del juez en la conducción del proceso debe ser en beneficio de la satisfacción de ese fin último de la función jurisdiccional y de la producción de la sentencia de mérito, y no la necesidad de culminar los procesos con fundamento y aplicación de formas procesales establecidas en la ley, pues tal conducta violenta en forma flagrante principios y valores constitucionales.

…omissis…

En el caso concreto, se observa que la parte demandante solicitó el libramiento de la comisión, con lo cual evidenció su interés en dar continuación o impulso al trámite y, por ende, no debe prevalecer la forma, sin que en modo alguno pueda imponerse la perención sobre la tutela judicial efectiva que la parte pretende le sea declarada en satisfacción de la justicia.

….omissis…

Con base en lo expuesto, la Sala declara que en el caso concreto no ocurrió la perención breve, por cuanto la parte actora realizó actos de impulso para lograr la citación de los demandados…

. (Énfasis de esta alzada).

Efectuada una revisión al libelo de la demanda se evidencia, que la representación judicial de la parte actora señaló la dirección donde debía practicarse la citación personal de la parte demandada; y en fecha 20 de enero de 2011 consignó los recaudos requeridos para la elaboración de la compulsa. Estas actuaciones a criterio de este jurisdicente, como bien lo señaló el a quo, resultan idóneas y suficientes para desestimar el argumento formulado por la representación judicial de la parte demandada, en el sentido de que la transacción judicial suscrita el día 15 de febrero de 2011 se realizó cuando ya había operado la perención de la instancia; pues todo lo contrario, la representación judicial de la parte actora ciertamente no dejó precluir el lapso de treinta (30) días consecutivos ex artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por lo que cumplió con su carga procesal al instar debidamente el proceso, lo que conlleva a la convicción de quien decide que la accionante sí realizó actos de impulso procesal para lograr la citación de la accionada a fin de que ésta concurriese a este juicio a ejercer su defensa.

En conclusión, estima quien aquí decide que en el caso que se analiza ha quedado demostrado que la representación judicial de la parte demandante ciertamente realizó actuaciones para impulsar el proceso, motivo por el cual no se configura el presupuesto fáctico contenido en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil para la declaratoria de perención breve de la instancia, por lo que en ese aspecto debe confirmarse la decisión cuestionada. Así se decide.

En cuanto a la petición formulada por la representación judicial de la parte demandada de que se declare la nulidad de la transacción judicial suscrita por las partes el día 15 de febrero de 2011, por considerar que la misma está viciada por vicios del consentimiento, con fundamento en lo previsto en los artículos 1.141, 1.142 y 1.146 del Código Civil, el Tribunal observa:

En los casos de nulidad absoluta la acción puede ser intentada por cualquiera de las partes y por los terceros que tengan interés en el asunto judicial controvertido, mientras que en la nulidad relativa sólo podrá interponer la acción, quien esté legitimado, cuyo interés particular haya sido vulnerado, el incapaz o su represente, la víctima del error o el dolo o la violencia.

Al respecto, en sentencia fechada 15 de noviembre de 2004, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia del Magistrado Tulio Álvarez, dejó asentado lo siguiente:

… Ahora bien, corresponde a la Sala analizar si el defecto atribuido al referido contrato es anulable por nulidad relativa o si por el contrario lo es por nulidad absoluta, como lo estableció la recurrida en su sentencia.

Es principio general y universal del derecho contractual la autonomía de la voluntad de las partes, entendiéndose como tal que éstas son libres para crear, modificar, reglamentar o extinguir sus relaciones jurídicas de carácter contractual. (López Herrera, Francisco: “La nulidad de los contratos en la Legislación civil de Venezuela”, Caracas 1952, p. 13).

Este principio, si bien no está consagrado explícitamente en nuestro Código Civil, surge de dos disposiciones legales a saber: la primera, del artículo 1.159 del Código Civil que establece “los contratos tienen fuerza de ley entre las partes...”; la segunda, del artículo 1.262 eiusdem que dispone que las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas; por tanto, de conformidad con las referidas disposiciones la ley permite la libertad contractual.

No obstante, esa libertad contractual no es ilimitada y, en consecuencia, las partes o un tercero pueden solicitar ante el órgano jurisdiccional su nulidad si contraviene las leyes de la República, el orden público o las buenas costumbres, y es la intensidad de la sanción de nulidad junto con la intención de la norma sustantiva imperativa o prohibitiva violada la que distingue entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa del contrato, pues mientras unas están dirigidas a la protección del orden público o a la salvaguarda de las buenas costumbres, otras están destinadas a amparar a uno de los contratantes o un particular que por hallarse en situación especial, la ley mira con particular simpatía. (Ob. cit. p. 18).

De esta manera, al ser violada una norma del primer tipo, todos los interesados en el contrato, además de las partes contratantes, pueden prevalerse de ella y solicitar del juez la declaración de nulidad absoluta correspondiente; en cambio, si se viola en un contrato una norma destinada a proteger exclusivamente a un particular por no encontrarse en juego intereses superiores, sólo el interesado tiene la titularidad de la acción de nulidad (relativa) y está única y exclusivamente en sus manos determinar si el contrato ha de ser anulado por el tribunal o si ha de continuar existiendo en el mundo del derecho...

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Es preciso entonces destacar las diferencias y características que tienen tanto la nulidad absoluta como la nulidad relativa, porque la primera es la sanción aplicable a la inobservancia de alguna norma de carácter imperativo o prohibitivo de la ley, por parte de un contrato, cuando esta norma está dirigida a garantizar y proteger los intereses del orden público o las buenas costumbres, salvo que la misma ley indique la aplicación de otra la sanción o que ello surja de la finalidad que persigue, cuyas características son las siguientes: a) Tiende a proteger un interés público; b) Cualquier persona interesada puede intentar la acción para que un contrato se declare afectado de nulidad absoluta; c) Puede ser alegada en cualquier estado y grado del juicio; d) No es susceptible de ser confirmado por las partes; y, d) La acción de nulidad absoluta no prescribe nunca.

Mientras que la nulidad relativa será entonces la sanción aplicable en los casos de inobservancia de alguna norma imperativa o prohibitiva establecida en nuestro ordenamiento jurídico, por parte de los contratantes, pero cuando dicha disposición está destinada a proteger los intereses de uno de ellos, siendo sus características esenciales las siguientes: a) No afecta el contrato desde su inicio y éste existe desde su celebración; por tanto, produce sus efectos hasta tanto no sea declarado nulo por la autoridad judicial; b) La acción para obtener la declaración de nulidad relativa sólo puede ser ejercida por la persona en cuyo favor o protección se establece la nulidad; c) La acción es prescriptible; y, d) Es subsanable.

Con respecto a las condiciones existenciales del contrato, el artículo 1.141 del Código Civil prevé lo siguiente:

Las condiciones requeridas para la existencia del contrato son: 1°. Consentimiento de las partes; 2°. Objeto que pueda ser materia de contrato; y 3°. Causa lícita

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En cuanto a la nulidad del contrato el artículo 1.142 eiusdem señala:

El contrato puede ser anulado: 1°. Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas; y 2°. Por vicios del consentimiento…

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En cuento al vicio de violencia en el consentimiento, el artículo 1.146 del Código Civil dispone que:

Aquel cuyo consentimiento haya sido dado a consecuencia de un error excusable, o arrancado por violencia o sorprendido por dolo, puede pedir la nulidad del contrato…

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El autor patrio E.M.L., en su obra titulada “Curso de Obligaciones Derecho Civil III”, en cuanto a la clasificación de la violencia física y moral señala que: “…Consiste en una coacción de tipo moral ejercida sobre un sujeto de derecho con el fin de obtener su consentimiento para la celebración de contrato. Esa coacción de tipo moral puede consistir en la amenaza de causarle un daño al sujeto de derecho o a sus bienes, o a la persona o bienes de su cónyuge, ascendientes o descendientes…”.

De lo anterior se infiere que son presupuestos determinantes de la violencia, como lo establece el artículo 1.151 del Código Civil, el consentimiento arrancado por violencia, cuando su magnitud es de una naturaleza tal que provoque impresión sobre una persona sensata y que pueda inspirarle justo temor de exponer, o bien su persona, o sus bienes a un mal notable, atendiéndose en esta materia a la edad, sexo condición de las personas.

Debe precisarse que la violencia es también causa de anulabilidad del contrato, cuando se dirige contra la persona o los bienes del cónyuge, de un descendiente o de un ascendiente del contratante, en caso de tratarse de otras personas, corresponderá al operador de justicia pronunciarse con respecto a la anulabilidad del mismo, según sean las circunstancias, de allí, que el solo temor, sin que se haya ejercido violencia, no basta para anular el contrato, pues cuando las maquinaciones practicadas por uno de los contratantes o por un tercero, con su conocimiento, han sido tales que sin ellas el otro no hubiera contratado.

En la especie y luego de una lectura realizada a la transacción judicial suscrita entre las partes intervinientes en el proceso de cumplimiento de contrato de arrendamiento por vencimiento de prórroga legal, que la misma se encuentra suscrita por el abogado J.G.A., en su condición de apoderado judicial de la parte demandante sociedad de comercio INVERSIONES SINMAR 95, C.A., y a quien le fue conferida facultad expresa para transigir, tal y como consta en el poder cursante al folio 8 de este expediente, y por otra parte, por el ciudadano C.F.D.R., titular de la cédula de identidad Nº 22.910.461, quien actúa como Presidente de la empresa accionada sociedad mercantil COMERCIALIZADORA GIDU, C.A. y quien estaba asistido para ese actor por el abogado O.A. ABLAN HALLAK; no encontrando este juzgador que dicho acto haya sido firmado por el ciudadano C.F.D.R. bajo engaño, ello por cuanto existe una presunción de que al haber estado asistido por un profesional de la abogacía, estaba en pleno conocimiento de las consecuencias jurídicas que acarrearía la suscripción de la aludida transacción judicial. Igualmente en dicha transacción no se evidencia dolo ni manipulación ni violencia ejercida en la persona del ciudadano C.F.D.R., Presidente de la empresa accionada, lo que permite afirmar que no existe en la especie prueba fehaciente de que la transacción judicial celebrada en fecha 15 de febrero de 2011 se encuentre viciada por vicios del consentimiento; lo que de suyo hace que deba desestimarse el alegato formulado por la representación judicial de la parte demandada en ese aspecto, y Así se decide.

Adicional a lo expresado, debe indicar este jurisdicente que ciertamente las partes intervinientes en el juicio de cumplimiento de contrato de arrendamiento por vencimiento de prórroga suscribieron transacción judicial, y en ese sentido es necesario traer a colación lo que estatuyen los artículos 255 y 256 del Código de Procedimiento Civil y 1.713 del Código Civil, que textualmente rezan:

Artículo 255. "La transacción tiene entre las partes la misma fuerza que la cosa juzgada".

Artículo 256. "Las partes pueden terminar el proceso pendiente, mediante la transacción celebrada conforme a las disposiciones del Código Civil. Celebrada la transacción en el juicio, el Juez la homologará si versare sobre materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones, sin lo cual no podrá procederse a su ejecución".

Artículo 1.713 “La transacción es un contrato por el cual las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual”.

A tono con lo anterior, resulta conveniente citar lo que al respecto ha expresado nuestro autor patrio Dr. Ricardo Henríquez La Roche, en su obra titulada “Código de Procedimiento Civil”, pág. 290:

“…La doctrina coincide en admitir que la transacción es un negocio jurídico sustantivo –o sea, no un acto procesal-, que establece un contrato entre las partes transigentes cuyo objeto es la causa o relación sustancial (lo que se discute, el objeto de litis) sometida a beligerancia en el juicio, y que, por solventarla en virtud de mutuas concesiones, desparece por vía de consecuencia la relación procesal continente (la discusión misma). En la transacción judicial debe verse una implícita y doble renuncia a las pretensiones procesales: “El actor desiste de su pretensión (o parte de ella cuando, vgr., condona los intereses y parte del capital) y el demandado renuncia a su derecho a obtener una sentencia “ (cfr COUTURE, E.J. 128) …”.

Debe precisar este ad quem, que la transacción es un contrato que en razón de concesiones recíprocas que debe existir entre las partes que la suscriben, tiene como objetivo ponerle fin al juicio pendiente antes de que ocurra el pronunciamiento definitivo del juez en el proceso, es decir, tiene la misma fuerza jurídica de una sentencia. No obstante, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido para su validez, el cumplimiento de varios requisitos específicos cuya inobservancia será sancionada con su nulidad. Asimismo, como todo contrato, la transacción está sometida a todas las condiciones requeridas para la validez de los contratos en general, especialmente, aquéllas que aluden a la capacidad y al poder de disposición de las personas que la suscriben, lo que ya fue constatado por esta alzada y analizado ut supra.

En ese sentido, es oportuno destacar que ciertamente las partes litigantes pueden poner fin a sus pretensiones en el cualquier estado y grado de la causa, sin embargo, para que ello adquiera validez formal como acto de auto-composición procesal, requieren de facultad expresa y capacidad procesal para disponer del derecho en litigio, pues constituye un acto que excede de la simple administración ordinaria, por tanto, el mandatario o apoderado judicial y el representante de la persona jurídica que se trate, que actúa como órgano de la sociedad, lo que es evidente en el caso que se analiza, pues quedó evidenciado que la transacción celebrada el 15 de febrero de 2011 se ajusta a las previsiones tanto del Código Civil como las previstas en nuestro Código de Procedimiento Civil, que la persona natural que actuó como Presidente de la sociedad mercantil demandada COMERCIALIZADORA GIDU, C.A., conforme a sus estatutos sociales, tenía capacidad para comprometerla y fue debidamente asistido de abogado, así como el mandatario de la parte actora en el instrumento poder conferídole estaba facultado para suscribirla. En consecuencia y dado que este Tribunal ha constatado que en el sub lite se ha dado cumplimiento a los requisitos subjetivos y objetivos de ley para celebrar la transacción, es por lo que este sentenciador estima que la homologación impartida por el juez a quo a la transacción celebrada entre las partes en fecha 15 de febrero de 2011 se encuentra ajustada a derecho Así se decide.

Finalmente, en cuanto al ejercicio del recurso de apelación contra el auto que homologue un medio de autocomposición procesal, que en este caso lo constituye la transacción judicial, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 26 de mayo de 2004, dejó asentado lo siguiente:

… Ahora bien, no establece expresamente norma adjetiva alguna, la procedencia de tal apelación en el caso especifico de la homologación de un acto de autocomposición procesal, ni que la misma deba ser oída en un solo efecto o en ambos, no obstante, considera esta Sala que aunque de conformidad con el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, el convenimiento es irrevocable antes de la homologación del mismo por el juez, como quiera que de conformidad con el artículo 363 eiusdem, la homologación judicial del convenimiento es un requisito sine qua non para que pueda considerarse terminada la causa y procederse como en cosa juzgada; y como quiera que la homologación encuentra su justificación en la necesidad de que el juez determine que no se ha dispuesto de derechos indisponibles, o contravenido el orden público, en el convenimiento cuya homologación se solicita, esta sala considera que, en principio, no puede negarse el recurso de apelación contra el auto de homologación de un convenimiento recaído en primera instancia, ello independientemente del contenido de la decisión que en el recurso recaiga sobre la apelación ejercida…

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En cuanto a la denuncia de fraude procesal alegada por la representación judicial de la parte demandada, el Tribunal debe indicar que la doctrina ha definido el fraude, en un sentido general, como toda conducta ilegítima o aparentemente legítima de una o varias personas, que comporta una incompatibilidad entre los fines perseguidos por la ley y el obtenido por el fraude, con la finalidad de obtener un provecho en engaño de las partes en un negocio jurídico, en perjuicio de un tercero o con la intención de sustraerse de los efectos legales de un acto jurídico.

El fraude procesal puede ser definido como ”…la utilización de un proceso con el ánimo o intención de obtener un provecho ilícito en perjuicio de terceras personas…”.

Al respecto el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, Sentencia No. 909, del 4 de agosto de 2000 (Hans Gotterried vs. Intana, C. A.), ha establecido en materia de fraude procesal:

…Cuando el fraude ocurre dentro de un solo proceso, puede detectarse y hasta probarse en él, ya que allí pueden estar todos los elementos que lo demuestren; pero la situación cambia cuando el fraude es producto de diversos juicios- como el caso que nos ocupa- donde los presuntos incursos en colusión actúan cercando a la supuesta víctima

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Señala igualmente que:

…La vía de juicio ordinario es la apropiada para ventilar la acción de fraude procesal adelantando mediante varias causas, ya que es necesario un término probatorio amplio, como el del juicio ordinario, para que dentro de él se demuestre el fraude…

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Sobre este particular y conteste con el criterio explanado en la sentencia supra transcrita, considera quien decide que para el caso de que efectivamente la intención de la parte actora hubiera sido obtener un beneficio ilegítimo en detrimento de los derechos de la parte demandada, esa situación no puede ser corroborada ab initio con los elementos de prueba cursantes en estas actas dado que el a quo mediante auto dictado en fecha 21 de diciembre de 2011 ordenó la notificación de la parte actora, determinando que al día siguiente se procedería a la apertura de la articulación probatoria correspondiente en la oportunidad de formularse dicha denuncia, ex artículo 607 evidenciándose, como lo señaló el a quo en la decisión cuestionada, que en la presente incidencia no se puede determinar por ésta vía que la parte actora haya actuado en contravención a lo previsto en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, ni que el juicio incoado contra la parte demandada haya sido producto de medios arteros o fraudulentos para obtener la tutela de un derecho, en desmedro del sujeto pasivo de la pretensión; resultando el juicio ordinario la vía idónea para ventilar la misma, por lo que la referida delación debe declararse improcedente en la presente incidencia (ver sentencias números 910, 2212 2749, 920 de fechas 4 de agosto de 2000, 9 de noviembre y 27 de diciembre de 2001 y 12 de diciembre de 2007, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia). Así se decide.

Congruente con todo lo expuesto, en opinión de este juzgador no puede prosperar en derecho la apelación ejercida por la parte demandada, lo que de suyo hace que deba confirmarse la decisión dictada por el a quo en fecha 12 de marzo de 2012, y así se dispondrá de manera expresa, positiva y precisa en la sección dispositiva de esta decisión judicial. ASÍ EXPRESAMENTE SE DECIDE.

IV

DISPOSITIVO DEL

SIN LUGAR el recurso ordinario apelación ejercido en fecha 21 de marzo de 2012, por la abogada R.M. en su condición de apoderada judicial de la parte demandada sociedad de comercio COMERCIALIZADORA GIDU, C.A., contra la decisión dictada en fecha 12 de marzo de 2012, por el Juzgado Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual se confirma con la motivación aquí expuesta.

NO HA LUGAR LA PERENCIÓN BREVE DE LA INSTANCIA en el juicio por cumplimiento de contrato de arrendamiento por vencimiento de prórroga legal, intentado por la sociedad de comercio INVERSIONES SINMAR 95, C.A. contra la sociedad mercantil COMERCIALIZADORA GIDU, C.A., por no estar satisfecho el supuesto fáctico del ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.

IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad de la transacción judicial celebrada en fecha 15 de febrero de 2011 suscrita entre la parte actora y la parte demandada formulada por la representación judicial de la parte demandada.

IMPROCEDENTE la solicitud de declaratoria de fraude procesal peticionada por la representación judicial de la parte demandada.

Por la naturaleza de lo decidido, se imponen las costas del recurso a la parte apelante.

Expídase por Secretaría copia certificada de la presente decisión, a los fines de su archivo en el copiador de sentencias que lleva este juzgado, tal como dispone el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE

Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación. En la ciudad de Caracas, a los veinte (20) días del mes de julio de dos mil doce (2012).

EL JUEZ,

A.M.J.

LA SECRETARIA,

Abg. M.C.F.

En esta misma data, siendo las dos y quince minutos de la tarde (2:15 p.m.) se publicó, se registró y se agregó al presente expediente la anterior decisión, constante de quince (15) folios útiles.

LA SECRETARIA,

Abg. M.C.F.

Expediente Nº 12-10746

AMJ/MCF