Decisión nº 0307 de Juzgado Superior Agrario de Cojedes, de 13 de Julio de 2007

Declarar Ociosos los terrenos que integran el predio denominado Hato La Chácara …omissis….

Revocar Título Definitivo Oneroso otorgado a favor del ciudadano J.B. Osío…

Garantizar el Derecho de Permanencia a todos y cada uno de los ocupantes que han venido detentando el fundo objeto del procedimiento…omissis…

Declarar el Hato La Chácara objeto del presente procedimiento, en Fundo Estructurado como política fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo rural sustentable…omissis…

Transcrito como ha sido de manera parcial el acto administrativo y determinada la pretensión del recurrente y como quiera que la denuncia de violación a la cosa Juzgada administrativa y al límite del Poder Discrecional Administrativo atiende a un quebrantamiento de normas de orden público, que en el caso concreto, afectaría la validez del acto administrativo impugnado, lo cual, requiere ser estudiado, analizado y decidido previamente por este Tribunal, habida consideración que ante su procedencia resultaría inoficioso cualquier otro pronunciamiento.

SOBRE LA COSA JUZGADA ADMINISTRATIVA

El recurrente aduce, que el acto administrativo invadió la esfera competencial de la cosa juzgada administrativa, al resolver un caso precedentemente decidido con carácter definitivo y que le ha creado derechos particulares, considerando que el acto administrativo impugnado debe ser declarado nulo de conformidad con el ordinal 2 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y como sustento de ello, hace valer la resolución N° 065/03/03/012/03 emanada de la Dirección de Seguridad y Defensa del Estado Cojedes.

Sobre este aspecto, cabe precisar lo que la doctrina ha sostenido del valor de los actos definitivamente firmes, es decir, del valor de la cosa juzgada administrativa, el cual se refiere a otro aspecto que consolida el principio de la legalidad en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Se trata de la obligación que tiene la Administración de someterse a sus propios actos, es decir, de la sujeción a la cosa juzgada administrativa y por tanto, de la limitación a la revocabilidad de los actos administrativos.

Pues bien, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos consagra expresamente normas de enorme importancia, sobre todo frente a prácticas administrativas viciadas y arbitrarias, manifestadas en las más variadas formas, en todos los niveles de la Administración. En efecto, no es infrecuente encontrar en la acción administrativa, actividades mediante las cuales, pura y simplemente, se revocan actos administrativos que están definitivamente firmes y que han cumplido, inclusive, sus efectos.

Ello así, debe destacarse, que frente a esta realidad tanto la doctrina como la jurisprudencia han salido al paso planteando el principio de la irrevocabilidad de los actos administrativos cuando son creadores de derecho a favor de particulares y por tanto planteando una limitación al poder revocatorio de la Administración. Principio que tiene una consagración en la ley, aún cuando en forma indirecta y dispersa.

En este sentido, el artículo 82 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos consagra la potestad revocatoria, pero dentro de límites precisos, sea por la misma autoridad administrativa que dictó el acto, sea por el superior jerárquico, con lo cual por interpretación en contrario, surge el otro principio, el de la irrevocabilidad de los actos administrativos creadores de derecho. De esta forma, la potestad revocatoria que establece la mentada norma es con carácter general, respecto a los actos administrativos que no originen derechos o intereses legítimos, por lo que la posibilidad de revocar, en base a esta formulación, tiene limitaciones, respecto a los actos que originen derechos o intereses legítimos, personales y directos a favor de un particular (Sobre la cosa Juzgada Administrativa, A.R.B.-Carías, Las Instituciones Fundamentales del Derecho Administrativo y la Jurisprudencia Venezolana, Caracas, 1964, p-146 y ss)

Dentro de éste orden de ideas, es necesario traer a colación como marco referencial lo que nuestro M.T. en sentencia N° 01744 de fecha 07 de Octubre de 2004 de la Sala Política Administrativa, definió como cosa juzgada administrativa:

|(sic) “..4.- Por su parte, el destinatario del acto alega que el acto impugnado resulta violatorio de la “cosa juzgada administrativa”, en virtud de que los hechos sancionados en dicho acto, ya habían sido objeto de decisión por parte del extinto Consejo de la Judicatura, declarando inadmisible la denuncia interpuesta.

Al respecto, considera pertinente esta Sala señalar que el efecto que la inmutabilidad y permanencia que la cosa juzgada presupone no corresponde al ámbito de la Administración, la cual tiene el ejercicio de la potestad revocatoria consagrada en el artículo 82 de la Ley de Procedimientos Administrativos, cuyo único límite es la existencia de derechos subjetivos por parte de los administrados; así como la potestad anulatoria que ese ejercible en cualquier tiempo cuando exista un vicio de nulidad absoluta.

Ahora bien, a pesar de la inexactitud desde el punto de vista técnico-jurídico que pudiera atribuírsele a la frase “cosa juzgada administrativa”, por considerar más cónsono con las características allí descritas la expresión “cosa decidida administrativa”, se concuerda plenamente con lo expresado, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, en el sentido de que, para que pueda haber cosa decidida administrativa, debe mediar una decisión administrativa de carácter definitivo que no haya sido sometida a revocatoria o anulación, en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. No obstante, en el presente caso, se pudo constatar del expediente administrativo cursante en autos, que la decisión dictada por el extinto Consejo de la Judicatura que declaró inadmisible la denuncia incoada ante ese organismo (decisión ésta que es la indicada por el recurrente como constitutiva de cosa juzgada administrativa), fue objeto de un recurso de “apelación” en sede administrativa, el cual fue decidido declarándose la nulidad del mismo y ordenándose la remisión del expediente a la Inspectoría General de Tribunales, donde se convalidaron las actuaciones realizadas hasta ese momento, para posteriormente presentar la acusación que provocó la apertura de un nuevo procedimiento administrativo, que culminó con el acto sancionatorio impugnado.

Por lo tanto, al no configurarse uno de los presupuestos indispensables para que pueda hablarse de violación a la mal llamada “cosa juzgada administrativa”, como lo es la existencia de un acto administrativo definitivo que se haya pronunciado sobre los mismos hechos, es que resulta improcedente tal alegato. Así se declara”.

Establecida la debida congruencia entre el criterio doctrinal y jurisprudencial expuesto, ha de inferirse que, para que pueda haber cosa decidida administrativa, debe mediar una decisión administrativa de carácter definitivo que no haya sido sometida a revocatoria o anulación, en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y la existencia de un acto administrativo definitivo que se haya pronunciado sobre los mismos hechos.

Ahora bien, en el caso sometido a examen, considera necesario este jurisdicente

realizar un análisis tanto de la resolución N° 065/03/03/012/03 emanada de la Dirección de Seguridad y Defensa Civil del estado Cojedes, como del acto administrativo impugnado, y al efecto, de la aludida resolución, que obra a los folios 128 al 131 de la primera pieza del presente expediente, a la cual este Tribunal le otorga todo su valor probatorio por ser de aquellos documentos que gozan de una presunción de veracidad, legitimidad y autenticidad, se desprende de su dispositiva lo que de seguida se transcribe:

“Artículo 1. Se ordena desalojar a los ciudadanos A.M. Cedula de Identidad N° V- 7047.435, J.T.L. Cedula de Identidad N° V- 14. 861.083, H.I.L. Cedula de Identidad N° 5.387.471, M.H. Cedula de Identidad N° 12.416.527 y a cualquier otra persona que ocupe junto con ellos la finca propiedad del denunciante denominada “LA CHACARA”, ubicada en el sector Muertico del Municipio Autónomo Ricaurte del Estado Cojedes y la entrega de la mencionada finca al ciudadano J.B. OSIO…”

A su vez, del acto administrativo hoy impugnado mediante el presente Recurso de Nulidad, se desprende entre otras cosas, lo siguiente:

“Primero: Declarar Ociosos los terrenos que integran el predio denominado: Hato “La Chácara”, situado en el Asentamiento Campesino Campo Alegre, sector el Muertico, Parroquia L.d.E. Cojedes…”

Segundo: Revocar Titulo Definitivo Oneroso otorgado a favor del ciudadano J.B.O., titular de la cédula de identidad N° 92.990, emanado del extinto Instituto Agrario Nacional otorgado el nueve (09) de julio del año 1997…

Como puede observarse, el efecto práctico de la resolución comentada, fue ordenar a un grupo de personas desalojar la finca denominada LA CHACARA para ser entregada al ciudadano J.B.O., como consecuencia de la ocupación indebida por parte de los mencionados ciudadanos en violación de los derechos de propiedad o posesión que a juicio de la Dirección de Seguridad y Defensa Civil del estado Cojedes le asisten al mencionado ciudadano, al quedar demostrado a través de las diferentes pruebas complementarias presentadas en el procedimiento administrativo llevado a efecto.

Del contexto, de la referida providencia administrativa se verifica la tramitación de un procedimiento administrativo como consecuencia de la ocupación efectuada por un grupo de personas a los predios del Fundo denominado la Chácara, y consecuencialmente ordenar el desalojo de los mencionados ciudadanos, para lo cual, se comisionó al P.d.M. autónomo Ricaurte y al Comandante General de la Policía del estado Cojedes para que procedieran a la materialización del desalojo antes ordenado, para el caso de incumplimiento voluntario por parte de los ocupantes plenamente identificados.

Por otra parte, constata este Tribunal que el objeto del acto administrativo impugnado mediante el presente Recurso de Nulidad, fue declarar la ociosidad de los terrenos que integran el predio denominado: Hato “La Chácara” y Revocar el Titulo Definitivo Oneroso otorgado a favor del ciudadano J.B.O.. De ello, se deduce que tanto la Resolución N° 065/03/03/012/03 emanada de la Dirección de Seguridad y Defensa Civil del estado, como el acto administrativo impugnado, resolvieron el asunto que les fue elevado a su consideración dentro del ámbito de su competencia pero con distinto objeto, puesto que, difieren en su contenido, por tanto, resulta equívoco argumentar que el acto administrativo impugnado resolvió un caso precedentemente decidido con carácter definitivo. Asi se establece.

En el mismo orden de ideas, sobre lo esgrimido por el recurrente de que la resolución dictada por la Dirección de Seguridad y Defensa del estado Cojedes le creó derechos particulares, cabe precisar, que el fin de ésta no fue otro sino el de proteger la propiedad que dijo tener el recurrente sobre el Hato La Chácara, en base al Titulo Definitivo Oneroso mediante el cual le fueron adjudicadas las tierras que conforman el mencionado Fundo por el extinto Instituto Agrario Nacional; providencia administrativa , la cual este Tribunal también le otorga todo su valor probatorio, por tratarse de un documento administrativo que goza solo de autenticidad; pero en modo alguno, debe entenderse que dicha resolución haya resuelto sobre la propiedad del predio, lo cual claramente se desprende del texto integro de la misma.-

Asimismo, se observa que la referida providencia administrativa dictada por la Dirección de Seguridad y Defensa Civil del estado Cojedes, si bien es cierto que, trata de una acto administrativo que se encuentra definitivamente firme, y el cual no fue sometido a revocatoria o anulación en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, no menos es cierto, que el acto administrativo dictado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras y que es objeto de la presente acción de nulidad no contiene pronunciamiento sobre los mismos hechos que fueron dirimidos en el procedimiento administrativo que dio lugar a la Resolución N° 065/03/03/012/03 emanada de la indicada Dirección de Seguridad y Defensa Civil, como tampoco se evidencia que haya sido dictado por la misma autoridad o por el Superior Jerárquico de la indicada Dirección Regional.

En consecuencia, no se configura uno de los presupuestos indispensables para que pueda hablarse de violación a la mal llamada “cosa juzgada administrativa”, como lo es la existencia de un acto administrativo definitivo que se haya pronunciado sobre los mismos hechos, aunada a la circunstancia de que no resulta apropiado citar la causal de nulidad absoluta de actos administrativos contenida en el numeral 2 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ya que las decisiones producidas en sede administrativas no ostentan el carácter de inmutabilidad y permanencia que dicho principio típicamente jurisdiccional sugiere, razón por la cual, es que a juicio de quién aquí decide, resulta improcedente tal alegato. Así se declara”.

SOBRE EL LÍMITE DEL PODER DISCRECIONAL ADMINISTRATIVO

Esgrime el recurrente que la violación al límite del poder discrecional se configuró cuando el autor del acto administrativo, en ejercicio de una potestad conferida por la norma legal, se apartó del espíritu y propósito de ésta, persiguiendo con su actuación una finalidad distinta de la contemplada en la ley, igualmente, adujo, que los hechos concretos, reveladores de las verdaderas intenciones que dieron lugar a la actuación del funcionario de la ORT Cojedes del INTI difirieron la ejecución de una decisión administrativa dictada por el funcionario competente, que fue en definitiva dejar ilusoria la ejecución de la decisión de la Dirección de Seguridad y Defensa de la Gobernación del Estado Cojedes.

Al efecto, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativo establece:

Aun cuando una disposición legal o reglamentaria deje alguna medida o providencia a juicio de la autoridad competente, dicha medida o providencia deberá mantener la debida proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho y con los fines de la norma, y cumplir los trámites, requisitos y formalidades necesarios para su validez y eficacia.

La norma transcrita, regula expresamente los límites del poder discrecional de la administración, en virtud de que, exige que el acto que se adopte debe mantener la proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho y con los fines de la norma, además deberá cumplir con los trámites, requisitos y formalidades necesarias para su validez y eficacia, lo que se traduce en que la administración, no le está dado dictar actos desproporcionados, porque constituiría una arbitrariedad, en este mismo sentido, se colige que dentro de los limites a esa discrecionalidad, destaca la adecuación del acto a los supuestos de hecho, es decir, el acto debe ser racional, justo y equitativo en relación a sus motivos, ésta exigencia, se identifica precisamente en que todo acto administrativo debe tener una causa o motivo y a su vez debe encuadrar lo que se decida con el supuesto de hecho, lo cual obliga a la administración a darle un tratamiento racional a los hechos comprobados técnicamente.

Igualmente, se desprende del artículo en comento, que el acto debe tener adecuación con los fines de la norma que prevé su emisión, lo que quiere decir, que al momento de dictar un acto no se deben desviar los fines, no puede perseguirse fines distintos a los previstos en la norma, y finalmente todo acto para su validez y eficacia debe cumplir con las formalidades legales y debe respetar el principio de la igualdad frente a las situaciones jurídicas de los particulares.

Ceñidos al anterior análisis, concluye este sentenciador, que la denuncia del recurrente respecto a que el órgano administrativo agrario violó el límite del poder discrecional, al solicitar la suspensión de la ejecución de la resolución Nº 065/03/03/012/03 emanada de la Dirección de Seguridad y Defensa del Estado Cojedes, y posteriormente declarar ocioso el fundo la Chácara y la revocatoria del titulo definitivo oneroso, previo la tramitación del procedimiento correspondiente, es equívoca, toda vez que, de los antecedentes administrativos se desprende que el trámite del procedimiento seguido por el ente agrario estuvo efectuado dentro de los limites de su competencia, que le viene dada por la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en razón de que, el mencionado texto legal, deja a cargo del Instituto Nacional de Tierras la regularización de la tenencia de las tierras con vocación agraria, facultándolo para sustanciar los procedimientos a que haya lugar, a objeto de determinar los niveles de productividad sean estos, de declaratoria de Tierras ociosas, de certificación de finca productiva o mejorable; así como también lo faculta para sustanciar y/o tramitar cualquier procedimiento de distribución de la tierra, bien sea de expropiación agraria o el rescate de tierras.

De tal manera, que no puede considerar este Juzgador que la actuación de la Oficina Regional de Tierras-Cojedes al solicitar la suspensión de la ejecución de la resolución arriba mencionada, mediante oficio de fecha 07 de Junio de 2003, que riela inserto a los folios 35 y 36 de la primera pieza de los antecedentes administrativos y acordar la apertura del procedimiento orientado a la determinación de los niveles de productividad o de distribución de la tierra previa denuncia, constituya un acto desproporcionado y no adecuado con los supuestos de hecho o con los fines de la ley, resultando evidente, que lo denunciado por el recurrente no se subsume en el supuesto contenido en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Aunado a lo anterior, se observa que las comunicaciones identificadas con los Nros 8, 9, 10, 11, 12, y 13 (folios 151-186) consignadas por el recurrente como prueba para sustentar sus dichos y que están referidas a la invocación de principios constitucionales y a la solicitud de ejecutar la resolución administrativa de desalojo, a pesar de ser unas copias simple, la contraparte no las impugnó y por tanto debe otorgárseles todo el mérito probatorio, y consecuencialmente tener como verdadero su contenido, atendiendo a lo prescrito en los artículos 429 y 509 del Código de Procedimiento Civil. No obstante, se observa que el texto contenido en los documentos no permite esclarecer el asunto controvertido, haciéndolos lucir inadecuado e impertinente, debiendo ser desestimadas por este Tribunal, pues como antes quedó expresado, la violación al limite del poder discrecional se configura solo cuando el acto que adopta la administración no mantiene la debida proporcionalidad y la adecuación con el supuesto de hecho y con los fines de la norma o cuando no cumple con los tramites y requisitos necesarios para su validez y eficacia, tal cual como se dejó expresado ut supra, y siendo que en el caso bajo examen, lo alegado por el recurrente no se corresponde con los extremos de la ley, es forzoso para este Tribunal declarar improcedente la denuncia de violación al poder discrecional formulada por el ciudadano J.B.O.. Así se decide.

Resuelto lo anterior, corresponde a este Tribunal entrar al análisis exhaustivo de los vicios denunciados por el recurrente que a su juicio inficionan de nulidad absoluta al acto administrativo dictado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras en sesión de fecha 40-05 Punto de cuenta N° 001, de fecha 31 de marzo de 2005 y que es objeto de la presente acción de nulidad, lo cual hace previo a las siguientes consideraciones:

DEL FALSO SUPUESTO DE HECHO

Sobre este aspecto, se verifica del escrito recursivo que el recurrente en nulidad denunció el vicio de falso supuesto de hecho, sobre la base de que el Instituto Nacional de Tierras al dictar el acto, lo hizo fundado en hechos inexactos, falsos y no relacionados con el asunto objeto de decisión, igualmente, alegó que el ente administrativo le atribuyó a su persona la causa de la ociosidad de las tierras que integran el Fundo agropecuario denominado La Chácara , lo cual sirvió de motivo para que el Directorio del mencionado Instituto acordara la revocatoria el titulo oneroso definitivo otorgado a su favor por el extinto Instituto Agrario Nacional.

Adicionalmente, para fortalecer su denuncia del vicio de falso supuesto de hecho, esgrimió en resumidas palabras, que en el fundo la Chácara existía una ocupación precaria que impedía la ejecución de actividades agropecuarias; que de acuerdo a un acta convenio la ORT-Cojedes le recomendó paralizar la actividad en el predio; que no obstante, la eficacia y firmeza de la resolución Nº 065/03/03/012/03, la ORT-Cojedes solicitó la suspensión de la ejecución de la misma; que propuso ante la ORT-Cojedes desarrollar el proyecto de siembra de cultivo de caña de azúcar; que bajo el Nº 09.06.01-0946 aparece registrado como productor agrícola vegetal; que bajo el Nº 040906010410 registró como adjudicatario la tenencia de la tierra en el predio la Chácara; que le fue renovado el registro como productor agrícola; que tuvo que adecuar la infraestructura del Fundo la Chácara con el propósito de desarrollar el proyecto de caña en el centro del país; que financió el estudio e implementación del proyecto de caña de azúcar; que la ORT-Cojedes le solicitó presentar un avalúo para determinar las bienhechurias del Fundo La Chácara; que hasta el momento de la ocupación violenta, el área destinada a la agricultura fue de 225.69 hectáreas de cultivo de arroz y maíz, que se hizo constar el aprovechamiento de 100 hectáreas para pastizales, que la finca esta desarrollada en su totalidad, que cuenta con infraestructura de riego, pozos, nivelación, canales, vivienda y maquinarias; que la ORT-Cojedes ejecutó distintas actuaciones tendentes a resolver pacíficamente la ocupación precaria; que la ORT-Cojedes constató en una inspección de campo la ocupación precaria, así como la paralización de trabajos de arado y siembra por él iniciado y la presencia de 51 animales; que todas esas circunstancias acreditan la condición de utilización agropecuaria del fundo La Chácara, como unidad socio económica, integrada al marco de seguridad agroalimentaria y sujeta a la protección en los términos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Decreto con Fuerza de Ley y Desarrollo Agrario y finalmente alegó que la administración fundamentó su decisión de ociosidad en hechos que acaecieron de manera distinta a la apreciada en su resolución, en hechos positivos y concretos que han sido establecidos inexacta y falsamente.

Como puede apreciarse de la anterior trascripción, el recurrente concretamente, invoca la existencia de un falso supuesto de hecho, que según su manifestación, deriva de la omisión del ente emisor del acto recurrido de valorar todos los sucesos ajenos a la voluntad del adjudicatario del predio, que motivaron el incumplimiento de las obligaciones que le imponía el titulo definitivo oneroso que le fuere otorgado por el extinto Instituto Agrario Nacional.

Para sostener lo anteriormente aducido, el recurrente, acompañó al libelo de demanda los siguientes documentos, el recaudo 15 que obra en copia simple a los folios 188 al 190,(1ra Pieza) constante del acta levantada el día 21/05/2003, por una comisión integrada por la Dirección de Seguridad y Defensa de la Gobernación del estado Cojedes, la Consultoría Jurídica adscrita a ese despacho, el Coordinador de la ORT-Cojedes, los ocupantes y el ciudadano J.B., el recaudo 14 que cursa al folio 187 (1ra Pieza), en copia simple contentivo de la formalización de una denuncia ante la Comisión de Predios Rústicos de la Dirección de Seguridad y Defensa de la Gobernación del estado Cojedes, la resolución N° 065-03/03-012-03, que cursa a los folios 128 al 131, el recaudo 47 que obra a los folios 313 al 314, constante de una comunicación enviada al I.C. por el ciudadano J.B., los recaudos Nros 48, 49, 50 y 51 que obran a los folios 315 al 320, constante de una Renovación del Registro nacional Agrícola, una constancia provisional de inscripción en el Registro de Predios, un certificado de productor agrícola en el Registro Nacional de Productores del Ministerio de Agricultura y Tierras y una comunicación que le fuere dirigida al ciudadano J.B. relativa a un proyecto de desarrollo de cultivo de caña de azúcar, el recaudo 34 que riela a los folios 248 al 278, relacionado con un informe de avalúo y el recaudo 16 que cursa a los folios 191 al 207, constante de una inspección ocular practicada por la Notaría Pública del Municipio San Carlos del estado Cojedes

Ahora bien, advierte este Tribunal que el acto administrativo que declaró ociosas las tierras del fundo la Chácara y revocó el titulo oneroso definitivo que le fue otorgado al ciudadano J.B.O. por el extinto Instituto Nacional de Tierras dejó establecido lo siguiente:

Seguidamente en fecha treinta de julio de 2003 se apersonaron en los terrenos del Hato “La Chácara”, el representante legal del adjudicatario del Titulo Definitivo Oneroso emanado del extinto Instituto Agrario Nacional, ciudadano J.B.O.-V.P.F., titular de la Cédula de identidad N° 5.006.326, el General F.A., titular de la cédula de identidad N° 915.770, en su condición de encargados del fundo los ciudadanos: F.P.S. y J.P., titulares de las cédula de identidad N° 6.814.370 y 7.594.885, respectivamente. Asimismo, se hicieron presentes representantes del Instituto Nacional de Tierras y de la Oficina Regional de Tierras del estado Cojedes y la Procuradora Agraria de esa entidad regional; en donde se levantó un acta dejando constancia de las condiciones generales del terreno (sembradíos, cosechas, bienhechurias y maquinarias), de igual forma, se deja constancia de la presencia y participación en la inspección ocular del predio, el denunciante Verman Torrealba quien expuso sus alegatos. Asimismo, se dejó constancia de la existencia del lado oeste del terreno de un campamento conformado por treinta y nueve (39) adultos y diecisiete (17) niños y algunos cultivos bajo el sistema de producción de conuco. En esa misma oportunidad, se presentó la ciudadana D.V. quien presentó a los funcionarios actuantes una copia simple del Acta Constitutiva de una Cooperativa denominada “Productores de Palmas de las Vegas” (COPROPALVEG). (Folios treinta y cinco (35) a treinta y ocho (38) del expediente administrativo).

(…Omissis…)

Así las cosas, el cuatro (04) de noviembre de 2003, el ciudadano J.B.O. consignó escrito por ante el Instituto Nacional de Tierras en el cual expone alegatos y anexa copias simples de las denuncias efectuadas por ante el Comando Regional de la Guardia Nacional, la Comandancia General de la Policía del Estado Cojedes, en las que el peticionante expone la situación de violencia sufrida por parte de los ocupantes del Hato “L Chácara”, alegando asimismo que esa es la razón que le imposibilitó a sembrar y cosechar maíz y sorgo en los terrenos del fundo y por tanto, responsable de la improductividad observada sobre los mismos.

En el mismo orden de ideas el ciudadano F.P.S. en su carácter de administrador del hato “la Chácara”, consignó petición en fecha diez (10) de diciembre de 2003 por ante la Oficina regional de Tierras del Estado Cojedes, exponiendo “su preocupación por la situación de la ocupación indebida del predio, lo cual denuncia le impide llevar a cabo las labores de siembra sobre los terrenos”- denuncia que no apoya en ningún instrumento que lo pruebe-, y planteando a la consideración de la dependencia regional agraria su propuesta de lograr un “acuerdo amistoso” entre los ocupantes del hato y el presunto propietario.

(…Omissis…)

Se pudo evidenciar de manera general la existencia de instalaciones como galpones para maquinas, áreas de dormitorios, corrales, tanque (piscina) y cercas externas en muy buenas condiciones y adecuado mantenimiento.

Se pudo observar que dentro de este lote de tierras se encuentran asentadas un grupo de personas, conformando (sic) Algunas cooperativas agrícolas y otras se encuentran en forma individual. Estas personas ocupan pequeños lotes de tierras con superficie promedio de 1-1,5 ha, en donde se aprecian cultivos asociados de yuca, fríjol, quinchoncho entre otros.

Durante el recorrido se pudo apreciar que mas del 90% de la superficie del predio específicamente el área de potreros, se observa la ausencia de pastos introducidos, proliferando en una mayor proporción, una vegetación arbustiva y en condiciones de enmalezamiento, lo que permite confirmar la ausencia de mantenimiento en estos, así como también en las infraestructuras y equipos existentes en estos tales como casetas, motores bombas, tanquillas y canales de concretos presentes en el predio.

En la actualidad este lote de tierras se encuentra ocupado por un grupo de personas, las cuales ocupan pequeñas superficies del predio, bajo la condición de asociación de cultivos, los cuales ejercen una presión de forma directa o indirectamente que interfieren en las labores de mantenimiento y mejoras en los terrenos e instalaciones que se encuentran dentro del predio.

Al momento en que se realizó esta inspección se pudo constatar que el lote de tierra que conforma la finca Agropecuaria La Chácara, se encuentra en condición de improductividad debido a que en estos no existe ningún tipo de cultivo o actividad agroproductiva que determine lo contrario, a pesar de que se cuenta con instalaciones maquinarias y equipos adecuados para la producción de cualquier rubro agrícola y actividad agroproductiva.

La vocación de estos suelos de acuerdo a sus potencialidades agrológicas, debe estar orientada a la producción agrícola, (según estudios realizado por Strebin Samuel, 1989) ya que estos suelos son calificados como suelos II y III, de acuerdo a su capacidad de uso principal (sic) la obtención de productos agrícolas, de forma racional que pretenda el equilibrio de cada uno de los recursos naturales en estos presentes

(Negrillas nuestras) (folio setenta y nueve (79) a ochenta y seis (86) del expediente administrativo).

(…Omissis…)

El Presunto Propietario contradijo el carácter ocioso o inculto del predio consignando parte de la documentación requerida en el Artículo 45 de la Ley en Comento (sic); pero no formalizó la solicitud de finca mejorable a que se refiere el mencionado artículo, siendo evidente que desde el momento en que se realiza la denuncia el día 02 de abril de 2003, hasta la fecha han transcurrido un año, diez meses y 15 días; tiempo en el cual el presunto propietario no ha dado muestras de realizar las actividades agropecuarias propias para el mejoramiento y aprovechamiento de la tierra que le había sido otorgada…””

Así las cosas, toca determinar si en el presente caso efectivamente el acto impugnado parte de un falso supuesto de hecho, y para ello, es necesario realizar un análisis de las pruebas antes señaladas y que fueron aportadas por el recurrente para fundamentar su denuncia concatenadamente con un estudio del contenido del acto administrativo impugnado.

A tal efecto, lo que se desprende de los recaudos emanados de órganos de la administración pública, que ya fueron suficientemente descritos, y que este Tribunal al no haber sido impugnados ni tachados por la contraparte los aprecia en su justo valor; toda vez que, tales documentos y/ o constancias son documentos de naturaleza administrativa, pues son dictados para el cumplimiento de cometidos de interés público, por lo tanto se da por demostrado lo que de ellos se desprende; y en ese sentido debe tener por cierto que el ciudadano recurrente en fecha 28 de marzo de 2003, por ante la Dirección de Seguridad y Defensa Civil del estado Cojedes, denunció que un grupo de personas penetró sin autorización en el fundo La Chácara y solicitó que se tomaran las medidas correspondientes al caso, igualmente se verifica del recaudo 15 y así se aprecia, que en fecha 21 de mayo de 2003 se celebró en los predios del fundo la chácara una reunión entre la Dirección de Seguridad y Defensa de la Gobernación del estado Cojedes, la Consultoría Jurídica adscrita a ese despacho, el Coordinador de la ORT-Cojedes, los ocupantes y el ciudadano J.B.O., de cuyo contenido se observa que los principales puntos que se discutieron fueron la legalidad o no de la ocupación por parte de un grupo de personas que allí se encontraban y el uso que se estaba dando a dicho predio.

Asimismo, se verifica que del contenido de la resolución N° 065-03/03-012-03 emanada de la Dirección de Seguridad y Defensa de la Gobernación del estado Cojedes la cual fue apreciada por este juzgador, que por ante ese organismo se tramitó un procedimiento de desalojo contra los ciudadanos A.M., J.T., H.L., y M.H. en ocasión a la denuncia que formulara el ciudadano J.B.O., resultando procedente dicho desalojo tal como consta de la parte dispositiva de la mentada resolución, De igual forma, se constata de la comunicación enviada al I.C. por el ciudadano J.B.O., apreciada por este juzgador al no haber sido impugnada por la contraparte, la cual esta referida a su disposición de desarrollar un proyecto de siembra de cultivo de caña.

En este mismo sentido, respecto a los recaudos Nros 48, 49 y 50, se verifica la emisión por parte de la Oficina de Registro Agrario del Instituto Nacional de Tierras Región Cojedes, de un certificado de inscripción a favor de J.B.O. en su condición de adjudicatario del Predio La Chácara, su renovación y la emisión de un certificado de Registro Nacional de Productores a favor del aludido ciudadano, proveniente del Ministerio de Agricultura y Tierra.

Igualmente, se observa de la inspección realizada por la Notaria Publica de San Carlos del estado Cojedes en fecha 28 de mayo de 2003, en el fundo La Chácara que el referido predio cuenta con buena infraestructura, con adecuadas vía de penetración, maquinarias, equipos y edificaciones, que al ser adminiculada con el informe técnico realizado por funcionarios adscrito a la ORT- Cojedes e igualmente con el informe de avalúo aportado por el recurrente, que obra a los folios 248 al 278 de la primera pieza del expediente, este sentenciador la aprecia en su justo valor probatorio para dar por demostrado lo que de ella se desprende, como es la existencia de la infraestructura con adecuadas vías de penetración, maquinarias, equipos y edificaciones.

Ahora bien, de todas las instrumentales consignadas para fundamentar la existencia del vicio de falso supuesto de hecho, no se aprecia que en el predio la Chácara se estuviese llevando a cabo una actividad agrícola productiva, conforme al mejor uso según el potencial agroalimentario de la clasificación que le corresponde a las tierras de ese fundo, que pudiera desvirtuar el calificativo de ociosidad que sirvió de supuesto de hecho para dictar el acto administrativo hoy impugnado, por el contrario, simplemente se puede apreciar de ellos, que efectivamente dentro del fundo La chácara permanecían un grupo de personas, que luego de un procedimiento se acordó el desalojo de los mismos, que el fundo cuenta con una adecuada infraestructura, que dichas tierras están inscritas en el Registro Agrario, que el ciudadano J.B. posee un certificado de productor agrícola y que su intención ha sido llevar a cabo un proyecto de desarrollo de cultivo de caña, sin embargo, tales circunstancias demostradas por el recurrente, en ningún modo, desvirtúan el carácter ocioso de las tierras, ni muchos menos demuestran que dentro de las mismas se haya desarrollado en la actualidad y en forma continua una actividad agraria que diera cumplimiento a la función social que le impone la ley, que no es más, que la productividad agraria como medio fundamental para atender de manera efectiva la demanda alimentaría.

Adicionalmente, según documento que obra al los folios 121 al 124 de la primera pieza de este expediente, que quedó registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Autónomo Ricaurte del Estado Cojedes, en fecha 05 de septiembre de 1997, bajo el N° 15 folio 64 al 67, Protocolo Primero, Tercer Trimestre del año correspondiente, al cual este Tribunal le otorga todo el merito probatorio por ser de aquellos documentos cuya naturaleza jurídica es pública, ya que han sido autorizado con las solemnidades legales por un Registrador que tiene facultad para darle fe publica en el lugar donde fueron autorizados, no se evidencia, que el recurrente desde ese momento en que ha fungido como adjudicatario del Fundo la Chácara, según el recaudo antes mencionado, haya ejecutado planes de desarrollo agrario que hagan inferir que el estado del fundo la Chácara esté dentro de los niveles de producción o dentro de los parámetros de productividad legalmente establecidos, lejos de ello, lo que puede deducirse, es que el recurrente tiene la intención de llevar a cabo un proyecto de desarrollo agrícola, pero no hay certeza de que efectivamente lo haya puesto en practica en algún momento.

Aunado a lo anterior, se observa claramente del contenido de la trascripción que preliminarmente se hiciera del acto impugnado, que la administración agraria si valoró la argumentación del recurrente, respecto a las causas que, en criterio de éste último, no le eran imputables con relación al incumplimiento de su obligación de producir la tierra, de tal manera que, si el demandante no aportó ningún medio de prueba capaz de respaldar la veracidad de sus alegatos y adicionalmente el ente emisor del acto administrativo si apreció las defensas opuestas por el recurrente, resulta indiscutible que en el presente caso no hay existencia del alegado falso supuesto de hecho y en consecuencia debe este Tribunal declarar la improcedencia del vicio denunciado. Así se decide.

DEL FALSO SUPUESTO DE DERECHO

1.- Del Vicio de Ilegalidad del Acto Administrativo por Errónea Aplicación del Artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

En el mismo orden de ideas, se desprende del escrito recursivo que el accionante denunció el vicio de falso supuesto de derecho argumentando, entre otras cosas, que en su caso, el mismo se configuró con el examen contingente que se hace en el acto administrativo respecto a la actividad desempeñada por el destinatario del titulo definitivo oneroso en su vinculo predial con el derecho deferido por el extinto Instituto Agrario Nacional, delimitando el Instituto Nacional de Tierras el examen del asunto, a partir de los hechos afirmados por el ciudadano Verman Torrealba, en razón que desde el primer momento en que se instruyeron los expedientes Nros 03-09-0601-00198 RE y 065-03-03, consignó un conjunto de pruebas que según su manifestación, acreditaron la condición productiva del Fundo La Chácara.

De lo dicho por el recurrente se infiere, que el ente emisor del acto administrativo sólo tomo en cuenta la condición del fundo después de la denuncia formulada por el ciudadano Verman Torrealba, y no la realidad de éste antes de dicha acusación.

Para demostrar lo antes referido, el recurrente consignó recaudos que obran a los folios 237 al 312 de la primera pieza de este expediente, signados con los números 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.7, 17, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46, los cuales, están referidos a certificados nacionales de vacunación, avales sanitarios individual, guías de movilización e informe de avaluó, e inspección judicial, dichos recaudos no fueron impugnados, ni desconocidos por la parte recurrrida, sumado a ello, se observa que los mismos emanan de distintos órganos de la administración publica, a excepción de la inspección judicial que obra a los folios 208 al 221 (primera pieza) en consecuencia se encuentran enmarcados dentro de los denominados, tanto por la doctrina como por la Jurisprudencia como documentos administrativos, que gozan de una presunción de veracidad, legitimidad y autenticidad, por ello, conviene traer a colación lo que al respecto la Sala Político Administrativa en sentencia N° 40 del 15 de enero de 2004 estableció:

Son documentos administrativos de trámite, que gozan de autenticidad, por su naturaleza, pues su formación y autoría se puede imputar a un determinado funcionario, previo el cumplimiento de las formalidades legales, acreditando tal acto como cierto y positivo; con fuerza probatoria plena, en los limites de presunción de veracidad que las rodea, mientras que no se pruebe lo contrario

En este sentido se advierte que, la ley no le otorga al funcionario que emite el documento administrativo, expresamente, la facultad para tramitar Fe publica de su contenido, como si lo hace en el documento publico, en los términos del artículo 1357 del Código de Procedimiento Civil; sino que goza sólo de autenticidad como antes se afirmó, en razón de los cual la presunción de buena fe erga omnes está sujeta a la posibilidad de ser desvirtuada a través de los medios probatorios idóneos a tal fin

De tal forma que, este Tribunal, debe apreciar en su justo valor los documentos ya mencionados y consecuencialmente considerar como cierto su contenido de conformidad con lo establecido en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, y en tal sentido debe tenerse la certeza de que el Servicio Autónomo de Seguridad Alimentaría del Ministerio de Agricultura y Cría en los años 1999, 2001 y 2002, otorgó al ciudadano J.B. certificados de vacunación nacional, que el Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria por medio de comunicación de fecha 06 de septiembre de 2000, suscrita por su Director en el estado Cojedes informó al ciudadano J.B. de la realización de un proceso de vacunación Anti-aftosa, que el mismo ente a través de la unidad de apoyo y vigilancia epidemiológica otorgó en el año 2001 y 2002 al referido ciudadano avales sanitarios individuales, también, que en el año 2001 el Comando de Operaciones de la Dirección de Guardería Ambiental de la Guardia Nacional requirió del ciudadano J.B. las actas de retención preventiva de productos forestales, asimismo debe tenerse la certeza de que, la Dirección General Sectorial del Servicio Forestal Venezolano en los años 1999, 2000, 2001 otorgó guías de circulación de productos forestales unas a nombre de C.V., otras a nombre de C.V. y otras a nombre de J.M., por último, se constatan guías de movilización emanadas de la Federación Nacional de Ganaderos emitidas en los meses de agosto y octubre del año 2002, para el traslado de novillos, mautes, toros y becerros desde el estado Portuguesa (fundo el Rosario), al estado Cojedes (fundo La Chácara) y viceversa. Asimismo se verifican los daños ocurridos a la cerca de alambres con púas y estantillos de madera, ubicada en el lindero Sur del Hato la Chácara, promovida para evidenciar el eventual robo de ganado

No obstante lo anterior, los documentos antes elencados en lo atinente a la acreditación de la condición productiva del Fundo La Chácara no resultan idóneos, toda vez que, aún cuando reflejan que en los años 1999, 2000, 2001 y 2002, pudo haberse desplegado una actividad pecuaria, que la hace aparecer como infrautilizada, dada la vocación agrícola de dichos suelos según se desprende del Informe Técnico emanado de la ORT – Cojedes, no es menos cierto, que los mismos no permiten evidenciar que al inicio del procedimiento se le haya dado a las tierras que conforman el Fundo la Chácara el uso adecuado en atención a su vocación y clasificación (I y II), lo que hace que dichas tierras sean consideradas ociosas.-

En este mismo sentido y a juicio de este jurisdicente, se destaca que para la determinación de la productividad de las tierras es necesario del despliegue de una prueba idónea de índole pericial que demuestre que efectivamente en el Fundo La Chácara se estaba llevando a cabo una actividad agroproductiva, lo cual no se videncia de las actas procesales que haya ocurrido; por lo tanto, si los aludidos recaudos, en si mismos no permiten demostrar claramente el carácter productivo del predio declarado como ocioso, ni antes ni después de la denuncia formulada por el ciudadano Verman Torrealba, debe forzosamente este Órgano Jurisdiccional declarar Improcedente el vicio de ilegalidad del acto administrativo por errónea aplicación del artículo 70 del decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (hoy Art 67 LTDA), denunciado por el recurrente. Así se decide.

De igual forma, se observa del escrito recursivo que el demandante aduce que la ORT Seccional Cojedes incurrió en la violación del derecho de petición, lo cual fue determinante en el falso supuesto de derecho como vicio de ilegalidad del acto administrativo, ya que a su decir, el ciudadano J.B. solicitó la intervención del Instituto Nacional de Tierra para que intercediera ante los ocupantes precarios del predio, como mecanismos para mantener la seguridad en las parcelas que integran el fundo La Chácara, no obteniendo respuesta de la ORT-Cojedes; como soporte de ello, consignó recaudos signados con los números 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24.1 y 6, los cuales están referidos a denuncias formuladas por ante el destacamento número seis de la Comandancia General de la Policía del estado Cojedes, en los meses de septiembre y octubre de 2003, relativas a hechos de perturbación y de ocupación indebida en el fundo La Chácara por parte de un grupo de personas y tres actas levantadas en dicho fundo por el encargado del mismo, junto con representantes de la ORT Cojedes y La Procuraduría Agraria.

Ahora bien, tales recaudos merecen ser valorados por este Tribunal y consecuencialmente tener por cierto lo que se desprende de su contenido, en razón de que no fueron impugnados por la contraparte, no obstante, de su contexto no se aprecia que el ciudadano J.B. haya hecho algún requerimiento a la ORT-Cojedes relativo a la intervención del ente agrario como mediador entre él y los ocupantes del predio, que hagan evidenciar la violación del derecho de petición, por otro lado, quiere destacar adicionalmente este juzgador que el recurrente entremezcló indebidamente la delación del falso supuesto de derecho conjuntamente con la violación del derecho de petición, lo cual, no puede ser admitido en razón de que el quebrantamiento de esta garantía constitucional no puede ser considerado como un vicio de falso supuesto de derecho de un acto administrativo, ante la falta cometida por el recurrente, este sentenciador, no tiene la carga de suplir la obligación del accionante en cumplir con la técnica de denunciar separadamente cada caso en particular, lo cual conllevan a este Tribunal a declarar su improcedencia, dada la incorrecta formalización de la denuncia planteada, además no se evidencia de las pruebas consignadas la violación del derecho de petición ante la falta de requerimiento. Así se decide.

2.- Del Vicio de Ilegalidad del Acto Administrativo por Errónea Interpretación de la Normativa de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario Dirigida a la Declaratoria de Tierras Ociosas.

De igual forma, denunció el recurrente el vicio de ilegalidad del acto administrativo por errónea interpretación de la normativa de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario dirigida a la declaratoria de tierras ociosas, por tanto, este Tribunal a los fines de hacer su pronunciamiento, lo hace previo a los siguientes razonamientos:

Así pues, el apoderado judicial de la parte recurrente denunció que el acto administrativo N° 49/05, punto N° 001 de fecha 31 de marzo de 2005, que declaró ociosas e incultas las tierras del Fundo La Chácara y revocó el titulo definitivo oneroso a favor del ciudadano J.B.O., incurrió en una errada interpretación de ciertas normas de rango legal, pues la declaratoria de tierras ociosas se efectuó siguiendo las disposiciones de los artículos 2, 37 y 38 del Decreto Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, cuando a su decir, debieron tomarse en cuenta las comunicaciones distinguidas con los números 4, 5, 5.1, 5.2 y 7, referidas a requerimientos formulados por el recurrente al Presidente del Instituto Nacional de Tierras donde se le solicitó levantar el velo suspensivo transigido con los ocupantes con mediación de ese Instituto, a objeto de reiniciar las actividades agropecuarias, la comunicación donde solicitó la intervención del Defensor del P.d.E.C., quien posteriormente se dirigió al Coordinador Regional del INTI en Cojedes, y la solicitud de avocamiento del Ministro del Interior y Justicia al caso concreto.

Respecto al anterior alegato, aprecia este Tribunal que éste pudiera traducirse en lo que se ha denominado como vicio de falso supuesto de derecho, en relación a ello, conviene traer a colación lo expuesto por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 01315, de fecha veinticuatro (24) de mayo de 2006:

A juicio de esta Sala, el falso supuesto se patentiza de dos maneras, a saber: cuando la Administración, al dictar un acto administrativo, fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o no relacionados con el o los asuntos objeto de decisión, incurre en el vicio de falso supuesto de hecho. Ahora, cuando los hechos que dan origen a la decisión administrativa existen, se corresponden con lo acontecido y son verdaderos, pero la Administración al dictar el acto los subsume en una norma errónea o inexistente en el universo normativo para fundamentar su decisión, lo cual incide decisivamente en la esfera de los derechos subjetivos del administrado, se está en presencia de un falso supuesto de derecho que acarrearía la anulabilidad del acto.

(subrayado propio)

En el caso de autos se observa, que se ha denunciado el vicio de falso supuesto de derecho, pues como antes se dijo, la representación judicial de la parte recurrente sostiene que es errónea la aplicación de las normas legales que rigen la declaratoria de tierras ociosas e incultas, por lo tanto debe este Tribunal verificar si en efecto el acto impugnado adolece del vicio delatado, para lo cual observa:

Los Artículos 37 y 38 del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, hoy 35 y 36 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario son del tenor siguiente:

Cualquier ciudadano o ciudadana podrá presentar denuncia motivada ante la respectiva Oficina Regional de Tierras, cuando tenga conocimiento sobre la existencia de tierras ociosas o incultas. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la denuncia, la respectiva Oficina Nacional de Tierras, tomando en consideración la fundamentación de la misma, decidirá sobre la apertura de una averiguación y ordenará la elaboración de un informe técnico

La apertura de la averiguación podrá ser igualmente acordada de oficio por la respectiva oficina regional de tierras, cuando exista presunción de que determinadas tierras se encuentren ociosa e incultas. En este caso la oficina ordenará la elaboración de un informe técnico.

De las normas anteriormente transcritas se colige, de manera precisa, que el legislador ha dispuesto dos modalidades de iniciar el procedimiento de declaratoria de tierras ociosas, esto es, por denuncia motivada o de oficio, en uno u otro caso, se prevé la elaboración de un informe técnico, a los fines de determinar el nivel de productividad de las tierras denunciadas como ociosas, o de aquellas que presuntamente se encuentren en tal estado.

Siendo así, toca constatar si efectivamente la autoridad administrativa agraria, aplicó correctamente las normas relativas al procedimiento administrativo de declaratoria de tierras ociosas que sirvió de base jurídica para la emisión del acto administrativo impugnado, y al efecto, de la revisión efectuada a las actuaciones que integran los antecedentes administrativos, a las cuales este Tribunal les otorga todo el mérito probatorio que se desprende de su contenido, dada la naturaleza jurídica de los mismos al ser documentos emanados de un órgano de la administración pública, los cuales gozan de una presunción de veracidad, legitimidad y autenticidad, se evidencia que el procedimiento de formación de la voluntad administrativa se inició por denuncia y posteriormente se ordenó la realización del respectivo informe técnico, del cual deriva claramente el estado de improductividad en que se encontraba el fundo La Chácara para la época en que se realizó tal informe.

De la misma forma, se observa que el recurrente ejerció su derecho a la defensa, toda vez que presentó su escrito de descargo en la oportunidad legal, y aportó pruebas durante el desarrollo del iter procedimental tendentes a desvirtuar el carácter ocioso que se le atribuyó al Fundo del cual es adjudicatario, finalizando dicha tramitación del procedimiento con el respectivo acto decisorio, hoy impugnado.

Así las cosas, al concatenar la interpretación de las normas relativas a la declaratoria de tierras ociosas transcritas en el acápite anterior, con las actuaciones efectuadas en sede administrativa y lo expresado en el texto del acto administrativo impugnado, específicamente en el capitulo II denominado “DEL DERECHO - Declaratoria de Tierras Ociosas e Incultas”, no se evidencia que el ente emisor del acto haya efectuado una errónea aplicación o interpretación de las normas dirigidas a la declaratoria de tierras ociosas e incultas, pues del contenido del referido capitulo se desprende que luego de la denuncia que formulara el ciudadano Verman Torrealba y del resultado de la inspección técnica realizada a las tierras denunciadas como ociosas efectivamente se hallaban en estado de improductividad y que el ciudadano recurrente no le estaba dando a la tierra el uso de acuerdo a la vocación y clasificación que le correspondía, ante tal circunstancia, la administración en forma acertada acordó aplicar lo previsto en los artículo 37 y siguientes del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, (hoy art 35 y siguientes), por lo que, tal proceder a juicio de quien aquí decide, se encuentra ajustado a derecho, toda vez que, la base legal en la cual se fundamentó el acto administrativo impugnado se adecuó al supuesto de hecho que técnicamente fue comprobado y el cual existía para el momento en que se iniciaron las investigaciones relativas al caso,

En el mismo sentido, este Tribunal observa que la parte recurrente para demostrar el vicio de falso supuesto de derecho denunciado, consignó junto a su escrito de demanda, recaudos signados con los números (4, 5, 5.1, 5.2, 7, folios 136 al 150) y (25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46, folio 237 al 312), los mismos, no fueron impugnados, ni desconocidos por la parte demandada, además de que los identificados en el segundo grupo emanan de órganos de la administración publica, quedando enmarcados como antes se indicó, dentro de los denominados, tanto por la doctrina como por la Jurisprudencia como documentos administrativos, los cuales gozan de una presunción de veracidad, legitimidad y autenticidad, sin embargo, lo que se desprende de su contenido no es prueba de certeza suficiente que demuestre el nivel de productividad del fundo La Chácara, durante periodos completos, ni tampoco dejan en evidencia el uso de acuerdo a la vocación y clasificación de las tierras. En cuanto, a los documento señalados en el primer grupo, se verifica que los mismos se tratan de comunicaciones dirigidas por el accionante a distintos organismos públicos y viceversa, que en nada acreditan el status productivo del lote de terreno, sumado a que jurídicamente no tienen incidencia probatoria en materia de productividad. Así se declara.

De manera que, al verificarse del análisis anterior que el ente administrativo agrario no efectuó una errónea aplicación o interpretación de las normas que rigen la declaratoria de tierras ociosas e incultas, en razón de que encuadró perfectamente su aplicación en el supuesto de hecho que sirvió de base para dictar el acto recurrido, siendo además, que los recaudos aportados por el recurrente no lograron demostrar la inexistencia de los hechos que sirvieron de origen para dictar la decisión, debe entonces este Tribunal declarar improcedente el vicio de falso supuesto de derecho denunciado. Así se decide.

3.- Del Vicio de Ilegalidad del Acto Administrativo por Errónea Interpretación de la Normativa de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario sobre Derecho de Permanencia y sobre el Fundo Estructurado.

Con relación a la errónea interpretación de la normativa sobre el derecho de permanencia, alegó la representación legal de la parte recurrente que el derecho de permanencia establecido en el acto administrativo no se corresponde con los supuestos de derecho que lo hacen procedente, que mal podría considerarse del acto administrativo impugnado que debido a que no constan los datos personales exactos de los ocupantes del terreno, así como de la ubicación exacta de los linderos de los espacios que poseen, los mismo debían ser subsanados en una oportunidad previa a que se emitan los correspondientes instrumentos de permanencia.

En lo atinente a la errónea interpretación de la normativa sobre el fundo estructurado, esgrimió la representación legal de la parte recurrente, que la ley de Tierras y Desarrollo Agrario, al tipificar el concepto de fundo estructurado, fija que para el logro de las finalidades, de rango constitucional, se establece la afectación del uso de todas las tierras, sean publicas o privadas, con vocación para el desarrollo agroalimentario, que no media en la ley ninguna disposición que excluya a su representado del régimen legalmente establecido, que hay una falsa aplicación de la normativa de la ley de tierras discriminatoria frente a otros ciudadanos, en cuya ejecución se ha decidido en el Acto administrativo recurrido, modificar en fundo estructurado al fundo La Chácara, como mecanismo para abrogar el titulo definitivo oneroso emitido por el extinto Instituto Agrario Nacional.

Que el falso supuesto de derecho denunciado, supone entonces, que al Fundo La Chácara le ha sido aplicada una dominialidad diferente con el único propósito de sustraerlo de su titular, sin que haya ninguna razón fáctica o legal que la justifique; incidiendo esta decisión negativamente en la esfera jurídica subjetiva de J.B..

Establecido lo anterior, conviene en primer lugar hacer algunas precisiones sobre lo que la doctrina y la jurisprudencia han expuesto sobre el derecho de permanencia, y a tal efecto encontramos que la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, al efectuar la interpretación de la derogada Ley de Reforma Agraria, estableció en sentencia de fecha 09 de agosto de 2001 con relación al principio de permanencia como instituto propio del derecho agrario, que el mismo debe entenderse con amplitud y en sus particulares características desarrolladas por la doctrina, conforme al cual se trata de un especial derecho real inmobiliario que permite al sujeto productor agrario colocarlo en determinada situación de hecho, de una parte, protegerse frente a los intentos de interrupción de su actividad, y de la otra, acceder a la propiedad del fundo en que la desarrolla de manera directa y efectiva. En este sentido dicha doctrina establece:

El derecho de permanencia agraria en sus diversas modalidades, según se trate o no de un sujeto beneficiario de la reforma agraria; de un pequeño/mediano productor o de un sujeto que exceda esas calificaciones; de un fundo ajeno de propiedad privada, baldío o propiedad del Instituto Agrario Nacional; de una ocupación de origen contractual o unilateral, consentida o no; debe considerarse a la luz del carácter publicista o de orden público, económico-agrario, de las normas respectivas, y de los principios protectores de la actividad agraria efectiva y productiva, conjugando bajo miras de justicia y equidad, los intereses particulares de quien pretenda acogerse al mismo y la utilidad que representa tal actividad para la sociedad en general, con el derecho de propiedad reconocido legal y constitucionalmente aunque sometido a las regulaciones que derivan de la aplicación del principio de la función social que la misma debe cumplir.

En ese orden de ideas considera la Sala, no obstante la escasez de la normativa al respecto, que el derecho de permanencia agraria debe entenderse con amplitud y en sus particulares características desarrolladas por la doctrina, conforme a las cuales, se trata de un especial derecho real inmobiliario que permite al sujeto-productor agrario colocado en determinada situación de hecho, de una parte, protegerse frente a los intentos de interrupción de su actividad, y de la otra, acceder a la propiedad del fundo en que la desarrolla de manera directa y efectiva, amplitud por la que puede extenderse la figura del acceso a la acción de permanencia incluso al sujeto con ocupación de origen contractual que sobrepase la calificación de pequeño o mediano productor y que resulta permitida según el encabezamiento del artículo 148 de la Ley de Reforma Agraria, donde se contempla el amparo para “toda persona”, y por el texto del literal c) del artículo 2º de la Ley de Reforma Agraria, donde se expresa que en atención a los fines perseguidos por la ley, se garantiza el derecho a los agricultores de permanecer en la tierra que están cultivando.

De acuerdo con esos postulados, cuando la recurrida entiende que la norma del encabezamiento del artículo 148 de la Ley de Reforma Agraria no abarca el supuesto del caso concreto por tratarse de un productor que, aunque directo y efectivo y con ocupación de origen contractual, excede de la calificación de pequeño o mediano productor, la interpreta erradamente en su contenido y alcances, en concordancia con el literal g) del artículo 12 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, en cuanto contempla éste en términos generales la posibilidad de ejercicio de las acciones derivadas del derecho de permanencia.

De acuerdo a esta perspectiva, se colige que la legislación agraria derogada establecía un sistema de protección a los productores en donde la actividad agraria era determinante para acceder a la tutela o amparo en contra de los actos propiciados por los propietarios en la persona de los ocupantes o arrendatarios de predios propiedad de particulares.

Es así pues, que las tierras públicas y las privadas estaban sometidas a la reforma agraria, y la limitación al propietario no era más que el desarrollo de ese fin social. En las tierras públicas el derecho de permanencia no presentaba dificultad puesto que es el mismo estado a quien le correspondía la regulación de tal situación de tenencia respetando la máxima de que la tierra es de quien la trabaja. De manera que, sí es al mismo Estado a quien le correspondía tutelar la posesión agraria, pues bien, mediante la dotación se garantizaba la permanencia del productor. De allí entonces que dicha limitación aplicaba únicamente para las tierras privadas.

En este sentido, cabe precisar el concepto que algunos doctrinarios han hecho de lo que debe entenderse por Derecho de Permanencia. Para el autor A.J.V., el derecho de permanencia “es un poder jurídico que se atribuye a los productores rurales para continuar sus explotaciones aun contra la voluntad del propietario del fundo objeto de la actividad sin que puedan ser desalojados de las tierras que laboren en virtud de un contrato de tenencia o de ocupación unilateral por más de un año”.

La justificación de tal derecho se fundamenta en la protección social del productor rústico por un lado y por otro en la protección económica de la empresa agraria, y en cuanto a la naturaleza jurídica de este derecho, lo concibe como un derecho- garantía – agro económico.

De igual forma, el Dr. I.A., en su Trabajo sobre el derecho de Permanencia Agraria, publicado en el libro homenaje al Dr. J.L.A.G., vol I. Pag, 123, establece que:

El productor agrario en el derecho de permanencia puede que no está realizando actividades agrarias a título de dueño, sino que la protección al derecho le deviene sin mediar tiempo, sino por el solo hecho de trabajar en forma efectiva

De lo anterior se colige que efectivamente el derecho de permanencia viene a ser ese derecho protector a la posesión agraria que por si misma representa el derecho a permanecer en el predio explotado y a conservar y a adquirir la propiedad, sin considerar en modo alguno que esta sea una simple relación fáctica, sino más bien una relación jurídica que debe necesariamente protegerse, en el entendido que ésta no debe ser absoluta, dado que esta inscrita en los fines sociales del derecho agrario que en definitiva lo que busca es una mejor distribución de la tierra y de los recursos naturales renovables, puesto que ésta es, (la posesión agraria) el elemento caracterizante y obligatorio de la propiedad agraria, sin la cual no puede existir, por virtud de la relación directa, inmediata y productiva con la tierra atendiendo a las condiciones agro ecológicas de los suelos en función a su vocación de uso.-.

Puntualizado lo anterior, como base teórica para el conocimiento de este Instituto propio del Derecho Agrario, como lo es el Derecho de Permanencia, corresponde ahora determinar lo que se entiende por fundo estructurado, y en tal sentido, los mismos vienen a constituir una nueva manera de producción en el campo que garantiza tanto el desarrollo integral de quienes lo conforman como la seguridad agroalimentaria de la región y el país, siendo además, que su funcionamiento en forma integrada y eficiente sirva como factor para que los productores agrícolas puedan asegurarse una calidad de vida.

Para mayor abundamiento, el fundo estructurado como proyecto de vida en el campo, debe traducirse como un nuevo modelo de organización y de trabajo que sirva de estrategia complementaria para el desarrollo rural integral y como medio de consolidación de la seguridad alimentaría del país. Esta modalidad socio productiva, agrupa y aplica los principios y valores consagrados en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con el fin único de hacer prevalecer los componentes del desarrollo rural, de satisfacer necesidades y de realzar las potencialidades de la tierra.

Ahora bien, precisado como ha sido lo que la doctrina y la jurisprudencia han considerado sobre el derecho de permanencia y los fundos estructurados toca verificar si el pronunciamiento que sobre estas instituciones se hicieran en el contenido del acto administrativo impugnado constituyen, como lo denunció el recurrente, un falso supuesto de derecho.

Al efecto, es preciso hacer algunas consideraciones respecto al procedimiento administrativo, citando para ello lo indicado por el autor E.L.M. en su obra Manual de Derecho Administrativo (1996), en la cual expresó:

Omissis…abarca un conjunto de actos preparatorios y de trámites que han de culminar en la decisión de la autoridad administrativa competente sobre la cuestión de fondo que le corresponda resolver. El pronunciamiento emitido como resultado de un procedimiento administrativo es el acto administrativo principal, llamado también definitivo, resolutorio o decisorio, expresiones equivalentes a la de proveimiento administrativo, usada por la doctrina italiana

(p.699).

Agrega que dichos procedimientos administrativos deben estar:

Omissis… sujetas al principio de legalidad, conforme al cual el acto administrativo, en su fondo y en su forma, debe estar ceñido a las reglas jurídicas preestablecidas, esto es, elaborado con entera sumisión al conjunto de normas previamente dictadas que constituyen el bloque de la legalidad

(p.700).

Así las cosas, no cabe duda para este jurisdicente que evidentemente los pronunciamientos contenidos en el acto administrativo impugnado, sobre el derecho de permanencia y el fundo estructurado, y que el recurrente consideró como una errónea interpretación de las normas que rigen esas figuras, son pronunciamientos que se derivan de la conclusión del acto administrativo principal, llamado también por la doctrina italiana: definitivo, resolutorio o decisorio, expresiones equivalentes a la de proveimiento administrativo, razón por la cual, no podría la administración haber avizorado de antemano, la existencia de las condiciones de hecho y de derecho que le permitiesen ordenar en el caso de marras la constitución de Derecho de Permanencia y de Fundos Estructurados; que como pronunciamientos accesorios, es decir, que se derivaron de la conclusión del acto administrativo recurrido caen dentro de las atribuciones y competencias del Instituto Nacional de Tierras, y esto, debido a la interrelación que existe entre la actividad agraria y el desarrollo social, que implica la incorporación del campesino al proceso productivo a través del establecimiento de las condiciones adecuadas para la producción.

De allí que, la administración pública agraria deba procurar que los campesinos permanezcan en el predio explotado y cultiven las tierras de manera coordinada y no aislada, a objeto de estimular la estructuración del fundo colectivo, como medio de desarrollo armonizado, con miras a una mayor eficiencia productiva, ello, sin perjuicio del desarrollo de los fundos estructurados individuales en la medida que resulten productivos, razón por la cual debe entonces este Superior Tribunal declarar improcedente el vicio de falso supuesto de derecho denunciado. Así se decide.

Conforme a lo anterior, y visto que la parte recurrente no aportó los elementos probatorios para demostrar el falso supuesto de hecho y de derecho alegados; y como quiera que de las actuaciones administrativas se observa que efectivamente el fundo objeto del procedimiento se encontraba improductivo, en razón de que el titular de la adjudicación no le dió el uso de acuerdo a la vocación y clasificación que le correspondia, por no cumplir con los requisitos minimos de producción, impidiendo que el fundo cumpliera con su función social, que no es más que la consolidación del desarrollo de la producción agraria, en consecuencia debe este Tribunal declarar Sin Lugar, el recurso de nulidad del acto administrativo de Efectos Particulares ejercido por el ciudadano J.B.O., representado judicialmente por el abogado F.P.P. contra del Acto Administrativo contenido en la Sesión N°49/05, punto N° 001, de fecha 31 de marzo de 2005 emanado del DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, tal como se dejará establecido expresamente en la dispositiva del presente fallo. Así se decide.

IX

DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO AGRARIO DE LOS ESTADOS ARAGUA, CARABOBO Y COJEDES, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad de Efectos Particulares ejercido por el ciudadano J.B.O., representado judicialmente por el abogado F.P.P. inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 17.064, contra del Acto Administrativo contenido en la Sesión N°49/05, punto N° 001, de fecha 31 de marzo de 2005 emanado del DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS.

No hay condenatoria en costas por la naturaleza del presente fallo.

Publíquese, notifíquese y regístrese.

Dada, firmada y sellada en la sala del despacho del Juzgado Superior Segundo Agrario de los estados Aragua, Carabobo y Cojedes, el día de hoy trece (13) de Julio de dos mil siete (2007). Años. 197° de la Independencia y 148° de la Federación.

EL JUEZ,

Msc. D.A. GRANADILLO PEROZO

LA SECRETARIA,

Abg. M.C.C..

En la misma fecha se publicó y registró la presente decisión bajo el N°_______ siendo las dos de la tarde (02:00 p.m)

LA SECRETARIA,

Abg. M.C.C.

Exp. 549/05.

DGP/MCC/mrcm