Sentencia nº 385 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Agosto de 2009

Fecha de Resolución: 6 de Agosto de 2009
Emisor:Sala de Casación Penal
Número de Expediente:C08-318
Ponente:Héctor Manuel Coronado Flores
Procedimiento:Recurso de Casación

MAGISTRADO PONENTE Dr. H.M.C.F.

La Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, integrada por los jueces G.S.C. (ponente), Irasema Vílchez de Quintero y G.M.Z., en fecha 26 de mayo de 2008, declaró sin lugar el recurso de apelación propuesto por la defensa del acusado J.L.L.P., venezolano, con cédula de identidad Nº 11.867.526, en contra de la decisión dictada en fecha 2 de noviembre de 2007, por el Juzgado Undécimo de Control del referido Circuito Judicial Penal que, en el procedimiento abreviado por admisión de los hechos lo condenó a cumplir la pena de cuatro (4) años y ocho (8) meses de prisión, por la comisión del delito de tráfico en la modalidad de ocultamiento ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

Contra esta decisión interpuso recurso de casación el ciudadano abogado H.D.P., inscrito en el impreabogado bajo el Nº 87.888.

En la oportunidad procesal el Ministerio Público dio contestación al recurso de casación propuesto, y la mencionada Corte de Apelaciones remitió las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia.

Recibido el expediente, el día 5 de agosto de 2008, se dio cuenta en Sala de Casación Penal y se designó ponente a la Magistrada Doctora B.R.M. deL..

En fecha 28 de octubre de 2008, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, declaró admisibles la primera y segunda denuncia propuestas en el recurso de casación y convocó a las partes para la audiencia oral y pública. Este acto convocado para el día 25 de noviembre de 2008, fue suspendido por esta Sala por causa justificada de la defensa, para ser celebrado una vez iniciado el año judicial 2009, según lo establecido en el artículo 466 del Código Orgánico Procesal Penal.

En fecha 9 de diciembre de 2008, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia convocó a las partes para la audiencia oral y pública, que tendría lugar en fecha 3 de febrero de 2009. Oportunidad en la cual se celebró la referida audiencia pública, donde la defensa como el Ministerio Público expusieron sus alegatos en forma verbal y escrita. Acogiéndose la Sala al lapso establecido en el último aparte del artículo 466 del Código Orgánico Procesal Penal. Se deja constancia de que el Magistrado Doctor H.M.C.F. no asistió a la audiencia pública por motivo justificado.

Posteriormente en fecha 31 de marzo de 2009, se reasignó la ponencia a la Magistrada Doctora D.N.B..

En fecha 11 de junio de 2009, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, convocó a las partes a una nueva audiencia pública por cuanto el Magistrado Doctor H.M.C.F., no asistió a la ya celebrada el dia 3 de febrero de 2009, por motivo justificado, y se requiere su opinión para dictar el fallo. Por ello, esta Sala de Casación Penal convocó a las partes a una nueva audiencia pública, a celebrarse en fecha 9 de julio de 2009.

En fecha 7 de julio de 2009, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, reasignó la ponencia al Magistrado Doctor H.M.C.F..

En esta misma fecha, esta Sala, por razones administrativas, acordó suspender la audiencia pública de fecha 9 de julio de 2009.

En fecha 10 de julio de 2009, la Sala de Casación Penal, convocó a las partes a la audiencia pública que tendrá lugar en fecha 21 de julio de 2009.

En fecha 20 de julio de 2009, esta Sala acordó la suspensión de la audiencia pública fijada para el día 21 de julio del año en curso, por razones administrativas y la convocó nuevamente para el día 27 de julio de este mismo año.

En fecha 27 de julio de 2009, se celebró la audiencia pública con asistencia de todas las partes y en la cual estas expusieron sus alegatos.

Cumplidos los trámites procedimentales del caso, la Sala pasa a decidir en los términos siguientes:

DE LOS HECHOS

Los hechos, objeto de la investigación, establecidos por el Juzgado Undécimo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en el procedimiento por admisión de los hechos, son los siguientes:

“…en fecha Dieciséis (16) de Julio del año Dos mil Siete, siendo aproximadamente la 01:45 horas de la tarde, en el momento en que los efectivos militares…,adscritos a la Primera Compañía del destacamento Nº 35, Comando Regional Nº 3, de la Guardia Nacional Bolivariana, encontrándose de servicio en el Punto de Control ubicado en el kilómetro 12 de la carretera vía Perijá, del Municipio San F. delE.Z., específicamente frente al establecimiento comercial denominado “Agropecuaria ZULCANO” del sector Los Cortijos, donde se acercó un vehículo clase camioneta, color Vino tinto, placas VCW-709, el cual se desplaza en sentido Sur Norte, donde se observa a dos ciudadanos (Conductor acompañante) indicándole los efectivos, al conductor que detuviera la marcha inmediatamente el DG (GNB) SÁNCHEZ DELGADO NELSON, tomando las medidas de seguridad, le indico a los ciudadanos que bajaran del vehículo, requiriéndole que presenten los documentos de identidad, quedando identificado el conductor como J.L.L.P.,…y el acompañante…quedó identificado como NEXIDO ANTONIO PAZ BRACHO…igualmente le requirieron al ciudadano conductor J.L.L.P. que presentara el Certificado de Circulación del vehículo, Camioneta , marca: HOVER, Modelo: CUV, color: Rojo, Tipo: Sport Wagon, Placas Matrículas: VCW-709, quien manifestó no poseerlos, informándosele al ciudadano que se efectuaría una inspección al vehículo en mención, la cual fue realizada por el DG (GNB) SÁNCHEZ DELGADO NELSON, procediendo de conformidad con lo establecido en el Artículo 207 del Código Orgánico Procesal Penal, quien al abrir la puerta trasera derecha, observo colocado en el piso del vehículo, debajo del asiento del copiloto, un objeto descrito como una (01) bolsa de papel configuras humanas con ropaje antiguo y asas de cordón color rojo comúnmente utilizadas para efectuar regalos, informando al jefe de la comisión sobre el objeto, en ese momento el ciudadano conductor se comporto de manera nerviosa y trato de salir corriendo y evadir a los efectivos de comisión, acción que fue impedida por el C/2DO. (GNB) GARCÍA RIVAS C.A., quien lo retuvo, actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 203 DEL Código Orgánico Procesal Penal, en vista de su actitud se requirió la presencia de dos testigos transeúntes en el lugar…a quienes se les informo que asistirían en calidad de testigos en la inspección del vehículo y los objetos contenidos dentro del mismo, seguidamente en presencia de los referidos testigos el conductor y su acompañante se procedió a retirar la bolsa anteriormente descrita colocada en el piso del vehículo, la cual al ser abierta, quedo expuesto un segundo envoltorio conformado por cinta de embalaje de material de color beige, parcialmente deteriorada, impregnada con un polvo de color blanco el cual expele un olor fuerte y penetrante, con un Peso Neto de: 98.9 Gramos, que luego de ser peritada se determino que se trata del alcaloide identificado como COCAÍNA en forma de CLORHIDRATO, con una pureza del 57%,…” . (Sic).

DEL RECURSO

Con fundamento en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal, el recurrente plantea cinco denuncias de la forma siguiente:

PRIMERA DENUNCIA:

Señala que “…la recurrida incurrió en el vicio de incongruencia negativa…Aduce el impugnante que la Corte de Apelaciones no realizó pronunciamiento alguno sobre los alegatos planteados en la apelación, relativos al error en el quantum de la pena aplicada pues, en su concepto, la pena por el delito de tráfico en la modalidad de ocultamiento ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, no excede en su límite máximo de ocho (8) años y la misma fue rebajada sólo en un tercio. Asimismo, denuncia que: “…cuando la impugnada entra a fundamentar su decisión…la misma desciende a “decidir” el Juez de Control, una vez admitida la acusación, no impuso a su representado de la admisión de los hechos…” violentándosele al acusado sus derechos legales y constitucionales.

SEGUNDA DENUNCIA:

La infracción del artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, por falta de aplicación. Aduce el impugnante, igual que en la denuncia anterior, que la Corte de Apelaciones no realizó pronunciamiento alguno sobre los alegatos planteados en la apelación, relativos al error en el quantum de la pena aplicada pues, en su concepto, la pena por el delito de tráfico en la modalidad de ocultamiento ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, no excede en su límite máximo de ocho (8) años y fue rebajada sólo en un tercio.

TERCERA DENUNCIA:

Denuncia el recurrente la falta de motivación de la sentencia, por cuanto la recurrida no realizó pronunciamiento alguno en cuanto a las denuncias planteadas en la apelación referidas a la falta de imposición del acusado de las medidas alternativas a la prosecución del proceso en el momento oportuno, como tampoco sobre la incautación de los bienes confiscados al acusado, si la procedencia de los bienes incautados tienen un origen lícito o no.

CUARTA DENUNCIA:

Señala en los mismos términos, de la denuncia anterior la infracción de los artículos 62 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, por falta de aplicación y 63 eiusdem, por falsa aplicación. Señala que la recurrida no observó que el Tribunal a-quo solo estableció cuales eran los bienes a ser confiscados, sin determinar si esos bienes, pertenecientes a su representados, provenían de delito.

QUINTA DENUNCIA:

Nuevamente denuncia el recurrente la falta de motivación de la recurrida en cuanto a la procedencia de los bienes confiscados. Señala que la recurrida no resolvió la ausencia de pronunciamiento del Tribunal A-quo, respecto de la procedencia lícita o no de los bienes.

La Sala, para decidir, observa:

Por cuanto las denuncias propuestas por el recurrente en su recurso de casación guardan estrecha relación, la Sala procede a resolverlas conjuntamente. En este sentido, la Sala observa que el recurrente básicamente señala tres aspectos fundamentales en sus denuncias, a saber: falta de pronunciamiento alguno sobre los alegatos planteados en la apelación, relativos al error en el quantum de la pena aplicada al acusado, pues en su concepto, la pena por el delito de tráfico en la modalidad de ocultamiento ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, no excede en su límite máximo de ocho (8) años y ésta fue rebajada sólo en un tercio.

Al respecto estima esta Sala que la referida Corte de Apelaciones al resolver el recurso de apelación propuesto, en relación al referido punto, realizó el siguiente análisis:

…Este tribunal pasa a imponer al acusado de auto de la pena aplicable por la admisión de los hechos lo cual queda de la siguiente manera: Esta juzgadora observa que estamos en presencia de un Delito que se encuentra preceptuado en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal y en consecuencia la inmediata imposición de la pena, la cual con relación al delito de TRAFICO EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, por lo cual solicitó la imposición de la pena con fundamento a lo previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal y en consecuencia la inmediata imposición de la pena, la cual en virtud de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Trafico y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, es de SEIS (06) A OCHO (08) DE PRISIÓN, que sumado hace un total de CATORCE (14) años de prisión, aplicando el artículo 37 del Código Penal relativo al Termino medio, la pena quedaría en SIETE (07) AÑOS DE PRISIÓN. Y de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, que indica que la rebaja procede es de un tercio, tal y como lo prevé el primer aparte del artículo 376 del COPP, nos queda una pena definitiva, a aplicar de CUATRO (04) AÑOS Y OCHO (08) MESES DE PRISIÓN, es por lo que este Tribunal CONDENA al Acusado de autos J.L.L.P., a cumplir la pena de CUATRO (04) años y ocho (08) MESES DE PRISIÓN, por el delito de TRAFICO EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Trafico y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en perjuicio del Estado Venezolano…asi mismo mantienen la Medida Cautelar Sustitutiva de la Libertad decretada por este Tribunal, más las sanciones accesorias previstas en los artículos 16 y 34 del Código Penal…

De lo antes transcrito se evidencia que la mencionada Corte de Apelaciones si verificó el quantum de la pena, confirmando así lo expresado por el Juzgado Undécimo de Control en la audiencia preliminar.

Otro aspecto denunciado por el impugnante es el relativo a que la recurrida no realizó pronunciamiento alguno sobre el momento de la imposición al acusado del procedimiento por admisión de los hechos, cercenándosele el derecho a la defensa.

En este sentido, la Corte de Apelaciones del referido Circuito Judicial Penal, dio contestación de la siguiente manera:

…observan quienes aquí deciden que a los folios once (11) al veintiuno (21) del cuaderno de apelación riela el acta de audiencia preliminar, donde al folio doce (12) de la referida acta la Juez Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, dejó sentado lo siguiente:

“…Seguidamente toma la palabra la ciudadana Juez Undécima de Control, Dra. P.N., advirtiendo a las partes que esta Audiencia no tiene carácter contradictorio y no se permitirán planteamientos propios del juicio oral y público. Así mismo expuso las formas alternativas de prosecución del proceso y explicó detenidamente en que consiste el principio de oportunidad, el acuerdo reparatorio y la admisión de los hechos, contenida en los artículos 39, 42 y 376 del Código Orgánico Procesal Penal, de igual modo la trascendencia de dicho acto (las negrillas son de la Sala).

En aras de dar respuesta a este primer punto del recurso, los integrantes de este Tribunal Colegiado, estiman oportuno explanar el siguiente extracto jurisprudencia:

…el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, prevé lo siguiente:

Solicitud. En la audiencia preliminar, una vez admitida la acusación, o en el caso de procedimiento abreviado, una vez presentada la acusación y antes del debate, el juez en la audiencia instruirá al imputado respecto al procedimiento por admisión de los hechos…

…De este artículo se desprende, que tanto el juez de control como el juez de juicio, según se lleve a efecto la audiencia preliminar, o en el procedimiento abreviado por calificación de flagrancia con pase directo a juicio, y siempre antes del debate, tiene el deber de instruir, explicar o ilustrar a los imputados o acusados sobre esta figura especial de la admisión de los hechos. Esta Sala al respecto, en reiterada jurisprudencia…ha establecido que la inaplicación de esta norma implica violación al debido proceso, y que tal figura comprende tanto la materialización del principio de celeridad procesal, como el beneficio de disminución de la pena aplicable al imputado o acusado por la aceptación de los hechos objeto de la acusación, de manera pura y simple, sin argumentos o eximentes susceptibles de ser debatidas en juicio, por ello el vicio advertido por esta Sala acarrea la nulidad de la audiencia preliminar y actos siguientes, dada la infracción al debido proceso verificada por la falta de aplicación del artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal…

De todo lo anteriormente expuesto se colige que efectivamente la Juez A-quo cumplió con su obligación de informar a las partes sobre las medidas alternativas a la prosecución del proceso, así como sobre la admisión de los hechos, conforme a lo dispuesto en el segundo aparte del artículo 329 y el encabezamiento del artículo 376 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, el hecho de que tal circunstancia se haya verificado al inicio de la realización de la audiencia preliminar, no afecta las garantías básicas del debido proceso y del derecho a la defensa inherentes al acusado de autos, por cuanto una cosa es la información que debe suministrar y explicar el Juez en cuanto a las formas alternativas a la prosecución del proceso, y a la institución de la admisión de los hechos, y otra muy distinta es el momento en el cual debe admitir los hechos el acusado o manifestar que se acoge a una de las fórmulas alternativas que el ordenamiento jurídico le confiere.

De autos se evidencia que la Juez A-quo cumplió con el deber de informar al ciudadano J.L.L.P., sobre el procedimiento de la admisión de los hechos, situación que se puede corroborar en el acto de la audiencia preliminar, donde éste se encontraba presente, debidamente asistido con sus Abogados defensores, quienes también tuvieron conocimiento de los hechos punibles que se les atribuían a su representado, por cuanto conocían el contenido de la acusación, constituyéndose tal circunstancia en una garantía a favor del equilibrio que debe existir entre el acusador y los acusados, pues una vez conocida la imputación, el justiciable tendrá la posibilidad de su descargo u ofensiva, del uso de las formas alternativas a la prosecución del proceso o de la admisión de los hechos.

Finalmente, quienes aquí deciden, acotan que aceptar la postura asumida por el recurrente conllevaría a revestir de un exceso de formalismo los requisitos de los actos procesales por cuanto una vez aplicadas las medidas alternativas a la prosecución del proceso y la admisión de los hechos, al principio de la audiencia, exponerlas nuevamente luego de admitida la acusación sería redundar y hacer interminables los actos en los tribunales de instancia, donde inclusive, en caso como el de autos se encontraba fehacientemente garantizado el derecho a la defensa por cuanto el acusado contaban con la presencia de sus representantes legales, hoy apelantes.

De manera pues que, con relación a la denuncia interpuesta y admitida por esta Sala, referida a que se violentó el debido proceso y el derecho a la defensa, al no haber informado al acusado de la existencia de la institución de la admisión de los hechos, los miembros de este Cuerpo Colegiado son del criterio que una vez admitida la acusación e informado como había sido el ciudadano J.L.L.P. de dicha posibilidad, quien se encontraba debidamente asistido de su defensa técnica, no se le conculcaron al acusado de autos las garantías constitucionales alegadas por la defensa.

Al efecto, quiero dejar claramente establecido esta sala que en la presente denuncia no se discute cual es el momento para que el acusado pueda admitir los hechos el cual no es otro, para el caso del procedimiento ordinario, que la audiencia preliminar y con posterioridad a la admisión de la acusación eso no se discute, lo que ha subido al consentimiento de esta alzada, a través de la denuncia realizada por el defensor del acusado, es que la A-quo no cumplió con su obligación legal de imponer al imputado del procedimiento por admisión de los hechos. En efecto, no aparece relejado de manera expresa en el texto adjetivo cual debe ser la secuencia para el cumplimiento de dicha formalidad pues el artículo 376 sólo indica que debe realizarse en la audiencia, ni tampoco aparece en el citado código, norma alguna que señale que la consecuencia de hacerlo al inicio de la audiencia acarrea la nulidad de lo actuado, por lo que, al observar que en el caso de autos, la Juez procedió a informar al acusado de tal posibilidad al inicio de la audiencia, y dejó expresamente establecido, como ya se indicó anteriormente, en el acta levantada con motivo de la audiencia preliminar realizada, que dicho encausado había sido instruido sobre el procedimiento especial de la admisión de hechos, tal situación no acarrea la nulidad de la audiencia preliminar en razón de los argumentos anteriormente explicados.

…Desprendiéndose de lo expuesto que la institución de la admisión de los hechos lo que persigue es evitar la dilación y dispendio que implica el proceso penal y no tendría ningún sentido en este momento, retrotraer el presente caso al estado de que se vuelva a realizar la audiencia preliminar, visto que en el caso bajo estudio el acusado si fue debidamente informado, de la admisión de los hechos, pues tal situación no se correspondería con el principio de celeridad procesal…” (Sic).

Evidenciándose de lo anteriormente trascrito, que no tiene razón el recurrente al realizar la referida denuncia, pues se constata que la recurrida si se pronunció sobre el momento en el cual el Juez de Control impuso al acusado del procedimiento por admisión de los hechos.

Finalmente, el recurrente señala en sus denuncias, que la recurrida no se pronunció sobre la incautación de los bienes confiscados, como tampoco determinó que esos bienes pertenecientes a su representado provenían de delito. En tal sentido se observa que la Corte de Apelaciones del mencionado Circuito Judicial Penal señaló:

…esta alzada que la A-quo en el acto de audiencia preliminar la cual riela al folio dieciocho (18) donde la juez de instancia practicó una incautación preventiva, y posterior confiscación de los bienes, capitales y haberes bancarios adjudicándolos al órgano correspondiente tal como lo establecen los artículos 63 y 66 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, cuando establece:

Vista la solicitud realizada en cuanto a la incautación Preventiva para el posterior decomiso de los siguientes objetos y Bienes: de conformidad con lo establecido en los Artículos 63 y 66 de la Ley especial que rige la materia de Drogas en relación con el Artículo 19 y 20 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, SE ACUERDA LA CONFISCACIÓN sobre…Se acuerda oficiar a la mencionada Oficina, específicamente a la Dirección de Administración de Bienes Asegurados e Incautados de la Oficina Nacional Antidrogas a cargo de la Abogado. R.F., por lo que se ordena oficiar a dicha oficina, y DECLARAR CON LUGAR la solicitud fiscal…

Ahora bien para mayor ilustración esta Alzada trae a colación los artículos 63 y 66 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas…” (Sic).

Continúa señalando la recurrida lo que se define como confiscación e incautación y concluye su análisis de la forma siguiente:

“…De manera que mal podría la Juez de Instancia, entregar al acusado J.L.L.P. los bienes incautados, máxime si no se demostró su lícita procedencia los cuales fueron descritos de la siguiente manera en el acto de la audiencia preliminar en el particular Tercero…“Vista la solicitud realizada en cuanto a la incautación Preventiva para el posterior decomiso de los siguientes objetos y Bienes: de conformidad con lo establecido en los Artículos 63 y 66 de la Ley Especial que rige la materia de Drogas en relación con el Artículo 19 y 20 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, SE ACUERDA LA CONFISCACION sobre 1.- el vehículo Marca: HOVER, Modelo: CUV, Clase: Camioneta, tipo: SPORT-WAGON, Color: Rojo, Placas: Nº VCW-709, Serial de Carrocería: Nro. LGWFF3A547B064486, Serial del Motor: 4G64S4MSD3073, Año: 2007, incautado el día del procedimiento al imputado…,por haber sido utilizado en la comisión del delito imputado, 2.- Un (01) teléfono Móvil marca S.E. caber-Short, color negro, Serial Nº S/N CBA0001003, Serial Nº S/N061236PTLDLVO7WI1, Made in China, con línea Movistar bajo el número 0414-3620389,2, 2.- Cartera tipo Billetera de material de cuero color marrón cn una raya negra. 3.- Un cargador marca S.E. BML 162/2 R3A TYPE CAA-00022002-US, serial Nº S/N2507W0913244, Made un China, Una (01) cámara fotográfica marca Kodak Power Flash, de plástico color negro, con una etiqueta adhesiva de color gris, serial Visible en el comportamiento para baterías Nº 519972, con dos baterías triple AAA marca Duracel, evidencias estas incautadas el día del procedimiento al imputado…, por haber sido utilizado en la comisión del delito imputado y de conformidad con lo establecido en los artículos (sic) 19 y 21 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, y se ACUERDA LA CONFISCACIÓN de las Cuentas Corrientes Nº 0102-0145-41-00-00030795 y Nº 0102-0306-61-00-00002752, ambas del Banco de Venezuela Grupo Santander, y Cuenta Corriente Nº 0134-0077-6-3-0773153892, la cual posee depositado la cantidad de de (sic) Cuatrocientos Dos Millones Cuatrocientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos con Cincuenta y cinco Céntimos (402.425.452.55 Bs.), correspondiente al banco BANESCO, Banco Universal, pertenecientes al ciudadano hoy imputado…; y todos estos bienes serán puestos a la orden de la Oficina Nacional Antidrogas, a los fines de se (sic) su uso, guardia y custodia, y se acuerda oficiar a la mencionada Oficina, específicamente a la Dirección de Administración de Bienes Asegurados e incautados de la Oficina Nacional Antidrogas, a cargo de la Abogado, R.F.., por lo que se ordena oficiar a dicha oficina, y DECLAR CON LUGAR la solicitud fiscal…”, por tanto se evidencia que el Sentenciador si realizó el debido pronunciamiento sobre los bienes incautados, cuando refiere en la parte motiva específicamente en el punto tercero de la audiencia preliminar, una vez admitidos los hechos por el encausado que: “…todos estos bienes serán puestos a la orden de la Oficina Nacional Antidrogas, a los fines de se (sic) su uso, guardia y custodia, y se acuerda oficiar a la mencionada Oficina, específicamente a la Dirección de Administración de Bienes Asegurados e incautados de la Oficina Nacional Antidrogas, a cargo de la Abogado, R.F., por lo que se orden oficiar a dicha oficina, y DECLARA CON LUGAR la solicitud fiscal…”, en tal sentido, no se vulneró garantías constitucionales establecidas en nuestra Carta Magna. ASI SE DECIDE.

Estima esta Sala Nº 2 de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal del Estado Zulia,…que debe declararse SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el…Defensor…y en consecuencia, se debe CONFIRMAR la Sentencia Condenatoria dictada por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en fecha 02 de noviembre de 2007, donde condenó al ciudadano J.L.L.P., a cumplir la pena de CUATRO (04) AÑOS Y OCHO (08) MESES DE PRISIÓN, por el delito de TRÁFICO EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico y el Consumo de sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en perjuicio EL ESTADO VENEZOLANO. ASÍ SE DECIDE.

Se observa pues que la recurrida, resolvió el planteamiento, confirmó lo que al respecto señaló el Juzgado de Control, cuando en su sentencia expresó al folio 18 del expediente que: “…SE ACUERDA LA CONFISCACIÓN sobre…y todos estos bienes serán puestos a la orden de la Ofician Nacional Antidrogas, a los fines de…su uso, guardia y custodia, y se acuerda oficiar a la mencionada Oficina, específicamente a la Dirección de Administración de Bienes Asegurados e Incautados de la Oficina Nacional Antidrogas, …” , vale decir el Juzgador realizó la descripción de los bienes y su confiscación. Todo ello según lo dispuesto en los artículos 63 y 66 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, los cuales expresan:

“…Artículo 63. Incautación preventiva…Se exonera de tal medida al propietario, cuando concurran circunstancias que demuestren su falta de intención, lo cual será resuelto en la audiencia preliminar…

…Artículo 66. Bienes asegurados, incautados y confiscados.

Los bienes muebles o inmuebles, capitales, naves, aeronaves, instrumentos y demás objetos que se emplearen en la comisión del delito investigado, así como aquellos bienes acerca de los cuales exista fundada sospecha de su procedencia delictiva previstos en esta ley o de los delitos conexos, tales como vienes y capitales de los cuales no se pueda demostrar su lícita procedencia…serán en todo caso incautados preventivamente y se ordenará cuando haya sentencia definitiva firme, su confiscación y se adjudicarán al órgano desconcentrado en la materia…

De todo lo anteriormente expuesto la Sala observa que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, brindó una respuesta razonada que justifica la declaratoria sin lugar del recurso de apelación planteado. Esto es, la Corte de Apelaciones verificó que el Juez de Control al apreciar los elementos de prueba incorporados al proceso, observó las reglas de la lógica y la experiencia, corroborando de esta manera que el razonamiento ofrecido por el Juzgado Undécimo de Control del mencionado Circuito Judicial no resulta arbitrario ni violatorio de las máximas de experiencia.

Razones suficientes para que esta Sala, por ser lo procedente y ajustado a derecho declara SIN LUGAR el recurso de casación propuesto por la defensa del ciudadano J.L.L.P., conforme a lo dispuesto en el artículo 467 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se declara.

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación propuesto por el Defensa del ciudadano acusado J.L.L.P..

Publíquese, regístrese y bájese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los seis (06) días del mes de agosto de dos mil nueve. Años 199° de la Independencia y 150º de la Federación.

El Magistrado Presidente,

E.R.A.A.

La Magistrada Vicepresidenta, La Magistrada,

D.N. Bastidas B.R.M. deL.

El Magistrado, La Magistrada,

H.M.C. Flores M.M.M.

La Secretaria,

G.H.G.

Nota: LA MAGISTRADA DRA. D.N.B. NO FIRMÓ EL FALLO NI EL VOTO POR MOTIVO JUSTIFICADO

HMCF/

Exp Nº 2008-00318

VOTO SALVADO

Yo, B.R.M. deL., Magistrada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, salvo mi voto en la decisión que antecede, con fundamento en las siguientes consideraciones:

La mayoría de la Sala declaró Sin Lugar el Recurso de Casación interpuesto por la Defensa del ciudadano J.L.P.L., por considerar que la recurrida dio respuesta conforme a la ley, a todas las denuncias realizadas dentro del referido recurso.

Al respecto, quien aquí disiente estima, que de la revisión del expediente se evidencia que la Corte de Apelaciones dio respuesta a algunas de las denuncias del Recurso de Apelación; siendo éstas la denuncia relativa a la imposición del acusado del procedimiento por admisión de los hechos, la cual fue realizada por el tribunal de control y fue impuesto además de todas las medidas alternativas a la prosecución del proceso, y la incautación y confiscación de los bienes utilizados en el hecho delictivo y de otros bienes que se encontraban en posesión del acusado.

No obstante en dicha resolución observé, que la recurrida sólo hizo mención a la descripción de los bienes incautados y la orden de que fueran confiscados, pero no menciona si el tribunal de control estableció o no si los referidos bienes incautados al acusado tenían o no relación con el delito, si eran de su propiedad y si fue comprobada o no su procedencia lícita, tal como lo establece los artículos 63 y 66 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, a saber:

Artículo 63. Incautación preventiva. Cuando los delitos a que se refieren los artículos 31, 32 y 33 de esta ley se realicen en naves, aeronaves, ferrocarriles u otros vehículos automotores terrestres o en semovientes, tales objetos serán incautados preventivamente hasta su confiscación en la sentencia definitiva.

Se exonera de tal medida al propietario, cuando concurran circunstancias que demuestren su falta de intención, lo cual será resuelto en la audiencia preliminar’.

Artículo 66. Bienes asegurados, incautados y confiscados. Los bienes muebles o inmuebles, capitales, naves, aeronaves, instrumentos y demás objetos que se emplearen en la comisión del delito investigado, así como aquellos bienes acerca de los cuales exista fundada sospecha de su procedencia delictiva previstos en esta ley o de los delitos conexos, tales como bienes y capitales de los cuales no se pueda demostrar su lícita procedencia, haberes bancarios, nivel de vida que no se corresponden con los ingresos o cualquier otro aporte lícito, importaciones o exportaciones falsas, sobre o doble facturación, traslados en efectivo violando normas aduaneras, transacciones bancarias o financieras hacia o desde otros países sin que se pueda comprobar su inversión o colocación lícita, transacciones inusuales, en desuso, no convencionales, estructuradas o de tránsito catalogadas de sospechosas por los sujetos obligados, tener empresas, compañías o sociedades falsas, o cualquier otro elemento de convicción, a menos que la ley prohíba expresamente admitirlo, serán en todo caso incautados preventivamente y se ordenará cuando haya sentencia definitiva firme, su confiscación y se adjudicará al órgano desconcentrado en la materia la cual dispondrá de los mismos a los fines de asignación de recursos para la ejecución de sus programas y los que realizan los organismos públicos dedicados a la represión, prevención, control y fiscalización de los delitos tipificados en esta ley, así como para los organismos públicos dedicados a la represión, prevención, control y fiscalización de los delitos tipificados en esta Ley, así como para los organismos dedicados a los programas de prevención, tratamiento, rehabilitación y readaptación social de los consumidores de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Igualmente, se asignarán recursos para la creación y fortalecimiento de los redes nacionales e internacionales mencionadas en esta ley’….(Resaltados de la Sala).

De los artículos transcritos se colige que una vez efectuada la incautación de los bienes presuntamente relacionados con la actividad delictiva, en la audiencia preliminar deberá dilucidarse si en efecto los bienes están relacionados con la comisión del hecho, así mismo deberá establecerse la propiedad de los mismos y la intención del propietario, a los fines de exonerarle o no de la incautación, tal como lo establece el referido artículo 63, antes transcrito, y la confiscación de dichos bienes por virtud de la imposibilidad de demostrar su lícita procedencia debe ser motivada en la sentencia definitiva, por ello, no basta sólo hacer referencia o describir qué bienes fueron incautados, es necesario establecer motivadamente la propiedad de los mismos y su relación con el delito, a los fines de proteger el derecho a la propiedad consagrado en el artículo 115 de la Constitución vigente y no causar daños a terceros no involucrados en la comisión de estos delitos.

Igualmente observa quien aquí discrepa, que la recurrida nada resolvió sobre la denuncia relacionada con la cuantía de la pena en el procedimiento por admisión de los hechos, no obstante la mayoría de la Sala afirma que sí lo hizo, pero no consta en ninguno de los folios (94 al 98) dentro de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones referencia alguna sobre la resolución de la cuantía de la pena.

La mayoría de la Sala afirma que la recurrida (Corte de Apelaciones) sí resolvió dicho alegato, pero transcribe es el contenido de la sentencia del tribunal de juicio que riela a los folios 32 al 33 del expediente, y como ya mencioné, en ningún folio de la decisión recurrida en casación consta resolución alguna sobre el alegato de error en la cuantía de la pena; en tal sentido la Sala en la presente decisión está convalidando la omisión en la que incurrió la Corte de Apelaciones, por ello considero que debió declarar parcialmente con lugar el Recurso de Casación, y ordenar a la Corte de Apelaciones cumplir con su deber de resolver motivadamente cada una de las denuncias propuestas en el recurso de apelación.

Por las razones expuestas, salvo mi voto en la decisión que antecede. Fecha ut-supra.

El Magistrado Presidente,

E.A.A.

La Magistrada Vicepresidenta, La Magistrada Disidente,

D.N. Bastidas B.R.M. deL.

El Magistrado, La Magistrada,

H.C. Flores M.M.M.

La Secretaria,

G.H.G.

BRMdeL/hnq.

RC. Exp. N° 08-0318 (HCF)

No firmó la Magistrada Dra. D.N.B. por motivo justificado.