Sentencia nº 2077 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 21 de Agosto de 2002

Fecha de Resolución21 de Agosto de 2002
EmisorSala Constitucional
PonenteAntonio García García
ProcedimientoAcción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADO PONENTE: A.J.G.G.

El 18 de febrero de 2002 se recibió en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, proveniente de la Sala N° 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el oficio N° 060-2002 del 13 de febrero de 2002, por el cual se remitió el expediente N° 989 (nomenclatura de dicha Sala), contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado J.J.J.L., actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano J.A.G.G., titular de la cédula de identidad N° 4.940.683, con el objeto de obtener el levantamiento de una medida de prohibición de salida del país, decretada el 9 de diciembre de 1997, por el suprimido Tribunal Vigésimo Noveno de Primera Instancia en lo Penal Bancario y de Salvaguarda del Patrimonio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional, y que el Ministerio Público concluya la investigación iniciada contra dicho ciudadano.

Tal remisión obedece a la apelación interpuesta por el mencionado abogado, contra la decisión dictada el 31 de enero de 2002, por la referida Sala N° 7 de la Corte de Apelaciones, que declaró inadmisible la acción de amparo propuesta.

En esa misma oportunidad, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Antonio José García García, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I ANTECEDENTES

El 9 de diciembre de 1997, el extinto Tribunal Vigésimo Noveno de Primera Instancia en lo Penal Bancario y de Salvaguarda del Patrimonio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional decretó la medida de prohibición de salida del país al ciudadano J.A.G.G., en la causa penal incoada en su contra por la presunta comisión del delito de “emisión de documentos de cualquier naturaleza y utilización de datos falsos con la finalidad de cometer u ocultar fraudes o desfalcos, en una institución financiera”, tipificado en el artículo 291 de la Ley de Bancos y Otras Instituciones Financieras vigente para la época.

El 19 de agosto de 1999, el Tribunal Segundo de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas remitió la causa penal, conforme lo dispuesto en el ordinal 3° del artículo 507 del Código Orgánico Procesal Penal, al Fiscal Superior del Ministerio Público de esa Circunscripción Judicial, quien a su vez, envió el expediente a la Fiscalía Sexta del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, a los fines de que concluyera la investigación.

El 20 de noviembre de 2001, el abogado J.J.J.L., actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano J.A.G.G., interpuso la presente acción ante un Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

El 8 de enero de 2002, el Tribunal Vigésimo Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas se declaró incompetente para conocer del amparo y declinó la competencia en la Corte de Apelaciones de ese Circuito Judicial Penal.

El 31 de enero de 2002, la Sala N° 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas declaró, previa admisión y celebración de la audiencia oral, inadmisible la demanda de amparo, siendo esta decisión contra la cual se interpuso recurso de apelación, que no fue fundamentado por el abogado del quejoso.

II ALEGATOS DEL ACCIONANTE

El apoderado judicial del ciudadano J.A.G.G. señaló que se le cercenaron a su patrocinado los derechos a la libertad y seguridad personal, al debido proceso y a la presunción de inocencia, lo que lo motivó a interponer la acción de amparo, bajo la modalidad de hábeas corpus, con los alegatos que, a continuación, esta Sala resume:

Arguyó, que el extinto Tribunal Segundo de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas había dictado, hace cuatro (4) años, la medida de prohibición de salida del país al ciudadano J.A.G.G..

Indicó, que el referido Tribunal de Transición remitió el expediente al Fiscal del Ministerio Público con Competencia Bancaria, pero que éste no había propuesto en contra de su poderdante ninguna acusación ni había solicitado el sobreseimiento de la causa penal.

Con ocasión de lo anterior, precisó que al ciudadano J.A.G.G. se le mantenía restringido su derecho a transitar libremente por todo el territorio nacional y, además, se le limitó la posibilidad de salir del país, dado que existía un oficio en la Dirección de Migración y Fronteras del Ministerio de Relaciones Interiores y de Justicia, en el que estaba referida esa medida de prohibición de salida del país.

Sostuvo igualmente, que la medida de prohibición de salida del país ha permanecido en vigencia durante cuatro (4) años y en el proceso penal incoado contra su patrocinado no se ha dictado, en ese lapso, una sentencia. Asimismo, que los hechos investigados sucedieron en mayo de 1997, lo que evidenciaba que había operado la prescripción.

Por tal motivo, solicitó que se restituyese la situación jurídica infringida y que se dejare sin efecto la medida de prohibición de salida del país decretada al ciudadano J.A.G.G..

III DE LA SENTENCIA APELADA La sentencia objeto de la presente apelación, dictada el 31 de enero de 2002, por la Sala N° 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, tuvo como fundamento las siguientes consideraciones:

Que la medida no fue dictada por el extinto Juzgado de Transición para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por lo que al no tener dicho Juzgado el carácter de agraviante, se debían subsumir los hechos en lo previsto en el numeral 2 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, “ya que la presunta amenaza no puede ni fue realizada por la imputada”. Asimismo, que el expediente penal había sido remitido el 19 de agosto de 1999, al Fiscal Superior del Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 3° del artículo 507 del Código Orgánico Procesal Penal, lo que evidenciaba que el Tribunal de Transición perdió la “esfera jurisdiccional de expediente en cuestión”.

Indicó, que esta Sala Constitucional había asentado, en materia de amparo, que el daño que prontamente iba a tener o tuvo lugar, debía ser inmediato, posible y lógicamente realizable por la persona a quien se le imputaba la agresión y que tales requisitos debían ser concurrentes, pero que al no verificarse cualquiera de esos supuestos, la acción debía ser declarada inadmisible.

Sostuvo además, que el amparo era un recurso extraordinario, breve y sumario, para el restablecimiento de una situación jurídica infringida, y en ese sentido estimó que el quejoso debió recurrir a la vía ordinaria con el objeto de lograr sus pretensiones y una vez agotada la misma sin lograr su objetivo, podía recurrir y presentar la acción de amparo.

Refirió, que el accionante podía solicitar al Juez la fijación de un lapso prudencial, una vez individualizado el imputado, para que el Ministerio Público diese término a la fase preparatoria, como lo dispone el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal.

Señaló además, que la acción de amparo fue interpuesta transcurridos más de seis (6) meses después de dictada la medida de prohibición de salida del país por el juez de primera instancia, y estimó que esa circunstancia evidenciaba un consentimiento tácito de la violación, lo que constituía una causal de inadmisibilidad de la acción propuesta, como lo dispone el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Por las anteriores consideraciones, declaró inadmisible la acción de amparo, conforme a los supuestos establecidos en los numerales 2 y 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

IV MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la apelación interpuesta, para lo cual, previamente, debe establecer su competencia para conocer de la misma. A tal efecto, se observa:

En el presente caso, la decisión contra la cual apeló el apoderado judicial del accionante, emanó de la Sala N° 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, la cual conoció en primera instancia de un amparo constitucional ejercido por la presunta violación de derechos y garantías constitucionales.

Por tales motivos, esta Sala congruente con los criterios establecidos en los fallos del 20 de enero de 2000 (caso: E.M.M.) y 8 de diciembre de 2000 (caso: Yoslena Chanchamire Bastardo), se declara competente para conocer de la presente apelación. Así se declara.

Determinada la competencia, se observa que la acción de amparo fue interpuesta con el propósito de levantar una medida de prohibición de salida del país dictada al ciudadano J.A.G.G., el 9 de diciembre de 1997, por el extinto Tribunal Vigésimo Noveno de Primera Instancia en lo Penal Bancario y de Salvaguarda del Patrimonio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional, con ocasión de un proceso penal que se le había iniciado por la presunta comisión de un delito tipificado en la Ley de Bancos y otras Instituciones Financieras, vigente para la época.

En efecto, el apoderado judicial del quejoso sostuvo que habían transcurrido más de cuatro (4) años sin que a su defendido se le hubiese dictado sentencia, por lo que estimó que al haberse mantenido durante ese tiempo la medida de prohibición de salida del país, se le cercenaban sus derechos fundamentales.

Además, refirió que el Ministerio Público, una vez que le había sido enviado el expediente penal por el suprimido Tribunal Segundo de Primera Instancia para el Régimen Penal Transitorio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, no había propuesto acusación contra el ciudadano J.A.G.G., ni había solicitado el sobreseimiento de la causa.

Dichos argumentos fueron desechados por la apelada aduciendo lo siguiente: a) que la prohibición de salida del país no fue dictada por el Juzgado señalado como agraviante, siendo imposible que el daño fuese causado por éste; b) que el accionante debió recurrir a la vía ordinaria; y, c) que la acción de amparo se ejerció transcurrido seis (6) meses después de que se dictó el acto señalado como lesivo.

Al respecto debe indicar esta Sala que, si bien el escrito del accionante resulta confuso y contradictorio, de autos se evidencia que la prohibición de salida del país que generó la presente acción de amparo, fue dictada hace más de cuatro (4) años por el Juzgado Vigésimo Noveno de Primera Instancia en lo Penal Bancario y de Salvaguarda del Patrimonio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional, lo que denota que no existía un desconocimiento de quién era el Juzgado agraviante.

Aunado a lo anterior, debió tenerse en cuenta que dicho derecho está íntimamente ligado a la libertad personal, circunstancia que no debió ser desconocida por el Juzgado apelado para tutelar el orden público, máxime cuando el acto en cuestión tiene más de cuatro (4) años de haber sido dictado.

Por otra parte, si bien es cierto que esta Sala ha indicado en reiteradas oportunidades que la acción de amparo no procede cuando existan medios ordinarios capaces de tutelar los derechos señalados como infringidos, también es cierto que la Sala, en esas mismas ocasiones, ha señalado que el accionante está habilitado para acudir al amparo constitucional cuando tales medios resultan inapropiados y menos expeditos para la protección constitucional invocada, y siendo que, en el caso de autos, se está en presencia de una prohibición de salida del país sostenida, como ya se indicara, por más de cuatro (4) años, sin que además aun exista el tribunal que dictara dicho acto, lo cual desmejora al accionante en la posibilidad de tutelar sus derechos constitucionales, esta Sala debe revocar el fallo dictado el 31 de enero de 2002, por la Sala N° 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropoli8tana de Caracas y, en consecuencia, ordena a dicha Sala proceder a admitir la acción de amparo constitucional in commento. Así se decide.

V DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del ciudadano J.A.G.G. y, en consecuencia, REVOCA la decisión dictada el 31 de enero de 2002 por la Sala N° 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró inadmisible la acción de amparo propuesta, y ordena a dicha Sala admita la acción de amparo y le dé el curso legal.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al tribunal de origen.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 21 días del mes de AGOSTO del año dos mil dos. Años: 192º de la Independencia y 143º de la Federación.

El Presidente,

IVÁN RINCÓN URDANETA El Vicepresidente,

J.E. CABRERA ROMERO

Los Magistrados,

J.M. DELGADO OCANDO A.J.G.G. Ponente

P.R. RONDÓN HAAZ

El Secretario,

J.L. REQUENA CABELLO

Exp. 02-0390

AGG/jarm

2 temas prácticos
2 sentencias

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR