Decisión nº PJJ0422010000142 de Juzgado Superior Tercero Agrario de Lara, de 17 de Diciembre de 2010

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

ASUNTO Nº KC03-X-2010-000018

Asunto Principal: KP02-A-2010-000073

SENTENCIA: INTERLOCUTORIA

CAUSA: RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD CONJUNTAMENTE CON SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR.

DEMANDANTE: J.L.R.C., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 9.566.979, con domicilio en el Caserío Turén Viejo del Estado Portuguesa.

ABOGADO APODERADO: H.A.R., Inpreabogado Nº 38.292.

ACCIONADO: INSTITTUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI), instituto autónomo creado por el Decreto con Fuerza y Rango de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, publicado en Gaceta Oficial Nº 37.323, del 13 de noviembre de 2001, y su reforma parcial publicada en gaceta Oficial de fecha 19 de mayo de 2005.

APDERADAS JUDICIALES: Abogadas A.R.R. y FRANCYS A.E., Inpreabogado Nos 104.252 y 128.772.

1. DE LA COMPETENCIA DE ESTE JUZGADO PARA EL CONOCIMIENTO Y DECISIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

   Debe este Juzgado pronunciarse sobre la competencia para el conocimiento y decisión de la presente solicitud, por lo cual expresa que el artículo 162 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, estableció claramente que “La jurisdicción agraria estará integrada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y los demás Tribunales señalados en esta ley.”

   De igual forma los artículos 152 y 196 de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario facultan a este Juzgado para el conocimiento de la presente acción, conclusión a la que se llega con sólo leer las líneas que las componen. Del contenido normativo de las indicadas disposiciones legales se verifica una competencia específica, que comprende el conocimiento de las acciones o solicitudes como la de autos, razón por la que debe declararse competente quien Decide.

   En tal sentido y a los fines de mayor especificidad respecto de tal punto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero López, en fecha 09 de mayo de 2006, en expediente 03-0839, Caso Cervecería Polar Los Cortijos, desarrolló el criterio competencial de los órganos jurisdiccionales contenciosos administrativos para garantizar la seguridad agroalimentaria de la nación, cuando señaló:

   …Es por ello, que en los procedimientos judiciales sobre materia que trascienden el interés particular, el Legislador confiere poderes inquisitivos a los Órganos Jurisdiccionales en salvaguarda de las necesidades de la población… Efectivamente, siendo que a los Órganos Jurisdiccionales en la materia les corresponde garantizar la seguridad alimentaria el legislador no se encuentra limitado en el establecimiento de las facultades inquisitivas de los mencionados órganos, ni siquiera para posibilitar una actuación oficiosa que en modo alguno colide con su imparcialidad, sino que se encuadra en el carácter subjetivo y garantista del procedimiento contenciosos administrativo, donde el Juez propende a la salvaguarda de las situaciones jurídicas que en el ámbito de sus competencias y por mandato constitucional, se encuentra llamado a tutelar, aún frente a la inactividad particular de invocar la tutela a la seguridad agroalimentaria o ante la omisión de los órganos administrativos, en privilegiar y desarrollar la producción agropecuaria interna y proteger la biodiversidad. Con ello resulta constitucionalmente legítima la actuación de los órganos jurisdiccionales cuando el bien tutelado así lo amerite y exista disposición legal que lo faculte, como es el caso de la adopción de medidas que desde el punto de vista material, puedan calificarse como de funciones administrativas, tomadas en ejercicio de la potestad jurisdiccional para la salvaguarda de la seguridad alimentaria y de la biodiversidad y así se declara…

   Al respecto, hecha la revisión del escrito de solicitud de medida cautelar, junto con los recaudos acompañados, este Tribunal observa que el bien cuya tutela se pretende guarda relación con la producción agropecuaria interna y en consecuencia con la seguridad agroalimentaria, por lo cual este Juzgado Superior Tercero Agrario, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales ya transcritos se declara competente para conocer y decidir la presente solicitud cautelar agraria. Así se establece.

2. DE LOS HECHOS

   En fecha 02 de diciembre de 2010 se recibió escrito presentado por el abogado en ejercicio H.A.R., en su carácter de apoderado judicial del ciudadano J.L.R.C., en el cual expresa que existe un riesgo para la producción y seguridad agroalimentaria de la nación, por cuanto una vez concluido un contrato de comodato suscrito con el ciudadano Jorge Luís Dell`Orco Merlo, el ciudadano J.L.R.C. continuó realizando actividades agrícolas conjuntamente con el ciudadano Royman José Dell`Orco Merlo, quienes pasaban de un millón de kilos, la cantidad de maíz y ajonjolí producida por ciclo, los cuales recibían, compraban y distribuían desde un galpón que se encuentra dentro del lote de terreno ubicado en el Caserío Las Cruces, Municipio Turén del Estado Portuguesa, en una superficie de Cinco mil setecientos metros cuadrados (5.760 mts/2), cuyos linderos son: NORTE: Terrenos ocupados por F.Á.. SUR: Carretera que conduce desde el cruce a Chorrerones. ESTE: Con carretera que conduce desde el Cruce a Villa Bruzual. OESTE: Terrenos ocupados por F.Á., y en fecha 22 de octubre de los corrientes, el ciudadano Jorge Luís Dell`Orco Merlo, acompañado de tres funcionarios de la Guardia Nacional del Comando Rural de Portuguesa y tres personas armadas que se identificaron como vigilantes privados, junto con una abogada; desalojaron a los trabajadores que laboraban en el galpón, debido a que se encontraban autorizados por el Instituto Nacional de Tierras y apostaron personas armadas en el referido lote de terreno, manifestando que solo tendría acceso al galpón el ciudadano Jorge Luís Dell`Orco Merlo y hasta la fecha ha sido imposible ingresar al referido predio y por ende al galpón para continuar con las labores agrícolas concernientes a la recepción, comercialización, almacenamiento y distribución del maíz y ajonjolí, aunado a este hecho, las maquinarias e implementos agrícolas resguardados en el galpón se encuentra en riesgo de deterioro por falta de uso y mantenimiento, así mismo, debido a las lluvias se encuentra en riesgo la cosecha de maíz y ajonjolí.

   En fecha 03 de diciembre de los corrientes, este Tribunal Superior Agrario acuerda fijar para el día 07 de los corrientes, la inspección judicial a realizar sobre el lote de terreno denominado Asociación de Productores agropecuarios El Granero y se designa como Experto a la Ingeniera Agrónomo M.T., adscrita al U.E.M.P.P.A.T.-Lara, a los fines de realizar informe técnico que determine el estado de producción en que se encuentra el fundo en cuestión. En la fecha pautada para la realización de la Inspección Judicial, este Tribunal se trasladó al sitio acordado.

   En fecha 10 de diciembre de 2010, se agregó el informe técnico presentado por la Ingeniero Agrónomo M.T., funcionaria adscrita al U.E.M.P.P.A.T. Lara, experta designada por éste Juzgado.

3. DE LA MOTIVACIÓN PARA DECIDIR (MOTIVA)

   Llegada la oportunidad para que esta Superioridad se pronuncie acerca de la solicitud de autos, pasa entonces así a motivar la presente causa, lo que hace de la siguiente manera:

   Punto Previo

   DEL CRITERIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL

   SUPREMO DE JUSTICIA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y

   SOBERANÍA ALIMENTARIA

   Con ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, expediente 04-0370, caso Cámara Venezolana de Almacenes Generales y Depósitos (CAVEDAL), en fecha 14/08/2008, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, estableció:

   “….La entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela concibió una reforma del marco institucional del Estado, que traza una redefinición estructural del arquetipo para el desarrollo de la nación y, particularmente de las competencias del Estado -los órganos del Poder Público-, la legislación vigente y la sociedad, en orden a armonizarlo con los fines que le han sido constitucionalmente encomendados.

   Como nuevo paradigma en la sociedad venezolana, el ordenamiento supremo ha levantado el derecho a la seguridad agroalimentaria, establecido en el artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los siguientes términos:

   Artículo 305. El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola (…)

   .

   La definición dada por el Constituyente es conteste con las consideraciones formuladas por la doctrina respecto a la seguridad agroalimentaria, en tanto la voz agroalimentaria “(…) es un neologismo que califica simultáneamente el punto de partida (la agricultura) y la finalidad (alimentación) de una sucesión compleja de etapas y actividades variadas que se desarrollan en el seno de las sociedades con la finalidad de lograr el abastecimiento de productos que se destinan, directa o indirectamente, a la alimentación humana” -Cfr. MOLINA, L.E.. Revisión de Algunas Tendencias del Pensamiento Agroalimentario (1945-1994). Véase en Revista Agroalimentaria Nº 1. Septiembre 1995. www.saber.ula.ve/ciaal/agroalimentaria/ (Consultada el 1/10/07)-.

   Como derecho esencial al desarrollo sustentable de la Nación, la seguridad agroalimentaria debe materializarse, como una garantía de los (i) consumidores respecto al “acceso oportuno y permanente a éstos [alimentos] por parte del público consumidor” y de los (ii) productores -incluyendo por tales, incluso a los comerciantes- a “la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional”, lo cual se materializa en la posibilidad de acceder a los medios para el desarrollo de la producción y comercialización de los correspondientes productos agrícolas.

   Ese carácter dual del derecho a la seguridad agroalimentaria, se debe a que el desarrollo de la actividad agrícola no depende exclusivamente de la actividad directa en el campo, sino que igualmente está determinado por la actividad agroindustrial, comercial y la conducta de los consumidores. Razón por la cual, se ha desarrollado en la legislación venezolana el concepto de cadena agroproductiva o el ámbito de la relación entre productores agropecuarios, agroindustriales y el agrocomercio, en el cual se incluyen a los agentes y factores económicos que participan directamente en la producción, traslado, transformación y distribución mayorista de un mismo producto agropecuario -Cfr. Artículo 5.c de la Ley de Mercadeo Agrícola, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.389 del 21 de febrero de 2002-.

   En ese orden de ideas, una tutela judicial efectiva del derecho a la seguridad agroalimentaria no debe limitarse al restablecimiento de la situación jurídica infringida de alguno de los factores de la cadena agroproductiva de un determinado rubro, sino asumir como fin último del ejercicio de sus potestades jurisdiccionales, el garantizar la sustentabilidad de la respectiva actividad agroproductiva a los fines de proteger los derechos de las futuras generaciones y, de esta forma consolidar la soberanía e independencia de la Nación -Vid. Sentencia de la Sala Constitucional Nº 692/2005-.

   Esta visión sistémica de la seguridad agroalimentaria, permite afirmar que cualquier actividad u omisión que de forma directa o indirecta, total o parcial perturbe una determinada cadena agroproductiva, constituye una cuestión de orden público e interés nacional que debe ser tutelada por los órganos jurisdiccionales, independientemente que la amenaza o lesión provenga de personas naturales o jurídicas de naturaleza pública o privada, en la medida que la misma, sea una amenaza o se verifique como un efectivo deterioro de las condiciones de mantenimiento y desarrollo sustentable de la producción agropecuaria interna…”.

   Del criterio Constitucional anteriormente transcrito, quien decide estima necesario establecer en el presente fallo que la Tutela Judicial Efectiva del derecho a la seguridad agroalimentaria se pone de manifiesto en la garantía de la continuidad de los factores de la cadena agroproductiva de un determinado rubro agrícola que proviene de la producción interna.

   En atención al contenido de la Resolución mencionada, la cual tiene por objeto determinar los productos, sub productos e insumos requeridos para la producción de los alimentos a los cuales se les aplican medidas temporales de flexibilización de trámites para importación y mercadeo; es posible advertir por este Jurisdicente y establecer como hecho cierto, la insuficiencia de producción nacional del rubro allí descrito el cual resulta de interés nacional para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria en el sentido que se viene exponiendo.

   Por lo anteriormente expuesto, pasa este Juzgador a revisar si efectivamente la tutela cautelar peticionada encuadra o no en el objeto susceptible de tutela cautelar de conformidad con el ordenamiento jurídico actual, vale decir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 305, así como del artículo 196 y el artículo 152, Ordinal 1º de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

   A tal efecto, observa este Tribunal que en fecha 07 de diciembre de 2010, siendo la oportunidad fijada para la realización de la inspección en la dirección indicada por el peticionante, se observó lo siguiente:

   …..,una cerca construida con cuatro hileras de bloques sin frisar con un portón de entrada para ocho (8) vehículos, un galpón de 35 metros de largo por 20 metros ancho aproximadamente, construido con armadura de hierro, sobre vigas doble T, techo de acerolit, piso de cemento con dos portones S.M., con un área anexa construida con paredes de bloques frisados, techo de platabanda, puertas y ventanas de hierro para 5 oficinas y 3 baños de los cuales 1 se encuentra inactivo y otra área anexa para la recepción de cereales, donde se encontraba una fosa de recepción de semillas, un succionador y una pre-limpiadora, adecuada para trabajo de granos secos y eliminación de partículas; una romana con capacidad para sesenta toneladas, cinco bases de silos, construido en concreto armado. Un pozo subterráneo con bomba sumergible, un área para depósito construida en bloque frisado, columnas de concreto, piso de cemento y techo de acerolit, en buenas condiciones. De igual manera, se verificó la existencia de una siembra de maíz, de un (1) mes aproximadamente con falta de mantenimiento y la maquinaria e implementos utilizados para el desempeño de la actividad agrícola fue imposible de observar, por cuanto se encontraba resguardada dentro del galpón, el cual fue impedido el acceso por parte del ciudadano Jorge luís Dell`Orco Merlo …

   (omissis)

   Del contenido del acta, este Tribunal observa de conformidad con el artículo 1428 del Código Civil, que ciertamente en el lote de terreno ubicado en el Caserío Las Cruces, Municipio Turén del Estado Portuguesa, en una superficie de Cinco mil setecientos sesenta metros cuadrados (5.760 mts/2), cuyos linderos son: NORTE: Terrenos ocupados por F.Á.. SUR: Carretera que conduce desde el cruce a Chorrerones. ESTE: Con carretera que conduce desde el Cruce a Villa Bruzual. OESTE: Terrenos ocupados por F.Á., existen siembras y una serie de bienhechurías entre ellas un galpón el cual se encuentra en buenas condiciones según lo apreciado por este tribunal, por la parte externa entre ella. Esta acta es valorada en su sentido por aportar prima facie el elemento de probatorio necesario para determinar este Tribunal, sin duda, que existe, en el mencionado lote, la actividad agrícola aludida, susceptibles de protección.

   Conforme se evidencia del propio Informe Técnico, los cuales riela a los folios 40 al 45, y que fue suscrito por la experta debidamente designada, se hace patente que existen los elementos técnicos y probatorios para llenarse los extremos de la solicitud cautelar, informes éstos que son valorados en su contenido, ya que traen al presente asunto, el carácter técnico de lo que este Tribunal con sus sentidos apreció in situ en fecha 07 de diciembre de 2010, en el lote de terreno antes descrito.

   A.y.e.l. anterior, pasa esta Superioridad a revisar prima facie la concurrencia o no de los requisitos de procedencia para el acuerdo de medida cautelar.

   REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES CAUTELARES

   La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en el contenido de su artículo 196 se aprecia que ha quedado sentado y establecido lo siguiente:

   el Juez agrario debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental. En tal sentido, el Juez agrario, exista o no juicio, deberá dictar oficiosamente las medidas pertinentes a objeto de asegurar la no interrupción de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales renovables, haciendo cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento, o destrucción. Dichas medidas serán vinculantes para todas las autoridades públicas, en acatamiento del principio constitucional de seguridad y soberanía

   .

   Así mismo para decretar dichas medidas previamente se debe analizar y aplicar lo establecido en el Código de Procedimiento Civil en su Artículo 585, el cual establece:

   Las medidas preventivas establecidas en este título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se que acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esa circunstancia y del derecho que se reclama

   Del análisis del anterior artículo, la doctrina ha establecido que se desprenden del mismos dos requisitos esenciales para la procedibilidad del decreto de medidas preventivas, que a saber son:

   1) FUMUS B.I., Presunción grave del derecho que se reclama, Se refiere al humo del buen derecho, esto respecto de las razones de hecho y de derecho de la pretensión, conjuntamente con las pruebas que la sustenten; puede afirmarse que el Juez dictará medida preventiva cuando exista presunción del derecho que se reclama.

   2) En el caso de las medidas innominadas se añade, de conformidad con el Parágrafo Primero del Artículo 588 ejusdem, un cuarto requisito, el fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra conocido como PERICULUM IN DAMI, este requisito se refiere a la presunción que puede hacer el Juez respecto a que exista el temor fundado de que una de las partes pudiera causarle lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra.

   De manera reiterada la doctrina ha establecido lo conducente en referencia a las medidas preventivas; a saber estableció R.E.L.R. en su obra CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. (1998), quien señala:

   ….Condiciones de procedibilidad. Este artículo 585 prevé dos requisitos de procedibilidad de las medidas preventivas, a saber: la presunción grave del derecho que se reclama (fumus b.i.) y la presunción grave de que quede ilusoria la ejecución del fallo (fumus periculum in mora). Añádase la pendencia de una litis en la cual se decreta la medida, lo cual denota el carácter eminentemente judicial que caracteriza las medidas cautelares…

   (…)

   Fumus b.i.. Humo, olor, a buen derecho, presunción grave del derecho que se reclama. Radica en la necesidad de que se pueda presumir al menos que el contenido de la sentencia definitiva del juicio reconocerá, como justificación de las consecuencias limitativas que acarrea la medida cautelar, el decreto previo —ab initio o durante la secuela del proceso de conocimiento— de la medida precautelativa. Es menester un juicio de valor que haga presumir la garantía de que la medida preventiva va a cumplir su función, instrumentalizada, de asegurar el resultado práctico de la ejecución forzosa o la eficacia del fallo, según sea su naturaleza; y ello depende de la estimación de la demanda (…)

   Lo que no puede hacer el tribunal es decretar o negar la medida –particularmente la que no tiene reconsideración ulterior en la misma instancia- inopinadamente, sin tomar en cuenta los elementos en que se funda (cfr abajo CSJ. Sent. 13-8-85) u omitir el respectivo pronunciamiento so pretexto de no quedar inhabilitado por emisión de opinión (cfr abajo CSJ, Sent. 10-11-83). (…)

   Fumus periculum in mora. La otra condición de procedibilidad inserida en este artículo bajo comento —sea, el peligro en el retardo— concierne a la presunción de existencia de las circunstancias de hecho que, si el derecho existiera, serían tales que harían verdaderamente temible el daño inherente a la no satisfacción del mismo. No establece la ley supuestos de peligro de daño, tipificados en varios ordinales, como ocurría en los supuestos de embargo y prohibición de enajenar y gravar del Código derogado. Esta condición de procedibilidad de la medida ha quedado comprendida genéricamente en la frase «cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituye presunción grave de esta circunstancia...». El peligro en la mora tiene dos causas motivas: una constante y notoria, que no necesita ser probada, cual es la inexcusable tardanza del juicio de conocimiento, el arco de tiempo que necesariamente transcurre desde la deducción de la demanda hasta la sentencia ejecutoriada; otra causa es los hechos del demandado durante ese tiempo para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. A este supuesto se refiere la presunción hominis exigida por este artículo en comento.”

   De igual forma cabe expresar que la jurisprudencia ha reiterado que “En materia de medidas preventivas, el requisito de motivación del fallo se reduce al examen de los supuestos de procedibilidad a que se refiere el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, vale decir, el Fumus B.I. y el Periculum in Mora...” (Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, Ponente Dr. A.R.J.E.. Nº 00-002 sentencia del 15-11-2000).

   La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, acerca de ello estableció lo propio con Ponencia del Magistrado Dr. Levys I.Z., de fecha 1 de Noviembre de 2004, cuando expuso:

   …Por tal razón es imperativo examinar los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la presunción grave del derecho que se reclama (fumus b.i.) y el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora); y referente a la medida innominada, el artículo 588 eiusdem impone una condición adicional que es el fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación a la otra (periculum in damni).

   Con referencia al primero de los requisitos fumus b.i., su confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces como un cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante; correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama.

   En cuanto al segundo de los requisitos mencionados (periculum in mora), ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.

   Respecto al periculum in damni, éste se constituye en el fundamento de la medida cautelar innominada para que el tribunal pueda actuar, autorizando o prohibiendo la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias necesarias para evitar las lesiones que una de las partes pueda ocasionar a la otra…

   .

   Ahora bien, una vez analizados los requisitos para decretar las medidas de esta naturaleza, este Tribunal Superior para decidir si existen o no los mismos en el caso de autos, observa sobre tales requisitos, los cuales se establecen o patentizan en el presente asunto, de la siguiente manera:

   Con relación al Fumus B.I., este Tribunal observa la producción agraria que arroja la inspección judicial practicada el día 07 de diciembre de 2010, dejándose constancia que en el lote objeto de inspección ciertamente se constató la existencia de un galpón de aproximadamente 35 metros de ancho por 20 metros de largo, dejando de igual forma constancia en el acta de inspección que fue imposible el acceso a dicho galpón en virtud de la negativa por parte del ciudadano Jorge Luís Dell`Orco Merlo, aún con las diversas formas de dialogo de lo cual tambien se dejo, constancia, insistía este ciudadano en impedir el acceso del tribunal al galpón, considerando quien suscribe que tal actuación configura un desacato a la autoridad y a la investidura de éste Juzgado Superior Tercero Agrario, al no permitir el ingreso del Tribunal constituido, lo que trajo como consecuencia el no poderse verificar lo existente dentro del galpón objeto de inspección; de la misma manera tal actuación del ciudadano antes mencionado deja ver que interrumpe de alguna manera las actividades destinadas a la recepción, comercialización, almacenamiento y distribución del rubro señalado por la parte solicitante de la medida cautelar, considerando quien suscribe importante destacar el contenido del artículo 5, en su numeral 2, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de seguridad y Soberanía Agroalimentaria, el cual establece lo siguiente:

   Artículo La seguridad Agroalimentaria es la capacidad efectiva que tiene el Estado, en corresponsabilidad con el sector agroalimentario nacional, para garantizar a toda la población, la disponibilidad, acceso intercambio y distribución equitativa de los alimentos de manera estable, que aseguren las condiciones físicas y emocionales adecuadas para el desarrollo humano integral y sustentable, considerando el intercambio la complementariedad y la integración económica entre los pueblos y naciones como elementos esenciales que garantiza el derecho a la alimentación.

   Son objetivos de la seguridad agroalimentaria:

   …2. Asegurar l distribución de la producción nacional agroalimentaria con el propósito de atender la satisfacción de las necesidades básicas de la población.

   La norma anteriormente transcrita aunada a lo establecido en los artículos 196 y 152 Ordinales 1ero y 7mo de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, los cuales establecen que el Juez Agrario debe velar por la continuidad de la producción agroalimentaria pilar y razón de ser de la mencionada Ley, así como de convenios internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela, verbigracia, el suscrito en la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) EN LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE ALIMENTACIÓN, celebrada en Roma en el año 1996; el cual según la doctrina de H. Kelsen tiene rango constitucional, deja ver que el Estado de la mano de sus órganos y entes, quienes conforme a la equidad y la justicia, tienen la obligación de proteger la producción y actividad agraria cuyo fin último es el sustento alimenticio de un colectivo, con ello entonces se garantizar al pueblo un acceso físico y económico de los alimentos a los venezolanos para satisfacer sus necesidades nutricionales y sus preferencias alimentarías, a fin de llevar una vida sana.

   Así mismo el Juez, exista o no pendente litis, de oficio o a petición de partes, puede dictar medidas a fin de proteger lo ut-supra transcrito, cumpliendo así con el mandato constitucional que se desprende del artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

   En referencia al Periculum in Mora, este Órgano Jurisdiccional llevó a cabo una inspección judicial el día 07/12/2010, sobre lote de terreno ubicado en el Caserío Las Cruces, Municipio Turén del Estado Portuguesa, en una superficie de Cinco mil setecientos metros cuadrados (5.760 mts/2), cuyos linderos son: NORTE: Terrenos ocupados por F.Á.. SUR: Carretera que conduce desde el cruce a Chorrerones. ESTE: Con carretera que conduce desde el Cruce a Villa Bruzual. OESTE: Terrenos ocupados por F.Á., en el cual se dejó constancia de construcciones bienhechurías y actividades agrícolas (galpones, cercas, instalaciones eléctricas, para el desarrollo de la unidad de producción del predio referido), así mismo dejó constancia que, como se indicó ut supra, fue imposible el acceso al galpón anteriormente descrito, debido a la negativa por parte del ciudadano Jorge Luís Dell`Orco Merlo, aún con las diversas formas de dialogo de lo cual tambien se dejo constancia, insistía este ciudadano en impedir el acceso del tribunal al galpón, considerándose así que tal actuación configura un desacato a la autoridad y a la investidura de éste Juzgado Superior Tercero Agrario, al no permitir el ingreso del Tribunal; por igual se determinó in situ que el fundo se encuentra ocupado y no se le permite el acceso y desarrollo de la actividad agrícola y comercial desempeñada por el ciudadano J.L.R.C., ni el mantenimiento del galpón ni de los implementos y herramientas agrícolas, todo lo anterior en pro del desarrollo de la producción de los rubros de maíz y ajonjolí como cumplimiento fiel y estricto con la seguridad agroalimentaria del Estado Portuguesa y del país, siendo todo esto tutelado por la Ley para salvaguardar la producción agraria; concluyéndose como elemento primordial para la procedencia de la presente solicitud que el no hacerlo y no decretar la medida cautelar innominada de protección solicitada, se traduciría en un estado de riesgo repercutiendo directamente en la producción agroalimentaria del Estado.

   Y por último, el Periculum in Damni, se encuentra satisfecho en que el decreto de la medida solicitada tiene por objeto proteger la seguridad agroalimentaria y el trabajo en el predio en cuestión para poder explotar a su plenitud las tierras, siendo el deber de este Juzgador proteger con el uso correcto de sus potestades tal actividad agrícola, sus bienes muebles e inmuebles que por su destinación son de uso en tal actividad, puestos de trabajo, al igual que prohibir cualquier actividad de particulares, sean personas naturales o jurídicas, así como de órganos de la administración en sus distintos niveles verticales (Nacional, Estadal o Municipal) que genere interrupción del proceso productivo allí desarrollado, los cuales ocasionarían un gravamen irreparable a la producción agroalimentaria de la nación.

   Entendiéndose en síntesis, con todo lo anterior, suficientemente satisfechos o cumplidos los requisitos legales de procedencia de la solicitud hecha por el ciudadano J.L.R.C., sobre lote de terreno ubicado en el Caserío Las Cruces, Municipio Turén del Estado Portuguesa, en una superficie de Cinco mil setecientos metros cuadrados (5.760 mts/2), cuyos linderos son: NORTE: Terrenos ocupados por F.Á.. SUR: Carretera que conduce desde el cruce a Chorrerones. ESTE: Con carretera que conduce desde el Cruce a Villa Bruzual. OESTE: Terrenos ocupados por F.Á.. Y así se decide.

   DE LOS ANTECEDENTES JUDICIALES EN MATERIA DE MEDIDAS CAUTELARES DE PROTECCIÓN A LA PRODUCCIÓN

   Conforme al conocido principio de la Uniformidad de Criterios, quien decide, estima correcto que los dignos jueces agrarios, en materia cautelar como es el caso de autos, deben seguir a favor del colectivo y la seguridad agroalimentaria de la nación, un criterio uniforme al decidir las solicitudes como la del presente expediente. Criterio éste que en los distintos Juzgados Superiores que componen la Jurisdicción Agraria es de común apreciación y aplicación cuando se encuentra presentes las circunstancias de hecho y de derecho como las que se han constatado del presente asunto.

4. DECISION

   Este Tribunal Superior Tercero Agrario del Estado Lara, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, en aras de consolidar la paz social en el campo y garantizar la seguridad y soberanía agroalimentaria de la nuestra y las futuras generaciones, conforme a lo dispuesto en los artículos 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, DECRETA: