Decisión nº 8 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 12 de Agosto de 2015
| Fecha de Resolución | 12 de Agosto de 2015 |
| Emisor | Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito |
| Ponente | María F Torres Torres |
| Procedimiento | Exequatur |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE EL
JUZGADO SUPERIOR DÉCIMO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
EXPEDIENTE Nº AP71-S-2015-000029/2015-004.-
PARTES SOLICITANTE:
J.M.G.A.U., venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad V-13.726.859; y M.G.G.G., venezolana, mayor de edad, domiciliada en 65 East Liberty Street, Apto. 2107, Toronto, Ontario, Canadá y titular de la cédula de identidad venezolana Nº V-15.021.304, y representados judicialmente por la abogada NAHIVA E.Y.C., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 51.312.
MOTIVO: EXEQUÁTUR.
Se inició el presente proceso mediante solicitud presentada el 30 de abril del 2015 por la abogada NAHIVA E.Y.C., en su carácter de apoderada judicial de los ciudadanos J.M.G.A. y M.G.G.G., ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados Superiores en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a través de la cual requirió el exequátur de la sentencia de divorcio dictada el 07 de enero del 2013, por el Tribunal Superior (División de Familia), Canadá Provincia de Quebec, Distrito de Montreal signada con el Nº 500-12-314908-124, Certificado de divorcio de mutuo acuerdo (Párrafo 12 (7)), Ley sobre el divorcio, que declaró disuelto el vínculo matrimonial contraído por los ciudadanos J.M.G.A. y M.G.G.G..
La señalada solicitud fue fundamentada de conformidad con lo establecido en los artículos 851, 852 y 856 del Código de procedimiento Civil, en concordancia con los artículo 53 y 58 de la Ley de Derecho Internacional Privado.
En fecha 04 de mayo del 2015 la secretaria de este a quem dejó constancia que se recibió en fecha 30 de abril del 2015, escrito de solicitud de exequátur proveniente de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados Superiores en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y en fecha 07 de mayo del 2015, se acordó darle entrada a la presente solicitud de exequátur.
FUNDAMENTOS DE LA PRETENSIÓN
La abogada solicitante alegó como cuestiones relevantes, lo siguiente:
Que en fecha 12 de enero del 2008, sus representados J.M.G.A. y M.G.G.G., contrajeron matrimonio civil por ante el Juzgado Octavo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y que de ésta unión matrimonial no procrearon hijos, ni adquieron bienes de fortuna, ni asumieron deudas en común.
Que posteriormente ambos cónyuges establecieron su último domicilio conyugal en el extranjero, en la ciudad de Canadá Provincia de Quebec, Distrito de Montreal, y que introdujeron la solicitud de divorcio en esa ciudad en fecha 04 de septiembre del 2012.
Que el procedimiento de divorcio por mutuo acuerdo, devino en la Sentencia signada con el Nº 500-12-314908-124, dictada en fecha 07 de enero del 2013, por el Tribunal Superior (División de Familia), Canadá, Provincia de Quebec, Distrito de Montreal, que decretó la disolución por causa de divorcio del matrimonio celebrado en Caracas, el 12 de enero del dos mil ocho (2008) entre los ciudadanos J.M.G.A. y M.G.G.G..
Que el fallo dictado el 07 de enero del 2013, se encuentra definitivamente firme emitido en Montreal por el Certificado de Divorcio de fecha 29 de enero del 2013, del cual solicita la respectiva ejecutoria por vía de procedimiento de exequátur.
Que la demanda de divorcio fue formulada de mutuo acuerdo.
Que dicha sentencia se encuentra debidamente legalizada, de acuerdo a la Ley aprobatoria del convenio de la Haya de 1961.
Que la solicitud de exequátur cumple con las exigencias del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado para otorgarle el pase y conferirle eficacia en el territorio nacional.
Por todas las razones antes expuestas, solicitó que se le conceda fuerza ejecutoria en el territorio nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a la sentencia de divorcio dictada en fecha 07 de enero del 2013, por el Tribunal Superior (División de Familia) Canadá, Provincia de Quebec, Distrito de Montreal, que declaró disuelto el matrimonio existente entre los ciudadanos J.M.G.A. y M.G.G.G..
Fueron acompañados con el escrito que encabeza el expediente, en copias simples los siguientes recaudos:
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- Marcado con la letra “A”, original de instrumento poder otorgado por el ciudadano J.M.G.A.U., y debidamente notariado por ante la Notaria Pública Quinta del Municipio Sucre del estado Miranda, el 11 de abril del 2014, inserto bajo el Nº 32, Tomo 22 de los Libros de Autenticaciones llevados por la mencionada Notaria (folios 5 al 7).
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- Marcado con la letra “B”, original de instrumento poder otorgado por la ciudadana M.G.G.G., y debidamente autenticado por ante el Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Toronto, Canadá, el 23 de octubre del 2014, registrado bajo el Nº 124, folios 286 y 287, Protocolo Único del Libro de Autenticaciones y Registros llevados por la mencionada Oficina Consular (folios 8 al 10).
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- Marcado con la letra “C”, copia certificada del Acta de Matrimonio por ante el Juzgado Octavo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 12 de enero del 2008, bajo el Nº 131 y vuelto del Libro de Registro Civil de Matrimonios correspondiente al año 2008, (folios 11 al12).
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- Marcado con la letra “D”, “D1” copias Certificadas de la sentencia, traducida por el interprete público M.C.C. con Credencial Nº 0318, de fecha 23 de febrero del 2015, y la sentencia divorcio dictada el 07 de enero del 2014, por el tribunal Superior (División de Familia), Canadá, Provincia de Quebec, Distrito de Montreal, debidamente apostillada por el Cónsul de Segunda HERLIS OLMOS, de la República Bolivariana de Venezuela Consulado General en Montreal, Nº 248/2013, de fecha 09 de mayo del 2013, (folios 13 al 39).
Por auto de fecha 07 de mayo del 2015, se admitió la presente solicitud de exequátur de conformidad con lo establecido en el artículo 856 del Código de Procedimiento Civil, acordándose notificar al Fiscal de turno del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de que tuviese conocimiento de la presente causa, de conformidad con el numeral 13 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, para que dentro de los diez (10) días de despacho siguiente a su notificación, expusiera lo que estimara conducente respecto a dicha solicitud. Igualmente, se acordó oficiar al Servicio Administrativo de Identificación y Extranjería del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interior y Justicia (SAIME), a los fines de solicitar el movimiento migratorio y último domicilio de los ciudadanos J.M.G.A. y M.G.G.G..
Por diligencia de fecha 22 de mayo del 2015, el ciudadano L.M.P., en su carácter de alguacil de este despacho dejó constancia de haber notificado a la Fiscalía de turno de la República Bolivariana de Venezuela del Ministerio Público, consignó oficio Nº 2015-191; y al Director del Servicio Administrativo de Identificación y Extranjería del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interior y Justicia (SAIME), consignó oficio Nº 2015-192.
En fecha 10 de junio del 2015, se ordenó cómputo por secretaría de los días de despacho transcurridos desde el 22 de mayo del 2015, exclusive, fecha en la que se dejó constancia en autos de haberse practicado la notificación del Ministerio Público, hasta el 10 de junio del 2015, inclusive, el cual arrojó un total de 11 días de despacho. En esa misma fecha, mediante auto separado, se estableció que el presente asunto se decidiría como de mero derecho y se fijó un lapso de quince (15) días de despacho siguientes a dicha fecha para que las partes presentaran sus escritos de informes según lo dispuesto en el artículo 391 del Código de Procedimiento Civil.
Por providencia del 08 de julio del 2015, se dejó constancia que ninguna de las partes presentó observaciones a los informes, el tribunal dijo “VISTOS” y se reservó sesenta (60) días calendario para dictar el fallo respectivo, contados desde esa data, exclusive.
En fecha 08 de agosto del 2015, la abogada adjunto D.D. en nombre de la abogada G.A., en su condición de Fiscal Centésima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en materia de Protección y Familia, consignó escrito de opinión fiscal, donde señaló que la presente sentencia de divorcio tiene fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la Ley del estado en el cual fue pronunciada, no es incompatible con sentencia anterior que tenga autoridad de cosa juzgada, y no objetó de ninguna manera el presente procedimiento, de conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 43 numerales 10 y 13 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en concordancia con el artículo 131 del Código de Procedimiento Civil.
Lo anteriormente narrado constituye, a criterio de quien decide, una síntesis clara, precisa y lacónica de la manera en que quedó planteada la cuestión objeto de decisión en esta oportunidad.
MOTIVOS PARA DECIDIR
El primer aspecto a a.p.e.t. es el relativo a su competencia, la cual se determina en razón del carácter contencioso o no del asunto a resolver.
De acuerdo con el numeral 2 del artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, compete a la Sala de Casación Civil, “Declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias de autoridades jurisdiccionales extranjeras, de acuerdo con lo dispuesto en los Tratados Internacionales o en la ley”, siempre que no se trate de actos o sentencias en asuntos relativos a emancipación, adopción y otros de naturaleza no contenciosa, como es el caso de separación de cuerpos, pues, en estos últimos supuestos corresponde la competencia al Tribunal Superior donde se pretenda hacer valer el acto o sentencia de autoridades extranjeras, por mandato del artículo 856 del Código de Procedimiento Civil.
En el caso bajo estudio, se evidencia de la propia sentencia de divorcio objeto de conocimiento por parte de este órgano jurisdiccional, que el procedimiento de divorcio no fue producto de irreflexión o coacción, y que dicho fallo declaró disuelto el vínculo matrimonial entre los ciudadanos J.M.G.A. y M.G.G.G., por mutuo consentimiento, con todos los efectos legales inherentes a dicha declaración, lo cual le da el carácter de no contenciosa, por lo que este juzgado es competente para conocer de la presente solicitud, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 856 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.-
Despejado lo anterior, se pasa al examen de la cuestión de fondo, a cuyo efecto, se observa:
Establece el artículo 856 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:
El pase de los actos o sentencias de las autoridades extranjeras en materia de emancipación, adopción y otros de naturaleza no contenciosa, lo decretará el Tribunal Superior del lugar donde se haya de hacer valer, previo examen de si reúnen las condiciones exigidas en los artículos precedentes, en cuanto sean aplicables
.
En este orden de ideas, se puede observar que toda solicitud de exequátur impone su estudio dentro del m.d.D.P.I., por lo que al igual que ocurre en todos los casos que presentan elementos de extranjería, debe atenderse para su decisión a la jerarquía de las fuentes en materia de Derecho Internacional Privado.
Dicho orden de prelación aparece claramente expuesto en el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, en los siguientes términos:
Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán, por las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto se aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado Venezolano; a falta de ellas, se utilizará la analogía y, finalmente, se regirán por los principios generales de Derecho Internacional Privado generalmente aceptados
.
Efectuado el estudio y análisis de los recaudos acompañados a la presente solicitud de exequátur, así como lo expuesto por la apoderada judicial de la solicitante, es posible afirmar, teniendo en cuenta los extremos previstos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que en este caso se han cumplido los requisitos de ley para declarar la ejecutoria de la sentencia de divorcio in comento.
En efecto:
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- La sentencia extranjera fue dictada en asunto civil, materia familiar, específicamente en un juicio de divorcio.
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- La decisión dictada el 07 de enero del 2013, por el Tribunal Superior (División de Familia), Canadá Provincia de Quebec, Distrito de Montreal, que declaró la disolución del vínculo matrimonial que unía a los ciudadanos J.M.G.A. y M.G.G.G., tiene fuerza de cosa juzgada, pues contra la misma no cabe interponer recurso alguno tal como se evidencia de la misma sentencia.
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- No se arrebató a la República Bolivariana de Venezuela la jurisdicción exclusiva, al no haberse tratado de una controversia relativa a derechos reales sobre inmuebles situados en el país.
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- El estado sentenciador tenía jurisdicción para conocer del divorcio, toda vez que las partes se encontraban domiciliadas en Canadá, Provincia de Quebec, Distrito de Montreal.
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- La sentencia objeto de solicitud de exequátur no es contraria al orden público venezolano, debido a que se evidencia del expediente que la causal por la cual se declaró el divorcio de mutuo consentimiento equivale a lo previsto en el primer aparte del artículo 185 del Código Civil Venezolano.
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- No consta que la sentencia extranjera sea incompatible con decisión anterior que tenga carácter de cosa juzgada dictada por un tribunal venezolano, ni tampoco que exista ante los tribunales venezolanos juicio pendiente sobre el mismo objeto o entre las mismas partes, iniciado antes de que se hubiere dictado la sentencia extranjera.
Por los razonamientos antes expuestos, se concluye que no hay razón que sea óbice para no permitirle el pase a la sentencia de autos en el territorio nacional y así se dispondrá en el segmento dispositivo de este fallo.-
DECISIÓN
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, CONCEDE FUERZA EJECUTORIA en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela a la sentencia de divorcio dictada el 07 de enero del 2013, por el Tribunal Superior (División de Familia), Canadá, Provincia de Quebec, Distrito de Montreal, que declaró disuelto el matrimonio contraído por los ciudadanos J.M.G.A. y M.G.G.G., titulares de las cédulas de identidad números V-13.726.859 y V-15.021.304 respectivamente.
No hay especial condenatoria en costas, dada la naturaleza de esta decisión.-
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.-
En su oportunidad procesal, líbrense los oficios respectivos.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la ciudad de Caracas, a los ¬¬¬¬¬¬¬doce (12) días del mes de agosto del dos mil quince (2015).- Años: 205º de la Independencia y 156º de la Federación.-
LA JUEZA,
Dra. MARÍA F TORRES TORRES.
LA SECRETARIA,
Abg. E.M.L.R..
En esta misma fecha doce (12) de agosto del 2015, siendo las 12:20 p.m., se publicó y registró la presente decisión, constante de ocho (8) páginas.
LA SECRETARIA,
Abg. E.M.L.R..
Exp. Nº AP71-S-2015-000029/2015-004.
MFTT/EMLR/yadi.
