Sentencia nº RC.00098 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 4 de Marzo de 2009

Fecha de Resolución: 4 de Marzo de 2009
Emisor:Sala de Casación Civil
Número de Expediente:05-106 Acc
Ponente:Luis Antonio Ortiz Hernández
Procedimiento:Recurso de Casación
 
CONTENIDO

SALA DE CASACIÓN CIVIL ACCIDENTAL

Exp. AA20-C-2005-000106

Magistrado Ponente: L.A.O.H.

En el juicio por daños y perjuicios derivados de accidente de tránsito, intentado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Guárico con sede en San Juan de los Morros, por la ciudadana J.D.C.O. deU., representada por los abogados A.D.Y.F. y A.S. contra las sociedades mercantiles BOX TRANSPORT 2020 C.A. y SEGUROS ALTAMIRA, C.A., la primera representada judicialmente por el abogado C.C. y, la segunda, en la instancia por los abogados V.J.B.S., B.G.R.M., J.E.P.C., I.A.G.M. y A.D.S., y ante este Supremo Tribunal por el abogado A.J.F.B.; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y el Adolescente de la misma Circunscripción Judicial, conociendo en apelación, dictó sentencia en fecha 01 de febrero de 2002, mediante la cual declaró con lugar la demanda, condenó a las empresas demandadas al pago de las cantidades especificadas en la misma y confirmó la decisión dictada por el a quo en fecha 17 de octubre de 2001.

Contra la referida decisión de la Alzada, la parte co-demandada Seguros Altamira, C.A. anunció recurso de casación, el cual comprendió la decisión interlocutoria de fecha 29 de noviembre de 2000, dictada por el Juzgado Superior supra mencionado, mediante la cual se declaró válida la citación por carteles realizada a las codemandadas y todo lo actuado con posterioridad. Dicho recurso fue admitido y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.

En fecha 1° de marzo de 2005, se dio cuenta en Sala del expediente Nº 05-0364 correspondiéndole la ponencia al Magistrado Dr. L.A.O.H., manifestando el Magistrado Dr. C.O.V., tener motivos de inhibición y declarada con lugar la misma, fue convocado el Dr. J.S.N., en su carácter de Segundo Suplente, quien dio su aceptación para integrar la correspondiente Sala Accidental. Igualmente, el Magistrado Dr. A.R.J., manifestó tener motivos de inhibición y siendo la misma declarada con lugar, se convocó al Dr. F.B.C., en su condición de Segundo Conjuez, quien dio su aceptación para integrar la correspondiente Sala Accidental. Se le asignó la ponencia en el presente juicio al Dr. J.S.N., pero en vista del retardo existente en la tramitación, se reasigna la ponencia al Magistrado Dr. L.A.O.H., quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

Concluida la sustanciación del recurso y cumplidas las demás formalidades legales, pasa esta Sala a dictar su fallo, con base en las siguientes consideraciones:

PUNTO PREVIO

Por cuanto el presente asunto fue resuelto por sentencia de esta Sala dictada en fecha 20 de mayo de 2004, y contra la misma fue ejercido recurso de revisión por ante la Sala Constitucional, declarándose ha lugar mediante fallo dictado el 14 de diciembre de 2004, se pasa a dictar nuevo pronunciamiento atendiendo a lo dictaminado por dicha Sala y tomando en consideración la doctrina imperante para la fecha de la interposición del recurso de casación.

De igual manera, y en virtud de haber ejercido el formalizante el recurso de casación tanto contra la decisión interlocutoria dictada el 29 de noviembre de 2000, como contra la decisión de fondo de fecha 1° de febrero de 2002, la Sala pasará a conocer primero el recurso contra la sentencia interlocutoria supra indicada, y de prosperar alguna de las denuncias, se abstendrá de conocer el recurso contra la decisión de fondo.

RECURSO DE CASACIÓN CONTRA LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DICTADA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2000

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

-I-

De conformidad con el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 15, 208, 211, 212 y 223 eiusdem, los artículos 77 y 87 de la Ley de T.T., y el ordinal 1° del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por omisión de las formas sustanciales de los actos del proceso que menoscabaron el derecho de defensa.

Argumenta el formalizante como fundamento de su denuncia lo siguiente:

“…La Ley de T.T., establece las distintas formas de citación en los procesos seguidos para hacer efectivo el resarcimiento de los daños producidos a consecuencia de los accidentes.

A tal efecto, el artículo 77 de la Ley de T.T. estatuye:

Las citaciones previstas en el artículo anterior se harán personalmente, mediante boleta.

Cuando las personas que hayan de citarse tengan su domicilio o residencia en un lugar distinto de la sede del Tribunal competente, o su domicilio o residencia sea desconocido, o en cualquier otro caso que no hubiesen podido ser citadas personalmente, se les citará por un cartel que se publicará en un diario de los de mayor circulación

El artículo 87 de la misma Ley, señala:

En todo lo no previsto en este procedimiento especial se aplicarán, en cuanto sean compatibles con la índole del mismo, las disposiciones del Código de Procedimiento Civil

.

Y el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil indica:

Si el alguacil no encontrare a la persona del citado para practicar la citación personal, y la parte no hubiere pedido su citación por correo con aviso de recibo, o cuando pedida ésta, tampoco fuere posible la citación del demandado, ésta se practicará por Carteles, a petición del interesado. En este caso el Juez dispondrá que el Secretario fije en la morada, oficina o negocio del demandado un cartel emplazándolo para que ocurra a darse por citado en el término de quince días, y otro Cartel igual se publicará por la prensa, a costa del interesado, en dos diarios que indique el Tribunal entre los de mayor circulación en la localidad con intervalo de tres días entre uno y otro. Dichos Carteles contendrán: el nombre y apellidos de las partes, el objeto de la pretensión, el término de la comparecencia y la advertencia de que si no compareciese el demandado en el plazo señalado, se le nombrará defensor, con quien se entenderá la citación. Se pondrá constancia en autos por el Secretario, de haberse cumplido estas formalidades y se agregará al expediente por la parte interesada, un ejemplar de los periódicos en que hayan aparecido publicados los Carteles. El lapso de comparecencia, comenzará a contarse al día siguiente de la constancia en autos de la última formalidad cumplida

.

Como puede observarse, las normas transcritas con anterioridad fijan las pautas para la realización de las citaciones en los procedimientos de tránsito. Estas normas deben ser interpretadas sistemáticamente, pues de lo contrario se vulneraría el derecho a la defensa de los demandados, y se trastocaría la garantía constitucional del debido proceso.

Ahora bien, en el caso bajo análisis, se efectúo la citación de los codemandados “BOX TRANSPORT 2020, C.A.” y “SEGUROS ALTAMIRA, C.A.” en franca violación a las disposiciones legales supra citadas (…)

En efecto, debo señalar a esta honorable Sala, que por auto de fecha 2 de febrero de 2000, el Tribunal de la causa ordenó el emplazamiento de los demandados por medio de cartel (…)

En esa misma fecha se libró el aludido cartel y fue fijado en la cartelera del Juzgado, entregándose otro ejemplar al demandante a los fines de su publicación en prensa (…)

Sin embargo, se omitió la fijación del cartel por parte del Secretario del órgano jurisdiccional en la morada, oficina, o negocio de mi representada, tal como lo prevé el artículo 223 de Código de Procedimiento Civil, norma adjetiva aplicable por mandato expreso del artículo 87 de la Ley de T.T. (…)

Estas formalidades son de carácter sustancial, pues están destinadas a que el demandado tenga pleno conocimiento del proceso que se sigue en su contra, y se garantice en forma plena y eficaz el derecho de defensa.

El Juez de primera instancia, nada dispuso sobre el hecho que el secretario fijara el cartel de emplazamiento en la morada, residencia o negocio de los demandados; tampoco el secretario dejó constancia en autos de haber cumplido las formalidades de esta fijación, como lo impone la norma supra señalada, lo cual conlleva a una omisión que conduce a la nulidad de todo lo actuado en el presente proceso (…)

La recurrida, lejos de enfocar su análisis en la situación jurídica planteada, señalada por el Juzgador del Tribunal que conoció de la causa en primera instancia, y que se refiere a la doctrina impuesta por este máximo Tribunal en la sentencia parcialmente citada, desvió su atención en la interpretación gramatical y aplicación aislada del artículo 77 de la Ley de T.T. (…), en perjuicio del derecho de defensa.

…Omissis…

Lo más curioso, es que el Juez de Alzada considera en la decisión que la sociedad mercantil “SEGUROS ALTAMIRA, C.A.” se encontraba a derecho por el simple hecho que el abogado I.G.M. revisaba el expedien…”

La Sala pasa a pronunciarse sobre el vicio denunciado y, observa:

Mediante sentencia N° 58, dictada el 21 de marzo de 2000, caso: Hildegardis Mata de González y otros contra P.R.P.B. y Tucker Energy Services de Venezuela, S.A., la Sala dejó sentado su criterio en los siguientes términos:

En sentencia del 16 de diciembre de 1997 (Roger C.R. contra Corporación Mitravenca, C.A.) la Sala, en materia de citación por carteles en los juicios de tránsito señaló lo siguiente:

‘Tanto el Artículo 50 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, aplicable supletoriamente en los procedimientos de tránsito por remisión expresa del Artículo 55 de la Ley de T.T. vigente para ese entonces, como el Artículo 223 del Código de Procedimiento Civil disponen que en caso de citación por carteles deberá fijarse uno en la morada, oficina o residencia del demandado. Por tanto una aplicación concordada de ambas normas no puede limitarse a la publicación en la prensa de carteles de citación, aunque sea en dos (2) diarios de circulación nacional, y su posterior consignación en el expediente, para tener por satisfechas las formalidades de este tipo de citación, pues para que empiece a correr el lapso de emplazamiento es preciso que se hayan agotado todas las diligencias prescritas por la Ley’.

La Ley de T.T. publicada en la Gaceta Oficial N° 3.920 extraordinaria del 10 de octubre de 1986 en su Artículo 42 al tratar lo relativo a la citación por carteles indicaba:

‘las citaciones previstas en el artículo anterior se harán personalmente mediante boletas.

Cuando las personas que hayan de citarse tengan su domicilio o residencia en lugar distinto de la sede del tribunal competente, o su domicilio o residencia sean desconocidos, o en cualquier otro caso en que no hubiese podido ser citados personalmente, se les citará por un cartel que se publicará en un diario de la capital de la república de amplia circulación’.

El Artículo 55 de la Ley de 1986 como la Sala señaló en su sentencia del 16 de diciembre de 1997 disponía que en lo no previsto por la Ley especial se aplicarían en forma supletoria las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo, y en su defecto las del Código de Procedimiento Civil.

Por su parte, la vigente Ley de T.T. publicada en la Gaceta Oficial N° 5.085 extraordinaria del 9 de agosto de 1996 y aplicable al caso de autos ya que el accidente ocurrió el 12 de marzo de 1997 en su Artículo 77 refiere:

‘Las citaciones previstas en el Artículo anterior se harán personalmente, mediante boleta.

Cuando las personas que hayan de citarse tengan domicilio o residencia en un lugar distinto de la sede del Tribunal competente, o su domicilio o residencia sea desconocido, o en cualquier otro caso que no hubiesen podido ser citadas personalmente, se les citará por un cartel que se publicará en un diario de los de mayor circulación. La copia del cartel se fijará en la cartelera del Tribunal de la causa y si el demandado no compareciere a darse por citado se le designará un defensor con quien se entenderá la citación y demás trámites del juicio’.

De una comparación del texto de los Artículos 42 de la Ley de T.T. de 1986 y 77 de la Ley de 1996 se encuentra que en la última reforma el legislador, en aras que el demandado pueda tener por cualquier medio, un conocimiento más amplio del proceso, dentro de las formalidades a cumplir en materia de citación por carteles añadió que una copia del cartel librado, además de ser publicado en un diario de los de mayor circulación en la localidad, se fijará en la cartelera del Tribunal. Se observa que la redacción del Artículo 77 no deja lugar a dudas, en el sentido que es imperativo que el cartel se fije en la cartelera del Tribunal, lo cual como antes se explicó procura que el demandado pueda tener mejor conocimiento del proceso incoado en su contra. Sobre todo si ya se agotó la posibilidad de practicar la citación personal del mismo. Asimismo estima la Sala en aplicación de la doctrina expuesta en su fallo del 16 de diciembre de 1997, que además de tenerse que cumplir con la formalidad de fijar un ejemplar del cartel en la cartelera del Tribunal, éste por aplicación supletoria del Artículo 223 del Código de Procedimiento Civil también deberá fijar un ejemplar del cartel en la morada, oficina o residencia del demandado, bajo pena de nulidad de lo actuado si no se cumplieren con las formalidades antes prescritas, las cuales son concurrentes, es decir, no pueden obviarse ninguna de ellas.

Consta de autos que se confirió comisión al Juzgado del Municipio Anaco de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui para practicar la citación personal del representante legal de TUCKER WIRELINE SERVICES DE VENEZUELA, S.A. Mientras que el otro co-demandado, ciudadano P.R.P.B. sería citado por el Alguacil del Tribunal de la causa.

En diligencia del 16 de febrero de 1998 el Alguacil del Tribunal de la causa escuetamente señaló que no pudo encontrar al co-demandado P.R.P.B.. Igual situación sucedió con la comisión conferida al Juzgado del Municipio Anaco, no pudiéndose citar personalmente al representante legal de TUCKER WIRELINE SERVICES DE VENEZUELA, S.A.

Posteriormente, en diligencia del 1° de junio de 1998 la actora solicitó la citación por carteles de los demandados, lo cual se ordenó en auto del 4 de junio, auto que como la formalización sostiene dió pie a una serie de irregularidades en el proceso, como de seguidas se pasa reseñar:

En primer lugar, el auto del 4 de junio de 1998 contraviene lo previsto en los Artículos 77 de la Ley de T.T. y 223 de Código de Procedimiento Civil, este último aplicable en forma supletoria, pues no señaló en qué diario de los de mayor circulación de la localidad debió el cartel ser publicado. En efecto, si bien el Artículo 77, por falta de técnica, no precisa que es el Juez quien debe señalar en qué diario, el cartel tiene que ser publicado, esa falta precisión está subsanada por lo señalado en el Artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, el cual menciona expresamente que el Juez deberá indicar el diario el cual será de los de mayor circulación en la localidad. Siendo así, a falta de disposición expresa en el Artículo 77 el Tribunal de la causa debió aplicar el supuesto de hecho del Artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, al no existir una norma que regule la materia en la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo. Por lo demás, es lógico que sea el Juez y no la parte actora quien decida en cuál diario será publicado el cartel, que en este caso lo fue en el diario 2001, editado en Caracas, pero que pudiera no ser uno de los mayor circulación en la ciudad que sirve de sede al Tribunal de la Causa, como es la ciudad de Maturín.

En segundo lugar, como el formalizante asevera, no aparece de autos que el Tribunal de la causa cumplió con los requisitos exigidos en el Artículo 77 de la Ley de T.T., en el sentido que debió fijarse en la cartelera del Tribunal una copia del cartel. En efecto, luego del auto del 4 de junio de 1998 acordando expedir el cartel de citación a los co-demandados, la siguiente actuación es una diligencia del 26 de junio de 1998 en la cual el apoderado actor consignó un ejemplar del diario 2001 en el que aparece publicado el cartel. La falta de observancia de esa formalidad ciertamente hace procedente la denuncia, pues los Jueces del mérito sin duda afectaron el derecho de la defensa de los co-demandados, a quienes se les dificultó o imposibilitó tener conocimiento del juicio incoado en su contra. Además que se incumplió con lo señalado en el Artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido que un ejemplar del cartel no se fijó en la morada, oficina, o residencia del demandado.

Parecería que la recurrida erróneamente consideró que estaba vigente para el momento de la actuación cuestionada, junio de 1998, el Artículo 42 de la Ley de T.T. de 1986 que no contemplaba la exigencia que copia del cartel se fijara en la cartelera del Tribunal. Además que, como antes se expresó, ya era sumamente grave que fue la parte actora quien eligió el diario en el cual el cartel fue publicado, en contravención a lo señalado en el Artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.

La recurrida, en atención a la solicitud que le fue hecha por los apoderados de TUCKER WIRELINE SERVICES DE VENEZUELA, S.A., y estando presentes los vicios denunciados en la citación por carteles, relativa a la no fijación de un ejemplar del cartel en la cartelera del Tribunal y en la morada, residencia y/o oficina de los demandados, debió decretar la reposición de la causa, por ser la misma procedente, por todo lo cual infringió el Artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, así como los Artículos 12 y 15 eiusdem. El primero por no atenerse a lo alegado y probado en autos y el segundo por resultar afectado el derecho de la defensa de TUCKER WIRELINE SERVICES DE VENEZUELA, S.A., así como del otro co-demandado, ciudadano P.R.P.B.. También resulto infringido el Artículo 223 ibídem, pues en acatamiento a lo allí previsto el Juez en el auto que acordó la citación por carteles debió señalar el diario de los de mayor circulación de la localidad, en el cual el cartel sería publicado. Siendo para la Sala inadmisible y atentado contra el principio de la lealtad en el proceso, que sea la contraparte quien decidiera en que diario publicaría el cartel.

Como el recurrente destaca en su escrito de formalización, desde un fallo del 22 de octubre de 1965 (Caso Banco Latino, C.A.) la Sala ha venido señalando que siendo írrita la citación por carteles, como lo fue en este caso, mal podía quedar convalidada esa citación con la designación de un defensor ad-litem para ambos co-demandados. Defensor que este Tribunal Supremo de Justicia observa se limitó en el caso de autos a contestar la demanda, en forma pura y simple y a ratificar el mérito de autos, como única probanza, sin que para nada estuviese presente en el acto de evacuación de la prueba testifical promovida por la actora con cuya actuación tampoco puede sostenerse que se alcanzó el fin perseguido. Además, del fallo del Tribunal de la causa emitido el 27 de enero de 1999 el defensor no apeló, al menos en representación del ciudadano P.R.P.B., ya que TUCKER WIRELINE SERVICES DE VENEZUELA, S.A., se hizo presente en esa etapa del proceso, sin que el defensor ad-litem, abogado S.B.M. efectuase alguna otra diligencia en el proceso.-

Por lo antes expuesto, la Sala previene al Tribunal de la causa acerca de lo narrado precedentemente. También se observa que el recurrente indica que el Tribunal de la causa no observó lo dispuesto en el Artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, ya que el Secretario no dejó constancia expresa en el expediente de las actuaciones relativas a la fijación del cartel. Cita en su apoyo sentencia dictada por esta Sala el 2 de Julio de 1998. Con respecto a lo anterior, siendo como antes se expuso que no hay constancia en el expediente acerca de la fijación del cartel en la cartelera del Tribunal de la causa, ni en la oficina, residencia y o morada de los co-demandados, es evidente que no se cumplió con la obligación que imponía el Secretario el Artículo 223 relativa a dejar justamente constancia de esa fijación. Por lo que igualmente resultó infringido el Artículo 223.

Por aplicación de lo señalado en el Artículo 210 del Código de Procedimiento Civil, la Sala ordena la reposición de la causa al estado que, una vez dé por recibido el expediente proveniente de este Tribunal Supremo de Justicia, lo cual en acatamiento a la doctrina existente en la materia deberá hacerlo por auto expreso, firmado por el Juez y el Secretario, el Juez del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, por haber emitido opinión sobre el fondo del asunto, proceda a pasar el expediente a un Tribunal de igual jerarquía en la jurisdicción y si no lo hubiese, entonces deberá notificar al suplente respectivo para que conozca del proceso, quien deberá ordenar la citación por carteles del co-demandado, ciudadano P.R.P.B.. Dicha citación por carteles, con el fin de evitar los vicios cometidos en el proceso y dar origen a una reposición de la causa, deberá hacerse cumpliendo con lo señalado en el Artículo 77 de la Ley de T.T. y 223 del Código de Procedimiento Civil, haciendo la Sala expresa advertencia al Juez del mérito que en el auto que ordene la citación por carteles del co-demandado P.R.P.B. deberá indicar uno de los diarios de mayor circulación de la localidad, en este caso la ciudad de Maturín, Estado Monagas, y además queda obligado a fijar una copia del cartel en la cartelera del Tribunal de la causa y en la morada, oficina y/o residencia del ciudadano P.R.P.B., so pena de nulidad de lo actuado.

En relación a la co-demandada TUCKER WIRELINE SERVICES DE VENEZUELA, S.A. , se observa que la misma a través de sus apoderados se hizo presente a los autos el 3 de Febrero de 1999 una vez publicado el fallo del Juzgado a-quo y pudo oportunamente apelar del mismo, por lo que la Sala considera inoficioso ordenar nuevamente se cite por carteles a esa co-demandada, la cual está a derecho, si bien deberá aguardar los trámites y resultas de la citación por carteles del otro co-demandado, P.R.P.B., para luego proceder a contestar la demanda incoada en su contra. Por efecto de la reposición de la causa decretada, y a excepción de la citación de la citada empresa Tucker Wireline Services de Venezuela, S.A., se declaran nulas todas las actuaciones sucedidas en la instancia a partir del auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, con sede en la ciudad de Maturín, el 4 de Junio de 1998. Auto que riela al vuelto del folio 77 del expediente, quedando obviamente incluidas dentro de las actuaciones que no tienen valor alguno las pruebas testimoniales promovidas y evacuadas en el proceso.

La Sala, no obstante, tomando en cuenta los alcances de la reposición decretada, prácticamente al estado que el juicio comience de nuevo y en salvaguarda del derecho de la defensa, igualmente señala al Tribunal de Primera Instancia que en definitiva conozca de este proceso, que deberá notificar de su avocamiento a TUCKER WIRELINE SERVICES DE VENEZUELA, S.A., notificación que hará por boleta dejada en el domicilio procesal señalado por esa parte en su actuación del 9 de Marzo de 1999.

Por las razones antes expuestas, se declara procedente la denuncia de los Artículos 12, 15, 208 y 223 del Código de Procedimiento Civil y 77 de la Ley de T.T.

. (Subrayado del texto).

El formalizante denuncia que al no haber acordado el Tribunal de Alzada la reposición de la causa en virtud del incumplimiento por parte del a quo en el trámite establecido para llevar a cabo la citación de la parte demandada, fue menoscabado el derecho a la defensa de su representado, al haberse omitido formas sustanciales de los actos del proceso.

La Sala observa que en el presente caso, aún cuando el juez de cognición ante el evidente error en el trámite de la citación de las codemandadas acertadamente repuso la causa mediante sentencia dictada el 20 de septiembre de 2000 al estado de que se llevara a cabo nuevamente la citación de las mismas, el Juez de Alzada contrariando la doctrina de esta Sala, vigente para ese entonces, consideró válidas dichas citaciones así como todas las actuaciones posteriores a tan irregulares actos.

En consecuencia, atendiendo a la doctrina imperante para el momento de la interposición del recurso de casación, así como a lo establecido por la Sala Constitucional a través de su fallo de fecha 14 de diciembre de 2004, la Sala ordena la reposición de la causa al estado de que el Tribunal de Primera Instancia ordene la citación por carteles de la parte demandada. Dicha citación por carteles, con el fin de evitar los vicios cometidos en el proceso y dar origen a una reposición de la causa, deberá hacerse cumpliendo con lo señalado en el Artículo 77 de la Ley de T.T. y 223 del Código de Procedimiento Civil, haciendo la Sala expresa advertencia al Juez del mérito que en el auto que ordene la citación por carteles de la parte demandada deberá indicar uno de los diarios de mayor circulación de la localidad, y además queda obligado a fijar una copia del cartel en la cartelera del Tribunal y otra en la morada, oficina y/o residencia de la parte demandada, so pena de nulidad de lo actuado.

Por las razones antes expuestas, se declara procedente la presente denuncia.

La Sala, por encontrar procedente una de las denuncias contempladas en el ordinal 1° del Artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se abstiene de entrar a conocer las infracciones delatadas restantes, así como el recurso de casación ejercido contra la sentencia que resolvió el fondo de la controversia. Así se declara.

D E C I S I Ó N

Por los razonamientos y consideraciones anteriormente expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, actuando en Sala Accidental de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación, anunciado y formalizado por el abogado A.J.F.B., apoderado judicial de la parte codemandada SEGUROS ALTAMIRA, C.A. contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, en fecha 29 de noviembre de 2000. En consecuencia se declara la nulidad del referido fallo, y tal como fue acordado en la presente decisión, se ordena la reposición de la causa al estado en que el juzgado de primera instancia acuerde la citación por carteles de la parte demandada.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Guárico.

Particípese de la presente decisión al Juzgado Superior de origen de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los cuatro (4) días del mes de febrero de dos mil nueve. Años: 198° de la Independencia y 150° de la Federación.

Presidenta de la Sala.

__________________

YRIS PEÑA ESPINOZA

Vicepresidenta,

____________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

Magistrado Ponente,

____________________________

L.A.O.H.

Segundo Suplente,

____________________

J.S.N.

Segundo Conjuez,

________________________

F.B.C.

Secretario,

_____________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

Exp. AA20-C-2005-000106.-

Nota: Publicada en su fecha a las ( )

Secretario,