Decisión de Juzgado Undecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 10 de Agosto de 2010

Determinado lo anterior pasa este tribunal a pronunciarse con respecto a la cuestión previa del ordinal 2º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, referida a ilegitimidad de la persona del actor por carecer de la capacidad necesaria para comparecer en juicio, opuesta con base a que la actora no tiene tal capacidad para actuar en el presente juicio, ni para actuar como representante de la comunidad de los copropietarios del Edificio Torre Morelos o de la Junta de Condominio para incoar demandas por daños y otros conceptos seguidos en contra de su mandante.

Igualmente, arguyó que tal ilegitimidad se encuentra contenida en el último aparte del artículo 20 literal “C” de la Ley de Propiedad Horizontal, pero por otro lado, arguyó, que en ese mismo orden de ideas era menester destacar que la cualidad o legitimatio ad causam es condición especial para el ejercicio del derecho de acción.

Que el poder otorgado al abogado J.N., autenticado por ante la Notaria Pública Quinta del Municipio Baruta del Estado Miranda en fecha 28 de abril de 2008, bajo el No. 31, Tomo 60 de los libros de autenticaciones, y el acta de asamblea extraordinaria de fecha 18 de enero de enero de 2001, son documentos que pertenecen exclusivamente a la sociedad mercantil INMOBILIARIA DAVILA, S.R.L., los cuales no demuestran que la junta de condominio o la comunidad de copropietarios del Edificio Torre Morelos se hayan reunido en asamblea autorizando el mandato a que se refiere el literal “C” de la Ley de Propiedad H.l.q. infringe los artículos 26, 46, 47 al 51 y 54 del Reglamento de Condominio del referido inmueble, el cual fue protocolizado por ante la Oficina de Registro público del Segundo Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 14 de junio de 1995, bajo el No. 36, Tomo 32, Protocolo Primero, por tal razón carece de capacidad procesal para intentar demandas en nombre de la Junta de Condominio o de copropietarios del Edifico Torre Morelos, máxime si su patrocinada posee el cincuenta y siete por ciento (57%) de las alícuotas sobre la propiedad del inmueble.

Este argumento fue rechazado por la parte actora, con base a que en el presente caso el supuesto de la norma invocada ut supra, si se cumple con tal extremo, por cuanto, efectivamente el Presidente y la 2da Vice-Presidenta de la Junta de Condominio del Edificio Torre Morelos en el uso de sus facultades autorizaron a la administradora para que ejerciera la representación de los copropietarios en el presente juicio, lo cual consta en el libro de Actas de la Junta de Condominio y prueba de ello, lo es, la comunicación enviada en fecha 12 de marzo de 2008 al Director General de INMOBILIRIA DAVILA, S.R.L., mediante la cual se autoriza expresamente a la administradora para otorgar poder judicial al abogado J.R.N., siendo estos los documentos que exige la norma in comento y no otros.

Al respecto, se debe indicar que la legitimación consagrada en dicho cardinal 2º del artículo 346 del Código Adjetivo, está relacionada con la capacidad procesal -legitimatio ad procesum- y no a la falta de cualidad de la persona que funge como apoderado del actor –legitimatio ad causam-, esto es, que la primera está referida a si la persona bien sea natural o jurídica, que se presenta en el proceso está en pleno ejercicio de sus derechos para actuar por sí o por medio de apoderados judiciales validamente constituidos, siendo éste un requisito sine quanom para la constitución válida de toda relación procesal, mientras que la cualidad debe ser entendida como la idoneidad para actuar en juicio como titular de la acción en su aspecto activo o pasivo; idoneidad que debe ser suficiente para que el órgano jurisdiccional pueda emitir un pronunciamiento de mérito válido, no pudiendo esta defensa ser opuesta como cuestión previa.

En este sentido, se desprende de las actas que conforman el expediente de marras que se ejerce la cuestión previa contenida en el ordinal 2° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, es decir, la ilegitimidad de la persona del actor por carecer de la capacidad necesaria para comparecer en juicio (falta de capacidad procesal), lo cual impediría la prosecución del juicio en el caso de que sea declarada con lugar y no se subsane el defecto, en los casos en que se requiera subsanar aspectos formales que pudieran afectar o limitar la capacidad del accionante para ejercer una determinada pretensión, limitaciones éstas referidas a la minoridad, a la interdicción o inhabilitación, lo cual hace deducir que la capacidad procesal corresponde a las personas que pueden ejercer libremente sus derechos.

Ahora bien, en el caso sub examine, luego del exhaustivo análisis que este sentenciador realizara a las presentes actuaciones, se evidencia que no se desprende que la parte promovente, haya denunciado de manera específica ninguna de las mencionadas limitaciones, sino que se refirió específicamente a que la pretensión del actor no podía ser ejercida por ella, considerando en consecuencia quien aquí decide, que el objeto de la representación judicial del promovente es que se emita un pronunciamiento referida al fondo de la causa, pues, opone la ilegitimidad de la actora para actuar en el presente juicio, y al mismo tiempo alega que en ese orden de ideas destacaba que la cualidad o legitimatio ad causam es condición especial para el ejercicio del derecho de acción, cuestión que nada tiene que ver con la legitimidad, lo que permite observar que al estar mal planteada la referida cuestión previa, esta no puede prosperar, razón por la cual se declara sin lugar, y así se decide.

En cuanto a la cuestión previa del ordinal 3º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, referida a la ilegitimidad de la persona que se presenta en juicio como apoderado o representante del actor, por no tener capacidad necesaria para ejercer poderes.

En ese sentido el artículo 136 del Código de Procedimiento Civil dispone lo siguiente:

… Son capaces para obrar en juicio, las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos, las cuales pueden gestionar por sí mismas o por medio de apoderados, salvo las limitaciones establecidas en la ley…

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En el mismo orden de ideas, el artículo 4 de la Ley de Abogados cita textualmente:

…Toda persona puede utilizar los órganos de la administración de justicia para la defensa de sus derechos e intereses. Sin embargo, quien sin ser abogado deba estar en juicio como actor, como demandado o cuando se trate de quien ejerza la representación por disposición de la Ley o en virtud de contrato, deberá nombrar abogado, para que lo represente o asista en todo el proceso...

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Es clara nuestra legislación al disponer que para actuar en los procesos judiciales debe el solicitante estar representado por abogado, bien por medio de mandato, o por asistencia al acto que se refiera, es decir que para la realización de cualquier acto judicial ante los Tribunales de la Republica es necesario detentar titulo de abogado.

En este mismo orden de ideas, se debe precisar hacer las siguientes citas doctrinarias:

….De la capacidad de ser parte y de la capacidad procesal, se distingue la capacidad de postulación (ius postulandi). Una parte puede tener la capacidad procesal y carecer sin embargo de la capacidad de gestionar por sí misma los actos en un proceso concreto y en un tribunal determinado. Es esta, una capacidad meramente formal, exigida no por razones naturales ni lógicas, sino técnicas, para asegurar al proceso su correcto desarrollo. La esencia de este requisito estriba - como explica Guasp- en la consideración de que por razón de la dificultad intrínseca del proceso y del desapasionamiento con que debe ser conducido, no conviene, normalmente que sean las partes mismas quienes, acudan en persona al tribunal y realicen los actos del proceso, sino otros sujetos, instituidos profesionalmente para ese fin, como son los abogados los cuales deben tener el poder de postulación (uis postulandi).

La capacidad de postulación puede definirse pues, como la facultad que corresponde a los abogados para realizar actos procesales con eficacia jurídica, en calidad de partes, representantes o asistentes de la parte. En esta definición se destacan:

a) La capacidad de postulación es meramente profesional y técnica y corresponde exclusivamente a los abogados (artículo 166 C.P.C.);

b) Esta referida a la sola realización o expresión de los actos procesales y no a la facultad de disposición de los derechos materiales o procesales involucrados en el proceso, a menos que le sea concedida facultad expresa para ello;

c) La parte puede tener la capacidad de postulación, cuando además de la capacidad procesal, tiene la condición profesional de abogado, en cuyo caso reúne en sí misma ambas capacidades;

d) El sujeto con capacidad de postulación (abogado) puede actuar en representación de la parte, en cuyo caso ésta, si bien no tiene capacidad de postulación, tiene la capacidad procesal que habilita para otorgar por sí misma el poder de representación al abogado;

e) El sujeto con capacidad de postulación (abogado) pude simplemente asistir a la parte en la realización de los actos procesales, sin poder de representación, en cuyo caso la parte realiza personalmente cada acto del proceso, con la asistencia del abogado y suscriben ambos los actos...

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Por otro lado, el autor Ricardo Henríquez La Roche, en su obra Comentarios al Código de Procedimiento Civil, señala:

… Falta de capacidad de postulación o representación. Esta causal, más amplia que la excepción dilatoria que preveía el Código derogado, comprende: la falta de capacidad de postulación en el apoderado indicada en el artículo 166, sea porque no es abogado o porque no tiene el libre ejercicio de la profesión; la ineficacia del poder o relación de representación entre el demandante y el sedicente apoderado o representarte por no llenar los requisitos legales, y la insuficiencia del poder para proponer la demanda…

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Al respecto, se concluye que en caso el sub iudice las autoridades de la Junta de Condominio del Edificio Morelos en uso de sus facultades contrataron para actuar en el presente juicio los servicios del abogado J.R.N., cuyo poder fue autenticado por ante la Notaria Pública Quinta del Municipio Baruta del Estado Miranda en fecha 28 de abril de 2008, bajo el No. 31, Tomo 60 de los libros de autenticaciones, (f. 10 al 12), lo que implica que si tiene la capacidad de postulación por ser abogado de la República Bolivariana de Venezuela, resultando forzoso para quien suscribe declarar sin lugar la cuestión previa contenida en el ordinal 3° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, y así se decide.

En cuanto al poder otorgado al mismo fue impugnado de manera subsidiaria con las cuestiones previas ut supra analizadas, y de conformidad con lo previsto en el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, se solicitó la exhibición de los documentos, libros de actas de asamblea tanto de la Junta de Condominio como de los propietarios, con el fin de que se demuestre si efectivamente se llevó a cabo “la respectiva acta de asamblea” que tuvo por objeto principal o secundario el de autorizar a la administradora INMOBILIARIA DAVILA, S.R.L., para que en su nombre y representación otorgara poderes especiales o generales a apoderados judiciales, por una parte, y por la otra, si en dicho libros de actas de asambleas reposan los asientos donde la asamblea de copropietarios haya autorizado a la Junta de Condominio para intentar una demanda judicial en contra de su mandante.

Al respecto, cabe destacar que la institución de la impugnación de los poderes debe ser atacado por un procedimiento distinto al de las cuestiones previas, sin embargo, dicho poder se tiene como válido, por cuanto si bien es cierto, que la parte actora no acompañó conjuntamente con la demanda los documentos cuya exhibición documental se exige, no es menos cierto que, en forma voluntaria al momento de rechazar y contestar las cuestiones previas opuestas, consignó el acta de reunión de la Junta de Condominio, fechada 12 de marzo de 2008, donde fue resuelto contratar los servicios del abogado J.R.N. para que este ejerciera las acciones judiciales en razón de las circunstancias acaecidas en las áreas comunes del Edificio Torre Morelos, en consecuencia, se acordó informar a la administradora INMOBILIARIA DAVILA, S.R.L., para que otorgara el poder correspondiente a dicho profesional del derecho, aunado a ello, el Notario dejó constancia que tuvo a su vista el documento constitutivo Estatutario de dicha sociedad mercantil y el acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 18 de enero de 2001, razón por la cual, como ya fue expuesto el poder otorgado al abogado J.R.N. se tiene como válido, resultando forzoso declarar sin lugar la impugnación formulada, y así se declara.

Determinado lo anterior, debe este juzgado proceder a dilucidar la cuestión previa del ordinal 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, por haberse hecho la prohibición de acumulación contenida en el artículo 78 ibidem, esto es, por inepta acumulación de pretensiones, por cuanto la actora en su libelo acumuló dos pretensiones cuyos procedimiento son incompatibles entre si, tales como lo es el interdicto de obra nueva y el resarcimiento e indemnización de gastos o costos, siendo que la primera pretensión debe llevarse por un procedimiento conforme a las reglas previstas en los artículos y siguientes ibídem, lo que determina que se está en presencia de un procedimiento especial, en tanto que la segunda debe ser sustanciada conforme a lo dispuesto en el artículo 338 y siguientes eiusdem.

Con relación a lo antes expuesto, este sentenciador observa, que la parte actora arguyó que con la demanda incoada se pretende que las construcciones realizadas y ejecutadas sin autorización por el resto de los copropietarios del Edificio Torre Morelos y en contravención al orden público, sean demolidas y que la estructura original sea restablecida a costa de la parte demandada, señalando que si bien es cierto que, el artículo 9 de la ley de Propiedad Horizontal establece que las mejoras que se hagan en contravención con lo dispuesto en la ley o el documento de condominio podrán ser reclamarse por ante los tribunales competentes , siguiéndose el procedimiento de interdicto de obra nueva, tal supuesto se aplicaría a aquellos casos para las obras aún no concluidas. Igualmente, la institución del interdicto de obra nueva contenida en el artículo 785 del Código Civil, fue prevista para los casos de obras no concluidas, “… quien tenga razón ara temer que una obra nueva emprendida por otro… puede denunciar al Juez la obra nueva, con tal no esté terminada y de que no haya transcurrido un año desde su principio… ”, lo que evidencia que el presente caso no está tipificado en las normas indicadas, y ello es imposible, por cuanto las obras están terminadas, como tampoco es procedente aplicar el procedimiento establecido para el interdicto de obra vieja o daño temido, previsto en el artículo 786 del Código Civil, en razón de que, si bien ya las obras están terminadas tampoco constituyen una amenaza de daño próximo a ningún bien o persona en particular, por lo que tratándose de un incumplimiento de una obligación personal de no hacer, cuya acción para reclamar prescribe a los diez (10) años y el procedimiento debe llevarse por la vía ordinaria, peticiono que las construcciones realizadas en el Edificio Torre Morelos, sean demolidas en su totalidad, en consecuencia, se condene a la accionada a pagar las costas y costos derivados del presente juicio.

En tal sentido, este tribunal observa, que en efecto la actora no fundamenta su pretensión bajo el amparo de un procedimiento de acción interdictal, todo lo contrario, persigue es la demolición o destrucción de las obras ya construidas o terminadas en las áreas comunes del Edificio Torre Morelos, cuyo procedimiento sigue las pautas del juicio ordinario, y no especial, como lo es un procedimiento de interdicto de obra nueva, obra vieja o daño temido que no es aplicable al presente caso, por lo que resulta forzoso para este tribunal declarar sin lugar la cuestión previa opuesta, y así se declara.

Establecido lo anterior, pasa quien aquí decide a emitir pronunciamiento con relación a la cuestión previa del ordinal 6º del artículo 346 del Código Adjetivo, referido al defecto de forma de la demanda, opuesta por la demandada con base a que la misma adolece de los requisitos previstos en el ordinal 6º del artículo 340 eiusdem, especialmente, los instrumentos en los cuales fundamentó la actora su pretensión, así como la falta de agotamiento de la vía administrativa.

Al respecto, nuestro autor patrio Ricardo Henríquez La Roche en sus comentarios al Código de Procedimiento Civil, ha señalado lo siguiente:

…El libelo de la demanda debe hacer mención expresa de varios elementos relevantes a la litis o al desarrollo del proceso. Es una normativa dirigida a la parte actora de un determinado proceso, a los fines de que el escrito de demanda reencuentre bien estructurado de manera que el Juez que deba pronunciarse sobre la admisibilidad del mismo pueda motivarlo acertadamente.

(Omissis)

Según el ordinal 6º, el demandante debe producir junto con la demanda, los documentos fundamentales. El mismo ordinal define éstos como aquellos de los cuales se deriva inmediatamente el derecho deducido. El actor puede optar por señalar la oficina o el lugar donde se encuentren, y reservar su consignación en la oportunidad de promoción de pruebas (Art. 434). El documento fundamental ignoto o aun no otorgado, puede ser producido con posterioridad a la deducción de la demanda (Art. 434); se entiende por documento de fecha posterior, el que es fundamental de la litis, pero sin innovar los términos en que ha sido planteada...

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Así las cosas, cabe destacar que la actora acompañó conjuntamente la demanda el poder otorgado al abogado J.R.N., título supletorio de fecha 24 de abril de 2000, expedido por el Juzgado Quinto de Primera en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial y la Resolución emanada de la Dirección de Control Urbano de la Alcaldía del Municipio Libertador, Unidad de Control de Obras-Coordinación de Inspección, y en con la contestación de las cuestiones previas opuestas por la parte demandada, consignó acta de reunión de la Junta de Condominio del Edificio Torre Morelos, y comunicación dirigida a la actora en fecha 12 de marzo de 2008, lo que llena los supuestos del ordinal 6º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, y encuadra con el criterio doctrinal antes citado, en consecuencia, debe forzosamente quien aquí decide declarar sin lugar la cuestión previa del ordinal 6º del artículo 346 ibidem, y así se declara.

Conjuntamente con la cuestión previa ya analizada, la parte demandada, tomó como base para oponerla el hecho de que en el presente caso se ha impetrado una demanda por demolición de obras y pago de costos y costas contra el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del personal de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, el cual es una persona jurídica constituida bajo la forma de fundación sin fines de lucro, creada por dicha universidad, siendo esta quien ejerce el control y es la aportante del patrimonio del fondo, lo que implica, que dicho fondo se encuentra bajo el control y tutela de la universidad, la cual tiene personalidad jurídica de derecho público creada por el Decreto No. 2176 de fecha 27 de julio de 1983, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 32.777 de esa misma fecha, regida por la Ley de Universidades, por lo que su patrimonio depende de los aportes que desembolsa el Ejecutivo Nacional por Órgano del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, y en razón de ello, las acciones judiciales que se interponga en contra de la Universidad o de sus asociaciones civiles, fundaciones o empresas creadas para cumplir sus objetivos, donde si bien existe un interés indirecto del patrimonio de la República, el demandante debe agotar inicialmente el antejuicio administrativo previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, cuya última reforma fue el 31 de julio de 2008.

Por lo antes alegado, se hace necesario traer a colación el contenido establecido en el ordinal 6º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, que es del tenor siguiente:

…Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquellos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo…

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Al respecto, considera quien aquí decide, que la anterior defensa no encuadra con el supuesto de la norma ut supra citada, ya que la misma se refiere a los documentos que deben ser acompañados con la pretensión deducida y de cual debe ser el procedimiento a seguir, lo cual seria materia de fondo, siendo que en el caso sub examine se esta decidiendo aspectos atinentes al procedimiento previsto para resolver cuestiones previas, razón por la cual se declara sin lugar, y así se establece.

Dirimidas las cuestiones previas ut supra, pasa este juzgado a pronunciarse con respecto a la cuestión previa del ordinal 11º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, opuesta de la siguiente de la siguiente manera: “…De conformidad a lo establecido en el ordinal 11, del artículo 346 (…/…) opongo la cuestión previa referida a la existencia de una cuestión prejudicial que debe resolverse en un proceso distinto…”.

Ahora bien, de lo antes transcrito se desprende claramente, que la parte demandada propone dichas cuestiones previas en forma errada, ya que la cuestión previa contenida en el ordinal 11º hace referencia a la prohibición de la ley de admitir la acción propuesta y no guarda relación alguna con la cuestión previa contenida en el ordinal 8º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, entonces, en razón de la dualidad del planteamiento de dicha incidencia, lo cual permite observar que al estar mal planteada no puede prosperar en la presente incidencia, en consecuencia, se declara sin lugar, y así se establece.

Dilucidado lo anterior, procede este sentenciador a pronunciarse con la relación a la cuestión previa del ordinal 10º del artículo 346 del Código Adjetivo, la cual fue opuesta por la demandada con el argumento de que en el presente caso ha transcurrido íntegramente el lapso previsto en el artículo 785 del Código Civil.

Ahora bien, este sentenciador observa que se desprende del libelo de la demanda, que la actora persigue con su pretensión que las construcciones realizadas y ejecutadas sin autorización por el resto de los copropietarios del Edificio Torre Morelos, sean demolidas y como consecuencia de ello, la estructura original del inmueble sea restablecida a costa de la parte demandada, lo que evidencia que la pretensión está dirigida al incumplimiento de una obligación de no hacer y no bajo el amparo de la acción interdictal prevista en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, que establece lo siguiente: “… quien tenga razón para temer que una obra nueva emprendida por otro, (…/…) con tal que esté terminada y de que no haya transcurrido un año desde su principio…”, norma que no encuadra con la pretensión deducida, ya que como quedó claramente establecido con el pronunciamiento del particular de la cuestión previa de inepta acumulación o acumulación prohibida antes analizada, no se trata de un interdicto de obra nueva, de obra vieja o daño temido, sino del incumplimiento de una obligación de no hacer, resultando forzoso declarar sin lugar la cuestión previa aquí opuesta, y así se decide.

III

DISPOSITIVO DEL

SIN LUGAR las cuestiones previas opuestas por los abogados J.R.A. y C.C.R., en sus caracteres de apoderados judiciales de la parte demandada FUNDACION FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL LIBERTADOR (UPEL), en el juicio que por cumplimiento de obligación de no hacer sigue en su contra la sociedad mercantil INMOBILIARIA DAVILA, S.R.L., con base a los ordinales 2º, 3º, 6º, 10º Y 11º (planteada erróneamente por la demandada como cuestión prejudicial) del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.

Se condena a la parte demandada al pago de las costas procésales, según lo prevé el artículo 274 del Código Adjetivo Civil, por haber resultado vencida en la presente incidencia.

Notifíquese a las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 eiusdem.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los diez (10) días del mes de agosto del año dos mil diez (2010). Años: 200º de la Independencia y 151° de la Federación.

EL JUEZ

DR. ANGEL VARGAS RODRIGUEZ

LA SECRETARIA

Abg. SHIRLEY CARRIZALES MENDEZ.

En esta misma fecha, siendo las 2:39 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.

LA SECRETARIA

ABG. SHIRLEY M. CARRIZALES M.

Asunto: AH1B-V-2008-000123