Sentencia nº 00765 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 28 de Julio de 2010

Fecha de Resolución28 de Julio de 2010
EmisorSala Político Administrativa
PonenteEmiro Antonio García Rosas
ProcedimientoConsulta de jurisdicción

Magistrado Ponente: E.G.R.

Exp. Nº 2010-0561

El Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, adjunto a oficio T4SME-2010-347 del 3 de junio de 2010, recibido en esta Sala en fecha 21 de ese mismo mes y año, remitió el expediente contentivo de la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios, interpuesta por la ciudadana Á.R.G.Á. (cédula de identidad N° 12.732.656), actuando en su nombre, sin asistencia de abogados, contra la sociedad mercantil MERCADOS DE ALIMENTOS C.A. (MERCAL, C.A.) (inscrita en el Registro Mercantil IV de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 16 de abril de 2003, bajo el N° 12, Tomo 20-A Cto., modificados sus estatutos en varias oportunidades, quedando la última modificación inscrita ante el citado Registro Mercantil el 25 de agosto de 2008, bajo el N° 31, Tomo 93-A-Cto).

La remisión se efectuó en virtud de la consulta prevista en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, por haber declarado el Tribunal remitente, en sentencia del 2 de junio de 2010, la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública, por órgano de la Inspectoría del Trabajo respectiva.

En fecha 23 de junio de 2010 se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado E.G.R., a los fines de decidir la consulta de jurisdicción.

Al respecto la Sala observa:

I

ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado en fecha 13 de enero de 2010 ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito Judicial Laboral del Estado Zulia, la ciudadana Á.R.G.Á., ya identificada, interpuso solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, contra la sociedad mercantil Mercados de Alimentos C.A. (MERCAL, C.A.). En dicho escrito adujo:

Que en fecha 10 de enero de 2004 comenzó a prestar servicios personales para la prenombrada empresa, desempeñando el cargo de “Jefe del Mercal Nueva Venezuela, adscrito a la Coordinación Regional del Estado Zulia”, realizando las siguientes labores: “recibir mercancía de los centros de acopio, registrar en el sistema la mercancía, realizar corte de caja de las ventas diarias y remitir las ventas con el servicio panamericano al banco, relacionar la asistencia del personal a recurso humanos para el pago de[l] cesta ticket, los reposos y faltas injustificadas del personal, reportar ventas e inventarios diarios, recibir y recepcionar mercancía a proveedores directos enviados por la coordinación [y] supervisar que se lleve a cabo las funciones del personal auxiliar de almacén y cajeras”. Dichas labores estaban “bajo la supervisión u orden del Coordinador Regional Mercal-Zulia, ciudadano Y.G.”.

Que el 28 de diciembre de 2009 fue despedida por el ciudadano Y.G., sin haber incurrido en falta alguna de las previstas en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo, y que devengaba un salario básico mensual de dos mil cuarenta y siete bolívares con cincuenta y nueve céntimos (Bs. 2.047, 59).

Finalmente, invocó lo establecido en el artículo 187 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a los fines de que se le calificara el despido, se ordene “el reenganche a [su] puesto de trabajo en las mismas condiciones que tenía para el momento del despido, y se acuerde el pago de los salarios caídos”.

Efectuada la distribución, le correspondió el conocimiento del asunto al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el cual por auto del 14 de enero de 2010 se abstuvo de admitirlo, por no haberse cumplido los requisitos establecidos en el artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En fecha 5 de febrero de 2010 la parte actora, asistida por la abogada Egli MACHADO (INPREABOGADO N° 26.080), consignó escrito de subsanación.

El 9 de febrero de 2010 el prenombrado Juzgado admitió la solicitud de autos, ordenó la notificación de la empresa demandada y de la ciudadana Procuradora General de la República. Asimismo, fijó el lapso para que tuviese lugar la audiencia preliminar. Por último, hizo saber a las partes que debían consignar sus respectivos escritos de pruebas.

Notificadas como se encontraban las partes, en fecha 1° de junio de 2010 se realizó el sorteo público a los fines de que se llevase a cabo la audiencia preliminar, correspondiéndole el presente asunto al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

En la misma fecha, tuvo lugar la audiencia preliminar, dejándose constancia de la comparecencia de las partes y de la consignación de sus respectivos escritos probatorios.

Por sentencia del 2 de junio de 2010 el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia declaró la falta de jurisdicción para conocer de la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salario caídos frente a la Administración Pública, por órgano de la Inspectoría del Trabajo respectiva, en los siguientes términos:

…En fecha 13 de febrero de 2010, la ciudadana A.R.G.A. presentó por ante este Circuito Judicial solicitud contra la sociedad mercantil MERCADO DE ALIMENTOS, CA (MERCAL), por motivo de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, en la cual alega que en fecha 10 de enero de 2004 comenzó a laborar para la empresa antes mencionada, devengando un salario mensual de DOS MIL CUARENTA Y SIETE BOLÍVARES FUERTES CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS DE BOLÍVAR (BsF. 2.047,59). De igual forma se

desprende de la solicitud presentada que la parte actora fue despedida en fecha 28 de diciembre de 2009 siendo las 2:00 p.m de forma escrita por el ciudadano [Y]ony Galindo en su condición de Coordinador Regional Mercal-Zulia, a decir por la parte accionante, sin haber incurrido en falta alguna prevista el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo. Y que por tales motivos acuden ante esa instancia para solicitar el reenganche a su puesto de trabajo y el pago de los salarios caídos.

…omissis…

En fecha 23 de diciembre de 2009, el Ejecutivo Nacional mediante Decreto Presidencial No. 7.154, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.334 de fecha 23 de diciembre de 2009, prorrogó la Inamovilidad Laboral desde el 1 de enero de 2010, hasta el 31 de Diciembre de 2010, entre otros para los trabajadores que devenguen un salario básico mensual menor al equivalente a 3 salarios mínimos. De tal manera que, observándose que el salario mensual de la parte actora [Bs. 2.047,59] no excede de 3 salarios mínimos, trae como consecuencia que, la ciudadana A.R.G.A. parte actora en la presenta causa, este amparada por el decreto de inamovilidad mencionado arriba, razón por la cual lleva la convicción de este Juzgador a declarar la falta de jurisdicción con respecto a la Administración Pública, en este procedimiento, correspondiendo su tramitación, específicamente al Ministerio del Poder Popular para

el Trabajo y la Seguridad Social, Inspectoría del Trabajo con sede en Ciudad Ojeda del Municipio Lagunillas en el Estado Zulia, de conformidad con lo contemplado en el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE DECIDE.

Finalmente y tomando como fundamento los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, se ordena remitir los autos correspondientes al Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político-Administrativa, a los fines de la consulta obligatoria.

Por consiguiente, este JUZGADO (…), declara su FALTA DE JURISDICCIÓN para sustanciar, mediar y ejecutar el presente expediente, en virtud de que, éste debe ser tramitado por la Inspectoría del Trabajo con sede en Ciudad Ojeda del Municipio Lagunillas en el Estado Zulia, organismo perteneciente al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social de la Administración Pública. Cúmplase con lo dispuesto en el artículo 62 del Código de Procedimiento Civil. ASI SE DECIDE…

(sic). (Mayúsculas de la decisión).

En virtud de la sentencia parcialmente transcrita, el referido Juzgado en fecha 3 de junio de 2010 remitió el expediente a esta Sala.

II

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

La Sala observa que la sentencia consultada fue emitida el 2 de junio de 2010, antes de la entrada en vigencia de la novísima Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.447, de fecha 16 de junio de 2010 (reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 de ese mes y año). Dicha Ley dispone el régimen de competencias atribuido a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en su artículo 23.20, que reza:

Artículo 23. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es competente para conocer de:

…omissis…

20. Las consultas y recursos de regulación de jurisdicción

.

Se evidencia que la normativa de la nueva Ley determina el mismo régimen competencial del Código de Procedimiento Civil, que es el aplicable ratione temporis.

En sentencia de fecha 2 de junio de 2010 el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia declaró su falta de jurisdicción para conocer la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, incoada por la ciudadana Á.R.G.Á., al considerar que le correspondía a la Inspectoría del Trabajo respectiva el conocimiento del presente asunto, por encontrarse la trabajadora presuntamente amparada por la inamovilidad laboral especial decretada por el Ejecutivo Nacional.

El artículo 187 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo dispone que el trabajador despedido puede acudir ante el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución si considera que el despido no está fundamentado en alguna causa legal, para que el Juez de juicio lo califique, y en caso de constatar la falta de justificación, ordene su reenganche y el pago de los salarios caídos.

De igual forma, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece en el ordinal 2° del artículo 29 la competencia de los Tribunales del Trabajo para conocer de "...las solicitudes de calificación de despido o de reenganche, formuladas con base en la estabilidad laboral consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la legislación laboral"; sin embargo, la Ley Orgánica del Trabajo precisa situaciones en las que es exigida la calificación previa del despido ante la Inspectoría del Trabajo, en virtud de la inamovilidad que podrían disfrutar en un momento determinado los trabajadores, entre las cuales figuran: a) la mujer en estado de gravidez, b) los trabajadores que gocen de fuero sindical, c) los trabajadores que tengan suspendida su relación laboral y d) los que estén discutiendo convenciones colectivas.

Adicionalmente, requieren de la calificación de despido previa del respectivo órgano administrativo los supuestos de inamovilidad laboral cuando ésta es decretada por el Ejecutivo Nacional en uso de las potestades que la Constitución y la Ley le confieren. (Resaltado de la Sala).

Con relación a la causal de inamovilidad antes referida, consta en autos (folios 56 al 60) decisión de fecha 2 de junio de 2010, en la cual el Juzgado consultante declaró su falta de jurisdicción con fundamento en que la trabajadora se encontraba, para la fecha del despido, presuntamente amparada por el Decreto Presidencial N° 7.154 del 23 de diciembre de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.334 de la misma fecha, que prorrogó desde el 1° de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año la inamovilidad laboral especial dictada a favor de los trabajadores del sector público y privado regidos por la Ley Orgánica del Trabajo.

Sin embargo, de la revisión de las actas procesales se observa (folio 1 del expediente) que la ciudadana Á.R.G.Á. fue despedida en fecha 28 de diciembre de 2009 del cargo de “Jefe del Mercal Nueva Venezuela”, por lo que para ese momento resultaba aplicable el Decreto de Inamovilidad Laboral N° 6.603 del 29 de diciembre de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.090 del 2 de enero de 2009, y no como erróneamente lo consideró el juez remitente en su decisión.

En el referido Decreto se estableció lo siguiente:

Artículo 1.- Se prorroga desde el primero (1°) de enero del año dos mil nueve (2009) hasta el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil nueve (2009), ambas fechas inclusive, la inamovilidad laboral especial dictada a favor de los trabajadores del sector privado y del sector público regidos por la Ley Orgánica del Trabajo, contenida en el Decreto N° 5.752 de fecha veintisiete (27) de diciembre del año dos mil siete (2007), publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.839 de fecha veintisiete (27) de diciembre del año dos mil siete (2007).

Artículo 2.- Los trabajadores amparados por la prórroga de la inamovilidad laboral especial no podrán ser despedidos, desmejorados, ni trasladados, sin justa causa, calificada previamente por el Inspector del Trabajo de la jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 453 de la Ley Orgánica del Trabajo. El incumplimiento de esta norma dará derecho al trabajador a solicitar el reenganche y pago de salarios caídos correspondiente. Ello no excluye la posibilidad de convenios o acuerdos entre patronos, por una parte, y trabajadores, por la otra, para lograr la reducción de personal, mediante el procedimiento de negociación colectiva voluntaria establecido en el ordenamiento jurídico vigente.

…omissis…

Artículo 4.- Quedan exceptuados de la aplicación de la prórroga de la inamovilidad laboral especial prevista en este Decreto, los trabajadores que ejerzan cargos de dirección, quienes tengan menos de tres (3) meses al servicio de un patrono, quienes desempeñen cargos de confianza, los trabajadores temporeros, eventuales y ocasionales; quienes devenguen para la fecha del presente decreto un salario básico mensual superior a tres (03) salarios mínimos mensuales y los funcionarios del sector público quienes conservarán la estabilidad prevista en la normativa legal que los rige…

. (Destacado de la Sala).

De las normas transcritas se evidencia la imposibilidad de despedir a un trabajador amparado por la inamovilidad establecida en el referido Decreto Presidencial, durante el período comprendido en la primera de las citadas disposiciones, a menos que exista una causa justificada debidamente comprobada por el Inspector del Trabajo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 453 de la Ley Orgánica del Trabajo.

En lo referente al salario mínimo, la Sala constata que para la fecha del despido (28 de diciembre de 2009), se encontraba vigente el Decreto N° 6.660 de fecha 30 de marzo de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.153 del día 3 de abril de ese mismo año, que prevé:

Artículo 1°. Se fija aumento del veinte por ciento 20% del salario mínimo nacional mensual obligatorio para las trabajadoras y trabajadores que presten servicios en los sectores públicos y privados en jornada diurna, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2° de este Decreto, cancelando la cantidad mensual de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON TREINTA CÉNTIMOS (Bs. 879,30), esto es VEINTINUEVE BOLÍVARES CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 29,31) diarios a partir del 1° de mayo de 2009, el cual representa un aumento del diez por ciento (10%), y el diez por ciento (10%) restante se incrementará el 1° de septiembre del año en curso, quedando a partir de esta fecha en la cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE BOLÍVARES CON CINCUENTA CÉNTIMOS (Bs. 967,50), esto es, TREINTA Y DOS BOLÍVARES CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (Bs. 32,25) diarios.

El salario mínimo nacional obligatorio corresponderá a las trabajadoras y trabajadores urbanos, rurales, domésticos, y de conserjería, independientemente del número de trabajadores y trabajadoras que presten servicio para el patrono

. (Destacado del texto).

En consideración a las normas precedentemente transcritas, observa esta Sala que la accionante en su solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos alegó lo siguiente: 1) que comenzó a prestar sus servicios el día 10 de enero de 2004, y fue despedida el 28 de diciembre de 2009, acumulando más de tres (3) meses de antigüedad; 2) percibía un salario básico mensual de dos mil cuarenta y siete bolívares con cincuenta y nueve céntimos (Bs. 2.047, 59), por lo que se constata que devengaba un salario inferior a los tres salarios mínimos mensuales establecido en el Decreto Presidencial N° 6.660 de fecha 30 de marzo de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.153, cuya sumatoria es la cantidad de tres mil ciento noventa y dos con setenta y cinco céntimos (Bs. 2.902,50).

En cuanto al tercer requisito, esto es, si la trabajadora era de dirección o de confianza, se evidencia del escrito libelar que la ciudadana Á.R.G.Á. ejercía el cargo de “Jefe del Mercal Nueva Venezuela”, y las funciones inherentes a dicho cargo eran “recibir mercancía de los centros de acopio, registrar en el sistema la mercancía, realizar corte de caja de las ventas diarias y remitir las ventas con el servicio panamericano al banco, relacionar la asistencia del personal a recurso humanos para el pago de[l] cesta ticket, los reposos y faltas injustificadas del personal, reportar ventas e inventarios diarios, recibir y recepcionar mercancía a proveedores directos enviados por la coordinación [y] supervisar que se lleve a cabo las funciones del personal auxiliar de almacén y cajeras”.

Con fundamento en lo antes expuesto, este M.T. puede presumir que la trabajadora ostentaba, para el momento de efectuarse el despido, un cargo de confianza. Por tal razón, al no cumplir la ciudadana Á.R.G.Á. con uno de los supuestos requeridos por el precitado Decreto Presidencial N° 6.603 del 29 de diciembre de 2008, queda exceptuada de la aplicación de la inamovilidad laboral. En consecuencia, concluye esta Sala que el Poder Judicial sí tiene jurisdicción para conocer y decidir de la presente solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios. Así se declara.

III

DECISIÓN

Atendiendo a los razonamientos expresados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el PODER JUDICIAL SÍ TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la solicitud de calificación de despido, intentada por la ciudadana Á.R.G.Á., contra la sociedad mercantil MERCADOS DE ALIMENTOS C.A. (MERCAL, C.A.).

En consecuencia, se REVOCA la decisión consultada de fecha 2 de junio de 2010, dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, al cual se ordena remitir el expediente, a los fines de que continúe su curso de Ley.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintisiete (27) días del mes de julio del año dos mil diez (2010). Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación.

La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

La Vicepresidenta

Y.J.G.

Los Magistrados,

L.I. ZERPA

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

E.G.R.

Ponente

La Secretaria,

S.Y.G.

En veintiocho (28) de julio del año dos mil diez, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00765.

La Secretaria,

S.Y.G.

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