Jurisprudencia Administrativa y Constitucional (Corte Suprema de Justicia y Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo): Enero-Diciembre 2001

Autor:Mary Ramos Fernandez y Marianella Villegas Salazar
Páginas:43-504
 
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Información Jurisprudencial
Jurisprudencia Administrativa y Constitucional
(Tribunal Supremo de Justicia y Corte Primera
de lo Contencioso-Administrativo):
Año 2001
Selección, recopilación y notas
por Mary Ramos Fernández
Abogado
Secretaria de Redacción de la Revista
Marianella Villegas Salazar
Abogado Asistente
SUMARIO
I. EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL Y FUNCIONAL DEL ESTADO
1. El Ordenamiento Jurídico. A. La Constitución. a. Régimen trans itorio. b. Exposición de Motivos.
Normas programáticas. B. La Ley. a. Interpretación de la Ley. b. Colisión de leyes. 2. El régimen
democrático. A. El régimen electoral: Nulidad de elecciones. 3. Actuación internacional de la Repú-
blica. A. Tratados internacionales: Actos ratificatorios. 4. La responsabilidad del Estado y de los fun-
cionarios. A. Responsabilidad administrativa. a. Responsabilidad administrativa extracontractual. b.
Prescripción de las acciones por responsabilidad del Estado.
II. DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
1. Limitaciones. 2. Garantías Constitucionales. A. Las garantías del debido proceso. a. Derecho a la
defensa. b. Presunción de inocencia. c. La garantía de la d oble instancia. 3. Derechos Individuales. A.
Libertad personal. B. Derecho a la inviolabilidad del hogar doméstico. C. Derecho a la libre expre-
sión del pensamiento y a la información. 4. Derechos Sociales. A. Derecho a la educación: Supervi-
sores itinerarios nacionales. B. Derecho a la salud. C. Derechos Laborales: Derecho a la sindicaliza-
ción. 5. Derechos Políticos. A. Derecho al sufragio. B. Derecho a postular candidatos.
III. EL ORDENAMIENTO ORGÁNICO DEL ESTADO
1. El Poder Nacional. A. El Poder Judicial. a. Principios de la administración de just icia: Ausencia de
formalismos y reposiciones inútiles. b. Tribunal Supremo de Justicia. a’. Sitio web. b’ Sala Plena:
Competencias. c. Régimen administrativo de la administración de justicia. d. Sanciones disciplinarias
por parte de los jueces. e. Vacaciones judiciales. f. Medios alternativos de resolución de conflictos:
Arbitraje. B. El Poder Ejecutivo y la Administración Pública. a. Organización administrativa. a’.
Administración Central: Procuraduría General de la República (participación en juicio). b. Potestad
sancionadora. c. El Poder Ciudadano: Contraloría General de la República (reparos). C. El Poder
Electoral. a. Organización: Despartidización. 2. El Poder Estadal: Consejos Legislativos (competen-
cias). 3. El Poder Municipal. A. Los Municipios. a. Creación. b. Autonomía municipal.
REVISTA DE DERECHO PÚBLICO N° 85-86 / 87-88 - 2001
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IV. EL ORDENAMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO
1. Sistema Económico. 2. Derecho a la libertad económica. 3. Régimen de la promoción y protec-
ción de la inversión. A. Contratos de estabilidad jurídica. a. Régimen impositivo. b. Principio de
igualdad y no discriminación.
V. EL ORDENAMIENTO TRIBUTARIO DEL ESTADO
1. Principios del sistema tributario. A. Principios de la progresividad. B. Prohibición de tributa-
ción confiscatoria. 2. Impuestos Municipales: Autonomía tributaria.
VI. LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
1. El Procedimiento Administrativo. A. Principio de la confianza legítima B. Potestad de autotutela
2. Reglamentos: Derogación tácita. 3. Contratos Administrativos: Extinción de la concesión.
VII. LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
1. El Contencioso Administrativo de Anulación. A. Competencia. a. Actos de los inspectores del
trabajo. b. Actos del Banco Central de Venezuela. B. Procedimiento. a. Emplazamiento. b. Notifi-
caciones. c. Cuestiones previas. d. Caución de solvencia judicial. e. Medidas cautelares. a’. Medi-
das provisionalísimas. f. Suspensión de efectos del acto administrativo. g. Procedimientos de se-
gunda instancia. C. Perención. 2. El Contencioso Administrativo de Anulación y Amparo: Proce-
dimiento. 3. El Contencioso Administrativo de Interpretación: Competencia. 4. El Contencioso
Administrativo de las Demandas. A. Partes: Citación del Banco Central de Venezuela. 5. El Con-
tencioso Administrativo de los Contratos. 6. El Contencioso Administrativo Especial. A. El Con-
tencioso Administrativo Funcionarial: Competencia. B. El Contencioso Administrativo Electoral.
a. Competencia. b. Admisibilidad. a’. Legitimación. b’. Lapso de caducidad. c. Pruebas: Oposi-
ción. C. El Contencioso Administrativo Inquilinario. a. Sentencia: Poderes del juez (fijación del
canon de arrendamiento).
VIII. LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL
1. Control de la Constitucionalidad. A. Control difuso y control concentrado: Principios generales.
B. Control concentrado. a. Objeto de la Jurisdicción Constitucional. b. Poderes de oficio de la Sala
Constitucional. c. Poderes normativos de la Sala Constitucional. d. Control incidental de la consti-
tucionalidad. 2. Recurso de revisión constitucional. 3. Control Previo de la Constitucionalidad de
Actos Estatales. A. Proyectos de Leyes Nacionales. B. Leyes Orgánicas. 3. Acción de Inconstitu-
cionalidad. A. Objeto: Leyes preconstitucionales. B. Suspensión de efectos de un acto de carácter
normativo. 5. Acción de Amparo Constitucional. A. Competencia. a. Distribución de la competen-
cia. b. Órganos: Tribunales laborales. B. Carácter de la acción: Carácter extraordinario. C. Amparo
sobrevenido. D. Motivos. a. Violación directa de derechos y garantías constitucionales b. Impro-
cedencia in limine. E. Objeto. a. Amparo contra conductas omisivas. b. Amparo contra sentencias.
F. Admisibilidad. a. Legitimación activa: Intereses colectivos y difusos. b. Procedimiento. G. Pro-
cedimiento. a. Aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil. b. Interposición de la ac-
ción. c. Acumulación. d. Correcciones procesales. H. Prueba. I. Sentencia. a. Incumplimiento. b.
Apelación y consulta. c. Extensión de los efectos del fallo. J. Abandono del trámite. 5. Acción de
Amparo a la Libertad y Seguridad Personales: Competencia. 6. Acción de Habeas Data.
JURISPRUDENCIA
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I. EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL Y FUNCIONAL DEL ESTADO
1. El Ordenamiento Jurídico
A. La Constitución
a. Régimen transitorio
TSJ-SC (457) 5-4-2001
Magistrado Ponente: José M. Delgado Ocando
Caso: Recurso de Interpretación de los artículos 230 y 231 de la Consti-
tución de la República Bolivariana.
La transitoriedad entre la Constitución de 1961 y la de 1999 no es
la transitoriedad propia de un conflicto de leyes en el tiempo, sino la
transitoriedad procesal que pone en vigencia una nueva Constitución
por medio de posibilidades normativas contenidas en la misma.
Siendo, pues, que subyace a la pretensión planteada, el tema de la transitoriedad, la Sala
estima necesario hacer, una vez más, algunas consideraciones al respecto.
En primer lugar, debe distinguirse entre las transitoriedades contingentes y las transito-
riedades necesarias u ontológicas. La contingencia alude al hecho de que el legislador resuel-
ve los conflictos de leyes en el tiempo según el carácter público o privado de ellas, y confor-
me al interés que pueda resultar afectado, como se observa en el derecho penal o procesal, o
en el caso de un cambio revolucionario que fractura la continuidad institucional. Pero, en
vista de que la nueva Constitución surgió en un proceso de producción originaria (en tanto
autorizado directamente por el pueblo como detentador del poder constituyente originario, a
diferencia del poder constituyente derivado -nos referimos a la reforma o enmienda constitu-
cionales-) sin fractura del orden jurídico, la transitoriedad entre un ordenamiento constitucio-
nal y otro, luce necesaria e inherente al referido proceso; de allí que las normas nacidas del
cambio constitucional (tanto las dictadas por la Asamblea Nacional Constituyente como las
disposiciones transitorias dispuestas en la Constitución vigente), no suponen un conflicto
normativo en tanto configuran la dinámica constituyente cumplida en actos que van integran-
do temporalmente el sistema constitucional en dos niveles, a saber, el de vigencia determina-
da, destinado a poner en pleno vigor la nueva Constitución, y el de vigencia indeterminada
que corresponde al estrato normativo, sucedáneo básico, de la Constitución abrogada.
Se ve, por tanto, que la transitoriedad entre la Constitución de 1961 y la de 1999, no es
la transitoriedad propia de un conflicto de leyes en el tiempo, sino la transitoriedad procesal
que pone en vigencia una nueva Constitución por medio de posibilidades normativas conte-
nidas en la Constitución que la autoriza. El carácter sistemático del orden constitucional
nacido del Referendo del 25-04-99, y sobre todo, la vigencia de sus normas, constituye una
producción originaria en etapas sucesivas, las cuales han venido construyendo la norma bási-
ca procesalmente, del mismo modo que el juicio ordinario produce la sentencia que dirime el
conflicto.
La transitoriedad en que consiste, pues, el proceso constituyente, es un proceso inmanente
a la producción originaria sin censura institucional; cualquier otra tesis hubiera supuesto una
ruptura de la continuidad normativa, y, por eso, el carácter necesario de la transitoriedad entre
las dos Constituciones, debe plantearse en términos de transitoriedad inmanente.

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