Jurisprudencia Administrativa y Constitucional (Corte Suprema de Justicia y Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo): Enero-Diciembre 1998
| Autor | Mary Ramos Fernández |
| Páginas | 19-373 |
Información Jurisprudencial
Jurisprudencia Administrativa y Constitucional
(Corte Suprema de Justicia y Corte Primera
de lo Contencioso-Administrativo):
Año 1998
Selección, recopilación y notas
por Mary Ramos Fernández
Abogado
Secretaria de la Redacción de la Revista
SUMARIO
I. EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL Y FUNCIONAL DEL ESTADO
1. El Ordenamiento Jur ídico. A. Vigencia de la Ley: Irretroactividad. B. Colisión de Leyes. 2 . El
Poder Judicial. A. Corte Suprema de Justicia. a. Avocamiento. b. Antejuicio de Mérito. B. Juris-
dicción Militar. Competencia. C. Jurisdicción y competencia. D. Régimen de los jueces: Procedi-
miento disciplinario. 3. El Poder Ejecutivo. Competencia.
II. DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
1. Régime n Constitu cional: De rechos inh erentes a la person a humana . A. D erecho a la vida.
B. Derecho a la igual dad y a la no discriminación. C. Derecho al libre desenvolvimiento de la
personalidad. D. Derecho a la protección del honor, reputación y vida privada. E. Derecho a la in-
violabilidad de la correspondencia. F. Derecho a la libertad de circulación. G. Derecho de petición
y obtener oportuna respuesta. H. Derecho al debido proceso. I. Derecho a la Defensa. 2. Derechos
Sociales. A. Derecho a la educación. B. Derecho a la salud. C. Derechos fundamentales del me-
nor. Derecho a la Identidad. D. Derecho al trabajo. E. Derecho a la seguridad social. 3. Derechos
Económicos. A. Derecho a la libertad económica. B. Derecho a la legalidad tributaria.
III. EL ORDENAMIENTO ORGÁNICO DEL ESTADO
1. La República. A. Competencia nacional. a. Minas e hidrocarb uros. b. Régimen de juegos y
apuestas. c. Tránsito aéreo. 2. Los Estados. A. Gobernador. Condiciones de elegibilidad. 3. Terri-
torio Federal. A. Creación del Estado Vargas; Distrito Federal y Territorios Federales. 4. Munici-
pios. A. Alcaldes. a. Condiciones de elegibilidad. b. Obligación de residencia.
IV. ORDENAMIENTO ECONÓMICO
1. Régimen del servicio público.
V. LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
1. El procedimiento administrativo. A. Derecho de los Administrados: Derecho a la defensa. 2.
Los actos administrativos. A. Motivación.
REVISTA DE DERECHO PÚBLICO Nº 73–74 / 75-76 / 1998
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VI. LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL
1. Acción de Inconstitucionalidad. 2. La acción de inconstitucionalidad y amparo. A. Competen-
cia. B. Procedencia. C. Inadmisibilidad de la acción de amparo. 3. Acción de Amparo Constitucio-
nal. A. Competencia. a. Órganos. a’. Corte Suprema de Justicia. a”. Corte Plena. b”. Sala Político
Administrativa. c”. Sala de Casación Civil. b’. Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo.
c’. Otros tribunales. a”. Tribunal de la Carrera Administrativa. b”. Tribunales con Jurisdicción P e-
nal. c”. Tribunal Superior Agrario. 4. Cuestiones de competencia. 5. Carácter de la acción. A.
Carácter personalísimo. B. Carácter restablecedor. 6. Objeto. A. Amparo contra normas. B. Am-
paro contra sentencias . a. Amparo contra decisiones judiciales. Medida cautelar. 7. Procedi-
miento. A. Admisibilidad. B. Inadmisibilidad. C. Legitimación. D. Medidas cautelares. E. Partes.
8. Sentencia. A. Poderes del Juez. B. Costas.
VII. LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
1. Órganos. A. Corte Suprema de Justicia. B. Tribunales Superiores contencioso-admimistrativos.
2. El Contencioso-Administrativo de anulación. A. Objeto. Actos recurribles. B. Motivos. a’.
Cuestiones de orden procesal. a’. Cuestiones de mero derecho. C. Admisibilidad. a. Legitimidad
activa. b. Agotamiento de la vía administrativa. c. Aspectos del procedimiento. a ’. Procedimiento
de vigencia. d. Lapsos procesales. D. Notificación. a. Cartel de emplazamiento. 3 . Medidas caute-
lares. 4. Suspensión de efectos del acto administrativo. A. Procedencia. B. Improcedencia. 5. Las
partes. Tercero interesados. 6. Pruebas. 7. Sentencia. A. Vicios. B. Efectos. C. Ejecución. D. De-
sistimiento. E. Perención. 8. El contencioso administrativo de a nulación y amparo. A. Competen-
cia. a. Corte Suprema de Justicia. b. Corte primera de lo contencioso administrativo. c. Tribunales
Superiores Contencioso-Administrativo. B. Admisión. a. Inadmisibilidad. b. Improcedencia del
amparo. 9. El contencioso administrativo de interpretación. 10. El contencioso administrativo
contra la abstención o negativa de la administración. 11. El contencioso administrativo de las
demandas contra los entes públicos. A. Cuestiones previas. a. Relativos a contratos de interés n a-
cional. 12. Recurso contencioso administrativo especial. A. Contencioso funcionarial. a. Compe-
tencia. B. Contencioso tributario. 13. Contencioso-administrativo de los conflictos entre autorida-
des.
VIII. PROPIEDAD y EXPROPIACIÓN
1. Propiedad. A. Derecho de propiedad.
IX. FUNCIONARIOS PÚBLICOS
1. Régimen legal estatutario. 2. Ámbito de aplicación de la Ley de Carrera Administrativa 3. Fun-
cionarios excluidos de la aplicación de la Ley de Carrera Administrativa. A. Funcionarios peni-
tenciarios. 4. Clases de funcionarios. 5. Derechos. 6. Cargos. 7. Terminación de la relación de
empleo: Destitución.
I. ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL Y FUNCIONAL DEL ESTADO
1. El Ordenamiento Jurídico
A. Vigencia de la Ley: Irretroactividad
CSJ-CP 12-2-98
Magistrado Ponente: Alirio Abreu Burelli
JURISPRUDENCIA
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La Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, al estable-
cer la terminación del período de los actuales M iembros del Consejo
Supremo Electoral, no afectó hechos consumados bajo la vigencia de
la anterior ley, sino que ordenó su aplicación a los efectos posteriores
a la promulgación de la Ley, de un acto de designación celebrado ba-
jo la Ley anterior. o sea que mediante sus disposiciones de orden
público, alteró una situación en curso, sólo en cuanto a sus efectos
posteriores a la promulgación de la norma legal.
Al establecer él artículo 135 de la Constitución que los períodos constitu cionales del
Poder Nacional duraran cinco años, se refiere a aquellos cargos y funciones de rango consti-
tucional, los cuales duraran ese período, salvo disposición de la propia Ley Suprema, sin que
ese período pueda ser modificado por una norma de rango inferior. Diferente es la situación
de otros cargos establecidos por la Ley la cual determinara la duración del período durante el
cual se ejercerá la función publica, de estar esta sometida a una duración determinada.
No crea la Constitución el Consejo Supremo Electoral, sino que este fue establecido por
Ley, y por una norma del mismo rango puede ser eliminado, o modificado en su regulación,
incluso en la duración del período de sus miembros.
Ahora bien, se aduce que la aplicación de la Ley a los actuales Miembros del Consejo
Supremo Electoral constituye una aplicación retroactiva d e la norma legal, que infringe los
derechos del solicitante del amparo.
Reseña Joaquín Sánchez Covisa en su trabajo “La Vigencia Temporal de la Ley en el
Ordenamiento Ju rídico Venezolano”, la posición de Roubier, de acuerdo con la cual la ley
tendrá efectos retroactivos cuando se apliq ue a hechos consumados o a situaciones en curso
en la parte que es anterior al cambio de legislación, mas no tendrá efecto retroactivo, sino
efecto inmediato, cuando se aplique a hechos futuros o a situaciones en curso en la parte que
es posterior al cambio de legislación; para luego precisar lo siguiente:
“Una nueva ley se aplicará o no a las relaciones en curso, según sus preceptos sean o no de or-
den público, es decir, según no sean o sean modificables por la voluntad de los particulares”.
“...Siendo la propia le y quien determina si sus preceptos son o no son de orden público, ella
es exclusivamente la que decide en que medida debe aplicarse a los efectos futuros de las re-
laciones existentes”.
De la aplicación del criterio trascrito, que esta Corte acoge para la resolución del presen-
te caso, resulta que la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, al establecer la
terminación del período de los actuales Miembros del Consejo Supremo Electoral, no afectó
hechos consumados bajo la vigencia de la anterior ley, sino que ordeno su aplicación a los
efectos posteriores a la promulgación de la ley, de un acto de designación celebrado bajo la
ley anterior, o sea que mediante sus disposiciones de orden público, alteró una situación en
curso, sólo en cuanto a sus efectos posteriores a la promulgación de la norma legal. En conse-
cuencia, no se incurre en violación de la prohibición constitucional de retroactividad de la ley.
Voto Salvado del Magistrado Héctor Grisanti Luciani.
El Magistrado Dr. Héctor Grisanti Luciani disiente de la mayoría sentenciadora, del an-
terior fallo, en los siguientes términos:
1) Irretroactividad de la Ley.
Dice la sentencia: “De la aplicación del criterio trascrito, que esta Corte acoge para la
resolución del presente caso, resulta que la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Polít i-
ca, al establecer la te rminación del período de los actu ales miembros del Consejo Supremo
Electoral, no afectó hechos consumados bajo la vigencia de la anterior ley, sino que ordene
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