Jurisprudencia Administrativa y Constitucional (Tribunal Supremo de Justicia y Cortes de lo Contencioso Administrativo): cuarto trimestre de 2005

Autor:Mary Ramos Fernández y Marianella Villegas Salazar
Páginas:67-246
 
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Información Jurisprudencial
Jurisprudencia Administrativa y Constitucional
(Tribunal Supremo de Justicia y
Cortes de lo Contencioso Administrativo):
Cuarto Trimestre de 2005
Selección, recopilación y notas
por Mary Ramos Fernández
Abogado
Secretaria de Redacción de la Revista
Marianella Villegas Salazar
Abogado Asistente
SUMARIO
I. EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL Y FUNCIONAL DEL ESTADO
1. El Ordenamiento Jurídico. A. La Constitución: La defensa o protección de la Constitución:
Instrumentos de protección. B. Régimen de los estados de excepción. 2. Principios fundamenta-
les del Estado: Seguridad y Defensa de la Nación.
II. DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
1. Garantías Constitucionales. A. La garantía de igualdad ante la ley: Igualdad entre nacionales
y extranjeros. B. Las garantías del debido proceso. a. Presunción de inocencia. b. Derecho a la
defensa. C. Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. 2. Derechos Individuales: Derecho a la Liber-
tad Personal. 3. Derechos Políticos. A. Derechos de los miembros de la Fuerza Armada Nacio-
nal. B. Derecho a la participación política. a. Participación en materia de salud. C. Derecho al
sufragio. a. Limitaciones. b. Principio de elección directa. c. Carácter secreto del voto. d. Siste-
ma de Escrutinio. e. Nulidad de elecciones.
III. EL ORDENAMIENTO ORGÁNICO DE L ESTADO
1. Régimen del ejercicio del Poder Público Nacional. A. Competencias del Poder Nacional.
a. Organización y funcionamiento de los órganos del Poder Público Nacional. a’. Organización
y Administración de la Justicia. b’. Defensoría del Pueblo. b. Estatuto de la Función Pública.
c. Régimen de la seguridad social: jubilaciones y pensiones de funcionarios públicos. d. Potes-
tad tributaria para gravar el consumo de cerveza y otros licores. B. El Poder Ejecutivo. a. La
Administración Pública. Administración Descentralizada. á. Institutos Autónomos: Privilegios y
prerrogativas. b’. Universidades. C. El Poder Judicial. a. La Administración de Justicia: Nuevos
criterios jurisprudenciales. b. Régimen de los jueces: Régimen disciplinario. c. Órganos. Tribunal
Supremo de Justicia. a’. Conflictos entre Salas: Compe tencia de la Sala Constitucional. b’. Facul-
tad de avocamiento. c’. Antejuicio de mérito. d’. Procedimiento disciplinario: Inspector General
de Tribunales. 2. El Poder Estadal. Procuradores Estadales: Representación en juicio. 3. El
Poder Municipal. Los Municipios: Competencias de los Concejos Municipales (Enajenación de
ejidos).
IV. EL ORDENAMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO
1. Régimen cambiario y monetario. 2. Propiedad y Expropiación. A. Expropiación. a. El Proce-
dimiento Judicial Expropiatorio. a’. Admisión de la solicitud. b’. Medidas cautelares. b. Ocupa-
ción previa. c. Avalúo previo.
REVISTA DE DERECHO PÚBLICO N° 104 / 2005
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V. EL ORDENAMIENTO TRIBUTARIO DEL ESTADO
1. Principios del sistema tributario. A. Generalidad del tributo. B. Capacidad contributiva.
C. Prohibición de tributación confiscatoria. 2. Obligación tributaria: Transacciones fiscales.
3. Impuestos Nacionales. Impuesto Sobre La Renta: Pérdidas en cambio.
VI. LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
1. El Procedimiento Administrativo. A. Notificación. B. Medidas cautelares (Medidas anticipa-
das). C. Silencio Administrativo. 2. Actos Administrativos. A. Vicios. a. Vicios de fondo: Falso
supuesto de hecho. b. Vicios de forma: Inmotivación. c. Ejecución.
VII. LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
1. Órganos: Tribunales Agrarios. 2. El Contencioso Administrativo de Anulación. A. Admisibi-
lidad: Legitimación. B. Las Partes en el Procedimiento: Cartel de Emplazamiento: Notificación
personal. C. Medidas Cautelares. a. Suspensión de efectos del acto administrativo: (Multas) ca-
rácter automático. Desaplicación. b. Medidas innominadas. D. Sentencia. a. Condena: Correc-
ción Monetaria. b. Corrección. c. Impugnación: Recurso de Casación. Improcedencia. F. Otras
formas de terminación: Perención. 3. El Contencioso Administrativo de Interpretación. A.
Competencia. B. Requisitos de admisibilidad. 4. El Contencioso Administrativo de las Deman-
das contra los Entes Públicos. A. Pruebas. B. Sentencia. a. Ejecución Forzosa. b. Impugnación:
Improcedencia del recurso de casación. 5. El Contencioso Administrativo de los Contratos. 6. El
Contencioso Administrativo Especial. A. El Contencioso Administrativo Tributario. a. Suspen-
sión de efectos del acto administrativo. b. Pruebas. a’. Principio de libertad de los medios de
pruebas. b’. Medios de pruebas. a’’. Perito testigo. b’’. Copias certificadas. B. El Contencioso
Administrativo de la Propiedad Intelectual. C. El Contencioso Administrativo de los Conflictos.
Controversias Administrativas: Competencia de la Sala Político Admi nistrativa.
VIII. LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL
1. Objeto de la Jurisdicción Constitucional: Acumulación de pretensiones. 2. Acción de Incons-
titucionalidad. A. Objeto. a. Leyes: Violación del procedimiento para la discusión, sanción y
promulgación de las Leyes Estadales y las Ordenanzas, contenido en una Ley Orgánica. B. Me-
didas Cautelares. 3. Recurso de Revisión de Sentencias en materia Constitucional. 4. Acción de
Amparo Constitucional. A. Competencia. Órganos: Corte Marcial. B. Admisibilidad: Legitima-
ción. C. Inadmisibilidad. a. Ejecución de actos de las Inspectorías del Trabajo. b. Existencia de
medios judiciales ordinarios. D. Medidas Cautelares. E. Sentencia. a. Apelación. b. Consulta
obligatoria.
I. EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL Y FUNCIONAL DEL ESTADO
1. El Ordenamiento Jurídico
A. La Constitución: La defensa o protección de la Constitución: Instrumentos de
protección
TSJ-SC (3567) 6-12-2005
Magistrado Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero
Caso: Impugnación de los artículos 16 y 27 de la Ley Orgánica sobre
Estados de Excepción.
El denominador común de los mecanismos que la propia Cons-
titución ordena para garantizar su respeto y vinculación, como or-
den normativo fundamental y supremo del Estado es uno solo:
brindar continuidad al orden normativo fundamental que impone
la Constitución; garantizar, pues, con vocación de permanencia,
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los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el
bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la
ley para ésta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida,
al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la
igualdad sin discriminación ni subordinación alguna”, tal y como
postula el preámbulo de nuestra Carta Magna.
De modo preliminar, la Sala estima necesario elaborar un breve marco teórico acerca
del denominado derecho de excepción o derecho de necesidad, para que -a partir de las pre-
misas en él ordenadas- sean analizadas las denuncias de inconstitucionalidad planteadas en
contra del instrumento legal que regula precisamente dichas figuras.
Para iniciar cualquier disertación a este respecto, debe abordarse uno de mayor enver-
gadura: la defensa o protección de la Constitución. Ello así, por cuanto nuestra propia Carta
Magna regula bajo esta amplia denominación (cfr. su TÍTULO VIII) un conjunto de meca-
nismos diferenciados, dentro de los cuales se encuentran los estados excepción.
En este sentido, el constitucionalismo contemporáneo sitúa la “protección de la Cons-
titución” más allá de las defensas que puedan blandirse en contra de amenazas provenientes
de enemigos internos o externos del Estado (entendido en su mayor y más noble acepción, no
sólo como estructura de poder). A tal punto se han ampliado los alcances de dicha voz, que a
ella se han relacionado todos y cada uno de los mecanismos que la propia Constitución orde-
na para garantizar su respeto y vinculación, como orden normativo fundamental y supremo
del Estado; garantizar, pues, la pervivencia del Estado constitucional. (vid. STERN, Klaus,
Derecho del Estado de la República Federal Alemana, Ed. Centro de Estudios Constituciona-
les, Madrid, 1987, pp. 366-382).
Esta extensa concepción de los medios de defensa o protección de la Carta Magna,
nutre sin lugar a dudas la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo Títu-
lo VIII fue ordenado en la forma siguiente:
“TÍTULO VIII
DE LA PROTECCIÓN DE ESTA CONSTITUCIÓN
Capítulo I
De la Garantía esta Constitución
Artículo 333 a 336 (omissis)
Capítulo II
De los Estados de Excepción
Artículo 337 a 339 (omissis)
La lectura de las normas transcritas, da cuenta de una diversa gama de instrumentos,
instituciones y medidas que la propia Constitución estatuyó, en salvaguarda del orden fun-
damental normativo que de ella dimana, como expresión del consenso básico del pueblo que
legitimó su dictado. Así, por ejemplo, en ellas se instaura la jurisdicción constitucional y las
principales herramientas de justicia constitucional; se perfilan los regímenes de excepción y -
a la vez- se imponen límites y controles al ejercicio de tal facultad como mecanismo de inter-
dicción de los actos de fuerza y arbitrariedad (interior o exterior) o imprevistos calamitosos
que amenacen menoscabar el orden estatal.
Sin embargo, no sólo el Título indicado prevé con exclusividad garantías de protec-
ción a la Constitución, si éstas son comprendidas en su total extensión, como se indicara ut
supra. En efecto, en distintas partes de su cuerpo, se encuentran otras de superlativa impor-
tancia: su propia supremacía normativa (artículo 7) y la rigidez que caracteriza a los proce-
dimientos para su modificación (artículos 340 y ss.); el principio de legalidad (artículo 137);

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