Jurisprudencia Administrativa y Constitucional Tribunal Supremo de Justicia: Primer semestre de 2004

Autor:Mary Ramos Fernández y Marianella Villegas Salazar
Páginas:103-452
 
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Información Jurisprudencial
Jurisprudencia Administrativa y Constitucional
Tribunal Supremo de Justicia
Primer Semestre de 2004
Selección, recopilación y notas
por Mary Ramos Fernández
Abogado
Secretaria de Redacción de la Revista
Marianella Villegas Salazar
Abogado Asistente
SUMARIO
I. EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL Y FUNCIONAL DEL ESTADO
1. El Ordenamiento Jurídico. A. La Constitución. a. Interpretació n. b. Régimen constitucional transi-
torio: Estatuto Electoral del Poder Público. c. Orden Público Constituc ional. B. La Ley: Leyes orgá-
nicas. 2. Responsabilidad Patrimonial del Estado.
II. DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
1. Garantías Constitucionales. A. La garantía de acceso a la justicia: Protección de derechos e in-
tereses colectivos o difusos. B. Las garantías del debido proceso: Derecho a la defensa. C. Dere-
cho a la tutela judicial efectiva. 2. Derechos Individuales. A. Derecho de petición y a la oportuna
respuesta. B. Derecho a la información administrativa. 3. Estado Social y Derechos Sociales. A.
La justiciabilidad de los derechos sociales. B. Derechos Laborales y responsabilidad empresarial.
4. Derechos Políticos: Derecho a la participación política.
III. EL ORDENAMIENTO ORGÁNICO DEL ESTADO
1. Régimen del ejercicio del Poder Público. A. Régimen de la Administración Pública. a. Potestad
Sancionadora: Principio de legalidad. b. Poder Discrecional. c. Competencia: Potestades Implícita
e inherentes. d. Privilegios Procésales. 2. El Poder Nacional. A. Competencias: Legislación en
materia de loterías, hipódromos y apuestas en general. B. El Poder Ejecutivo. a. El Presidente de
la República. Las Faltas absolutas efectos de la revocatoria popular del mandato. C. El Poder Le-
gislativo. a. Competencias de la Asamblea Nacional: Remoción de altos funcionarios públicos. b.
Delegación legislativa y reserva legal. D. El Poder Judicial. a. Principios de la Administración de
Justicia. b. Régimen de los Jueces: Recusación. c. Tribunal Supremo de Justicia: Facultad de avo-
camiento. d. Regulación de Competencia. Conflictos de competencia. e. Actuaciones Judiciales.
a’. Régimen Probatorio: Prueba de informes. E. El Poder Ciudadano. a. Contraloría General de la
República: Contralor General de la República. 3. El Poder Estadal. A. Competencias. a. Descen-
tralización de competencias de los Estados a los Municipios. b. Creación de nuevas entidades lo-
cales.
IV. EL ORDENAMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO
1. Régimen de las Instituciones Financiera: Actividad de intermediación financiera (servicio pú-
blico). 2. Propiedad y Expropiación. A. Propiedad: Registro Inmobiliario. 3. El Régimen de los
bienes públicos. Bienes del dominio público: Las aguas.
V. EL ORDENAMIENTO TRIBUTARIO DEL ESTADO
1. Finalidad de la potestad tributaria. 2. La Potestad Tributaria Municipal. A. Ámbito. B. Im-
puesto sobre Actividades Económicas.
REVISTA DE DERECHO PÚBLICO N° 97-98 / 2004
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VI. LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
1. El Procedimiento Administrativo: Principio de la confianza legítima (buena fe). 2. Actos Admi-
nistrativos. A. Vicios. Vicio de forma. Inmotivación. 3. Contratos Administrativos. A. Competen-
cia Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político Administrativa. B. Naturaleza. C. Características.
E. Concesiones Mineras.
VII. LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
1. Órganos. A. Tribunal Supremo de Justicia. a. Sala Político Administrativa. b. Sala Electoral. a’.
Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo. 2. El Contencioso-Administrativo de Anu-
lación. A. Carácter subjetivo del proceso. B. Las partes en el proceso: Intervención de terceros.
B. Pruebas: Medios de Prueba (Inspección Ocular). C. Procedimiento: Declaratoria de urgencia
(Improcedencia). D. Sentencia. a. Costas b. Aclaratoria y ampliación. 3. El Contencioso Adminis-
trativo de Anulación y Amparo. A. Propósito. B. Principios para la tramitación. C. Inadmisibilidad
del amparo cautelar. 4. El Contencioso Administrativo de Interpretación: Requisitos de admisibili-
dad. 5. El Contencioso Administrativo Especial. A. El Contencioso Administrativo de los conflic-
tos. a. Controversias administrativas: Competencia de la Sala Político Administrativa. a. Conflicto
de autoridades (anormalidad institucional de un municipio).
VIII. LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL
1. Acción de Inconstitucionalidad. A. Legitimación. B. Objeto: Leyes derogadas. C. Fundamenta-
ción de la demanda. D. La interpretación constitucional. 2. Control de la Inconstitucionalidad de
la omisión del Legislador y de los otros órganos del Poder Público. 3. Resolución de Controver-
sias Constitucionales entre Órganos del Poder Público. 4. Recurso de Interpretación Constitucio-
nal. 5. Recurso de Revisión de sentencias en materia constitucional. 6. Acción de Amparo Consti-
tucional. A. Competencia. B. Extinción del proceso. a. Abandono del trámite. C. Inadmisibilidad.
IX. FUNCIONARIOS PÚBLICOS
1. Responsabilidad Administrativa.
I. EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL Y FUNCIONAL DEL ESTADO
1. El Ordenamiento Jurídico
A. La Constitución
a. Interpretación
TSJ-SC (488) 30-3-2004
Magistrado Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero
Caso: Impugnación de los artí culos 11 y 91 numeral 29 de la Ley de la
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal.
Al respecto estima la Sala, que al ser la Constitución la norma primaria a la cual debe
sujetarse el ordenamiento jurídico, la labor del legislador debe tener como norte no sólo los
principios generales expresamente consagrados, sino además los supremos fines por ella perse-
guidos, por lo que está obligado a realizar una interpretación integral y coordinada de las nor-
mas que conforman el cuerpo constitucional, es decir, que el legislador no es un simple ejecutor
de los principios constitucionales sino que por el contrario en ejercicio de sus funciones goza de
una amplia libertad de configuración normativa que le permite determinar y aplicar, de manera
concreta las directrices necesarias para el cumplimiento de los cometidos constitucionales.
JURISPRUDENCIA
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b. Régimen constitucional transitorio: Estatuto Electoral
del Poder Público
TSJ-SC (106) 11-2-2004
Magistrado Ponente: Antonio J. Garcia Garcia
Caso: Interpretación del artículo 3 del Estatuto Electoral del Poder Pú-
blico.
Cualquier gobernador o alcalde electo en los comicios del 30 de
julio y 3 de diciembre de 2000, puede postularse para ser reelecto
en dichos cargos en el próximo proceso comicial, ya que no es po-
sible aceptar la vigencia de la parte in fine del artículo 3 del Esta-
tuto Electoral del Poder Público, por tratarse de una norma transi-
toria cuyo supuesto de hecho se verificó, y, porque pretender lo
contrario sería aplicar de forma ultra-activa la vigencia de dicha
normativa.
Se ha solicitado la interpretación del precepto contenido en el artículo 3 del Estatuto
Electoral del Poder Público, que dispone que los candidatos que sean elegidos en los comi-
cios dispuestos en ese Estatuto serían elegidos por un período completo de conformidad con
la Constitución y ese texto normativo, acotando que aquellos gobernadores y alcaldes que
hubieran ejercido un período completo con anterioridad y quedaren elegidos en tales comi-
cios no podían optar a un nuevo período.
En tal sentido se debe comenzar por cuestionar la vigencia de la transitoriedad decre-
tada por la Asamblea Nacional Constituyente, con respecto a los Poderes Ejecutivos naciona-
les, estadales y municipales, luego de haberse celebrado, el 30 de julio y el 3 de diciembre de
2000, los procesos comiciales a que hace referencia el artículo 1 del indicado Estatuto. En
efecto, el Estatuto Electoral del Poder Público fue dictado por la Asamblea Nacional Consti-
tuyente en ejercicio del poder constituyente originario para transformar el Estado y crear un
nuevo ordenamiento jurídico que permitiera el funcionamiento efectivo de una democracia
social y participativa, en concordancia con el artículo 39 del Régimen de Transición del
Poder Público, aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente en sesión del 22 de di-
ciembre de 1999, para regular la reestructuración del Poder Público con el propósito de per-
mitir la vigencia inmediata de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela -
como desarrollo y complemento de las Disposiciones Transitorias de la Constitución-, hasta
la implantación efectiva de la organización y funcionamiento de las instituciones que ésta
estatuye (Vid. Sent. nº 457/2001 y 2816/2002).
Es así como a partir de la aprobación de las bases comiciales y de la instalación de la
Asamblea Nacional Constituyente, surgió un régimen especial en el país, en el cual se distin-
guen dos períodos claramente delimitados; a saber: una primera fase que se extendió hasta la
aprobación de la vigente Constitución, en la que coexistieron las normas de la Constitución
de la República de Venezuela de 1961, con las dictadas por la Asamblea Nacional Constitu-
yente como máxima expresión del Poder Soberano; y, una segunda fase, que si bien se inició
a partir de la promulgación y publicación de la Constitución de 1999, el bloque constitucional
que transitoriamente conforman la vigente Constitución, las Bases y Preguntas del referendo
del 25 de abril de 1999, y las normas de la Asamblea Nacional Constituyente sancionadas
conforme a éstas, extendió su vigencia hasta la íntegra elección de los órganos que ejercen
los Poderes Públicos, y la efectiva organización y funcionamiento de las instituciones previs-
tas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

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