Jurisprudencia Administrativa y Constitucional (Tribunal Supremo de Justicia y Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo): Tercer trimestre de 2000
| Autor | Mary Ramos Fernandez y Marianella Villegas Salazar |
| Páginas | 89-477 |
Información Jurisprudencial
Jurisprudencia Administrativa y Constitucional
(Tribunal Supremo de Justicia y Corte Primera
de lo Contencioso-Administrativo):
Tercer Trimestre de 2000
Selección, recopilación y notas
por Mary Ramos Fernández
Abogado
Secretaria de Redacción de la Revista
Marianella Villegas Salazar
Abogado Asistente
SUMARIO
I. EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL Y FUNCIONAL DEL ESTADO
1. Ordenamiento Jurídico A. Normas de orden público. B. Actos de gobierno. 2. El Poder
Judicial. A. Principios de la administración de justicia: Ausencia de formalismos. B. Juris-
dicción. C. Régimen de los jueces: Procedimientos disciplinarios. D. Abogados como parte
integrante del sistema de justicia. E. Notoriedad judicial. 3. La Administración Pública. A.
Principio de legalidad. B. Delegación. C. Principios de la organización administrativa: Je-
rarquía. D. Potestad sancionadora. E. Prerrogativas procesales. F. Administración consul-
tiva. 4. El Poder Ciudadano. A. Defensoría del Pueblo: Atribuciones. 5. El Poder Electo-
ral. A. Nulidad de elecciones. 6. Responsabilidad del Estado y de los funcionarios. A.
Responsabilidad administrativa. B. Responsabilidad del Estado por funcionamiento anor-
mal del servicio de administración de justicia.
II. DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES
1. Garantías Constitucionales. A. La garantía de igualdad ante la ley. B. El derecho de ac-
ceso a la justicia. C. Las garantías del debido proceso. a. Derecho a la defensa. b. La ga-
rantía de la doble instancia. D. Derecho a la tutela judicial efectiva. 2. Derechos Individua-
les. A. Derecho a la información. B. Derecho de asociación. C. Derecho a la protección del
honor, reputación y vida privada. 3. Derechos Sociales. A. Derecho a la educación. B. De-
rechos de protección: protección del niño. C. Régimen de la seguridad social. D. Derechos
Laborales. a. Derecho a la sindicalización: Inamovilidad laboral. 4. Derechos Políticos. A.
Derecho a la participación política. B. Derecho al sufragio. a. Principio de elección directa.
C. Derecho a postular candidatos. 5. Derechos Ambientales: Derecho al ambiente.
III. EL ORDENAMIENTO ORGÁNICO DEL ESTADO
1. División Política Territorial del Estado. 2. Competencias del Poder Nacional. A. Régi-
men tributario: Impuesto sobre el consumo de licores. 3. Régimen Municipal. A. Distrito
Metropolitano de Caracas. a. Cabildo Metropolitano: Instalación. B. Municipios. a. Con-
traloría Municipal.
REVISTA DE DERECHO PUBLICO N° 83 / 2000 90
IV. EL ORDENAMIENTO ECÓNOMICO DEL ESTADO
1. Régimen bancario. A. Intervención de Bancos y otras Instituciones Financieras. 2. Ré-
gimen del servicio público de transporte.
V. LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
1. El Procedimiento Administrativo. A. Principio de la confianza legítima. B. Derecho
de los administrados. a. Derecho a la defensa. b. Derecho a la información administra-
tiva. c. Acumulación de expedientes. D. Decisión. a. Globalidad de la decisión. b. Re-
tardo: Responsabilidad del funcionario. c. Reedición del acto administrativo. 2. Los
Actos Administrativos. A. Caracterización. a. Actos cuasijudiciales. B. Clasificación:
Actos de efectos generales y actos de efectos particulares. C. Requisitos de validez. a.
Requisitos de fondo: Causa o motivos. b. Requisitos de forma. a’. Formalidades. b’.
Motivación. D. Eficacia. E. Vicios. a. Vicios de fondo: vicios en la causa o motivos
(falso supuesto). b. Consecuencias. a’. Nulidad parcial. F. Firmeza: Cosa decidida
administrativamente.
VI. LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL
1. Recurso de Interpretación Constitucional. 2. Controversias Constitucionales. 3.
Acción de Inconstitucionalidad. A. Sentencia: Efectos de la decisión en el tiempo. 4.
Acción de Amparo Constitucional. A. Competencia. a. Organos. a’. Tribunal Supremo
de Justicia. a”. Sala Constitucional. b”. Sala Electoral. b’. Tribunales Superiores Con-
tencioso Administrativos. B. Motivos: Violación de derechos y garantías constitucio-
nales. C. Objeto. a. Amparo contra sentencias. a’. Notificación del Juez que dictó la
sentencia. b. Amparo sobrevenido. D. Admisibilidad. a. Fundamento jurídico. b. Legi-
timación. a’. Defensoría del Pueblo. c. Caducidad. d. Existencia de medios judiciales
ordinarios. E. Procedimiento. a. Características: Informalidad. b. Notificaciones. c.
Audiencia constitucional. d. Informe. F. Medidas cautelares. G. Partes: Asistencia y
representación. H. Sentencia. a. Mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
b. Poderes del juez. c. Efectos temporales del mandamiento de amparo. d. Potestad
revisora. e. Sanciones disciplinarias al funcionario culpable de la violación constitu-
cional. f. Desistimiento. I. Acción de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal. J.
Acción de Habeas Data.
VII. LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
1. Órganos. A. Juzgados de Sustanciación de la Sala Político Administrativa y de la
Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. 2. El Contencioso Administrativo de
Anulación. A. Objeto. a. Actos referidos a contratos administrativos: Actos separa-
bles. b. Actos administrativos de los jueces. c. Actuaciones materiales (vías de hecho).
B. Admisibilidad. a. Legitimación: Legitimación de las asociaciones de vecinos. b.
Auto de admisión: Apelación. C. Medidas cautelares. D. Suspensión de efectos del
acto administrativo. E. Procedimiento. a. Notificación al Procurador General de la
República. b. Medios de prueba. a’. Testimonial. b’ Documental: Documentos admi-
nistrativos. F. Sentencia. a. Apelación. G. Transacción. 3. El Contenciosos Adminis-
trativo de Anulación y Amparo. A. Procedimiento. B. Solicitud de medida cautelar. 4.
El Contencioso Administrativo de las Demandas. A. Admisibilidad: Procedimiento
administrativo previo. 5. El Contencioso Administrativo Especial. A. Contencioso
Funcionarial. a. Partes: Ente querellado. b. Perención. B. Contencioso Tributario. a.
Competencia. b. Admisibilidad. a’. Auto de admisión: Apelación. b’. Lapso de cadu-
cidad. C. Contencioso Electoral. a. Competencia. b. Admisibilidad: Agotamiento de la
vía administrativa. c. Cartel de emplazamiento.
JURISPRUDENCIA 91
VIII. PROPIEDAD Y EXPROPIACIÓN
1. Propiedad. A. Limitaciones urbanísticas: cumplimiento de variables urbanas fun-
damentales. B. Registro público. 2. Expropiación. A. Decreto de expropiación: acto
administrativo de efectos particulares. B. Juicio expropiatorio: Ocupación previa.
IX. FUNCIONARIOS PÚBLICOS
1. Régimen legal. A. Aplicación de la Ley de Carrera Administrativa. a. Funcionarios
del Cuerpo Técnico de Policía Judicial. b. Funcionarios del Servicio Exterior. B. Ré-
gimen del personal docente de las Universidades Nacionales. 2. Clases de funciona-
rios. A. Funcionarios de carrera y de libre nombramiento y remoción: Diferencias. 3.
Derechos: Estabilidad. 4. Cargos: Compatibilidad. 5. Remoción y retiro: Diferencias.
I. EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL Y FUNCIONAL DEL ESTADO
1. Ordenamiento Jurídico
A. Normas de orden público
TSJ-SE (79) 7-7-2000
Magistrado Ponente: José Peña Solís
Caso: Procurador General del Estado Falcón vs. Consejo Supremo Elec-
toral.
Para llegar a la conclusión acerca del carácter de orden público
que puedan ostentar normas constitucionales, las mismas deben ser
examinadas a la luz del caso concreto.
El examen del asunto en el contexto de ese marco conceptual, a los efectos del pronun-
ciamiento sobre la perención, impone que previamente la Sala examine el carácter de orden
público que los apoderados judiciales del recurrente le atribuyen a las normas que sirven de
fundamento al recurso de nulidad, y en tal sentido advierte que el rango constitucional de las
mismas no determina inexorablemente que resulten de orden público (cfr. un criterio seme-
jante adoptado por la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia en
sentencia del 30 de junio de 1994, caso Andrés Sánchez Tabares vs. Contraloría General de
la República, con ponencia del Magistrado Humberto La Roche), pues ello conduciría a
considerar apriorísticamente y sin mayor reflexión, como de orden público, cualquier contro-
versia en la que hayan sido invocados preceptos constitucionales, lo que resulta contrario a la
lógica jurídica más elemental. En todo caso, para llegar a la conclusión acerca del carácter de
orden público que puedan ostentar normas constitucionales, las mismas deben ser examina-
das a la luz del caso concreto.
Siguiendo esa metodología, el examen del caso de autos podría permitir inferir su even-
tual relación con la violación de los principios de igualdad, autonomía a integridad territorial
de los Estados, conforme a las previsiones de la Constitución de 1961, pero para poder estable-
cer esa relación sería absolutamente necesario que de las actas d el expediente el juzgador consi-
derara demostrado que efectivamente en la controversia planteada está en discusión la infrac-
ción de tales principios constitucionales, y que tanto la situación contro vertida como los efectos
del pronunciamiento judicial que debe proferirse, excedan de los intereses particulares de las
partes, y por tanto, ostenten una trascendencia de tal naturaleza, que conciernan al interés de
la colectividad. Sin embargo, advierte la Sala que el análisis tanto de la pretensión del recu-
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