Jurisprudencia Administrativa y Constitucional (Tribunal Supremo de Justicia y Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo): Primer trimestre de 2000

Autor:Mary Ramos Fernandez y Marianella Villegas Salazar
Páginas:79-561
 
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Información Jurisprudencial
Jurisprudencia Administrativa y Constitucional
(Tribunal Supremo de Justicia y Corte Primera
de lo Contencioso-Administrativo):
Primer Trimestre de 2000
Selección, recopilación y notas
por Mary Ramos Fernández
Abogado
Secretaria de Redacción de la Revista
Marianella Villegas Salazar
Abogado Asistente
SUMARIO
I. EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL Y FUNCIONAL DEL ESTADO
1. Ordenamiento Jurídico. A. Bases Comiciales del Referéndum del 25-04-99. B. La Constitu-
ción: Régimen Transitorio. C. Régimen Constitucional aplicable a la Asamblea Nacional Cons-
tituyente. D. Principio de Seguridad Jurídica. 2. El Poder Legislativo. 3. El Poder Judicial. A.
Principios de la Administración de Justicia. a. Principios Generales de la Justicia. b. Ausencia
de formalismos. B. Tribunal Supremo de Justicia. a. Irrecurribilidad de sus decisiones. b. Facul-
tad de Avocamiento. c. Solicitud de Exequátur. C. Jurisdicción y Competencia: Diferencia. D.
Regulación de la Jurisdicción. E. Recusación e Inhibición. 4. La Administración Pública. A. Po-
testad Sancionadora. 5. El Poder Ciudadano. A. Contraloría General de la República. B. Minis-
terio Público. 6. Responsabilidad del Estado y de los Funcionarios: Responsabilidad Adminis-
trativa.
II. DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
1. Preeminencia de los Derechos Humanos. 2. Garantías Constitucionales. A. La garantía de
igualdad ante la Ley. B. Las garantías del debido proceso. C. Derecho a la defensa. D. Derecho
a ser Juzgado por sus Jueces Naturales. E. El Principio Non Bis In Idem (cosa juzgada). F. Ga-
rantía de la Doble Instancia. G. El derecho de acceso a la Justicia. 3. Derechos Individuales. A.
Libertad Personal. 4. Derechos Políticos. A. Derecho a la Participación Política. B. Derecho al
Sufragio. 5. Derechos Sociales. A. Derecho al Trabajo. B. Derecho a la Educación. 6. Derechos
Económicos. A. Derecho de Propiedad.
III. EL ORDENAMIENTO ORGÁNICO DEL ESTADO
1. Los Estados. A. Gobernador: Supuestos de inegilibilidad. 2. Los Municipios. A. Alcaldes:
Supuestos de inegilibilidad. B. Ordenanzas. C. Servicios Públicos Municipales.
IV. EL ORDENAMIENTO ECONÓMICO
1. Libertad Económica. A. Limitaciones: Protección del ambiente y de la salud. 2. Régimen del
Servicio Público.
V. LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
1. El Procedimiento Administrativo. A. Los interesados (administrados). a. Representación. b.
Derecho de los administrados. a’. Derecho a la defensa. b’. Derecho a ser oído (ausencia abso-
luta). 2. Los Actos Administrativos. A. Caracterización. B. Requisitos de validez. a. Requisitos
de fondo: Causa o motivos. b. Requisitos de forma: Motivación.
REVISTA DE DERECHO PUBLICO Nº 81/2000
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VI. LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL
1. Objeto de la Jurisdicción Constitucional. 2. Acción de Inconstitucionalidad. A. Competencia.
B. Procedimiento: Declaratoria de urgencia y mero derecho. 3. Acción de Inconstitucionalidad y
Amparo. A. Ejercicio conjunto. B. Procedimiento. 4. Acción de Amparo Constitucional. A. De-
recho de Amparo. B. Competencia. a. Distribución de la Competencia. b. Organos. a’. Tribunal
Supremo de Justicia. a”. Sala Constitucional. b”. Sala Político Administrativa. b’. Corte Primera
de lo Contencioso Administrativo. c’. Tribunales Superiores Contencioso Administrativos. d’.
Tribunales de Primera Instancia en lo Penal en función de Control. e’. Tribunales Militares
Permanentes de Primera Instancia. f’. Cualquier tribunal de la localidad. C. Carácter de la ac-
ción. a. Carácter personal. b. Carácter extraordinario. c. Carácter restablecedor. d. Carácter cau-
telar cuando se ejerce conjuntamente con otras acciones. D. Motivos: Violación directa de Dere-
chos y Garantías Constitucionales. E. Objeto. a. Amparo contra actos administrativos. b. Amparo co-
ntra conductas omisivas. a’. De la Administración. b’. Omisiones judiciales. c. Amparo contra se n-
tencias. d. Amparo sobrevenido. F. Admisibilidad. a. Procedimiento. a’. Poderes del Juez: notorie-
dad judicial. b’. Aplicación del Código de Procedimiento Civil. b. Cuestiones de competencia. c.
Fundamento Jurídico. d. Legitimación activa. e. Cesación de la lesión. f. Amenaza de lesión. g. Ac-
tualidad de la lesión. h. Acciones consentidas. a’. Consentimiento expreso. b’. Consentimiento táci-
to. i. Existencia de medios judiciales ordinarios. j. Acción de amparo pendiente de decisión. G.
Procedimiento. a. Régimen general. b. Características. c. Informalismo. d. Correcciones procesales.
e. Acumulación. f. Terceros intervinientes. g. Audiencia Constitucional. h. Informe. H. Medidas
Cautelares. a. Procedencia. a’. Poder general cautelar. b’. Procedencia aún siendo el juez incompe-
tente. b. Justificación. c. Abandono del principio dispositivo. d. Admisión previa de la acción. e.
Clases. a’. Tutela constitucional preventiva anticipativa. b’. Medidas provisionalísimas. c’. Medi-
das previstas en el Código de Procedimiento Civil. f. Requisitos. g. Instrumentalidad y Homogenei-
dad. I. Pruebas. J. Sentencia. a. Poderes del juez. b. Apelación. c. Consulta obligatoria. d. Potestad
Revisora. K. Desistimiento. 5. Acción de Amparo de la Libertad y Seguridad Personal. 6. Acción
de Habeas Data.
VII. LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
1. Competencia. A. Órganos. a. Tribunal Supremo de Justicia. a’. Sala Político Administrativa.
b. Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. c. Tribunales Superiores Contencioso Ad-
ministrativos. 2. El Contencioso Administrativo de Anulación. A. Objeto. a. Acto administrativo
recurrible. b. Acto administrativo vigente. c. Actos de trámite. d. Actos referidos a contratos
administrativos. e. Actos judiciales. B. Admisibilidad. a. Lapso de caducidad. b. Legitimación.
C. Medidas Cautelares. a. Medidas cautelares provisionalísimas. D. Suspensión de efectos. E.
Procedimiento. a. Declaratoria de urgencia. b. Cartel de emplazamiento. c. Medios de prueba.
a’. Libertad de prueba. b’. Pertinencia. F. Partes. a. Representación: Poder. G. Sentencia. a. Vi-
cios. b. Apelación. H. Perención. 3. El Contencioso Administrativo de Anulación y Amparo. A.
Competencia. a. Órganos. a’. Tribunal Supremo de Justicia: Sala Político Administrativa. b’.
Tribunal de la Carrera Administrativa. B. Naturaleza cautelar. C. Requisitos. D. Procedimiento.
E. Admisión previa del recurso. F. Inadmisibilidad del Amparo. G. Solicitud de Medida Caute-
lar. H. Improcedencia del amparo. 4. El Contencioso Administrativo de Interpretación. A.
Competencia. B. Condiciones de procedencia. 5. El Contencioso Administrativo de las Deman-
das. A. Competencia. B. Empresas del Estado. C. Universidades Nacionales. 6. El Contencioso
Administrativo Especial. A. Contencioso Funcionarial. a. Competencia. b. Perención. B. Con-
tencioso Tributario. C. Contencioso Electoral. a. Competencia. b. Cartel de emplazamiento. c.
Desistimiento. D. Contencioso Laboral. E. Contencioso Agrario. F. Contencioso de los Conflic-
tos. G. Contencioso Inquilinario.
VIII. PROPIEDAD Y EXPROPIACIÓN
1. Propiedad. A. Régimen Inquilinario. a. Órganos: Dirección de Inquilinato del Ministerio de
Infraestructura. b. Desalojo de inmuebles. 2. Expropiación. A. Régimen legal. B. Justa indem-
nización.
IX. FUNCIONARIOS PÚBLICOS
1. Clases de funcionarios. A. Funcionarios de carrera. B. Funcionarios de libre nombramiento y
remoción: Funcionarios de confianza. 2. Derechos: Jubilación.
JURISPRUDENCIA
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I. EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL Y FUNCIONAL DEL ESTADO
1. Ordenamiento Jurídico
A. Bases Comiciales del Referéndum del 25-04-99
TSJ-SC (6) 27-1-2000
Magistrado Ponente: Héctor Peña Torrelles
Caso: Milagros Gómez y otros vs. Asamblea Nacional Constituyente.
Las Bases Comiciales consultadas en el Referéndum del 25 de
Abril de 1999, que fijaron los límites de actuación de la Asamblea
Nacional Constituyente, son -para el ordenamiento que rige el proce-
so constituyente- de similar rango y naturaleza que la Constitución,
como la cúspide de las normas del Proceso Constituyente.
Por otra parte, en la historia reciente de Venezuela, han coexistido un conjunto de
normas que rige para el Poder Constituido y un ordenamiento que ha nacido de un Proceso
Constituyente. Debe en consecuencia esta Sala Constitucional analizar cuál es el rango de los
denominados “Actos Constituyentes”, a los efectos de determinar qué órgano jurisdiccional
ostente la competencia para conocer y decidir la acción intentada.
En estos términos, observa esta Sala que en anteriores oportunidades, han sido impugna-
dos en vía jurisdiccional los actos dictados por la Asamblea Nacional Constituyente. En efecto,
la entonces Corte Suprema de Justicia en Pleno, en virtud del principio de la universalidad del
control de los actos del Poder Público que debe existir en todo Estado de Derecho, se pronunció
afirmativamente sobre su competencia para conocer de las acciones de esta naturaleza, en sen-
tencia de fecha 14 de octubre de 1999, recaída sobre la acción de nulidad por inconstitucionali-
dad interpuesta por el Vicepresidente del extinto Congreso de la República contra el Decreto de
fecha 25 de agosto de 1999, emanado de la Asamblea Nacional Constituyente, que contiene la
Regulación de las Funciones del Poder Legislativo, señalando lo siguiente:
“La Asamblea Nacional Constituyente electa el 25 de julio de 1999, tiene definido su ré-
gimen fundamental en las preguntas y Bases Comiciales consultadas en el Referéndum del
25 de abril de 1999. Estas Bases, por haber sido aprobadas en ejercicio de la soberanía
popular son de similar rango y naturaleza que la Constitución. Por consiguiente, le corres-
ponde a la Corte Suprema de Justicia, en Pleno, ejercer el control jurisdiccional. (…) En el
caso objeto de estudio, el control de la Corte, en Pleno, está fundamentado en el Referén-
dum Consultivo celebrado el 25 de abril de 1999, que fijó el marco jurídico político de-
ntro del cual debe actuar la Asamblea. Es decir, en dicho Referéndum, el pueblo le preci-
só a la Asamblea Nacional Constituyente su misión, siendo esta “transformar el Estado y
crear un nuevo ordenamiento jurídico”, e igualmente, le indicó límite a su actuación con-
sagrado en la Base Comicial Octava del señalado Referéndum. De ello resulta que en el
cumplimiento de su misión la Asamblea Nacional Constituyente esta sometida, en primer
lugar, a “los valores y principios de nuestra historia republicana”; en segundo lugar , “el
cumplimiento de los tratados internacionales, acuerdos y compromisos válidamente sus-
critos por la República”; en tercer lugar, “el carácter progresivo de los derechos funda-
mentales del hombre” y en cuarto lugar; “las garantías democráticas dentro del más ab-
soluto respecto de los compromisos asumi dos”. (…). (Subrayado de la Sala).

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