Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 22 de Junio de 2011

(...) en el punto Primero cuando dejo constancia que se encuentran consignado en el libelo de demanda los recaudos (...) en los cuales consta que se procedió a notificarle mediante telegramas a la vendedora (...) la vigencia de la Opción de Compra y la fecha de su protocolización, inclusive, mediante el servicio de M.R.W., se le envió la correspondiente planilla de Registro y una nota escrita por mí representada...”;

(...) se deja expresa constancia en el libelo de demanda, que personalmente L.V. le entregó a N.V., DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 200.000,oo) para cancelar la luz del inmueble objeto de la Opción de Compra, ya que dicho servicio estaba suspendido y para efectuar avalúo se necesita luz igualmente le entregó en el mes de diciembre del 2003, UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,oo) como adelanto de pago, de estos pagos en vista de la confianza ya que se trataba de su hermana, no se le exigió ni constancia ni recibo alguno.

Con relación al punto 4to, me parece una burla lo que allí plantea la parte demandada, al manifestar “Que en ningún momento mi representada a dado autorización ni verbal, ni por escrito para la tramitación de crédito alguno para la venta del inmueble a L.M.V.G., ni al IPASME...” ya que al formar una opción de compra venta, automáticamente está autorizando los tramites para la venta definitiva, realmente no entiendo lo planteado por la demandada en este punto siendo tanto la demandada como su apoderado abogados.

Ciudadana Juez, con relación al punto 5to, se lee “...Que en ningún momento mi representada autorizo a la demandante para que se redactara documento de venta alguno, donde mi representada NOHEMI...GARCIA, le da en venta el inmueble a LESBIA...GARCIA por la cantidad de Bs. 35.000.000,oo...” realmente Ciudadano Juez no entiendo las pretensiones de la parte demandada, documento de opción de compra venta, redactado, transcrito y visado por la ciudadana N.D.V.V.G., donde en la cláusula SEGUNDA dice textualmente “...El precio de esta Venta es de TREINTA Y CINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 35.000.000,o)...” me da la impresión Ciudadana Juez, que el apoderado de la parte demandada no ha leído el expediente, por cuanto lo alegado en todo momento por el abogado Venot, carece de fundamento legal y no tiene ningún sentido lo planteado.

En este punto el abogado Venot deja expreso: “Que en ningún momento mi representada ha enviado comunicación al IPASME de fecha 27 DE Enero de 2.004” Con relación a lo planteado en éste punto, el tantas veces mencionado abogado Venot se adelanta a los acontecimiento, me gustaría que el abogado Venot respondiera: si en el expediente no consta la existencia de dicha comunicación de fecha 27.01.2004, ¿cómo negar lo que no existe en autos?, sin embargo, me reservo para la oportunidad procesal correspondiente, probar si existe o no dicho documento.

Manifiesta en ése punto el abogado Venot “Que en... ha autorizado para que efectúe gasto alguno... con la venta del inmueble propiedad de mi representada” Con relación a dicha pretensión, agradézcale Ciudadana Juez, remitirse al punto Nº QUINTO, además, para realizar el avalúo mi representada no violento cerradura alguna para permitir el acceso a los peritos, N.V. se la entregó y verbalmente la autorizó no solo para efectuar lo necesario para la aprobación del crédito sin la autorizó verbalmente para que se mudara.

Se lee en éste punto “Que convenga que su demanda temeraria, intentado hacer valer una opción de compra venta del inmueble, que no llego a comenzar el lapso de ejecución de la misma” Ciudadano Juez, al abogado. VENOT le fascina repetir y repetir puntos; para no hacer fastidiosa la lectura del que suscribe como del lector, le refiero como respuesta a este punto leer la respuesta del primer punto.

Manifiesta en éste punto, “Que su demanda temeraria le ha impedido a mi representada la disposición del mismo, debido a la medida de Prohibición de Enajenar y Gravar dictada por este Tribunal...” Ciudadano Juez, con respecto a la pretensión del abogado Venot en éste punto, sugiero revisar decisión de éste Juzgado de fecha 16.09.04 la cual corre inserta en autos al folio nº 66 al 68.

Pretende en éste punto lo siguiente “Que convenga en cancelarle a mi representada la cantidad de... Bs. 58.400.000,oo que era el valor del apartamento para el momento de la admisión de la demanda y sus correspondientes intereses a la tase legal, por concepto de Daños y Perjuicios, causados a mi representada por su demanda temeraria” Ciudadano Juez, Al folio nº 13, donde se encuentra inserta Opción de Compra-Venta, redactada, transcrita y visada por la demandada, en su cláusula segunda, textualmente se lee “El precio de esta Venta es de TREINTA Y CINCO MILLONES E BOIVARES (Bs. 35.000.000,oo)”, entonces no entiendo el monto ni argumentos tan temerarios que el abogado Venot plantea en dicho punto, manifiesta que este monto es el precio del apartamento y el monto por daños y perjuicios.

DECIMA PRIMERA Y DECIMA SEGUNDA, Con relación a éstos puntos Ciudadana Juez, con todos los argumentos y pruebas que correrán inserto en autos, en la definitiva Ud., sabrá a quien condenar en costas, costos y daños y perjuicios; igual que los otros puntos, el Dr. Venot en representación de la ciudadana N.V. carece de todo fundamento legal.

Ciudadana Juez, se observa igualmente que la representación de la parte demandada sin ningún fundamento legal alega hecho, niega y desconoce documentos que ya fueron opuestos por el mismo y que consta en autos, los cuales fueron decididos por este Juzgado a su digno cargo y declaradas SIN LUGAR, y que la Ley taxativamente le prohíbe volver a proponerlas o volver a invocarlas como defensa; razones suficientes que me llevan a negar, rechazar y contradecir las tales proposiciones alegadas en forma tan temeraria en todos y cada uno de los DOCE (12) PUNTOS redactados en la Reconvención propuesta por el abogado Venot en representación de la parte demandada, a sabiendas de tal prohibición. Mal puede el Tribunal pronunciarse sobre lo pretendido por la parte demandada en la reconvención propuesta, ya que en algunos puntos es cosa juzgada por un lado y por otro lado a todas luces se puede claramente evidenciar que todo lo planteado carece de fundamento legal y al respecto el Tribunal no tiene materia sobre la cual decidir.

También se destaca que la representación de la parte demandada, en su escrito de contestación a la demanda, punto RECONVENCION, hace una serie de negaciones y afirmaciones al mismo tiempo, cayendo en expresa contradicción e incongruencia, con proposiciones en las que, una de las cuales afirma lo que la otra niega, por lo que sus dichos en la referida contestación carece de fundamento lógico, y por demás son impertinentes, ocasionando de esta manera retardo perjudicial al libre desenvolvimiento del proceso, y llevando al ánimo del Juez premisas tergiversadas y sin ninguna fundamentación para tratar de confundirlo...”;

...Omissis...

Solicito respetuosamente a éste honorable Tribunal, en honor a la verdad, no se deje confundir por la parte demandada, ya que emitiría su pronunciamiento injusto, evento que hace posible a la sentencia de nulidad, tal como lo expresa la Sala de Casación Civil en la sentencia transcrita arriba...

.

Mediante diligencia del 03 de noviembre de 2005, el abogado L.A.V.Q., apoderado judicial de la parte demandada-reconviniente, consignó escrito de promoción de pruebas.

En fecha 17 de noviembre de 2005, la abogada L.M.O.R., apoderada judicial de la parte actora-reconvenida, consignó escrito de promoción de pruebas.

Mediante auto del 29 de noviembre de 2005, el a-quo se pronunció en relación a las pruebas promovidas por las partes.

En fecha 08 de diciembre de 2008, se dictó decisión, mediante la cual se declaró parcialmente con lugar la demanda de cumplimiento de contrato de opción de compra, incoada por la ciudadana L.M.V., contra N.D.V.V.G.; validó el contrato de opción de compra; declaró parcialmente con lugar la reconvención; y, estableció la inexistencia del incumplimiento atribuido a la ciudadana N.D.V.V.G., sobre la base de los siguientes fundamentos:

...Ahora bien, valoradas y analizadas las pruebas promovidas por las partes, este Tribunal observa:

Quedo plenamente demostrado que las ciudadanas N.V. y L.M.V. (...) celebraron un contrato al que denominaron “Opción de Compra”, sobre el inmueble constituido por un (1) apartamento número 24, destinado a vivienda, situado entre las esquinas de Abanico a Canónigos, calle norte tres (3), Parroquia Altagracia, Municipio Libertador del Distrito Capital, situado en el segundo piso y que consta de un amplio salón, balcón, un closet y con una superficie de Cincuenta y Ocho metros cuadrados con Cuarenta y Dos decímetros cuadrados (58,42).

Sostiene la parte actora-reconvenida que a los fines de poder adquirir el apartamento antes descrito solicitó un crédito hipotecario ante el Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Profesional del Ministerio de Educación (I.P.A.S.M.E.), que llegado el momento de la protocolización del documento definitivo de venta ante el registro correspondiente la vendedora no se presentó, al respecto la parte demandada-reconviniente señaló, que nunca ha comenzado a transcurrir el lapso de ciento cincuenta (150) días establecido en la cláusula tercera del documento de opción de compra venta, por cuanto en dicha cláusula expresamente se convino que dicho lapso comenzaría a correr a partir de la protocolización del documento de opción de compra venta, y que dicho instrumento no fue protocolizado por lo que considera que la obligación contenida en el mismo es condicional y a término, según lo previsto en los artículos 1197 y 1211 del Código Civil, que en este caso se esta en presencia de un hecho futuro e incierto cuyo cumplimiento se subordina a la existencia o cumplimiento de una obligación, como lo es la protocolización del documento de opción de compra venta.

...Omissis...

Por lo que aplicando al caso que nos ocupa, todo lo antes expuesto, se puede constatar que las parte intervinientes en el contrato, es decir, las ciudadanas N.V. y L.M.V., en la cláusula tercera expresamente convinieron en que el plazo de ciento cincuenta (150) días, para efectuar la venta definitiva del inmueble, comenzaría a transcurrir una vez protocolizado el documento de “opción de compra”, sin embargo no consta en autos que dicho término haya comenzado a transcurrir, toda vez que la parte demandante-reconvenida no aporto a los autos pruebas que demostraran que tal documento fue protocolizado, por lo que el término señalado y pactado por las partes para la ejecución del contrato de opción de compra aun no se ha cumplido, de lo cual depende la exigibilidad de la obligación, por lo que se establece que se encuentra suspendido el término para dar cumplimiento a la obligación de venta definitiva del inmueble antes descrito hasta tanto se protocolice el referido documento; así se decide.

Con lo antes decidido quedo demostrado que no existe incumplimiento por parte de la ciudadana N.V., en el cumplimiento del contrato de opción de compra, ya que no ha comenzado a transcurrir el lapso establecido en la cláusula tercera del referido contrato, así se decide.

...Omissis...

Sin embargo de las pruebas promovidas por la parte demandante-reconvenida, tendentes a demostrar el pago de las cantidades de dinero, todas fueron desechadas del proceso, siendo que los artículo 506 del Código Adjetivo Civil, que reproduce el contenido del artículo 1.354 del Código Civil (...) y por cuanto la parte actora-reconvenida no aporto a los autos elementos de prueba que demuestren los pagos que señala haber realizado de las cantidades de dinero antes reclamadas, quien aquí decide considera que tal pretensión no debe prosperar en derecho; así se decide.

Siendo que de las pretensiones de la parte demandante-reconvenida, solo quedo demostrado como antes se indico la existencia de una relación contractual con la ciudadana N.V.G., a la que las partes denominaron “contrato de opción de compra”, el cual no fue incumplido por la demandada-reconviniente ciudadana N.V., quedo demostrado que no constaba en autos prueba alguna que demostrara los gastos que señalaba la parte demandante-reconvenida había incurrido.

Con respecto a la pretensión de la parte demandada-reconviniente, de que le sea pagada la cantidad de Cincuenta y Ocho millones Cuatrocientos mil bolívares (Bs. 58.400.000,00), por concepto de daños y perjuicio, quien aquí decide considera que dicha pretensión no quedo demostrada por la parte que la reclama, ya que como antes se estableció no ha comenzado ha transcurrir el término establecido en el denominado “contrato de opción de compra”, toda vez que ya que el mismo no se ha protocolizado, siendo que durante el proceso ninguna de las partes demostró a quien era imputable la no protocolización de dicho documento, por lo que al no quedar demostrado el daño que alegan ambas les fue ocasionado, este Tribunal considera improcedente la solicitud de pago de cantidad alguna de dinero por daños y perjuicios; así se declara.

Por los razonamientos explanados, y cumplidos como han sido los requisitos establecidos en la Ley tanto adjetiva como sustantiva; este Tribunal considera que tanto la demanda como la reconvención deben prosperar parcialmente en derecho; así se decide...

.

Contra dicha decisión, fue ejercido en fecha 26 de mayo de 2010, recurso de apelación por la abogada L.O., apoderada judicial de parte actora-reconvenida; alzamiento que sube las presentes actuaciones ante esta alzada, que para decidir observa:

4. MOTIVACIONES PARA DECIDIR.

   Se defiere el conocimiento del recurso de apelación interpuesto en fecha 26 de mayo de 2010, por la abogada L.O., apoderada judicial de la parte actora-reconvenida, contra la decisión dictada el ocho (8) de diciembre de 2008, por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró parcialmente con lugar la demanda de cumplimiento de contrato de opción de compra, incoada por L.M.V.G., contra N.D.V.V.G.; valido el contrato de opción de compra; y parcialmente con lugar la reconvención; estableciendo la inexistencia del incumplimiento de dicho contrato por parte de la demandada-reconviniente.

   *

   DE LOS VICIOS PROCESALES ARGÜIDOS POR LA PARTE DEMANDADA-RECONVINIENTE:

   En la secuela del proceso, desde que se llevó a cabo la alegación de cuestiones previas, la contestación de la demanda e informes, la parte demandada-reconviniente, alegó vicios del procedimiento, fundamentada en la falta de firma del libelo de demanda por parte de la actora y su abogado asistente.

   En tal sentido, observa este jurisdicente, que la parte demandada-reconviniente, mediante escrito presentado el 30 de agosto de 2004, peticionó la nulidad de todo lo actuado y la suspensión de la medida preventiva; que en fecha 06 de septiembre de 2004, la parte actora-reconvenida, presentó escrito de reforma de la demanda, la cual fue admitida por decisión del 16 de septiembre de 2004 que negó la nulidad solicitada.

   El fundamento para negar la nulidad, se basó en que la omisión de firma del libelo, fue subsanada con la posterior diligencia que acompañó los recaudos en que se fundamentó la demanda. Contra dicha decisión la parte demandada-reconviniente, ejerció recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante decisión del 19 de junio de 2006, por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó la negativa de nulidad.

   Con respecto a ello y con vista a la decisión dictada el 19 de junio de 2006, por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que conoció del recurso de apelación interpuesto contra la negativa de nulidad; considera este jurisdicente, que existe cosa juzgada, por lo que, la parte demandada-reconviniente, no puede pretender que en otras etapas del proceso, le sea resuelto un punto sobre el cual ya existe pronunciamiento y resolución de un tribunal superior, que alcanzó su firmeza definitiva. Así se establece.

   Por otra parte, se evidencia que la parte demandada-reconviniente, opuso la cuestión previa contenida en el ordinal 2º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, referida a la ilegitimidad del actor, fundamentada en el mismo hecho de la falta de firma del libelo de demanda por parte de la actora y su abogada asistente; lo que fue resuelto por el juzgado superior que conoció de la apelación ejercida contra la negativa de nulidad dictada por el juzgador de primer grado; decisión que quedó definitivamente firme y que produce cosa juzgada. En razón de ello, está vedado a este tribunal, volver a emitir pronunciamiento al respecto; pues el mismo fue un punto debatido, controvertido y resuelto en el proceso. Así se establece.

   **

   DEL FONDO O MÉRITO DE LA PRESENTE CAUSA Y DE LA RECONVENCION.

   Decidido lo anterior, deviene el pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, la cual quedó circunscrita en la pretensión de cumplimiento de contrato, interpuesta por la ciudadana L.M.V.G., en contra de su hermana N.D.V.V.G., contenida en el instrumento denominado “opción de compra”, que trata sobre un inmueble constituido por un apartamento distinguido con el Nº 24, ubicado en el segundo piso del edificio denominado Centro Importador Abanico, situado entre las esquinas de Abanico a Canónigos, calle Norte 3, Parroquia Altagracia, Municipio Libertador del Distrito Capital, que le pertenece a la parte demandada-reconviniente, según documento protocolizado por ante la referida Oficina Subalterna de Registro, en fecha 10 de noviembre de 1997, bajo el Nº 45, Tomo 17, Protocolo Primero; en el sentido de verificar la validez del contrato celebrado entre las partes; la obligación de la demandada de pagar las cantidades pretendidas, de tres millones ciento cuarenta y tres mil novecientos noventa y seis bolívares con treinta y cuatro céntimos (Bs. 3.143.996,34), por concepto de gastos ocasionados por los trámites de registro; setenta millones de bolívares (Bs. 70.000.000,oo), por daños y perjuicios; quinientos mil bolívares (Bs. 500.000,oo), por concepto de gastos de abogados; así como la indexación o corrección monetaria; las costas y costos del proceso. Ello en razón que la demanda al contestar la demanda, negó, rechazó y contradijo en todas y cada una de sus partes la demanda, tanto en los hechos como en el derecho invocado; así como a las defensas argüidas sobre la falta de presentación de los instrumentos originales de donde derive el derecho invocado por la accionante; la condición o plazo pendiente, en el sentido que el lapso de los ciento cincuenta (150) días hábiles para la protocolización del documento definitivo de venta, nunca comenzó a transcurrir, dada la falta de protocolización del documento que denominaron “opción de compra”.

   Establecido lo anterior, se precisa que la reconvención se encuentra circunscrita al rechazo del incumplimiento endilgado a la demandada-reconviniente de las obligaciones plasmadas en el documento acompañado a la demanda marcado “A”, en razón de no haber iniciado el lapso de los ciento cincuenta (150) días hábiles para la protocolización del documento definitivo de compraventa, dado que se alega la falta de fecha cierta que diera inicio al lapso contractual alegado por la actora, y la falta de protocolización del instrumento de opción de compra. En igual forma se pretendió, que la actora-reconvenida, reconociera la falta de entrega de la cantidad de un millón doscientos mil bolívares (Bs. 1.200.000,oo), para el pago de los servicios del inmueble (luz) y adelanto del precio; que en ningún momento autorizó a la actora-reconvenida, ni al I.P.A.S.M.E., para la tramitación de crédito alguno, ni a la redacción de documento de compraventa; que no autorizó a la actora-reconvenida a efectuar pago alguno para la tramitación del crédito, de certificación de gravámenes, gastos de avalúo, mudanza, derechos de registro y cualquiera otro gastos relacionado con la compraventa del inmueble; asimismo, que la demandante-reconvenida conviniese en la temeridad de la demanda, y al pago de la cantidad de cincuenta y ocho millones cuatrocientos mil bolívares (Bs. 58.400.000,oo), por concepto de daños y perjuicios; diecisiete millones quinientos veinte mil bolívares (Bs. 17.520.000,oo), por concepto de honorarios de abogado, más las costas y costos del proceso.

   Sobre la reconvención, debe precisarse que la demandada-reconviniente, fundamentó su mutua-petición, esgrimiendo los mismos hechos alegados al contestar la demanda tal y como se estableció en los capítulos precedentes de este fallo; en base a ello se trae a colación, el criterio sostenido por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 65, de fecha 29.1.2002, en donde expresó:

   ...La Sala estima que ésta ajustada a derecho la interpretación contenida en la sentencia recurrida, pues la reconvención no es una defensa, sino una contraofensiva explícita, una nueva pretensión que se deduce en el mismo proceso por mandato de la ley, como un supuesto más de acumulación, en beneficio de los principios de economía y celeridad procesal.

   ...Omissis...

   Otra característica que pone de manifiesto que la reconvención constituye una nueva pretensión deducida en un mismo proceso por razones de economía procesal, es que el desistimiento de la demanda no produce el fenecimiento de la reconvención, la cual subsiste por el carácter autónomo del interés que la sustenta. Por esa razón, la reconvención debe reunir los requisitos previstos en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil...

   .

   En razón de ello se fija, que la reconvención no es un medio de defensa, sino de ataque; y siendo que en el caso de marras, la ciudadana N.D.V.V.G., por medio de su representante judicial, instauró reconvención contra la ciudadana L.M.V.G., cuyo fundamento principal, es el reconocimiento de la falta de incumplimiento de sus obligaciones contractuales –principal argumento de rechazo de la demanda-; pues, basó su alegato, en que el lapso para la ejecución del contrato “opción de compra”, no se había iniciado por la falta de protocolización de dicho instrumento. Este argumento, no constituye una contraofensiva o mutua petición, sino una defensa pura y simple ejercida contra la demanda principal, la cual se encuentra fundada en su presunto incumplimiento; es decir, el afirmar que no existe tal inejecución, se corresponde a una defensa o excepción en contra de la demanda que le fue incoada; y por tanto, no constituye el fundamento lógico para la reconvención, mucho menos para reclamar presuntos daños y perjuicios causados por el juicio. Amén, que en doctrina y jurisprudencia, es aceptado y reconocido que el proceso judicial, salvo determinadas excepciones (Eje. La temeridad de la demanda), es incapaz de causar daños; es decir, el proceso está establecido con el objeto de dirimir conflictos entre los particulares, en miras a la paz social, y por tanto, no pueden causarse daños y perjuicios, cuando existe un conflicto de intereses o la incertidumbre de un derecho entre los particulares; en razón de ello, la reconvención propuesta por la ciudadana N.D.V.V.G., debe ser declarada inadmisible, lo cual se hará en forma expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así formalmente se declara.

   Determinado lo anterior, para emitir su sentencia de mérito este juzgador aprecia previamente el acervo probatorio traído a los autos por las partes en litigio, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, en tal sentido se tiene:

   • DE LAS PRUEBAS:

   Con el libelo de demanda, la parte actora-reconvenida, produjo marcado “A”, documento; impugnado por la parte demandada-reconviniente, al manifestar que era copia simple y que siendo documento privado no tenía cabida en el proceso. Por su parte la actora-reconvenida, al contestar las cuestiones previas incoadas por su contraria, alegó que pudo constatar que efectivamente el original que consignó junto al libelo de demanda y diligencia consignando los recaudos no existía; que en su lugar hay una copia fotostática, que no entiende que sucedió con el original, acompañando otra copia recibida por el IPASME. Al respecto observa el tribunal que la misma representación judicial al momento de realizar el ofrecimiento de pruebas, manifestó que promueve, ratifica y da por reproducido el valor probatorio de algunas documentales, entre ellas el contrato de opción de compra, manifestando que riela en autos al folio 13 marcada con la letra “A”, para luego acompañarlo en su promoción en original. Ahora bien, ante tal alegación, sobre la falta de acompañamiento del original del documento de donde deriva la pretensión; puede apreciarse de las actas procesales los siguientes actos de las partes:

   1. La actora acompañó junto al libelo de demanda, marcado “A”, copia simple del contrato denominado “Opción de compra”; convicción a la que llega este sentenciador; no obstante que la accionante mantiene lo contrario, pues, ésta en la etapa probatoria trae el original a los autos, por lo que debe ser apercibida de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1º del artículo 170 del Código de Tramites. Así se establece.

   2. Junto a la contestación de las cuestione previas, acompañó copia del mencionado documento, esta vez, recibido con sello húmedo por el IPASME; y,

   3. Junto al escrito de promoción de pruebas, acompañó original del documento marcado con la letra “A”.

   Ahora bien, ante los hechos evidenciados de las actas y los alegatos de las partes, debe este Juzgador conforme lo establecido por los artículos 429 y 434 del Código de Procedimiento Civil, establecer que los documentos privados en que se funda la demanda, deben necesariamente acompañarse junto al libelo de demanda o indicarse la oficina o el lugar donde se encuentran. Ante la consignación del documento privado en copia simple, con el señalamiento que comportaba original, y la promoción del mismo en original al momento del ofrecimiento de pruebas, debe este Juzgador establecer, que tal como se presentó dicho documento, por demás fundamental para la pretensión incoada, no debía otorgársele valor; sin embargo, la parte demandada al oponer la contestación de la demanda, no obstante que denuncia la falta de cumplimiento de la exigencia legal indicada, estableció la validez de la obligación contenida en el instrumento cuestionado al excepcionarse de su cumplimiento por la existencia de la condición o plazo pendiente, según lo dispuesto en su cláusula tercera; en razón de ello, y siendo que los sujetos procesales son dueños de los derechos subjetivos controvertidos y ambos aceptaron la existencia de la obligación contenida en la copia simple acompañada como documento fundamental de la demanda, el cual luego fue promovido en original, y expresamente aceptado por la demandada al no atacarlo en dicha oportunidad; debe este Jurisdicente someterse a la autonomía de voluntad de las partes y establecer para efectos del presente proceso, la existencia de dicha convención, para lo cual se tiene como cierto la existencia del referido contrato y las cláusulas establecidas en dicha convención. En razón de ello, se establece que la parte demandada-reconviniente, ciudadana N.V., se comprometió a vender a la ciudadana L.M.V., un apartamento destinado a vivienda, situado entre las esquinas de Abanico a Canónigos, calle Norte tres (3) Parroquia Altagracia, Municipio Libertador el Distrito Capital, situado en el segundo piso y que consta de un amplio salón, balcón, un baño, un closet y tiene una superficie aproximada de cincuenta y ocho metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados (58,42 Mts2) y sus linderos particulares son: Norte, con la fachada Norte del edificio del segundo piso; Sur, con el apartamento Nº 23; Este, con la fachada Este del edificio; y, Oeste, con el pasillo del segundo piso por donde tiene su entrada a dicho apartamento Nº 24 y le corresponde un puesto de estacionamiento identificado con el Nº 27, con una superficie de doce metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados (12,50 Mts2) e igualmente tiene dos (2) maleteros de tres (3) metros de largo por dos (2) de ancho, al frente del apartamento, que no esta registrado en el Documento de Condominio, según se determina en el documento de condominio el cual esta protocolizado en la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Federal el día 15 de noviembre de 1969, bajo el Nº 43, Tomo 29, Protocolo Primero; Que dicho inmueble pertenece a la parte demandada-reconviniente, conforme a documento protocolizado ante la referida Oficina Subalterna de Registro, el 10 de noviembre de 1997, bajo el Nº 45, Tomo 17, Protocolo Primero; Que fijaron que el precio de la venta sería la cantidad de treinta y cinco millones de bolívares (Bs. 35.000.000,oo). Así se establece.-

   Marcado “B”, comprobante de solicitud de créditos hipotecarios, emanado del Departamento de Créditos Hipotecarios del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Profesional de Ministerio de Educación (I.P.A.S.M.E.); de dicha documental se evidencia que la parte actora-reconvenida, peticionó crédito hipotecario a dicho ente administrativo, por lo cual le fue expedido el comprobante de solicitud de crédito el día 22 de septiembre de 2003; documento que es valorado y apreciado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 429 del Código de Procedimiento Civil y 1357 del Código Civil, por ser documento público administrativo, emanado de ente administrativo adscrito al Ministerio de Educación. Así se establece.

   Marcada “C”, constancia de crédito aprobado, emanada de la División de Créditos Hipotecarios del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (I.P.A.S.M.E.); de dicha documental se evidencia que dicha división mediante resolución de junta Nº 296 de fecha 26 de enero de 2004, le aprobó un crédito hipotecario a la parte actora-reconvenida, por la cantidad de treinta millones de bolívares (Bs. 30.000.000,oo); documento que es valorado y apreciado por este sentenciador de conformidad con lo dispuesto en los artículos 429 del Código de Procedimiento Civil y 1357 del Código Civil, por ser documento público administrativo emanado de ente administrativo adscrito al Ministerio de Educación. Así formalmente se establece.

   Marcada “D”, copia simple de documento definitivo de venta. Instrumento que es desechado por este jurisdicente, toda vez que las copias fotostáticas de documentos privados carecen de valor probatorio en nuestro ordenamiento jurídico. Así se establece.

   Facturas Nos. 15198 y 1051, con Talón de Recibo, por las cantidades de cuatro mil cuarenta bolívares (Bs. 4.040,oo) y dos mil doscientos setenta y tres bolívares con sesenta céntimos (Bs. 2.273,60), respectivamente, emanados en fechas 05 de febrero de 2004 y 05 de marzo de 2004, del Instituto Postal Telegráfico (IPOSTEL); así como copias fotostáticas de planillas de telegramas, de las cuales se evidencia que en fechas 05 de febrero y 05 de marzo de 2004, la parte actora-reconvenida, pagó al Instituto Postal Telegráfico (IPOSTEL) y éste libró telegramas Nos. 2946 y 133, respectivamente, a la parte demandada-reconviniente, participándole que el lapso establecido en la cláusula tercera del contrato de opción de compra, se encontraba vigente; y, la fecha, lugar y hora del otorgamiento del documento definitivo de compraventa. Documentales que este jurisdicente, aprecia y valora por guardar relación con los hechos delatados y la pretensión actoral, conforme lo dispuesto en la regla del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

   Asimismo, produjo telegrama de acuse de recibo, emanado del Instituto Postal Telegráfico, en fecha 05 de marzo de 2004; documental que es apreciada por este jurisdicente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 429 del Código de Procedimiento Civil y 1375 del Código Civil, toda vez que se evidencia que el telegrama librado el 05 de marzo de 2004, fue entregado en esa misma fecha por dicho ente administrativo gubernamental. Así se establece.

   Marcado “H”, sobre con planilla de documento de envío emanada de MRW, documental que es desechada por este jurisdicente, toda vez que la planilla de envío constituye una tarja la cual sólo es oponible a la persona de quien emana, no a tercero ajeno; en razón de ello, las documentales contenidas en dicho sobre, por ser manuscrito del cual no se evidencia la persona de quien emana, es desechado. Así se establece.

   Marcada “I”, copia al carbón de acta, emanada de la División de Créditos del IPASME, mediante la cual la ciudadana M.R., titular de la cédula de identidad Nº 6.184.058, deja constancia que estuvo presente el día 18 de marzo de 2004, en la Oficina Subalterna de Registro del Primer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, con el objeto de otorgar el documento definitivo de compraventa y constitución de hipoteca a favor de dicho ente, y que la vendedora, ciudadana N.V., no se hizo presente; documental que es apreciada y valorada, de conformidad con lo dispuesto en el segundo aparte del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se tiene como fidedigna, al ser copia al carbón de documento público administrativo. Así se establece.

   Marcada “J”, copia fotostática de certificación de gravámenes, expedida el 03 de septiembre de 2003, por la Oficina Subalterna de Registro Público del Primer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital; de dicha documental se evidencia que sobre el inmueble objeto del contrato cuyo cumplimiento se demandó, no pesaba ningún gravamen hipotecario, como tampoco existían prohibiciones de enajenar y gravar, ni medidas de embargos; documental que es tenida como fidedigna conforme al segundo aparte del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por ser traslado fotostático de documento público. Así se establece.

   Marcada “K”, planilla de liquidación de derechos de registro Nº 0240869, expedida por la Oficina Subalterna de Registro Público del Primer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital en fecha 14 de agosto de 2003; de la cual se evidencia que la ciudadana L.V., pagó los derechos regístrales para la expedición de la certificación de gravámenes, por la cantidad de cuarenta y cuatro mil seiscientos veinte bolívares (Bs. 44.620,oo); documental que es valorada y apreciada por este jurisdicente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 429 del Código de Procedimiento Civil y 1357 del Código Civil, por ser documento público expedido por funcionario público con facultades para dar fe publica. Así se establece.

   Marcada “L”, planilla de liquidación de derechos arancelarios Nº 131675, de fecha 22 de septiembre de 2003, emanada de la Notaría Pública Décima Tercera del Municipio Libertador; dicha planilla la parte actora-reconvenida, en el libelo de demanda, la imputó al gasto de autenticación de la declaración jurada de no poseer vivienda, hecho éste que la parte demandada-reconviniente, no rebatió en sentido alguno, por lo que se tiene como un hecho aceptado y por tanto, se aprecia y valora de conformidad con lo dispuesto en los artículos 429 del Código de Procedimiento Civil y 1357 del Código Civil. Así se establece.

   Marcada “M”, copia fotostática de comprobante de solicitud de crédito hipotecario, emanada de la División de Créditos del IPASME; con respecto a dicha promoción, este jurisdicente, observa que ya se emitió pronunciamiento sobre dicha probanza, la cual fue producida marcada “B” en original, lo que se da por reproducido en este acápite. Así se establece.

   Marcada “N”, factura sin número, de fecha 28 de febrero de 2004, por la cantidad de cien mil bolívares (Bs. 100.000,oo); documental que es desechada del proceso, toda vez que la misma responde a documento privado emanado de tercero ajeno al proceso, que debió ratificarlo conforme lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

   Marcada “Ñ”, comprobante de Recepción de Documentos de Constitución de Hipoteca a Favor del IPASME, expedido el 04 de marzo de 2004; documental de la que se evidencia que la parte actora-reconvenida, dejó constancia de haber recibido documento destinado a legalizar el crédito que le fue aprobado por el IPASME y se comprometió a participar a la Dirección General de Créditos del IPASME, con dos (2) días hábiles de anticipación, la fecha, hora y lugar donde se efectuaría la firma del mismo; a presentar al funcionario designado por el Ipasme, en el momento de la firma del mismo, el original y dos (2) copias del último talón de pago; asimismo, se le notificó que debía consignar póliza de seguro contra incendio y terremoto a favor del Ipasme, que cubriese la cantidad de cincuenta y cinco millones trescientos noventa y ocho mil ciento siete bolívares con veinte céntimos (Bs. 55.398.107,20); las cantidades de trescientos sesenta mil bolívares (Bs. 360.000,oo) y ochenta y nueve mil novecientos veinticuatro bolívares (Bs. 89.924,oo) por concepto de primer año de fondo de garantía colectivo (seguro de vida); documental que es apreciada y valorada por este jurisdicente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 429 del Código de Procedimiento Civil y 1357 del Código Civil por ser documento público administrativo emanado de ente administrativo adscrito al Ministerio de Educación. Así se establece.

   Marcada “O”, constancia de fecha 05 de marzo de 2004, emanada de la Caja Principal de la División de Créditos Hipotecarios del IPASME, relativa al Fondo de Garantía Colectivo, Seguro de Vida, mediante la cual se dejó constancia de haber recibido de parte de la actora-reconvenida, la cantidad de cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos veinticuatro bolívares (Bs. 449.924,oo) por concepto de aporte correspondiente al primer año del Fondo del Servicio de Gravamen Hipotecario; documental que es apreciada y valorada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 429 del Código de Procedimiento Civil y 1357 del Código Civil, por ser documento público administrativo emanado de ente administrativo adscrito al Ministerio de Educación. Así se establece.

   Marcado “P”, cuadro sustitutivo, Póliza Nº 20-87-2202532, emanada de Seguros Caracas de Liberty Mutual; con respecto a dicha promoción, este jurisdicente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley del Contrato de Seguro, aprecia y valora; evidenciándose que Seguros Caracas de Liberty Mutual, aseguró el bien inmueble objeto del contrato cuyo cumplimiento se demandó, por la cantidad de cincuenta y cinco millones trescientos noventa y ocho mil ciento ocho bolívares (Bs. 55.398.108,oo), con un pago de una prima anual de ciento cuarenta y dos mil doscientos sesenta y dos bolívares con treinta y cuatro céntimos (Bs. 142.262,34). Así se establece.

   Marcadas “Q” y “R”, copias fotostáticas de planilla de liquidación de Derechos de Registro; vauchers de depósito bancario en la entidad financiera Banesco, Banco Universal; y, Recibo Nº 014130, de fecha 04 de marzo de 2004, emanada de la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Libertador, el primero y el último, de las cuales se evidencia que la ciudadana L.V., presentó para ser protocolizado ante la Oficina Subalterna respectiva y depositó los derechos de registro por la cantidad de trescientos sesenta mil ochocientos noventa y siete bolívares (Bs. 360.897,oo); el documento definitivo de venta, ante la Oficina Subalterna de Registro correspondiente; documentales que son apreciadas y valoradas por este jurisdicente en su conjunto como fidedignas, de conformidad con el segundo aparte del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por ser copia de documento público. Así se establece.

   Marcado “S”, recibo emanado de la ciudadana L.M.O.R., en febrero de 2004; documental que es desechada del presente proceso, por constituir un documento privado emanado de tercero ajeno al proceso, que debió ratificarlo conforme lo establece el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil; amen, dicha documental responde al pago de dinero por concepto de honorarios profesionales, los cuales para su reclamo y exigibilidad tienen un procedimiento especial establecido por nuestro legislador, y el cual es incompatible con la pretensión deducida en el presente proceso. Así se establece.

   La parte demandada-reconviniente, conjuntamente con el escrito de cuestiones previas y contestación a la demanda, promovió copia del documento contentivo del contrato cuya ejecución pidió la actora-reconvenida; con la que pretendió hacer valer la mención contenida manuscrita en dicho documento de “buscar original”, con el objeto de fundamentar la falta de presentación oportuna del original del contrato; con respecto a ello, este jurisdicente observa que ya emitió pronunciamiento en relación a su valoración y apreciación, el cual se da por reproducido en este acápite, por lo que se considera inoficioso hacerlo nuevamente. Así se establece.

   En la etapa probatoria, la parte demandada-reconviniente, promovió el mérito favorable de los autos. En relación con ello, debe reiterarse el criterio que no es un medio de prueba sino la solicitud de aplicación del principio de comunidad de la prueba, o de adquisición, que rige en todo el sistema probatorio venezolano, que el Juez está en el deber de aplicar de oficio, sin necesidad de alegación de parte, razón por la cual no siendo promovido un medio probatorio susceptible de valoración, se considera improcedente examinar tales requerimientos. Así se decide.

   Hizo valer la cláusula tercera del contrato cuya ejecución se demandó, para fundamentar su alegato que el plazo para la ejecución del contrato nunca inició en razón de la falta de protocolización del mismo; en torno a ello se emitirá pronunciamiento en las motivaciones de hecho y de derecho del presente fallo. Así se establece.

   En la etapa probatoria, la parte actora-reconvenida, además de hacer valer las documentales producidas con el libelo de demanda y sobre las cuales ya se hizo pronunciamiento sobre su valoración y apreciación, el cual se da por reproducido en este acápite, acompañó original de comunicación del 27 de enero de 2004, emanada de la ciudadana N.V.G., dirigida a la División de Créditos del Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (IPASME); de dicha comunicación se evidencia que la parte demandada-reconviniente, para esa fecha, se encontraba en conocimiento que la ciudadana L.V., estaba haciendo las gestiones para el otorgamiento del crédito para adquirir el inmueble objeto del contrato cuyo cumplimiento se pidió; documental que es apreciada y valorada por este jurisdicente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 429, 444 del Código de Procedimiento Civil y 1367 del Código Civil, toda vez que la parte contra quien fue opuesta no la desconoció ni impugno, por lo que se tiene por reconocida. Así se establece.

   Conforme al elenco probatorio aportado por las partes, quedó demostrada la suscripción del contrato entre ellas denominado “opción de compra”, mediante el cual la demandada se comprometió a vender a la actora el inmueble constituido por un apartamento destinado a vivienda distinguido con el Nº 24, situado entra las esquinas de Abanico a Canónigos, calle Norte 3, Parroquia Altagracia, Municipio Libertador del Distrito Capital, situado en el segundo piso del edificio denominado Centro Importador Abanico, cuyos linderos, medidas y demás determinaciones constan suficientemente detalladas en el documento de condominio. Que el inmueble tiene una superficie aproximada de cincuenta y ocho metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados (58,42 Mts2), consta de kitchinet, amplio salón, balcón, baño y closet, dentro de los siguientes linderos particulares: Norte, con fachada norte del edificio del segundo piso; Sur, con el apartamento Nº 23; Este, con la fachada este del edificio; y, Oeste, con el pasillo del segundo piso, por donde tiene su entrada. Que a dicho apartamento le corresponde un puesto de estacionamiento identificado con el Nº 27, el cual tiene una superficie de doce metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados (12,50 Mts2), y sus linderos son: Norte, con pasillo de circulación de vehículos; Sur, con parte del puesto Nº 21; Este, con pantalla de concreto que lo separa del pasillo de circulación de vehículos; y, Oeste, con puesto Nº 26; y Que dicho apartamento pertenece a la parte demandada-reconviniente, según documento protocolizado en la referida Oficina Subalterna de Registro, el 10 de noviembre de 1997, bajo el Nº 45, Tomo 17, Protocolo Primero. Así se establece.

   Establecido lo anterior, debe precisarse que siendo la principal defensa de la parte demandada, el hecho que el plazo para el cumplimiento de la convención nunca se inició, puesto que se convino en que la venta definitiva establecida en la “opción de compra”, se efectuaría dentro de los ciento cincuenta (150) días hábiles siguientes a la protocolización, corresponde analizar si el contrato cuyo cumplimiento se demanda, estaba sometido a una condición suspensiva o término para su ejecución, con el objeto de determinar si hubo o no incumplimiento de las obligaciones que asumió la ciudadana N.D.V.V.G.. Así se establece.

   En este orden de ideas y siguiendo el hilo argumental, podemos establecer que los artículos 1197 y 1211 del Código Civil, establecen:

   Artículo 1197. La obligación es condicional cuando su existencia o resolución depende de un acontecimiento futuro o incierto

   .

   Artículo 1211. El término estipulado en las obligaciones difiere de la condición en que no suspende la obligación y sólo fija el momento de la ejecución o de la extinción de la misma

   .

   De acuerdo a las normas transcritas, la condición puede definirse, a modo general, como la supeditación de las consecuencias de un acto jurídico a un acontecimiento futuro e incierto. La condición es un elemento accidental. No se presume y debe ser probada por la parte que lo alega. Estrictamente hablando, desde el punto de vista de la técnica jurídica, el vocablo condición significa todo acontecimiento futuro e incierto del cual depende la eficacia de un acto jurídico. La condición se dice que está pendiente, cuando el acontecimiento futuro e incierto puede verificarse, pero no se ha realizado todavía. La característica de pendencia, por lo demás, no es exclusiva de la condición, en sentido estricto, y tiene relevancia también respecto del término, entendido este vocablo como el acontecimiento futuro y cierto del cual depende la eficacia del acto jurídico; se dice, en efecto, que el término se encuentra pendiente, cuando el acontecimiento futuro y cierto no se ha realizado todavía. Es decir, la condición depende de un hecho futuro e incierto, como por ejemplo, la voluntad de un tercero; mientras que el término es un acontecimiento futuro pero cierto, y en todo caso, si existe incertidumbre sobre si se producirá el acontecimiento, estaremos ante una condición y no de un término.

   El término no suspende la existencia de la obligación, es decir, el nacimiento de ella, ni repone las cosas al estado que tenían como si la obligación no se hubiera jamás contraído, sino que, en un caso, aplaza el cumplimiento de la obligación, que ya tiene existencia y en el otro, la extingue por el fenecimiento del plazo estipulado para la ejecución.

   En el caso de marras, se aprecia que las parte contratantes establecieron en la negociación aceptada por ambas, que la venta definitiva del inmueble se llevaría a cabo dentro de los ciento cincuenta (150) días hábiles siguientes a la protocolización del contrato cuya ejecución se demandó (cláusula tercera); así, de acuerdo con ello, este jurisdicente evidencia que se está en presencia de una condición suspensiva de la ejecución de las obligaciones contraídas, como lo es, el protocolizar el contrato, para que inicie el lapso para dar cumplimiento (término del contrato); y una vez vencido el lapso, es que, en caso de incumplimiento de alguna de las partes, la otra podía exigir la ejecución o la resolución; siendo ello así, y visto los pedimentos formulados por la actora-reconvenida en la reforma de la demanda, este jurisdicente concluye en la certeza de la convención pactada; sin embargo, se encuentra sometido a una condición suspensiva de la cual depende su eficacia, y la exigibilidad de las obligaciones contenidas en él, como lo es su protocolización. Así se establece.

   Siguiendo esta línea argumental, encontramos que el contrato cuyo cumplimiento se pidió que consta según la manifestación de ambas partes tal como aparece en los facsímiles que rielan al expediente, que para su ejecución, debió protocolizarse con el objeto que iniciara a transcurrir el término de los ciento cincuenta (150) días hábiles. De lo anterior se evidencia, que la convención aceptada por las partes, contiene una cláusula, tercera del contrato, que establece la condición suspensiva de sus efectos, futura e incierta (incierta porque aun teniendo en cuenta la condición, era desconocido el momento en que se verificaría); por ello, no puede este sentenciador, endilgar incumplimiento de la parte demandada-reconviniente, a sus obligaciones contractuales, cuando –por falta de protocolización de la convención- aún no son exigibles; por lo que, mal puede haber incumplido con la convención de opción de compra. Así formalmente se declara.

   Con respecto al pago de las cantidades de dinero que la actora reclama por concepto de gastos ocasionados con motivo de la compra; daños y perjuicios; y, gastos de abogado, este jurisdicente observa, que no existiendo incumplimiento de la parte demandada-reconviniente de las obligaciones que asumió en el contrato de opción de compra, mal puede reclamar la parte actora-reconvenida indemnización o reembolso alguno, cuando la eficacia de la convención no existía para legitimar los gastos realizados, toda vez que el nacimiento del lapso para la ejecución del contrato, comenzaba al protocolizar dicha convención. No existiendo incumplimiento por parte de la demandada-reconviniente, mal puede ésta soportar condena en el reembolso o indemnización por los conceptos señalados como gastos derivados de la ejecución de la negociación, toda vez que su obligación aún no era exigible, de igual forma debe desecharse la reclamación por daños y perjuicios, en razón de no existir el vínculo de causalidad para generar alguna compensación por dicho concepto. Así formalmente se establece. En virtud de las anteriores consideraciones, debe declararse parcialmente con lugar la apelación interpuesta en fecha 26 de mayo de 2010, por la abogada L.O., en su carácter de apoderada judicial de la parte actora-reconvenida, lo cual se hará en forma expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así formalmente se declara.

5. DISPOSITIVA.

   En fuerza de las consideraciones precedentemente expuestas, este JUZGADO SUPERIOR QUINTO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara:

PARCIALMENTE CON LUGAR, la apelación interpuesta en fecha 26 de mayo de 2010, por la abogada L.O., en su carácter de apoderada judicial de la parte actora-reconvenida, en contra de la decisión dictada el ocho (08) de diciembre de 2008, por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró parcialmente con lugar la demanda de cumplimiento de contrato de opción de compra, incoada por la ciudadana L.M.V.G., contra N.d.V.V.G.; y, parcialmente con lugar la reconvención.

PARCIALMENTE CON LUGAR, la demanda de cumplimiento de contrato de opción de compra, incoada por la ciudadana L.M.V.G., contra la ciudadana N.D.V.V.G.. Válido el contrato de opción de compra suscrito por las referidas ciudadanas de manera privada, que versa sobre un inmueble constituido por un apartamento destinado a vivienda distinguido con el Nº 24, situado entra las esquinas de Abanico a Canónigos, calle Norte 3, Parroquia Altagracia, Municipio Libertador del Distrito Capital, situado en el segundo piso del edificio denominado Centro Importador Abanico, cuyos linderos, medidas y demás determinaciones constan suficientemente detalladas en el documento de condominio. Dicho inmueble tiene una superficie aproximada de cincuenta y ocho metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados (58,42 Mts2), consta de kitchinet, amplio salón, balcón, baño y closet, dentro de los siguientes linderos particulares: Norte, con fachada norte del edificio del segundo piso; Sur, con el apartamento Nº 23; Este, con la fachada este del edificio; y, Oeste, con el pasillo del segundo piso, por donde tiene su entrada. A dicho apartamento le corresponde un puesto de estacionamiento identificado con el Nº 27, el cual tiene una superficie de doce metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados (12,50 Mts2), y sus linderos son: Norte, con pasillo de circulación de vehículos; Sur, con parte del puesto Nº 21; Este, con pantalla de concreto que lo separa del pasillo de circulación de vehículos; y, Oeste, con puesto Nº 26. Asimismo, le corresponde un porcentaje de condominio de ochocientas sesenta y un milésimas por ciento (0,861%), sobre los derechos y obligaciones derivadas del condominio. Todo de conformidad con el documento de condominio inscrito en la Oficina Subalterna del Primera Circuito de Registro del Municipio Libertador del hoy Distrito Capital, el 15 de noviembre de 1996, bajo el Nº 43, Tomo 29, Protocolo Primero. Dicho apartamento pertenece a la parte demandada-reconviniente, según documento protocolizado en la referida Oficina Subalterna de Registro, el 10 de noviembre de 1997, bajo el Nº 45, Tomo 17, Protocolo Primero.

INADMISIBLE, la reconvención presentada en fecha 11 de agosto de 2005, por el abogado L.A.V.Q., en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada.

Dada la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas procesales.

Queda así modificada la decisión apelada.

Regístrese, publíquese, notifíquese, déjese copia y devuélvase en su oportunidad legal al juzgado de la causa.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los veintidós (22) días del mes de junio del año dos mil once (2011). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.

EL JUEZ,

E.J.S.M.

LA SECRETARIA,

Abg. E.J. TORREALBA C.

En la misma fecha siendo las tres y veintisiete post meridiem (3:27 P.M.) se publicó la anterior decisión.

LA SECRETARIA,

Abg. E.J. TORREALBA C.

Exp. Nº 9754.

Definitiva/Civil/Recurso

Cumplimiento de Contrato y Reconvención

Parcialmente Con Lugar la Apelación

Parcialmente Con Lugar la Demanda/”F”

EJSM/EJTC/Carlos.