Ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos Contra los Derechos Humanos
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
LEY DE LA COMISIÓN PARA LA GARANTÍA DE JUSTICIA Y REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela asume los derechos humanos como un eje central, consagrando el respeto de tales derechos como un valor superior del ordenamiento jurídico y de la actuación del Estado. Además, de acuerdo con el Texto
Constitucional, el Estado tiene la obligación de promover, respetar y garantizar el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna.
Como parte del diseño del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, la Constitución consagra el deber de investigar y sancionar los delitos contra los derechos humanos, previendo asimismo la imprescriptibilidad de las acciones para castigarlos. El juzgamiento de todos los delitos contra los derechos humanos está reservado a la jurisdicción ordinaria y se encuentra excluido de todo beneficio que pueda conducir a la impunidad, incluyendo el indulto y la amnistía.
Dentro de este marco, el Texto Constitucional reconoce el derecho de toda persona de acceder a la justicia para hacer valer sus derechos e intereses, a la tutela judicial efectiva y a obtener con prontitud de la decisión correspondiente. Para ello, el Estado tiene el deber de garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. De la misma forma, la Constitución reconoce el derecho de las víctimas de delitos contra los derechos humanos a ser indemnizadas integralmente.
Estas disposiciones normativas de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela recogen a la perfección lo establecido en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, suscritos y ratificados por la República, los cuales son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público, en los términos definidos por la Constitución y la jurisprudencia. Entre los instrumentos internacionales ratificados por Venezuela en esta materia se encuentran el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre la Eliminación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, la Convención de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.
En este sentido, el presente proyecto de ley busca fortalecer los mecanismos institucionales existentes para asegurar la efectiva aplicación de todas las disposiciones constitucionales e internacionales en materia de investigación y sanción de los delitos contra los derechos humanos, reconociendo y respetando las competencias atribuidas a cada uno de los órganos del Poder Público en esta materia, así como su independencia y autonomía.
Para tal fin se plantea la creación de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos, como un órgano independiente, adscrito al Consejo Moral Republicano, encargado de hacer seguimiento a la labor desarrollada por los órganos del sistema de justicia en esta materia y realizar estudios y recomendaciones orientadas a contribuir a la garantía efectiva del derecho a la justicia y a la reparación de las víctimas de los delitos contra los derechos humanos.
El proyecto de ley está compuesto por 19 artículos, distribuidos en dos capítulos, una disposición transitoria y una disposición final. En el capítulo I se establecen las disposiciones generales, destacando el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los delitos contra los derechos humanos, junto a los principios de universalidad, igualdad, indivisibilidad, interdependencia, progresividad, irrenunciabilidad, interculturalidad y corresponsabilidad de los derechos humanos.
Adicionalmente, se incorporan otros principios que deben guiar el funcionamiento de la Comisión, tales como transparencia, gratuidad, brevedad, imparcialidad, independencia y rendición de cuentas, subrayando que en todo momento el trabajo de la Comisión debe evitar la revictimización.
En el segundo capítulo, se regula la composición y funcionamiento de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos. En tal sentido, se plantea una Comisión integrada por siete comisionadas y comisionados, designadas y designados por la Asamblea Nacional, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. Cinco de las y los integrantes de la Comisión son escogidas y escogidos a partir de su labor en organizaciones de derechos humanos, su trayectoria en la materia y su acreditada capacidad profesional, ética e integridad. También integran la Comisión dos diputadas o diputados de la Asamblea Nacional, reconociendo el principio de pluralismo político previsto en la Constitución.
La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos circunscribirá su mandato a las violaciones graves de los derechos humanos, a saber, todos aquellos delitos contra los derechos humanos que impliquen afectaciones a la dignidad humana, vida, integridad personal, libertad personal y libertad de conciencia, pensamiento y opinión, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados internacionales aplicables.
La Comisión que se crea en esta ley no sustituye a los órganos del sistema justicia en el ejercicio de sus atribuciones y competencias constitucionales. La función de la Comisión es de seguimiento, estudio, evaluación, verificación y recomendación para reforzar la garantía de justicia y reparación, en virtud de lo cual la implementación de sus recomendaciones no exime del necesario cumplimiento del debido proceso y del ejercicio pleno al derecho de la defensa que asiste a cualquier persona conforme a la Constitución y las leyes.
Para garantizar el logro de los objetivos planteados, el proyecto ley prevé que la Comisión cuente con una Secretaría Ejecutiva que actuará como su instancia operativa y dispondrá del personal necesario para el cumplimiento de sus funciones. Su organización y funcionamiento será regulada por el Reglamento Interno que se dicte a tal efecto. La Secretaría Ejecutiva, entre otras cosas, podrá acceder a la documentación llevada ante órganos policiales o de seguridad, del Ministerio Público, del Poder judicial o del sistema de justicia, contentivo de información relacionada con el mandato de la Comisión, protegiendo en todo momento los derechos de las víctimas.
Asimismo, se establece que la Comisión pueda contar con el apoyo de asesores, asesoras, expertos y expertas nacionales e internacionales de reconocido prestigio y con credenciales académicas pertinentes, así como destacadas figuras internacionales con experiencia o vinculación en estos temas, a fin de brindar asesoría especializada en función de los objetivos y finalidades establecidas. También la
Comisión puede contar con la asistencia técnica de organizaciones y organismos multilaterales especializados en la materia.
La ley recoge y desarrolla el derecho a la participación en todos los asuntos de interés de la sociedad y, especialmente el derecho de las víctimas, sus representantes y organizaciones a participar en el trabajo de la Comisión. En virtud de ello, la Comisión de Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos está llamada a generar mecanismos que faciliten la participación de las víctimas y sus representantes, así como organizaciones de la sociedad, propiciando su intervención en la construcción de políticas públicas, así como el ejercicio de labores de seguimiento y evaluación de la implementación de los esfuerzos para la justicia y reparación de las víctimas.
Finalmente, en el proyecto de ley se incorporan dos mecanismos importantes para asegurar que la Comisión pueda cumplir adecuadamente con su mandato. Por una parte, se desarrolla el principio constitucional de colaboración entre los órganos del Poder Público, estableciendo el deber de todas las autoridades públicas de cooperar con la Comisión y, por la otra, se garantiza el acceso a toda la información y documentación contenida en informes, expedientes y documentos de cualquier índole, que sea requerida en el marco de sus funciones.
LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA,
Decreta la siguiente,
LEY DE LA COMISIÓN PARA LA GARANTÍA DE JUSTICIA Y REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS
Objeto
Esta Ley tiene por objeto crear la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos, a los fines de generar recomendaciones y facilitar mecanismos de estudio, seguimiento y verificación en esta materia, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República.
Finalidad
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Promover el respeto, garantía y protección de los derechos humanos de todas las personas, en condiciones de igualdad y sin discriminación.
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Contribuir a asegurar el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas de delitos contra a los derechos humanos.
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Procurar la atención integral y reparación de las víctimas de delitos contra los derechos humanos.
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Velar por el establecimiento de las responsabilidades a que hubiere lugar por delitos contra los derechos humanos.
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Realizar estudios y evaluaciones que permitan el mejor cumplimiento de su objeto.
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Coadyuvar para que la actuación de los órganos del sistema de justicia se desarrolle con estricto apego a los valores, principios y derechos humanos reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República.
Principios
A tal efecto, la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos cumplirá su función, guiándose por los principios de transparencia, gratuidad, brevedad, imparcialidad, independencia y rendición de cuentas, evitando en todo momento la revictimización. Orden público e interpretación.
En caso de dudas en la interpretación de las disposiciones de esta Ley prevalecerá la que más favorezca al respeto, garantía y protección de los derechos humanos.
Imprescriptibilidad
Los delitos contra los derechos humanos serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios y quedan excluidos de toda forma de obstaculización u obstrucción que facilite la impunidad, incluidos el indulto y la amnistía.
COMISIÓN DE GARANTÍA DE JUSTICIA Y REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS
Comisión de Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos
La Comisión iniciará su ejercicio a partir de su instalación y tendrá un plazo de vigencia de dos años, prorrogables por la Asamblea Nacional.
La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos podrá denominarse alternativamente como Comisión de Justicia y Reparación.
Atribuciones
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Realizar un levantamiento de los procesos desarrollados en los órganos del sistema de justicia para la investigación, sanción y reparación de los delitos contra los derechos humanos, con el objeto de realizar los estudios y recomendaciones.
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Hacer seguimiento a las investigaciones y procesos del sistema de justicia en relación con los delitos contra los derechos humanos y formular las recomendaciones pertinentes para garantizar el derecho a la justicia.
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Velar por el otorgamiento de medidas de atención integral y reparación a las víctimas de delitos contra los derechos humanos, de conformidad con la ley especial que regule la materia.
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Realizar estudios orientados a la identificación y conocimiento científico sobre las causas, condicionantes y dinámicas involucradas en el funcionamiento del sistema de justicia, en relación con la investigación y sanción de los delitos contra los derechos humanos.
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Recomendar reformas y medidas orientadas al fortalecimiento del respeto y garantía de los derechos humanos y al mejor funcionamiento del sistema de justicia, haciendo seguimiento a su implementación.
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Formular propuestas de instrumentos normativos en el área de su competencia para la consideración de la Asamblea Nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley.
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Desarrollar espacios de diálogo e intercambio con las víctimas y sus representantes, organizaciones y movimientos sociales, así como con expertos nacionales e internacionales, en relación con el cumplimiento de su mandato.
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Establecer mecanismos de comunicación y cooperación técnica con organizaciones internacionales públicas, de carácter multilateral.
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Dictar su Reglamento Interno y demás actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de su mandato. Mandato
La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos circunscribirá su mandato a los presuntos delitos contra los derechos humanos que impliquen afectaciones a la dignidad humana, vida, integridad personal física, psíquica y moral, libertad personal y libertad de conciencia, pensamiento y opinión, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes y demás tratados internacionales ratificados por la República.
Alcance de las recomendaciones
La adopción de las recomendaciones de la Comisión por parte de los órganos del sistema de justicia, no exime del necesario cumplimiento del debido proceso y del ejercicio pleno al derecho a la defensa que asiste a cualquier persona, conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes.
Composición
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Tres personas designadas por su destacada trayectoria en materia de derechos humanos y su acreditada capacidad profesional, ética e integridad.
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Dos integrantes de organizaciones y movimientos de defensa de los derechos humanos, con amplia trayectoria en la materia.
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Dos diputadas o diputados de la Asamblea Nacional.
La Presidenta o Presidente de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos será elegida o elegido por la Asamblea Nacional, entre las personas designadas en el numeral 1 de este artículo.
Naturaleza de las Comisionadas y Comisionados
Las y los integrantes de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos gozarán de inmunidad y demás prerrogativas en el ejercicio de sus funciones desde su juramentación y hasta seis meses siguientes a la conclusión de su mandato. Igualmente, no están obligados a declarar, tanto en los procesos judiciales como en los procedimientos administrativos, respecto de las actuaciones realizadas en el cumplimiento del mandato atribuido a la Comisión.
Carácter vinculante
La Secretaría Ejecutiva estará a cargo de una Secretaria Ejecutiva o Secretario Ejecutivo que será designado por la presidenta o presidente de la Comisión.
La Secretaria Ejecutiva o Secretario Ejecutivo y todo el personal de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos gozarán de las mismas prerrogativas que los integrantes de la Comisión.
Atribuciones de la Secretaría Ejecutiva
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Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Comisión y su Presidenta o Presidente.
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Acceder a las actuaciones desarrolladas por los órganos policiales o de seguridad, del Ministerio Público, del Poder Judicial o del sistema de justicia, contentivo de información relacionada con el mandato de la Comisión o que así se hubiere indicado expresamente a la Secretaría Ejecutiva, garantizando la protección de los derechos de las víctimas. Además, podrá recabar las copias simples o certificadas de los documentos, incluyendo los confidenciales o secretos. En lo posible se hará uso de medios tecnológicos verificables.
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Realizar visitas e inspecciones en lugares señalados por la Comisión o su Presidenta o Presidente. Asimismo, podrá realizar las diligencias que resulten necesarias y urgentes para el cumplimiento de su mandato, en cuyo caso deberá informar al Presidenta o Presidente de la Comisión. Las autoridades facilitarán el apoyo a tales fines.
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Estudiar y analizar los procesos desarrollados en los órganos del sistema de justicia, en particular los órganos de investigación penal, el Ministerio Público y el Poder Judicial para investigar y establecer las responsabilidades a que hubiere lugar en ocasión de los delitos contra los derechos humanos, con el objeto de realizar las recomendaciones pertinentes.
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Requerir y acceder, sin reservas, a cualquier información que la Comisión estime necesaria para el cumplimiento sus fines.
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Realizar estudios acordados por la Comisión o su Presidenta o Presidente en relación con sus funciones.
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Planificar, coordinar, controlar y dirigir la gestión administrativa, presupuestaria y de personal de la Comisión.
Las demás establecidas en el reglamento interno de la Comisión.
Asesoría Técnica y cooperación internacional
Solo podrán ser asesoras y asesores, aquellas expertas o expertos de reconocido prestigio con credenciales académicas pertinentes, así como destacadas figuras internacionales con experiencia o vinculación en estos temas.
La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos podrá contar con la cooperación técnica de organizaciones internacionales públicas, de carácter multilateral. Patrimonio
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Los recursos que le sean asignados presupuestariamente para el Ejercicio Fiscal correspondiente y los recursos extraordinarios que le acuerde el Ejecutivo Nacional.
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Los bienes que, para el cumplimiento de sus fines, le sean transferidos por la República o sus entes.
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Las donaciones que se hagan a su favor.
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Cualquier otro ingreso permitido por la ley.
Participación ciudadana
Deber de colaboración
Delitos contra los Derechos Humanos o su Secretaría Ejecutiva para el cumplimiento de su mandato.
El incumplimiento del deber de colaboración por parte de las servidoras públicas y servidores públicos será considerado como causal de destitución.
Delitos contra los Derechos Humanos gozarán de las mismas prerrogativas que los integrantes de la Comisión.
Atribuciones de la Secretaría Ejecutiva
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Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Comisión y su Presidenta o Presidente.
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Acceder a las actuaciones desarrolladas por los órganos policiales o de seguridad, del Ministerio Público, del Poder Judicial o del sistema de justicia, contentivo de información relacionada con el mandato de la Comisión o que así se hubiere indicado expresamente a la Secretaría Ejecutiva, garantizando la protección de los derechos de las víctimas. Además, podrá recabar las copias simples o certificadas de los documentos, incluyendo los confidenciales o secretos. En lo posible se hará uso de medios tecnológicos verificables.
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Realizar visitas e inspecciones en lugares señalados por la Comisión o su Presidenta o Presidente. Asimismo, podrá realizar las diligencias que resulten necesarias y urgentes para el cumplimiento de su mandato, en cuyo caso deberá informar al Presidenta o Presidente de la Comisión. Las autoridades facilitarán el apoyo a tales fines.
Acceso a la información
Las servidoras públicas y servidores públicos están obligadas y obligados a dar acceso y a suministrar, en forma preferente y urgente, las copias de todo documento que sean solicitadas por la Comisión o su Secretaría Ejecutiva. Cuando por disposición legal la información solicitada deba mantenerse en reserva, la Comisión y su Secretaría Ejecutiva quedarán obligadas a mantener la reserva, no pudiendo difundir o hacer pública la información, sirviéndole únicamente como elemento para cumplir con su mandato.
La negativa de la servidora pública o servidor público a permitir el acceso y suministrar la información requerida por la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos será considerada como causal de destitución.
Carácter reservado de las actuaciones
Única: Dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigencia de esta Ley, el Consejo Moral Republicano y el Ejecutivo Nacional dispondrán los recursos necesarios para la instalación y funcionamiento de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos.
Única: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los quince días del mes de diciembre de dos mil veintiuno. Años 211°de la Independencia, 162°de la Federación y
22° de la Revolución Bolivariana.
Promulgación de la LEY DE LA COMISIÓN PARA LA GARANTÍA DE
JUSTICIA Y REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS CONTRA
LOS DERECHOS HUMANOS, de conformidad con lo previsto en el artículo
213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los veintisiete días del mes de diciembre de dos mil veintiuno. Años 211° de la Independencia, 162° de la Federación y 22° de la
Revolución Bolivariana.
Cúmplase,
(L.S.)
