Ley Orgánica de Reforma a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Todas las mujeres con independencia de su edad, origen étnico, rasgos fenotípicos, raza, color, linaje, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, tipo de ocupación, grado de educación, discapacidad, gestación, lugar de nacimiento, condición socioeconómica, condición migratoria, estado de salud, diferencia física, orientación sexual, identidad de género o expresión de género, asi como cualquier otra condición personal o colectiva, temporal o permanente, dispondrán de los mecanismos necesarios para hacer efectiva las garantías de los derechos reconocidos en esta Ley:

1. La información, la atención social integral y la asistencia jurídica gratuita a las mujeres víctimas de violencia por razones de género, son responsabilidad del Estado.

2. En el caso de mujeres en situación de vulnerabilidad, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de mujer e igualdad de género, a través del Instituto Nacional de la Mujer, así como los institutos regionales y municipales, deben asegurarles que la información se ofrezca en formato accesible y comprensible, en el idioma castellano, idiomas indígenas, la lengua de señas venezolana y otras modalidades u opciones de comunicación, incluidos los sistemas alternativos y aumentativos. En fin, se articularán los medios necesarios para que las mujeres en situación de violencia por razones de género que por sus circunstancias personales y sociales puedan tener una mayor dificultad para el acceso integral a la información, tengan garantizado el ejercicio efectivo de este derecho.

3. Las mujeres víctimas de violencia por razones de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de protección, de apoyo, acogida y de recuperación integral. En cada estado y municipio se crearán dichos servicios, con cargo al presupuesto anual. La atención que presten dichos servicios deberá ser gratuita, de calidad, permanente, urgente, especializada y multidisciplinaria profesionalmente y será financiada por el Estado.

4. Los servicios enunciados en el numeral anterior actuarán coordinadamente y en colaboración con los órganos de seguridad ciudadana, el sistema de justicia, los servicios de salud y la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer. También tendrán derecho a la atención social integral a través de estos servicios sociales las niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo la potestad parental o responsabilidad de crianza de las mujeres víctimas de violencia.

5. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de mujer e igualdad de género, el Instituto Nacional de la Mujer y los institutos estadales y municipales de la mujer, así como otras asociaciones, organizaciones incluyendo las comunitarias que promueven la defensa de los derechos humanos de las mujeres, orientarán y evaluarán los planes, proyectos, programas y acciones que se ejecuten y emitirán recomendaciones para su mejora y eficacia.

6. La Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de mujer e igualdad de género, a través del Instituto Nacional de la Mujer, y los institutos estadales y municipales velarán por la correcta aplicación de esta Ley y de los instrumentos derivados de la misma. Corresponderá a la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer y a las defensorías estadales, municipales y comunales velar por el respeto y ejercicio efectivo del derecho a la justicia de las mujeres víctimas de violencia por razones de género, asegurando que se les brinden los servicios necesarios que garanticen la efectividad de los derechos aquí consagrados. Este derecho asistirá también a las y los causahabientes en caso de fallecimiento de la mujer agredida.

7. Los colegios de abogadas y abogados, médicas y médicos, psicólogas y psicólogos y enfermeras y enfermeros de los distintos estados deben establecer servicios gratuitos de asesoría especializada integral a las mujeres víctimas de violencia por razones de género.

8. Las trabajadoras en situación de violencia por razones de género tendrán derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a ser movilizadas geográficamente o al cambio de su centro de trabajo. Si su estado requiriere una suspensión laboral, la misma deberá ser acreditada con la orden de protección de la jueza o del juez, previo informe y solicitud del Ministerio Público, bastando la acreditación de indicios.

9. El Estado desarrollará políticas públicas dirigidas a las mujeres víctimas de violencia por razones de género que carezcan de trabajo, podiendo ser insertadas en los programas, misiones y proyectos de capacitación para el empleo y emprendimiento, según lo permitan las condiciones físicas y psicológicas en las cuales se encuentren. Si las mujeres agredidas tuvieran una discapacidad reconocida oficialmente que les impida u obstaculice el acceso al empleo, recibirán una atención especial que permita su inserción laboral y su capacitación. Para ello se establecerán programas, proyectos y misiones. El Estado creará exenciones tributarias a las empresas, cooperativas y otros entes que promuevan el empleo, la inserción y reinserción en el mercado laboral y productivo de las mujeres víctimas de violencia por razones de género.

10. Las mujeres víctimas de violencia por razones de género tendrán prioridad para las ayudas y asistencias que cree la administración pública nacional, estatal o municipal.

11. Las mujeres víctimas de violencia por razones de género tendrán prioridad en el acceso a la vivienda, a la tierra, al crédito y a la asistencia técnica en los planes gubernamentales.

El Estado tiene la obligación indeclinable de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar el cumplimiento de esta Ley y garantizar los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia.

La sociedad tiene el derecho y el deber de participar de forma protagónica para lograr la vigencia plena y efectiva de esta Ley, a través de las organizaciones comunitarias y sociales.

El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe garantizar programas permanentes de educación y prevención sobre la violencia de género.

En la aplicación e interpretación de esta Ley, deberán tenerse en cuenta los siguientes principios y garantías procesales:

1. Gratuidad: Las solicitudes, pedimentos, demandas y demás actuaciones relativas a los asuntos a que se refiere esta Ley, así como las copias certificadas que se expidan de las mismas se harán en papel común y sin estampillas. Las funcionarías y los funcionarios de los poderes públicos que en cualquier forma intervengan, los tramitarán con toda preferencia y no podrán cobrar emolumento ni derecho alguno.

2. Celeridad: Los órganos receptores de denuncias, auxiliares de la administración de justicia en los términos del artículo 114 del Código Orgánico Procesal Penal y los tribunales competentes, darán preferencia al conocimiento y trámite de los hechos previstos en esta Ley, sin dilación alguna, en los lapsos previstos en ella, bajo apercibimiento de la medida administrativa que corresponda la funcionaría o funcionario que haya recibido la denuncia.

3. Inmediación: La jueza o el juez que ha de pronunciar la sentencia, debe presenciar la audiencia y la incorporación de las pruebas de las cuales obtiene su convencimiento, salvo en los casos que la ley permita la comisión judicial para la evacuación de algún medio probatorio necesario para la demostración de los hechos controvertidos, cuyas resultas serán debatidas en la audiencia de juicio. Se apreciarán las pruebas que consten en el expediente debidamente incorporadas en la audiencia.

4. Confidencialidad: Las funcionarías y los funcionarios de los órganos receptores de denuncias, de las unidades de atención y tratamiento, y de los tribunales competentes, deberán guardarla confidencialidad de los asuntos que se sometan a su consideración.

5. Oralidad: Los procedimientos serán orales y sólo se admitirán las formas escritas previstas en esta Ley y en el Código Orgánico Procesal Penal.

6. Concentración: Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si ello no fuere posible, continuará durante el menor número de días consecutivos.

7. Publicidad: El juicio será público, salvo que a solicitud de la mujer víctima de violencia el tribunal decida que éste se celebre total o parcialmente a puerta cerrada, debiendo informársele previa y oportunamente a la mujer, que puede hacer uso de este derecho.

8. Protección de las víctimas: Las víctimas de los hechos punibles aquí descritos tienen el derecho a acceder a los órganos especializados de justicia civil y penal de forma gratuita, expedita, sin dilaciones indebidas o formalismos inútiles, sin menos cabo de los derechos de las personas imputadas o acusadas. La protección de la víctima y la reparación del daño a las que tenga derecho serán también objetivo del procedimiento aquí previsto.

Las medidas de segundad y protección, y las medidas cautelares son aquellas que impone la autoridad competente señalada en esta Ley, para salvaguardar la vida, proteger la dignidad, integridad física, psicológica, sexual y los bienes patrimoniales de las mujeres víctimas de violencia. La idoneidad, necesidad, urgencia, proporcionalidad y finalidad son elementos esenciales para su otorgamiento, debiendo prevalecer el mandato de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación preferente. El respeto, garantía y protección de los derechos humanos de las mujeres es una materia de orden público e interés general. En consecuencia, todas las servidoras públicas y servidores públicos deben actuar de oficio ante las situaciones de amenaza o violación de los derechos humanos de las mujeres, sin que sea necesaria la solicitud, intervención o impulso de las personas interesadas.

En caso de duda en la interpretación o aplicación de esta Ley se adoptará aquella que más favorezca la protección de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia por razones de género y sus familiares.

A los fines de garantizar los derechos de las mujeres víctimas de violencia por razones de género se prohíbe:

1. La exposición de las mujeres víctimas de violencia y sus familiares, a situaciones de incomprensión o reiteraciones innecesarias que las sometan a un nuevo proceso de victimización.

2. La aplicación de la mediación, conciliación y demás medios alternativos de resolución de conflictos en los procedimientos de violencia contra la mujer por razones de género, en los casos que impliquen violación o amenaza al derecho a la vida e integridad física. En las demás situaciones podrá excepcionalmente emplearse estos medios siempre que una evaluación anterior por parte de un equipo multidisciplinario garantice el consentimiento libre e informado de las víctimas y no existan indicadores de nuevos riesgos para las víctimas o sus familiares. En ningún supuesto, la violencia contra la mujer por razones de género será remitida obligatoriamente a procedimientos alternativos de resolución de conflictos ni constituirá obstáculo para su acceso efectivo a la justicia.

3. El empleo de las víctimas y sus familiares para realizar notificaciones y citaciones previstas en esta Ley.

Las servidoras públicas y servidores públicos que incumplan la presente disposición serán sancionados por la comisión del delito de violencia institucional.

En todos los delitos previstos en esta Ley no se reconocerá fuero especial, salvo los expresamente contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y leyes de la República.

El juzgamiento de los delitos de que trata esta Ley se seguirá por el procedimiento especial aquí previsto.

Los Tribunales con competencia en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer son competentes para conocer de las solicitudes, acciones, recursos y delitos contemplados en esta Ley y por remisión en otras leyes. Igualmente, son competentes para conocer de aquellos delitos contenidos en otras leyes orgánicas, especiales o generales por conexión, conexidad o concurso real con el asunto del cual tienen conocimiento, independientemente que concurran víctimas mujeres y hombres.

El Tribunal Supremo de Justicia asegurará la existencia de tribunales especializados en zonas fronterizas y de difícil acceso.

En la recepción de las denuncias y en la investigación procesal de los hechos de que trata esta Ley, se utilizará personal debidamente sensibilizado, concientizado y capacitado en violencia de género. Los respectivos despachos estarán dotados de salas de espera para personas imputadas, separadas de las destinadas para las víctimas.

La violencia contra las mujeres a que se refiere esta Ley, comprende todo acto sexista que tenga o pueda tener como resultado la muerte, un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial; la coacción o la privación arbitraria de la libertad, asi como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito público como en el privado.

Se consideran formas de violencia de género en contra de las mujeres, las siguientes:

1. Violencia psicológica: Toda conducta activa u omisiva ejercida en deshonra, descrédito o menosprecio al valor o dignidad personal, tratos humillantes y vejatorios, vigilancia constante, aislamiento, marginalización, negligencia, abandono, celotipia, comparaciones destructivas, amenazas y actos que conllevan a las mujeres víctimas de violencia a disminuir su autoestima, a perjudicar o perturbar su sano desarrollo, a la depresión e incluso al suicidio.

2. Acoso u hostigamiento: Toda conducta abusiva y especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos o mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear, apremiar, importunar y vigilar a una mujer que pueda atentar contra su estabilidad emocional, dignidad, prestigio, integridad física o psíquica, o que puedan poner en peligro su empleo, promoción, reconocimiento en el lugar de trabajo o fuera de él.

3. Amenaza: Es la manifestación verbal, escrita u otros actos ejecutados por cualquier medio, incluyendo medios de comunicación y tecnologías de comunicación e información, de ejecutar un daño psicológico, sexual, laboral, patrimonial o físico, con el fin de intimidar a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

4. Violencia física: Toda acción u omisión que directa o indirectamente está dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico a la mujer, tales como lesiones internas o externas, heridas, hematomas, quemaduras, empujones o cualquier otro maltrato que afecte su integridad física,

5. Violencia familiar: Toda conducta activa u omisiva, constante o no, de empleo de fuerza física o violencia psicológica, intimidación, acoso, hostigamiento, persecución, humillación o amenaza contra la mujer por parte de la persona con quien mantiene o mantuvo matrimonio, unión estable de hecho o relación de afectividad, con o sin convivencia, ascendientes, descendientes, parientes colaterales, consanguíneos y afines, que sea ejercida por sí o por terceros. Se entenderá también como violencia familiar todo acto de violencia, acciones u omisiones que afecten a familiares ascendientes, descendientes y colaterales consanguíneos y afines, y personas al cuido de las mujeres, que tengan como finalidad

6. Violencia sexual: Toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la mujer a decidir voluntaria y libremente su sexualidad, comprendiendo ésta no solo el acto sexual, sino toda forma de contacto o acceso sexual, genital o no genital, tales como violencia sexual, acto sexual con víctima especialmente vulnerable y abuso sexual sin penetración.

7. Violencia sexual en la relación de pareja: Es una forma de violencia sexual, en la cual mediante violencias o amenazas se constriñe a la cónyuge, persona con quien mantenga unión estable de hecho o relación de afectividad a un acto que constituya violencia sexual.

8. Prostitución forzada: Es la Acción de obligar a una mujer a realizar uno o más actos de naturaleza sexual por la fuerza o mediante la amenaza de la fuerza, o mediante coacción como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la opresión psicológica o el abuso del poder, esperando obtener o haber obtenido ventajas o beneficios pecuniarios o de otro tipo, a cambio de los actos de naturaleza sexual de la mujer.

9. Esclavitud sexual: Es la privación ilegítima de libertad de la mujer, para su venta, compra, préstamo o trueque con la obligación de realizar uno o más actos de naturaleza sexual.

10. Acoso sexual: Solicitud de cualquier acto o comportamiento de contenido sexual, para sí o para un tercero, o el procurar cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado que realice un hombre prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o análoga, o con ocasión de relaciones derivadas del ejercicio profesional, y con la amenaza expresa o tácita de causarle a la mujer un daño relacionado con las legítimas expectativas que ésta pueda tener en el ámbito de dicha relación.

11. Violencia laboral: Es toda discriminación, amenaza, acoso y hostigamiento hacia la mujer por razones de género en los centros de trabajo, públicos o privados, que obstaculicen su acceso al empleo, ascenso o estabilidad en el mismo o generen un medio de trabajo hostil, tales como exigir requisitos sobre el estado civil, la edad, la apariencia física o buena presencia, o la solicitud de resultados de exámenes de laboratorios clínicos, que supeditan la contratación, ascenso o la permanencia de la mujer en el empleo. Constituye también discriminación de género en el ámbito laboral el quebrantar el derecho de igual salario por igual trabajo o no otorgar los permisos respectivos para que las mujeres víctimas de violencia puedan cumplir con las actividades que requieren su presencia conforme a lo establecido en esta Ley.

12. Violencia patrimonial y económica: Toda conducta activa u omisiva que directa o indirectamente, en los ámbitos público y privado, esté dirigida a ocasionar un daño a los bienes muebles o inmuebles en menoscabo del patrimonio de las mujeres víctimas de violencia o a los bienes comunes, así como la perturbación a la posesión o a la propiedad de sus bienes, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades; limitaciones económicas encaminadas a controlar sus ingresos; o la privación de los medios económicos indispensables para vivir.

13. Violencia obstétrica: Es la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres.

14. Esterilización forzada: Realizar o causar intencionalmente a la mujer, sin brindarle la debida información, sin su consentimiento voluntario e informado y sin que la misma haya tenido justificación, un tratamiento médico o quirúrgico u otro acto que tenga como resultado su esterilización o la privación de su capacidad biológica y reproductiva.

15. Violencia mediática: Es la exposición de la mujer, niña o adolescente, a través de cualquier medio de difusión, que de manera directa o indirecta explote, discrimine, deshonre, humille o que atente contra su dignidad con fines económicos, sociales o de dominación.

16. Violencia institucional: Acciones u omisiones que realizan las autoridades, funcionarlas y funcionarios, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tengan como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta Ley, para asegurarles una vida libre de violencia.

17. Violencia simbólica: Son mensajes, valores, iconos, signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales que se establecen entre las personas y naturalizan la subordinación de la mujer en las sociedad.

18. Violencia informática: Es todo acto que involucre como medio para la comisión de un delito de violencia contra la mujer el uso de las tecnologías de la información y comunicación, mediante el empleo o la divulgación de material audiovisual, imágenes, datos y cualquier otra información de una mujer para ejercer violencia psicológica, acoso, hostigamiento, acoso sexual, violencia mediática, simbólica, política o cualquier otra forma de violencia.

19. Violencia política: Es todo acto que, mediante la coacción, amenaza o cualquier otra forma de violencia, limite, menoscabe o imposibilite el libre ejercicio de la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad y equidad en cargos de elección popular, en el ejercicio de la función pública y en organizaciones con fines políticos, sindicales, educativos, culturales, deportivos, profesionales, asociaciones comunitarias, movimientos sociales y del poder popular.

20. Violencia ginecológica: forma de violencia expresada en actos discriminatorios, degradantes y vejatorios de la dignidad de las mujeres practicados y tolerados por el personal de la salud que atente contra su autonomía y sexualidad.

21. Violencia multicausal: Es todo acto de violencia contra la mujer ejecutado en razón de la concurrencia de su condición de mujer con sus rasgos fenotípicos, etnia, raza, color, linaje, condición de discapacidad, condición de salud, edad, orientación sexual, identidad de género, expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio.

22. Tráfico de mujeres, niñas y adolescentes: Todos los actos que implican su reclutamiento o transporte dentro o entre fronteras, empleando engaños, coerción o fuerza, con el propósito de obtener un beneficio de tipo financiero u otro de orden material de carácter ilícito,

23. Trata de mujeres, niñas y adolescentes: Es la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de mujeres, niñas y adolescentes, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza o de otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre mujeres, niñas o adolescentes, con fines de explotación, tales como prostitución, explotación sexual, trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

24. Femicidio: Es la forma extrema de violencia de género, causada por odio o desprecio a su condición de mujer, que degenera en su muerte, producidas tanto en el ámbito público como privado.

25. Inducción o ayuda al suicidio: Es la consecuencia extrema de la violencia psicológica, acoso, hostigamiento y amenaza que generan las condiciones para provocar la muerte de una mujer por motivaciones de género.

Las políticas públicas de prevención y atención son el conjunto da orientaciones y directrices dictadas por los órganos competentes, a fin de guiar las acciones dirigidas a asegurar los derechos y garantías consagrados en esta Ley.

Los programas son un conjunto articulado de acciones desarrolladas por personas naturales o jurídicas de naturaleza pública o privada, con fines de prevenir, detectar, monitorear, atender y erradicar la violencia en contra de las mujeres.

El Estado y la sociedad son corresponsables por la ejecución, seguimiento y control de las políticas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres de conformidad con esta Ley. Corresponde al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de mujer y la igualdad de género, como ente rector, formular las políticas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

El Ejecutivo Nacional dispondrá de los recursos necesarios para financiar planes, programas, proyectos y acciones de prevención y atención de la violencia de género, promovidos por los consejos comunales, las organizaciones de mujeres y otras organizaciones sociales de base.

Las políticas públicas de prevención, defensa y atención a las mujeres víctimas de violencia por razones de género, adoptadas conforme a esta Ley, tienen carácter vinculante para todos los órganos y entes de la administración pública nacional, estadal y municipal, así como las comunas, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.

Con el objeto de desarrollar políticas públicas y permitir la ejecución de las medidas a que se refiere esta Ley, se establecen con carácter indicativo, los siguientes programas:

1. De prevención: para prevenir la ocurrencia de formas de violencia en contra de las mujeres por razones de género, sensibilizando, formando y capacitando en derechos humanos e igualdad de género a la sociedad.

2. De sensibilización, adiestramiento, formación y capacitación: para satisfacer las necesidades de sensibilización y capacitación de las personas que se dediquen a la atención de las víctimas de violencia por razones de género, así como las necesidades de adiestramiento y formación de quienes trabajen con las personas agresoras.

3. De apoyo y orientación a las mujeres víctimas de violencia y su familia: para informarla, apoyarla en la adopción de decisiones asertivas y acompañamiento en el proceso de desarrollo de sus habilidades, para superar las relaciones interpersonales de control y sumisión, actuales y futuras.

4. De abrigo: para atender a las mujeres víctimas de violencia por razones de género u otros integrantes de sus familias que lo necesiten, en caso de la existencia de peligro inminente o amenaza a su integridad física o la vida.

5. Comunicacionales: para la difusión, información y promoción de los derechos humanos de las mujeres, incluyendo el derecho a vivir libre de todas las formas de violencia por razones de género.

6. De orientación y atención a la persona agresora: para promover cambios culturales e incentivar valores de respeto e igualdad entre hombres y mujeres que eviten la reincidencia de las personas agresoras.

7. Promoción y defensa: para permitir que las mujeres y los demás integrantes de las familias conozcan su derecho a vivir libres de violencia y de los medios para hacer efectivo este derecho.

8. Culturales: para la formación y respeto de los valores y la cultura de igualdad de género.

9. Productivos: para garantizar medidas que promuevan la priorización de financiamiento, el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres víctimas de violencia, así como su inserción laboral en los casos que corresponda.

El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de mujer y la igualdad de género, como órgano encargado de las políticas y programas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, a través del Instituto Nacional de la Mujer, tendrá las siguientes atribuciones:

1. Formular, orientar, ejecutar, coordinar e instrumentar las políticas públicas de prevención y atención para ser implementadas en los diferentes órganos del Poder Público Nacional, estadal y municipal, a los fines de conformar y articular el sistema integral de protección al que se refiere esta Ley.

2. Diseñar, conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia del interior, justicia y paz, y el Tribunal Supremo de Justicia, planes y programas de capacitación de las funcionarías y funcionarios pertenecientes a la administración de justicia y al sistema penitenciario, y demás entes que intervengan en el tratamiento de los hechos de violencia que contempla esta Ley.

3. Diseñar, conjuntamente con los ministerios del Poder Popular con competencia en materia de salud y de las comunas y protección social, planes, proyectos y programas de capacitación e información de las funcionarías y funcionarios que realizan actividades de apoyo, servicios y atención médica y psicosocial para el tratamiento adecuado de las mujeres víctimas de violencia y de sus familiares, así como para el agresor.

4. Diseñar, conjuntamente con los ministerios del Poder Popular con competencia en materia para la educación, el deporte, la educación superior, la salud, las comunas y protección social, la comunicación y la información y con cualquier otro ente que tenga a su cargo funciones educativas, planes, proyectos y programas de prevención y educación dirigidos a formar para la Igualdad, exaltándolos valores de la no violencia, el respeto, la equidad de género y la preparación para la vida familiar con derechos y obligaciones compartidas y, en general, la igualdad entre el hombre y la mujer en la sociedad.

5. Promover la participación activa y protagonice de las organizaciones públicas y privadas dedicadas a la atención de la violencia contra las mujeres, así como de los consejos comunales y organizaciones sociales de base, en la definición y ejecución de las políticas públicas relacionadas con la materia regulada por esta Ley.

6. Llevar un registro de las organizaciones especializadas en la materia regulada por esta Ley, podiendo celebrar con éstas convenios para la prevención, investigación y atención integral de las mujeres en situación de violencia y la orientación de los agresores.

7. Elaborar el proyecto de Reglamento de esta Ley.

8. Las demás que le señalan otras leyes y reglamentos.

El Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y de la Escuela de la Magistratura, proveerá lo conducente para la ejecución de planes, programas y proyectos de capacitación en justicia de género de las funcionarlas y funcionarios de la administración de justicia y de todas aquellas personas que intervengan en el tratamiento de los hechos que contempla esta Ley. La sensibilización, capacitación y formación la realizará el Tribunal Supremo de Justicia en coordinación con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de mujer y la igualdad de género, pudiendo suscribir convenios con las áreas de estudios de las mujeres y de género de las universidades. En los procedimientos previstos en esta Ley, las juezas y jueces de las distintas instancias y jerarquía, incluyendo al Tribunal Supremo de Justicia, podrán solicitar la opinión de personas expertas en justicia de género.

El Ministerio Público deberá ejecutar planes, proyectos y programas especiales de formación en prevención y atención de la violencia de género, y transversalizar dichos programas con la perspectiva de género, en consonancia con la visión de los derechos humanos que consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Los ministerios del Poder Popular con competencia en materia de educación y de deporte deberán incorporar en los planes, proyectos y programas de estudio, en todos sus niveles y modalidades, contenidos, dirigidos a transmitir a las alumnas y alumnos, al profesorado y personal administrativo, los valores de la igualdad de género, el respeto, la mutua tolerancia, la autoestima, la comprensión, la solución pacifica de los conflictos y la preparación para la vida familiar y ciudadana, con derechos y obligaciones domésticas compartidas entre mujeres y hombres y, en general, la igualdad de condiciones entre las mujeres y hombres, niñas, niños, y adolescentes. Asimismo, los ministerios del Poder Popular con competencia en materia de educación y de deporte, tomarán las medidas necesarias para excluir de los planes de estudio, textos y materiales de apoyo, todos aquellos estereotipos, criterios o valores que expresen cualquier tipo de discriminación o violencia en contra de las mujeres.

El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de educación superior, desarrollará acciones para transversalizar los pansa con la perspectiva de género y tomará las medidas necesarias para eliminar de los planes de estudio, textos, títulos otorgados, documentos oficiales y materiales de apoyo utilizados en las universidades, todos aquellos estereotipos, criterios o valores que expresen cualquier forma de discriminación. Así mismo, tomará las medidas necesarias para que las universidades incluyan en sus programas de pregrado y postgrado materias que aborden el tema de la violencia basada en género y promoverá el desarrollo de líneas de investigación en la materia.

El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores, justicia y paz proveerá lo conducente para la ejecución de los planes y programas de capacitación continua, permanente y obligatoria de las servidoras públicas y servidores públicos directamente involucradas e involucrados en la aplicación de esta Ley, con especial atención en quienes tienen responsabilidad en la recepción de denuncias de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes por razones de género. Dichos planes y programas deberán formularse y realizarse en coordinación con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de mujer e igualdad de género y deben garantizar el adecuado trato y asistencia a las mujeres víctimas de violencia por razones de género. Igualmente, contemplará en sus planes, programas especiales para la atención y orientación de las personas agresoras.

El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores, justicia y paz coordinará con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de mujer e igualdad de género en materia de políticas públicas de atención y defensa del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a los fines de establecer de manera conjunta planes, programas y proyectos para la prevención, atención y abrigo de las mujeres, niñas y adolescentes víctimas.

El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia penitenciaria, en coordinación con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de mujer e igualdad de género, establecerá programas dirigidos a garantizar a las mujeres privadas de libertad el ejercicio de los derechos previstos en esta Ley.

El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud ejecutará los planes de capacitación e información, conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de mujer y la igualdad de género, para que el personal de salud que ejerce actividades de apoyo, de servicios y atención médica y psicosocial, actúe adecuadamente en la atención, investigación y prevención de los hechos previstos en esta Ley.

El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de comunicación y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en coordinación con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de mujer e igualdad de género, de conformidad con la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, supervisarán la efectiva inclusión de mensajes y programas destinados a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres por razones de género en las programaciones de los medios de difusión masiva. A tal efecto, podrán establecer a las emisoras radiales y televisivas un tiempo mínimo gratuito para la transmisión de mensajes contra la violencia basada en género y de promoción de valores de igualdad de género y no discriminación, dentro del tiempo previsto para el Estado por la ley especial que regula la materia.

Los estados y municipios, conforme a esta Ley, deberán coordinar con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de mujer e igualdad de género y con los institutos regionales y municipales, las políticas, planes y programas a ejecutar para el desarrollo de las funciones de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres por razones de género, en sus respectivas jurisdicciones, priorizando la creación y mantenimiento de los centros comunales de atención a las mujeres para la garantía integral de sus derechos humanos.

El Ejecutivo Nacional, a través del órgano rector, coordinará con los órganos estadales y municipales el establecimiento de unidades especializadas de prevención de la violencia, así como centros de atención y tratamiento de las mujeres víctimas. Igualmente desarrollarán unidades de orientación que cooperarán con los órganos jurisdiccionales para el seguimiento y control de las medidas que le sean impuestas a las personas agresoras.

El Instituto Nacional de Estadística, conjuntamente con el órgano rector, coordinará con los organismos de los poderes públicos, los censos, estadísticas y cualquier otro estudio, permanente o no, que permita recoger datos desagregados de la violencia contra las mujeres en el territorio nacional.

El Ejecutivo Nacional, estadal y municipal, con el fin de hacer más efectiva la protección de las mujeres en situación de violencia, con la asistencia, asesoría y capacitación del Instituto Nacional de la Mujer y de los institutos regionales y municipales de la mujer, crearán en cada una de sus dependencias casas de abrigo destinadas al albergue de las mismas, en los casos en que la permanencia en el domicilio o residencia implique amenaza inminente a su integridad.

La Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer es la instancia de carácter técnico y especializado adscrita al Instituto Nacional de la Mujer, que tiene como función la defensa del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través de la orientación, asistencia jurídica y representación de las mujeres víctimas de violencia por razones de género y sus familiares, en los procesos judiciales y extrajudiciales para asegurar la justiciabilidad y el pleno ejercicio de sus derechos. Son atribuciones de la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer, las siguientes:

1. Brindar atención, orientación, acompañamiento y defensa oportuna, efectiva y eficaz de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia por razones de género, en instancias administrativas y jurisdiccionales.

2. Velar por el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres víctimas de violencia por razones de género, cuando los mismos han sido vulnerados, asegurando un rápido acceso, de manera transparente y eficaz a la justicia bajo el principio de cooperación entre los Poderes Públicos.

3. Representar judicial y extrajudicialmente a las mujeres víctimas de violencia por razones de género en todos los entes jurisdiccionales y administrativos, en todas las etapas y fases de los procesos.

4. Las demás que le sean asignadas mediante las leyes, reglamentos y resoluciones.

Para ejercer la representación de las víctimas en el proceso, las defensoras de los derechos de las mujeres cumplirán los mismos requisitos que se exigen para las Defensoras Públicas y Defensores Públicos.

Las Defensoras Comunales de los Derechos de la Mujer son integrantes del Poder Popular que participan en la promoción de los derechos humanos de las mujeres, así como en el acompañamiento y defensa de las mujeres víctimas de violencia por razones de género. Son atribuciones de las Defensoras Comunales de los Derechos de la Mujer:

1. Formar y sensibilizar en materia de derechos humanos de las mujeres.

2. Brindar orientación y acompañamiento de forma oportuna, efectiva y eficaz a las mujeres víctimas de violencia por razones de género.

3. Ejercer contraloría social para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

4. Mantener de manera constante y sistemática coordinación con la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer.

5. Las demás que le sean asignadas mediante las leyes, reglamentos y resoluciones.

El Estado y el poder popular son corresponsables por la ejecución, seguimiento y control de las políticas de prevención, atención, orientación, acompañamiento y defensa del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con esta Ley, los reglamentos y resoluciones.

El Ejecutivo Nacional dispondrá de los recursos necesarios para financiar planes, programas, proyectos y acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, promovidos por las comunas, consejos comunales, defensoras comunales de los derechos de las mujeres, las organizaciones de mujeres y otras organizaciones sociales de base.

Atención a las mujeres víctimas de violencia. Los órganos receptores de denuncias deberán otorgar a las mujeres víctimas de los hechos de violencia previstos en esta Ley, un trato digno de respeto y apoyo acorde a su condición de afectada, procurando facilitar al máximo su participación en los trámites en que deba intervenir,

En consecuencia, deberán:

1. Asesorar a las mujeres víctimas de violencia sobre la importancia de preservar las evidencias.

2. Proveer a las mujeres agredidas información sobre los derechos que esta Ley le confiere y sobre los servicios gubernamentales o no gubernamentales disponibles para su atención y tratamiento.

3. Elaborar un informe de aquellas circunstancias que sirvan al esclarecimiento de los hechos, el cual deberá acompañar a la denuncia.

4. Cualquier otra información que los órganos receptores consideren importante señalarle a la mujer en situación de violencia para su protección.

5. Las demás establecidas en el reglamento, resoluciones y protocolos que se derivan de esta Ley.

En cada entidad federal se creará una unidad de atención a las mujeres víctimas de violencia por razones de género, la cual funcionará como unidad especializada, interinstitucional y multidisciplinaria para la recepción de denuncias de los delitos previstos en esta Ley, sin perjuicio de atribuciones que corresponde a cada órgano receptor de denuncias. Estas unidades contarán con la participación de los órganos y entes competentes en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. La unidad de atención a las mujeres víctimas de violencia por razones de género podrá crearse en el ámbito municipal y comunal en los casos que sea necesario.

Las trabajadoras o servidoras públicas víctimas de violencia por razones de género tendrán derecho, en los términos previstos en las leyes respectivas, a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la excedencia en los términos que se determinen. Las ausencias totales o parciales al trabajo, motivadas por la condición física o psicológica derivada de la violencia por razones de género sufrida por las trabajadoras o servidoras públicas, se considerarán justificadas cuando así lo determinen los centros de atención de salud públicos o privados, en los términos previstos en la legislación respectiva.

LAS VÍCTIMAS, ANTES O DESPUÉS DE FORMULAR LA DENUNCIA, PODRÁN ACUDIR A UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA DE SALUD PARA QUE LA MÉDICA O EL MÉDICO, SIN NECESIDAD DE JURAMENTACIÓN COMO EXPERTA O EXPERTO, EFECTÚEN EL DIAGNÓSTICO Y DEJEN CONSTANCIA, A TRAVÉS DE UN INFORME, SOBRE LA CONDICIÓN DE SALUD FÍSICA Y MENTAL, LAS CARACTERÍSTICAS DE LA LESIÓN, EL TIEMPO DE CURACIÓN Y LA INHABILITACIÓN QUE ELLA CAUSE. En el procedimiento especial de violencia y a los fines de evitar la desaparición de las evidencias físicas, este informe médico tendrá el mismo valor probatorio que el examen forense. A tal fin, el Ministerio Público y los tribunales considerarán a todos los efectos legales, los informes médicos de salud física y mental dictados en los términos de este artículo para la adopción de la decisión que corresponda a cada órgano. La omisión de esta obligación por la médica o el médico o la institución de salud en el diagnóstico, emisión y entrega oportuna del informe será castigado con el delito de violencia institucional establecido en la presente Ley. Los establecimientos de salud públicos y privados deberán resguardar la adecuada obtención, conservación y documentación de las evidencias de los hechos de violencia.

En aquellos casos en que la víctima careciere de asistencia jurídica, podrá solicitar a la jueza o juez competente la designación de una profesional o un profesional del derecho, quien la orientará debidamente y ejercerá la defensa de sus derechos desde los actos iniciales de la investigación. A tales efectos, el tribunal hará la selección de las abogadas o abogados existentes, provenientes de la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer, de las defensorías estadales y municipales, de los colegios de abogadas y abogados de cada jurisdicción o de cualquier organización pública o privada dedicada a la defensa de los derechos establecidos en esta Ley.

La persona agraviada, la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer y las organizaciones sociales a que se refiere el numeral sexto del artículo 73 de esta Ley, podrán intervenir en el procedimiento aunque no se hayan constituido como querellantes.

Las mujeres víctimas de violencia por razones de género o sus causahabientes podrán solicitar directamente ante cualquier instancia, sin la presencia de una o un profesional de derecho, copias simples o certificadas de todas las actuaciones en los procedimientos administrativos y jurisdiccionales. La solicitud de copias simples o certificadas deberá tramitarse y otorgarse de forma expedita, salvo el supuesto de reserva de las actuaciones. Así mismo, cada institución debe procurar mecanismos para hacer efectivo el acceso a la justicia de las mujeres víctimas o sus causahabientes en este tipo de trámites.

Se crea la Comisión Nacional para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como órgano de carácter permanente e interinstitucional encargado de la coordinación, apoyo e impulso de las políticas públicas del Estado dirigidas a asegurar el respeto y vigencia del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

La Comisión Nacional para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se regirá por los principios de corresponsabilidad, eficacia, eficiencia, integridad, conciencia moral, igualdad, equidad y respeto a las competencias atribuidas por la ley a los órganos y entes del Estado.

La Comisión Nacional para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estará integrada por representantes de las instituciones y organizaciones que se indican a continuación:

1. La Vicepresidencia de la República, quien ejercerá la Coordinación de la Comisión.

2. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de mujer e igualdad de género.

3. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de educación.

4. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de educación universitaria.

5. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores, justicia y paz.

6. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud.

7. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de servicios penitenciarios.

8. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de comunicación e información.

9. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de comunas y movimientos sociales.

10. El Tribunal Supremo de Justicia.

11. El Ministerio Público

12. La Defensoría del Pueblo.

13. La Defensa Pública.

14. Cinco representantes de las organizaciones sociales o académicas de promoción, estudio o defensa de los derechos de las mujeres, escogidas en el mismo seno de la Comisión, mediante postulación de las organizaciones de base y universidades, previa revisión de sus credenciales y trayectoria nacional

La Coordinadora o Coordinador de la Comisión Nacional para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia podrá convocar o invitar a otros órganos y entes del Poder Público o personas de destacada trayectoria, en calidad de asesores o consultores en las materias en las que se especialicen.

La Comisión Nacional para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tendrá a su cargo la coordinación de los órganos y entes del Estado para garantizar la protección integral de los derechos de las mujeres, correspondiéndole:

1. Garantizar mecanismos de coordinación territorial, quedando obligados a la articulación común para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

2. Revisar y actualizar la ruta de la justicia para las mujeres víctimas de violencia por razones de género.

3. Unificar protocolos para la atención de las mujeres víctimas de violencia por razones de género y crear el registro único de denuncias, haciendo seguimiento a su implementación.

4. Desarrollar, incorporar y consolidar procesos de formación para órganos receptores de denuncia y demás órganos y entes competentes vinculados con la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, en especial dirigidos a los cuerpos de policía.

5. Coordinar y articular entre los diferentes órganos y entes, programas de prevención, difusión y educación dirigidos a transformar los patrones socioculturales, exaltando los valores de igualdad y equidad de género, respeto a la dignidad, no violencia de género y corresponsabilidad en la vida familiar.

6. Desarrollar e impulsar planes de atención y orientación para personas agresoras.

7. Establecer un sistema integrado de recolección de datos estadísticos sobre la violencia contra las mujeres por razones de género, desglosados en función del tipo de violencia y la relación entre los autores y las víctimas, y sobre el número de denuncias, enjuiciamientos, condenas y penas impuestas a los autores, así como sobre las medidas de protección y reparación a las víctimas.

8. Desarrollar procesos de consulta y participación, así como estudios e investigaciones que orienten el diseño y adopción de medidas dirigidas a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

9. Dictar el reglamento interno de la Comisión que sea necesario para regular su organización y funcionamiento y asegurar el cumplimiento de sus funciones.

10. Crear, modificar y suprimir Comisiones Especiales.

11. Las demás establecidas en esta Ley y el resto del ordenamiento jurídico vigente.

La Comisión Nacional para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contará con una Secretaría Ejecutiva, que será ejercida por el Ministerio de Poder Popular con competencia en materia de mujer e igualdad de género. El Reglamento Interno de la Comisión definirá las atribuciones de la Secretaría Ejecutiva.

Todos los órganos y entes del Estado, así como las organizaciones del Poder Popular, deben colaborar con la Comisión Nacional para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el cumplimiento de sus funciones, en aras del bien común y la oportuna y eficaz protección de las mujeres.

Quien mediante tratos humillantes y vejatorios, ofensas, aislamiento, vigilancia permanente, comparaciones destructivas o amenazas genéricas constantes, atente contra la estabilidad emocional o psíquica de la mujer, será sancionado con prisión de seis a dieciocho meses.

La persona que mediante comportamientos, expresiones verbales o escritas, o mensajes electrónicos ejecute actos de intimidación, chantaje, acoso u hostigamiento que atenten contra la estabilidad emocional, laboral, económica, familiar o educativa de la mujer, será sancionado con prisión de ocho a veinte meses.

La persona que mediante expresiones verbales, escritos o mensajes electrónicos amenace a una mujer con causarle un daño grave y probable de carácter físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial, será sancionado con prisión de diez a veintidós meses.

Si la amenaza o acto de violencia se realizare en el domicilio o residencia de la mujer objeto de violencia, la pena se incrementará de un tercio a la mitad.

Si el autor del delito fuere un funcionario público perteneciente a algún cuerpo policial o militar, la pena se incrementará en la mitad.

Si el hecho se cometiere con armas blancas o de fuego, la prisión será de dos a cuatro años.

Quien mediante el empleo de la fuerza física cause un daño o sufrimiento físico a una mujer, hematomas, cachetadas, empujones o lesiones de carácter leve, levísimo o menos grave, será sancionado con prisión de uno a dos años.

Si por la comisión del delito, la víctima sufriere lesiones graves, según lo dispuesto en el Código Penal, será sancionado con prisión de cuatro a seis años.

Si por la comisión del delito, la víctima sufriere lesiones gravísimas, según lo dispuesto en el Código Penal, será sancionado con pena de cinco a diez años de prisión.

Si la persona que comete el delito previsto en el presente artículo es la persona con quien la víctima mantiene o mantuvo matrimonio, unión estable de hecho o relación de afectividad, aun sin convivencia, ascendientes, descendientes, parientes colaterales, consanguíneos y afines de la víctima, la pena se incrementará de un tercio a la mitad.

La competencia para conocer el delito de lesiones conforme lo previsto en este artículo corresponderá a los Tribunales con competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer, según el procedimiento especial previsto en esta Ley.

Quien mediante el empleo de violencias o amenazas constriña a una mujer a acceder a un acto sexual no deseado que comprenda penetración por vía vaginal, anal u oral, aun mediante la introducción de objetos de cualquier clase por alguna de estas vías, será sancionado con prisión de doce a dieciocho años.

Sí la persona que comete el delito es la persona con quien la víctima mantiene o mantuvo matrimonio, unión estable de hecho o relación de afectividad, aun sin convivencia, ascendientes, descendientes, parientes colaterales, consanguíneos y afines de la víctima, la pena se incrementará de un cuarto a un tercio.

Si el hecho se ejecuta en perjuicio de una niña o adolescente, la pena será de veinte a veinticinco años de prisión.

Si la víctima resultare ser una niña o adolescente, hija de la mujer con quien el autor mantiene o mantuvo matrimonio, unión estable de hecho o relación de afectividad, aun sin convivencia, la pena se incrementará de un cuarto a un tercio.

Si el hecho se ejecuta de forma colectiva todas las personas que participaron sean hombres o mujeres se incrementará la pena al límite máximo.

Incurre en el delito previsto en este artículo quien ejecute el hecho punible prevaliéndose de amenazas relacionadas con la difusión de material audiovisual, imágenes, mensajes a través de las tecnologías de información y comunicación que puedan afectar la dignidad, honor y reputación de la víctima.

Incurre en el delito previsto en el artículo anterior y será sancionado con prisión de veinte a veinticinco años, quien ejecute el acto sexual, aun sin violencias o amenazas, en los siguientes supuestos:

1. En perjuicio de mujer vulnerable, en razón de su edad o en todo caso con edad inferior a trece años.

2. Cuando el autor se haya prevalido de su relación de superioridad o parentesco con la víctima, cuya edad sea inferior a los dieciséis años.

3. En el caso que la víctima se encuentre detenida o condenada y haya sido confiada a la custodia de la agresora o agresor.

4. Cuando se tratare de una víctima con discapacidad física o intelectual o haya sido privada de la capacidad de discernir por el suministro de fármacos o sustancias psicotrópicas.

Quien mediante el empleo de violencias o amenazas y sin la intención de cometer el delito a que se refiere el artículo 57, constriña a una mujer a acceder a un contacto sexual no deseado, afectando su derecho a decidir libremente su sexualidad, será sancionado con prisión de ocho a doce años.

Si el hecho se ejecuta en perjuicio de una niña o adolescente, la pena será de doce a dieciséis años de prisión.

En la misma pena incurrirá quien ejecute el delito previsto en este artículo en perjuicio de una niña o adolescente, aun sin violencias ni amenazas, prevaliéndose de su relación de autoridad o parentesco o en todo caso cuando la víctima tenga una edad inferior a trece años.

Quien mediante el uso de la fuerza física, la amenaza de violencia, la coacción psicológica o el abuso de poder, obligue a una mujer a realizar uno o más actos de naturaleza sexual con el objeto de obtener a cambio ventajas de carácter pecuniario o de otra índole, en beneficio propio o de un tercero, será sancionado con prisión de veinte a veinticinco años.

Quien prive ilegítimamente de su libertad a una mujer con fines de explotarla sexualmente mediante la compra, venta, préstamo, trueque u otra negociación análoga, obligándola a realizar uno o más actos de naturaleza sexual, será sancionado con prisión de veinte a veinticinco años.

Quien solicitare a una mujer un acto o comportamiento de contenido sexual para sí o para un tercero, procurare de manera verbal o física un acercamiento sexual no deseado o realice insinuaciones u observaciones de tipo sexual, incluyendo la exhibición de pornografía, prevaliéndose de una situación de superioridad laboral o docente o con ocasión de relaciones derivadas del ejercicio profesional, con la amenaza de causarle un daño relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, será sancionado con prisión de tres a siete años.

Con la misma pena será sancionado quien cometa la conducta descrita en este artículo cuando la mujer tenga suficientes motivos para creer que su negativa le podría causar problemas en relación con su trabajo, incluso con la contratación o el ascenso o cuando genera un medio de trabajo hostil.

La persona que mediante el establecimiento de requisitos referidos a sexo, edad, apariencia física, estado civil, condición de madre o no, sometimiento a exámenes de laboratorio o de otra índole para descartar estado de embarazo, obstaculice o condicione el acceso, ascenso o la estabilidad en el empleo de las mujeres, será sancionado con entre cien (100) y mil (1.000) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela, según la gravedad del hecho, sin perjuicio de las acciones civiles y administrativas a que hubiere lugar.

Si se trata de una política de empleo de una institución pública o empresa del Estado, la sanción se impondrá a su máxima autoridad. En el supuesto de empresas privadas, franquicias o empresas transnacionales, la sanción se impondrá a quien ejerza la máxima representación en el país.

La misma sanción se aplicará cuando mediante prácticas administrativas, engañosas o fraudulentas se afecte el derecho al salario legal y justo de la trabajadora o el derecho a igual salario por igual trabajo.

El cónyuge separado legalmente o la persona en unión estable en situación de separación de hecho debidamente comprobada, que sustraiga, deteriore, destruya, distraiga, retenga, ordene el bloqueo de cuentas bancadas o realice actos capaces de afectar la comunidad de bienes o el patrimonio propio de la mujer, será sancionado con prisión de uno a tres años.

La misma pena se aplicará en el supuesto de que no exista separación de derecho, pero el autor haya sido sometido a la medida de protección de salida del hogar por un órgano receptor de denuncia o a una medida cautelar similar por el tribunal de control, audiencia y medidas competentes.

En el caso de que los actos a que se refiere el presente artículo estén dirigidos intencionalmente a privar a la mujer de los medios económicos indispensables para su subsistencia o impedirle satisfacer sus necesidades y las del núcleo familiar, la pena se incrementará de un tercio a la mitad.

Si la persona que comete el delito a que se refiere el presente artículo, sin ser cónyuge ni persona en unión estable de hecho, mantiene o mantuvo relación de afectividad con la mujer víctima, aun sin convivencia, la pena será de seis a doce meses de prisión.

En los supuestos a que se refiere el presente artículo podrán celebrarse acuerdos reparatorios según lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal.

Quien mediante la coacción, amenaza o cualquier otra forma de violencia, limite, menoscabe o imposibilite el libre ejercicio de la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad y equidad en cargos de elección popular, en el ejercicio de la función pública y en organizaciones con fines políticos, sindicales, educativos, culturales, deportivos, profesionales, asociaciones comunitarias, movimientos sociales y del poder popular será sancionado con pena de prisión de tres a ocho años.

Se considerarán actos constitutivos de violencia obstétrica los ejecutados por el personal de salud, consistentes en:

1. No atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas.

2. Obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas, existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical.

3. Obstaculizar el apego inmediato de la niña o niño con su madre, sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarla o cargarlo y amamantarla o amamantarlo inmediatamente al nacer.

4. Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.

5. Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.

6. Vulnerar los derechos reconocidos en el Decreto Constituyente para la Promoción y Protección del Parto y Nacimiento Humanizado.

En tales supuestos, el tribunal impondrá a la persona responsable una multa entre doscientas cincuenta (250) y quinientas (500) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela, debiendo remitir copia certificada de la sentencia condenatoria definitivamente firme al respectivo colegio profesional o institución gremial, a los fines del procedimiento disciplinario que corresponda.

Quien intencionalmente prive a una mujer de su capacidad reproductiva, sin brindarle la debida información, ni obtener su consentimiento expreso, voluntario e informado, no existiendo razón médica o quirúrgica debidamente comprobada que lo justifique, será sancionada o sancionado con prisión de diez a quince años y suspensión del ejercicio profesional por un tiempo de diez a quince años.

Quien utilice las tecnologías de la información como medio para la comisión de los delitos de violencia psicológica, acoso, hostigamiento, acoso sexual, violencia mediática, simbólica, política o multicausal, será sancionado con un aumento de un tercio de la pena correspondiente al delito.

La o el profesional de la comunicación o quien sin serlo ejerza cualquier oficio relacionado con esa disciplina, y en el ejercicio de ese oficio u ocupación, ofenda, injurie o denigre de una mujer por razones de género a través de un medio de comunicación, deberá indemnizar a la mujer víctima de violencia con el pago de una suma no menor a doscientas (200) ni mayor de quinientas (500) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela y hacer públicas sus disculpas por el mismo medio utilizado para hacer la ofensa y con la misma extensión de tiempo y espacio.

Quien en el ejercicio de la función pública, independientemente de su rango, retarde, obstaculice, deniegue la debida atención o impida que la mujer acceda al derecho a la oportuna respuesta en la institución a la cual acude, a los fines de gestionar algún trámite relacionado con los derechos que garantiza esta Ley , será sancionada o sancionado con multa entre cincuenta (50) y ciento cincuenta (150) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela, sin perjuicio de las acciones civiles y administrativas a que hubiere lugar.

El tribunal competente remitirá copia certificada de la sentencia condenatoria definitivamente firme al órgano de adscripción de la persona culpable, a los fines del procedimiento disciplinario que corresponda.

Quien promueva, induzca, constriña, favorezca, facilite, ejecute, financie o colabore de cualquier forma, en el desplazamiento, traslado o transporte por vía terrestre, marítima o aérea, de mujeres, niñas y adolescentes, para procurar la entrada o salida ilegal del país, sea como destino u origen o como tránsito a otro país, sin el cumplimiento de los requisitos legales, con el propósito de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material para sí o un tercero, será sancionada o sancionado con prisión de diez a quince años.

Quien promueva, induzca, favorezca, facilite, ejecute, financie o solicite la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de mujeres, niñas y adolescentes, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza o de otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre mujeres, niñas o adolescentes, con fines de explotación sexual, prostitución, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, adopción irregular o extracción de órganos será sancionado o sancionada con prisión de veinte a veinticinco años.

Si la víctima es una niña o adolescente la pena será de veinticinco a treinta años.

Quien intencionalmente cause la muerte de una mujer motivado por odio o desprecio a la condición de mujer, incurre en el delito de femicidío y será sancionado con pena de veinte a veinticinco años de prisión.

Se considera odio o desprecio a la condición de mujer cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. En el contexto de relaciones de dominación y subordinación basadas en el género.

2. La víctima presente signos de violencia sexual.

3. La víctima haya sido sometida a tratos crueles e inhumanos o presente lesiones o mutilaciones degradantes o infamantes previas o posteriores a su muerte.

4. El cadáver de la víctima haya sido expuesto o exhibido en lugar público.

5. La persona que comete el delito se haya aprovechado de las condiciones de riesgo o vulnerabilidad física o psicológica en que se encontraba la mujer.

6. Se demuestre que hubo algún antecedente de violencia contra la mujer en cualquiera de las formas establecidas en esta Ley, denunciada o no por la víctima.

Serán sancionados con pena de veintiocho a treinta años de prisión, los casos agravados de femicidio que se enumeran a continuación:

1. Cuando medie o haya mediado entre la persona agresora y la víctima una relación conyugal, unión estable de hecho o una relación de afectividad, con o sin convivencia o un vínculo de consanguinidad o afinidad.

2. Cuando medie o haya mediado entre la persona agresora y la víctima una relación laboral, académica, profesional, que implique confianza, subordinación o superioridad.

3. Cuando el acto se haya cometido en menosprecio del cuerpo de la víctima o para la satisfacción de instintos sexuales.

4. Cuando el acto se haya cometido durante la ejecución del delito de trata de mujeres, niñas y adolescentes o por redes de delincuencia organizada.

Quien hubiere inducido a una mujer a que se suicide será sancionado, si el suicidio se consuma, con pena de diez a quince años de prisión. En caso que el suicidio no se hubiere consumado, será castigado con la pena prevista para la violencia física según el grado de las lesiones, establecidas en esta Ley.

En ambos supuestos, es necesario acreditar que el delito fue motivado por odio o desprecio a la condición de mujer.

El personal de salud que atienda a las mujeres víctimas de los hechos de violencia previstos en esta Ley, deberá dar aviso a cualquiera de los organismos indicados en el artículo 86 de la misma, en el término de las veinticuatro horas siguientes por cualquier medio legalmente reconocido. Este plazo se extenderá a cuarenta y ocho horas, en el caso que no se pueda acceder a alguno de estos órganos por dificultades de comunicación.

El incumplimiento de esta obligación se sancionará con multa de cincuenta (50) a cien (100), veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela, por el tribunal a quien corresponda el conocimiento de la causa, sin perjuicio de las acciones civiles y administrativas a que hubiere lugar.

Será sancionada o sancionado con pena de uno a dos años de prisión la servidora pública o servidor público de los órganos receptores de denuncia a que se refiere el artículo 86 de esta Ley, que no recibiere la denuncia o no iniciare el trámite correspondiente dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su recepción. Se aplicará igualmente la destitución de la servidora pública o servidor público.

Toda autoridad jerárquica en centros de empleo, educación o de cualquier otra índole, que en conocimiento de hechos de acoso sexual por parte de las personas que estén bajo su responsabilidad, no ejecute acciones adecuadas para corregir la situación y prevenir su repetición, será sancionada con multa de mil quinientas (1.500) a cinco mil (5.000) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela.

El órgano jurisdiccional especializado competente estimará a los efectos de la imposición de la multa, la gravedad de los hechos y la diligencia que se ponga en la corrección de los mismos.

Se considerará que hay reincidencia cuando después de una sentencia condenatoria definitivamente firme o luego de haberse extinguido la condena, la persona cometiere un nuevo hecho punible de los previstos en esta Ley.

Todos los hechos de violencia previstos en esta Ley, acarrearán el pago de una indemnización a las mujeres víctimas de violencia o a sus herederos y herederas en caso de que la mujer haya fallecido como resultado de esos delitos, el monto de dicha indemnización habrá de ser fijado por el órgano jurisdiccional especializado competente, sin perjuicio de la obligación de pagar el tratamiento médico o psicológico que necesitare la víctima.

Quien resultare condenado por los hechos punibles previstos en esta Ley, que haya ocasionado daños patrimoniales en los bienes muebles e inmuebles de las mujeres víctimas de violencia, estará obligado a repararlos con pago de los deterioros que hayan sufrido, los cuales serán determinados por el órgano jurisdiccional especializado competente. Cuando no sea posible su reparación, se indemnizará su pérdida pagándose el valor de mercado de dichos bienes.

Quien resultare responsable del delito de acoso sexual deberá indemnizar a la mujer víctima, en los términos siguientes:

1. Una suma no menor de quinientas (500) ni mayor de dos mil quinientas (2.500) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela.

2. Una suma igual al doble del monto de los daños que el acto haya causado a la persona acosada en su acceso al empleo o posición que aspire, ascenso o desempeño de sus actividades.

3. Una suma por el daño moral causado por el hecho ilícito.

Cuando la indemnización no pudiere ser satisfecha por la persona condenada, motivado por estado de insolvencia debidamente acreditado, el tribunal de ejecución competente podrá hacer la conversión en trabajo comunitario a razón de un día de trabajo por cada unidad del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela.

Los tribunales especializados en materia de violencia contra la mujer, son competentes para conocer los hechos de violencia en que la víctima sea una mujer, a fin de determinar si existe la comisión de alguno de los delitos previstos en esta Ley, incluidos el femicidio y la inducción o ayuda al suicidio, conforme al procedimiento especial previsto en esta Ley.

Se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Penal y Código Orgánico Procesal Penal, en cuanto no se opongan a las aquí previstas.

Serán circunstancias agravantes de los delitos previstos en esta Ley, las que se detallan a continuación, dando lugar a un incremento de pena de un tercio a la mitad:

1. Penetrar en la residencia de la mujer agredida o en el lugar donde ésta habite, cuando la relación conyugal o marital de la mujer víctima de violencia con el acusado, se encuentre en situación de separación de hecho o de derecho, o cuando el matrimonio haya sido disuelto mediante sentencia firme.

2. Penetrar en la residencia de la mujer víctima de violencia o en el lugar donde ésta habite, valiéndose del vínculo de consanguinidad o de afinidad.

3. Ejecutarlo con armas, objetos o instrumentos.

4. Ejecutarlo en perjuicio de una mujer embarazada.

5. Ejecutarlo en gavilla o con grupo de personas.

6. Si el autor del delito fuere un funcionario público, en ejercicio de sus funciones.

7. Perpetrar lo en perjuicio de personas especialmente vulnerables, con discapacidad física o mental.

8. Que el acusado haya sido sancionado con sentencia definitivamente firme por la comisión de alguno de los delitos previstos en esta Ley.

9. Transmitir dolosamente a la mujer víctima de violencia por razones de género, infecciones o enfermedades que pongan en riesgo su salud.

10. Realizar acciones que priven a la víctima de la capacidad de discernir, a consecuencia del empleo de medios fraudulentos o sustancias narcóticas o excitantes.

11. Ejecutarlo por motivo de la pertenencia, real o presunta, de la víctima a determinado grupo étnico, rasgos fenotípicos, orientación sexual, identidad de género, expresión de género o por cualquier otro motivo discriminatorio.

12. Haber cometido las formas y delitos de violencia en presencia de hijas e hijos, familiares consanguíneos, afines y allegados.

En la sentencia condenatoria se establecerán expresamente las penas accesorias que sean aplicables en cada caso, de acuerdo con la naturaleza de los hechos objeto de condena. Son penas accesorias:

1. La inhabilitación política durante el tiempo de la condena.

2. La sujeción a la vigilancia de la autoridad por una quinta parte del tiempo de la condena desde que ésta termine.

3. La privación definitiva de la tenencia y porte de armas, sin perjuicio que su profesión, cargo u oficio sea policial, militar o de seguridad.

4. La suspensión o separación temporal del cargo o ejercicio de la profesión, cuando el delito se hubiese cometido en ejercicio de sus funciones o con ocasión de éstas, debiendo remitirse copia certificada de la sentencia al expediente administrativo laboral y al colegio gremial correspondiente, si fuera el caso.

5. La extinción de la patria potestad, en los casos de femicidio, violencia sexual, violencia sexual con víctima especialmente vulnerable y abuso sexual sin penetración.

6. La extinción de la sociedad de bienes gananciales y la privación de la cuota parte que le correspondería como herencia en los casos de femicidio, otorgando estos derechos de la persona condenada a las hijas e hijos o ascendientes de la víctima, si los hubiere.

Quienes resulten culpables de hechos de violencia en contra de las mujeres deberán participar obligatoriamente en programas de orientación, atención y prevención dirigidos a modificar sus conductas violentas y evitar la reincidencia. La sentencia condenatoria establecerá la modalidad y duración, conforme los límites de la pena impuesta.

Si la pena a imponer no excede de dieciocho meses de prisión y la persona condenada no es reincidente, el órgano jurisdiccional en funciones de ejecución, podrá sustituir la misma por trabajo o servicio comunitario, entendiéndose como tal, aquellas tareas de interés general que la persona debe realizar en forma gratuita, por un período que no podrá ser menor al de la sanción impuesta, cuya regularidad podrá establecer el tribunal sin afectar la asistencia de la persona a su jornada normal de trabajo o estudio. Las tareas a que se refiere este artículo deberán ser asignadas según las aptitudes ocupacionales de la persona que cumple la condena, en servicios comunitarios públicos, privados o mixtos.

Si la persona condenada no cumple con el trabajo comunitario, el tribunal de ejecución, previa audiencia con las partes, podrá ordenar el cumplimiento de la pena impuesta en la sentencia condenatoria. La ausencia de la mujer víctima de violencia en dicha audiencia no impedirá su realización.

Los responsables por hechos de violencia cumplirán la sanción en el sitio de reclusión que designe el tribunal, el cual debe disponer de las condiciones adecuadas para el desarrollo de los programas de tratamiento y orientación previstos en esta Ley.