Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y Adolescente extensión Puerto Ordaz de Bolivar, de 1 de Agosto de 2011

Sin Lugar, por ser improcedente la pretensión que por DECLARACIÓN JUDICIAL DE UNIÓN CONCUBINARIA, incoara la ciudadana LUSBIA COROMOTO PUERTA APONTE, en contra de los ciudadanos T.A.M.S. y O.E.M.S. (…)

En consecuencia a lo anteriormente transcrito se observa que el a-quo, considera que la recurrente no lleno los extremos legales para que fuera procedente su solicitud de Declaración Judicial de Unión Concubinaria, por cuanto esta no aportó elementos de convicción para esclarecer el asunto debatido, por cuanto a su decir los instrumentos aportados no tienen fuerza probatoria para determinar la procedencia o no de lo peticionado por la ciudadana LUSBIA COROMOTO PUERTA APONTE, asimismo se observa del escrito de formalización de la apelación que la parte actora alega la falta de valoración de las pruebas aportadas por la misma ante el Juzgado a-quo, concatenado al hecho que no se aplicó la consecuencia jurídica prevista en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, alegando la recurrente que se encuentran llenos los presupuestos establecidos en el prenombrado artículo, los cuales son que las partes demandadas no dieron contestación a la demanda ni promovieron pruebas que desvirtuaran lo alegado por la parte actora, ni por sí, ni por medio de apoderado judicial alguno. En análisis de ello y volviendo al caso, esta Alzada observa que una vez que la parte actora presentó su libelo de demanda, con recaudos anexos, verificada la citación, la parte demandada no contestó la demanda, ni promovió prueba alguno en el lapso probatorio, por lo que este sentenciador al efecto observa, lo expresado por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en reciente sentencia de fecha 16 de diciembre de 2009, que dejó sentado lo siguiente:

‘Ahora bien, es criterio de esta Sala que los actos procesales ejercidos antes de que se inicie el lapso previsto en la ley para dicho acto procesal, son tempestivos y por tanto válidos. Al respecto esta Sala en sentencia Nro.RC-00259 de fecha 5 de abril de 2006, caso: A.J. y otros contra B.S. y otro, señaló lo siguiente:

’... Realizada la relación anterior, que refleja las actividades procesales acaecidas en el sub iudice, estima la Sala pertinente determinar si debe considerarse tempestiva o no la contestación de la demanda presentada en la misma fecha en la que se dio por citada la última de los co-demandados, todo bajo la óptica de la nueva normativa Constitucional.

En este orden de ideas, resulta oportuno analizar el contenido del articulado de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que en ella se consagra como un derecho fundamental la tutela judicial efectiva, que deviene en la posibilidad otorgada a los ciudadanos, no sólo de acudir ante los órganos de administración de justicia, sino a que esta sea dispensada de forma expedita y transparente, lo cual conlleva a que el proceso se implemente como un medio para alcanzar la justicia, razón por la que este debe transitarse limpio de complicaciones, de engorrosos trámites y libre de formalismos inútiles. Así puede evidenciarse que el texto de los artículos 26 y 257 de la Constitución establecen:

(…)

También consagra el texto Constitucional dentro del Título correspondiente a los derechos humanos, el derecho a la defensa y al debido proceso, incluidos estos en el artículo 49, medios o instrumentos que deben reunir las garantías necesarias para que la vía jurisdiccional cumpla eficientemente con el ejercicio de la tutela judicial efectiva.’

(…)

Recientemente en una decisión adecuada a las previsiones contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala modificó el criterio sostenido y en sentencia N° 0-RC. 00089 de fecha 12/4/05, expediente N° 2003-671, en el juicio de M.C.M. contra J.M.F., estableció:

...Omissis…

.Si bien es cierto que hasta la presente fecha la Sala ha sostenido que los actos procesales deben celebrarse ‘dentro de una coordenada temporal específica’, de conformidad con los principios de preclusión y tempestividad de los actos y, por tanto, se han reputado como extemporáneos por anticipados los recursos o medios de impugnación ejercidos antes de que se inicie el lapso para interponerlos de acuerdo con la ley, no es menos cierto que, al igual que para el recurso de apelación, el efecto preclusivo del lapso previsto en la ley bien para dar contestación a la demanda, no viene dado por la anticipación de la actuación, sino por el agotamiento del lapso propiamente dicho.

Por tanto, en relación a lo anteriormente expuesto y a la doctrina establecida por la Sala Constitucional, se debe concluir en que, siendo el interés el que impulsa a las partes a realizar los distintos actos del proceso para que éste se desarrolle y evolucione hasta llegar al pronunciamiento del órgano jurisdiccional que resuelve el asunto controvertido entre ellas, garantizando así el derecho a la tutela judicial efectiva, forzosamente la Sala debe abandonar el criterio sostenido en la sentencia N° RC-00317 de fecha 27 de abril de 2004, caso: O.R.d.L.R.M. contra L.M.F.d.G., exp. N° 03-400, y en aquellas que se opongan a lo establecido en este fallo, debiendo considerarse válida la contestación de demanda presentada antes de que se inicie el lapso previsto en la ley para dicho acto procesal.

Por consiguiente, la consecuencia jurídica de la confesión ficta sólo podrá imputársele al demandado cuando éste no de contestación a la demanda o presente el escrito correspondiente después de vencido el lapso legal respectivo, o término legal, como sucede en el procedimiento breve, siempre que se den los presupuestos contenidos en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil…’.

En virtud de la jurisprudencia antes expuesta, es evidente que se ha flexibilizado la rigurosidad de los principios de preclusión y tempestividad de los actos, a fin de no afectar el derecho a la tutela judicial efectiva de los justiciables.

En tal sentido, esta Sala, ha establecido que los actos procesales reputados como extemporáneos por anticipados, son perfectamente tempestivos, y por ende validos; que el efecto preclusivo del lapso previsto en la ley bien para los actos procesales, no viene dado por la anticipación de la actuación, sino por el agotamiento del lapso propiamente dicho. (…) Así se establece.

En atención a la jurisprudencia citada, y en ese mismo orden de ideas, cabe mencionar que la parte actora, señala en su escrito de formalización de la apelación que la demandada no dio contestación a la demanda en la oportunidad indicada y tampoco promovió prueba alguna que desvirtuaran lo alegado por ella, al no desprenderse de autos tales actividades, por tanto, lo que procede es el análisis de los presupuestos establecidos en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, a los efectos de constatar si los mismos tienen aplicación en el presente procedimiento, se observa que el referido dispositivo legal establece lo siguiente:

Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca…“

De la norma transcrita `podemos extraer los supuestos de la confesión ficta: a) que el demandado legalmente citado, no comparezca por sí o por medio de apoderado al acto de la contestación de la demanda; b) será necesario, además, de que la petición o pretensión procesal del actor no sea contraria a derecho y c) que el demandado durante el lapso probatorio, nada probare que le favorezca.

Al respecto la doctrina nacional sostiene que para que se dé la confesión ficta, además de la no comparecencia del demandado se deben llenar dos condiciones explícitas en la Ley y una condición implícita.

El artículo en comento del Código de Procedimiento Civil establece las dos condiciones explícitas. La primera consiste en que la pretensión del demandante no sea contraria a derecho, en otras palabras, que la pretensión contenga un interés sustancial, legalmente protegido ya que no hay actividad jurisdiccional sin que ello contenga un pronunciamiento que busque la creación como modificación, extinción o declaración de derechos sustantivos previstos en la ley.

El Estado efectúa su función de administrar justicia aplicándolo a los hechos comprobados en actas; si los hechos que constan en acta, al contrario, van contra la letra misma de la ley, contra el derecho vigente, aún cuando esos hechos hayan sido confesados o admitidos por el demandado, el Juez no podrá darle eficacia jurídica a esa confesión. El estado persigue la realización del derecho, el remedio de las infracciones jurídicas o del desconocimiento del derecho. El proceso es la tutela tanto al derecho subjetivo como objetivo, en consecuencia no podría considerarse la rebeldía o contumacia como una confesión o aceptación de hechos que no sirven de base a un derecho que no merece la tutela del estado. Así, pues, la pretensión del actor no es jurídica, porque no está de acuerdo con el ordenamiento jurídico, sino que es contraria a ese ordenamiento, nada importa que expresa o tácitamente la reconozca el demandado, porque esa pretensión no habrá de merecer la tutela del estado para su realización.

La otra condición explícita se refiere a que el demandado, en el término probatorio, nada pruebe que le favorezca. Cuando ninguna de las partes ha probado nada, es decir no hay pruebas en autos que le permitan dudar o considerar una plena prueba sencillamente nadie probó, al Juez entonces se le presentaría la disyuntiva de qué va a decidir. El Magistrado tiene el deber de investigar en la Ley, a cual de las partes le correspondía probar para sentenciar en contra de aquella que tenía la carga legal de probar y no lo hizo.

Ahora bien, de acuerdo a esta premisa nos hacemos la siguiente interrogante ¿Cuál es la situación del demandado que no contesta la demanda dentro de los plazos indicados?, la falta de contestación no crea ninguna presunción contra el demandado se tienen que dar los otros requisitos como son, que la petición del demandante no sea contraria a derecho y que el demandado nada probare que le favorezca, tal como quedó plasmado precedentemente.-

Aplicado este marco teórico al caso en estudio tenemos lo siguiente: Tal como asentó el a-quo el demandado no contestó la demanda y en el lapso probatorio nada probó, entonces ¿Cuál es la situación de los ciudadanos T.A. y O.E.M.S. y el adolescente de TRECE (13) años, asistido por la Defensora Pública Segunda, abogada M.F., en la presente causa? Como hemos visto el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil requiere dos condiciones para que la confesión ficta sea declarada y tenga eficacia legal, además de no contestar la demanda, es decir, que la petición del demandante no sea contraria a derecho y que en el término probatorio no pruebe el demandado algo que le favorezca lo que nos conllevaría a indagar lo que se debe entender por petición contraria a derecho y el alcance de la alusión si nada probare que le favorezca, pues al no desprenderse de autos tales actividades, por lo tanto se procederá al análisis de los presupuestos establecidos en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, a los efectos de constatar si los mismos tienen aplicación en el presente procedimiento.

Es así que determinar cuando la petición del demandante no es contraria a derecho tiene trascendencia en nuestro derecho sólo en cuanto a la declaración de confesión ficta, pues en cuanto al mérito de la causa, aunque se tengan por admitidos los hechos en virtud de la confesión ficta, el Tribunal no podrá declarar con lugar la demanda ni acordar lo pedido por la parte actora si esa petición resulta contraria a derecho, en el sentido de que los hechos admitidos, no producen la conducencia jurídica pedida. Para determinar este extremo, no es preciso a que el Juez entre a indagar acerca del derecho o las consecuencias jurídicas que conforme a la ley deben aplicarse en concreto a los hechos establecidos o confesados por el demandado, porque una cosa es la desestimación de la confesión ficta por ser contraria a derecho la petición del demandante y otra la desestimación de la demanda por improcedente e infundada en derecho. Ambos conceptos giran en torno a la cuestión de derecho, y fácilmente pueden confundirse las situaciones.

La primera cuestión supone que la acción propuesta está prohibida por la Ley; no está amparada o tutelada por ella (cuestión de derecho) y consecuencialmente, aunque el demandado no haya comparecido a la contestación, la cuestión de los hechos alegados por el demandante en el libelo, pierde trascendencia porque la cuestión de derecho se presenta como prioritaria y resuelta en sentido negativo, no tiene objeto entrar al examen de la veracidad o falsedad de los hechos o a la trascendencia jurídica de los mismos.

En cambio, la desestimación de la demanda, por ser improcedente o infundada en derecho, supone que aun siendo verdaderos los hechos y debidamente probados, ya en el periodo de pruebas por el actor, o bien presuntamente por la confesión ficta del demandado, la demanda debe rechazarse si la ley no atribuye los hechos comprobados o presuntamente admitidos, la consecuencia jurídica (petición solicitada en la demanda).

Los autores patrios, Bello Tabares, Humberto, y J.R., Dorgi (2.006), en su obra ‘Tutela Judicial Efectiva y Otras Garantías Constitucionales Procesales. Pág. 63 y ss´, apuntan que la noción de la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 26 constitucional, es el acceso a los órganos de la administración de justicia, donde toda persona puede acceder a los órganos de la administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso sean éstos colectivos o difusos. Es así que el acceso a los órganos de la administración de justicia como manifestación de la tutela judicial efectiva, se materializa con la acción, y que como expresa el profesor Gozaíni, esto no es más que un acto de contenido estrictamente procesal destinado a efectuar un reclamo a la autoridad jurisdiccional, para que actúe consecuentemente contra un adversario, quien tendrá que emplazar para someterlo a las reglas del proceso judicial, acto de pedir, que informa al mismo tiempo una manifestación típica del derecho constitucional de petición, que como tal, el carácter abstracto que pondera, se manifiesta en la posibilidad de optar por la vía del litigio antes de acudir a soluciones individuales de tipo auto-compositivas, de manera que para obrar en este sentido, bastará con el ejercicio de la demanda, téngase o no razón en la petición, con o sin respaldo normativo, ya que el estado debe garantizar el derecho de acceso, el derecho de acción, que involucrará el derecho de pretensión, lo cual escapa del derecho de acceso; la pretensión al ir dirigida contra el demandado, en reclamo de jurisdicción, obtiene su satisfacción mediante una decisión, es decir el ejercicio de la acción, mediante el reclamo de una pretensión y el debate en el marco de un proceso, con el dictado de la sentencia, podrá obtenerse la satisfacción. Luego, el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia , es un derecho ejercitable por los conductos legales, por lo que si al ejercitarse la acción, la pretensión contenida en la demanda o solicitud no llena los requisitos o presupuestos procesales establecidos en las leyes, debe declararse inadmisible o improcedente la demanda o solicitud, según sea el caso, declaratoria esta que satisface enteramente el derecho de acción como emanación de acceso a los órganos de administración de justicia, comprendido en la garantía o derecho a la tutela judicial efectiva, es decir la declaratoria de inadmisión o la improcedencia de una demanda o solicitud que no cumpla con los requisitos predeterminados en la ley, sin la previa tramitación de un proceso, no lesiona la garantía o derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, pues ha habido acceso efectivo a los órganos de administración de justicia y se ha obtenido un pronunciamiento judicial motivado que ha declarado inadmisible la demanda por carencia de acción, inadmisibilidad que por demás está sujeta a recursos como medios de control de las decisiones judiciales.

De esta manera, en materia civil, si la demanda es contraria al orden público, las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley, conforme a lo previsto en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, la misma deberá declararse inadmisible, caso en el cual, se dio cabal cumplimiento al derecho constitucional de accionar, a la garantía o derecho al acceso a los órganos de administración de justicia y consecuencialmente a la tutela judicial efectiva; igualmente al existir carencia de acción, cuando la ley prohíbe el reclamo de determinado derecho ilegal, al producirse la inadmisibilidad de la demanda, se habrá cumplido con el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, y es así que tanto el curso a la demanda dentro del proceso, de acuerdo a la tramitación que disponga la ley, como el pronunciamiento de inadmisibilidad o improcedencia de la misma, cubre el requerimiento constitucional de tutela judicial efectiva, el cual por demás debe ser motivado para evitar arbitrariedades judiciales.

El derecho o garantía de acceso a los órganos de administración de justicia como emanación de la tutela judicial efectiva, no es ilimitado, libre e irrestricto, por el contrario el administrado, el justiciable, puede acceder a los órganos de administración de justicia, por los cauces o canales regulares preestablecidos en la Ley y previo el cumplimiento de los requisitos o presupuestos procesales consagrados en las leyes, de lo contrario, la pretensión será declarada inadmisible o improcedente, lo que no puede traducirse en lesión a la tutela judicial efectiva. También es parte del debido proceso el hecho que ese derecho o garantía de acceso a la jurisdicción no es irrestricto, ilimitado y sin reglas a seguir, por el contrario, el constituyente regula como derecho constitucionalizado el acceso a la justicia, más el legislador ordinario debe precisar la técnica, vía, requisitos y demás elementos que permiten ejercitar o que delinean el derecho de petición constitucional, apareciendo así limitaciones que señalan los cauces o rumbos por los cuales debe orientarse la garantía de acceso, limitaciones que abordaremos de seguida y que en teoría, parecieran lesionar el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia y consecuencialmente a la garantía de la tutela judicial efectiva.

De acuerdo a lo señalado ut supra se observa, que la pretensión de la actora es motivada por la DECLARACIÓN JUDICIAL DE UNION CONCUBINARIA contra los ciudadanos T.A. y O.E.M.S., y el adolescente de autos , y en este caso la función judicial es dirimitoria del conflicto planteado, al existir pretensiones contrapuestas entre partes interesadas, ello ampliamente regulado en el derecho objetivo, por lo que se configura un asunto que solo puede ser planteado en jurisdicción contenciosa; pues en análisis de la acción aquí incoada por la ciudadana LUSBIA COROMOTO PUERTA APONTE, se extrae que esta se circunscribe a la declaratoria de que existió una relación concubinaria con el demandado de autos, cuyos hechos plantea en el libelo de demanda, pretensión esta que puede ser ventilada por ante el órgano jurisdiccional, por corresponder a la materia que le atribuye competencia para el conocimiento de esta causa, por lo que en atención a lo ya expuesto, la demanda aquí incoada no es contraria a derecho, y así se establece.

Ahora bien, el recurrente alega en su escrito de formalización de la apelación, al folio 91, que la sentenciadora aduce en los fundamentos de su decisión los siguiente: “…en virtud de que la presente causa es de estricto orden público por tratarse de una acción vinculada al estado civil de las personas…” pero el formalizante al señalar lo anterior lo empalma con lo indicado por esta Alzada, en su sentencia proferida en el expediente 11-3806, en cuanto a que ‘no obstante lo expuesto existen materias donde no funcionan los efectos del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, como sucede en los juicios donde esta interesado el orden público, la falta de contestación no invierte nada, por lo que el actor sigue teniendo la carga de la prueba´, asimismo hace mención como así fue referido en dicho fallo, que ‘en el caso de matrimonio, ello constituye materia de orden público por cuanto tal institución es protegida y amparada ampliamente por la Ley, al punto que el Legislador estableció un procedimiento especial en el caso del Divorcio, pero a diferencia del asunto controvertido en juicio; esta parte actora lo que pretende es que se le declare que existió una relación concubinaria entre su persona y el padre de los co-demandados de auto, en un determinado espacio de tiempo, lo cual hace inferir que no hay nada que proteger, pues claramente manifiesta la actora que la unión concubinaria concluyó en el año 2.007, en la fecha del fallecimiento de su concubino, por lo que el asunto controvertido, ello no puede constituir materia de orden público, pues como ya se dijo esta acción lo que persigue es declarar un estado para que tenga consecuencias jurídica patrimoniales futuras’.

Continuando con el análisis del asunto aquí controvertido, esta Alzada observa que la acción concubinaria, con respecto a la carga de la prueba operan los principios siguientes:

a) Trátese del concubino demandante, trátese del concubino demandado, cada uno de ellos están en necesidad procesal de probar en la medida en que afirmen los hechos, salvo que éstos tengan el carácter negativo y sean indefinidos.

b) Al concubino demandante corresponde demostrar los hechos constitutivos del concubinato cuya existencia alega.

c) Cuando el concubino demandado se limita a contradecir la demanda, rechazando los hechos en forma genérica, es al demandante a quien corresponde la carga de la prueba.

Así la parte actora para demostrar su relación concubinaria con el demandado de autos, al momento de presentar su libelo de demanda, consignó los medios probatorios que a continuación se analizan:

• Consignó del folio 7 al folio 11, marcado “B”, copias simples de la C.d.c., expedida por la Notaría Pública Segunda de Puerto Ordaz del Municipio Autónomo Caroní, en fecha 16-07-2007.

En atención a la documental señalada ut supra se desprende que la misma fue evacuada ante la Notaría Pública Segunda de Puerto Ordaz, en fecha 16/07/07; donde los ciudadanas A.P.S. e I.B., declararon respecto a las interrogantes que le formularon, sin embargo, no observa este sentenciador que tales testigos hayan ratificado sus dichos ante el Tribunal de la causa, requisito indispensable para su valoración, debido a la aplicación del principio del control de la prueba. Es así, que es propicio citar parcialmente la sentencia Nro.624, emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 08 de agosto de 2006, que analiza las justificaciones para p.m., que también tiene aplicación al justificativo del caso sub examine aunque hubiese sido evacuado ante un órgano con competencia por ley para ello, como es la Notaría Pública, haciendo referencia al fallo dictado por esa Sala, de fecha 22 de julio de 1.987, donde entre otros, deja sentado lo siguiente:

…Omissis…

Así lo ha interpretado esta Corte:

Las justificaciones para p.m. o Títulos Supletorios son indudablemente documentos públicos conforme a la definición legal contenida en el artículo 1.357 del Código de Procedimiento Civil; pero la fe pública que de ellos dimana se limita al hecho de haber declarado los testigos sobre determinados particulares y a la existencia de un decreto judicial. La fe pública en tales actuaciones no prejuzga sobre la veracidad o falsedad del contenido de los testimonios, los cuales pueden ser posteriormente, controvertidos en juicio contencioso...

De acuerdo a lo antes citado, se denota que la valoración del justificativo para p.m. está circunscrita a los dichos de los testigos que participaron en la conformación extra litem del mismo, por lo que, para que tenga valor probatorio, tendrá que exponerse al contradictorio, mediante la presentación de aquéllos testigos para que ratifiquen sus dichos, y de esta forma ejerza la parte contraria, el control sobre dicha prueba.

Es así que de la revisión de las actas procesales, este Tribunal constata que si bien es cierto que las testigos A.P.S. e I.B., quienes rindieron declaración sobre los particulares indicados por la solicitante ciudadana LUSBIA COROMOTO PUERTA APONTE, no ratificaron sus dichos, en el discurrir de la presente causa, lo cual trae como consecuencia que al señalado instrumento solo pueda darse el valor de un mero indicio de conformidad con el articulo 510 del Código de Procedimiento Civil, el cual junto con las libretas de ahorro y la partida de nacimiento que a continuación se analizan, llevan a la convicción de la existencia concubinaria que existió entre LUSBIA COROMOTO PUERTA APONTE y T.G.M.A., y así se establece.

• En cuanto al acta de defunción, marcada “C”, inserta al folio 12 de este expediente, del de cujus T.G.M.A., expedida por el Director del Registro Civil del Municipio Autónomo Caroní del Estado Bolívar.

Esta Alzada le da valor probatorio de conformidad con el artículo 1357 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y la misma es demostrativa del fallecimiento del ciudadano T.G.M.A., sobre quien alega la actora haber mantenido una unión concubinaria, y así se establece.

• Consigna al folio 13 partida de nacimiento del ciudadano T.A., expedido por la Alcaldía del Municipio Caroní del Estado B.M..

El señalado documento administrativo es apreciado y valorado por esta por esta Alzada como documento público de conformidad con el artículo 1.359 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y la misma efectivamente es demostrativa de la filiación entre el de cujus y el codemandado de autos, y así se establece.

• Consignó igualmente junto con el escrito de demanda, copia simple de la sentencia de divorcio entre los ciudadanos T.G.M.A. y O.B.S.D.M., dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de este Circuito y Circunscripción Judicial, en fecha 19-06-1997, la cual cursa marcada “E”, del folio 14 al 19.

La mencionada actuación se aprecia y valora de conformidad con el artículo 1.357 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de procedimiento Civil, y de la misma se extrae que el vínculo matrimonial que existió entre los ciudadanos T.G.M.A. y O.B.S.D.M. fue disuelto por la aludida sentencia de Divorcio de fecha 19 de Junio de 1.997, y así se establece.

• Consignó a los folios 20, marcado “F”, copia a color de las Libretas de ahorro de las cuentas mancomunada del banco Caroní y Banfoandes, signada con los Números 0128-0717-16-1701963306 y 0007-0077-10-0010001362; las mismas fueron consignadas en original en esta Alzada, del folio 97 al 98, respectivamente.

Respecto al análisis de este elemento probatorio, es propicio señalar lo apuntado por el jurista R.R.M. (2.004), en su obra ‘Las Pruebas en el Derecho Venezolano’, (págs. 493 y ss.), en cuanto a que el documento que no tiene la naturaleza del público es privado, la doctrina y la jurisprudencia reconocen la importancia del documento que no tiene la naturaleza del público es privado, la doctrina y la jurisprudencia reconocen la importancia del documento privado , pues por ser una prueba preconstruida por las partes se desprende de ella una presunción de sinceridad, debido a que aquellas se han querido tener una comprobación del negocio que han realizado. Son múltiples las especies de documentos privados. Son por ejemplo, cartas, los libros de los comerciantes, asientos en papeles domésticos, telegramas, planos, etc. En fin es todo aquello que es obra de las partes, en las cuales éstas han querido constar un hecho, acto o negocio jurídico; es decir, pueden ser declarativos, representativos, dispositivos o informativos. Como se dijo los documentos privados pueden envolver una gran variedad, pudiendo las partes formarlos como mejor les parezca, sin la exigencia de ningún requisito formal, a menos que se trate de aquellos regulados legalmente, como letra de cambio, cheque, pagaré, libros de los comerciantes.

No obstante, debe advertirse que en algunas ocasiones se exige, dependiendo del objeto o contenido del documento formalidades que son exigidas por la Ley, por ejemplo, lo relacionado con el testamento (artículos 853 y 855 del Código Civil).

1. Si el documento privado es reconocido o sea autenticado o tenido legalmente por reconocido su valor probatorio es de plena fe entre las partes y respecto a terceros (artículo 1363 del Código Civil).

2. Si el documento no tiene esa autenticidad debe al menos estar firmado por el obligado, en cuyo caso, con base de la autenticidad del documento, por lo que corresponde a la parte contra quien se opone rechazarlo desconociendo su firma; los otros documentos se tomarán como principio de prueba por escrito (artículos 1.368, 1.371, 1.374, y 1.375 del Código Civil).

   Cuando el documento privado está desprovisto de autenticidad carece de eficacia probatoria. Por eso, conforme al artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, se habla de la firma. Se niega o reconoce la firma. El contenido puede ser impugnado por cualquier medio de prueba. Debe recordarse que los documentos privados no valen por si mismos, sino son reconocidos por la parte a quien se opone, o tenidos legalmente por reconocidos. Pero debe saberse que en principio gozan de la presunción de buena fe, por lo que opuesto en la oportunidad legal, la parte contra quien se opone tiene que manifestarse en el lapso legal, reconociéndolo o desconociéndolo, pues, sino acude a este pronunciamiento el juez podrá declararlo legalmente reconocido.

   Es así, que el derecho moderno la prueba documental no solo abarca a la prueba escrita, sino todo aquello que contenga un hecho que sea representado en virtud de obra o inteligencia humana, por ejemplo, fotografías, videos, películas, planos croquis, mapas, diskettes, grabaciones, etc. El artículo 395 se consagra la libertad de medios probatorios, pero allí mismo se estipula que aquellos medios que no estén expresamente contemplados en la Ley. En esa gama de documentos se encuentran los siguientes:

1. Las copias o reproducciones de los instrumentos públicos o privados;

2. Documentos privados sin firma y,

3. Medios electrónicos, publicitarios y de servicio público.

   En esta última categoría, vamos a destacar los registros electrónicos de datos y aquí se incluyen una amplia serie de instrumentos y datos. Están los libros que llevan los comerciantes, lo registros financieros y bancarios, las cuentas de entidades públicas, de documentos, de identificación, de vehículos, dinero electrónico, dinero plástico, etc. Casi todos ellos de alguna forma están en la esfera de la actividad personal de los ciudadanos. Todos estos registros tienen que cumplir con los requisitos de base en la respectiva actividad, así por ejemplo, los comerciantes llevar sus libros conforme al Código de Comercio, y garantizar la autenticidad de los datos allí contenidos pasa ser llevados al proceso como medio de prueba, conforme al artículo 395, debe aplicarse la analogía como medio similar o en su defecto el Juez deberá definir su forma de promoción y evacuación.

   La Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 0029 de fecha 17 de Febrero de 1.997, en el expediente No. 94-0851, dejó sentado que la analogía debe verse entonces como un proceso inductivo deductivo que permite establecer la conducción entre dos hechos, en virtud de un principio que es común. Asimismo para considerar a dos situaciones análogas es necesario que ambas contengan elementos comunes, y cuantos más de ellos haya, mayor será la analogía, sin llegar a la identidad que se produce cuando todos los elementos son idénticos.

   En cuenta de lo antes esbozado, al folio 20, cursa copia a color de las libretas de ahorro del Banco Caroní y Banfoandes, signados con los Nros. 0128-0717-16-1701963306 y 0007-0077-10-0010001362, cuyas libretas de ahorro en original marcada “B” y “C”, fueron presentados, en esta Alzada junto al escrito de formalización de la apelación, a los folios 97 y 98 respectivamente, de tal actuación se aprecia, que sus titulares son los ciudadanos M.T. Y/O PUERTA LUSBIA, distinguiéndose además la relación de operaciones o transacciones bancarias del período que va desde el 19 de Agosto de 2.003, al 15 de Enero de 2.005, la primera de ellas y del 26 de Diciembre de 2005 al 12 de Marzo de 2007, resaltando entre otros, depósitos mensuales, todo lo cual se aprecia y valora de conformidad con el artículo 1.363 del Código Civil y 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 4 del Decreto-Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónica, dicho elemento probatorio ya apreciado, al concordarlo junto con la partida de nacimiento y la carta de concubinato, hacen reflejar que evidentemente existía una relación concubinaria entre la ciudadana LUSBIA COROMOTO PUERTA APONTE y el fallecido ciudadano T.G.M.A., y así se establece.

   • Acompañó la actora al libelo de demanda copia simple del Estado de Cuenta de la Prestaciones Sociales de su concubino ciudadano T.G.M.A., la cual cursa al folio 21.

   En atención a esta actuación cursante al folio 21, relativa a la copia simple del estado de cuenta de la prestaciones sociales del de cujus T.G.M.A., de fecha 18 de Octubre de 2007, mediante el cual la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre”, mediante el cual se extrae la Relación de tiempo de servicio y las asignaciones del prenombrado ciudadano, durante el tiempo que laboró en la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre”, esto es del 20-04-1992 al 29-06-2007, esta Alzada hace el señalamiento que en los juicios que tienen pretensiones mero declarativas de reconocimiento de relación concubinaria, no se persigue un fin patrimonial sino el reconocimiento de un estado y un derecho, es decir, esta acción obedece a que la pretensión de la misma siempre es el reconocimiento de un hecho o de un derecho que carece de certeza y por lo general no tienen carácter patrimonial, por lo que siendo ello así la prueba que aquí se a.s.d.p. nada aporta al asunto controvertido en juicio, y así se establece.

   Asimismo se evidencia al folio 29, diligencia de fecha 03 de Noviembre de 2009, suscrita por el abogado S.A., en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, mediante la cual consigna con el objeto de dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de la causa los siguientes recaudos los cuales serán objeto de análisis:

   • Partida de Nacimiento en original de la ciudadana O.E.M.S., la cual cursa al folio 30.

   El señalado documento administrativo es apreciado y valorado por esta por esta Alzada como documento administrativo de conformidad con el artículo 1.359 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y el mismo efectivamente es demostrativo de la filiación entre el de cujus y la codemandada de autos, y así se establece.

   • Riela al folio 31, Partida de Nacimiento en original del adolescente A.A.M.P..

   La mencionada acta corresponde a un documento administrativo, por lo que es apreciado y valorado como documento público de conformidad con el artículo 1.359 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y el mismo es demostrativo que la ciudadana LUSBIA COROMOTO PUERTA APONTE, procreo con el ciudadano T.G.M.A., un hijo, el cual nació el 20 de Octubre de 1997, de nombre A.A., lo cual hace inferir junto con las pruebas precedentemente ya analizadas, la existencia de la relación concubinaria, que se dió entre las partes, y así se establece.

   Examinado el material probatorio, en atención a lo dispuesto en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, según las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho, cabe destacar que en un sentido estrictamente procesal se puede decir que la carga de la prueba implica un mandato para ambos litigantes, para que acrediten la verdad de los hechos enunciados por ellos, es decir, la carga de la prueba no supone, pues un derecho para el adversario, sino imperativo del propio interés de cada parte. De manera que la parte actora probó la cohabitación, publica, notoria y permanente con el de cujus T.G., pues así se desprende de la partida de nacimiento, consignadas del hijo habido durante la relación concubinaria que junto con la C.d.C. y las Libretas de ahorro consignadas, son demostrativas que la ciudadana LUSBIA COROMOTO PUERTA APONTE estuvo en relación concubinaria con el ciudadano T.G.M.A., lo cual es relevante en una eventual partición y liquidación de los bienes concubinarios; pero volviendo al el caso de autos es importante destacar que la actora en su libelo de demanda alega que dicha unión concubinaria, se inició -a su decir- desde el año 1995 hasta el 29 de Junio del año 2007, cuando fallece el ciudadano T.G.M..

   En vista de lo antes referido, se resalta que el Tribunal Supremo de Justicia, en la Sala Constitucional, según sentencia de fecha 15 de Julio de dos mil cinco (2005) con Ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, dejó sentado lo siguiente:

   “(…)Señalado lo anterior, debe la Sala señalar cuáles de los efectos del matrimonio son aplicables a las “uniones estables de hecho entre hombre y mujer”, de conformidad con la petición de la accionante, siendo necesario apuntar que aunque el concubinato es un tipo de unión estable, por ser él la figura regulada en la Ley, a él se referirá la Sala indistintamente como “unión estable” o concubinato, pero reconociendo que dentro del concepto de unión estable pueden existir tipos diferentes al concubinato. La Sala con fines de abarcar ambas clases de uniones, y por tanto al género, utilizará el término de unión estable en este fallo, para referirse a todas las posibilidades, incluida el concubinato.

   En primer lugar considera la Sala que, para reclamar los posibles efectos civiles del matrimonio, es necesario que la “unión estable” haya sido declarada conforme a la ley, por lo que se requiere una sentencia definitivamente firme que la reconozca. En la actualidad, es necesaria una declaración judicial de la unión estable o del concubinato; dictada en un proceso con ese fin; la cual contenga la duración del mismo, lo que facilita, en caso del concubinato, la aplicación del artículo 211 del Código Civil, ya que la concepción de un hijo durante la existencia del mismo, hace presumir que el concubino es el padre del hijo o hija, por lo que la sentencia declarativa del concubinato debe señalar la fecha de su inicio y de su fin, si fuera el caso; y reconocer, igualmente, la duración de la unión, cuando ella se ha roto y luego se ha reconstituido, computando para la determinación final, el tiempo transcurrido desde la fecha de su inicio. (…)”.

   Ahora bien, tal como lo señala el anterior criterio jurisprudencial, para la declaración judicial de una unión estable o del concubinato la parte actora tiene la carga de demostrar la fecha de inicio y las fecha de culminación de dicha relación, lo cual señaló la actora en su libelo demanda, correspondió desde el 16 de Julio de 1.995, hasta el día 29 de Junio del año 2.007, fecha del fallecimiento del ciudadano T.G.M.A.; pero de la copia certificada de las actuaciones relacionadas con el expediente No. 07745, con motivo de la SEPARACION DE CUERPOS Y BIENES, solicitada por los ciudadanos T.G.M.A. y O.B.S., la cual cursa del folio 14 al 16, se extrae que cursa sentencia de Divorcio, de fecha 19 de Junio de 1.997, la cual fue ejecutada según se desprende del auto de fecha 18 de Septiembre de 1.997, inserto al folio 17, por lo que siendo ello así, aun cuando de hecho la actora haya tenido relación con el fallecido ciudadano T.G.M.A., antes de la disolución de su matrimonio, esta Alzada en vista de las pruebas aportadas en esta causa debe partir que la relación concubinaria comenzó desde el día siguiente a la fecha en que quedó definitivamente firme la sentencia de divorcio, es decir en fecha 18 de Septiembre de 1997, hasta la fecha de la muerte del ciudadano T.G.M.A., ocurrida el 29 de Junio de 2.007, y así se decide.

   Como corolario de todo lo precedentemente expuesto, es forzoso para este sentenciador declarar Con Lugar la apelación interpuesta por la parte actora en fecha 15 de Abril de 2011, la cual corre inserta al folio 84 de la presente causa, en consecuencia la solicitud de DECLARACIÓN JUDICIAL DE UNIÓN CONCUBINARIA incoada por la ciudadana LUSBIA COROMOTO PUERTA APONTE, contra los ciudadanos T.A. y O.E.M.S. y el adolescente de autos, asistido por la Defensora Pública Segunda para el Sistema de Protección de Niños y del Adolescente, abogada M.F., debe ser declarada PARCIALMENTE CON LUGAR, por las consideraciones señaladas ut supra, y en consecuencia debe ser REVOCADA, la sentencia cursante del folio 76 al 83, de fecha 08 de Abril de 2011, dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de este Circuito y Circunscripción Judicial, así se establecerá en la dispositiva de este fallo, y así se decide.

   CAPITULO TERCERO

   DIPOSITIVA

   Por todos los razonamientos anteriores este Juzgado Superior Civil, Mercantil, de Tránsito y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara, PARCIALMENTE CON LUGAR la solicitud de DECLARACIÓN JUDICIAL DE UNIÓN CONCUBINARIA incoada por la ciudadana LUSBIA COROMOTO PUERTA APONTE, contra los ciudadanos T.A. y O.E.M.S. y el adolescente de autos, asistido por la Defensora Pública Segunda para el Sistema de Protección de Niños y del Adolescente, abogada M.F., todos identificados ut supra. En consecuencia en conformidad a los argumentos jurídicos antes expuestos, la relación concubinaria que existió entre la actora y el extinto ciudadano T.G.M.A., comenzó desde el día siguiente a la fecha que quedó definitivamente firme la sentencia de divorcio, es decir en fecha 18 de Septiembre de 1997, hasta el 29 de Junio de 2007.- Todo de conformidad con las disposiciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales antes citadas y los artículos 12, 242 y 243 del Código de Procedimiento Civil.-

   Queda REVOCADA la sentencia cursante del folio 76 al 83, de fecha 08 de Abril de 2011, dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de este Circuito y Circunscripción Judicial.

   Se declara CON LUGAR la apelación interpuesta por la parte actora en fecha 15 de Abril de 2011, la cual corre inserta al folio 84 de la presente causa.

   Publíquese, regístrese, déjese copia certificada de esta decisión y en su oportunidad devuélvase el expediente al Juzgado de origen.-

   Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Civil, Mercantil, de Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescente del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar en Puerto Ordaz, al primer (1°) días del mes de Agosto del Dos Mil Once (2011).- Años 200º de la Independencia y 152º de la Federación.-

   El Juez,

   Abg. J.F.H.O.

   La Secretaria,

   Abg. Lulya Abreu López

   En esta misma fecha se publicó la anterior decisión siendo las una de la tarde (01:00 p.m.), previo anuncio de Ley, y se dejó copia certificada de esta decisión. Conste.-

   La Secretaria,

   Abg. Lulya Abreu López

   JFHO/lal/mr

   Exp. No. 11-3946