Decisión nº 1140 de Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 28 de Julio de 2008

ASUNTO ANTIGUO: 710 SENTENCIA N° 1140

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Superior Sexto Contencioso Tributario de la Región Capital

Caracas, veintiocho (28) de julio de dos mil ocho (2008)

198º y 149º

ASUNTO NUEVO: AF46-U-1991-000005

Visto el Recurso Contencioso Tributario interpuesto subsidiariamente al Recurso Jerárquico, en fecha doce (12) de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho (1988), por el ciudadano L.P.N., venezolano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira, en su carácter de Presidente y Representante Legal de la sociedad mercantil MAQUINARIAS MIRANDA C.A. (MAQUIMIRCA), inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha veintidós (22) de abril de mil novecientos setenta y cuatro (1974), bajo el N° 36, Tomo 56-A, e igualmente registrada ante el Registro de Comercio llevado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira en el año mil novecientos setenta y nueve (1979), bajo el N° 92; asistido por el abogado A.C.A., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 3.676.469 e inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 13.075, contra las Resoluciones Culminatorias del Sumario Administrativo Nros. HRA-500-DSA-0179 y HRA-500-DSA-0180, ambas de fecha veinte (20) de abril de mil novecientos ochenta y ocho (1988), emanadas de la Administración de Hacienda de la Región Los Andes del Ministerio de Hacienda, la primera de las cuales impuso la obligación de pagar la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO BOLIVARES FUERTES CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS (Bs. F 338,83) (Bs. 338.830,90); por concepto de diferencia de Impuesto sobre la Renta para el período fiscal de 1982; CUATROCIENTOS OCHO BOLIVARES FUERTES CON VEINTISIETE CENTIMOS (Bs. F 408,27) (Bs. 408.272,44), por concepto de multa; y DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE BOLIVARES FUERTES CON UN CENTIMOS (Bs. F 237,01) (Bs. 237.012,21) por concepto de intereses moratorios; y la segunda Resolución impuso la obligación de pagar la cantidad de DIECISIETE BOLIVARES FUERTES CON DIEZ CENTIMOS (Bs. F 17,10) (Bs. 17.100,00); por concepto de diferencia de Impuesto sobre la Renta para el ejercicio fiscal 1983; DIECISIETE BOLIVARES FUERTES CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs. F 17,96) (Bs. 17.955,00) por concepto de multa; y OCHO BOLIVARES FUERTES CON NOVENTA CENTIMOS (Bs. F 8,90) (Bs. 8.900,55) por concepto de intereses moratorios, cuyo monto total es la cantidad de MIL VEINTIOCHO BOLIVARES FUERTES CON SIETE CENTIMOS (Bs. F 1.028,07) (Bs. 1.028.071,10), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 111, 112 Y 168 de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 1981 y artículo 60 del Código Orgánico Tributario de 1982, aplicables ratione temporis.

Por auto de fecha dieciséis (16) de agosto de mil novecientos noventa y uno (1991), el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario (DISTRIBUIDOR), le asignó el conocimiento de la presente causa a este Tribunal Superior Sexto Contencioso Tributario de la Región Capital siendo recibido por Secretaría en fecha diecinueve (19) de agosto del mismo año, (Folio 111).

Por auto de este Tribunal en fecha dieciocho (18) de septiembre de mil novecientos noventa y uno (1991), se le dio entrada al recurso interpuesto, ordenándose notificar a las partes que comprenden la presente relación jurídico tributaria, (Folio 112).

En fecha veintitrés (23) de septiembre de mil novecientos noventa y uno (1991), se recibió por Secretaría la boleta de notificación correspondiente al ciudadano Procurador General de la República, (folio 118); en fecha veintiuno (21) de octubre de mil novecientos noventa y uno (1991), se consignaron las resultas de la comisión conferida para la notificación de la recurrente, (folios 119 al 125).

Mediante Sentencia Interlocutoria S/N, de fecha veinticuatro (24) de octubre de mil novecientos noventa y uno (1991), se admitió el Recurso Contencioso Tributario interpuesto. (Folio 126).

En fecha catorce (14) de noviembre de mil novecientos noventa y uno (1991), siendo la oportunidad procesal correspondiente, este Tribunal abrió la presente causa a pruebas, (Folio 127).

Por auto de fecha tres (03) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1992), se declaró vencido el lapso de evacuación de pruebas, (folio 128), iniciándose la relación de la causa, por auto de fecha cinco de febrero del mismo año (folio 129).

En fecha diecinueve (19) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1992), este Tribunal fijó el quinto (5°) día de despacho siguiente para que tuviera lugar el acto de informes en el presente asunto, (folio 130).

En fecha veintisiete (27) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1992), se dio por concluida la relación de la causa y tuvo lugar el acto de informes, compareció la representación judicial del Fisco Nacional quien consignó escrito de informes en seis (06) folios útiles, dejándose constancia que la recurrente no hizo uso de ese derecho, por lo que el Tribunal pasó a la vista de la causa, (folios 131 al 138).

Por auto de fecha veintiuno (21) de mayo de mil novecientos noventa y dos (1992), se difirió por treinta días el lapso para dictar sentencia en la presente causa, (folio 139).

Siendo la oportunidad legal para decidir sobre el presente Recurso Contencioso Tributario, este Tribunal pasa a hacerlo en los siguientes términos:

I

DE LOS ACTOS RECURRIDOS

En fecha veinte (20) de abril de mil novecientos ochenta y ocho (1988), la Administración de Hacienda de la Región Los Andes del Ministerio de Hacienda dictó las Resoluciones Culminatorias del Sumario Administrativo Nros. HRA-500-DSA-0179 y HRA-500-DSA-0180, la primera de las cuales impuso la obligación de pagar la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO BOLIVARES FUERTES CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS (Bs. F 338,83) (Bs. 338.830,90); por concepto de diferencia de Impuesto sobre la Renta para el período fiscal de 1982; CUATROCIENTOS OCHO BOLIVARES FUERTES CON VEINTISIETE CENTIMOS (Bs. F 408,27) (Bs. 408.272,44), por concepto de multa; y DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE BOLIVARES FUERTES CON UN CENTIMOS (Bs. F 237,01) (Bs. 237.012,21) por concepto de intereses moratorios; y la segunda Resolución impuso la obligación de pagar la cantidad de DIECISIETE BOLIVARES FUERTES CON DIEZ CENTIMOS (Bs. F 17,10) (Bs. 17.100,00); por concepto de diferencia de Impuesto sobre la Renta para el ejercicio fiscal 1983; DIECISIETE BOLIVARES FUERTES CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs. F 17,96) (Bs. 17.955,00) por concepto de multa; y OCHO BOLIVARES FUERTES CON NOVENTA CENTIMOS (Bs. F 8,90) (Bs. 8.900,55) por concepto de intereses moratorios, cuyo monto total es la cantidad de MIL VEINTIOCHO BOLIVARES FUERTES CON SIETE CENTIMOS (Bs. F 1.028,07) (Bs. 1.028.071,10), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 111, 112 Y 168 de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 1981 y artículo 60 del Código Orgánico Tributario de 1982, aplicables ratione temporis.

II

ALEGATOS DE LA RECURRENTE

En su escrito recursivo, la representación legal de la recurrente alegó que los actos impugnados adolecen de una serie de defectos que no las hacen acordes con el principio de la legalidad formal.

Igualmente alega que ambas Resoluciones emanan de funcionarios incompetentes, no indican en qué consisten las violaciones encontradas, limitándose a enumerar los artículos que establecen las sanciones, así mismo, el reparo y la planilla de liquidación carecen de sustento jurídico y fueron producto de falsos supuestos en que incurrió la Administración Tributaria.

Como tercera delación, se alega que los actos recurridos aplican normas no vigentes y con carácter retroactivo y finalmente que existe un cobro indebido en la pretensión de la Administración al liquidar intereses moratorios.

III

ALEGATOS DEL FISCO NACIONAL

En su escrito de informes, la representación judicial del Fisco Nacional opinó que los actos recurridos fueron levantados legalmente por funcionarios competentes, según lo establecido en el Reglamento Interno de la Dirección General Sectorial de Rentas del Ministerio de Hacienda y que cumplen con todos los requisitos legales que señala el artículo 139 del Código Orgánico Tributario.

Que en el presente asunto la recurrente no demostró en qué consistía la inmotivación de los actos recurridos, ni tampoco donde se verificó el falso supuesto alegado, siendo de su exclusiva obligación hacer tales demostraciones, considerando la representación fiscal que los actos impugnados se encuentran totalmente ajustados a derecho.

Que por esas mismas razones resultan totalmente ajustadas a derecho las multas impuestas y el cobro de intereses moratorios liquidados.

IV

MOTIVACION PARA DECIDIR

PUNTO PREVIO

Vistos los términos en que ha quedado planteada la presente controversia, este Tribunal, tomando en consideración la dinámica procesal de la causa y el lapso de inactividad que se deduce de autos; considera pertinente determinar como punto previo si se ha producido la prescripción de las presuntas obligaciones tributarias objeto de controversia.

Así pues, para resolver el planteamiento precedente es imperativo observar lo dispuesto por los artículos 52, 54 y 56 del Código Orgánico Tributario de 1982, aplicable rationae temporis al caso de autos, las cuales establecen lo siguiente:

Artículo 52.- La obligación tributaria y sus accesorios prescriben a los cuatro (4) años.

Este término será de seis (6) años cuando el contribuyente o responsable no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho imponible o de presentar las declaraciones tributarias a que estén obligados, y en los casos de determinación de oficio, cuando la administración tributaria no pudo conocer el hecho

.

Por su parte, el artículo 54 del Código Orgánico Tributario de 1982, dispone:

Artículo 54.- El término se contará desde el 1° de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho imponible.

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho imponible se produce al finalizar el período respectivo.

El lapso de prescripción para ejercer la acción de reintegro se computará desde el 1° de enero del año siguiente a aquel en que se efectuó el pago indebido

.

Finalmente el artículo 56 del Código Orgánico Tributario de 1982 dispone:

Artículo 56.- El curso de la prescripción se suspende con la interposición de peticiones o recursos administrativos, hasta sesenta (60) días después que la administración tributaria adopte Resolución definitiva, tácita o expresa sobre los mismos.

Suspende también el curso de la prescripción, la iniciación de los procedimientos previstos en el Título V de este Código, respecto de las materias objeto de los mismos, hasta su decisión definitiva. La paralización del procedimiento hará cesar la suspensión y reiniciar el curso de la prescripción. Si se reanuda el proceso antes de cumplirse la prescripción, ésta se suspende de nuevo

. (Destacado de este Tribunal).

De las normas anteriormente señaladas, se desprende el régimen jurídico aplicable a la prescripción en materia tributaria; institución ésta, legalmente establecida como mecanismo de extinción de las obligaciones tributarias y sus accesorios, por el transcurso del tiempo y cuyo efecto es la extinción de la obligación.

La Sala Político Administrativa de nuestro M.T. en sentencia Nº 01215 de fecha 26 de junio de 2001 (Caso: Agencia Marítima de Representaciones C.A. (AGEMAR), estableció con respecto a la prescripción en materia tributaria, lo siguiente:

(omissis)…(…) cabe observar que en materia tributaria el instituto jurídico de la prescripción adquiere particular relevancia, en tanto condiciona el ejercicio de facultades y derechos al paso del tiempo, sancionando la conducta negligente de la Administración o del administrado en razón del principio de la seguridad jurídica y certeza de las relaciones ordenada por el derecho

.

Así las cosas, la connotación que tiene la institución de la prescripción es la de ser un medio de extinción de la obligación tributaria principal y sus accesorios, por el transcurso del tiempo, el cual tiene que ocurrir en forma continua; es decir, que no existan causas que interrumpan o suspendan ese término, a los fines de evitar que el transcurso de ese lapso haga nugatorio los derechos e intereses del acreedor y el deudor en una obligación tributaria.

Por otra parte, en el caso de la existencia de alguna causal de interrupción, la consecuencia fundamental es el inicio de un nuevo período de prescripción; es decir, debe comenzar a computarse nuevamente el lapso para que ésta opere. Por el contrario, al verificarse una causal de suspensión, el efecto es la paralización de ese término al momento de la ocurrencia de la causal, sin que ese tiempo que haya trascurrido en forma previa a dicha causal desaparezca; en consecuencia, una vez que cesen los efectos de la suspensión, se computa la prescripción tomando en cuenta el lapso que había transcurrido con anterioridad a ella…(omissis)”

Partiendo de las premisas legales precedentes y siendo la prescripción un medio de extinción de la obligación tributaria principal y sus accesorios, por causa del transcurso del tiempo, este Tribunal considera pertinente a los efectos de dilucidar este punto previo, apreciar también el criterio establecido recientemente por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que respecta a la procedencia de la prescripción respecto de obligaciones tributarias que son objeto de controversia en sede jurisdiccional y las consecuencias jurídicas de la paralización de la causa, el cual fue plasmado en sentencia número 1557 de fecha 20 de junio de 2006, conforme los términos siguientes:

(omissis)…Así las cosas, debe esta alzada determinar previamente en el caso de autos si operó o no la aludida prescripción de la obligación tributaria debatida, para lo cual habrá de partirse del análisis de la normativa que resultaba aplicable, vistas las sucesivas reformas que sufrió el Código Orgánico Tributario (instrumento regulador de la materia) a lo largo de la tramitación de la presente causa; ello en atención a la efectiva comprobación del lapso de prescripción y sus posibles interrupciones o suspensiones.

Al respecto, se observa que los hechos debatidos y el presunto acaecimiento del hecho generador de la obligación tributaria sustancial se verificaron bajo la vigencia del primer Código Orgánico Tributario (vigente a partir del 1° de enero de 1983), motivo por el cual en principio resultarían aplicables, las disposiciones reguladoras contenidas en dicho instrumento; no obstante, el 10 de diciembre de 1992 entró en vigencia la Ley de Reforma Parcial del citado instrumento (Gaceta Oficial N° 4.466 Extraordinario del 11 de septiembre de 1992), que reguló la materia tributaria desde la referida fecha hasta el 1° de julio de 1994, cuando entró en vigor una nueva reforma de dicho instrumento (Gaceta Oficial N° 4.727 Extraordinario del 27 de mayo de 1994). Ahora bien, estando en vigencia el aludido Código de 1992, fue dicho “Vistos” en la presente causa, paralizándose posteriormente ésta, toda vez que no fue dictado por esta alzada el respectivo fallo dentro del término legal correspondiente.

En efecto, el 04 de febrero de 1993 se dijo “Vistos” en el presente juicio, entrando así la causa en estado de sentencia a tenor de lo previsto en el artículo 168 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable temporalmente al caso de autos, por un lapso de sesenta (60) días continuos de conformidad con lo previsto en el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente en razón de lo ordenado en el artículo 88 de la citada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia; luego de lo cual, una vez transcurrido el aludido lapso para sentenciar sin que se hubiese dictado el pronunciamiento de ley correspondiente, la causa quedó paralizada debiendo ser impulsada por alguna de las partes para su continuación, vale decir, desde el 06 de abril de 1993…”

(…)

…se observa que la prescripción de la obligación tributaria en el presente caso debía producirse en el término de seis (6) años, en atención a la omisión de la Fundación recurrente de declarar el presunto hecho imponible verificado en el caso de autos respecto de las actividades desarrolladas por ésta; asimismo, por ser la contribución parafiscal de autos liquidable trimestralmente, dicho término comenzaría a contarse al vencimiento de cada trimestre reparado.

Ahora bien, en el caso de autos pudo advertir este Alto Tribunal que el curso de dicha prescripción fue suspendido el 09 de julio de 1987, mediante la interposición del recurso contencioso tributario, manteniéndose suspendido el lapso de la prescripción hasta el 06 de abril de 1993, fecha en la cual una vez transcurridos los sesenta (60) días para sentenciar sin producirse el fallo de esta alzada, la causa quedó paralizada, tal como fue explicado supra, cesando en consecuencia, la suspensión del aludido lapso de prescripción hasta tanto una de las partes impulsara nuevamente el proceso y se reactivase éste, verificándose así otra suspensión en el referido cómputo. No obstante, no fue sino hasta el 10 de enero de 2001 cuando el apoderado judicial del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), compareció ante esta Sala a impulsar de nuevo el proceso, solicitando se dictase sentencia en el mismo.

Derivado de lo anterior, estima este Supremo Tribunal que tal inactividad en el proceso produjo sus efectos jurídicos, en este caso, haber rebasado el aludido lapso de prescripción de la obligación tributaria, visto que desde la paralización de la causa hasta la fecha en que fue nuevamente impulsado el proceso, habían transcurrido casi ocho (08) años, tiempo éste que excede con creces el referido término de seis (06) años para extinguir la obligación tributaria reclamada en el caso sub júdice.

Conforme a lo expuesto, resulta forzoso a esta Sala declarar prescrita la presunta obligación tributaria y sus accesorios reclamada por el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) a la Fundación Magallanes de Carabobo. Así finalmente se decide…(omissis)

Igualmente, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 01399, de fecha 07 de agosto de 2007, dejó sentado el siguiente criterio:

(omissis)…Sin embargo, previamente pasa esta alzada a decidir de oficio la posible prescripción de la obligación tributaria por el transcurso del tiempo.

Tal y como fue sostenido en sentencia N° 01058 de fecha 20 de junio de 2007, caso : Las Llaves, S.A., Vs. Municipio Autónomo de Puerto Cabello Estado Carabobo, habrá de partir del análisis de la normativa que resultaba aplicable, vistas las sucesivas reformas que sufrió el Código Orgánico Tributario (instrumento regulador de la materia) a lo largo de la tramitación de la presente causa; ello en atención a la efectiva comprobación de lapso de prescripción y sus posibles interrupciones y suspensiones.

Vale destacar, que en principio resultarían aplicables las normas vigentes a la fecha en que se produjo el hecho generador de la obligación principal, no obstante, conforme lo determinó la Sala en un caso precedente (ver Sent. No. 1557 de fecha 20 de junio de 2006, caso: Fundación Magallanes de Carabobo), debe aplicarse la normativa vigente cuando se entra en estado de sentencia, en razón de ser “…la fecha en que se produjo la paralización de la causa…”.

Bajo estas premisas, se observa que el 10 de diciembre de 1992 entró en vigencia la Ley de Reforma Parcial del Código Orgánico Tributario de 1983 (Gaceta Oficial N° 4.466 Extraordinario del 11 de septiembre de 1992), que reguló la materia tributaria hasta el 1° de julio de 1994, cuando se efectuó una nueva reforma de dicho instrumento (Gaceta Oficial N° 4.727 Extraordinario del 27 de mayo de 1994). Ahora bien, estando en vigencia el aludido código de 1992, fue dicho “Vistos” en la presente causa, a saber, el día 18 de enero de 1994.

Entrando así la causa en estado de sentencia a tenor de lo previsto en el artículo 168 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable temporalmente al caso bajo estudio, por un lapso de sesenta (60) días continuos de conformidad con lo previsto en el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente en razón de lo ordenado en el artículo 88 de la citada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia; luego de lo cual, una vez transcurrido el aludido lapso de sesenta (60) días para sentenciar sin que se hubiese dictado el pronunciamiento de ley correspondiente, la causa quedó paralizada debiendo ser impulsada por alguna de las partes para su continuación, vale decir, desde el 20 de marzo de 1994.

Ahora bien, el citado Código Orgánico de 1992, vigente para la fecha en que se produjo la paralización de la causa, establecía en sus artículos 52, 54 y 56, lo que a continuación se transcribe…omissis…

De las disposiciones normativas precedentemente transcritas, se observa que la prescripción de la obligación tributaria en el presente caso debía producirse en el término de seis (06) años, en atención a la omisión de la sociedad mercantil O.I. C.A., recurrente de declarar el presunto hecho imponible verificado en el caso de autos respecto de las actividades desarrolladas por ésta; así mismo, por ser la contribución parafiscal de autos liquidable trimestralmente, dicho término comenzaría a contarse al vencimiento de cada trimestre reparado.

Ahora bien, en el caso bajo examen pudo advertir esta M.I. que el curso de dicha prescripción fue suspendido el 12 de diciembre de 1980, mediante la interposición del “recurso contencioso tributario” manteniéndose suspendido el lapso de prescripción hasta el 20 de marzo de 1994, fecha en la cual una vez transcurridos los sesenta (60) días para sentenciar sin producirse el fallo de esta Sala, la causa quedó paralizada, tal como fue explicado anteriormente, cesando en consecuencia, la suspensión del aludido lapso de prescripción hasta tanto y una de las partes impulsara nuevamente el proceso y reactivarse éste.

Derivado de lo anterior, estima este Supremo Tribunal que tal inactividad en el proceso produjo sus efectos jurídicos, en este caso, haber rebasado el aludido lapso de seis (06) años de prescripción de la obligación tributaria, desde la paralización de la causa (20 de marzo de 1994), hasta la presente fecha, es por lo que la Sala declara prescrita la obligación tributaria reclamada…(omissis)

.

Partiendo del criterio precedente que comparte plenamente esta Juzgadora, conforme al cual, el instituto jurídico de la prescripción tiene particular relevancia, en tanto que condiciona el ejercicio de facultades y derechos al paso del tiempo, sancionando la conducta negligente de la Administración o del administrado, en razón del principio de la seguridad jurídica y certeza de las relaciones ordenadas por el derecho; se observa que la prescripción de la obligación tributaria en el presente caso debía producirse en el término de cuatro (4) años, en atención a que los actos administrativos tributarios recurridos son las Resoluciones N° HRA-500-DSA-0179 y HRA-500-DSA-0180, de fecha veinte (20) de abril de mil novecientos ochenta y ocho (1988), emanada de la Región de los Andes del Ministerio de Hacienda, la cual determinó con cargo a la recurrente el pago de obligaciones tributarias por impuesto, multa e intereses moratorios; comenzando a contarse el lapso de prescripción a partir de esa fecha, sin embargo, en el caso de autos advierte quien aquí decide, que el curso de dicha prescripción fue suspendido el doce (12) de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho (1988), con la interposición del presente Recurso Contencioso Tributario subsidiariamente al Recurso Jerárquico, habiendo transcurrido (04) MESES del lapso prescriptivo, que fue suspendido mientras se tramitó el referido recurso, hasta que en fecha veintiuno (21) de mayo de mil novecientos noventa y dos (1992) (folio 139), fecha ésta en la que se prorrogó por treinta (30) días el término para dictar sentencia en el presente asunto; reiniciándose el lapso de prescripción el veintidós (22) de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992), para posteriormente ser suspendida en tres (03) oportunidades distintas en las que se solicitó a este Tribunal dictar sentencia en el presente asunto (folios 140, 142 y 143), siendo la última de ellas de fecha veintinueve (29) de abril de mil novecientos noventa y seis (1996), por lo que sesenta (60) días después de cada una de dichas diligencias se paralizó la causa, esto es, se reanuda el cómputo de la prescripción que venía contándose, habiendo transcurrido entre las distintas suspensiones el lapso de QUINCE (15) AÑOS, Y CUATRO (04) MESES, que sumados al tiempo transcurrido hacen un total de QUINCE (15) AÑOS OCHO (08) MESES, hasta los actuales momentos, de lapso prescriptivo transcurrido.

Como consecuencia de las explicaciones precedentes, en criterio de quien aquí decide, tal inactividad en el proceso produjo sus efectos jurídicos, por lo que al haberse superado el lapso de prescripción de la obligación tributaria previsto en el artículo 52 del Código Orgánico Tributario de 1982, aplicable ratione temporis, al haber transcurrido quince (15) AÑOS Y OCHO (08) DIAS, debe este Tribunal declarar prescrita la presunta obligación tributaria reclamada por la Administración Tributaria al recurrente. Así se declara.

En razón de los términos de la declaratoria precedente, este Tribunal considera inoficioso pronunciarse sobre los demás planteamientos controvertidos en el presente asunto. Así se declara.

V

DISPOSITIVA

Por las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Superior Sexto Contencioso Tributario de la Región Capital, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara PRESCRITA LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA contenida en el Recurso Contencioso Tributario interpuesto subsidiariamente al Recurso Jerárquico, en fecha doce (12) de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho (1988), por el ciudadano L.P.N., venezolano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira, en su carácter de Presidente y Representante Legal de la sociedad mercantil MAQUINARIAS MIRANDA C.A. (MAQUIMIRCA), inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha veintidós (22) de abril de mil novecientos setenta y cuatro (1974), bajo el N° 36, Tomo 56-A, e igualmente registrada ante el Registro de Comercio llevado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira en el año mil novecientos setenta y nueve (1979), bajo el N° 92; asistido por el abogado A.C.A., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 3.676.469 e inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 13.075, contra las Resoluciones Culminatorias del Sumario Administrativo Nros. HRA-500-DSA-0179 y HRA-500-DSA-0180, ambas de fecha veinte (20) de abril de mil novecientos ochenta y ocho (1988), emanadas de la Administración de Hacienda de la Región Los Andes del Ministerio de Hacienda, la primera de las cuales impuso la obligación de pagar la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO BOLIVARES FUERTES CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS (Bs. F 338,83) (Bs. 338.830,90); por concepto de diferencia de Impuesto sobre la Renta para el período fiscal de 1982; CUATROCIENTOS OCHO BOLIVARES FUERTES CON VEINTISIETE CENTIMOS (Bs. F 408,27) (Bs. 408.272,44), por concepto de multa; y DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE BOLIVARES FUERTES CON UN CENTIMOS (Bs. F 237,01) (Bs. 237.012,21) por concepto de intereses moratorios; y la segunda Resolución impuso la obligación de pagar la cantidad de DIECISIETE BOLIVARES FUERTES CON DIEZ CENTIMOS (Bs. F 17,10) (Bs. 17.100,00); por concepto de diferencia de Impuesto sobre la Renta para el ejercicio fiscal 1983; DIECISIETE BOLIVARES FUERTES CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs. F 17,96) (Bs. 17.955,00) por concepto de multa; y OCHO BOLIVARES FUERTES CON NOVENTA CENTIMOS (Bs. F 8,90) (Bs. 8.900,55) por concepto de intereses moratorios, cuyo monto total es la cantidad de MIL VEINTIOCHO BOLIVARES FUERTES CON SIETE CENTIMOS (Bs. F 1.028,07) (Bs. 1.028.071,10), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 111, 112 Y 168 de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 1981 y artículo 60 del Código Orgánico Tributario de 1982, aplicables ratione temporis.

En consecuencia:

1. - NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS por cuanto ninguna de las partes resultó totalmente vencida.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Región Capital, en Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de julio del año dos mil ocho (2008). Años 198° y 149°.

LA JUEZ,

Abg. M.Z.A.G.

LA SECRETARIA,

Abg. ALEJANDRA GUERRA L.

En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia, siendo las doce horas y treinta minutos de la tarde (12:30 p.m.).

LA SECRETARIA,

Abg. ALEJANDRA GUERRA L.