Decisión nº 60-15 de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Miranda, de 21 de Mayo de 2015

En cuanto a las Pruebas Instrumentales la parte actora aporta las siguientes:

(i) Promovidas adjuntas al escrito de promoción de pruebas:

1. - Marcada con letra “C”, cursante a los folios 11 y 12 de la Pieza I del presente expediente, Solicitud de Reclamo correspondiente a Pago de Prestaciones Sociales interpuesto por la ciudadana M.O. ante la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, en contra de la entidad de trabajo “DAS CARLOS ROCK CAFÉ, C.A.”.

   De la referida documental se evidencia que en fecha 14/10/2013 la ciudadana M.O. –hoy demandante- asistida por la Procuradora de Trabajadores, abogada J.G., inscrita en el IPSA bajo el Nº 124.043, interpuso ante la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, reclamo por motivo de Cobro de Prestaciones Sociales en contra de la Sociedad Mercantil “DAS CARLOS ROCK CAFÉ, C.A.”, en el cual señaló que prestó servicios bajo el cargo de Cocinera ante dicha entidad de trabajo desde el día 01/12/2008 hasta el 15/09/2013. Ahora bien, dicho documento privado fue reconocido por el adversario –demandado- en la Audiencia de Juicio celebrada ante este Juzgado, por lo tanto, se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 10 y 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y ASÍ SE ESTABLECE.

2. - Marcada con letra “B”, cursante a los folios 13 al 24 de la Pieza I del presente expediente, Copias Certificadas de Expediente Administrativo Nº 017-2014-03-00666 llevado por ante la Sala de Servicio de Reclamo de la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, contentivo del procedimiento administrativo de Pago de Prestaciones Sociales, interpuesto por la ciudadana M.O. en contra del ciudadano C.J.G..

   Ahora bien, siendo que la documental relativa a las copias certificadas del expediente administrativo Nº 017-2014-03-00666 (nomenclatura de la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy) es considerado como el conjunto ordenado de todas las actuaciones realizadas en el decurso del procedimiento administrativo que le sirven de sustento; es decir, el expediente es la materialización formal del procedimiento y en consecuencia la unidad de las actuaciones efectuadas en sede administrativa, sin perjuicio de lo expuesto, no debe confundirse el valor probatorio de las copias certificadas del expediente administrativo como una unidad íntegra, es decir, como un conjunto de actuaciones administrativas debidamente documentadas, con las actas que lo conforman individualmente puesto que dichas actas poseen su valor probatorio propio según el tipo de documento que se trate, así las cosas, de todo lo antes indicado se pueden extraer las siguientes documentales:

   (i) Cursante a los folios 13 y 14 de la Pieza I del presente expediente, Certificación de las copias del expediente administrativo Nº 017-2014-03-00666.

   (ii) Cursante a los folios 15 al 17 de la Pieza I del presente expediente:

   -Solicitud de Pago de Prestaciones Sociales interpuesto por la ciudadana M.O. en contra del ciudadano C.J.G., y

   -Instrumento Carta Poder emitido por la ciudadana M.O..

   (iii) Cursante a los folios 18 al 22 de la Pieza I del presente expediente:

   -Planilla de Cálculo de Prestaciones Sociales emitido por la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy;

   -Auto de Admisión de Solicitud de pago de prestaciones sociales, emitido en fecha 09/06/2014 por la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy.

   -Cartel e Informe de Cartel de Notificación emitido por la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy.

   (iv) Cursante a los folios 23 y 24 de la Pieza I del presente expediente:

   -Diligencia suscrita en fecha 08/09/2014 por los ciudadanos C.J.G. y M.O., relativa al acuerdo transaccional de pago de prestaciones sociales.

   -Cheque Nº 49839784 de la entidad bancaria Banesco, Banco Universal, emitido por el ciudadano C.J.G. a la ciudadana M.O., por la cantidad de Bs. 10.411,71.

   De las documentales supra mencionadas se evidencia procedimiento de Solicitud de Pago de Prestaciones Sociales, incoado en fecha 06/06/2014 por la ciudadana M.A.O., titular de la cédula de identidad Nº 12.822.633, ante la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, en contra del ciudadano C.J.G., en la cual la accionante indicó que prestó servicios para dicho ciudadano en el cargo de Cocinera desde el día 01/12/2008 hasta el 15/09/2013; asimismo, se evidencia que en fecha 08/09/2014 el ciudadano C.G. pagó a la hoy demandante, M.O., el concepto de Diferencia de Prestaciones Sociales por la cantidad de Bs. 10.411,71.

   Con respecto a las documentales de los particulares (i) y (iii) referidas a los documentos relativos al expediente administrativo Nº 017-2014-03-00666, donde consta la Certificación de las copias, la Planilla de Cálculo de Prestaciones Sociales, el Auto de Admisión, el Cartel de Notificación y el Acta de Audiencia de Reclamo, emanados de la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, dichas documentales son instrumentos públicos de carácter administrativo, cuya presunción de la veracidad de su contenido tiene un carácter relativo, es decir iuris tantum, desvirtuable por prueba en contrario.

   En este mismo contexto, se evidencia con relación a las documentales detalladas en los particulares (ii) y (iv), cursantes a los folios 15, 16, 17, 23 y 24 que las mismas se refieren a las copias certificadas de documentos de carácter privado que se encuentran insertos dentro del expediente administrativo Nº 017-2014-03-00666, reconocidas por el adversario –demandado- en la Audiencia de Juicio celebrada ante este Juzgado.

   Ahora bien, de las documentales marcadas con los particulares (i) al (iv), los primeros documentos públicos de carácter administrativos desvirtuable por prueba en contrario (i, iii) y los segundos documentos de carácter privado (ii, iv), tal como se señaló ut supra, se evidencia que en la Audiencia de Juicio el adversario –demandado- reconoció tales pruebas, en consecuencia, este Juzgado les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 10 y 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y ASÍ SE ESTABLECE.

   (ii) Consignadas en la celebración de la Audiencia de Juicio:

1. - Cursante a los folios 81 al 84 de la Pieza I del presente expediente, Copias Certificadas de Auto de Homologación emanado de la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy en fecha 24/02/2014.

   De la presente documental se observa Auto de homologación de acuerdo de pago de prestaciones sociales emanado de la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy. Ahora bien, la referida documental no aporta nada a la resolución de la presente controversia, por cuanto se refiere a la homologación del pago de prestaciones sociales y nada tiene que ver con los puntos debatidos en el presente caso, por lo tanto, este Juzgado la desecha y en consecuencia, no le otorga valor probatorio. Y ASÍ SE ESTABLECE.

   PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA

En cuanto a la prueba documental, la parte accionada promueve las siguientes:

1. -Marcado con la letra “B”, cursante a los folios 53 al 58 de la Pieza I, copia simple de la documentación generada con ocasión de la ocurrencia del siniestro (incendio) producido en la sede de la Sociedad Mercantil PIZZERÍA RESTAURANT DA’ C.S.B. C.A., emanado de la División de Prevención del Cuerpo de Bomberos del Estado Miranda.

   De la mencionada documental se observa reporte de siniestro emanado de la División de Prevención del Cuerpo de Bomberos del Estado Miranda, en la cual se dejó constancia del incendio ocurrido en fecha 29/08/2013 en el local comercial Nº 27 identificado como “PIZZERÍA RESTAURANTE DA C.S.B., C.A.”, ubicado en la calle Bolívar, Charallave, estado Miranda, produciendo la pérdida total en equipos mobiliarios, maquinarias, enseres y otros de dicho local comercial; asimismo, se observa que el ciudadano C.J.G. figura como apoderado de dicha entidad de trabajo. Ahora bien, siendo que dicha documental es instrumento público de carácter administrativo, cuya presunción de la veracidad de su contenido tiene un carácter relativo, es decir, iuris tantum, desvirtuable por prueba en contrario y visto que dicha documental no fue atacada ni desvirtuada por otro medio probatorio; este Juzgado de conformidad con los artículos 10 y 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo le otorga pleno valor probatorio. Y ASÍ SE ESTABLECE.

2. -Marcado “C”, cursante a los folios 59 al 63 de la Pieza I del presente expediente, copia del Registro Mercantil de la Sociedad Mercantil PIZZERÍA RESTAURANT DA’ C.S.B., C.A.

   De la referida documental se observa Acta Constitutiva de la Sociedad Mercantil PIZZERÍA RESTAURANT DA C.S.B., C.A., inscrita bajo el Nº 30, tomo 175-A-Sdo, del Registro Mercantil II del Distrito Capital y del Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 27/08/2007, en la cual se desprende que: (i) los ciudadanos G.G.M. y C.D.R.d.A., son los únicos accionistas de la Compañía, no evidenciándose que el ciudadano C.J.G. –hoy demandado- forme parte de la Junta Directiva o Accionista de dicha Sociedad Mercantil. Ahora bien, siendo que dicha documental es instrumento público y visto que dicha documental no fue impugnada por la parte demandante en la Audiencia de Juicio celebrada ante este Juzgado, se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 10 y 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y ASÍ SE ESTABLECE.

En cuanto a la prueba testimonial, la parte demandada promueve las siguientes testigos:

1) J.M.I., titular de cédula de identidad Nº V-6.292.249, domiciliada en Ocumare del Tuy.

Con respecto a la testigo supra identificada, se dejó constancia de su incomparecencia a la Audiencia de Juicio.

2) L.L., titular de la cédula de identidad Nº V-14.485.286, domiciliada en Ocumare del Tuy.

En la Audiencia de Juicio se dejó constancia de la comparecencia de la testigo arriba identificada; a quien le fue leído lo dispuesto en el artículo 242 del Código Penal por la Secretaria de este Juzgado, seguidamente fue juramentada por la ciudadana Jueza, y posterior a esto, la parte accionada procedió a formularle las siguientes preguntas: “1.-“Diga si conoce al ciudadano C.J. Guaricuco”, Respondió: “Sí lo conozco porque es el administrador del sitio donde laboraba”. 2.-“Diga la testigo si conoce a la ciudadana Marcia Arelis Osorio”, Respondió: “Si la conozco porque era la cocinera del sitio”. 3.-“Diga la testigo de dónde conoce a ambas personas a las cuales se le hizo referencia”, Respondió: “Como ya dije, en Da C.S.B., el señor Carlos era administrador y la señora era la cocinera”. 4.-“Diga la testigo si usted fue empleada de la Pizzería Da C.S.B.”, Respondió: “Sí, en efecto”, 5.-“Diga la testigo si sabe cuál era el cargo que desempeñaba el señor C.G. en la pizzería den mención”, Respondió: “Como ya he dicho, era el encargado o administrador”, 6.-“Diga la testigo si todos los trabajadores de la pizzería, comían o hacían uso de su hora de almuerzo o de cena, en la sede de ese restaurante”, Respondió: “Sí, todos comíamos allí”. Es todo-.

Seguidamente, fue repreguntada por la parte actora, en los siguientes términos: 1.-“Dónde trabaja actualmente”, Respondió: “Tengo un negocio de bisutería por mi cuenta”, 2.-“Diga la testigo cuál era el cargo que tenía cuando trabajaba, en Da Carlos”, Respondió: “Era ayudante de barra y luego cajera”, 3.-“Puede indicar su dirección de domicilio”. En este estado, la parte demandada intervino y se opuso a la pregunta manifestando que la dirección de la testigo no es punto controvertido en la presente causa, seguidamente, la demandante alegó que se apegaba a lo dispuesto en el artículo 481 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone que se debe tener el nombre completo y la dirección exacta de los testigos, así las cosas, vista la oposición efectuada, quien aquí decide le indicó a la parte actora señalara la finalidad de conocer la dirección de la testigo, alegando la demandante que el objetivo era verificar la relación entre la testigo y el accionado. Acto seguido, la ciudadana Jueza indicó que el Código de Procedimiento Civil entró en vigencia en el año 1.987 y siendo que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo entró en vigencia en el año 2.003 tal norma no es aplicable (artículo 481 C.P.C.), por cuanto de conformidad con los criterios jurisprudenciales emanados de las distintas Salas del Tribunal Supremo de Justicia, no hace falta la dirección de los testigos, ya que es carga procesal del promovente traer a juicio a los mismos, por lo tanto, se declaró ha lugar la oposición planteada por la accionada, y se relevó a la testigo de contestar la pregunta; indicado lo anterior, la demandante continuó con la formulación de preguntas de la siguiente manera: 4.-“Diga la testigo si ha sido testigos en otras audiencias”, Respondió: “Sí, en una”. En este estado, la apoderada judicial del actor indicó que la testigo tiene una relación de amistad con el señor C.G. –hoy demandado-, por lo que dicha testigo es inhábil. Seguidamente le realizó la siguiente pregunta: 4.-“Diga la testigo si usted vino a declarar a favor del demandado”, Respondió: “No”. En ese estado, la parte accionada intervino, manifestando su oposición en cuanto al alegato esgrimido por la actora, con respecto a la relación de amistad, indicando que no está comprobado ninguna relación entre la testigo y su representado; ello así, vista la oposición efectuada por la apoderada judicial de la demandada, la ciudadana Jueza indicó que el testigo debe deponer sobre los hechos que conoce y es al Juez a quien le corresponde verificar si el testigo conoce los hechos, si estaba presente en el momento o si laboraba para la entidad de trabajo, por lo que en modo alguno el Tribunal valorará los alegatos que cada una de las partes esgriman, culminándose así con las preguntas y repreguntas realizadas a la referida testigo.

3) R.H., titular de cédula de identidad Nº V-11.228.669, domiciliada en Ocumare del Tuy.

En la Audiencia de Juicio se dejó constancia de la comparecencia de la testigo supra identificada; a quien le fue leído lo dispuesto en el artículo 242 del Código Penal por la Secretaria de este Juzgado, seguidamente fue juramentada por la ciudadana Jueza, y posterior a esto, la parte accionada procedió a formularle las siguientes preguntas: 1.-“Diga la testigo si conoce al ciudadano C.J. Guaricuco”, Respondió: “Sí”, 2.-“Diga la testigo si conoce a M.O.”, Respondió: “Sí”, 3.-“Diga la testigo de donde conoce usted a ambas personas que le fueron referidas anteriormente”, Respondió: “En la empresa, en el restaurante”, 4.-“Podría mencionar el nombre de la empresa o restaurante”, Respondió: “Da C.S.B.”, 5.-“Diga si usted fue empleada de la Pizze.R.e Da C.S.B.”, Respondió: “Sí”, 6.-“Diga la testigo qué funciones o cargo cumplía dentro de la Pizzería”, Respondió: “Cajera”, 7.-“Diga la testigo si todos los trabajadores de la Pizze.R.D.C.S.B. comían dentro del restaurante, en su hora de almuerzo o cena, según su turno”, Respondió: “Sí, todos comíamos dentro del restaurante”, 8.-“Diga la testigo cuál era el cargo desempeñado por el señor C.G., Respondió: Encargado”.

La parte actora ejerció el derecho a repregunta en los siguientes términos: 1.-“Diga la testigo cuál era el horario que tenía en la pizzería”, Respondió: “De 11 a 7 de la mañana, turno diurno”, 2.-“Diga la testigo cuáles eran sus funciones exactamente”, Respondió: Cajera, todo lo que tenía que ver con las factura, y cobro del dinero, 3.-“Quién la contrató”, Respondió: “El señor Carlos”, 4.-“Diga la testigo o profundice un poco más acerca de las funciones de cajera”, Respondió: “Como cajera lo que hacía era recibir el cobro de la venta de la comida y despachar al mesonero”, 5.-“Diga la testigo en qué consistía la supuesta alimentación, cuál era la dieta”, Respondió: “Comida con jugo, lo normal, tenía carne, arroz, pescado, ensalada mixta”, 6.-“Diga la testigo a quién le rendía cuenta de su trabajo, Respondió: “Al señor Carlos”, 7.-“Diga la testigo si trabaja actualmente”, Respondió: “No”. Es todo.

Bajo ese contexto, de las deposiciones de las testigos comparecientes a la audiencia de juicio se desprende que la ciudadana M.A.O. prestó servicios bajo el cargo de Cocinera para la Sociedad Mercantil PIZZERÍA RESTAURANT DA C.S.B., C.A.; asimismo, que el hoy demandado, ciudadano C.J.G. era el administrador y encargado de dicha entidad de trabajo. Ahora bien, a la prueba testimonial se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículo 10 y 98 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por cuanto de las deposiciones se evidencia que las testigos prestaron servicios en la entidad de trabajo en la cual laboraron los ciudadanos M.O. y C.G. –hoy partes en el presente juicio- por lo que tienen conocimiento de los hechos controvertidos en la presente causa. ASÍ SE ESTABLECE.

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

En razón a los alegatos esgrimidos por ambas partes, así como del acervo probatorio cursante en autos, es importante indicar que el punto medular de la presente causa se circunscribe a determinar si existe o no la falta de cualidad, solidaridad y subrogación del ciudadano C.J.G., para ser demandado en este Juicio, en ese sentido, este Juzgado se pronunciará sobre tal punto controvertido, bajo los siguientes términos:

PUNTO PREVIO

De la Falta de Cualidad, Solidaridad y Subrogación de la Parte Demandada,

ciudadano C.J.G..

En el presente caso, la ciudadana M.O. –demandante- alega en su escrito libelar que prestó servicios en el cargo de cocinera para la Sociedad Mercantil DAS CARLOS ROCK CAFÉ, C.A., relación laboral que culminó por causas ajenas a la voluntad de las partes “producto del incendio acaecido en el local donde funcionaba la referida entidad de trabajo”; asimismo, señala que al momento de reclamar el pago de sus prestaciones sociales no logró ubicar a los representantes y/o accionistas de dicha entidad de trabajo, por lo que inició el proceso de reclamo ante la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, momento en el cual el ciudadano C.J.G. quien figura como “representante del patrono y accionista” de la entidad de trabajo a la cual prestó servicios, se subrogó – a su decir- en el pago de las obligaciones laborales contraídas por la entidad de trabajo DAS CARLOS ROCK CAFÉ, C.A., con excepción del bono de alimentación que no le fue pagado en su oportunidad, por tal razón, en el presente juicio la accionante demanda el pago de dicho concepto en contra del ciudadano C.J.G.. (Paráfrasis de este Juzgado).

Con respecto a lo anterior, se observa que en la oportunidad de dar contestación a la demanda, la representación judicial de la parte accionada, ciudadano C.J.G., titular de la cédula de identidad Nº V-4.432.117, opuso como punto previo la falta de cualidad para ser demandado en la presente causa, indicando lo siguiente:

…la parte actora demanda a mi representado a título personal bajo la premisa de que este es representante legal o estatutario, o, en todo caso, accionista o propietario de las entidades de trabajo DAS CARLOS ROCK CAFÉ, C.A y de la PIZZERIA RESTAURANT DA’C.S.B. C.A cuando lo cierto es que el ciudadano C.J.G.G., a quien represento, no es ni ha sido accionista ni propietario de dichas entidades laborales. La única relación con la entidad PIZZERIA RESTAURANT DA`C.S.B. C.A. que tuvo mi mandante fue en condición de mandatario o encargado de administración, correspondiéndole hacer los trámites ante las autoridades competentes cuando se presentó el incendio que destruyó el local donde funcionaba la empresa siniestrada y entregar el pago a los trabajadores, entre ellos la parte demandante, que se vieron afectados por la pérdida de su empleo bajo esas circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, no existiendo otra vinculación jurídica con la sociedad mercantil ya nombrada. En tal sentido, el ciudadano C.J.G.G. carece de interés real, actual y jurídico para sostener la presente causa, toda vez que la Ley no le atribuye responsabilidad en los pasivos o posibles pasivos laborales que pudieren surgir con los trabajadores de la sociedad mercantil PIZZERIA RESTAURANT DA’ C.S.B. C.A ni con DAS CARLOS ROCK CAFÉ C.A, como se desprende en esta causa, como tampoco es o ha sido patrono de la ciudadana M.A.O. ni esta le ha prestado servicios a título personal, NUNCA HUBO RELACION DE TRABAJO ENTRE LA DEMANDANTE Y C.G.G., por mi representado.

En tal sentido, visto que debe determinarse la existencia o no de la falta de cualidad, esta Juzgadora por técnica sentenciadora procederá primordialmente a emitir pronunciamiento sobre lo que se entiende por Relación de Trabajo:

El artículo 53 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras establece la presunción de la existencia de la relación laboral entre quien preste un servicio personal y quien lo reciba, no obstante a ello, dicha relación de trabajo debe ser probada por quien alegue tal hecho.

Asimismo, el artículo 54 de la referida Ley dispone que “la prestación de servicio en la relación de trabajo será remunerada. Toda violación a esta norma por parte del patrono o de la patrona, acarreará las sanciones previstas en esta Ley”.

De lo antes transcrito puede extrarse que los elementos caraterísticos determinantes para afirmar que estamos en presencia de una relación laboral son la ajenidad, dependencia y el salario, siendo necesario que en la práctica concurran todos y cada uno de ellos.

Ahora bien, explicado lo anterior, esta Juzgadora se pronunciará sobre el punto medular establecido en la presente causa, de acuerdo a lo que de seguidas se detalla:

Con respecto a la Falta de Cualidad opuesta por la parte demandada, es necesario ilustrar lo que se entiende por la legitimatio ad causam (legitimación en la causa), la cual es definida como la idoneidad de la persona para actuar en juicio como titular de la acción, tanto en su aspecto activo, como pasivo, siendo éste uno de los elementos que integran los presupuestos de la pretensión, entendidos como los requisitos para que el sentenciador pueda resolver si el demandante tiene el derecho a lo pretendido y el demandado la obligación de responder la pretensión exigida. Así, señala el tratadista patrio A.R.R. que:

…Como se ve, la legitimación es, en realidad, un presupuesto de la pretensión contenida en la demanda, entendiendo el concepto en su verdadero sentido; es decir, que sea procedente la sentencia de fondo (…)

(Vid. H.D.E.. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Editorial T.1. pág. 539).

De tal forma, que la falta de cualidad o legitimatio ad causam (en la causa) es una institución procesal que representa una formalidad esencial para la consecución de la justicia, por estar estrechamente vinculada a los derechos constitucionales de acción, a la tutela judicial efectiva y al derecho a la defensa, materia ésta de orden público que debe ser atendida y subsanada de oficio por los jueces, sin embargo, tal formalidad exige la existencia de una relación jurídica e interés actual en la controversia, tal como lo establece la Sala de Constitucional de nuestro m.T.S.d.J. (Vid. Sentencia Nro. 1930 de fecha 14/07/2003. Vid. Sentencia Nro. 3592 de fecha 06/12/2005. Vid. Sentencia Nro. 729 de fecha 12/07/2010), y la Sala de Casación Social (Vid. Sentencia Nro. 014 de fecha 25/01/2012), criterios jurisprudenciales que han señalado que por efecto de la legitimación activa de quien se dice el titular del derecho, éste pueda reclamar su pretensión en juicio en contra del sujeto pasivo.

No obstante a ello, de acuerdo a lo establecido en la Sala de Casación Social de nuestro m.T.S.d.J., de conformidad con el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se le atribuye la carga de la prueba a quien afirme ser titular de la pretensión, por lo que deberá probar la existencia de la relación jurídica material (Vid. Sentencia Nro. 436 de fecha 16/05/2002. Vid Sentencia Nro. 765 de fecha 17/04/2007. Vid. Sentencia Nro. 040 de fecha 14/03/2013).

De acuerdo a lo anterior, es importante indicar que de las actas procesales cursantes al presente expediente se evidencia que la parte demandante no logró demostrar la relación laboral con el ciudadano C.J.G., asimismo, se observa que la accionante en su escrito libelar señaló expresamente que prestó servicios para la Sociedad Mercantil DAS CARLOS ROCK CAFÉ, C.A. y siendo que –a su decir- no logró encontrar al representante de dicha entidad de trabajo demanda al mencionado ciudadano, en tal sentido, se reitera, en el presente caso NO se demostró existencia alguna de la relación laboral con el ciudadano C.J.G., en ese sentido, esta Juzgadora indica que no puede pretenderse el pago de conceptos derivados de la relación de trabajo contra una persona natural o entidad con la cual no se tiene relación alguna; en consecuencia, es forzoso para este Juzgado declarar PROCEDENTE la defensa de Falta de Cualidad. Y ASÍ SE DECIDE.

En relación a la solidaridad entre el demandado y la Sociedad Mercantil PIZZERÍA RESTAURANT DA C.S.B., C.A., se evidencia que si bien la parte actora no lo alegó en su escrito libelar, fue señalado en su escrito de promoción de pruebas; en tal sentido, es necesario indicar que tal como lo señaló la demandante en su escrito libelar, la ciudadana M.O. prestó servicios para la Sociedad Mercantil DAS CARLOS ROCK CAFÉ, C.A., en consecuencia, no puede entenderse por qué la parte actora menciona a una entidad de trabajo distinta a la señalada en su libelo de demanda, donde indica expresamente que prestó servicios para la Sociedad Mercantil PIZZERÍA RESTAURANT DA C.S.B., C.A.; no obstante a ello, esta Juzgadora se pronunciará con respecto a la responsabilidad solidaria, de acuerdo a lo que de seguidas se detalla:

La responsabilidad solidaria es definida como la obligación compartida por varias partes respecto a una deuda, por lo que al existir responsabilidad solidaria, una persona tiene derecho a reclamar el pago de una deuda a cualquiera de los responsables o incluso a todos ellos, sin que ninguno pueda excusarse para evadir su responsabilidad.

Ello así, se observa de las actas procesales del presente expediente, especificamente en los folios 59 al 63 de la Pieza I del presente expediente, Acta Contitutiva de la Sociedad Mercantil PIZZERÍA RESTAURANT DA C.S.B., C.A, en cuya documental se evidencia que existen dos únicos accionistas, (ciudadanos G.G.M. y C.D.R.d.A.), no figurando el ciudadano C.J.G. –hoy demandado- como parte de la Junta Directiva o Accionista de dicha Sociedad Mercantil. En tal sentido, visto que la parte actora tenía la carga de probar la solidaridad alegada, y siendo que en el presente caso no demostró la carga legal impuesta, en consecuencia, es forzoso para esta Juzgadora declarar que NO EXISTE la solidaridad alegada, en consecuencia, se declara improcedente. Y ASÍ SE DECIDE.

Por otra parte, con respecto a la subrogación, se evidencia que la demandante alega en el escrito libelar que de conformidad con el artículo 513 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, existía una autocomposición procesal en sede administrativa en razón de una supuesta subrogación en los derechos laborales de la Sociedad Mercantil PIZZERÍA DA CARLOS, C.A., en ese sentido, es importante indicar que la autocomposición procesal es el medio legal utilizado por las partes a los fines de darle fin al proceso. Por otro lado, en relación a la subrogación, es menester traer a colación lo que la doctrina patria ha señalado en relación al pago con subrogación, indicando que es una especie de figura jurídica que se define como “la sustitución en una relación de derecho, de una cosa en lugar de otra (subrogación real), o de una persona en vez de otra (subrogación personal)”.

Ahora bien, es menester indicar que el mencionado artículo 513 de la Ley sustantiva laboral, no le otorga al Inspector del Trabajo la facultad para decidir controversias de derecho, simplemente tiene una carga netamente conciliatoria en cuanto al reclamo, sin embargo, eso no significa que la subrogación constituya un reconocimiento de los derechos pretendidos, toda vez que el numeral 6to del referido artículo (513) establece que las cuestiones de derecho están atribuidas al órgano judicial y en modo alguno a sede administrativa.

Ello así, en el presente caso no puede entenderse que el pago efectuado en sede administrativa, por concepto de prestaciones sociales, sea una prueba del reconocimiento de la obligación de pagar las obligaciones derivadas de una relación laboral. Sin embargo, quien aquí decide evidencia que cursa al folio 56 de la Pieza I del presente expediente, un documento constitutivo de reporte de incendio del local comercial donde funcionaba la PIZZERÍA RESTAURANT DA C.S.B., C.A., documento que no fue desvirtuado por la parte demandante en la audiencia de juicio, en cuyo contenido se observa que el ciudadano C.J.G. actúa como apoderado de dicha entidad de trabajo, no obstante a ello, la condición de apoderado no significa que pueda ser demandado, y más aún cuando la parte actora señaló en su escrito libelar que la relación laboral existía con la Sociedad Mercantil PIZZERÍA RESTAURANT DA C.S.B., C.A. en ese sentido, es forzoso para quien aquí decide declarar que en el presente caso NO EXISTE la subrogación alegada, en consecuencia, se declara improcedente. Y ASÍ SE DECIDE.

Bajo este hilo argumentativo, legal, doctrinal y jurisprudencial, se debe indicar que la parte actora no logró probar la existencia de una prestación de servicios con el ciudadano C.J.G., en consecuencia, quedando establecida la inexistencia de la prestación de servicio y desvirtuada la relación laboral que aduce la demandante con el hoy accionado, resulta forzoso para quien decide declarar: (i) PROCEDENTE la defensa de Falta de Cualidad para sostener el presente juicio y por vía de consecuencia no existe la solidaridad invocada, ni la subrogación de los deberes laborales pretendidos, y (ii) SIN LUGAR la demanda. Y ASÍ SE DECIDE.

2. Costas Procesales:

La demandante solicita en su escrito libelar, específicamente en el Capítulo V, denominado “Del Petitorio”, la condenatoria en costas procesales a la parte accionada, estimadas en un 30% sobre el monto demandado.

A tal efecto, estima pertinente esta Juzgadora señalar que las costas procesales devienen y nacen como consecuencia de la condenatoria de la parte perdidosa en un juicio, siendo que las costas son acordadas por el Juez con vista al resultado del dispositivo final, es decir, es una consecuencia de contenido patrimonial que afecta a la parte que resultare vencida, por lo cual no constituye pedimento de la demanda, ella, se insiste, es acordada por el Juez con vista al resultado del juicio, todo ello de conformidad a lo previsto en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en tal sentido, se declara IMPROCEDENTE la petición de condenatoria de costas procesales solicitas por la parte accionante. Y ASÍ SE ESTABLECE.

DISPOSITIVA

En base a todos los razonamientos de hecho y de derecho antes expuestos y en atención a los méritos que de ellos se desprenden; este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE LOS VALLES DEL TUY DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA, CON SEDE EN CHARALLAVE, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR LA FALTA DE CUALIDAD opuesta por el ciudadano C.J.G., titular de la cédula de identidad Nro. V-4.432.117 y por vía de consecuencia no existe la solidaridad invocada, ni la subrogación de los deberes laborales pretendidos. SEGUNDO: SIN LUGAR la demanda incoada por la ciudadana M.A.O., titular de la cédula de identidad Nro. V-12.822.633 en contra del ciudadano C.J.G.. TERCERO: No hay condenatoria en costas a la parte actora, por no ser temeraria la presente acción.

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el lapso para recurrir de la presente decisión será dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del lapso para la publicación del presente fallo que se emite en forma escrita.

En cumplimiento a lo establecido en las disposiciones del artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, se ordena dejar copia certificada de la presente sentencia en el archivo del Tribunal.

Se ordena la publicación de la presente decisión en la página WEB del Tribunal Supremo de Justicia en el site denominado Región Miranda.

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y DÉJESE COPIA

Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda. En Charallave, a los veintun (21) días del mes de mayo del año dos mil quince (2015) AÑOS: 206° y 155°

DRA. T.R.S.

JUEZA DE JUICIO

ABG. R.I.M.E.

EL SECRETARIO

Nota: En esta misma fecha siendo las ocho y treinta de la mañana (08:30 a.m.), se dictó y publicó la anterior Sentencia.

ABG. R.I.M.E.

EL SECRETARIO

TRS/RIME/Ls

Sentencia N° 60-15

Exp. 1019-15